En nuestro artículo de la semana pasada sobre este tema, titulado “Impuestos: ¡roben!, ¡sigan robando!… Nada les pasará”, escribimos esta frase: “…los defraudadores tributarios cuentan con importantes palancas en el seno de las 57 curules diputadiles del actual parlamento, de modo tal que la idea original del proyecto contra el fraude fiscal ha perdido contundencia, eficacia jurídica, impacto recaudador, pues se han presentado varias mociones que en nada impedirán que el robo de impuestos siga como hasta hoy en día”.
La verdad es que en esto de las “57 curules” cometimos una injusta generalización que nos obliga a una disculpa pública. Es real que en el seno del actual parlamento hay sensibilidades importantes en relación con el peligrosísimo sendero que el país está transitando en cuanto a la desigualdad, la concentración abusiva de la riqueza y, por ende, la importancia de la transformación estructural del sistema tributario costarricense, perversamente regresivo (pagan más, proporcionalmente hablando, los que menos tienen).
Don Javier Cambronero Arguedas y don Henry Mora Jiménez, diputados del Partido Acción Ciudadana (PAC); don Francisco Camacho Leiva y don José Ramírez Aguilar, del Frente Amplio; don William Alvarado Bogantes y doña Rosibel Ramos Aguilar, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); doña Paulina Ramírez Portuguez y don Rolando González Ulloa, de Liberación Nacional (PLN); y don Mario Redondo Poveda, de la Alianza Demócrata Cristiana; deben saber que les reconocemos por su voto favorable al proyecto de ley contra el fraude fiscal, emitido en el seno de la comisión parlamentaria de Hacendarios, el pasado miércoles 24 de agosto, cuando todo hacía pensar que esta necesaria iniciativa fracasaría estrepitosamente, favoreciendo así la continuidad de la fiesta en que viven los ladrones de impuestos en nuestro país. Reconocimiento que por ser transparentemente sinceros y a modo de honesta disculpa por la odiosa generalización en que incurriéramos (como explicamos al inicio de este artículo), no hace a un lado las diferencias que en cuanto a posiciones político-ideológicas de visión-país tenemos con algunas de esas dignas autoridades parlamentarias.
Ahora bien, desde nuestra perspectiva de cómo quedaría, finalmente, el proyecto contra el fraude fiscal pensamos que no es todo lo necesario que se ocupa para una desaceleración profunda de la velocidad con que se roba impuestos en el país; o bien, bajar la magnitud de su impacto (8,5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto PIB). Sin embargo, es un avance y mezquino sería no reconocerlo en cuanto tal.
Es importante tener presente que debemos hacer un enorme esfuerzo, más allá de banderías político-partidistas, para comprender la grave deuda social acumulada en los últimos años en nuestro país con amplias mayorías de los sectores sociales y populares. Los tiempos de los TLC neoliberales han incrementado esa deuda social.
En el seno del parlamento debe tenerse presente, a toda hora, que en el afuera legislativo la realidad social sigue mostrando mucho dolor, mucha violencia, mucha exclusión, mucha injusticia, mucha desigualdad, mucha corrupción.
Deben los tomadores de decisiones constatar que hay dos Costa Rica en este momento, una más grande que la otra; y, precisamente, la más grande es la integrada por compatriotas en el desempleo; por compatriotas jóvenes desorientados, desilusionados, sin trabajo; por compatriotas a los cuales, en un tercio, se les violenta el salario mínimo ya de por sí precario; por trabajadores con salario congelado pese a ser el país más caro de la región; gente del pueblo que percibe un debilitamiento de los servicios públicos sociales; y gente empleada pública, injustamente agredida, golpeada moral y psicológicamente, mediáticamente acosada por esas odiosas generalizaciones (como la del carácter en que incurrimos la semana pasada según hemos explicado), que presentan a todo el empleo público como una “maleantada privilegiada”.
Mencionar, insistir, reiterar estas y otras situaciones de carácter parecido puede parecerle a “pasquín” a alguien cercano y/o dentro de las esferas del poder político, el formal y/o el real. Según la primera acepción que el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua le da a la palabra “pasquín”, en cuanto a que es un “escrito anónimo, de carácter satírico y contenido político, que se fija en sitio público”, los comentarios que publicamos, semana a semana, en este espacio, nada tienen de “pasquín” y, mucho menos, el de la semana pasada.
Lo que poco a poco va tomando contundencia es el fracaso del neoliberalismo. Y parte esencial de tal fracaso tiene que ver con esos sistemas tributarios regresivos que adicionalmente a la profunda injusticia que revisten, facilitan el robo de impuestos de lo poco que se puede recaudar.
Prestigiosos académicos de renombre mundial, como el señor Joseph E. Stiglitz, nos vienen hablando de economías de altísimo desempeño en Europa, como las de Suecia y de Noruega; naciones que combinan sistemas tributarios fuertes, altamente progresivos (pagan más los que más tienen), con fuertes estados de bienestar y con fuertes medidas de protección de sus mercados laborales. (Véase “Reforma o divorcio en Europa”, https://www.project-syndicate.org/commentary/reform-or-divorce-in-eurozone-by-joseph-e—stiglitz-2016-08/spanish()).
El proyecto aprobado contra el fraude fiscal, aunque insuficiente según nuestro modesto criterio (por demás empírico), pero en la dirección correcta buscando la progresividad tributaria, necesita ser complementado con otras fuertes iniciativas de ley que están en la actual corriente parlamentaria, como las que tienen que ver con las exenciones y las exoneraciones (6 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto PIB); o bien, algo más fuerte todavía, la transformación estructural del impuesto sobre la renta para pasar a la renta global o universal, de forma tal que la acumulación de riqueza tribute en real proporción a como se tiene. Por el contrario, no parece ni justo ni oportuno que se aumente el impuesto sobre las ventas, del 13 al 15% y, mucho menos, transformarlo en impuesto al valor agregado (IVA). Este impuesto es el más regresivo de todos.
Finalmente, terca y reiteradamente, durante los dos últimos años hemos venido insistiendo en esta tesis: el déficit fiscal no es culpa de los salarios que el Estado paga en materia de empleo público.
El déficit fiscal tiene otras explicaciones, tiene causas evidentes, abiertamente constatables; a la vez, tiene otras causas que permanecen al margen del amplio conocimiento público, como es la naturaleza del endeudamiento del país y los intereses que al año hay que pagar por ese endeudamiento.
Si la deuda nacional, pública y privada, con acreedores internos y externos, nos está estrangulando, quizás ha llegado la hora de que se abra paso a una auditoría ciudadana de la deuda para que comprendamos, como sociedad, a qué nos enfrentamos y que sepamos quién está ganando con ella y a quién le sirve que no superemos el problema del déficit; pues si este se resolviese, aunque fuese en parte, alguien podría perder mucho dinero si el gobierno deja de comprar las enormes cantidades de bonos para sus necesidades ordinarias. Como comprenderán, nos quedamos cortos en el tema.
