Las cárceles en Costa Rica son verdaderas fábricas de miseria, lugares de castigo que son excluyentes y que no logran resocializar a nadie, quien lo hace es, porque así lo desea y se esfuerza para ello, sin embargo, esto jamás debe considerarse producto del encierro sino, de la voluntad de cada individuo.
Se dice que las cárceles son excluyentes porque, normalmente encontramos en ellas a personas que han vivido en espacios y condiciones de vulnerabilidad (pobres, en pobreza extrema o desocupados), pero podría perder efectividad por ejemplo, para retener a algunas figuras políticas o personas adineradas que eventualmente se compruebe han cometido delito. Cuando excepcionalmente pasa, nos damos cuenta de dos cosas, o sus iguales les están cobrando algo a estos personajes, o bien, las autoridades carcelarias deben buscarles espacios “diferenciados”, por que las cárceles jamás fueron pensadas para ellos.
Entonces surge el dilema ¿Qué debemos hacer? Francamente, no nos conviene mantener encerrados y ociosos a un montón de personas por delitos menores aunque, debe revisarse detenidamente la condición de los reincidentes. Tampoco nos beneficia la aplicación desmedida de la prisión preventiva, el costo para el Estado, en estos casos, es elevadísimo y lo pagamos todos. Creo que lo correcto sería buscar algunas medidas o sanciones alternativas, que podrían ser de carácter económico o de prestación de servicio a la comunidad, dependiendo del tipo y gravedad del delito.
Sin embargo, jamás debemos menospreciar la necesidad de construir más cárceles, es necesario invertir en infraestructura, pues existe una gran cantidad de personas privadas de libertad que por la calificación de los delitos, la gravedad de los mismos y las valoraciones por parte del equipo de profesionales, no son aptos para medidas alternativas, debiendo, por lo tanto, cumplir fielmente con la pena que el juez les impuso.
La crisis del Sistema Penitenciario requiere de forma urgente medidas y acciones concretas, no se vale que algunas personas se aprovechen de la situación para ganar popularidad, hacer campañas electoreras o elevar los niveles de temor en la población. Es importante que reconozcamos que todos, en mayor o menor grado, somos responsables del tipo de sociedad que tenemos así como, del tipo de sociedad que estamos construyendo.
Pero las cosas no terminan aquí, se requiere implementar políticas de prevención y de educación tempranas, incluir la participación de los diversos sectores y actualizar las estructuras legales. Todo parte de un tema de sensibilidad, de reconocer que el descontento y los alegatos sin propuestas objetivas lo único que hacen es, generar caos.
Por otra parte, es importante comprender la crisis del Sistema Penitenciario desde una óptica integral, en la que se incluya el mejoramiento de las condiciones de trabajo de las personas que laboran en nuestras cárceles.
No es justo que los miembros de la Policía Penitenciaria deban dormir en pocilgas, que pese a arriesgar continuamente sus vidas por la seguridad del país, sigan siendo el cuerpo de policías más mal pagado de todos. No se vale que al hablar de contratación y de seguridad, la Policía Penitenciaria sea de las últimas en ser tomadas en cuenta, cuando, en este momento, la crisis real de seguridad y de alarmante violación de los derechos humanos, se están dando en nuestras cárceles.
Las continuas agresiones por parte de las personas privadas de libertad, tanto verbales, como psicológicas y hasta físicas, a las que el personal de seguridad es sometido en los centros penitenciarios, el encierro prolongado y el recargo de funciones, hacen que estos servidores necesiten disfrutar de sus vacaciones en el tiempo que corresponde. No obstante, el faltante de policías y el hacinamiento carcelario les niega el oportuno disfrute de las mismas. Si esto no es violación a sus derechos fundamentales y humanos, que alguien nos lo explique.
Finalmente, no es tiempo para estar discutiendo entre el “garantismo penal” y el “populismo punitivo”, ocupamos más cárceles, darles ocupación a las personas que están recluidas, sacar a aquellos privados de libertad que verdaderamente, no representan amenaza para la sociedad sino, un gasto innecesario, contratar más personal carcelario y mejorar el salario de la Policía Penitenciaria pues, el mismo no es acorde con el grado de responsabilidad, el costo de vida y el enorme riesgo que estos compañeros y estas compañeras asumen.
