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La seccional estará en la zona este sábado 20 de agosto.

“Tributación para un crecimiento inclusivo” es el título de una importante investigación llevada a cabo, en conjunto, por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), adscrita a la Organización de las Naciones Unidas (ONU); y por la prestigiosa organización no gubernamental OXFAM International, la cual es una confederación internacional formada por 17 organizaciones no gubernamentales nacionales que realizan labores humanitarias en 90 países. Su lema es “trabajar con otros para combatir la pobreza y el sufrimiento”.

Así que el prestigio, la credibilidad, la seriedad, el profesionalismo y la rigurosidad académica que se le reconoce tanto a la CEPAL como a OXFAM, nos indican que la investigación “TRIBUTACIÓN PARA UN CRECIMIENTO INCLUSIVO”, es un documento de extraordinaria actualidad, imposible de ser deslegitimado y está libre de toda “sospecha” de activismo social.

“TRIBUTACIÓN PARA UN CRECIMIENTO INCLUSIVO” nos llega en un momento fundamental de nuestra vida en sociedad, dado el lugar número uno que tiene en la actualidad de la realidad sociopolítica costarricense, la discusión en la agenda nacional del tema tributario-fiscal; además de que “Los papeles de Panamá” (“Panama Papers”), que por cierto es la investigación periodística más impactante de los últimos tiempos producto del más grande “hackeo” de información de la historia de la informática; dejaron al desnudo las debilidades y trampas del sistema tributario nacional, por demás, caracterizado por su profundo carácter regresivo.

“TRIBUTACIÓN PARA UN CRECIMIENTO INCLUSIVO” fue dada a conocer a pocos días de las revelaciones de “Los papeles de Panamá”, específicamente en marzo pasado y viene a ser como anillo al dedo, a raíz de las consecuencias que se pueden extraer de esta ya notoria y controversial investigación periodística internacional.

“Los papeles de Panamá”, en el caso costarricense parecen haberle dado el impulso final al acuerdo político-parlamentario para darle vía rápida legislativa a la aprobación del proyecto de ley contra el fraude fiscal; específicamente al contenido sobre el establecimiento del registro de accionistas para conocer, a nivel tributario, los beneficiarios finales de las rentas de las sociedades anónimas, de los fideicomisos y otros productos financieros de igual estirpe.

“Los papeles de Panamá” desacreditaron, todavía más, la sospechosa oposición de algunos diputados contra el citado proyecto de ley, dejándolos muy mal parados pues al incluírseles en esta investigación periodística internacional (al menos en el caso del “libertario devaluado”), les pulverizó en su irracional oposicionismo encubridor de no sabemos qué intereses aunque pueden intuirse.

Ahora bien, si “Los papeles de Panamá” están teniendo tal impacto, los contenidos del estudio de “TRIBUTACIÓN PARA UN CRECIMIENTO INCLUSIVO”, implican un fortalecimiento extraordinario de las posiciones de todas las personas de buena fe, de todas las organizaciones sindicales con preocupación y visión más allá de lo corporativo-gremial, de todas las autoridades y entidades que, de un modo u otro, hemos venido luchando por una nueva Costa Rica realmente inclusiva y efectivamente solidaria.

“TRIBUTACIÓN PARA UN CRECIMIENTO INCLUSIVO” da una sólida fundamentación y un nuevo arsenal de planteamientos para que comprendamos que en el caso costarricense, lo del registro de accionistas debe verse únicamente como el primer paso, el primer logro, la primera estación en el recorrido hacia una sociedad con plena progresividad en su sistema tributario.

CEPAL y OXFAM, contundentemente, afirman que la concentración del ingreso y la riqueza están en el corazón de la desigualdad en la región. Además, formularon un llamado para que los gobiernos latinoamericanos y del Caribe procedan a tomar medidas para reequilibrar los impuestos directos e indirectos, de forma que quienes más tienen (los individuos adinerados y las grandes empresas), sean quienes más paguen.

Así lo compartimos con usted a partir del boletín de prensa que publicó la CEPAL dando a conocer tan importante acontecimiento, resaltando que “El 10% más rico de América Latina y el Caribe posee el 71% de la riqueza y tributa solo el 5,4% de su renta”.

Nos causa una enorme satisfacción que tan prestigiosas entidades reafirmen nuestras reiteradas posiciones sindicales al respecto y formuladas desde hace bastante tiempo; y que gracias al Grupo Extra hemos venido planteando desde sus emblemáticos medios La Prensa Libre y Diario Extra.

Como comprenderá usted, apreciado lector o lectora que siempre nos da el gran honor de leernos en esta columna, solamente desde las páginas de este grupo periodístico es posible abordar estos temas como éste del relevante documento-investigación “TRIBUTACIÓN PARA UN CRECIMIENTO INCLUSIVO”, dada la más que comprobada genuina y real conducta democrática en materia de Libertad de Expresión que observa el Grupo Extra.

CEPAL y OXFAM nos indican que hay que proceder con lo que nosotros hemos llamado “Transformación Tributaria Estructural”, pues hay que trasladar la carga de impuestos desde los trabajadores y el consumo, hacia el capital y la riqueza; gravando, por ejemplo, las transacciones financieras, las herencias y ganancias de capital y revisando los incentivos que reciben las compañías multinacionales.

CEPAL y OXFAM indican que los actuales sistemas tributarios de esta región (el costarricense no es la excepción, agregamos nosotros), favorece la recaudación de impuestos al consumo, como el IVA (ese que nos quieren meter aquí); afirmando ambas entidades que esta regresividad tributaria lo que hace es poner en gran desventaja a las personas con menores ingresos, frente a empresas y a personas más ricas con beneficios de exenciones tributarias y facilidades para eludir impuestos. ¡Retratadísima nos dejan CEPAL y OXFAM la realidad impositiva nacional!

Por eso, entre otras cosas, hemos venido planteando que no estamos de acuerdo con la transformación del actual impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado; que sí estamos de acuerdo con la renta global o universal; que urge al país el establecimiento de la renta mundial; que debemos establecer, “a la tica”, el impuesto a las transacciones bancario-financieras, conocida como Tasa Tobin; que estamos de acuerdo en discutir sobre Empleo Público pero jamás sobre la base de que los salarios que en él se devengan son responsables del déficit fiscal.

La verdad es que si “Los papeles de Panamá” nos han dado nuevos argumentos que fortalecen nuestra lucha sindical y social para que en Costa Rica se dé la Transformación Tributaria Estructural que urgentemente necesita nuestra Patria en la realidad actual y por razones más que conocidas; la investigación “TRIBUTACIÓN PARA UN CRECIMIENTO INCLUSIVO” representa para nuestra causa una inyección de entusiasmo, de optimismo, de vitalidad y de esperanza que nos motiva para seguir intensificando, en el día a día, nuestros valores de lucha por la real Justicia Social y por la verdadera Democracia.

Las cárceles en Costa Rica son verdaderas fábricas de miseria, lugares de castigo que son excluyentes y que no logran resocializar a nadie, quien lo hace es, porque así lo desea y se esfuerza para ello, sin embargo, esto jamás debe considerarse producto del encierro sino, de la voluntad de cada individuo.

Se dice que las cárceles son excluyentes porque, normalmente encontramos en ellas a personas que han vivido en espacios y condiciones de vulnerabilidad (pobres, en pobreza extrema o desocupados), pero podría perder efectividad por ejemplo, para retener a algunas figuras políticas o personas adineradas que eventualmente se compruebe han cometido delito. Cuando excepcionalmente pasa, nos damos cuenta de dos cosas, o sus iguales les están cobrando algo a estos personajes, o bien, las autoridades carcelarias deben buscarles espacios “diferenciados”, por que las cárceles jamás fueron pensadas para ellos.

Entonces surge el dilema ¿Qué debemos hacer? Francamente, no nos conviene mantener encerrados y ociosos a un montón de personas por delitos menores aunque, debe revisarse detenidamente la condición de los reincidentes. Tampoco nos beneficia la aplicación desmedida de la prisión preventiva, el costo para el Estado, en estos casos, es elevadísimo y lo pagamos todos. Creo que lo correcto sería buscar algunas medidas o sanciones alternativas, que podrían ser de carácter económico o de prestación de servicio a la comunidad, dependiendo del tipo y gravedad del delito.

Sin embargo, jamás debemos menospreciar la necesidad de construir más cárceles, es necesario invertir en infraestructura, pues existe una gran cantidad de personas privadas de libertad que por la calificación de los delitos, la gravedad de los mismos y las valoraciones por parte del equipo de profesionales, no son aptos para medidas alternativas, debiendo, por lo tanto, cumplir fielmente con la pena que el juez les impuso.

La crisis del Sistema Penitenciario requiere de forma urgente medidas y acciones concretas, no se vale que algunas personas se aprovechen de la situación para ganar popularidad, hacer campañas electoreras o elevar los niveles de temor en la población. Es importante que reconozcamos que todos, en mayor o menor grado, somos responsables del tipo de sociedad que tenemos así como, del tipo de sociedad que estamos construyendo.

Pero las cosas no terminan aquí, se requiere implementar políticas de prevención y de educación tempranas, incluir la participación de los diversos sectores y actualizar las estructuras legales. Todo parte de un tema de sensibilidad, de reconocer que el descontento y los alegatos sin propuestas objetivas lo único que hacen es, generar caos.

Por otra parte, es importante comprender la crisis del Sistema Penitenciario desde una óptica integral, en la que se incluya el mejoramiento de las condiciones de trabajo de las personas que laboran en nuestras cárceles.

No es justo que los miembros de la Policía Penitenciaria deban dormir en pocilgas, que pese a arriesgar continuamente sus vidas por la seguridad del país, sigan siendo el cuerpo de policías más mal pagado de todos. No se vale que al hablar de contratación y de seguridad, la Policía Penitenciaria sea de las últimas en ser tomadas en cuenta, cuando, en este momento, la crisis real de seguridad y de alarmante violación de los derechos humanos, se están dando en nuestras cárceles.

Las continuas agresiones por parte de las personas privadas de libertad, tanto verbales, como psicológicas y hasta físicas, a las que el personal de seguridad es sometido en los centros penitenciarios, el encierro prolongado y el recargo de funciones, hacen que estos servidores necesiten disfrutar de sus vacaciones en el tiempo que corresponde. No obstante, el faltante de policías y el hacinamiento carcelario les niega el oportuno disfrute de las mismas. Si esto no es violación a sus derechos fundamentales y humanos, que alguien nos lo explique.

Finalmente, no es tiempo para estar discutiendo entre el “garantismo penal” y el “populismo punitivo”, ocupamos más cárceles, darles ocupación a las personas que están recluidas, sacar a aquellos privados de libertad que verdaderamente, no representan amenaza para la sociedad sino, un gasto innecesario, contratar más personal carcelario y mejorar el salario de la Policía Penitenciaria pues, el mismo no es acorde con el grado de responsabilidad, el costo de vida y el enorme riesgo que estos compañeros y estas compañeras asumen.

La charla fue impartida por Roberto Zeledón, asesor legislativo de la ANEP quien expuso el panorama actual del proyecto presentado por el diputado Ottón Solís, así como otras iniciativas que ponen en riesgo el empleo público.

Conversamos con Walter Quesada, presidente de la Seccional ANEP-Inder sobre la exposición.

Para el presidente Ejecutivo del INCOP este tipo de reuniones e iniciativa de los trabajadores evidencia un gran interés por el crecimiento de la institución.