Por la familia, no renuncies a la dignidad…

En los últimos días hemos recibido varias llamadas telefónicas, en estas se nos informa, de situaciones absolutamente contrarias a los preceptos éticos y humanísticos, que pregona el Ministerio de Seguridad Pública, e inclusive, que muestran una manipulación odiosa e indebida del derecho.

Una de las situaciones que nos informan, es la siguiente: Se les ordena asumir labores de cocinero o cocinera, de determinada delegación policial, con la “advertencia” de que en caso de no hacerlo, se le realizará acción de mejora, e inclusive, de otro tipo de amenazas, que no solo dejan ver el mal uso del “poder”, sino que deja al desnudo la incapacidad de quien recurre a estas viejas, y erróneas, prácticas.

Esta tarea (cocinero), se asume por una colaboración. Así debe entenderse; como también debe observarse que, para que una persona realice las tareas de preparación de alimentos en un comedor, debe contar con el curso de manipulación de alimentos, que al efecto emite el Ministerio de Salud.

Como es una colaboración, debe prevalecer el diálogo y el convencimiento, no la imposición y la amenaza. Esta última no debe surtir efectos, por lo que se anota seguidamente:

Ley de equilibrio financiero.

Ficha del artículo

ARTÍCULO 25.- Refórmese el artículo 58 de la Ley para el equilibrio financiero del sector público, N.º 6955, de 24 de febrero de 1984. El texto dirá:

“Artículo 58.- El personal nombrado para la vigilancia y el mantenimiento del orden público desempeñará, exclusivamente, las funciones propias de su cargo. A partir de la vigencia de la presente Ley, los códigos presupuestarios de plazas para el servicio de la seguridad y el orden público, que se encuentren ocupados por servidores que desempeñen otras funciones, deberán destinarse a acatar lo dispuesto por el párrafo anterior.”

La siguiente, y muy frecuente consulta, deriva de la aplicación del artículo N° 37 del Reglamento Autónomo del Ministerio de Seguridad Pública, este reza lo siguiente:

Artículo 37.- Cuando el servicio público lo exija podrá trasladarse un servidor a labores correspondientes a otro puesto distinto al rango, sin que ello signifique ascenso, descenso, ni aumento de sueldo por un plazo no mayor de tres meses.

Este artículo resulta absolutamente contrario de lo que al efecto establece la Ley General de la Administración Pública, así como la Supremacía de la Realidad en materia laboral y la Jurisprudencia, en razón de reiteradas sentencias. Es así que, inclusive, desde la anterior Administración, se remitió una circular a todas las direcciones sobre este tema; misma que fue reiterada, mediante circulares, en la presente Administración.

La Dignidad no es negociable, queridos compañeros y compañeras; ustedes, y quien escribe, conocemos la historia. Esta es solo parte de ella. Se nos ha informado de situaciones, donde se les “invita” a dejar la Fuerza Pública, o a dejar de pertenecer a determinado grupo operativo. Estos casos que se presentan podrían ser perfectamente tipificados en los Tribunales de abuso de autoridad y/o de acoso laboral.

Código Penal, Articulo N° 338: Será reprimido con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público, que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien.

Una tercera pregunta es sobre el tiempo de descanso en la jornada de 12 horas. En algunos casos se les dice que solo deben descansar 8 horas, lo cual es absolutamente falso.
En lo que interesa, el artículo N° 143 del Código de Trabajo señala: jornada de hasta doce horas, “sin embargo, estas personas no estarán obligadas a permanecer más de doce horas diarias en su trabajo y tendrán derecho dentro de esa jornada, a un descanso mínimo de una hora y media”.

Si trabaja 12 horas, descansa las mismas 12 horas, salvo casos de emergencia y continuidad del servicio en cuyo caso procede el cobro de horas extra.

No renuncien a su derecho de opinión, utilice bien la libertad de expresión, no se dejen amedrentar, la Sala Constitucional se ha referido ampliamente sobre la libertad de opinión y el uso de este derecho en las redes sociales, solamente sean prudentes y ajusten sus comentarios al respeto y a la verdad.

Acérquese a nosotros, recolectemos evidencia, documentemos, acudamos a las vías del derecho; no escojan el camino equivocado. Les ruego, con el mayor de los respetos, no sucumban ante la corrupción; no se rindan en la defensa de sus derechos y de su dignidad.

Algunas veces, los constantes atropellos en contra de su dignidad, aunado a los casos que todos conocemos de impunidad en los altos mandos, hacen que algunos opten por “desquitarse” asumiendo el camino equivocado. Les ruego que no lo hagan; que piensen antes en su familia, esa que les necesita y les espera siempre.

Lo que pensamos sobre el nuevo ministro o la nueva ministra en la cartera de Trabajo y Seguridad Social

Se supone que en próximas horas el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera anunciará el nombre de la persona que ocupará el máximo cargo político en la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), luego de la abrupta salida, por renuncia forzosa, de su anterior titular, el Lic. Víctor Morales Mora.

Ante tal circunstancia y a riesgo de que tal designación ya esté formulada al momento de escribir el presente comunicado de prensa, sí pensamos que es correcto que formulemos una apreciación pública al efecto y desde la perspectiva de la corriente sindical en la cual militamos: la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), y el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA.

Debe la nueva máxima jerarquía político-ministerial de la cartera de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), darle prioridad absoluta a todos los aspectos pertinentes para la habilitación institucional inherente a la entrada en vigencia de la Ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL), histórico acontecimiento previsto para julio del año entrante 2017.

En tal sentido y como inmediato quehacer, debe el nuevo o la nueva jerarca del MTSS abocarse a la lucha para que en el presupuesto 2017, el MTSS tenga los recursos financieros necesarios para fortalecer a esta institución al respecto; entidad tan debilitada por los últimos gobiernos inspirados, abiertamente, en el dogma neoliberal, pero que con la RPL en vigencia está destinada a asumir un rol estratégico en la puesta en práctica del diálogo social a todo nivel, especialmente, en el conflicto obrero-patronal y su resolución final en sede administrativa, primordialmente.

La nueva autoridad del MTSS debe mantener una posición muy equilibrada, con relación a los dos actores fundamentales del mundo del trabajo: el sector empresarial y el sector sindical. No debe incurrir en el error de su antecesor de tener una proclividad manifiesta y subjetiva a favor del sector corporativo-privado tradicional, acostumbrado éste a través de sus gremios más notables, a “mangonerar” el MTSS.

En tal sentido, queda mucho espacio para el diálogo obrero-patronal consistente y transparente, en temas como el desempleo, el empleo juvenil, el crecimiento de la informalidad, la política salarial, la salud ocupacional, por ejemplo.

Destaca en nuestro criterio que la nueva autoridad dedique enormes energías a favor del elevamiento del salario mínimo en el sector privado de la economía, toda vez que en escenario de supuesta inflación “cero” y de sensible caída en el precio internacional de petróleo, más la estabilidad macroeconómica de que se está “haciendo gala”, no ha generado disminución sensible en productos de la canasta básica alimentaria y en servicios públicos esenciales; todo lo cual ha generado una mayor acumulación de la rentabilidad privada, especialmente de la actividad comercial de abasto directo a las familias trabajadoras.

No hay duda de que, en otro ámbito de alta sensibilidad en la coyuntura sociopolítica actual del país, el papel del MTSS en el tema del Empleo Público se torna fundamental, pues toda la discusión al respecto está “atrapada” por ideólgicas cuestiones político-partidistas que no está midiendo la tormentosas consecuencias sociales futuras, en lo inmediato y mediato, de seguir tan senda de exclusión del papel de las principales organizaciones sindicales del sector Público en tal sentido.

Específicamente, el nuevo o la nueva jerarca ministerial del MTSS debe dedicarse, con ahínco y firmeza, a que nuestro país honre su compromiso de Estado adquirido con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para la institucionalización plena de las políticas que ésta está promoviendo para la humanización del empleo y de las condiciones de trabajo, conocida como “TRABAJO DECENTE”. Estamos hablando de un compromiso de país y no de una iniciativa transitoria de gobierno.

Finalmente, estimamos que debe darse una interna congruencia plena en la política ministerial de la cartera de Trabajo y Seguridad Social, a fin de que la política pública actualmente en vigencia, conocida como ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA, se impulse ahora con mayor énfasis y mayor articulación institucional con sentido estratégico, pues es real que está destinada a servir como eje fundamental a fin de atenuar impactos tan negativos para la Democracia como el crecimiento de la desigualdad, del desempleo y de la informalidad.

Argentina: 40 años del golpe de estado terrorista neoliberal

Este jueves 24 de marzo se cumplen 40 años de uno de los acontecimientos más terribles, más criminales, más dolorosos y más crueles en la historia popular contemporánea de nuestra querida y sufrida América Latina.

El miércoles 24 de marzo de 1976, con el apoyo del gobierno de entonces de los Estados Unidos, encabezado por el presidente Gerard Ford, la más cruel dictadura militar en la historia de la Argentina se instauró, encabezada por una junta militar compuesta por lo que años más tarde se constataría como genocidas responsables de inenarrables atentados contra los más elementales Derechos Humanos.

Liderada por el teniente general Jorge Rafael Videla, como Presidente, junto al almirante Eduardo Emilio Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti; a sangre y fuego reprimieron al pueblo argentino, a todas sus organizaciones populares, sociales, sindicales y políticas, generando el tétrico episodio de los detenidos-desaparecidos: una herida profunda en el alma argentina y latinoamericana que todavía, a 40 años después, no cicatrizará jamás.

En nuestra particular condición de militante sindical y luchador social contra el neoliberalismo depredador y criminal, por una sociedad profundamente humanista y realmente justa y democrática, rendimos respetuoso y profundo homenaje a los y a las colegas sindicalistas y luchadores sociales de la Argentina que fueron sacrificados en el “altar del dios mercado”, llegándose hasta la espantosa cifra de 30 mil personas detenidas-desaparecidas, muchos de las cuales eran militantes y dirigentes sindicales, representantes obreros, activistas, delegados, asesores, simpatizantes, de las agrupaciones laborales y similares.

Según datos de la Comisión Nacional de Detenidos-Desaparecidos (Conadep), establecida para esclarecer la verdad e imponer la justicia, una vez que retornó la democracia a la Argentina, en 1983; de las 30 mil personas detenidas-desaparecidas tenemos que:

· el 43.23 % tenía entre 16 y 25 años al momento de su arbitraria detención;
· el 62.0 % desapareció luego de su secuestro de sus propias casas de habitación;
· el 62.0 % fue raptado en horas de la noche;
· el 24.6 % fue secuestrado de manera violenta en la propia vía pública, en la calle;
· 500 niños y niñas fueron desaparecidos por esa cruel dictadura.
· Y, hoy, 40 años después, 116 bebés robados a sus madres originales que detenidas los parieron para luego ser desaparecidas ellas; ya adultos descubrieron su verdadera identidad original pues habían sido robados por militares, adoptados por éstos o por allegados a la dictadura.

El actual presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, luego de su histórico viaje a Cuba, visitará la Argentina y, precisamente, estará en este país el día del 40 aniversario de la instauración de la genocida dictadura militar cuya política económica se inspiró en el neoliberalismo, mostrándonos la esencia terrorista, criminal, asesina y genocida de esta corriente económica sanguinaria.

No sabemos si el presidente Obama hará un “mea culpa” por los crímenes de la dictadura argentina que con el respaldo activo de la Casa Blanca fue capaz de los más espantosos tormentos, torturas y asesinatos de esas 30 mil personas luchadoras sociales por una sociedad realmente justa y democrática.

Dentro de los inenarrables episodios de la crueldad de la dictadura terrorista militar-neoliberal argentina, destaca el macabro caso de los “vuelos de la muerte”.

Los detenidos, luego de espantosas sesiones de tormento y tortura eran sedados, subidos a aviones y en pleno vuelo, lanzados al mar en el estuario del Río de la Plata y/o en el mismo océano Atlántico.

Por ejemplo, están profundamente documentados unos 5 mil casos de esta genocida práctica de personas que eran retenidas en la temida ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, ubicada en el pleno centro de la capital argentina, Buenos Aires.

En el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia que observa el pueblo argentino cada 24 de marzo, desde Costa Rica, en la América Central, enviamos a sus organizaciones obreras y a sus actuales dirigencias sindicales y sociales, nuestras muestras del mayor respeto y la más profunda solidaridad por los sufrimientos tan espantosos vividos por vuestros antecesores durante los años de la dictadura militar terrorista-neoliberal que dio paso a una de las más crueles matanzas de “limpieza” político-ideológico jamás emprendida en la historia latinoamericana, con una especie de “ingeniería social” vía exterminio físico a través de la detención-desaparición de personas.

Tanta sangre derramada, tanto tormento y dolor indescriptibles, tanta criminalización genocida de la organización y de la protesta social, tantos congéneres de la lucha social y sindical detenidos-desaparecidos, representan parte del alimento humanista, moral y ético que sigue, a 40 años de tan abominable acontecimiento, dando sustento a las luchas sociales de los pueblos latinoamericanos que siguen ofrendando sus mejores exponentes y abanderados; como el caso de la líder indigenista y ecologista hondureña, Bertha Cáceres, asesinada recientemente por la misma avidez de la codicia genocida del neoliberalismo que tanto dolor causó al pueblo de la Argentina.

En el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia que conmemora este jueves 24 de marzo de 2016 el pueblo argentino, a 40 años del golpe de Estado terrorista neoliberal, elevamos una plegaria a El Creador por todos esos compañeros y por todas esas compañeras, personas detenidas-desaparecidas que ofrendaron sus vidas por el amor a sus prójimos de clase.

Trasladan denuncia de pluses salariales en el Comité de Deportes de San José al Ministerio Público

La Procuraduría de la Ética Pública remitió una denuncia de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP) sobre pagos de pluses salariales en el Comité de Deportes y Recreación de San José (CCDRSJ) al Ministerio Público para que abra un proceso penal.

La solicitud de investigación fue presentada por Albino Vargas, Secretario General de la ANEP ante la Procuraduría de la Ética, quien la acogió para estudio bajo el expediente Nº No DEP-111-2014.

El ente anticorrupción al considerarla pertinente le dio traslado al Ministerio Público y se encuentra en etapa preparatoria del proceso penal en la Fiscalía de Fraudes del Primer Circuito Judicial de San José bajo el expediente Nº 15-000643-619-PE.

De acuerdo con los antecedentes, en los resultados de las Juntas Directivas de los años 2010 al 2014 se dio el reconocimiento del pago de pluses salariales de dedicación exclusiva y disponibilidad por sumas millonarias a favor de altos funcionarios del Comité de Deportes, quienes ocupaban puestos de directores y jefaturas.

Sin embargo, parte de las supuestas irregularidades es que en todos los casos no se cuenta con el contrato que estipula la Ley para legalizar y autorizar el pago estos pluses salariales.

“En algunos particulares ni siquiera existe un acuerdo ni la orden de un superior jerárquico para la aplicación del pago de los pluses salarios, en otros casos se paga más de lo que corresponde porcentualmente por ley y en otros escenarios las personas no contaban con los requisitos académicos para obtener esos pluses salariales”, comentó Germán Hernández, dirigente sindical de la ANEP.

Seccional ANEP-Sindicato Nacional de Camioneros en paro este viernes

La Seccional ANEP-Sindicato Nacional de Camioneros realizará un paro de labores con posible huelga contra la naviera Del Monte, este viernes en las inmediaciones de la Ruta 32, específicamente 1 km antes del desvió hacia Moín, debido a la baja de los precios de transportes que aplicó recientemente dicha empresa, lo cual ha afectado drásticamente la calidad de vida de decenas de transportistas.

Carlos Vásquez Zumbado, Presidente de la Seccional ANEP-Sindicato Nacional de Camioneros, indicó que esta situación de rebaja que han aplicado diversas navieras como el caso de Del Monte ha impactado el bolsillo de pequeños y medianos transportistas, así como de choferes asalariados.

“Los precios ya eran muy limitados y con esta rebaja la situación de estos camioneros y sus familias se agrava día a día, ha esto se suma el no pago por estadías, el mal trato verbal en las navieras para con los camioneros. Además, que estos empresarios amenazan a los compañeros organizados”, manifestó Vásquez.

Vásquez Zumbado detalló que este paro de labores también será en contra de las subsidiarias de Del Monte, como lo son: PINDECO, BANDECO, EMBACO y ANFO; debido a las condiciones precarias de trabajo a las que están expuestos los camioneros por parte de estas empresas.

“En el caso de PINDECO los trabajadores reciben constantes presiones y amenazas para que no se organicen y mucho menos se afilien a un sindicato”, finalizó el Presidente de la Seccional ANEP-Sindicato Nacional de Camioneros.

En las próximas horas la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitará la intervención conciliatoria del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social MTTS.

Los trabajadores organizados y la iglesia: barreras por superar

En el Punto cristiano de la semana pasada reprodujimos parte de un discurso de Francisco, obispo de Roma, sobre los movimientos sociales y la Iglesia.

Luego de siglos de que la Iglesia se ha dirigido preferentemente a los ricos y al Estado, para buscar protección y financiamiento (no siempre para sus obras de caridad), Francisco intenta que mire a los movimientos populares. Es un giro de 180 grados.

No se trata de la opción preferencial por los pobres que la teología latinoamericana de la liberación logró inscribir en los documentos oficiales de los obispos de la región (Medellín (1968), Puebla (1979), etc.).

La nueva opción no desecha la primera, que sigue vigente. Sin embargo, ahora hay una profundización o clarificación.

Francisco quiere que la Iglesia dialogue con los pobres organizados, informados de la situación que viven gracias a las ciencias sociales, asesorados por economistas, sociólogos, historiadores e incluso teólogos. La Iglesia tiene larga experiencia en tratar indigentes, niñas y niños abandonados, lo mismo que ancianos desvalidos, pero le cuesta dialogar y entenderse con trabajadores organizados, pensantes.

El acercamiento entre los movimientos sociales y las iglesias es un camino sembrado de minas antipersonales que pueden explotar en cualquier momento. De parte de los movimientos sociales la principal dificultad consiste en lograr una membresía numerosa, dispuesta a financiar su propio movimiento, y deseosa de adquirir formación.

Los trabajadores deben confiar en los sindicatos, la principal entidad de trabajadores organizados, en realidad insustituible. Para ello, deben superar la propaganda basura que ciertas empresas de difusión masiva siembran en los trabajadores y la población en general, para denigrar el sindicalismo. Es una campaña permanente y nada fácil de superar por parte de la dirigencia sindical, que necesita continuamente ganar la confianza de los trabajadores.

De parte de las iglesias tampoco es simple, pues pocos presbíteros y pastores poseen la formación científica para entender la realidad social del país más allá de lo que dicta el sentido común, lo engañosamente obvio.

Es la falsa realidad que dictan las empresas de difusión masiva, lo que ellas quieren que veamos. Además, los clérigos que deseen relacionarse con movimientos sociales, es decir, con el pueblo organizado, deben entender que estos gozan de autonomía con respecto a empresas, partidos políticos e iglesias. Y los sacerdotes católicos en particular, hacerse cargo de que existe en las jefaturas sindicales una larga tradición de desconfianza hacia “los padrecitos”.

No se ha borrado el recuerdo del padre Benjamín Núñez maniobrando a favor de Liberación Nacional y que, como Ministro de Trabajo en 1949 disolvió la Central de Trabajadores de Costa Rica (el mayor sindicato de la época) y transformó el sindicato Católico, la Rerum Novarum en un sindicato blanco, brazo obrero de Liberación Nacional, para disgusto de Monseñor Sanabria, sin el cual Núñez no hubiera formado ningún sindicato ni accedido a la cúpula de ese partido.

Los presbíteros y los pastores que se acerquen a los movimientos sociales deben saber, igualmente, que encontrarán personas que poseen modos de pensar y actuar más o menos alejados del sentir cristiano.

No en todos los sindicatos nacionales se pregona, como una de sus bases de pensamiento, “el humanismo cristiano”, tal como lo hace la ANEP. Y sin duda alguna, los clérigos católicos que quieran acercarse a los movimientos de trabajadores organizados encontrarán dirigentes sindicales decepcionados de lo que consideran un actuar tímido, ausente y calculador de parte de la jerarquía eclesiástica.

Vale la pena superar esas y otras dificultades, pues la convergencia entre trabajadores organizados e iglesias (la católica y las evangélicas) es requisito indispensable para avanzar hacia la justicia social.

Condiciones de hacinamiento rodean a policías en delegaciones de la Peregrina, La Uruca, Pavas y UIP

Así lo pudo constatar la Seccional ANEP-Fuerza Pública en un recorrido realizado por dichas delegaciones de la capital, en donde la realidad que predican los altos jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública contrasta enormemente con las condiciones en las que deben de desempeñar sus labores estos efectivos.

El país urge de un verdadero y real Registro de Accionistas

De la manera más contundente, con toda vehemencia, dejamos constancia pública por esta vía del total respaldo que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, para que la Asamblea Legislativa promulgue la ley para el establecimiento de un verdadero, de un consistentemente real registro de accionistas de las sociedades anónimas, de los fideicomisos financieros y similares, a fin de que se conozcan, con las lógicas limitaciones de confidencialidad, las personas físicas beneficiarias, “realmente reales”, de las rentas de tales figuras jurídicas.

Ya no solamente por las exigencias ética y moralmente mínimas de justicia tributaria en una sociedad en veloz carrera concentradora de riqueza, que así lo demandan, sino por las evidencias cada vez más claras y contundentes de que, por un lado, Costa Rica, sigue mostrando una perversa facilidad para el lavado de capitales sucios; y, por otro, la vulnerabilidad que el país está mostrando para operaciones que nos podrían hacer, directa o indirectamente, víctimas de terrorismo, pasivo y/o activo.

Preocupa en grado sumo las revelaciones periodísticas que dan cuenta de la sofisticación para operaciones de lavado de dinero intermediando el negocio de apuestas por Internet, lo que presupone la insana utilización de la actual figura jurídica de las sociedades anónimas que no permite, ya no solamente el control tributario-fiscal, sino el policial, de las personas físicas directamente involucradas en tal tipo de acciones criminales.

Como si no fuese ya suficientemente grave la circunstancia anterior, expertos internacionales en el tema del terrorismo dejan al denudo los riesgos que como sociedad y como sistema financiero está corriendo el país.

En tal sentido, ANEP y Patria Justa condenan la errática y antipatriótica posición del más grande sindicato patronal-corporativo del país, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP), de oponerse a que Costa Rica tenga las herramientas jurídicas necesarias ya no solamente para efectos de justicia tributaria real; sino ante las exigencias propias de la pertenencia del país a la comunidad internacional de naciones que promueven la transparencia total en este tipo de cruciales situaciones que tienen que ver con la democracia misma.

La UCCAEP está actuando irresponsablemente pues su errática posición le está haciendo un grave daño al país, bloqueando que se cumpla con las exigencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en cuanto a la ineludible adopción del registro de accionistas con total transparencia, más allá de quede claro los beneficiarios legales siendo necesario ir más allá, saber los beneficiarios finales, las personas físicas.

Igualmente, resulta inadmisible que UCCAEP esté bloqueando que Costa Rica cumpla con sus obligaciones para con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con la finalidad de construir una coraza protectora en contra del sucio lavado de capitales y de riesgos de facilitar el financiamiento a operaciones terroristas desde el sistema financiero tico.

Para finalizar, UCCAEP no puede seguir cohonestado, apoyando, fortaleciendo, robusteciendo, la profunda situación de desigualdad que amenaza la estabilidad democrática misma de la institucionalidad republicana costarricense.

Alguien debería explicarle a los máximos dirigentes de la UCCAEP los más recientes informes en la materia, provenientes de la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) y su agencia especializada para la región, la Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), con este escalofriante dato: el 10 % más rico de América Latina y el Caribe, posee el 71 % de la riqueza y tributa sólo el 5.4 % de su renta. Costa Rica no está nada lejos de esta cruel realidad.

“Tributación para un crecimiento inclusivo”, investigación llevada a cabo por la CEPAL, en conjunto con la prestigiosa organización global no gubernamental OXFAM, debería ser puesta en el escritorio del señor Presidente de la UCCAEP, don Ronald Jiménez Lara; para que la tenga a la par del documento del contrato que su empresa tiene con el Ministerio de Hacienda para el resguardo-custodia de la información tributaria nacional, mediando un pago que podría superar, al cabo de 3 años, los 5 mil millones de colones.

A lo mejor, si el señor Presidente de la UCCAEP contrasta los contenidos de ambos documentos, podría revalorar su posición antipatriótica en contra del registro de accionistas como lo exige la OCDE y el GAFI; porque “quién quita” no haya plata ni para pagarle su contrato.