Sigue siendo tema de editoriales, de debates y de información en algunos medios noticiosos que dedican la totalidad de su espacio al tema de los salarios, principalmente en el sector público. Lo que no hemos visto, al menos quien redacta este artículo, es que alguien diga cuál debería ser el salario justo, equitativo y acorde a las actividades de cada sector.

Uno de los derechos humanos fundamentales es el derecho a una remuneración justa que permita una existencia digna. En ese contexto se debe valorar, entonces, integral y responsablemente, el tema de los salarios y buscar ese ideal de equilibrio y justicia.

Ese ideal pareciera una utopía, por cuanto es notorio desde hace varios años que en Costa Rica existen condiciones sumamente desiguales, salarios exorbitantes de hasta 30 millones mensuales, y otros de menos de 500 mil colones. Esto se manifiesta socialmente en que los primeros habitan en condominios y edificaciones de primer mundo, mientras que los del salario promedio en muchos casos carecen de casa propia, o habitan en precariedad.

Entonces es oportuno preguntarse: ¿Quiénes viven en esos condominios y edificios de lujo? Imposible pensar que alguno de estos los habite un policía, un trabajador de la educación, de alguna municipalidad, y muchos trabajadores y trabajadoras de otras instituciones.

Es criterio del redactor de este artículo que se requiere un análisis mesurado, participativo, constructivo e integral, por cuanto lo que sí tenemos claro nosotros es que no se justifica que en Costa Rica, un país pequeño, de casi cinco millones de habitantes, allá alguien que gane, ¡¡¡30 millones mensuales de salario!!!

Entonces, ¿cuál debería ser el tope? ¿Será acaso el salario del Presidente de la Republica, y partiendo de ese nivel, establecer una escala hacia las demás áreas de la Administración Pública?

Algunos apuntan a que se deben regular salarios, pero nadie ha dicho nada sobre quienes ganan menos. Por ejemplo, un o una oficinista del Ministerio de Seguridad Pública, con una serie de responsabilidades, recibe un salario promedio de (300.000) trescientos mil colones mensuales.

Mientras algunos jerarcas de instituciones del Estado ganan nada más y nada menos, que entre 6 y 30 millones mensuales. Nuestros policías con la sumatoria de los incentivos salariales, en muchos casos apenas rondan el medio millón de colones.
Es por ello preciso establecer, ¿cuál es el ideal que se persigue? ¿El del progreso y la equidad que permitan el adecuado poder adquisitivo; ó, uno que incremente la desigualdad y la precariedad en quienes menos tienen?

En lo que sí debemos estar todos de acuerdo es en que no se puede seguir haciendo “piñata” de los fondos públicos. Esa es una de las grandes causas del deterioro en las finanzas del Estado. El otro gran mal se produce de la evasión fiscal. De tal forma que podríamos concluir que si se evitará la evasión fiscal y se utilizaran racionalmente los fondos públicos, no estaríamos en la situación fiscal que nos tiene en una “campaña” que más que buscar el equilibrio de las finanzas, tiende a desprestigiar a quienes trabajan el sector público, convirtiéndoles en “cuasi delincuentes”.

Costa Rica se decidió por la abolición del ejército, apostó por la educación, la salud, y la solidaridad, es necesario hacer memoria y luego reencontrar el norte. Es evidente que pese a ser un país que preponderó la educación, las oportunidades hoy son escasas.

En la actualidad, cientos de personas estudian en las universidades públicas y privadas. En ambos casos se invierten sumas importantes de dinero. Algunas personas estudian financiadas por créditos, otras por sus familias. Lo cierto es que en ambos casos resulta oneroso alcanzar una carrera universitaria. Ante esa realidad, ¿cuánto debería ganar un abogado? Luego de haber invertido varios millones y haberse empeñado para lograr su título de profesional en Derecho. Alguien ha establecido, ¿cuánto deberían ganar quienes trabajan en el sector educación, las y los enfermeros, los ingenieros, los psicólogos, los Policías?

José Figueres Ferrer dijo: “No puede haber libertad sin justicia social, ni justicia social sin libertad”.

Sobre esa ideología de justicia debemos buscar el equilibrio, propiciando la producción y el adecuado reparto de la riqueza. Es importante que recuperemos la confianza en las instituciones que hacen grade a nuestro país. Establezcamos parámetros de evaluación del desempeño, procuremos la eficiencia y la eficacia en la recaudación de impuestos, evitemos la evasión fiscal, reduzcamos el gasto público superfluo y digamos una Costa Rica mejor, ¡sí es posible!

Después de una intensa y fuerte oposición por parte de los empresarios y sus aliados políticos en la Asamblea Legislativa y en algunos medios de comunicación, por fin la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), aceptó la creación del registro de accionistas, pero eso sí con algunas condiciones. A dichos empresarios que promueven la adhesión a los Tratados de Libre Comercio y a Organismos Internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), no les gusta para nada la idea de que Tributación tenga acceso de una forma fácil y expedita al citado registro y con lo cual pueda conocer quiénes son los accionistas que se benefician con las utilidades generadas por sus empresas. Y cuestionaban vehemente los argumentos expuestos por las autoridades hacendarias, en cuanto a la necesidad de esa base de accionistas y que la OCDE la requiriera dentro de sus políticas económicas de evaluación a los países aspirantes a pertenecer a dicho organismo.

Fue tal la gritería e histeria empresarial que tuvo que venir el propio Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, a regañarlos y llamarles la atención por pretender que el país juegue en las grandes ligas, pero continuando con prácticas tributarias regresivas e infestadas de sospechas de toda índole. Por lo que Gurría de una manera clara y contundente manifestó lo siguiente: “El Estado debe tener en sus manos la información sobre los accionistas de las empresas y para dónde van los dividendos. En una democracia como esta es muy difícil de entender cómo, quién y por qué se pueden oponer a que el Estado tenga esa información”. Esta situación es totalmente aparte y en nada se relaciona con las personas trabajadoras de este país, que no somos accionistas ni tenemos sociedades anónimas, pues dependemos de nuestro salario y que si pagamos impuestos, tanto el de renta, cuando nos lo rebajan mensualmente de la planilla como el de ventas cuando lo pagamos en las compras que hacemos en el comercio nacional. Por el contrario sabemos de la maraña de sociedades que se crean con el fin de esconder ingresos de dudosa procedencia como el narcotráfico, terrorismo, blanqueo de capitales, dádivas etc.

Manifestamos al principio que la UCCAEP, aceptó la creación del registro de accionistas, pero bajo ciertas condiciones, por lo que las autoridades hacendarias y del Ejecutivo, deben explicar transparentemente al país, cuáles fueron esas condiciones y que si dentro de estas condiciones se encuentra que la administración y el manejo de la base de accionistas lo va a realizar la UCCAEP, lo cual sería contraproducente y poco efectivo en la lucha contra la evasión fiscal, pues sería como poner al ratón a cuidar el queso.

Además a cuánto ascendería para el erario público la prestación de dicho “servicio tributario” por parte de UCCAEP, brindado en forma “desinteresada, patriótica y por el bien del país”.

Queremos que se explique claramente a la población hacendaria y a la ciudadanía en general a cambio de qué fue que cedió la UCCAEP para que se creara el registro de accionistas. Además que se indique cuáles son los negocios que mantiene con el Estado costarricense, Ronald Jiménez, Presidente de UCCAEP, pues según el diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara, en su rabieta política por el cambio de posición de la Cámara Empresarial, adujo que dicho cambio obedece a los intereses económicos originados por los contratos de las empresas de Jiménez con varias instituciones del Gobierno.

ANEP-HACIENDA EN LA LUCHA CONTRA LA EVASIÓN FISCAL, PERO QUE ÉSTA SE REALICE CON DIGNIDAD Y SIN COMPROMISOS HUMILLANTES

La actividad organizazda por la Fundación Friedrich Ebert se desarrolló en el Hotel Holiday inn.

Nota de este articulista: Hoy es martes 8 de marzo de 2016. Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Nuestra columna de la fecha para LA PRENSA LIBRE (digital), y con ocasión de este histórica celebración obrera, se la dedicamos a la insigne luchadora social hondureña, vilmente asesinada, BERTHA CÁCERES. En tal sentido, reproducimos textualmente el “Comunicado de las hijas, del hijo y de la madre de Bertha Cáceres”, quedando constancia de esta forma de la adhesión de la corriente sindical que representamos, a la demanda de exigencia mundial de real justicia para que este crimen execrable no quede impune.

h1. En presencia del lecho de nuestra Bertha,
nuestra mamá, nuestra hija, nuestra guía

Sus hijas Olivia, Bertha y Laura; su hijo Salvador; su madre Austra Bertha, acompañados de nuestros familiares, amigas y amigos, queremos hacer de conocimiento público nuestros pensamientos en este momento de profunda consternación.

Nuestra Bertha es la mayor de nuestras inspiraciones, por ello sentimos la necesidad de hacer escuchar la verdad acerca de su vida y de su lucha.

Acerca de estas circunstancias, queremos primero agradecer a toda la solidaridad nacional e internacional que nos acompaña.

Agradecemos el apoyo de su pueblo Lenca, al cual dedicó las mayores de sus resistencias. Al pueblo garífuna con quien se hermanaron las luchas y las utopías. A todas las organizaciones y movimientos sociales de Honduras, América Latina y el mundo que han hecho nuestro dolor suyo.

Agradecemos todas las inmensas muestras de cariño y condolencia que el pueblo hondureño ha ofrecido, que dan muestra de que su lucha es la lucha digna de los pueblos y la que el mundo necesita.

No se puede distorsionar la verdad acerca del crimen que terminó con su vida. Sabemos con certera claridad que los motivos de su vil asesinato fueron su resistencia y lucha en contra de la explotación de los bienes comunes de la naturaleza y en defensa del pueblo Lenca.

Su asesinato es un intento de acabar con la lucha del pueblo lenca en contra de toda forma de explotación y despojo. Un intento por cortar la construcción de un nuevo mundo.

Las circunstancias de su muerte se dan en medio de la lucha en contra de la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque por parte del pueblo Lenca.

Pedimos que se esclarezcan las responsabilidades de la empresa DESA que desarrolla el proyecto. Responsabilizamos a la empresa DESA. Así mismo, a los organismos financieros internacionales que respaldan el proyecto: Banco Holandés, FMI, Finn Fund, BCIE, Ficohsa; y las empresas comprometidas CASTOR, Grupo empresarial ATALA, de la persecución, la criminalización, la estigmatización, las constantes amenazas de muerte en contra de su persona y de la nuestra y al COPINH.

Responsabilizamos al Estado hondureño de haber obstaculizado, en gran medida, la protección de nuestra Bertha, y haber propiciado su persecución, criminalización y asesinato, al haber optado por proteger los intereses de la empresa por encima de las decisiones y mandatos de las comunidades.

¿Cómo es posible que las instituciones de la policía, el ejército, el ministerio de Seguridad que protegen los intereses y las instalaciones de la empresa DESA, sean supuestamente los mismos que pretendían garantizar la protección y seguridad a nuestra Bertha?

¿Cómo es posible que la policía, el ejército y el Estado hondureño que debían proteger su integridad, sean los mismos que la amenazaron de muerte, hostigaron y persiguieron?

Los responsables de su asesinato son los grupos empresariales en contubernio con el gobierno nacional, los gobiernos municipales y las instituciones represoras del Estado, que están detrás de los proyectos extractivos que se desarrollan en la región.

Los financiadores de estos proyectos extractivistas de muerte, también son responsables de la muerte de nuestra Bertha y de tantas personas que luchan en contra de la explotación de los territorios, puesto que con su dinero hacen posible la imposición de los intereses económicos por sobre los derechos ancestrales de los pueblos.

No vamos a permitir que su imagen se convierta en un logo vacío. A nuestra Bertha se le reivindica en la lucha permanente y enérgica por la defensa de la vida, de los territorios y en contra de este sistema de explotación y saqueo.

Exigimos que se configure una comisión internacional imparcial para la investigación de este crimen, entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismos internacionales de Derechos Humanos y los estamentos gubernamentales pertinentes, puesto la demostrada falta de objetividad por las investigaciones que se han iniciado en el país.

Queremos que se respete la integridad de su figura de resistencia. Ella es una eterna luchadora en contra del racismo, del patriarcado y el sistema capitalista opresor y asesino. Su lucha está atravesada por un fuerte antiimperialismo, corroborado constantemente en sus prácticas internacionales y su total rechazo al golpe de Estado financiado y apoyado por los Estados Unidos, que fue el inicio de la entrega del territorio nacional a las empresas transnacionales en detrimento de los derechos del pueblo Lenca y de la población hondureña.

Exigimos, de manera inmediata y definitiva, que se cancele la concesión de DESA sobre el río Gualcarque y que corra libre el río Gualcarque.

Si el gobierno realmente quiere hacer justicia exigimos que se cancelen todas las concesiones mineras, de represas, de bosques y todos aquellos proyectos que atentan contra la soberanía nacional.

Demandamos el respeto y garantías a la integridad física, jurídica y emocional de nuestra familia, de las comunidades, en especial de Río Blanco y de todas las personas organizadas dentro del COPINH.

Su lucha no era sólo por el medio ambiente, sino por el cambio de sistema, en contra del capitalismo, del racismo y el patriarcado. No sólo asesinaron a nuestra madre, asesinaron a la madre de todo un pueblo.

Hacemos un llamamiento para que se arrecie la movilización, la denuncia y las muestras de solidaridad exigiendo una verdadera justicia.

¡Despertemos, despertemos humanidad!, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción, basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.

¡¡¡Bertha Vive!!!

Dado en La Esperanza, Intibucá, Honduras, a los 5 días del mes de marzo del 2016.