El sentido de nuestra lucha

Publicada el 05/01/2016 | por ANEP | Dejar un comentario

Generalmente, la llegada del Año Nuevo nos motiva, nos emociona, nos genera introspecciones y nos lleva a formularnos propósitos de diverso orden. Es una cuestión lógica esa especie de “borrón y cuenta nueva” que, en términos generales, nos motiva a emprender una fase más en nuestras propias vidas y en los planos distintos en qué nos desarrollamos, realizando una revisión de lo que fuimos en el año anterior, de lo que hicimos y no hicimos.

Al llegar el 2016 y en nuestro caso, revisamos la cadena de acontecimientos que hemos vivido en nuestra Patria en los últimos tiempos, para contrastarlos con circunstancias que viven otros pueblos; algunos muy cercanos (como nuestros hermanos latinoamericanos), otros allende el Atlántico (como los europeos) y otros más allá del viejo continente.

Para quienes somos creyentes, agradecemos a Dios, Nuestro Señor, Cristo Jesús, el Grande, el Todopoderoso, que nos haya permitido nacer en esta tierra que es Costa Rica, pese a todas las problemáticas, algunas de ellas muy graves, que estamos enfrentando, como el carácter mismo de la democracia que anima nuestra existencia como sociedad.

Uno piensa que el sistema democrático, que sigue siendo el mejor de los sistemas políticos para vivir, está presentando seriecísimas amenazas en una sociedad como la nuestra.

No hay peor amenaza a la democracia misma que la que representa quienes creen en ella de la boca para afuera. ¿Qué queremos decir con esto? Hay personas y hay grupos que con base en la plata que tienen acumulada pretenden gobernar el país sin haber ido a elecciones; dedicándose a conspirar, un día sí y otro también, abierta o solapadamente, utilizando su peonada política dentro de la propia institucionalidad del sistema republicano, buscando la protección única de sus egoístas intereses que no son los del bien común aunque invoquen éstos y se rasguen las vestiduras hablando de la pobreza, de la desigualdad, de la exclusión social.

Esta gente y estos grupos, conocidos en la jerga política del juego de la democracia de partidos como el “poder real”, sabotean por decirlo de alguna manera, iniciativas legislativas y ejecutivas que podrían ser presentadas para beneficio de las mayorías populares, por personas, grupos y partidos que sí tienen como principios fundamentales del quehacer de sus vidas personales e institucionales, la promoción del bien común y la lucha contra la pobreza, contra la desigualdad y a favor de la inclusión social.

Por eso es que al “poder real” de los pocos hay que contraponerle el “poder real” de los muchos. Ellos son menos, pero tienen gran poder económico y lo usan para chantajear políticos e imponer su agenda-país. Nosotros, aunque somos más “no lo sabemos”; es decir, estas mayorías ciudadanas están divididas entre los diferentes grupos organizados que las agrupan (que suele ser el segmento menor de esas mayorías), y otros muchísimos más que no están organizados del todo.

Al llegar el 2016, el sentido de nuestra lucha nos convence más y más de su oportunidad, de su necesidad, de su legitimidad y del desafío de que tengamos ese contrapoder: es de la unidad sindical, social, cívica y popular, más allá de las diferentes instancias partidistas que nos pueden motivar de cara un determinado proceso electoral.

Los detentadores del “poder real” del otro lado de la acera tienen, por ejemplo, el control de “grandes” medios de comunicación colectiva que los usan en función de los intereses de sus principales dueños y accionistas mayoritarios. EL “delito” no es, en nuestro criterio, la propiedad de esos medios; es el sentido que le dan a valores fundamentales de la Democracia y de los Derechos Humanos como la Libertad de Expresión entendida realmente, como letra viva consustancial a la existencia humana misma.

Algunos de esos “grandes” medios de comunicación colectiva pretenden convertir sus salas de redacción y sus estudios televisivos de noticias en especie de “gobierno paralelo”, propiciando la imposición de directrices y orientaciones de política pública que en no pocas ocasiones, repetimos, no van en la línea de la promoción y la búsqueda del bien común.

Lo peor de todo es que también, en no pocas ocasiones, arrinconan presidentes y gobiernos, diputados y jueces y hasta verdaderos segmentos de la institucionalidad pública funcionan aplicando su línea para crear “climas de negocios” que les permitan seguir en la perversa senda de acumulación desenfrenada de capital a costa del bienestar de las mayorías.

Mucho de esta situación del excesivo peso en la sociedad del poder real del capital en contra de la democracia misma y de las orientaciones soberanas del pueblo en la urna electoral, lo vivimos el año pasado. Varias situaciones emblemáticas lo atestiguan, como lo representa el bloqueo parlamentario a necesarias leyes tributarias que urgen para parar el robo de impuestos.

En este año 2016, el sentido de nuestra lucha apuntará, una vez más, a tratar de poner un granito de arena en la necesidad de conjunción de esfuerzos que el otro y necesario poder real necesita para hacerse sentir en la democracia. El reto del poder real nunca fue lanzado de nuestro lado, pero ya que así ha sido planteado en los últimos meses, lo menos que podemos hacer es aportar en esa dirección y ver si “de tú a tú” nos ponemos de acuerdo para una convivencia de inclusión y de plena Democracia.

Crisis salarial en perspectiva

Publicada el 05/01/2016 | por ANEP | Dejar un comentario

Ha empezado el año 2016 y quienes laboran asalariadamente para el sector Público entran en un período de incerteza total en cuanto a las diversas circunstancias que amenazan su salario y su propia estabilidad laboral.

Con base en la tesis oficial de que la inflación es “negativa”, emerge la circunstancia de concreción real del congelamiento salarial, algo muy satisfactorio para esos sectores del gran poder económico que le echan “los muertos” del déficit fiscal a los empleados públicos; aspecto éste que, por enésima vez, la ANEP rechaza categóricamente.

Es preciso que el Gobierno de la República convoque a la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP), con urgencia, para plantear este tema de la inflación “negativa”, las deudas salariales pendientes de honra acumuladas de tiempo atrás por deterioro de poder de compra, especialmente en puestos de los grupos laborales más golpeados por la concentración del ingreso y la propia desigualdad salarial intra-sector público: personal policial, misceláneo, secretarial, oficinista, administrativo, de seguridad y técnicos, choferes y otros.

Paralelamente, es preciso puntualizarle a las autoridades gubernativas la naturaleza profunda de las razones sindicales para rechazar, radicalmente, las intentonas de los grupos neoliberales (dentro del mismo gobierno y fuera de él), de crucificar el Empleo Público a cambio de leyes tributarias como las que se ocupan para frenar el robo de impuestos y el fraude fiscal en todas sus manifestaciones.

El congelamiento salarial por razones “´técnicas”: inflación “cero” o “negativa”; junto a la perversa relación-trueque que se quiere hacer entre llevar a la baja los salarios del sector Público para que haya leyes tributarias relativamente fuertes, no auguran nada bueno para un clima de paz social en el seno del sector Público.

Agreguémosle las decisiones de organismos reguladores matando los principios legales y constitucionales de la negociación colectiva y estatutos de personal… entonces tenemos serios problemas sociales a la vista.

“Mejor viejo conocido que nuevo por conocer”

Publicada el 05/01/2016 | por ANEP | Dejar un comentario

Es frecuente escuchar voces que señalan: “Es tiempo de cambio”, entre sus consignas “acusan” a quienes llevan algún tiempo en el desempeño de un cargo de “dictadores”, de no querer soltar la “teta” (y me van a disculpar el coloquio), entre otros epítetos usualmente utilizados.

Esto no solo sucede en la política sino también en otras actividades como el deporte, las organizaciones sociales, comunales y de cualquier naturaleza. Así por ejemplo, es común escuchar en el deporte “rey”, el fútbol: “Ese jugador está veterano, debe dejarle el lugar a un joven (…)”, aunque la calidad no depende de la edad. Igual sucede con los casos en que una persona está al frente de una organización social, comunal y/o deportiva.

Lo paradójico de esto es que luego, cuando alguna persona de las que “reclamaban por el cambio”, toma el lugar de quien “debía dejar su cargo” por llevar muchos años en él, olvida sus consignas de democracia porque ahora es quien está en el cargo.

En los últimos tiempos hemos visto muchos ejemplos de este fenómeno del “quítate que voy”, y posiblemente esto sea parte de la naturaleza humana, sin embargo se debe actuar en consecuencia y con responsabilidad.

La envidia, la “serruchada” de piso, el “abrazo” traicionero, igual están establecidos y forman parte de un sector del ser costarricense. Esos estilos también forman parte del “menú” de enfermedades que nos aquejan y que nos tienen hoy en uno de nuestros peores momentos.

Así lo demuestran el incremento en la criminalidad, los problemas de administración de desechos en algunos gobiernos locales y otros casos que están a la vista de todos y todas.

Siguiendo con el tema de “mejor viejo conocido” podemos analizar otra característica del ser costarricense: el dejarse llevar por la emoción del momento, o simplemente dejarse llevar por las opiniones de terceros, evitando el ejercicio responsable de analizar, escudriñar, valorar y tomar sus propias decisiones.
Es muy normal en nuestro medio mirar cómo un día eres el “héroe” y al siguiente el “villano”.
Esto sucede porque muchas personas no fundan sus decisiones en valoraciones propias y juicios razonados con convicción sino en las opiniones de otros.
El título de este artículo se puede traer perfectamente a la situación actual.

¿Estaba listo el Partido Acción Ciudadana para gobernar?, porque sí decían, una y otra vez, en su discurso que “tenían el mejor equipo para gobernar, que eran el gobierno del cambio”. Nos enteramos a última hora, específicamente un día antes de asumir el poder, que seguían llamando personas para ocupar algún cargo.

¿Por qué en muchos casos siguieron los mismos, pese a sus malas gestiones en la función pública?

Inclusive vimos cómo lo “nuevo por conocer” resultó más “viejo que la maña de pedir fiado”. Al mejor estilo de las campañas de reciclaje, algunas personas fueron reubicadas en donde ya habían estado sin pena ni gloria.

Paradójicamente, en el caso del gobierno del PAC se anunció la renovación, aduciendo que en los últimos 30 años habíamos sido víctimas de malos gobiernos, y resulta que en el gobierno se encuentran varios que fueron parte de esos 30 años. En otros casos funcionarios que llevan años mal administrando fueron “distribuidos” entre varios ministerios. ¿Entonces?

Por esto, en momentos de cercanía de las elecciones municipales, como dirigente sindical, pero principalmente como ciudadano, me cuestiono: ¿Elegir por algo nuevo o mejor viejo conocido que nuevo por conocer? Esa es la disyuntiva actual, lamentablemente la historia reciente no deja muchas esperanzas a quienes se presentan como “la renovación”.

Aumento en el Salario Mínimo Vital en el sector Privado

Publicada el 04/01/2016 | por ANEP | Dejar un comentario

Dicho expediente llamado “Ley del Salario Mínimo Vital Reforma de los artículos 177 del Código de Trabajo, Ley No. 2, de 27 de agosto de 1943, del Artículo 16 y Creación del Artículo 16 BIS de la Ley de Salarios Mínimos y Creación del Consejo Nacional de Salarios, Ley No. 832, de 4 de noviembre de 1949”, es vital para mejorar la calidad de vida de muchos empleados del sector privado.

Obsesión por controlar e-mails, fuente de estrés

Publicada el 04/01/2016 | por ANEP | Dejar un comentario

Para ser felices, o por lo menos, no tan infelices, hay que terminar con la compulsión de revisar obsesivamente la casilla de correo electrónico, sugiere una investigación realizada por un equipo de psicólogos británicos.

Los e-mails ~~advierten los expertos, autores del estudio publicado hoy en el Sunday Telegraph~~ pueden devenir “una fuente tóxica de estrés”.

El hábito de estar pendientes del correo electrónico se compara con una droga, es decir, es una forma de dependencia para aquellos que no dejan de controlar los ingresos de correos ni un minuto: en las computadoras portátiles, en las tablet, en los smartphone y ahora, incluso, en los relojes pulsera electrónicos, creado por la firma que lleva el símbolo de la manzana mordida. La tecnología, sin duda útil, está al alcance de la mano pero ~~apuntan los investigadores~~ hace que la gente esté todo el tiempo disponible y en alerta, por el trabajo o por cualquier tipo de cuestión. Las personas, hace notar el estudio, se convierten casi en esclavas.

Este comportamiento, establecido como “una regla no escrita” de la actual organización del trabajo e incluso de la vida, corre el riesgo de tener un pesado impacto negativo sobre lo que los psicólogos llaman “el bienestar emocional” de las personas.

El estudio dado a conocer hoy prueba, de hecho, que la verificación constante de los e-mails o de otros mensajes y el sonido continuo de los distintos sonidos de alerta de los dispositivos y sus vibraciones producen consecuencias directas en términos de aumento de la tensión y las preocupaciones. El consejo que se desprende de un informe del Future Work Centre de Londres, el centro de estudios que encargó la investigación, es al fin de cuentas muy simple: tomarse pausas de la lectura de los e-mails, desconectarse de tanto en tanto de los dispositivos electrónicos, y colocar en reposo los alertas de ciertas aplicaciones y diabluras varias. Y lo principal: no considerarse indispensables. (ANSA)

La apología del odio

Publicada el 29/12/2015 | por ANEP | Dejar un comentario

Al 2015 le recordaremos como el año que registra la más agresiva campaña político-mediática desplegada nunca antes en contra de quienes laboran para el Estado y sus familias, en contra de las diferentes organizaciones sindicales y sociales que les representan, en contra de sus principales figuras dirigentes.

En fin, en el ámbito del sector público integralmente conceptuado, tuvimos que presenciar (y sufrir) experiencias de agresión psicológica y de terrorismo ideológico nunca antes experimentadas; contaminadas de contenidos difamantes, calumniosos, injuriosos, amenazantes, denigrantes, burlescos, peyorativos y otros de similar o peor índole.

Tal campaña (misma que pensamos será retomada en el año por empezar, 2016), mostró la lamentable vitalidad de los conceptos fundamentales de la propaganda que fueran ideados por el criminal de guerra nazi, Joseph Goebbels, con ocasión del régimen totalitario y dictatorial, de tanta tragedia para la Humanidad, imperante en la Alemania de Adolfo Hitler (1933-1945).

Se entiende por apología aquel “discurso en el que se alaba, defiende, o justifica a alguien o algo, generalmente de forma encendida o vehemente”. También es apología aquella “alabanza, defensa o justificación, generalmente encendida o vehemente, de alguien o algo”. (Así extractados de diccionarios en internet).

En algunos momentos y ocasiones, la incitación mediático-plutocrática de corte inescrupuloso que ejecutó esa campaña, mostró una especie de apología al odio contra todo lo del sector Público, claramente identificables en diversas manifestaciones públicas, en artículos de opinión, en las redes sociales y sus características peculiares de comunicación digital en sus diversas expresiones.

Esa apología al odio mostró un gran vacío en nuestra legislación al respecto, pues si tal acontecimiento se hubiese manifestado en otro país que comprende como delito en sus leyes penales la apología al odio, probablemente sus apologistas estarían enfrentando una serie de procesos judiciales.

En tal sentido, nos parece importante compartirle lo que al respecto se estipula en el Código Penal español cuyo artículo 510 castiga con prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses, a aquellos que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza, su origen nacional su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía.

Dicha legislación penal española también castiga con la misma pena a quienes con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación a su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía.

Durante el desarrollo de la campaña “goebbelsiana” contra el empleo público costarricense, a varios de los más connotados dirigentes sindicales del sector público se les presentó, prácticamente, como elementos mafiosos y corruptos; y a sus respectivas agrupaciones, como si se trataran de cárteles del crimen organizado.

En algunos momentos, la apología del odio llegó a los impresionantes y escalofriantes niveles de comparar a dirigentes sindicales, con nombres y apellidos de por medio, con terroristas. Y hasta amenazas de muerte se dieron.

Algo vamos a tener que estudiar este año 2016 sobre esto de la apología al odio en el caso costarricense y en el marco de la coyuntura político-ideológica del tema del empleo público.
Entendemos que el odio emerge al ser derrotada la razón y a la imposibilidad personal de quien lo esgrime de sostener una conversación con argumentos. Entendemos que el odio, en tal sentido, expresa estados de minusvalía intelectual y precariedad sustantiva para afirmar determinadas tesis.

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, las apelaciones al odio que se generaron con base en la campaña mediático-plutocrática de la prensa al servicio del gran capital (especialmente el hegemónico de corte financiero-bancario), mostraron la insana y deplorable instrumentación de que fueron víctimas de una serie de ciudadanos incitados a expresar criterios que en otro contexto jamás habrían manifestado.

Este tipo de instrumentación político-ideológica es consustancial al sostenimiento sistémico del tradicional poder hegemónico de aquellos sectores políticamente dominantes que ejercen el control real de la cosa pública sin necesidad de presentarse, directamente, a elecciones; pues, por lo general, mantienen ese poder y ese control con toda clase de amanuenses que desde una sala de redacción o de un set de televisión, a través (entre otros mecanismos “goebbelsianos”) de las espernibles tácticas de prensa que al “informar”, editorializan simultáneamente, dejando en estado de indefensión al aludido y al espectador.

Cuando se ejerce este tipo de periodismo, nosotros pensamos que se da una manifestación de provocación para el surgimiento de la apología del odio.

Tenemos entendido de que con respecto a la apología del odio la propia Defensoría de los Habitantes de la República ha pensado en un proyecto de legislación al respecto. ¡Enhorabuena!

La verdad es que como víctimas directas y personalísimas de esa especie de apología al odio que desató la campaña mediática contra el empleo público que siempre nos recordará el año 2015, el debate que podría darse a propósito de ese intento de legislación o de cualquier otro, es más que urgente para nuestra sociedad democrática.

¡Costa Rica no lo merece!: Ni la Alianza del Pacífico, ni el TISA, ni mucho menos el TPP

Publicada el 26/12/2015 | por ANEP | Dejar un comentario

En el marco de los desafíos de la perenne lucha por la justicia social que se ven en el horizonte para el 2016, el asunto de los TLC’s neoliberales nos ocupará demasiado.

Es que no pudimos contenernos con la lectura del comentario editorial de esta fecha de Navidad, del principal periódico del latifundismo de la plutocracia mediática del país, titulado “Decisión trascendental” (abajo se los copiamos), presionando al señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, a fin de que meta a Costa Rica en la nueva aventura del “libre” comercio de la globalización neoliberal, conocida como el tratado de la Alianza del Pacífico.

A pesar de que la cancillería de la República (el Ministerio de Relaciones Exteriores ~~RR.EE.~~) de nuestro país ya se entregó, parecer ser que no hay una definición oficial de la presente administración gubernativa.

Recordemos que fue la Expresidenta Laura Chinchilla Miranda, del neoliberal Partido Liberación Nacional (PLN), quien dejó a Costa Rica embarrada en ese proceso de la Alianza del Pacífico; tanto como nos dejó “embarcados” en otro no menos peligroso y perverso en contra de los servicios públicos, de todos los servicios públicos, conocido por sus siglas en inglés como TISA (Trade in Services Agreemen), el Acuerdo Multilateral de Comercio de Servicios; mismo que, en el caso costarricense, negocia en secreto el Ministerio de Comercio Exterior (Comex).

Tanto el TISA como la Alianza del Pacífico tiene vinculación estratégica y directa con el TPP: Trans-Pacific Partnership), que en nuestro idioma se conoce como el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica.

Considerando que, querámoslo o no, en el año 2016 nuestra agenda de lucha debe incluir una férrea, radical, organizada y militante oposición a esta “nueva” generación de TLC’s producto del fundamentalismo de la globalización neoliberal de estos momentos; les comparto el artículo siguiente, aparecido en una publicación internacional de análisis geopolítico y de relaciones internacionales que goza de mucho prestigio en esos círculos del poder de las plutocracias hegemónicas tanto de nuestro país como del exterior. Hablamos de la revista FOREIGN AFFAIRS (Latinoamérica).

El artículo, que se denomina “Los secretos del TPP – Restricciones a los derechos laborales” (de mediana extensión, lo advertimos), si bien es de fuente sindical estadounidense, en tal revista de publican trabajos de mucha seriedad y rigurosidad que pueden o no pueden ser compartidos. Por tanto, el artículo que les compartimos no tiene ningún carácter panfletario.

De este artículo, a modo de provocación para su lectura, les transcribimos únicamente los siguientes tres contenidos. Comprobará usted, máxime si anda en estos mismos andares que nosotros, la profundidad de la naturaleza del desafío que implica que nos opongamos a la Alianza del Pacífico, al TISA y al TPP.

“Desde el establecimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hace más de 20 años, Estados Unidos ha firmado acuerdos comerciales que han beneficiado a las empresas multinacionales y a los ricos, al tiempo que los trabajadores y las comunidades pierden poder. La desregulación y las protecciones extraordinarias para los inversionistas han contribuido al estancamiento de los salarios, el empleo precario, la migración masiva, el aumento de la desigualdad y la dilución de la organización democrática como medio para lograr cambios de política”.

“En este momento, los resultados de los acuerdos son claros. Aunque pueden incrementar el volumen general del comercio y de la producción, las ganancias no se reparten equitativamente. La distribución favorece a las corporaciones multinacionales, los accionistas y las instituciones financieras, mientras que los trabajadores enfrentan un estancamiento de los salarios y menor seguridad laboral, y las comunidades tienen menos influencia sobre las decisiones que afectan su vida”.

“Los acuerdos comerciales modernos van mucho más allá del comercio en el sentido tradicional, y dictan la forma en que los gobiernos manejan sus economías y regulan la actividad comercial. Los negociadores del TPP admiten que los aranceles ya son muy bajos y que el objetivo principal del acuerdo se encuentra “detrás de las barreras fronterizas”. Este eufemismo está calculado para fomentar políticas que debilitan o desmantelan las defensas de los trabajadores, la salud pública, los consumidores y el ambiente natural, al tiempo que ofrecen a los inversionistas extranjeros privilegios especiales. Mientras tanto, las débiles disposiciones que rigen los derechos laborales y ambientales incentivan a las empresas a aprovisionarse en lugares donde no se respetan los derechos humanos”.

A continuación compartimos el artículo:

Los Secretos del TTP

Cassandra Waters
Material original de Foreign Affairs Latinoamérica Volumen 15 Número 3

Desde el establecimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hace más de 20 años, Estados Unidos ha firmado acuerdos comerciales que han beneficiado a las empresas multinacionales y a los ricos, al tiempo que los trabajadores y las comunidades pierden poder. La desregulación y las protecciones extraordinarias para los inversionistas han contribuido al estancamiento de los salarios, el empleo precario, la migración masiva, el aumento de la desigualdad y la dilución de la organización democrática como medio para lograr cambios de política.

La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO) cree que el comercio puede ser una fuerza para el bien, pero no es un resultado automático. Evaluar solamente si el volumen del comercio y la producción económica han aumentado oscurece una cuestión más importante: si ese crecimiento crea una sociedad próspera y equitativa. De cada nuevo acuerdo comercial —ya sea en Norteamérica en 1994, Centroamérica y República Dominicana en 2006, Perú en 2009 o Colombia en 2012— se proclama que promoverá buenos empleos, protegerá los derechos laborales y logrará que las comunidades salgan de la pobreza. Ahora se hacen las mismas afirmaciones con respecto al Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP), a pesar de que ninguno de los acuerdos anteriores ha cumplido dichas promesas.

Estos acuerdos siempre se negocian en secreto, y el TPP no es una excepción. Aunque el ciudadano común no conoce el texto, las declaraciones públicas y las filtraciones dejan en claro que la estructura general del acuerdo repetirá lo establecido en acuerdos anteriores. Una coalición general de sindicatos y grupos de la sociedad civil de los países que negocian el TPP ha expresado serias inquietudes y ha enfrentado a los negociadores del gobierno para ofrecer propuestas de políticas que corregirían los errores del pasado y promoverían la prosperidad compartida. Estas propuestas han sido ignoradas en repetidas ocasiones y se ha favorecido el mismo modelo fallido que se utilizó para diseñar los acuerdos anteriores.

En este momento, los resultados de los acuerdos son claros. Aunque pueden incrementar el volumen general del comercio y de la producción, las ganancias no se reparten equitativamente. La distribución favorece a las corporaciones multinacionales, los accionistas y las instituciones financieras, mientras que los trabajadores enfrentan un estancamiento de los salarios y menor seguridad laboral, y las comunidades tienen menos influencia sobre las decisiones que afectan su vida.

Los acuerdos comerciales modernos van mucho más allá del comercio en el sentido tradicional, y dictan la forma en que los gobiernos manejan sus economías y regulan la actividad comercial. Los negociadores del TPP admiten que los aranceles ya son muy bajos y que el objetivo principal del acuerdo se encuentra “detrás de las barreras fronterizas”. Este eufemismo está calculado para fomentar políticas que debilitan o desmantelan las defensas de los trabajadores, la salud pública, los consumidores y el ambiente natural, al tiempo que ofrecen a los inversionistas extranjeros privilegios especiales. Mientras tanto, las débiles disposiciones que rigen los derechos laborales y ambientales incentivan a las empresas a aprovisionarse en lugares donde no se respetan los derechos humanos.

TRABAJADORES DESPLAZADOS Y DISTORSIÓN DEL MERCADO LABORAL

Incluso los más ardientes defensores de los acuerdos de libre comercio admiten que inevitablemente causan la pérdida y el desplazamiento del empleo. Argumentan que estas pérdidas se compensan con la creación de empleos en otros sectores o con precios al consumidor más bajos. Pero esta dinámica teórica no ha ocurrido en la práctica, ni para Estados Unidos ni para sus socios comerciales.

Los acuerdos comerciales han facilitado y han aumentado lo que a menudo se llama “la caída hasta el fondo”. La protección a los inversionistas, aunada a la presión para la desregulación, ha permitido que las empresas trasladen los segmentos de sus empresas que requieren mucha mano de obra a regiones con leyes débiles y una aplicación laxa. Los trabajadores de diferentes comunidades y países compiten entre sí, lo que hace que los salarios bajen. El desplazamiento incrementa la oferta total de trabajadores, muchos de ellos desesperados y dispuestos a aceptar salarios más bajos. Cuando los trabajadores tratan de negociar mejores salarios y condiciones, los patrones amenazan con llevarse la producción a otro lado.

En Estados Unidos se repite que el crecimiento en sectores como los servicios y la baja de los precios al consumidor compensarán los empleos perdidos a causa de los acuerdos comerciales. En realidad, la pérdida de empleos dignos, en particular en el sector manufacturero, no ha sido compensada con la creación de puestos en otros sectores. Los empleos de mayor crecimiento en el sector de servicios, como la venta al menudeo y la comida rápida, pagan salarios sustancialmente más bajos en promedio, ofrecen menos estabilidad y hay menos posibilidades de ascenso. En general dan pocas prestaciones o ninguna y muchas veces los horarios son irregulares e impredecibles. Numerosos estudios, en particular del Economic Policy Institute, han documentado cómo los trabajadores desplazados terminan aceptando enormes recortes salariales, si es que encuentran otro empleo. Más de un tercio de los trabajadores que pierden su empleo en el sector manufacturero abandonan la fuerza laboral.

El cambio por un trabajo precario y con salario más bajo ha causado pérdidas profundas y duraderas en la economía estadounidense. Esto no solo vulnera a quienes luchan por satisfacer las necesidades básicas de sus familias sin un salario digno, sin asistencia médica ni pensión, sino que además afecta a comunidades enteras. El deterioro del poder adquisitivo trastorna los negocios locales y a los gobiernos municipales y estatales que tienen que mantener escuelas, parques, bibliotecas y sistemas de saneamiento público con bases gravables cada vez más reducidas.

Esta situación no se limita a Estados Unidos; por ejemplo, el TLCAN a veces se presenta como una pérdida para los trabajadores estadounidenses y como una ventaja para México. En realidad, los trabajadores de ambos países han sufrido. En México, el desplazamiento y el deterioro de las empresas nacionales provocaron grandes oleadas de emigrantes que erosionaron comunidades, dividieron familias y obligaron a los trabajadores a buscar empleos más precarios y, en ocasiones, peligrosos. El TLCAN desplazó aproximadamente a dos millones de personas después de que la avalancha de importaciones agrícolas subsidiadas de Estados Unidos ahuyentó a los agricultores de sus tierras. Esto diezmó las comunidades rurales, aumentó la inseguridad alimentaria y provocó la migración hacia los centros industriales de México, o bien, Estados Unidos y Canadá mediante programas de trabajadores invitados temporales o como migrantes indocumentados.

Al mismo tiempo, cerraron muchas empresas locales que producen bienes industriales para el mercado interno y los préstamos a las industrias nacionales disminuyeron. Se redujo la acumulación nacional de capital, así como la demanda laboral que la había acompañado. Si bien hubo un aumento en los empleos industriales en general, muchos pagaban salarios extremadamente bajos. El mayor número de trabajadores desesperados y las restricciones a los derechos laborales, en particular el uso de contratos de protección, inhibieron las negociaciones por mejores salarios. Los precios al consumidor subieron, redujeron en buena medida el valor de un salario mínimo estancado y llevaron a más personas a la pobreza. Numerosas investigaciones, en particular un estudio de 2013 del Banco Mundial, vinculan la caída del empleo digno y el aumento de la desigualdad social con el aumento de los índices de violencia.

Cada nuevo acuerdo comercial ha generado patrones similares de desplazamiento que ejercen una presión a la baja sobre los salarios. En Honduras, los agricultores de subsistencia y las comunidades rurales están siendo expulsados de sus tierras para favorecer los monocultivos de exportación, como el aceite de palma. Los trabajadores rurales solo tienen malas opciones: trabajar por salarios de miseria en las tierras que alguna vez les pertenecieron, ir a las ciudades que ofrecen pocas oportunidades de empleo o arriesgarse a emigrar para buscar trabajo en otros países. Esta situación no se capta en las evaluaciones económicas, que solo tienen en cuenta el aumento de las exportaciones en el marco del Acuerdo Centroamericano de Libre Comercio, sin considerar el costo humano o la forma en que se ha distorsionado el mercado laboral en Honduras y Estados Unidos.

LA PROMESA FALLIDA DE LA PROTECCIÓN LABORAL

Con cada nuevo acuerdo comercial se hace la promesa de que incluirá altos estándares laborales, que exigirán que todos los socios comerciales defiendan y hagan cumplir los derechos laborales fundamentales. Aunque el discurso ha mejorado con el tiempo para reflejar las normas internacionales, la capacidad y la voluntad para hacer cumplir estos compromisos no ha mejorado.

Las negociaciones del TPP incluyen a muchos países que no respetan los derechos laborales fundamentales y que no podrían cumplir ningún acuerdo que requiera la adhesión a estos derechos en el momento en que entrara en vigor. Por ejemplo, Malasia está incluida en la lista del Departamento de Estado de Estados Unidos de países con el peor historial de trata de personas. Fosas comunes recientemente descubiertas con los cuerpos de decenas de trabajadores migrantes son un escalofriante recordatorio de las consecuencias de la indiferencia del gobierno malayo. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos ha combatido vigorosamente los esfuerzos por evitar la aprobación acelerada de acuerdos comerciales con países que el Departamento de Estado ha clasificado como los peores transgresores con respecto a la trata de personas.

Es muy poco probable que los países del TPP cumplan totalmente con las disposiciones laborales antes de que el acuerdo entre en vigor. Los países que no cumplen con las disposiciones comerciales de los acuerdos están obligados a hacer cambios en sus leyes y en sus prácticas antes de que se concrete el acuerdo, pero a menudo las condiciones laborales se tratan como objetivos deseables.

Cuando Colombia y Estados Unidos iniciaron negociaciones comerciales, se consideraba que Colombia era el lugar más peligroso del mundo para los sindicalistas. Colombia y Estados Unidos firmaron un Plan de Acción Laboral por separado, que prometía reformas pero que no contenía ningún criterio para evaluar si la práctica había cambiado realmente. El gobierno estadounidense no aceptó tomar medidas significativas para garantizar que las empresas estadounidenses operaran en Colombia respetando los derechos humanos y Colombia no estaba obligada a completar las reformas prometidas para que el acuerdo comercial entrara en vigor. Como era de esperar, el entusiasmo por el cambio murió en el momento en que el acuerdo comercial entró en vigor.

Después de 4 años, el Plan de Acción Laboral no se ha implantado por completo y no ha tenido consecuencias para el comercio. En este tiempo, como se ha documentado en los informes de la Escuela Nacional Sindical, los trabajadores colombianos sufrieron más de 1933 amenazas y actos de violencia, entre ellos 105 asesinatos y 1337 amenazas de muerte. A pesar de la promesa de acabar con la subcontratación ilegal, la abrumadora mayoría de los trabajadores de Colombia laboran según acuerdos de empleo informal. Los trabajadores de los sectores de exportación, como la caña de azúcar, la palma y los puertos, generalmente son contratados como temporales, incluso los que han desempeñado el mismo trabajo durante una década o más. No pueden organizarse y les han robado un futuro seguro, ya que los patrones estigmatizan a los que protestan y omiten las obligaciones legales, que incluyen los pagos a la seguridad social y la indemnización para los trabajadores que se lesionan en el trabajo.

Cada socio comercial decide cuándo presentar denuncias (si es que se presentan) para hacer cumplir las disposiciones laborales de los acuerdos comerciales. Los trabajadores pueden presentar denuncias sobre violaciones a sus derechos, pero ha sido muy difícil obtener resultados significativos. En Estados Unidos, numerosos casos reflejan la incapacidad sistémica de proteger los derechos laborales en los programas de visas para trabajadores. Desde los huertos de manzanas de Washington hasta los campos de tabaco de Carolina del Norte, los migrantes se ven obligados a trabajar largas horas, les roban los salarios que han ganado, se exponen a pesticidas y productos químicos peligrosos sin la capacitación o el equipo de seguridad adecuados y viven en condiciones miserables sin alimentos adecuados ni sistemas de higiene. Los trabajadores están atados a sus patrones y no tienen derecho a organizarse. Sin embargo, las reiteradas denuncias no han producido más que algunos cursos de capacitación años después de haber presentado las denuncias, sin que haya cambios sustanciales a las leyes que hacen que estos trabajadores sean vulnerables a la explotación. Por una cruel ironía, muchos llegan a Estados Unidos porque las políticas económicas creadas a partir de los acuerdos comerciales los han dejado sin oportunidades de empleo en su país.

Solo un caso laboral ha llegado a una resolución formal. En 2008, los sindicatos de Guatemala y Estados Unidos presentaron una denuncia conjunta por abusos rampantes en Guatemala, que incluían agresiones contra los sindicalistas y violaciones constantes a los derechos básicos. Después de 6 años, el gobierno de Estados Unidos finalmente llamó al arbitraje. El momento —durante un debate sobre comercio en el que se cuestionaba la eficacia de las disposiciones laborales— les parecerá oportunista a algunos.

El caso Guatemala no abordará la violencia contra los sindicalistas, que quizá sea el problema más grave al que se enfrentan los trabajadores guatemaltecos. En la denuncia del movimiento obrero se incluyeron casos de amenazas, hostigamiento e incluso asesinato. Estados Unidos no planteó ninguno de estos casos en el arbitraje, aunque en sus recapitulaciones establece que los trabajadores enfrentan represalias violentas por reclamar.

El gobierno de Estados Unidos ha afirmado públicamente que ha tomado medidas para hacer frente a la violencia contra los sindicalistas; sin embargo, en lo que respecta a Honduras no ha actuado. En una denuncia presentada en 2011 por activistas laborales se detalla la violencia sistémica y la impunidad. Cuando por fin Estados Unidos dio una primera respuesta por escrito 3 años más tarde, se rehusó explícitamente a llegar a conclusiones sobre la violencia laboral.

Algunos acuerdos comerciales comprometen a los gobiernos a no reducir las normas laborales para atraer inversiones, pero en la práctica estas disposiciones se ignoran. En enero de 2015, Guatemala bajó un salario mínimo que ya era lamentable en el sector de la manufactura ligera en cuatro municipios, con la intención deliberada de atraer inversionistas. En Estados Unidos, los gobiernos estatales y locales han aprobado leyes que restringen la organización sindical, argumentando que así atraerá más negocios. Por su parte, el gobierno peruano ha reformado diversas leyes laborales en paquetes de “mejora de la competitividad”, conocidos como “paquetazos”, que socavan unas protecciones laborales ya débiles y que incluyen sectores clave como las inspecciones de higiene, seguridad y trabajo. Algunas iniciativas se han estancado después de grandes protestas, pero quedan otros, como una regla que exime a las compañías de evitar la discriminación y les permite rechazar a los sindicalistas, a las mujeres embarazadas, a los trabajadores que se han lesionado en el trabajo y a otros trabajadores vulnerables.

En resumen, las protecciones laborales de los acuerdos comerciales no se han traducido en un cambio significativo en la práctica. Los gobiernos no han logrado hacer cumplir sus propias leyes laborales ni han logrado garantizar que las empresas nacionales que operan en el extranjero respeten los derechos laborales. A mediados de 2015, los trabajadores agrícolas de Baja California se organizaron pese a muchas dificultades. Una de sus principales demandas es poner fin a los contratos de protección, en los que los patrones firman acuerdos con sindicatos falsos para impedir que se formen sindicatos democráticos. Los contratos de protección se negocian en secreto sin el conocimiento ni la aceptación de los trabajadores. Por lo general, los trabajadores se enteran de la existencia del sindicato de protección cuando tratan de organizarse. Varias denuncias presentadas en el marco del TLCAN se refieren al uso de contratos de protección para evitar que los trabajadores se organicen en los centros de maquila; poco ha cambiado en 2 décadas.

A medida que las empresas se fragmentan en cadenas de suministro que abarcan diferentes fronteras y continentes, las comunidades de las que dependen para la producción, en particular la producción que utiliza mano de obra no calificada, se consideran intercambiables y prescindibles. Las sedes corporativas no tienen razones para hacer inversiones de largo plazo en mano de obra ni en la infraestructura local. Sobre todo, gracias a la protección a los inversionistas que se hace valer por medio de los acuerdos comerciales, a esas empresas ya no les importa siquiera los principios básicos del Estado de derecho. A medida que los salarios bajos y el trabajo precario ahondan la pobreza de las comunidades, las empresas cargadas de dinero se convierten en clientes políticos cada vez más atractivos. Esto representa para los funcionarios locales incentivos perversos y complacientes para mantener el costo de la mano de obra artificialmente bajo, aun a costa de ignorar los derechos fundamentales.

DESREGULACIÓN Y RESTRICCIONES A LA LEGISLACIÓN

Los acuerdos comerciales no solo hacen que sea más fácil bajar los salarios y diluir las normas, sino que también imponen a los gobiernos que adopten políticas para garantizar el acceso al mercado y condiciones favorables para las empresas extranjeras, independientemente de las necesidades o prioridades de las comunidades locales que se ven afectadas por estas decisiones. En este marco, las medidas de política regional que reflejan opciones sociales sobre cómo resolver problemas y equilibrar los riesgos, incluidas las políticas ambientales, las normas de contratación, los derechos de propiedad intelectual y los reglamentos financieros, se reducen a “barreras comerciales”.

La entrada en vigor del acuerdo de comercio entre Perú y Estados Unidos estuvo marcada por la tragedia. Para cumplir con el acuerdo, el gobierno peruano promulgó regulaciones que otorgaban a las empresas extractivas mayor acceso a la Amazonia. En respuesta, grupos inconformes bloquearon la carretera de Bagua. Las fuerzas de seguridad del gobierno dispararon contra la multitud; por lo menos 32 personas murieron en un conflicto violento provocado por reglas diseñadas para poner las ganancias de las empresas por encima de la autonomía de la comunidad.

Los acuerdos comerciales limitan los programas de contratación pública, pues hacen que sea difícil o imposible que los contratos gubernamentales establezcan una preferencia, mucho menos un requisito, para que las empresas, empleos y negocios locales se adhieran a principios de derechos humanos o mejores normas ambientales. Los gobiernos deberían ser capaces de abordar los problemas sociales —como el desempleo juvenil o las secuelas de la discriminación— agregando reglas a los contratos públicos. El creciente movimiento para incluir la debida diligencia en derechos humanos en las adquisiciones gubernamentales, que defendería las normas laborales a lo largo de la cadena de suministro, también podría ser socavado por las reglas comerciales.

El capítulo sobre propiedad intelectual del TPP se ha filtrado y contiene protecciones que son incluso más amplias que los acuerdos anteriores. El texto permite que las compañías farmacéuticas amplíen la vida de sus patentes haciendo ajustes menores. Esto impediría el acceso a medicamentos fundamentales, lo que ha provocado que organizaciones de salud, como Médicos sin Fronteras, se opongan públicamente el acuerdo. El TPP también contiene un capítulo dedicado exclusivamente a la regulación de la industria financiera. Teniendo en cuenta los efectos duraderos de la Gran Recesión, es muy importante que las políticas comerciales protejan, en lugar de minar, la capacidad de los gobiernos para combatir las crisis económicas y garantizar mercados sostenibles y robustos.

RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ENTRE INVERSIONISTAS Y ESTADOS UNIDOS

Aparte de los gobiernos, los inversionistas son los únicos actores que pueden hacer cumplir los compromisos hechos en los acuerdos comerciales, lo que les da a los individuos ricos y a las empresas un poder excesivo. La resolución de controversias entre inversionistas y Estados (ISDS) permite que los inversionistas extranjeros presenten demandas ante los gobiernos por cualquier medida que afecte sus utilidades actuales e incluso futuras. En lugar de emplear los procedimientos internos, los inversionistas extranjeros presentan sus reclamaciones ante tribunales internacionales privados. Aunque estos paneles no pueden revertir una política, pueden ordenarles a los Estados que paguen indemnizaciones monetarias.

Cada vez se recurre más a la ISDS para impugnar reglamentos destinados a proteger al público y promover el desarrollo sostenible. En marzo de 2015, un panel de ISDS dio un fallo dividido 2-1 en el caso Bilcon vs. Canadá, con la decisión de la mayoría a favor de la compañía minera, cuando un grupo de expertos canadienses había rechazado su oferta para ampliar una cantera en Nueva Escocia. Dos árbitros concluyeron que los contribuyentes canadienses deben pagarle una indemnización a la empresa, en parte porque el panel le dio demasiada importancia a los “valores esenciales de la comunidad” cuando decidió rechazar la solicitud de la empresa. El tercer árbitro, con opinión disidente, reconoció el efecto negativo que tendría sobre la capacidad de los reguladores de responder a la oposición de la comunidad y de promover una gestión ambiental responsable.

El caso Bilcon no es único. Una controversia similar entre la compañía canadiense OceanaGold y el gobierno de El Salvador, que le negó a la empresa un permiso para extraer oro, está pendiente ante un panel de ISDS. La Organización de las Naciones Unidas estima que aproximadamente el 90% del suministro de agua superficial de El Salvador está contaminado y que las comunidades cercanas a las minas sufren índices más altos de cáncer, insuficiencia renal y trastornos del sistema nervioso.

En 2014, el periódico Le Monde informó que la multinacional francesa Veolia estaba impugnando un paquete de reformas laborales en Egipto, resultantes de la Primavera Árabe, entre las que se incluye el aumento del salario mínimo. La compañía estadounidense de energía Lone Pine Resources interpuso recientemente una demanda de 250 millones de dólares contra Canadá porque Quebec prohibió la fracturación hidráulica, una práctica que se ha vinculado con sismos y contaminación del agua potable.

Considerar un problema complejo con amplias implicaciones sociales por medio de la estrecha lente de los derechos de los inversionistas es de por sí problemático. El peligro se agrava por el hecho de que la propia estructura de los paneles de ISDS los inclina a favor de los inversionistas. Como se detalla en el informe de 2012 Profiting from Injustice, los árbitros tienen intereses financieros en el sistema. A diferencia de los jueces, los árbitros son seleccionados individualmente y pagados por el inversionista que presenta la reclamación y por el gobierno acusado. Hay fuertes incentivos para decidir a favor de los inversionistas, ya que esto amplía el número de casos en general y aumenta la posibilidad de que un árbitro siga siendo seleccionado. No hay reglas estrictas que rijan los conflictos de interés, por lo que muchos árbitros deciden sobre los casos y representan a las empresas que interponen las reclamaciones.

Un sistema democrático de justicia tiene mecanismos correctivos. Los juicios erróneos se pueden apelar, los jueces deshonestos pueden ser procesados y el Poder Legislativo puede aprobar o derogar leyes como respuesta a interpretaciones judiciales indeseadas. Es increíblemente difícil apelar las sentencias de la ISDS por cualquier motivo, los árbitros privados no pueden ser procesados y no hay Poder Legislativo que pueda corregir una extralimitación.

La ISDS les da a los inversionistas extranjeros un poder desmesurado sobre la toma de decisiones local. Incluso si el país gana, la defensa de un caso cuesta alrededor de 8 millones de dólares. Dados los enormes costos y la posibilidad de que los fallos sean tendenciosos, es posible presionar a los gobiernos para que cambien las normas o desestimen nuevas propuestas, incluso con la pura amenaza de presentar un caso.

Cuando estas cuestiones se plantean ante los que negocian los aspectos comerciales del TPP, aseguran que el ISDS ya se ha arreglado. Pero la ISDS es intrínseca y fundamentalmente imperfecta, ya que socava el Estado de derecho al proporcionarles a los inversionistas una estructura jurídica distinta de la que utilizan los trabajadores y las comunidades. Esto permite que las empresas multinacionales eviten las desventajas de operar en lugares con sistemas judiciales subdesarrollados o disfuncionales. De hecho, puede ser una ventaja: los inversionistas aprovechan todos los ahorros provenientes de la aplicación laxa en el ámbito laboral y ambiental sin tener que arriesgarse a que sus derechos de propiedad se enfrenten a una falta de justicia similar.

Las promesas previas de que la injusticia del sistema se resolverá y de que se evitarán los casos contra el interés público no se han cumplido. Se supone que la redacción de las normas para las inversiones entre Perú y Estados Unidos evitaría casos que contrariaran las reglas de interés público. Sin embargo, en 2012 la compañía minera Renco, con sede en Nueva York y que opera una fundición en La Oroya, presentó un caso contra el gobierno peruano luego de que se le ordenó a la empresa que limpiara la contaminación de la región y pagara una indemnización a los habitantes que sufrían graves problemas de salud por la contaminación.

Como escribió el economista Joseph Stiglitz en noviembre de 2013, el objetivo real de la ISDS es restringir la capacidad de los gobiernos de regular la conducta corporativa, para conseguir “a hurtadillas (mediante acuerdos comerciales negociados en secreto)” lo que no se podría lograr “mediante un proceso político abierto”.

EL DESAFIO DEL TPP

Los defensores del TPP afirman que este acuerdo es diferente. En realidad, la única diferencia es la escala. El TPP afectará aproximadamente a 792 000 000 ciudadanos de 12 países, así como a cerca del 40% de la economía mundial y está diseñado para aceptar a más países en el futuro. El acuerdo comprometerá a los gobiernos a que adopten un conjunto de políticas muy tendenciosas para beneficio de los inversionistas extranjeros, en particular las empresas multinacionales, y será difícil que los legisladores expresen los cambios en las preferencias políticas y que promulguen políticas económicas progresistas.

El comercio puede aumentar la prosperidad compartida, pero debemos dejar atrás este modelo corrosivo. Una agenda comercial progresista debe incluir protecciones sólidas y viables para los trabajadores, a fin de que los bienes y servicios se intercambien en un terreno parejo y que las compras de los consumidores no sirvan para lesionar los derechos humanos. Por desgracia, el TPP parece estar destinado a repetir los errores del pasado, en lugar de promover un futuro más equitativo.

Los 10 ecocidios del 2015 en Latinoamérica

Publicada el 26/12/2015 | por ANEP | Dejar un comentario

Hoy recordaremos los mayores problemas ambientales del año 2015. Una serie de ecocidios que destruyeron los recursos naturales latinoamericanos, tras el paso devastador de doce meses llenos de sangre, dolor y lágrimas.

Cuando el dinero impone sus propias reglas de juego en el planeta Tierra, se establece un desequilibrio ecológico en nuestros territorios latinoamericanos, que se acrecienta con la inacción judicial de los organismos públicos, que son incapaces de aplicar las leyes ambientales vigentes, para castigar con celeridad los hechos delictivos presentados.

La gran delincuencia en contra de la Pachamama, es un problema multifacético dentro de las regiones latinoamericanas, ya que cada empresario, latifundista, guerrillero o político, tiene sus propias ambiciones económicas que deben ser rápidamente alcanzadas, violentando la santidad del Medio Ambiente y fructificando la ignorancia de sus decisiones.

Desde la provincia de Islay en Perú, pasando por la bella reserva Mil Cumbres en Cuba, y llegando hasta la enigmática Sierra de Álvarez en México, existen terribles inconvenientes ambientales que se vienen ocultando en paquetes turísticos, en hoteles cinco estrellas y en enormes centros comerciales, que NO reflejan la realidad socio-ambiental de la geografía latinoamericana.

Por eso, explicaremos los 10 principales ecocidios visualizados en América Latina durante el año 2015, para NO quedarnos calladitos en el abismo de la impunidad, y para alzar la voz de protesta social junto a la ciudadanía.

En el puesto número diez, tenemos la mayor tala ilegal de alerces en la Región de Los Ríos (Chile), donde se decomisaron 250 pulgadas de madera de alerce ya dimensionada, para la fabricación de ataúdes y artículos funerarios. Lo más triste, es que se derrumbó un histórico alerce chileno con más de mil años de antigüedad, sin considerar que es una especie de árbol protegida y declarada Monumento Natural desde 1976.

En el puesto número nueve, encontramos los más de 700 árboles talados en Venezuela por un improvisado proyecto de vialidad, que buscaba la ampliación de la autopista Francisco Fajardo en Caracas. Sin embargo, la noticia produjo el malestar de la colectividad caraqueña, debido al peligro de inundaciones y deslaves en épocas de lluvia, y al aumento de la sensación térmica en períodos de calor y sequía.

En el puesto número ocho, se observan las más de 3000 hectáreas deforestadas en el distrito municipal Mamá Tingó (República Dominicana), donde la siembra legal de cacao y pimienta se transformó en la práctica ilegal del “conuquismo”, ocasionando el desmonte masivo de áreas vírgenes por parte de los parceleros, que mientras se dedicaban a quemar y a derrumbar miles de árboles frondosos, perjudicaron el tesoro de flora y fauna que yace en la Sierra de Yamasá.

En el puesto número siete, vemos que la red de taladores y traficantes de la madera obtenida del árbol de Bálsamo, en las selvas y bosques ubicados en la provincia de Darién (Panamá), ha generado una agresiva tasa de deforestación que se incrementó en el año 2015, dentro de uno de los grandes pulmones vegetales de Centroamérica. El árbol de bálsamo llamado coloquialmente “oro verde” por los panameños, es muy cotizado para la fabricación de muebles del hogar (sillas, mesas, escritorios, camas), aunque esa especie de árbol ya se encuentra al borde de la extinción.

En el puesto número seis, revelamos las más de 1.600 hectáreas de bosque nativo deforestadas en menos de dos meses, por la empresa brasileña Yaguareté Porá dentro de la región del Chaco Paraguayo, en la que sobreviven pueblos originarios como los indígenas Ayoreo totobiegosode, quienes custodian las ancestrales riquezas naturales, de la segunda región boscosa más extensa de Sudamérica.

En el puesto número cinco, se sitúa el derrame de un millón de litros de cianuro en el río Jáchal de San Juan (Argentina), donde una fuga en la mina Veladero hizo que el veneno de la transnacional Barrick Gold, ensuciara el agua de los ríos montañosos sanjuaninos, complicando su uso para el beneficio de los pobladores y para las actividades agrícolas.

En el puesto número cuatro, se evidencian las 40 toneladas de peces muertos localizados en la Laguna de Cajititlán (México), como resultado de la falta de una infraestructura que gestione las descargas de aguas residuales, y que se encargue de la limpieza de las plantas de tratamiento. De allí, que la sistemática mortandad de peces por la reducción del oxígeno, refleja la elevada toxicidad e insalubridad del agua azteca.

En el puesto número tres, se hallan los más de 200.000 galones de petróleo derramados en el departamento de Putumayo (Colombia), que afectaron a más de 3,5 hectáreas de humedales, que socavaron la vida de más de 100 familias de la comunidad indígena Nasa, que contaminaron varios nacimientos de agua de manantial, y que demostraron la cobardía de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

En el puesto número dos, sobresale la contaminación ocurrida en el río La Pasión en Sayaxché (Guatemala), donde el desborde de las piletas de oxidación de la empresa Reforestación de Palma de Petén (Repsa), produjo el vertido de un fuerte insecticida llamado “malatión”, el cual era utilizado para proteger los cultivos de palma africana, y que aniquiló toda la fauna autóctona del ecosistema marino guatemalteco, acelerando una emergencia sanitaria en las zonas adyacentes al desastre, y ratificando el perverso negocio de la agroindustria y sus exitosos pesticidas.

En el puesto número uno, destacamos la extrema contaminación del Río Doce por culpa de la empresa Samarco en Brasil, que se convirtió en uno de los mayores crímenes ecológicos de la historia brasileña. La rotura de dos diques de contención en el subdistrito de Bento Rodrigues del estado de Minas Gerais, permitió el derrame de 55 millones de metros cúbicos de lodo, que arrasaron con toda la diversidad biológica existente en el río Doce, que pintaron de marrón viscoso sus legendarias aguas cariocas, y que terminaron ahogándose en las profundidades del Océano Atlántico.

La huella del ecocidio en el río Doce, dejó a su paso más de 10 personas muertas, cientos de viviendas inhabitables y decenas de lugareños desaparecidos, fallas en el suministro de energía eléctrica, inaccesibilidad a fuentes de agua potable, enfermedades gastrointestinales en los niños, y millonarias pérdidas materiales por la avalancha de barro y residuos de hierro, que se propagaron en más de 850 kilómetros de dulce torpeza humana.
Recorrimos la hermosa geografía de América Latina, y sufrimos el dolor de una cicatriz en la Amazonía, que arde con la sal enrojecida del planeta Tierra.

Es imposible soñar con la sustentabilidad de un Mundo claramente insostenible. Vimos que el capitalismo salvaje compra las mejores licencias ambientales, compra el silencio de los corruptos entes gubernamentales, y compra la desenfrenada barbarie genocida que impera en el siglo XXI.

Usted y yo conocemos muchísimos más ecocidios perpetrados en el año 2015, pero si nos quedamos callados y no denunciamos los problemas ambientales de nuestras comunidades, pues estaremos siendo cómplices de las corporaciones nacionales y extranjeras, que se dedican a polucionar los territorios latinoamericanos que habitamos a diario.

Con el poder de las redes sociales en nuestras manos, ya NO hay excusas para evadir el compromiso ecológico a favor del planeta. Denunciemos los delitos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en WhatsApp. Utilicemos las herramientas tecnológicas para el bienestar del Medio Ambiente, olvidando la eterna indiferencia y despertando una nueva conciencia.

De enero a diciembre y de lunes a domingo, la Madre Tierra exige respeto, amor y voluntad de cambio en los Seres Humanos, para convertir la amarga pesadilla ambiental del año 2015, en una luz de esperanza positiva que ilumine los caminos del 2016.

carlosfermin123@hotmail.com
Ekologia.com.ve
carlosrupertofermin.wordpress.com

Hay que parar la matazón en las carreteras

Publicada el 23/12/2015 | por ANEP | Dejar un comentario

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), nuevamente, expresa su total respaldo a la reiterada petición que vienen haciendo las autoridades político-administrativas de la Policía de Tránsito a fin de que se dé la apertura de 1.100 nuevas plazas para aportar en una solución integral a la grave situación de violencia y de pérdida de vidas humanas que se está dando en las carreteras nacionales, ante el dramático incremento de la siniestralidad producto de los accidentes de tránsito.

Resulta de enorme imperativo, además, atenuar la grave situación que están viviendo los actuales integrantes de la Policía Tránsito, que están sufriendo alto estrés laboral, delicada situación de sobreexplotación laboral, pesimos salarios y severas alteraciones de su dinámica sociofamiliar, producto de la enorme presión que representa el incremento de los accidentes de tránsito, en contraposición a la escasez de personal que está sufriendo este importante cuerpo de seguridad ciudadana.

Adicionalmente, reiteramos nuestra oposición a que se someta a esta sobreexplotación laboral, a oficiales de la Fuerza Pública misma que, a su vez, enfrenta enormes desafíos en el campo de la seguridad ciudadana ante el avance de la criminalidad común y organizada y las demandas de la gente en sus comunidades por mayores labores en tal campo, más seguidas y más eficientes. No es labor de los y de las policías de la Fuerza Pública hacer partes de tránsito.

Lo que está pasando con el deterioro de los servicios a cargo de la Policía de Tránsito, tan necesarios para la población, ocurre con otro tipo de servicios públicos que presentan importantes niveles de deterioro, tanto por un paulatino proceso de reducción de personal como por recortes presupuestarios realmente alarmantes.

Lo que acontece con la Policía de Tránsito es fiel reflejo, precisamente, de políticas de recorte presupuestario que se volvieron irracionales, irreflexivas y abusivas llegando a ser las responsables directas de la pérdida de vidas humanas. La matazón en las carreteras nacionales, aunque dolorosa, habla por sí misma de esta dramática situación.

Evidentemente, el abordaje del problema apuntado es de carácter integral e interdisciplinario; sin embargo, es inobjetable que suplir la falta de personal en la Policía de Tránsito es un elemento de carácter estratégico que resulta insoslayable.

Urgimos a las máximas autoridades políticas del Poder Ejecutivo, empezando por el propio Presidente de la República (quien recientemente tuvo un drama familiar producto de un accidente de tránsito, sin consecuencias de gravedad que lamentar, dichosamente), para que formulen el debido presupuesto extraordinario y emplacen al parlamento a la apertura de esas 1.100 plazas nuevas en la Policía de Tránsito, tan necesarias para parar y/o reducir al mínimo las tristes y costosas consecuencias, familiares y sociales, de los accidentes en las carreteras del país.

La victoria tica en la Haya

Publicada el 22/12/2015 | por ANEP | Dejar un comentario

Los históricos vínculos entre Costa Rica y Nicaragua, más allá de la circunstancia geográfica que nos ha hermanado territorialmente, deben ser sometidos a un redimensionamiento en varias perspectivas, luego de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), que le dio la razón al gobierno de nuestro país, de manera contundente, en su demanda contra el gobierno de Nicaragua por su ilegal proceder de posicionarse en suelo tico en el caso de la isla Calero o Portillos.

Celebramos que sean las vías del derecho las que imperen en las disputas internacionales entre países y estados y sólo resta felicitar al notable equipo político-jurídico costarricense que llevó este proceso en la CIJ para la preservación del concepto universalmente aceptado (pero tantas veces violado), de la soberanía de las naciones.

La célebre frase del político mexicano Benito Juárez y que éste pronunciara el 15 de julio de 1867, “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, se ha reafirmado como piedra angular de las relaciones de fraternidad y de solidaridad entre pueblos hermanos.

El fallo que festejamos como costarricenses debe servir para refrescar en nuestra memoria colectiva como nación, tan venida a menos en estos tiempos de globalización neoliberal, las oportunas circunstancias político-históricas de los contenidos del tratado de límites Cañas-Jerez, firmado entre Costa Rica y Nicaragua el 15 de abril de 1858, siendo presidente de nuestro país el célebre patriota Juan Rafael Mora Porras, don Juanito Mora, quien viajó a Rivas de Nicaragua, para su suscripción.

La extraordinaria visión estratégica de don Juanito Mora (por cierto, el mejor presidente de toda la historia republicana costarricense hasta la fecha), y puesta a prueba con el desafío histórico que tuvo que enfrentar en la Gran Guerra Patria de 1856-1857; habría de darle sentido a la posición costarricense de entonces para que de una vez por todas, tanto Costa Rica como Nicaragua tuvieran certeza de la integralidad de sus respectivos territorios y de las fronteras entre ambos, con dos determinaciones tajantes: el Río San Juan es nica pero los ticos tenemos derechos a navegar en él y todo la margen derecha del mismo es costarricense.

Alguien tomó decisiones equivocadas en el seno del gobierno de Nicaragua, ofendiendo la integralidad y soberana territorialidad costarricense, alimentando así la perversa campaña xenofóbica en suelo nacional contra el pueblo nicaragüense, gran parte de la cual se ha manifestado con evidentes intencionalidades político-ideológicas, influyéndose fuertemente en el inconsciente colectivo tico de que “el reino de mal” está cruzando el Río San Juan.

Con humildad y desprendimiento latinoamericanista parece haber asumido el gobierno del Presidente Daniel Ortega Saavedra este fallo que le ha sido totalmente adverso, pues están diciendo que lo respetan y aceptan. Ojalá sea un comportamiento político real y no una pose para exportación diplomática, habida cuenta de que en el proscenio internacional y por las circunstancias geopolíticas actuales del rumbo hegemónico de la globalización neoliberal, a Costa Rica se le mira con ojos distintos que los que miran a Nicaragua.

Pensamos que el Presidente de Costa Rica, don Luis Guillermo Solís Rivera, debería impulsar un mejoramiento sustancial de las relaciones entre ambos pueblos, tratando de “independizarse” de la gritería anti-nica de las vocerías plutocrático-mediáticas que parecen haberse apoderado del sentido actual de la política exterior de nuestro país.

La sola consideración de los y las miles de nicaragüenses en nuestro país, con su aporte a la economía nacional, debería ser suficiente para este noble propósito, más allá de las circunstancias de la coyuntura de los hermanos y las hermanas cubanas varadas en nuestro país y que Nicaragua no dejó pasar.

No comprendimos la euforia de la hoy expresidenta costarricense Laura Chinchilla Miranda pues el fallo de La Haya la hace responsable política directa de que la construcción de La Trocha no hubiese tenido los debidos estudios previos de impacto ambiental, lo que Nicaragua expone como “su victoria”. Como ya es notorio, La Trocha es el escándalo de corrupción más vergonzoso y repudiable no solamente de su propio gobierno sino el de los últimos gobiernos.

El cuento ese de que las “hordas sandinistas” nos invadirían, ya que torpemente el gobierno nica había cometido la tropelía de la isla Calero y que, en tal sentido, “¡a troche y moche!” había que imponer la construcción de La Trocha, a muchos en este país no nos convenció. Ahora ha quedado en evidencia que los fondos públicos usados en tal “aventura soberanista” fueron a dar a otro lado, menos a esa carretera fronteriza. Nadie podrá negar que el gobierno liberacionista Chinchilla Miranda quedó manchado para siempre con el barro y los lodazales de La Trocha.