La reunión se desarrollo en la sede de la ANEP.
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Cambio climático y sindicatos
El próximo viernes 11 de diciembre terminará lo que será registrada como la cumbre planetaria más importante jamás celebrada en torno al delicadísimo tema del cambio climático o, lo que es lo mismo, la discusión sobre la sobrevivencia misma de la especie humana y, en general, de toda forma de vida en la Tierra.
Ciento noventa y cinco países, y al más alto nivel político de cada gobierno y Estado están sesionando en la capital de Francia, buscando un acuerdo profundo para la salvación del planeta, evitando que el calentamiento global por el efecto perverso de los gases efecto invernadero (GEI) aumente la temperatura de la Tierra que, si no se hace nada ya y en serio, podría subir en 2 grados centígrados o más.
De llegarse a tal extremo ni siquiera podemos imaginar sus consecuencias, aunque ya están determinadas como exterminantes para muchas personas, comunidades y la misma biodiversidad.
Los sindicatos costarricenses tenemos ya la obligación de incluir en nuestra agenda de lucha este asunto del cambio climático. Especialmente, estamos en un momento oportuno para ello, pues ahora se está puntualizando que se ha llegado ya a una situación tal que la relación entre el cambio climático y los Derechos Humanos se torna intrínsecamente concatenada.
En la medida en que el clima se degrade más, más vulnerable se volverá la vida y, dados los espantosos niveles de concentración de la riqueza en el mundo, serán los pueblos trabajadores los que más han de sufrir por el marcado deterioro de su propia convivencia social.
En tal sentido y en el caso de la corriente sindical que representamos, los lineamientos que nos brinda la Internacional de Servicios Públicos (ISP) sirven de punto de partida para que el Movimiento Sindical Costarricense abra su agenda de lucha en esto del cambio climático.
La ISP es una organización sindical global de los servicios públicos de la cual forma parte la agrupación laboral de base que nos ocupa: ANEP.
En su pronunciamiento “El cambio climático: COP21” (http://www.world-psi.org/es/el-cambio-climatico-cop21), con relación al evento actualmente en desarrollo en Francia, la ISP indica lo siguiente: “El marco político y económico necesario para resolver la crisis del clima requiere que nos centremos, entre otras cosas, en las infraestructuras públicas, en los servicios públicos y en poner los recursos adecuados a disposición de un proceso de Transición Justa para los trabajadores y las comunidades, que propicie la creación de nuevos empleos, proteja el planeta y aborde la injusticia social.
Los gobiernos tienen un papel fundamental que desempeñar en la resolución de la crisis climática, porque las empresas están demostrando que forman parte del problema y son incapaces de ofrecer las soluciones que el mundo necesita, ya el mercado no responde al interés general”.
Además, ISP agrega: “Las soluciones a los problemas climáticos precisan una transformación profunda del paradigma de desarrollo socioeconómico vigente, incluido un cambio industrial.
No nos referimos sólo a algunos cambios técnicos en la producción de la energía o en los sistemas de transportes. No se limita a adaptar los motores diésel para que contaminen menos o de la transición desde las energías fósiles a las renovables. Se precisa una redefinición del modelo predominante de producción y consumo.
Debemos devolver al Estado y a los servicios públicos su papel de apoyo a nuestras comunidades y propiciar que trabajadores y sindicatos puedan participar plenamente en todas las fases de este proceso”.
Todavía es más precisa la ISP: “Nuestros gobiernos deberían firmar en París un acuerdo sobre la reducción de las emisiones de carbono universal, ambicioso, vinculante, aplicable y que trascienda el 2020; que reconozca y diferencie con equidad la capacidad de compromiso de los países ricos y pobres, e incluya la supervisión y revisión efectivas de las medidas encaminadas a frenar el aumento de las temperaturas del planeta por encima de los 2 °C.
En esta combinación política serán básicos el sector público y las finanzas públicas, puesto que se precisarán fondos específicos para ayudar a los países en desarrollo y para apoyar las medidas de Transición Justa”.
Estos oportunos señalamientos de la ISP resultan vitales para comprender, como movimiento sindical, la tarea que le espera a la clase trabajadora organizada (en este caso, la costarricense), si decide incluir en su agenda de trabajo y de lucha el grave desafío del cambio climático.
Vamos a esperar los resultados finales de la COP21 sobre cambio climático. A la fecha de publicación de este artículo se tenían esperanzas un poco más sólidas de resultados positivos, pues habrían avanzado más las conciencias gubernamentales, empresariales, civiles y ciudadanas de que ya no hay más tiempo si de verdad se piensa en salvar a la propia especie humana y al planeta mismo.
Banco privado intenta adueñarse de miles de metros cúbicos de agua en Guanacaste
Un banco debe ser garantía de rectitud, para ganarse y mantener la confianza de las empresas y personas que deben usar sus servicios.
Los bancos tienen por función manejar dinero. Ya sea, recibir depósitos u otorgar préstamos. También transferencias, cobros de servicios, cambio de monedas y diversas formas del manejo de valores.
Los bancos estatales, tienen el respaldo del Estado. Los bancos privados viven de la buena imagen y confianza que generan en sus usuarios.
Nos llamó poderosamente la atención al enterarnos de la solicitud de concesión de agua para riego, por miles de metros cúbicos a tomarse del Río Colorado en Liberia, por parte del BANCO IMPROSA.
Esto se da en momentos que la ciudad de Liberia y pueblos cercanos sufren falta de líquido potable para su consumo básico y desarrollo. Y por eso presentamos una formal oposición, el día 11 de noviembre 2015. No entendemos porque un banco, cuyo papel es administrar dinero, se dedica a buscar agua para riego agrícola.
Más aún nos llama la atención, la publicación del 24 de noviembre de este año, aparecida en Diario Extra por parte de la Dirección de Aguas del MINAE.
Esta publicación hace referencia a una larga lista de expedientes que existen en esa Dirección de Aguas, referentes al estado de concesiones de aguas otorgadas a distintas personas y empresas.
En esa publicación oficial, por parte del ente administrador del agua en Costa Rica, se señalan a los MOROSOS, “Concesionarios de aprovechamiento de agua con atrasos en el pago del canon” (único pago por disfrutar esa agua).
En la quinta columna, aparece BANCO IMPROSA S.A. con expedientes VARIOS. Es decir, que esta empresa no sólo gestiona la solicitud a la que nos oponemos, sino que ya obtuvo hace tiempos otras concesiones.
Y lo peor e imperdonable, para un honesto administrador, es que está en MORA y no paga el monto del canon correspondiente a los derechos de uso del agua que se le han concedido.
Pero no termina ahí la cosa, con esta empresa financiera privada. En las páginas finales del informe mencionado de la Dirección de Aguas, hay otra lista.
Expedientes Vencidos. Se refiere a concesiones cuyo plazo de vigencia se venció y no han sido renovados y que por lo tanto ya no pueden manejar el agua que se les otorgó.
Ahí también aparece BANCO IMPROSA S.A.
Con eso, la imagen de empresa agil y eficiente que debe buscar un banco, queda por el suelo.
Esta entidad debería explicar al pueblo costarricense sobre sus actividades, alejadas del quehacer bancario.
Además, debería explicar a sus clientes o potenciales clientes, su ineficiencia en cumplir los pagos del canon a que se comprometió y al manejo apropiado de sus asuntos, y a cerrar los expedientes que se le vencen en forma ordenada.
Hacemos un respetuoso llamado de atención a la DIRECCION DE AGUAS – MINAE, donde se tramita nuestra oposición a la nueva concesión solicitada por BANCO IMPROSA, Para que tome muy en cuenta estos antecedentes (que desconocíamos al momento de presentar nuestro escrito), como motivo adicional para rechazar esa nueva concesión en el Rio Colorado, al BANCO IMPROSA S.A.
Otorgar un nuevo derecho a una empresa que incumple con sus obligaciones, dejaría severas dudas de la capacidad y honestidad de los funcionarios públicos que trabajan en la Dirección de Aguas del MINAE.
Sres. del COMEX: Debería darles vergüenza esto del abominable TISA
Con relación a la “reunión informativa” sobre las negociaciones del tratato TISA que el COMEX está convocando para el próximo miércoles 9 de diciembre, nuevamente debemos dejar constancia de la oposición rotunda del conjunto de organizaciones sociales que nos honramos en representar a que Costa Rica sea arrastrada a esta aventura privatizadora irracional y extremista de los servicios públicos, en la más amplia gama comprendida en el proceso del TISA: Trade In Services Agreement (TISA).
Estamos formando parte del movimiento mundial en contra del TISA y en el caso costarricense resulta condenable la posición del presente Gobierno y, particularmente del propio Sr. Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera de avalar que sigamos en este tipo de tratados comerciales neoliberales, excluyentes y contrarios al bien común, cuando en su campaña electoral estuvo indicando que nuestro país no se metería más en estas peligrosas experiencias de libre comercio contrarias a la justicia social y contrarias a la inclusión social.
Siempre hemos creído que la época del “anabelato” no ha terminado en el COMEX. Que el Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica es una “república independiente” y que la ideología de la señora Anabel González Campabadal con su fundamentalismo ideológico a favor de los TLC’s, es la que todavía orienta y determina cómo se mueve el COMEX: al margen de la sociedad y de la voluntad popular.
No solamente a nombre la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), sino a nombre también del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA condenamos la política del COMEX de someternos al TISA; condenamos su proceso de consultas cosméticas y falsas; condenamos estos espacios caricaturescos dizque de “consulta participativa” y, en esencia, repudiamos la prepotencia impositiva del proceso TISA para Costa Rica.
Debería darles vergüenza hablar en una “reunión informativa” de tal solamente una hora de duración de algo tan crucial, tan trascendental y manejado con tanto secretismo. ¡Es una barbaridad el involucramiento y la complicidad del COMEX al respecto!
Tenemos el sueño y tenemos la esperanza de que podamos en Costa Rica emular el digno y soberano ejemplo del pueblo de la hermana latinoamericana República Oriental del Uruguay que recientemente, mediando el ejercicio democrático del accionar de sus organizaciones sindicales y sociales, obligó a su Presidente, el señor Tabaré Vásquez, a sacar a dicho país de la nefasta y suicida experiencia TISA en materia de servicios públicos.
Habida cuenta de muchas similitudes en el desarrollo social y democrática que unen a Costa Rica y a Uruguay, estaría bien que el Presidente Solís se armara de suficiente valor y sometiera al COMEX a la voluntad del electorado que lo eligió y que creyó que ya no habría más TLC’s tan aboninables como el TISA.
Sabemos que en nuestro país ya se está avanzando en la comprensión de esta barbaridad del TISA y anhelamos ser parte de un conglomerado civil de amplio espectro que se enfrente al TISA para Costa Rica, vía las movilizaciones ciudadanas tan contundentes como cuando se hacen bajo el concepto de LA DEMOCRACIA DE LA CALLE y con una potente diversidad unitaria en la acción. ¡Hacia eso vamos!
Atención afiliados: El MSc. Andrés Jiménez Vega, informa
Apoyamos aprobación parlamentaria urgente de la Ley de Impuestos a las Sociedades Anónimas
Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), contando para ello con el aval político del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, que comprende dentro de su agenda estratégica el tema tributario-fiscal; formulamos con mucho respeto y con gran vehemencia una exhortación a todos los señores diputados y a todas las señoras diputadas de la Asamblea Legislativa para que aprueben, lo más rápidamente posible, la restauración de la necesaria y estratégica ley de impuesto a las sociedades anónimas.
Como sabemos, por razones procedimentales la Sala Cuarta había indicado que la aprobación original de esta ley tuvo problemas de constitucionalidad y, por tanto, la derogó, causando un grave problema de finanzas públicas en materia de Seguridad Ciudadana, dado que se suponía que los recursos frescos procedentes de tal legislación serían con ese fin.
Los desafíos del país en materia de Seguridad Ciudadana siguen creciendo incesantemente ante el avance de procesos como la exclusión y la desigualdad sociales, el crecimiento del desempleo y de la informalidad, la comisión de delitos comunes como vía para subsistencia y la rigurosidad de la ley de fragancia, la penetración del crimen organizado y del narcotráfico y el desbordamiento de las fronteras nacionales y sus correspondientes controles migratorios.
Además, la violencia en las carreteras y el deterioro de las zonas protegidas de nuestros parques nacionales, expresan carencias severas en recursos para estos ámbitos que también son parte de la Seguridad Ciudadana.
Particularmente, se debe destacar la grave situación de violencia y de contrariedad con los Derechos Humanos que se sufre en las cárceles del país, habida cuenta de la precariedad y del estado de crisis que atormenta al Sistema Penitenciario Nacional; situación ésta constatada por la propia Asamblea Legislativa con la reciente visita de varios diputados a La Reforma. Las cárceles son una bomba de tiempo con alto riesgo de muertes
Estas circunstancias que, de una forma u otra aumentan el riesgo de la vida, que pone en peligro la seguridad de los bienes y las propiedades de las personas y, en términos generales, la propia paz social del país; ameritan que el país se decida por darle a la política pública en materia de Seguridad Ciudadana, un potenciamiento integral que pasa, necesariamente, por mayor inversión en la misma y por más financiamiento para sus diversos componentes, tales como los diferentes cuerpos policiales: Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, Policía Profesional de Migración y Extranjería, Policía de Tránsito, Guardaparques.
En tal sentido aprobar con urgencia tal legislación es una decisión estratégica a favor de la vida y de la paz social; a favor de aliviar el alto estrés de todos los servidores públicos y de todas las servidoras públicas que tienen que ver con la Seguridad Ciudadana; y, particularmente, como integrantes de los mencionados cuerpos policiales.
Desafíos del cambio climático
Lo que está en juego en la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés) –que comenzó en París, en su edición 21, el 30 de noviembre 2015 y que durará hasta el 11 de diciembre–, es intentar lograr por vez primera un acuerdo universal y obligatorio que permita combatir eficazmente la crisis del clima e impulsar la transición hacia sociedades no dependientes del petróleo. Un acuerdo global hacia una transición con equidad.
Pero veinte años de fracasos sucesivos en las cumbres climáticas no dejan lugar al optimismo. A pesar de que ya casi nadie niega que la temperatura del planeta ha aumentado y que ello se debe a la actividad industrial humana. Incluso el Papa Francisco, en su reciente Encíclica Laudato Si’, reconoce que “hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático”. Y “numerosos estudios científicos señalan que la mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran concentración de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos sobre todo a causa de la actividad humana”.
El mundo se modifica sin cesar pero nuestro conocimiento no siempre está al día de tantas transformaciones. A pesar de la multiplicidad de las fuentes de información, estamos viviendo en un planeta en buena medida desconocido. No en el sentido en que lo entendían los exploradores de antaño, sino porque no siempre percibimos las relaciones y las interacciones entre fenómenos pertenecientes a distintos ámbitos: por ejemplo, entre la economía y la ecología, entre el medio ambiente y los movimientos sociales o entre nuestro modo de consumir y el cambio climático. Por eso es necesario actualizar periódicamente nuestra visión del planeta. Tal es uno de los objetivos de la COP21.
En pocos años todo ha cambiado. Fin de la era industrial. Informatización generalizada y mundialización de Internet. Conflictos étnicos y religiosos. Terrorismo yihadista planetarizado. Migraciones masivas. Nuevas pandemias. Efecto avasallador de la globalización liberal. Crisis financiera global. Y toma de conciencia colectiva de los peligros del cambio climático.
Tenemos ahora el sentimiento de hallarnos ante un mundo más amenazante. Muchas de nuestras referencias anteriores se han quedado obsoletas. Se han derrumbado nociones políticas y sociológicas que habían estado vigentes durante dos siglos. Las herramientas conceptuales que empleamos durante tanto tiempo para comprender y para explicar la evolución de las cosas, se han vuelto de pronto inadecuadas, desprovistas de eficacia para evaluar los cambios actuales.
La cuestión ecológica, durante tanto tiempo negada o minimizada, ocupa ahora el centro de las preocupaciones de muchos ciudadanos. Es el resultado del extenso e incansable trabajo de alerta de organizaciones ecologistas basado en informes científicos. En especial, la decidida acción de los fundadores de la ecología moderna, agrupados en el Club de Roma, quienes –ya en 1970– publicaron un resonante informe inaugural que despertó las conciencias del planeta.
Después apareció el decisivo “Informe Brundtland”, que publicó en 1987 la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo con el título de Nuestro futuro común. Ese informe introdujo la noción de “desarrollo sostenible”, que habría de popularizarse tanto. Luego, con la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992, se aceleró la toma de conciencia colectiva. En aquella ocasión se supo que la población mundial crece a un ritmo sin precedentes: somos 7.500 millones, cifra que sólo se estabilizará, hacia 2050, en alrededor de 10.000 millones. Ahora bien, tal y como la COP21 lo mostrará, si todo ser humano mantuviera el nivel de consumo de los terrícolas más ricos, el planeta apenas podría satisfacer las necesidades de unos 600 millones de individuos, dado que los recursos no son inagotables.
En medio de una confusión entre crecimiento y desarrollo prosigue la destrucción sistemática de la naturaleza, tanto en el Norte como en el Sur. Se suceden los saqueos de todo tipo infligidos a los suelos, al agua y a la atmósfera. Derroche energético, urbanización galopante, deforestación tropical, contaminación de los acuíferos, de los mares y de los ríos, reducción de la capa de ozono, lluvias ácidas… Todo ello, que los dirigentes mundiales detallarán en esta COP21, pone en peligro el futuro de la humanidad.
Estos datos parecen haber provocado un saludable impacto colectivo en los últimos años. Nadie ignora ya que la acumulación de gases de efecto invernadero podría provocar un aumento de 2 ºC a 4 ºC en la temperatura media del planeta y una elevación de entre 20 y 150 centímetros del nivel de los océanos. El dióxido de carbono (CO2), principal gas causante del efecto invernadero, es responsable en un 65% del calentamiento global. Y, con el nuevo y masivo aporte de Estados-gigantes como China o la India, el CO2 se incrementa en unos 8.000 millones de toneladas cada año…
Tanto la amplitud como la duración futura de los aumentos de temperatura dependerán de la cantidad de gases de efecto invernadero que sigamos emitiendo, ya que las perturbaciones climáticas son más pronunciadas a medida que la temperatura se eleva. Y esto va acompañado de una creciente frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos (temporales, diluvios, ciclones, canículas, sequías, desertificación), así como de una progresiva alteración climática que se extiende por todo el planeta. Si no se frenan las emisiones de gases de efecto invernadero, los desastres podrían alcanzar una gravedad excepcional.
Las Conferencias internacionales sobre el Clima en Berlín, Bali, Poznan, Copenhague, Río de Janeiro y Cochabamba subrayaron la idea de que el mercado no está capacitado para dar respuestas a los riesgos globales que pesan sobre el medio ambiente. De ahora en adelante, el imperativo es proteger la biodiversidad, la variedad de la vida, mediante el desarrollo sostenible. Los países ricos –y en especial Estados Unidos, responsable de la mitad del gas carbónico emitido por los países industriales–, están obligados a respetar los compromisos suscritos en la primera Cumbre de la Tierra de Río, en 1992. Si bien la Unión Europea se pronunció a favor de una reducción de los gases de efecto invernadero, el Gobierno estadounidense (de George W. Bush) le dio largas al asunto y se negó a ratificar el Protocolo de Kioto –vigente desde febrero de 2005–, que obligó a los países industrializados a reducir en un 5,2% las emisiones de CO2 hasta 2012, tomando como base los registros de 1990. El presidente Barack Obama se comprometió a hacer de la cuestión ecológica una de las principales líneas de acción de su Gobierno.
El vuelco de la opinión pública, espantada por la multiplicación de catástrofes naturales, está impulsando a todos los Gobiernos, incluso a los más reticentes, a apostar ahora por soluciones energéticas alternativas. Más aún cuando, en la actualidad, el agotamiento de los hidrocarburos parece inevitable y las naciones ricas, por razones políticas y no ecológicas, querrían reducir su dependencia energética con respecto a los grandes países petroleros.
Por lo tanto, el contexto favorece un cambio de modelo energético que los industriales del Norte parecen haber percibido y que, con la perspectiva de formidables beneficios, promete poner en marcha un nuevo ciclo económico: la economía verde. ¿Saldrá ganando el medio ambiente? No es seguro, dado que ya se anuncia la construcción de cientos de nuevas centrales nucleares, que, si bien producen poco CO2, conllevan otros peligros no menos letales.
También la opción por los agrocombustibles, bien acogida al principio, empieza a revelar efectos perversos. En principio, podrían permitir mantener e incluso intensificar, con la conciencia tranquila, el nefasto modelo de “todo automóvil” o “todo camión”, con el pretexto de que los vehículos contaminarán menos. Además, provocarán una especulación desenfrenada con productos alimentarios básicos, como el azúcar o el maíz, utilizados para producir etanol. Tal y como lo demostrarán los diversos conferenciantes de la COP21, cambiar de modelo energético sin modificar el modelo económico significa correr el riesgo de que sólo se desplacen los problemas ecológicos.
Pero ahora la opinión pública está atenta. Y desea disponer de información fiable en todos los terrenos (económico, social, político, cultural, ideológico, militar, ambiental, etc.) para entender mejor la realidad –en muchos casos poco visible– de los cambios mundiales en curso.
El reto de la COP21 es eliminar los obstáculos que han impedido elaborar un acuerdo que logre el consenso general y que evite un fracaso como el de la COP de Copenhague, en 2009, donde no se alcanzó un compromiso y que dejó un mal recuerdo y mucha frustración.
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Sálvese del TISA
Comité Cantonal de Deportes de San José es tierra de nadie
En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) consideramos grave la situación que se presenta en el Comité Cantonal de Deportes de San José, ya que el presidente de la Junta Directiva y asesor de la Fracción del PAC en el Concejo Municipal, Fabián Rojas Fuertes, ha entorpecido y retrasado a lo largo de su gestión al frente de la presidencia del Comité, la negociación de la primera Convención Colectiva de Trabajo entre dicho Comité y la ANEP, la cual ya lleva casi tres años de gestionarse.
Así lo manifestó German Hernández, Promotor de la ANEP, quien explicó que luego de que finalmente se sentaran las partes para negociar la Convención Colectiva, el presidente del Comité, Fabián Rojas Fuertes, “sencillamente se oculta”,
“Fabián Rojas desaparece y no quiere firmar la Convención Colectiva, se burla así de los derechos constitucionales y humanos de los trabajadores y trabajadoras del Comité, de los miembros de la comisión negociadora; impidiendo que se realice el trámite de homologación ante el Ministerio de Trabajo donde finalmente, y apegado a la legalidad y la racionalidad será por fin que los trabajadores y trabajadoras del Comité gocen al fin de un instrumento tan indispensable”.
Hernández indicó que la gestión del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José “es tierra de nadie”, ya que los recursos públicos girados a este órgano son mal administrados.
“Como bienes de difunto se administran recursos públicos, por ejemplo no se da curso a las denuncias en contra de los funcionarios por sus actuaciones anómalas, sin estudios técnicos ni aprobación de ningún ente contralor pretendieron privatizar los gimnasios, las jefaturas se recetan jugosos pluses salariales sin contratos ni reglamentos que los respalden, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras son contratados disque por jornales, nombrados a dedo; esto violando sus derechos, la carrera administrativa y los procedimientos de contratación que estable el Código Municipal. La lista sigue y es bochornosamente larga…” asegura el promotor de la ANEP.
La Convención Colectiva de Trabajo negociada entre ANEP y el Comité de Deportes y Recreación de San José pretende corregir al menos los abusos, omisiones y anomalías en la contratación de los funcionarios, garantizarles el debido proceso y la carrera administrativa como lo establece la ley, pretende aumentar la cesantía de los funcionarios a catorce años, estudios previos revelan que no existe impacto financiero, igualmente la jurisprudencia de la Sala Segunda lo permite, mientras que en la Municipalidad de San José, la cesantía es de veinte años. Igualmente con la Convención Colectiva se espera llevar adelante la homologación salarial entre los funcionarios del Comité y la Municipalidad de San José, las diferencias salariales entre trabajadores de una y otra institución en tareas similares es enorme y lamentable.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados estará llevando a cabo una consulta con sus bases para tomar acciones en favor de la aprobación de la Convención Colectiva de Trabajo y para que el presidente de la Junta Directiva del Comité honre con su firma lo negociado.
