Desafíos del cambio climático

Lo que está en juego en la Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés) –que comenzó en París, en su edición 21, el 30 de noviembre 2015 y que durará hasta el 11 de diciembre–, es intentar lograr por vez primera un acuerdo universal y obligatorio que permita combatir eficazmente la crisis del clima e impulsar la transición hacia sociedades no dependientes del petróleo. Un acuerdo global hacia una transición con equidad.

Pero veinte años de fracasos sucesivos en las cumbres climáticas no dejan lugar al optimismo. A pesar de que ya casi nadie niega que la temperatura del planeta ha aumentado y que ello se debe a la actividad industrial humana. Incluso el Papa Francisco, en su reciente Encíclica Laudato Si’, reconoce que “hay un consenso científico muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del sistema climático”. Y “numerosos estudios científicos señalan que la mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran concentración de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos sobre todo a causa de la actividad humana”.

El mundo se modifica sin cesar pero nuestro conocimiento no siempre está al día de tantas transformaciones. A pesar de la multiplicidad de las fuentes de información, estamos viviendo en un planeta en buena medida desconocido. No en el sentido en que lo entendían los exploradores de antaño, sino porque no siempre percibimos las relaciones y las interacciones entre fenómenos pertenecientes a distintos ámbitos: por ejemplo, entre la economía y la ecología, entre el medio ambiente y los movimientos sociales o entre nuestro modo de consumir y el cambio climático. Por eso es necesario actualizar periódicamente nuestra visión del planeta. Tal es uno de los objetivos de la COP21.

En pocos años todo ha cambiado. Fin de la era industrial. Informatización generalizada y mundialización de Internet. Conflictos étnicos y religiosos. Terrorismo yihadista planetarizado. Migraciones masivas. Nuevas pandemias. Efecto avasallador de la globalización liberal. Crisis financiera global. Y toma de conciencia colectiva de los peligros del cambio climático.

Tenemos ahora el sentimiento de hallarnos ante un mundo más amenazante. Muchas de nuestras referencias anteriores se han quedado obsoletas. Se han derrumbado nociones políticas y sociológicas que habían estado vigentes durante dos siglos. Las herramientas conceptuales que empleamos durante tanto tiempo para comprender y para explicar la evolución de las cosas, se han vuelto de pronto inadecuadas, desprovistas de eficacia para evaluar los cambios actuales.

La cuestión ecológica, durante tanto tiempo negada o minimizada, ocupa ahora el centro de las preocupaciones de muchos ciudadanos. Es el resultado del extenso e incansable trabajo de alerta de organizaciones ecologistas basado en informes científicos. En especial, la decidida acción de los fundadores de la ecología moderna, agrupados en el Club de Roma, quienes –ya en 1970– publicaron un resonante informe inaugural que despertó las conciencias del planeta.

Después apareció el decisivo “Informe Brundtland”, que publicó en 1987 la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo con el título de Nuestro futuro común. Ese informe introdujo la noción de “desarrollo sostenible”, que habría de popularizarse tanto. Luego, con la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992, se aceleró la toma de conciencia colectiva. En aquella ocasión se supo que la población mundial crece a un ritmo sin precedentes: somos 7.500 millones, cifra que sólo se estabilizará, hacia 2050, en alrededor de 10.000 millones. Ahora bien, tal y como la COP21 lo mostrará, si todo ser humano mantuviera el nivel de consumo de los terrícolas más ricos, el planeta apenas podría satisfacer las necesidades de unos 600 millones de individuos, dado que los recursos no son inagotables.

En medio de una confusión entre crecimiento y desarrollo prosigue la destrucción sistemática de la naturaleza, tanto en el Norte como en el Sur. Se suceden los saqueos de todo tipo infligidos a los suelos, al agua y a la atmósfera. Derroche energético, urbanización galopante, deforestación tropical, contaminación de los acuíferos, de los mares y de los ríos, reducción de la capa de ozono, lluvias ácidas… Todo ello, que los dirigentes mundiales detallarán en esta COP21, pone en peligro el futuro de la humanidad.

Estos datos parecen haber provocado un saludable impacto colectivo en los últimos años. Nadie ignora ya que la acumulación de gases de efecto invernadero podría provocar un aumento de 2 ºC a 4 ºC en la temperatura media del planeta y una elevación de entre 20 y 150 centímetros del nivel de los océanos. El dióxido de carbono (CO2), principal gas causante del efecto invernadero, es responsable en un 65% del calentamiento global. Y, con el nuevo y masivo aporte de Estados-gigantes como China o la India, el CO2 se incrementa en unos 8.000 millones de toneladas cada año…

Tanto la amplitud como la duración futura de los aumentos de temperatura dependerán de la cantidad de gases de efecto invernadero que sigamos emitiendo, ya que las perturbaciones climáticas son más pronunciadas a medida que la temperatura se eleva. Y esto va acompañado de una creciente frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos (temporales, diluvios, ciclones, canículas, sequías, desertificación), así como de una progresiva alteración climática que se extiende por todo el planeta. Si no se frenan las emisiones de gases de efecto invernadero, los desastres podrían alcanzar una gravedad excepcional.

Las Conferencias internacionales sobre el Clima en Berlín, Bali, Poznan, Copenhague, Río de Janeiro y Cochabamba subrayaron la idea de que el mercado no está capacitado para dar respuestas a los riesgos globales que pesan sobre el medio ambiente. De ahora en adelante, el imperativo es proteger la biodiversidad, la variedad de la vida, mediante el desarrollo sostenible. Los países ricos –y en especial Estados Unidos, responsable de la mitad del gas carbónico emitido por los países industriales–, están obligados a respetar los compromisos suscritos en la primera Cumbre de la Tierra de Río, en 1992. Si bien la Unión Europea se pronunció a favor de una reducción de los gases de efecto invernadero, el Gobierno estadounidense (de George W. Bush) le dio largas al asunto y se negó a ratificar el Protocolo de Kioto –vigente desde febrero de 2005–, que obligó a los países industrializados a reducir en un 5,2% las emisiones de CO2 hasta 2012, tomando como base los registros de 1990. El presidente Barack Obama se comprometió a hacer de la cuestión ecológica una de las principales líneas de acción de su Gobierno.

El vuelco de la opinión pública, espantada por la multiplicación de catástrofes naturales, está impulsando a todos los Gobiernos, incluso a los más reticentes, a apostar ahora por soluciones energéticas alternativas. Más aún cuando, en la actualidad, el agotamiento de los hidrocarburos parece inevitable y las naciones ricas, por razones políticas y no ecológicas, querrían reducir su dependencia energética con respecto a los grandes países petroleros.

Por lo tanto, el contexto favorece un cambio de modelo energético que los industriales del Norte parecen haber percibido y que, con la perspectiva de formidables beneficios, promete poner en marcha un nuevo ciclo económico: la economía verde. ¿Saldrá ganando el medio ambiente? No es seguro, dado que ya se anuncia la construcción de cientos de nuevas centrales nucleares, que, si bien producen poco CO2, conllevan otros peligros no menos letales.

También la opción por los agrocombustibles, bien acogida al principio, empieza a revelar efectos perversos. En principio, podrían permitir mantener e incluso intensificar, con la conciencia tranquila, el nefasto modelo de “todo automóvil” o “todo camión”, con el pretexto de que los vehículos contaminarán menos. Además, provocarán una especulación desenfrenada con productos alimentarios básicos, como el azúcar o el maíz, utilizados para producir etanol. Tal y como lo demostrarán los diversos conferenciantes de la COP21, cambiar de modelo energético sin modificar el modelo económico significa correr el riesgo de que sólo se desplacen los problemas ecológicos.

Pero ahora la opinión pública está atenta. Y desea disponer de información fiable en todos los terrenos (económico, social, político, cultural, ideológico, militar, ambiental, etc.) para entender mejor la realidad –en muchos casos poco visible– de los cambios mundiales en curso.

El reto de la COP21 es eliminar los obstáculos que han impedido elaborar un acuerdo que logre el consenso general y que evite un fracaso como el de la COP de Copenhague, en 2009, donde no se alcanzó un compromiso y que dejó un mal recuerdo y mucha frustración.

Trabajadores del San Juan de Dios solicitan a la CCSS construcción de Torre Médica

La solicitud de los y las trabajadores busca que las personas aseguradas que diariamente requieren de los servicios del Hospital reciban la mejor atención, ya que la infraestructura actual no cuenta con las condiciones adecuadas, siendo los asegurados los más perjudicados.

Comité Cantonal de Deportes de San José es tierra de nadie

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) consideramos grave la situación que se presenta en el Comité Cantonal de Deportes de San José, ya que el presidente de la Junta Directiva y asesor de la Fracción del PAC en el Concejo Municipal, Fabián Rojas Fuertes, ha entorpecido y retrasado a lo largo de su gestión al frente de la presidencia del Comité, la negociación de la primera Convención Colectiva de Trabajo entre dicho Comité y la ANEP, la cual ya lleva casi tres años de gestionarse.

Así lo manifestó German Hernández, Promotor de la ANEP, quien explicó que luego de que finalmente se sentaran las partes para negociar la Convención Colectiva, el presidente del Comité, Fabián Rojas Fuertes, “sencillamente se oculta”,

“Fabián Rojas desaparece y no quiere firmar la Convención Colectiva, se burla así de los derechos constitucionales y humanos de los trabajadores y trabajadoras del Comité, de los miembros de la comisión negociadora; impidiendo que se realice el trámite de homologación ante el Ministerio de Trabajo donde finalmente, y apegado a la legalidad y la racionalidad será por fin que los trabajadores y trabajadoras del Comité gocen al fin de un instrumento tan indispensable”.

Hernández indicó que la gestión del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José “es tierra de nadie”, ya que los recursos públicos girados a este órgano son mal administrados.

“Como bienes de difunto se administran recursos públicos, por ejemplo no se da curso a las denuncias en contra de los funcionarios por sus actuaciones anómalas, sin estudios técnicos ni aprobación de ningún ente contralor pretendieron privatizar los gimnasios, las jefaturas se recetan jugosos pluses salariales sin contratos ni reglamentos que los respalden, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras son contratados disque por jornales, nombrados a dedo; esto violando sus derechos, la carrera administrativa y los procedimientos de contratación que estable el Código Municipal. La lista sigue y es bochornosamente larga…” asegura el promotor de la ANEP.

La Convención Colectiva de Trabajo negociada entre ANEP y el Comité de Deportes y Recreación de San José pretende corregir al menos los abusos, omisiones y anomalías en la contratación de los funcionarios, garantizarles el debido proceso y la carrera administrativa como lo establece la ley, pretende aumentar la cesantía de los funcionarios a catorce años, estudios previos revelan que no existe impacto financiero, igualmente la jurisprudencia de la Sala Segunda lo permite, mientras que en la Municipalidad de San José, la cesantía es de veinte años. Igualmente con la Convención Colectiva se espera llevar adelante la homologación salarial entre los funcionarios del Comité y la Municipalidad de San José, las diferencias salariales entre trabajadores de una y otra institución en tareas similares es enorme y lamentable.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados estará llevando a cabo una consulta con sus bases para tomar acciones en favor de la aprobación de la Convención Colectiva de Trabajo y para que el presidente de la Junta Directiva del Comité honre con su firma lo negociado.

Acuerdo pone fin al paro de labores en AyA de Puriscal

Luego de dos días de paro de labores, trabajadores operativos de Acueductos y Alcantarillados (AyA) de Puriscal junto a la Seccional ANEP-AyA llegaron a un acuerdo con las máximas autoridades gerenciales de dicha institución que permitió levantar la huelga que inicio el pasado lunes 30 de noviembre.

Así lo confirmó Edwin Marín Bonilla, Presidente de la Seccional ANEP-AyA, quien indicó que pasadas las 9:00 de la noche de ayer martes 1 de diciembre lograron firmar un acuerdo con la Presidenta Ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga y el Gerente General de la institución, José Alberto Mora; por lo que este miércoles los más de 30 trabajadores que se encontraban en paro de labores retornaron a sus trabajos.

“Logramos un punto de equilibrio satisfactorio para las partes; trabajadores, institución e incluso vecinos de Puriscal; ya que se acordó la construcción de un nuevo plantel con una inversión de 30 millones de colones, esto luego de las denuncias que nuestra seccional ha venido presentado por las condiciones insalubres en las que se mantienen laborando los compañeros operativos del AyA, quienes están hacinados en una bodega”, dijo Marín Bonilla.

Otro de los acuerdos alcanzados entre las partes, es en el tema de faltante de herramientas, ya que no permitía a los trabajadores desempeñar sus labores al 100%, lo que impactaba directamente a la comunidad de Puriscal, incluso uno de los trabajadores debió adquirir una pala con su propio dinero para poder trabajar.

“En este tema del faltante de herramientas se acordó que la administración se compromete a levantar a partir de este 2 de diciembre un inventario de las necesidades de herramientas de cada trabajador de campo del AyA de Puriscal, a fin de realizar las entregas o sustituciones correspondientes. Este inventario deberá estar listo para el 8 de diciembre. Adicional la administración gestionará mantener un stock de herramientas en la bodega de Puriscal”, detalló el presidente de la seccional ANEP-AyA.

Cabe destacar el apoyo que la población de Puriscal brindó a los trabajadores operativos del AyA en este paro de labores, ya que se percataron que dicho movimiento buscaba el bienestar de la comunidad en aras de mejorar la calidad del servicio que ofrece AyA en la zona.

“Haciendo honor a nuestra propuesta de sindicalismo ciudadano informamos a la población de Puriscal sobre la situación y la afectación que como comunidad están sufriendo por el faltante de herramientas por lo que vecinos aplaudieron y apoyaron el movimiento con caravana y pitos”, destacó Marín.

Acuerdo AyA Puriscal

Sobre la visita de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa a La Reforma

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y sus seccionales en el Ministerio de Justicia y Paz-Dirección General de Adaptación Social y Prevención del Delito: ANEP-Policía Penitenciaria (ANEP-PP) y ANEP-Sistema Penitenciario Nacional (ANEP-SPN), de manera cordial y respetuosa les saludamos. En los mismos términos, nos dirigimos a ustedes con ocasión de lo siguiente:

Tenemos conocimiento de vuestra visita en próximas horas al Centro de Atención Institucional La Reforma, en coordinación con la Ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez Romero. Creemos que su presencia en ese centro penal será de mucha relevancia para determinar aspectos que guardan relación con la crisis del Sistema Penitenciario Nacional y el serio problema de hacinamiento carcelario.

Por esta razón nos complace comunicarles que la ANEP ha venido planteando la urgente necesidad de unir esfuerzos con los diferentes actores de la sociedad para lograr encontrar una salida a los problemas carcelarios. Que es necesario un trabajo en conjunto con diferentes ministerios e instituciones del Estado para hacerle frente a esta crisis, que nos afecta a todos los costarricenses; y que desde la administración gubernativa anterior venimos planteando la tesis de la Crisis del Sistema Penitenciario Nacional.

Aspecto Económico

Los recortes al presupuesto del Sistema Penitenciario Nacional, desde nuestro punto de vista, estimulan el crecimiento de tal crisis, favorecen el desarrollo de la criminalidad y nos relega como país a una posición poco garante de los Derechos Humanos fundamentales.

Desarrollar las acciones administrativas, de custodia y de atención profesional de las personas privadas de libertad, en la lógica del respeto a los Derechos Humanos para el fortalecimiento de las potencialidades y el ofrecimiento de oportunidades, depende absolutamente del presupuesto que para ello se apruebe.

De manera que la realidad carcelaria de nuestro país requiere de una atención inmediata y de una inversión fresca para revertir las consecuencias de lo que ha sido un sistema inadaptado e ineficaz.

De la pena privativa de libertad

Consideramos prudente buscar un equilibrio en el que se pueda defender la inherente dignidad de todas las personas. Es necesario pensar en alternativas penales que sean diferentes a las que tradicionalmente se han aplicado y que no son extrañas a nuestro ordenamiento jurídico.

Respecto de la pena privativa de libertad consideramos que ésta no ha conseguido los fines de reinserción propuestos, no se ha logrado con ella una adecuada prevención especial ni general; es decir, se están llevando más personas a la cárcel y la criminalidad sigue en aumento. De manera que, como sociedad, estamos en una encrucijada que demanda la búsqueda de nuevas alternativas y el trabajo en conjunto de diferentes actores de la sociedad.

De la construcción de nuevos espacios carcelarios

La construcción de más y mejores espacios carcelarios nos lleva a pensar en una alternativa inmediata, pero esta opción no soluciona el problema de hacinamiento. Por el contrario, si no se hace acompañar de una buena política social, si no se modernizan las bases legales y si no se legisla al respecto, seguiríamos llenando esos espacios tan solo como cuestión de orden cuantitativa. Si bien es cierto es una posibilidad responsable, reiteramos que no es eficaz, necesariamente.

El hacinamiento carcelario es un problema serio que afecta negativamente a las personas privadas de libertad y a sus familias, al cuerpo de seguridad, al equipo técnico y profesional, y al grupo social al que pertenecen. Por eso, se debe pensar en alternativas que sean compatibles con el tipo y gravedad del delito, con la personalidad y los antecedentes del delincuente, sin que esto signifique olvidar la protección de la sociedad.

Importancia de una observación integral

De acuerdo con el carácter universal de los Derechos Humanos y el grandioso Principio de Igualdad, toda decisión que se tome respecto del tema carcelario, debería considerar la necesidad de rehabilitar al delincuente, darle protección a la sociedad, considerar las condiciones en las que trabaja el personal técnico y de seguridad, así como defender también los intereses de las víctimas.

Por tal motivo creemos incorrecto pensar en acciones afirmativas que busquen reconocerles más derecho a las personas privadas de libertad, que a los demás miembros de los grupos sociales que por una u otra razón tienen relación con su situación.

Honorables señores diputados y señoras diputadas: Luego de darles a conocer parte de nuestros planteamientos respecto de la crisis carcelaria y la urgente necesidad de un abordaje integral, queremos solicitarles:

PRIMERO: Se aproveche la visita para determinar las condiciones en las que ofrecen sus servicios los compañeros y las compañeras integrantes de la Policía Penitenciaria de Costa Rica.

SEGUNDO: Se visite los dormitorios de estos servidores públicos y constaten el serio problema de hacinamiento y las pésimas condiciones de infraestructura en las que le corresponde brindar su servicio.

TERCERO: Se verifique el reducido número de personas técnicas y profesionales que les dan seguimiento y que hacen las valoraciones respectivas de las personas privadas de libertad. Hablamos de personal en especialidades como Psicología, Trabajo Social, Orientación, Derecho, Educación, Medicina. Con ello lograrán determinar si el recargo de funciones les permite seriamente a estos equipos técnico-profesionales preparar a estas personas privados de libertad para que se les conceda una medida diferente, en un proceso serio y responsable de fomento de su reinserción social.

CUARTO: Indagar sobre las condiciones en las cuales se realiza el trabajo de atención a la población privada de libertad y las serias limitaciones para lograr un trabajo con excelencia.

QUINTO: Se observe las áreas de cocina y las realidades del trabajo en ese lugar, donde se evidenciará la falta de recursos, tanto humana como presupuestariamente hablando, con el que naturalmente no se puede ofrecer un trato suficientemente digno

Respetables señores legisladores y señoras legisladoras: por una cuestión de equidad e igualdad, consideramos que si bien es correcto defender los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, hace tiempo que nuestra sociedad, su sistema político y gubernativo tiene en el olvido los Derechos Humanos de las personas servidoras públicas asalariadas a cargo del Sistema Penitenciario Nacional: la Policía Penitenciaria y los sectores laborales de carácter profesional, técnico, administrativo y operativo.

No es correcto defender exclusivamente los derechos humanos de las personas privadas de libertad y descuidar a quienes trabajan en las cárceles por la seguridad de este país.

ANEP-CONICIT se opone a proyecto de ley que daría retroceso en fomentar Ciencia y Tecnología

Oponerse al proyecto de ley en todo sus extremos.

Por los siguiente:
1. El proyecto actual es distinto al presentado inicialmente a consulta pública, lo que automáticamente lo desacredita.

2. Es un retroceso en la visión de fomentar la Ciencia y la Tecnología para mejorar la calidad de vida en Costa Rica, pues se enfoca en trasladar fondos históricamente destinados a la ciencia hacia el “fomento productivo”, tarea redundante con la banca estatal, y deja de lado completamente el fomento a la creación de conocimiento.

3. Se crea un ente con fondos públicos para beneficio exclusivo del sector privado, co administrado por la UCAEEP.

4. Sigue el modelo perverso de contratación bajo esquema de salario único.

5. Pone en evidente riesgo la estabilidad laboral de los funcionarios del CONICIT.

La Junta Directiva, a partir de este acuerdo, utilizará todos los medios para garantizar la protección de los derechos laborales de todos los afiliados a nuestro sindicato ANEP-CONICIT, así como el uso correcto de los fondos públicos para un fomento de la Ciencia y Tecnología orientado a la creación de conocimiento para mejorar la calidad de vida de los costarricenses y no en ampliar la brecha social mediante agencias hechas a la medida para la clase empresarial.

El dilema fiscal

Es sumamente necesario que los sectores laborales organizados de la clase trabajadora, especialmente los de naturaleza sindical, tengamos la inteligencia suficiente para abordar el problema fiscal del país con sentido responsable, aunque sin perder la perspectiva de clase que nos obliga a un posicionamiento crítico de cara al mismo.

A esta altura de la discusión que se ha venido dando sobre el tema parece ser que la suerte está echada, en el entendido de que se nos dice desde afuera algo así como “o lo arreglan ustedes mismos, o lo arreglamos nosotros”.

El “nosotros” está marcado por un poderoso conglomerado de las más notables entidades multilaterales de crédito que actúan al unísono y con base en la hegemonía del capital financiero-bancario, que es el que está determinando la naturaleza y las características fundamentales del rumbo actual de la globalización neoliberal.

Se nos indica que en el caso costarricense ese “nosotros” son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Los tres siguen estrechando el cerco contra el país por su renuencia a atender el problema fiscal con la seriedad de su gravedad.

Adicionalmente, la máxima gendarmería política de ese capital bancario-financiero, las calificadoras de riesgo, están, cual hienas al acecho, listas para ponernos mala nota como país y decretar, urbi et orbe, que somos un país mala paga, “amarra perros”; que nadie nos preste más plata; que si alguien se atreve a prestarnos cobre altísimos intereses y endurezca las condiciones de esos empréstitos; y que si se atreven a invertir en suelo nacional, háganlo por su cuenta y riesgo.

Con mucho cuidado y gran respeto analizamos con detenimiento lo que al respecto nos ha comentado el distinguido ciudadano economista Miguel Gutiérrez Saxe; marcando él la fecha del mes de junio del año entrante 2016, como el parte-aguas del “o lo arreglan ustedes, o lo arreglamos nosotros”.

Cuando estas circunstancias fiscales llegan al punto del dilema, son las mayorías trabajadoras, las de carácter asalariado, las que más sufren. Por tanto, desde todas esas entidades sociales en que esas mayorías acostumbran organizarse, debe salir algún tipo de estrategia integral para insertarse en la búsqueda de las soluciones.

En el caso tico hemos llegado a un punto en que el sistema político, clásica y rutinariamente entendido, no alcanza para buscar las soluciones al problema fiscal nacional llegado al punto del dilema.

Como muchos estudios lo señalan, gran parte del sistema político costarricense está carcomido por la pérdida de confianza y de credibilidad ciudadana en él.

Entre otros factores, ello se debe a la intrusión en su interior de los poderes fácticos, los reales, los de verdad, que no buscan ni la promoción del bien común ni la inclusión social. La solución al dilema fiscal en este escenario no augura nada bueno para las mayorías.

También es real que las “afueras” del sistema político costarricense presenta graves problemas de articulación, de concatenación estratégica, de credibilidad, de subjetividades contrapropuestas que le dan prioridad a la divergencia sobre la convergencia.

Intra y extramuros del sistema político parece que no las tenemos todas consigo en esto del dilema fiscal, por tanto, podría ser más que urgente alguna iniciativa de construcción para las próximas semanas.

Finalmente, a la hora de establecer las responsabilidades, al momento de definir los aportes de la solución y, en fin, a la hora de socarse la faja, notaremos cómo ya no es posible que grandes sectores de la población se la aprieten más; y, precisamente es aquí donde radica el desafío de determinar que el ajuste jamás podría ser igual en todas las direcciones.

Lo que no hemos olvidado de la historia

La célebre frase de Nicolás Avellaneda, “Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla”, se ha inmortalizado; y, actualmente, en Costa Rica es una muletilla generalizada en el discurso de quienes atacan directamente a los sindicatos y más específicamente, al Sector Público.

Los ticos no tenemos mala memoria. Como personas cultas comprendemos la importancia de un equilibrio entre el sector público y el sector privado, trabajamos conjuntamente por el engrandecimiento de la nación con honradez y entrega.

Si las condiciones y la definición de trabajo decente se ven alterados, la responsabilidad no es de la clase trabajadora, ni de sus sindicatos.

Por tal motivo, no debe existir confrontación entre las personas que laboran en el sector público y las que trabajan en el sector privado. Se debe reconocer plenamente que la crisis económica que enfrentamos en el país, obedece a una serie de factores que no han sido expuestos ni tratados correctamente, como por ejemplo, la evasión fiscal y las exoneraciones de impuestos.

La culpa no es de quienes amparados en la Constitución y en las leyes, han adquirido condiciones de trabajo dignas. Pero sí podría ser, de aquellos que faltando a la verdad han orquestado una campaña de terror y desprestigio contra los mecanismos democráticos de este país.

Estas personas abiertamente indican que los sindicatos siempre se han opuesto contra todo; que han sido la razón del estancamiento del progreso, que no proponen soluciones; que promueven la vagancia y los privilegios excesivos; y así, una serie de criterios desprovistos de toda razón y verdad.

Lo extraño del caso es que, pese a ello, los datos históricos y la investigación responsable, exponen una realidad distinta. Nos presenta un sindicalismo cuyas acciones y luchas son en favor de las garantías sociales y la consolidación del Estado Social de Derecho.

Lo que no hemos olvidado de la historia es que el odio infundado de un grupo de seres humanos, condujo al aniquilamiento de seis millones de judíos; que la profunda simpatía nazi por la “pureza racial”, llevó a que se estigmatizara a los gitanos como inadaptados sociales y vagabundos; y que en los Estados Unidos de América, un grupo selecto con poder y gran capacidad intelectual, considerara a las personas negras como inferiores y sin derechos constitucionales.

Todos estos actos de racismo y quebranto a los derechos humanos, tuvieron lugar una vez que se logró polarizar a la sociedad. Hoy la preocupación unánime de las empleadas y los empleados públicos, no tiene que ver con la preservación de los mal llamados privilegios o “alcahueterías”, sino con esa terrible división a la que nos están sometiendo.

El exterminio moderno al que tanto se teme, parece ser ideológico, de debilitamiento a las bases jurídicas y en perjuicio directo del empleo y de las instituciones públicas.

Los sindicatos, entre ellos la ANEP, han venido llamando al diálogo, al consenso, a solucionar los conflictos de manera pacífica; han presentado propuestas altamente razonadas y de progreso.

También, se ha levantado la voz por el sector privado, para que se les reconozcan condiciones de salario dignas, para que haya una mayor apertura de las inspecciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en los centros de trabajo y porque se les permita el acceso pleno a sus derechos.

Esto parece que ha molestado a algunos poderosos sectores que pretenden usurpar la economía de este país. Ellos saben que si logran debilitar a los sindicatos no habrá quien los pare en sus perversas intensiones de carácter materialista y en su firme voluntad por convertirse en “la autoridad política superior de este país”.

Por el contrario, la voz de los sindicatos, que es la las trabajadoras y la de los trabajadores, siempre ha sido de unidad, de razón y de verdad, jamás de odio o separación.

La clase trabajadora de este país tiene derecho a manifestarse. Esto jamás será un abuso, es un derecho sagrado, tutelado por instrumentos internacionales, por leyes lúcidas de nuestro país, y por la propia Constitución Política. Así las cosas, el ejercicio democrático que se manifiesta en las calles, es la expresión irrefutable de un pueblo que quiere seguir siendo libre.

Cualquier persona civilizada de este país comprende el ejercicio del derecho a huelga como un acto democrático, voluntario y de búsqueda de soluciones. Nadie está obligado a ejercerlo, pero sí a respetar el derecho de otros que así lo decidan.
Tampoco se ignora que llamar de “terrorismo” el ejercicio legítimo de un derecho, es una falencia, una falta de respeto y una agresión contra el Estado social y Democrático de Derecho.

Precisamente y por las razones expuestas es que no podemos claudicar a la hora de defender la herencia de un buen derecho, bien lo decía el “Benemérito de las Américas”, Benito Juárez: “Que el enemigo nos venza y nos robe, si tal es nuestro destino; pero nosotros no debemos legalizar ese atentado, entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza…”.

Salario Mínimo: Gobierno debe honrar su palabra

De manera vehemente y a 24 horas de iniciarse este martes 1 de diciembre de 2015, el período de sesiones extraordinarias del actual parlamento, correspondiente a la legislatura constitucional en curso, el Colectivo Sindical Patria Justa emplaza de manera pública al propio Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera; así como a su Ministro y a su Viceministro de la Presidencia, Sergio Alfaro Salas y Luis Paulino Mora Lizano, respectivamente, para que incluyen en la convocatoria de proyectos a debatir por los señores diputados y por las señoras diputadas, el Expediente Legislativo No. 19.312, conocido como “Ley del Salario Mínimo Vital”.

Se trata de honrar uno de los fundamentales acuerdos producto de la huelga escenificada por el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, del lunes 26 de octubre, firmados en la Casa Presidencial. Específicamente, el acuerdo No. 1: “El Gobierno de la República convocará al próximo período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, que se inicia el próximo 1 de diciembre de 2015, el Expediente Legislativo No. 19.312, conocido como ‘Ley del Salario Mínimo Vital’, para su conocimiento y debate parlamentario”.

Prácticamente hay constatación generalizada de que el crecimiento económico de los últimos años no se ha traducido en una mejora sustancial del poder de compra del salario mínimo. Los más disímiles estudios apuntan a que la tónica de ese crecimiento económico ha sido su concentración y acumulación en pocas manos, al punto de que en los últimos cinco años, el 20 % de la población más acaudalada es la que vio crecer su riqueza; y, por el contrario, el 20 % más pobre (que incluye a quienes devengan el salario mínimo), se empobreció mucho más.

El Expediente Legislativo No. 19.312, comúnmente conocido como “Ley del Salario Mínimo Vital” se convierte en un elemento estratégico para intentar reducir el crecimiento de la desigualdad en nuestra sociedad; y, además, no representará ningún “descalabro” en las finanzas corporativo-empresariales, toda vez que esta iniciativa establece una gradualidad en su implementación por un período de cinco años.

Patria Justa considera que es éste el mejor momento para debatir con propiedad el tema de los salarios mínimos como corresponde en un entorno de precariedad, exclusión y desigualdad; pues las discusiones semestrales que se dan en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS), con relación a los reajustes por costo de vida, han impedido a la fecha la visibilización completa de un proceso como el apuntado: concentración de la riqueza, por un lado y empobrecimiento salarial, por otro.