Es sumamente necesario que los sectores laborales organizados de la clase trabajadora, especialmente los de naturaleza sindical, tengamos la inteligencia suficiente para abordar el problema fiscal del país con sentido responsable, aunque sin perder la perspectiva de clase que nos obliga a un posicionamiento crítico de cara al mismo.

A esta altura de la discusión que se ha venido dando sobre el tema parece ser que la suerte está echada, en el entendido de que se nos dice desde afuera algo así como “o lo arreglan ustedes mismos, o lo arreglamos nosotros”.

El “nosotros” está marcado por un poderoso conglomerado de las más notables entidades multilaterales de crédito que actúan al unísono y con base en la hegemonía del capital financiero-bancario, que es el que está determinando la naturaleza y las características fundamentales del rumbo actual de la globalización neoliberal.

Se nos indica que en el caso costarricense ese “nosotros” son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Los tres siguen estrechando el cerco contra el país por su renuencia a atender el problema fiscal con la seriedad de su gravedad.

Adicionalmente, la máxima gendarmería política de ese capital bancario-financiero, las calificadoras de riesgo, están, cual hienas al acecho, listas para ponernos mala nota como país y decretar, urbi et orbe, que somos un país mala paga, “amarra perros”; que nadie nos preste más plata; que si alguien se atreve a prestarnos cobre altísimos intereses y endurezca las condiciones de esos empréstitos; y que si se atreven a invertir en suelo nacional, háganlo por su cuenta y riesgo.

Con mucho cuidado y gran respeto analizamos con detenimiento lo que al respecto nos ha comentado el distinguido ciudadano economista Miguel Gutiérrez Saxe; marcando él la fecha del mes de junio del año entrante 2016, como el parte-aguas del “o lo arreglan ustedes, o lo arreglamos nosotros”.

Cuando estas circunstancias fiscales llegan al punto del dilema, son las mayorías trabajadoras, las de carácter asalariado, las que más sufren. Por tanto, desde todas esas entidades sociales en que esas mayorías acostumbran organizarse, debe salir algún tipo de estrategia integral para insertarse en la búsqueda de las soluciones.

En el caso tico hemos llegado a un punto en que el sistema político, clásica y rutinariamente entendido, no alcanza para buscar las soluciones al problema fiscal nacional llegado al punto del dilema.

Como muchos estudios lo señalan, gran parte del sistema político costarricense está carcomido por la pérdida de confianza y de credibilidad ciudadana en él.

Entre otros factores, ello se debe a la intrusión en su interior de los poderes fácticos, los reales, los de verdad, que no buscan ni la promoción del bien común ni la inclusión social. La solución al dilema fiscal en este escenario no augura nada bueno para las mayorías.

También es real que las “afueras” del sistema político costarricense presenta graves problemas de articulación, de concatenación estratégica, de credibilidad, de subjetividades contrapropuestas que le dan prioridad a la divergencia sobre la convergencia.

Intra y extramuros del sistema político parece que no las tenemos todas consigo en esto del dilema fiscal, por tanto, podría ser más que urgente alguna iniciativa de construcción para las próximas semanas.

Finalmente, a la hora de establecer las responsabilidades, al momento de definir los aportes de la solución y, en fin, a la hora de socarse la faja, notaremos cómo ya no es posible que grandes sectores de la población se la aprieten más; y, precisamente es aquí donde radica el desafío de determinar que el ajuste jamás podría ser igual en todas las direcciones.

La célebre frase de Nicolás Avellaneda, “Los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla”, se ha inmortalizado; y, actualmente, en Costa Rica es una muletilla generalizada en el discurso de quienes atacan directamente a los sindicatos y más específicamente, al Sector Público.

Los ticos no tenemos mala memoria. Como personas cultas comprendemos la importancia de un equilibrio entre el sector público y el sector privado, trabajamos conjuntamente por el engrandecimiento de la nación con honradez y entrega.

Si las condiciones y la definición de trabajo decente se ven alterados, la responsabilidad no es de la clase trabajadora, ni de sus sindicatos.

Por tal motivo, no debe existir confrontación entre las personas que laboran en el sector público y las que trabajan en el sector privado. Se debe reconocer plenamente que la crisis económica que enfrentamos en el país, obedece a una serie de factores que no han sido expuestos ni tratados correctamente, como por ejemplo, la evasión fiscal y las exoneraciones de impuestos.

La culpa no es de quienes amparados en la Constitución y en las leyes, han adquirido condiciones de trabajo dignas. Pero sí podría ser, de aquellos que faltando a la verdad han orquestado una campaña de terror y desprestigio contra los mecanismos democráticos de este país.

Estas personas abiertamente indican que los sindicatos siempre se han opuesto contra todo; que han sido la razón del estancamiento del progreso, que no proponen soluciones; que promueven la vagancia y los privilegios excesivos; y así, una serie de criterios desprovistos de toda razón y verdad.

Lo extraño del caso es que, pese a ello, los datos históricos y la investigación responsable, exponen una realidad distinta. Nos presenta un sindicalismo cuyas acciones y luchas son en favor de las garantías sociales y la consolidación del Estado Social de Derecho.

Lo que no hemos olvidado de la historia es que el odio infundado de un grupo de seres humanos, condujo al aniquilamiento de seis millones de judíos; que la profunda simpatía nazi por la “pureza racial”, llevó a que se estigmatizara a los gitanos como inadaptados sociales y vagabundos; y que en los Estados Unidos de América, un grupo selecto con poder y gran capacidad intelectual, considerara a las personas negras como inferiores y sin derechos constitucionales.

Todos estos actos de racismo y quebranto a los derechos humanos, tuvieron lugar una vez que se logró polarizar a la sociedad. Hoy la preocupación unánime de las empleadas y los empleados públicos, no tiene que ver con la preservación de los mal llamados privilegios o “alcahueterías”, sino con esa terrible división a la que nos están sometiendo.

El exterminio moderno al que tanto se teme, parece ser ideológico, de debilitamiento a las bases jurídicas y en perjuicio directo del empleo y de las instituciones públicas.

Los sindicatos, entre ellos la ANEP, han venido llamando al diálogo, al consenso, a solucionar los conflictos de manera pacífica; han presentado propuestas altamente razonadas y de progreso.

También, se ha levantado la voz por el sector privado, para que se les reconozcan condiciones de salario dignas, para que haya una mayor apertura de las inspecciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en los centros de trabajo y porque se les permita el acceso pleno a sus derechos.

Esto parece que ha molestado a algunos poderosos sectores que pretenden usurpar la economía de este país. Ellos saben que si logran debilitar a los sindicatos no habrá quien los pare en sus perversas intensiones de carácter materialista y en su firme voluntad por convertirse en “la autoridad política superior de este país”.

Por el contrario, la voz de los sindicatos, que es la las trabajadoras y la de los trabajadores, siempre ha sido de unidad, de razón y de verdad, jamás de odio o separación.

La clase trabajadora de este país tiene derecho a manifestarse. Esto jamás será un abuso, es un derecho sagrado, tutelado por instrumentos internacionales, por leyes lúcidas de nuestro país, y por la propia Constitución Política. Así las cosas, el ejercicio democrático que se manifiesta en las calles, es la expresión irrefutable de un pueblo que quiere seguir siendo libre.

Cualquier persona civilizada de este país comprende el ejercicio del derecho a huelga como un acto democrático, voluntario y de búsqueda de soluciones. Nadie está obligado a ejercerlo, pero sí a respetar el derecho de otros que así lo decidan.
Tampoco se ignora que llamar de “terrorismo” el ejercicio legítimo de un derecho, es una falencia, una falta de respeto y una agresión contra el Estado social y Democrático de Derecho.

Precisamente y por las razones expuestas es que no podemos claudicar a la hora de defender la herencia de un buen derecho, bien lo decía el “Benemérito de las Américas”, Benito Juárez: “Que el enemigo nos venza y nos robe, si tal es nuestro destino; pero nosotros no debemos legalizar ese atentado, entregándole voluntariamente lo que nos exige por la fuerza…”.

El taller fue impartido durante dos días en la sede de la ANEP por María Laura Sanchéz Rojoas, Coordinadora de la Unidad de Capacitación y Formación Político Sindical.

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Fue en el presente Gobierno del presidente Solís Rivera donde, por primera vez, una administración tributaria reconoce, oficialmente, la magnitud del fraude fiscal-tributario-impositivo en Costa Rica: 8 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB). Sin mezquindad de por medio, es un avance que reconocemos hacia la Transformación Tributaria Estructural por la que venimos abogando hace ya bastante tiempo.

Recientemente, la Contraloría General de la República (CGR) ha denunciado que en este tema del robo de impuestos hay enormes problemas en el ámbito de lo que técnica y eufemísticamente denominan las autoridades hacendarias del país como “grandes contribuyentes”. En el caso costarricense, son consorcios corporativo-empresariales que mueven sumas de dineros más allá de los 40 mil millones de colones anuales.

Para no pagar impuestos estos gigantes de la empresa privada alegan algo así como “ganancias cero” para huir de sus responsabilidades tributarias. Entendemos que el presente Gobierno quiere empezar a cambiar eso y ha mandado algunos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa en tal sentido, a fin de hacer más difícil el robo de impuestos y el fraude tributario en casos como este de los “grandes contribuyentes”. Eso está bien.

También entendemos que el Partido Liberación Nacional (PLN) es el principal opositor a esas nuevas legislaciones para el fraude de impuestos que para nosotros es un crimen social. Eso está mal.

El fenómeno del robo de impuestos a nivel global constituye una preocupación estratégica de los movimientos sociales planetarios, incluido el sindical.

En el caso costarricense, esos “grandes contribuyentes” deberían ser identificados, pues no es nada raro que algunas (o todas) sean empresas con ligámenes, con vínculos, que sean sucursales o franquicias de corporaciones multinacionales (estadounidenses, por ejemplo).

“Un sistema aún roto” es el título en idioma español del más reciente informe sobre el sistema tributario mundial, publicado por una coalición social en la materia formada por la Red de Justicia Fiscal, Oxfam, la Alianza Mundial por la Justicia Fiscal y la Internacional de Servicios Públicos (ISP). En Costa Rica, nos sentimos involucrados y motivados por este esfuerzo, dado que somos la principal entidad sindical referente de la ISP en nuestro país.

La Red de Justicia Fiscal, Oxfam, la Alianza Mundial por la Justicia Fiscal y la Internacional de Servicios Públicos están instando al G20 para que apoye más reformas del sistema tributario mundial, en las que participen todos los países en pie de igualdad.

Estas reformas deberían abordar eficazmente las prácticas fiscales perniciosas, como el desvío de beneficios y la utilización de los paraísos fiscales por parte de las empresas, y debería poner fin a la espiral descendente de los impuestos de sociedades en general.

Como sabemos el G20 es un foro del capital para la toma de las más grandes decisiones económico-ideológicas de la política internacional; foro que incluye a los 7 países más industrializados: Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido Francia, Italia y Canadá; junto a Rusia y a la Unión Europea (UE), conceptuada como bloque económico. Once países completan el G20: China, Argentina, Brasil, México, Australia, Turquía, Indonesia, Corea del Sur, India, Sudáfrica y España.

Este informe, “Un sistema aún roto”, afirma de manera contundente que los países del G20 están entre los que más pierden por el fraude fiscal a gran escala, pero los países pobres son los más afectados en términos relativos
En términos generales, se estima que las multinacionales estadounidenses, con objeto de reducir sus obligaciones fiscales, desviaron en 2012 entre 500.000 y 700.000 millones de USD.