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Señoras diputadas y señores diputados: ¿podrían ponerse serios?…

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Se nos informó en días recientes, en varios medios de comunicación, que las diputadas y los diputados rechazaron atender al ministro de Comunicación, exigiendo algo de lo cual carecen la mayoría de los “padres y las madres de la Patria”: respeto. Sería bueno recordarles la frase “trate a los demás, como quisieras que te traten a ti”…

No conozco personalmente al señor Mauricio Herrera, ni necesita posiblemente que este servidor le defienda, pero como actúo siempre en apego de mis ideales, manifiesto lo siguiente: Diputados irrespetuosos que rompen el quórum constantemente (abandono de trabajo): diputados que haciendo uso del “control político” se irrespetan frente a todos y a todas; pero no sólo se irrespetan ellos mismos, sino también irrespetan a la ciudadanía que los elige para legislar en sentido positivo. ¿Piden respeto?… El respeto se gana.

Diputados entre los cuales figuran algunos que “lincharon” al anterior Ministro de la Presidencia, don Melvin Jiménez, y ahora reniegan del actual; diputados que irrespetan a quienes opinan distinto de ellos, que hacen mofa de los temas que no les son afines, como “fanáticos” sectarios; que inclusive se apuntan al irrespeto y a la burla del propio Presidente de la Republica, a quien bien podrían éstos hacer sus observaciones de manera elegante y con posiciones de altura. Pero no, mejor recurren la mayoría de las veces a la chota.

¿Algunos de estos mal llamados “padres” de la Patria (en mi caso preferiría ser “huérfano”), se habrán dado cuenta que hoy gracias a posiciones ideológicas y caprichos, antagónicos, es que nos tienen enfrentados y a muchos de sus “hijos” al borde de una “batalla” campal?

Siendo éstos (diputados), más bien, quienes deberían estar haciendo un llamado al dialogo, a la búsqueda de consensos; al abordaje responsable, equilibrado y respetuoso de los temas que ineludiblemente el país necesita resolver. La criminalidad y el desempleo, por citar un par de ejemplos.

Pero, lamentablemente, todo indica que son, en su mayoría, un grupo de irrespetuosos, burlistas, altaneros, irresponsables, que no hacen un ejercicio objetivo sino acomodado a sus intereses, o los de sus patrocinadores de campaña.

Que sirven de “alfombra” para que algunos despotriquen en contra de la clase trabajadora del aparato estatal; que hacen política de la seguridad, de la educación y de la salud, temas que por sí solos deberían ser política de Estado de quien quiera que nos gobierne. No usados en politiquería barata en discursos partidarios.

Irresponsables que hablan sin fundamentos, sin bases, sin pruebas de sus aseveraciones, al asegurar ante medios de comunicación que “el 50 % de los empleados públicos están haciendo un 10% de lo que tienen que hacer con regularidad”. Peor aún, afirmar que “(…) de los salarios que se están dando en anualidades, horas extra y dedicaciones exclusivas el 95% es plata botada totalmente (…)”. Este tipo de referencias son demagógicas, temerarias, infundadas e irresponsables.

¿Cómo lograron sus estudios académicos? Ahora reniegan de sus maestros, reniegan de la historia, esa que permitió las garantías sociales, la solidaridad y la paz que nos mostró ante el mundo, como un país capaz de resolver sus diferencias mediante el instrumento del dialogo.

Algunos siguen metiendo las manos en asuntos de orden interno, solicitando movimientos, traslados, y todo esto alegando que llevan “seguridad a sus cantones”. Algunas cosas se mueven “políticamente” por injerencia de algún diputado, ¡sí!, así lo señalo, así lo sostengo: diputados que utilizan su posición para la intromisión y, en algunos casos, no para bien sino para mal.

Diputados como los que “despotrican” del empleo público, como si ellos se hubiesen forjado trabajando en el campo. Basta mirar sus hojas de vida. Posiblemente la mayoría dirá, experiencia laboral: “político” y tras de eso, la mayoría con evaluación de desempeño, a lo sumo de regular. Así las cosas, señores diputados, ¡pónganse serios, legislen para el interés común y…respeten para que se les respete!

ANEP-Fuerza Pública solicita al MSP auditoria en delegación de Cartago

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La Seccional ANEP-Fuerza Pública solicitó a la Auditoría Interna del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) realizar una investigación en torno a la construcción de la delegación de Cartago, conocida como Delta 37.

La seccional solicita se inicie una investigación en cuanto a quien superviso la obra, quien la recibió, cuáles fueron las especificaciones, planos constructivos, tiempo y ejecución de garantía, y todo lo relacionado al estado de la obra, en la cual se habrían invertido poco más de 900 millones de colones.

Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública indicó que uno de los problemas detectados a simple vista es el diámetro de los tubos de desagüe, mismos que pareciera no reúnen las especificaciones de un edificio que, alberga a tantas personas, posiblemente por ello que constantemente se presentan problemas con aguas negras en esta delegación.

“Le solicitamos a la auditoria interna en primera instancia del Ministerio que nos permita conocer si ya se generó alguna investigación en torno a los problemas reiterativos que se presenta en la Delegación Cantonal de Cartago y, si no se ha realizado, le sugerimos se realice, ya que la delegación recientemente construida con una suma millonaria de dinero presenta problemas contantes con el manejo de aguas, salidas de aguas negras, situaciones que ameritan una investigación minuciosa.

Según Anchía otras de las anomalías son las previstas de Internet, ya que sólo se instalaron las cajas, pero nunca se hizo unas instalación, entre otras situaciones.

Compartimos la solicitud enviada a la Auditoría Interna del Ministerio de Seguridad Pública.

Solicitud Auditoria Interna delegación Cartago

ANEP apuesta a sindicalistas jóvenes

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep) dio un paso al frente e integró a la “Seccional ANEP Joven” la cual busca incidir, desde su perspectiva, en políticas para las nuevas generaciones de trabajadores en el país.

Ya tienen representación en la junta directiva del sindicato y se hacen oír con sus ideas y su forma de ver los problemas que aquejan al país.

Representantes de dicha seccional Alonso Meza, fiscal; Tatiana Arce, secretaria de finanzas; Pedro García, vocal; y Deiby Porras, presidente de la seccional; estuvieron en DIARIO EXTRA y expusieron sus ideas y puntos de vista sobre la realidad nacional.

El grupo tiene sus raíces en el comité ANEP Joven que nació en el 2008. Hace 2 años se plantearon algunas reformas como que en los estatus de la ANEP se crearan las secretarías de juventud en todas las seccionales, además se solicitó que se creara una secretaría ante la junta directiva y que dejara ser un comité para pasar a ser una seccional.

*¿Cuántos miembros tienen? *

-Estamos en un proceso para definirlo, pero de esos 17 mil afiliados que tiene la ANEP, el 30% es joven. Por lo menos son 4 mil jóvenes en el rango de los 18 a los 35 años.

¿Cuándo ven la necesidad de conformar este grupo, porque los jóvenes son cada vez resistentes a formar parte de estas organizaciones ya que el sindicalismo ha perdido ese atractivo para las generaciones actuales?

-Tiene dos visiones. Uno es que, efectivamente, cuando usted escucha hablar sobre sindicalismo hay una serie de prejuicios y estereotipos alrededor del tema. Cuando hablamos de iniciar este procesos fue para tratar de descalificar esos prejuicios. Dos, entendiendo que el sindicalismo debe evolucionar. No debe perder su esencia ideológica, nace en la Revolución Industrial, con el tema de lucha de clases, pero en su contexto nace entre la lucha de clases entre el obrero y el proletariado, pero que no responde a la realidad sociopolítica y socioeconómica que enfrenta el país.

DESAFÍOS MERCADO LABORAL

*¿Hay desafíos en el mercado laboral actual? *

-Dentro del mercado laboral hay dos desafíos muy complejos. Uno, que nos encontramos ante un cambio generacional de las instituciones públicas muy fuertes. Cada vez hay más jóvenes trabajando en las instituciones públicas. Hay una transgresión entre la gente que se está pensionando y la gente que está entrando. Y dos, un desafío que identificamos es justo que las personas jóvenes y lo demuestra la segunda encuesta de juventudes, está apática en el tema de organizarse y en cualquier área, no tiene interés. Mucho de eso es por los distractores sociales. La gente joven es la gente más vulnerable a la distracción, el consumo, el ocio, la diversión.

*¿Entonces el sindicalismo tiene que adaptarse? *

-El sindicalismo en el mundo siempre ha sido dirigido por adultos, muy concentrado por personas adultas. El sindicato tiene que adaptarse, no perdiendo su razón ideológica, sino su forma de hacer sindicalismo. Es el tema del sindicalismo ciudadano, que es meternos en el enfoque de los derechos humanos. Y trasgredir de esa esfera gremial institucional a una esfera global de país. Y no solamente ayudar a los jóvenes sindicalizados, sino a todos los jóvenes que tienen problemas. Hablemos de que Costa Rica está pasando por un tema generacional histórico, donde es la primera vez en la historia del país donde hay tanta persona joven en los porcentajes demográficos.

*¿Con qué otras situaciones han tenido que lidiar como jóvenes? *
-Lo hemos tomado más como un desafío el hecho de que las instituciones no siempre son abiertas o perciben como amenaza cuando los jóvenes se organizan. Nos ha costado lidiar con el tema de la apatía, con la burocracia institucional que limita a la persona joven en estos campos.

*¿Hay instrumentos jurídicos para la juventud en Costa Rica? *

-Hay tres que los jóvenes no conocen. Y me voy a tomar el atrevimiento de decir que no sirven para nada. La Ley General de la Persona Joven que acaba de ser ratificada y busca institucionalizar los tres órganos competentes de juventud. Estos son: el Viceministerio de Juventud, el Consejo de la Persona Joven y la Asamblea Nacional de la Red Consultiva de la Persona Joven.

*¿Cuál define las políticas públicas en materia de juventud? *

-La Asamblea Nacional de la Red Consultiva de la Persona Joven.

  • ¿Quiénes forman parte de esa asamblea?*

-Una persona de cada comité de la persona joven de cada municipalidad, que reciben prepuesto para hacer proyectos. De los 81 cantones solo se nombraron 68. Además, representantes de partidos políticos proporcional a como están electos en la Asamblea Legislativa. Otro sector es el de minorías étnicas. El sector de discapacidad tiene dos espacios y nosotros entramos como una Organización No Gubernamental, entonces por primera vez en la historia tenemos dos espacios. En total son 125 jóvenes. Eso es como un plenario legislativo y éste sábado es la primera asamblea.

¿Tienen alguna propuesta definida para la asamblea de este sábado?

-Llevamos una agenda con proyectos que hemos venido conversando con otros sectores para que esa agenda funcione. La idea que es rompamos paradigmas, nos quitemos las camisas ideológicas y partidistas y lograr que esa asamblea funcione. Una propuesta es que el Viceministerio de Juventud deje de ser un viceministerio y pase a ser un Instituto para que tenga más posibilidades de captar cooperación internacional y ser un órgano ejecutor, a ser un órgano gestor. Solamente tenemos un ente rector técnico que es la Asamblea, un ente rector político que es el viceministerio y ente gestor-técnico que son los comités cantonales de la persona joven.

¿Con cuáles sectores articularon?

-Hemos acudido a sectores partidarios más afines. Hemos hablado con representantes de los comités de la persona joven. Nos interesan los proyectos no los puestos.

POSICIÓN ANTE TEMAS NACIONALES

*¿Cuál es la posición de ANEP Joven ante la reforma fiscal? *

-Creemos que el tema fiscal pasa por varios prospectos. Consideramos que debe haber un fortalecimiento en la estructura de Estado en el tema de cómo se supervisa la recaudación. El tema fiscal pasa por un tema de diálogo social, sentémonos, busquemos puntos de convergencia y busquemos una alternativa. En las municipalidades tenemos problemas en la recaudación y gravísimos problemas en la ejecución. Es lo mismo que pasa en el Estado.

*¿Cuál es la posición en la fecundación in vitro? *

-Pasa por un derecho. No solo porque hay muchos problemas que no son biológicos y genéticos. Creemos que hay un derecho a decidir. Hay mujeres que no creen en la figura del matrimonio y quieren tener el derecho de ser madres, por qué limitar el derecho a una persona a eso. Costa Rica es muy contradictorio, somos muy progresistas versus Centroamérica, pero somos muy conservadores en otros temas. Desde la perspectiva joven consideramos que el modelo de familia no es el tradicional, sino son muchos modelos de familia.

*¿Cómo sentar a jóvenes que están en contra del in vitro y los que están a favor para llegar a un punto en común? *

-En la asamblea del sábado es posible que se hable de esos temas. El tema fiscal y otros. Ojalá se puedan abrir espacios de diálogo para poder consensuar. Ojalá que se materialice. La idea es hacer un planteamiento político al plenario legislativo desde un punto de vista recomendativo sobre lo que se debe hacer. Entonces, ¿qué piensan de las uniones civiles? -Somos respetuosos de las diversidades. Hay masculinidades y feminidades. Y eso habla de que hay orientaciones sexuales diversas. Creemos que las personas tiene derecho a manifestar como persona respecto a su orientación sexual.

*¿Qué piensan de las convenciones colectivas y pluses salariales? *

–Totalmente a favor. No es lo mismo hablar de derechos, beneficios, privilegios y pluses. No consideramos que deben quitarse o no, debe haber un diálogo social. No puede quitar un derecho adquirido sino hay un proceso se sensibilización sobre lo que existe. Las convenciones colectivas son instrumentos jurídicos respaldados por convenios internacionales y la misma constitución política. La convención colectiva permite hacer una negociación entre las partes.

*¿Cuál es la diferencia de una convención colectiva versus un reglamento interno de trabajo? *

El reglamento interno lo hace el patrón y lo modifica cuando quiera. La convención no la negocia una parte sino las dos partes, entre las partes negocian. Los sindicatos son instrumentos para negociar. Si no hay sindicatos no hay convención. La razón de fondo no es contra la convención, sino contra el debilitamiento de las organizaciones sindicales

Impulsar un referéndum para subir el salario mínimo en el sector privado

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En el seno del Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa debatiremos, próximamente, la iniciativa para impulsar un referéndum tendiente a que la actual Asamblea Legislativa disponga, al respecto del Salario Mínimo en el sector privado de la economía, someter a discusión y a eventual aprobación, el expediente legislativo No. 19.312; el cual tiene un nombre oficial técnico-parlamentario muy largo que, exactamente dice así:

“Ley del Salario Mínimo Vital Reforma de los artículos 177 del Código de Trabajo, Ley No. 2, de 27 de agosto de 1943, del Artículo 16 y Creación del Artículo 16 BIS de la Ley de Salarios Mínimos y Creación del Consejo Nacional de Salarios, Ley No. 832, de 4 de noviembre de 1949”.

Patria Justa y otras entidades socio-sindicales con interés en el tema, tienen la suficiente estructura organizativa para recolectar las 160 mil firmas de ciudadanos y de ciudadanas que se requieren para realizar este referéndum.

Patria Justa, por ejemplo, pondría en el proceso de recolección de firmas a la gran cantidad de dirigentes sindicales que integran cada una de sus organizaciones, facilitando la recolección de firmas en los centros de trabajo del sector Público (antes de entrar y luego de salir de las labores cotidianas); en las comunidades donde viven los mismos y sus familias y que comparten espacios residenciales con personas trabajadoras en el sector privado; en las ferias del agricultor y en los parques a la salida de misa.

Citamos ello solamente para dar idea de que sí podemos desplegar una capacidad recolectara de firmas en tiempo record, una vez que sea tesis oficial de nuestra lucha actual.

Esta iniciativa de un referéndum para cambiar el actual sistema de salarios mínimos vigentes en el sector privado de la economía y, por tanto, establecer la “Ley del Salario Mínimo Vital”, no tendría problemas de legalidad, en el tanto y de acuerdo con la ley del referéndum, no estamos consultando al pueblo temas fiscales-presupuestarios, mismos que como bien sabemos, tienen impedimento jurídico-legal para ser sometidos a referéndum.

La iniciativa para impulsar la “Ley del Salario Mínimo Vital” forma parte de los acuerdos del proceso “Una agenda patriótica para el bien común” (punto 3.4), suscritos entre el Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA y con los partidos Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (PFA); acuerdos firmados ante todo el país, de manera transparente, el pasado 26 de junio en el Teatro Popular Melico Salazar.

Este punto 3.4 de los indicados acuerdos, concretamente indica: “3.4. Impulsar iniciativas orientadas a lograr un incremento del salario mínimo de las y los trabajadores del sector privado más próximo a las necesidades básicas de consumo vital, tal como lo propone el proyecto con expediente No. 19.312”.

La iniciativa que estamos anunciando es de exclusiva responsabilidad del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA y no está contemplando ningún involucramiento de ambos partidos, a los cuales sí se les informará de la misma.

La lucha por los salarios, por los salarios decentes, en contra de la precarización de los mismos y contra la reversión de aquellos sistemas salariales que no están sufriendo la explotación actual por la concepción prevaleciente en materia de salarios mínimos en el sector Privado, es una función de naturaleza sindical, esencialmente.

Empresariado autobusero en “carrera loca” de acumulación por enormes márgenes de utilidad a su favor

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Gran impacto nos ha generado en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la nota de prensa que aparece hoy en el prestigioso periódico La República, titulada “Tarifa de buses incrementó, mientras precio de petróleo cayó” (páginas 10 y 11 – Nacionales); causándonos enorme indignación; especialmente porque es desde esta organización sindical que hace tiempo venimos denunciando el total estado de indefensión de las personas trabajadoras usuarias del transporte público modalidad autobús, las cuales son vulneradas todos los días y a todas horas.

¡Nos quedamos cortos en nuestra reiterada queja, reclamo, denuncia! Consternación es la palabra más adecuada al comprobarse, según el reportaje, de que al final del presente año 2015, cada pasajero de autobús le habrá “regalado” a cada empresario autobusero 17 mil colones; para un gran total que se “embolsará” dicho gremio corporativo de ¡26 mil millones de colones!

Con la precariedad de los salarios y su creciente deterioro en cuanto a poder adquisitivo, especialmente en materia de salarios mínimos; es completamente incomprensible cómo la ARESEP “ha estado mirando para otro lado”, con la reducción de un 8 % en los costos de operación del empresariado autobusero; sobre todo (y como lo indica el mencionado reportaje), que este poderoso gremio de gran influencia política, ha sido beneficiado con una reducción de un tercio del precio local del diesel y del aceite que, en conjunto, constituyen un 25 % de los gastos de operación.

…Y mejor no hablemos de lo que con toda esta situación podría estar ocurriendo con las responsabilidades tributario-fiscales de este empresariado autobusero; y de la naturaleza de la justicia social y salarial para su personal, especialmente los choferes conductores de los buses.

La fuerte caída en el precio internacional del petróleo ha servido para engordar, abusivamente, el bolsillo del empresariado autobusero en contra del bolsillo del pasajero. ARESEP ha sido “cómplice” de ello.

Con la mayor vehemencia hay que denunciar, nuevamente, el perverso carácter pro-empresarial de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), y su proclividad en contra de las personas usuarias de los servicios públicos; especialmente en contra del mayor segmento de la ciudadanía costarricense que es la clase trabajadora, tanto la del empleo formal como la del informal. El caso de las tarifas de autobús es paradigmático al respecto.

Por cierto que, recientemente, reafirmando su sesgo antipopular, la ARESEP acaba de sentar las bases de un gran conflicto social en desarrollo, como lo es la tropelía cometida para desconocer obligaciones derivadas del sistema de relaciones obrero-patronales en varias empresas públicas que tienen en sus costos de operación, obligaciones financieros derivadas de negociaciones colectivas totalmente constitucionales y legales.

La confrontación social por venir es una provocación de la ARESEP y; ahora, tal confrontación social será potenciada por la fuerte denuncia que haremos de lo que está sucediendo con esta barbaridad de una ARESEP sin control alguno, volcada totalmente a favor del empresariado autobusero.

¡Clamamos al cielo por el cierre de la ARESEP! Los multimillonarios salarios de su cúpula, empezando por el de más de 7 millones de colones mensuales de su máximo jerarca, ofenden profundamente a cada persona usuaria de los servicios de autobús que, como se indica, le dará a cada empresario 17 mil colones “regalados” de un sobreprecio en la tarifa que la ARESEP, de manera cruel, se ha hecho cómplice.

El informe del Gobierno, el salario único, el diálogo y la negociación

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De manera reiterada hemos venido planteando que en materia de Empleo Público, pese a nuestros insistentes llamados al Diálogo Social, es la confrontación social abierta lo que se está imponiendo, lamentablemente.

En tal sentido, resulta interesante considerar y no descartar a priori, más bien verlo de manera positiva, el planteamiento de la ministra de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), Olga Marta Sánchez Oviedo, de que una comisión mixta parlamentaria, aborde el explosivo y complejo tema del Empleo Público en el seno de la Asamblea Legislativa; comisión que integraría a las calificaciones autorizadas representaciones empresariales y sindicales, junto a las carteras ministeriales de Presidencia, Hacienda, Trabajo y Planificación.

No obstante, tal llamado al diálogo que formula la ministra de Mideplan presenta varias dificultades:

¿Quién manda a nivel de Gobierno en materia de Empleo Público? La arbitraria decisión patronal adoptada, unilateral y arbitrariamente, por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), de imponer el salario único, desconociendo los acuerdos de Diálogo Social que tenía firmados con el Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del ICE (FIT-ICE); deja muy mal parado al propio señor Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera y a la ya mencionada jerarca de Mideplan, por no decir a todo el Gobierno.

Si como ya se está demostrando, el Salario Único representa (empleando con respeto una sabia expresión popular que dice que “sale más caro el caldo que los huevos”), una erogación fiscal multimillonaria más fuerte de la que se pretende “economizar” por eso del déficit fiscal; resulta inexplicable la posición del ICE al respecto y le resta credibilidad a la prédica gubernamental expresada en la materia por boca de la señora ministra de Mideplan, durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa, el día de ayer, martes 22 de setiembre de 2015.

Por otra parte, el rechazo al planteamiento de la mencionada jerarca, por parte de las diputaciones abanderadas de la cruzada fundamentalista en el tema del déficit fiscal; partidarias de los recortes presupuestarios irracionales, irreflexivos e irresponsables; y, contrarias a toda norma legal para darle vuelta al injusto sistema tributario costarricense altamente regresivo; indican que hay finalidades ideológicas profundas de concepción-país, pues siguen con su equivocada y manipuladora tesis de que son los salarios de los empleados públicos los responsables del déficit fiscal.

En tal sentido, es totalmente imposible desligar el tema del Empleo Público, de los salarios y de los pluses salariales; de lo que ha venido sucediendo con:

PRIMERO: Los casi 6 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), en materia de exenciones y de exoneraciones.

SEGUNDO: Los prácticamente 8 puntos PIB en materia de evasión y de elusión fiscales-tributarias en todas sus manifestaciones, legales o ilegales.

TERCERO: Del porqué tendremos que erogar, prácticamente 3 puntos PIB y únicamente en el 2016, en pago de intereses (no del principal), de la deuda del país.

CUARTO: De la ausencia de responsabilidad en el asunto del déficit de las empresas públicas que no funcionan a partir de transferencias desde el Gobierno Central, pues no reciben ni un centavo por ello, dado que tienen sus propios recursos; y, por el contrario, transfieren fondos a aquel.

QUINTO: De la abusiva conducta, ilegal e inconstitucional, de entes reguladores como la SUTEL y como la ARESEP, en franca y abierta cruzada para pulverizar la estabilidad financiera de esas empresas públicas, atentando contra su estabilidad sociolaboral, generando una provocación a la confrontación social abierta que ya está en desarrollo.

SEXTO: Del papel del sector Público en la economía; las repercusiones de la masa salarial de su funcionariado en el circuito financiero de la misma; de la sobrevivencia de una enorme cantidad de micro, de pequeñas y de medianas empresas que se mantienen al amparo del salario devengado por el personal estatal; y, por las ventas de bienes y servicios al Estado, como proveedores del mismo.

Nuevamente, ante la continuación del clima de odio ya, lamentablemente, posicionado en este explosivo asunto del Empleo Público; la necesidad del Diálogo Social es más que evidente.Ojalá “nos alcance el tiempo”.

Empleados públicos no son culpables de la crisis fiscal

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Ante la actual campaña pública de ataque a las condiciones laborales de los empleados públicos, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajud) salió a dar su posición asegurando que la crisis fiscal no tiene ninguna relación con los salarios, anualidades y demás garantías sociales de los servidores públicos.

Para Sitrajud, el carácter claramente ideológico de dicha campaña utiliza como parámetro para hablar de “privilegios” la comparación entre las condiciones laborales del sector privado y el sector público y de esa manera invisibilizar que aquellas primeras retratan la debilidad, desigualdad y atropello de los derechos laborales que el sector trabajador privado tiene frente a los patronos.

Según Sitrajud, diputados, políticos y hasta sectores del Gobierno sugieren que la desigualdad existente en el país se debe a los salarios de los empleados públicos, cuando lo real es que los altos salarios de los mandos empresariales junto con las ganancias de los empresarios tienen un mayor peso en el incremento de esa desigualdad, según se ha concluido en estudios realizados.

Para este sindicato se establece una relación de equivalencia entre las condiciones laborales del sector público y los problemas financieros y económicos del país y se oculta el hecho de que no existe ningún estudio que demuestre que el desequilibrio fiscal del Estado obedece a la satisfacción del pago de salarios y garantías laborales de los empleados públicos.

Sitrajud es del criterio que en la polémica se ha cercenado la profundidad y seriedad con que debería ser tratado el tema de la existencia y preservación de las garantías laborales, al tiempo que pretende envolver la crítica interesada con un halo de imparcialidad y asepsia políticas, al recurrir al uso de mecanismos propagandísticos, publicitarios y periodísticos de presentación de la información.

Por esas razones pensamos que cualquier decisión que pretenda tomarse de manera seria y democrática para enfrentar el deterioro fiscal y dar respuesta a los retos que la actual crisis global plantea tiene que pasar por el desenmascaramiento de los grandes evasores, la convocatoria a un gran pacto nacional en el que los sectores económicamente poderosos acepten la cuota de sacrificio que les corresponde y el cese del papel de “poder paralelo” que la prensa nacional viene jugando en este país, concluyó Ingrid Bermúdez, secretaria general de Sitrajud.