Empresariado autobusero en “carrera loca” de acumulación por enormes márgenes de utilidad a su favor

Gran impacto nos ha generado en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la nota de prensa que aparece hoy en el prestigioso periódico La República, titulada “Tarifa de buses incrementó, mientras precio de petróleo cayó” (páginas 10 y 11 – Nacionales); causándonos enorme indignación; especialmente porque es desde esta organización sindical que hace tiempo venimos denunciando el total estado de indefensión de las personas trabajadoras usuarias del transporte público modalidad autobús, las cuales son vulneradas todos los días y a todas horas.

¡Nos quedamos cortos en nuestra reiterada queja, reclamo, denuncia! Consternación es la palabra más adecuada al comprobarse, según el reportaje, de que al final del presente año 2015, cada pasajero de autobús le habrá “regalado” a cada empresario autobusero 17 mil colones; para un gran total que se “embolsará” dicho gremio corporativo de ¡26 mil millones de colones!

Con la precariedad de los salarios y su creciente deterioro en cuanto a poder adquisitivo, especialmente en materia de salarios mínimos; es completamente incomprensible cómo la ARESEP “ha estado mirando para otro lado”, con la reducción de un 8 % en los costos de operación del empresariado autobusero; sobre todo (y como lo indica el mencionado reportaje), que este poderoso gremio de gran influencia política, ha sido beneficiado con una reducción de un tercio del precio local del diesel y del aceite que, en conjunto, constituyen un 25 % de los gastos de operación.

…Y mejor no hablemos de lo que con toda esta situación podría estar ocurriendo con las responsabilidades tributario-fiscales de este empresariado autobusero; y de la naturaleza de la justicia social y salarial para su personal, especialmente los choferes conductores de los buses.

La fuerte caída en el precio internacional del petróleo ha servido para engordar, abusivamente, el bolsillo del empresariado autobusero en contra del bolsillo del pasajero. ARESEP ha sido “cómplice” de ello.

Con la mayor vehemencia hay que denunciar, nuevamente, el perverso carácter pro-empresarial de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), y su proclividad en contra de las personas usuarias de los servicios públicos; especialmente en contra del mayor segmento de la ciudadanía costarricense que es la clase trabajadora, tanto la del empleo formal como la del informal. El caso de las tarifas de autobús es paradigmático al respecto.

Por cierto que, recientemente, reafirmando su sesgo antipopular, la ARESEP acaba de sentar las bases de un gran conflicto social en desarrollo, como lo es la tropelía cometida para desconocer obligaciones derivadas del sistema de relaciones obrero-patronales en varias empresas públicas que tienen en sus costos de operación, obligaciones financieros derivadas de negociaciones colectivas totalmente constitucionales y legales.

La confrontación social por venir es una provocación de la ARESEP y; ahora, tal confrontación social será potenciada por la fuerte denuncia que haremos de lo que está sucediendo con esta barbaridad de una ARESEP sin control alguno, volcada totalmente a favor del empresariado autobusero.

¡Clamamos al cielo por el cierre de la ARESEP! Los multimillonarios salarios de su cúpula, empezando por el de más de 7 millones de colones mensuales de su máximo jerarca, ofenden profundamente a cada persona usuaria de los servicios de autobús que, como se indica, le dará a cada empresario 17 mil colones “regalados” de un sobreprecio en la tarifa que la ARESEP, de manera cruel, se ha hecho cómplice.

El informe del Gobierno, el salario único, el diálogo y la negociación

De manera reiterada hemos venido planteando que en materia de Empleo Público, pese a nuestros insistentes llamados al Diálogo Social, es la confrontación social abierta lo que se está imponiendo, lamentablemente.

En tal sentido, resulta interesante considerar y no descartar a priori, más bien verlo de manera positiva, el planteamiento de la ministra de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), Olga Marta Sánchez Oviedo, de que una comisión mixta parlamentaria, aborde el explosivo y complejo tema del Empleo Público en el seno de la Asamblea Legislativa; comisión que integraría a las calificaciones autorizadas representaciones empresariales y sindicales, junto a las carteras ministeriales de Presidencia, Hacienda, Trabajo y Planificación.

No obstante, tal llamado al diálogo que formula la ministra de Mideplan presenta varias dificultades:

¿Quién manda a nivel de Gobierno en materia de Empleo Público? La arbitraria decisión patronal adoptada, unilateral y arbitrariamente, por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), de imponer el salario único, desconociendo los acuerdos de Diálogo Social que tenía firmados con el Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del ICE (FIT-ICE); deja muy mal parado al propio señor Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera y a la ya mencionada jerarca de Mideplan, por no decir a todo el Gobierno.

Si como ya se está demostrando, el Salario Único representa (empleando con respeto una sabia expresión popular que dice que “sale más caro el caldo que los huevos”), una erogación fiscal multimillonaria más fuerte de la que se pretende “economizar” por eso del déficit fiscal; resulta inexplicable la posición del ICE al respecto y le resta credibilidad a la prédica gubernamental expresada en la materia por boca de la señora ministra de Mideplan, durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa, el día de ayer, martes 22 de setiembre de 2015.

Por otra parte, el rechazo al planteamiento de la mencionada jerarca, por parte de las diputaciones abanderadas de la cruzada fundamentalista en el tema del déficit fiscal; partidarias de los recortes presupuestarios irracionales, irreflexivos e irresponsables; y, contrarias a toda norma legal para darle vuelta al injusto sistema tributario costarricense altamente regresivo; indican que hay finalidades ideológicas profundas de concepción-país, pues siguen con su equivocada y manipuladora tesis de que son los salarios de los empleados públicos los responsables del déficit fiscal.

En tal sentido, es totalmente imposible desligar el tema del Empleo Público, de los salarios y de los pluses salariales; de lo que ha venido sucediendo con:

PRIMERO: Los casi 6 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), en materia de exenciones y de exoneraciones.

SEGUNDO: Los prácticamente 8 puntos PIB en materia de evasión y de elusión fiscales-tributarias en todas sus manifestaciones, legales o ilegales.

TERCERO: Del porqué tendremos que erogar, prácticamente 3 puntos PIB y únicamente en el 2016, en pago de intereses (no del principal), de la deuda del país.

CUARTO: De la ausencia de responsabilidad en el asunto del déficit de las empresas públicas que no funcionan a partir de transferencias desde el Gobierno Central, pues no reciben ni un centavo por ello, dado que tienen sus propios recursos; y, por el contrario, transfieren fondos a aquel.

QUINTO: De la abusiva conducta, ilegal e inconstitucional, de entes reguladores como la SUTEL y como la ARESEP, en franca y abierta cruzada para pulverizar la estabilidad financiera de esas empresas públicas, atentando contra su estabilidad sociolaboral, generando una provocación a la confrontación social abierta que ya está en desarrollo.

SEXTO: Del papel del sector Público en la economía; las repercusiones de la masa salarial de su funcionariado en el circuito financiero de la misma; de la sobrevivencia de una enorme cantidad de micro, de pequeñas y de medianas empresas que se mantienen al amparo del salario devengado por el personal estatal; y, por las ventas de bienes y servicios al Estado, como proveedores del mismo.

Nuevamente, ante la continuación del clima de odio ya, lamentablemente, posicionado en este explosivo asunto del Empleo Público; la necesidad del Diálogo Social es más que evidente.Ojalá “nos alcance el tiempo”.

Empleados públicos no son culpables de la crisis fiscal

Ante la actual campaña pública de ataque a las condiciones laborales de los empleados públicos, el Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajud) salió a dar su posición asegurando que la crisis fiscal no tiene ninguna relación con los salarios, anualidades y demás garantías sociales de los servidores públicos.

Para Sitrajud, el carácter claramente ideológico de dicha campaña utiliza como parámetro para hablar de “privilegios” la comparación entre las condiciones laborales del sector privado y el sector público y de esa manera invisibilizar que aquellas primeras retratan la debilidad, desigualdad y atropello de los derechos laborales que el sector trabajador privado tiene frente a los patronos.

Según Sitrajud, diputados, políticos y hasta sectores del Gobierno sugieren que la desigualdad existente en el país se debe a los salarios de los empleados públicos, cuando lo real es que los altos salarios de los mandos empresariales junto con las ganancias de los empresarios tienen un mayor peso en el incremento de esa desigualdad, según se ha concluido en estudios realizados.

Para este sindicato se establece una relación de equivalencia entre las condiciones laborales del sector público y los problemas financieros y económicos del país y se oculta el hecho de que no existe ningún estudio que demuestre que el desequilibrio fiscal del Estado obedece a la satisfacción del pago de salarios y garantías laborales de los empleados públicos.

Sitrajud es del criterio que en la polémica se ha cercenado la profundidad y seriedad con que debería ser tratado el tema de la existencia y preservación de las garantías laborales, al tiempo que pretende envolver la crítica interesada con un halo de imparcialidad y asepsia políticas, al recurrir al uso de mecanismos propagandísticos, publicitarios y periodísticos de presentación de la información.

Por esas razones pensamos que cualquier decisión que pretenda tomarse de manera seria y democrática para enfrentar el deterioro fiscal y dar respuesta a los retos que la actual crisis global plantea tiene que pasar por el desenmascaramiento de los grandes evasores, la convocatoria a un gran pacto nacional en el que los sectores económicamente poderosos acepten la cuota de sacrificio que les corresponde y el cese del papel de “poder paralelo” que la prensa nacional viene jugando en este país, concluyó Ingrid Bermúdez, secretaria general de Sitrajud.

Empleo Público: los salarios de “los y las de arriba”

Como se comprenderá, el tema del Empleo Público ha sido introducido como matriz mediática dominante en los últimos meses, mediando en lo que en nuestro criterio ha sido la más grande campaña de propaganda de intoxicación a la opinión pública de los últimos tiempos; empleándose en algunos y en los más duros momentos de la misma, elementos propagandísticos de carácter “goebbelsiano” (por Joseph Goebbels, “célebre” propagandista y criminal de guerra nazi, autor de la perversa consigna de “Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá”).

Afortunadamente para la salud de la Democracia y para la práctica de la Libertad de Expresión en el amplio sentido del término, como Derecho Humano Fundamental universalmente reconocido y considerando que el Grupo Extra se ha destacado por su papel en tal sentido, uno puede publicar en este prestigio medio de comunicación, La Prensa Libre (ahora digital), lo que en la “otra” prensa no es posible.

Es imposible abordar, desde nuestra perspectiva y con criterio constructivo, el tema del Empleo Público y salarios, sin que primero se decida por los grandes tomadores de decisiones políticas (los visibles y los “invisibles”), qué hay que hacer con las cuestiones salariales de “los y de las de arriba”, en los cargos más altos dentro de los altos, de toda la estructura político-burocrática y jerárquico-gerencial-tecnocrática del Estado.

El cargo político más relevante de la institucionalidad democrática del Estado, el de la Presidencia de la República, anda en unos 4 y resto de millones de colones mensuales. La persona que en él es nombrada pasa por un “proceso de selección” en el cual participamos miles.

Al otro extremo, a modo de ejemplo pues puede haber otros, tenemos el cargo de gerente bancario en el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), con un salario mensual de 13 y medio millones de colones, porque hubo una “rebaja” del mismo, de 10 millones de colones, que ya rondaba los 23 millones. Este cargo es otorgado por un reducidísimo grupo de personas y con mucha opacidad.

Con estos dos ejemplos queremos enfatizar en que resulta imposible calibrar la naturaleza de una política salarial en los servicios públicos para los próximos tiempos, si no se resuelve el tema de las remuneraciones en cargos tal elevados como los siguientes: presidencia y vicepresidencias, ministerios de Estado (cargos ministeriales, viceministeriales, oficialías mayores y similares), presidencias ejecutivas y gerencias generales, diputaciones y magistraturas, alcaldías, cargos de regulación y de rectoría en sus diversas modalidades (incluyendo universidades públicas), y otros de similar rango en esa esfera de la gestión pública de altísimo nivel político-jerárquico y tecnocrático-gerencial del Estado.

Al respecto, emitir una ley general que dé pautas y que establezca reglas claras en este ámbito de los salarios del Empleo Público, indicaría señales de que, efectivamente, el tema se aborda objetivamente; de que el tema es parte de un proceso integral con políticas de mediano y de largo plazo, de que se trata de una cuestión de Estado para un ordenamiento general del empleo y del salario en el sector Público con visión-país.

Porque lo que hemos estado presenciando, viviendo, notando… y sufriendo, en toda esta cuestión es un enfoque altamente perverso, profundamente ideologizado y hasta con atisbos de totalitarismo: el antisindicalismo malsano y rabioso que ha sido impregnado en muchas conciencias ciudadanas, lamentablemente.

La campaña en contra del empleo público…

En una sociedad tan diversa como la costarricense, se debe entender con absoluta normalidad que se manifiesten diferentes formas de apreciar e interpretar los fenómenos sociales; y, por ello, también deberíamos observar con regularidad las diferentes expresiones que de esos criterios subjetivos se expresan sobre diversos temas.

Últimamente veo y leo tanta “basura” informativa e ideológica, propalada por parte de algunos actores políticos y de algunos medios informativos, que pretenden confundir la concepción de las cosas. Observo la efervescencia, el odio y la polarización generada que me remonto a la historia…la experiencia de nuestro país, allá por el año de 1948. No quisiéramos volver a este proceso…pero de seguro muchas cosas se podrían derivar de este tipo de “campañas” polarizadoras y generadoras de odio.

“No puede haber libertad sin justicia social, ni justicia social sin libertad”. José Figueres Ferrer.

Aunque no soy miembro de partido político alguno, ahora resulta que el gobierno de Luis Guillermo Solís tiene la obligación de resolver lo que se viene generando desde hace 30 años, cuando quienes nos han gobernado han sido otros.

Esos otros, que hoy tienen la desfachatez y la desvergüenza de salir a los medios a exigir “austeridad”, “recortes” y se rasgan las vestiduras ante lo que llaman el déficit fiscal, y dirigen su campaña polarizada y encarnizada en contra del empleo público. Pero ¿Por qué no hacen una campaña para mejorar el salario de los policías de este país y para que tengamos derecho a un régimen de pensión…?

¿Quiénes fueron incapaces de resolver el asunto? La incapacidad de negociación estatal, en varias oportunidades, significó el pago de sumas millonarias por concesiones fallidas. La incapacidad estatal de quienes han venido gobernando no logró resolver los problemas de obra pública, pero sí se propiciaron casos por todos conocidos, como la famosa trocha y otros que se tratan de olvidar para lo cual orquestan toda una campaña mediática en contra del gobierno del señor Solís.

Nota periodística: “El número de imputados ha venido en aumento y actualmente está en 42, luego de que en noviembre pasado la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción indagó a 16 empresarios que brindaron servicios en la construcción de esa carretera en la frontera norte, dice un comunicado emitido hoy por el Ministerio Público”.

Ciertamente, el gobierno del PAC no ha sido muy distinto a los anteriores, pero ese es el punto que reclaman quienes por años gobernaron, si basta echar una mirada al pasado, a la historia, para que ésta misma se encargue de juzgarles.

Es tiempo de resolver los temas importantes que el país necesita resolver, sin manipulaciones odiosas, sin posiciones antagónicas. Es preciso ser capaces de dialogar y de buscar el norte que el país merece.

Es preciso mejorar la eficiencia y la eficacia, eso no requiere mayor discusión, pero no podemos aceptar que se siga mintiendo, al señalar a las trabajadoras y a los trabajadores del sector Público como los culpables del déficit fiscal. Nosotros no hemos gobernado, nosotros pagamos impuestos, nosotros producimos con nuestro trabajo.

Los evasores son otros. Nosotros no somos importadores de mercadería, nosotros no evadimos el fisco ¿Por qué no le entran a este tema? ¿Porque podrían estar entre los evasores grupos colaboradores de sus campañas políticas?…

De repente, nuestra cuota de responsabilidad podría encontrarse en la elección que hemos hecho de nuestros gobernantes, porque bien señala el adagio, “cada pueblo, obtiene lo que se merece”.

Estamos en un momento crucial, determinante para el futuro del país, en este tiempo debe prevalecer la sensatez, el diálogo, la comunicación equilibrada, entendiendo y respetando nuestras diferencias, la justicia social y el Estado solidario, es lo que nos ha permitido vivir en paz, luego de la guerra civil del 48, así que se debe actuar en consecuencia con la historia…

Bien lo dijo el benemérito de la patria, don José Figueres Ferrer, “Quienes somos herederos de un pasado valioso debemos enriquecer el presente con ideas que fructifiquen en un futuro aún mejor”.
A menos que existan otros intereses, para lo cual en nuestro caso estaremos siempre listos para luchar, “hasta la victoria siempre”.

Camioneros y Traileros fueron recibidos en Casa Presidencial con pliego de peticiones

Con el apoyo de la ANEP y el Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa, cerca de 20 camioneros y traileros que salieron en caravana desde Limón a las 6:00 de la mañana rumbo a Casa Presidencial, fueron recibidos por representantes de Gobierno en la sede de Zapote, donde presentaron un pliego de peticiones sobre la difícil situación laboral que atraviesan cerca de 18 mil transportista independientes y choferes en la zona de los muelles de Moín, Limón y Caldera.

Dentro de la difícil situación socio-laboral de este importante grupo de trabajadores costarricenses, se encuentran: graves problemas de sobreexplotación laboral, precarización del empleo, tercerización abusiva, exclusión de la Seguridad Social y acumulación desenfrenada de la ganancia con esta actividad.

Específicamente, la indicada problemática, de reiterada prolongación en el tiempo, tiene una expresión intensa y dramática en la zona de los muelles del Atlántico, Limón y Moín; sin embargo, también tiene manifestación en los muelles del Pacífico y, por supuesto, en todo el país.

El actual Presidente de la República, don Luis Guillermo Luis Rivera, recibió con fecha 21 de mayo de 2014 (a tan sólo 13 días naturales de asumir el mando gubernativo del país), una amplia nota explicativa del cúmulo de problemas que han venido aquejando a este estratégico grupo laboral costarricense, a cargo de la movilización de diversa mercadería que entra y que sale por los indicados puertos y fronteras del país.

A nombre del gran grupo afectado de camioneros-traileros (choferes y autónomos), firmaron la nota los señores Carlos Vásquez Zumbado y Gerardo Rodríguez Báez.

Posteriormente, la funcionaria del despacho presidencial identificada como Sandra Fernández Agüero, con fecha 3 de junio de 2014 y según oficio DPC-0426-14, informa del traslado de la mencionada nota firmada por don Carlos Vásquez y por don Gerardo Rodríguez, al señor Lic. Carlos Eddie Segnini Villalobos, Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT). El número de oficio presidencial de traslado es el DPC-0423-14.

La carta de los señores Vásquez y Rodríguez, a nombre del citado grupo de Camioneros-Traileros llevaba copia a una gran cantidad de instancias; destacándose, precisamente, el jerarca del MOPT, señor Segnini; así como su colega de Trabajo y Seguridad Social, Víctor Morales Mora. Instituciones como la propia JAPDEVA, el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), las fracciones políticas parlamentarias de la Asamblea Legislativa, el Concejo y la Municipalidad de Limón, la Cámara Nacional de Transporte y diversas empresas navieras, fueron incluidas como destinatarias del documento dirigido al mandatario.

16 meses después, exactamente hoy, 21 de setiembre de 2015, hacemos denuncia ante la opinión pública nacional, vía la cooperación valiosa de los diferentes medios de comunicación, de la ausencia absolutamente total de atención oficial a esta problemática del gremio laboral de los Camioneros-Traileros(choferes y autónomos); situación ésta que nos obliga a informarle al país de que nos vemos en la imperiosa obligación de propiciar para fecha próxima una movilización lo suficientemente consistente como para que, de verdad, se tome en cuenta nuestra grave problemática y, por ende, el deterioro sensible de la situación socioeconómica de nuestras respectivas familias.

Nuestra problemática se caracteriza, principalmente, por:

1) Una concentración acaparadora de las empresas navieras, todas transnacionales como: Maersk, Chiquita, Del Monte, Pindeco, Dole, Seabord; e, igualmente, las grandes empresas de transporte, entre otras.

2) Las mismas funcionan, mediante intermediarios, que han venido precarizando nuestro empleo llevándonos a condiciones de trabajo, prácticamente, esclavo.

3) Baja sensible del precio del transporte pese a que las tarifas para movilización de cargo en el caso costarricense, son de las más altas del mundo.

4) Jornadas de trabajo extremadamente extenuantes con severo desarraigo familiar.

5) Gran precarización salarial

En tal sentido, anunciamos que la lucha que emprenderemos a partir de este momento, incluye, principalmente, estos 7 puntos:

1. Fijar tarifas mínimas para el precio del transporte de carga.
2. Eliminación de intermediarios y contratación directa con las navieras y empresas similares.
3. Fijación salarial, viáticos y garantías laborales para los camioneros según la Seguridad Social.
4. Dignificación de nuestro empleo, cese de persecución y libertad de organización.
5. Regulación tarifaria por estadía y tiempos de espera.
6. Distribución justa y equitativa de cuotas de carga.
7. Fácil acceso al crédito para renovar las unidades de transporte.

Hacemos un llamado a todos nuestros compañeros camioneros-traileros (choferes y autónomos) que están viviendo estas duras condiciones de desenvolvimiento de nuestro importante gremio laboral para que fortalezcamos este proceso de lucha y de unidad; y, en tal sentido, para participar activamente en acciones próximas que se anunciarán próximamente.

De la misma forma, con toda responsabilidad y prudencia, hacemos un llamado al actual Gobierno de la República, en las figuras del propio señor Presidente de la República; y de sus ministros en las carteras de Presidencia, Obras Públicas y Transportes, Trabajo y COMEX, a fin de que, de inmediato, procedan a abrir una mesa de diálogo firme, sistemática, consistente y con calendario fijo y plazos determinados, que arroje resultados en bien de la tranquilidad del comercio, de la paz social y del bien común del país.

Por Comisión
CAMIONEROS-TRAILEROS (choferes y autónomos)

PATRIA JUSTA
SINTRAJAP-ANEP

Carlos Vásquez Zumbado
Gerardo Rodríguez Báez

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador PATRIA JUSTA

Liroy Pérez Pérez
Secretario de Prensa
SINTRAJAP

Patria Justa se reunió con la Conferencia Episcopal

Finalizada la reunión, los representantes de la Conferencia Episcopal resaltaron la importancia de entablar un diálogo nacional sobre la situación que atraviesa el país, a la vez que reconocieron las intenciones y esfuerzos de Patria Justa por sentarse a dialogar con diversos actores.