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En una sociedad tan diversa como la costarricense, se debe entender con absoluta normalidad que se manifiesten diferentes formas de apreciar los fenómenos sociales, y por ello, también deberíamos observar con regularidad las diferentes expresiones que de esos criterios subjetivos se expresan.

Por lo tanto, receptar discusiones (ya sea con carácter de individualidad o colectivas) es en cierto grado “hasta necesario” para nutrir con carácter social las diferentes manifestaciones de la vida en comunidad.

No obstante, las mismas discrepancias deberían llevarnos a construir acuerdos, sin dejar de creer en lo que a cada quien le parece mejor, conforme a sus ideologías y necesidades.

Sin embargo, hoy parece cada vez más lejana esa posibilidad, producto de intereses individuales, de egocentrismos, de mezquindades y de la necesidad de ostentar “el poder por el poder”. Bastaría una mirada al pasado, para recordar cómo se dió lo que aún hoy sigue siendo considerada “la mayor conquista social”, momento histórico en el que se dieron una serie de reformas políticas progresistas, realizadas en Costa Rica en los años cuarenta, a raíz de la alianza entre diversas figuras políticas y religiosas, en beneficio de las clases trabajadoras.

¿Qué características tendrían, el doctor, Rafael Ángel Calderón Guardia, presidente en el período 1940-1944 y líder del partido Republicano Nacional y de la tendencia política conocida como “el calderonismo”, el líder del Partido Comunista; Manuel Mora Valverde, y el arzobispo de San José, don Víctor Manuel Sanabria Martínez, líder de la Iglesia Católica de Costa Rica; para que, a pesar de sus diferencias, lograran, respetando sus ideales, la reforma histórica conocida como “Las Garantías Sociales”?

En razón de esta consideración, se debe nacer otra pregunta fundamental para nosotros, ¿qué papel jugaban los medios de comunicación masiva en aquella época?, ¿qué nivel de desarrollo dialéctico y argumentativo tendrían los actores políticos?, ¿cómo se pusieron de acuerdo aquellos grupos ideológicamente distintos?

Nos parece que la reflexión debe incluirnos a todos, por ejemplo: algunos comunicadores, procuran la noticia que les asegure una mayor “venta”; sin importar la forma de obtener la información, la dignidad, la intimidad y el respeto a las personas.

Algunos políticos asumen el “poder” para utilizarlo como herramienta en busca de revanchismos personales e ideológicos; y también, quienes asumimos representación sindical, debemos reflexionar sobre algunas de nuestras posiciones y replantear día a día nuestros ideales, ya que nuestra práctica debe ser visionaria y propositiva en busca de la justicia social.

En nuestro caso, defendemos y hacemos uso de la libertad constitucional de opinión. Pero además, entendemos y nos hacemos responsables de nuestras palabras. Por lo tanto, somos sumamente respetuosos con respecto a la libertad de pensamiento del colectivo social, y por ende, de la libertad de información que asiste a quienes están en la industria de la comunicación.

No obstante, en ésta, como en toda profesión, debe prevalecer la ética, el profesionalismo y el equilibrio a la hora de presentar algunos temas a la opinión pública.

A nosotros nos encantaría poder mostrar a la opinión pública, las condiciones y situaciones socio-laborales que viven nuestros oficiales de policía; nos gustaría poder mostrar cómo se desgasta el trabajador de la Fuerza Pública, con jornadas de doce horas diarias y sin derecho a un régimen especial de pensión; mostrar cómo el 70% de hogares de nuestros policías están desintegrados. Pero posiblemente para algunos, eso no es importante, porque no vende.

SE REQUIERE DE UN DIALOGO RESPONSABLE, Y NO DE POLARIZACIÓN SOCIAL.

En los últimos días, en razón de que se discute en el Poder Legislativo, un proyecto con relación al empleo público; algunos diputados, valiéndose de su “inmunidad” y del “poder” que les permite su investidura, polarizan la discusión y satanizan el trabajo de las y los empleados públicos, como si estos fueran los responsables del déficit fiscal; olvidando que algunos de ellos y sus partidos políticos, están siendo cuestionados, por intentar engañar con la deuda política a toda la nación.

Olvidando, puede que intencionalmente, que en este país se evaden impuestos en sumas exorbitantes, y no somos las y los trabajadores del estado quienes los evadimos. Hablamos de billones de colones, que se dejan de percibir en perjuicio de la Hacienda Pública, aunado a demandas contra el Estado por malas decisiones políticas, y situaciones de todos conocidas, como lo acontecido con la trocha fronteriza.

Nota periodística: “El número de imputados ha venido en aumento y actualmente está en 42, luego de que en noviembre pasado la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción indagó a 16 empresarios que brindaron servicios en la construcción de esa carretera en la frontera norte, dice un comunicado emitido hoy por el Ministerio Público”.

Ahora bien, es cierto que existen situaciones jurídicamente consolidadas que, si bien están dentro del marco de la legalidad, requieren ser revisadas, actualizadas, y modernizadas, debido a la evolución social, cultural, política y económica del país. Los representantes sindicales lo reconocemos y apostamos por el diálogo.

Diálogo que debe darse con respeto del pensamiento individual y colectivo, y en armonía, como se dio en el pasado, cuando líderes políticos, religiosos y sindicalistas, acordaron por el bien común, la solidaridad, el equilibrio y la justicia social del sector laboral costarricense.

Por ejemplo, es preciso y podría ser necesario revisar la eficiencia y la calidad en el servicio público. Pero esta práctica crítica (necesaria y urgente) es muy distinta a asegurar ante medios de comunicación, que “el 50% de los empleados públicos están haciendo un 10% de lo que tienen que hacer con regularidad. Peor aún, afirmar que “(…) de los salarios que se están dando en anualidades, horas extra y dedicaciones exclusivas el 95% es plata botada totalmente (…)”. Este tipo de referencias son demagógicas, temerarias, infundadas e irresponsables.

Algunos detractores del empleo público, posiblemente quisieran desaparecer el sector público, para privatizar los servicios. Y ante nuestros ojos vemos los hechos que desembocan en ese camino, sin temor a señalar ejemplos.

Algo de esto ya sucede en algunos sectores, como por ejemplo: ¿desde cuándo y cómo se viene debilitando a la Caja Costarricense del Seguro Social?, y ¿quiénes se están beneficiando de la industria de la salud? Tema intrincado y profundo que se debe discutir, en armonía y pensando en el bien social, y no de la forma en que se ha venido haciendo.

Es inminentemente urgente, que TODOS los actores, sean políticos, sociales y empresariales, “renunciemos” a vanidades, egocentrismos y a todo aquello que esté por delante del interés común. Solo así podremos reconstruir lo que nos parece perdido: la capacidad de diálogo y de alcanzar grandes acuerdos!

Hecha la propuesta, ¿Quién dice, yo acepto?

Se ha venido discutiendo la posibilidad de asignar a la Fuerza Pública, labores de Policía de Tránsito, esto como medida “paliativa” ante la necesidad de suplir el faltante de oficiales de tránsito de este cuerpo policial.

Ante esta iniciativa, que nace mediante el proyecto de Ley que promueve el diputado Fabricio Alvarado, mostramos nuestras consideraciones en torno al citado proyecto.

Según el señor diputado, en razón de que la Fuerza Pública, cuenta con casi 14,000 oficiales, este cuerpo policial debería asumir el faltante de policías de tránsito en carretera; sin embargo, veamos los siguientes datos:

En promedio, se tiene un policía de la Fuerza Pública por cada 321 habitantes; esto si todos estuvieran en servicio, pero se reparten en turnos y en diversas funciones; además se debe considerar el faltante de personal que generan las vacaciones, incapacidades, licencias, problemas de salud, labores administrativas, aunado a que existen grupos con funciones específicas, como las unidades especiales, etc. Entonces es posible promediar que existe un policía por cada 500 habitantes.

En muchas comunidades se cuenta con la presencia de un solo policía en una caseta. El desarrollo urbanístico se mantiene en constante crecimiento, lo cual hace que cada vez más comunidades soliciten y/o requieran de una delegación de policía, para atender el tema de la seguridad ciudadana.

Si consideramos las cifras, en cuanto a la proporción policía-habitantes, considerando también que la Fuerza Pública, hace de auxiliar del Poder Judicial, ejecuta notificaciones, capturas por pensión alimentaria, desalojos administrativos, tiene una serie de programas preventivos, y si además valoramos los números delictivos, con un claro incremento en la criminalidad, presentándose a diario homicidios violentos, debemos decir que nos parece inadecuado el proyecto de Ley.

Resulta importante citar, que es la misma Ley General de Policía, la que establece las competencias y señala la posibilidad de actuación supletoria en casos de emergencia que deben realizar los oficiales policiales; también señala la Ley la posibilidad de cooperación mutua, coordinando acciones en favor de la seguridad común. O sea, nos parece que el proyecto resulta reiterativo.

Ley 7410. Artículo 7º—Principios de reserva de ley. La creación de competencias policiales constituye reserva de ley.

Artículo 32º—Competencia La Policía de Tránsito. Se encargará de la vigilancia y el mantenimiento del orden en las vías públicas del país, de conformidad con los principios que determinen la Constitución Política, los tratados internacionales, las leyes y sus reglamentos. Lo anterior define y delimita claramente las competencias de este cuerpo policial, especializado en la materia de tránsito.

Ahora bien, ¿Cuántos policías de tránsito hacen falta? Según datos citados por la propia Policía de Tránsito, este cuerpo policial requiere la inyección de 1200 oficiales para brindar mejor atención y cobertura a las labores de su competencia.

Si partimos de la siniestralidad, de las constantes infracciones a la Ley de Tránsito, nos parece que esta institución podría ser autosuficiente y generar la contratación de estas plazas, propiciando además, empleo, que tanta falta hace en nuestro país.

Según datos oficiales, cada 38 minutos una persona es víctima de asalto; además, de enero a junio 2014, ocurrieron 179 crímenes, de un total de 471 muertes violentas registradas en ese periodo del año anterior.

Mientras tanto, en el mismo lapso de este año 2105, hubo 269 homicidios; es decir, 90 más que el año anterior, de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esta información debe ser considerada a la hora de pensar en encomendar a la Fuerza Pública la labor de atender las tareas propias de la Policía de Tránsito.

Es preciso hacer lectura de las declaraciones de los jerarcas del Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio de Seguridad Pública, sobre las acciones para combatir este fenómeno. El director del OIJ manifestó:

“Estamos coordinando con Fuerza Pública para que ellos, con su labor preventiva, estén presentes en las zonas, controlando y revisando”.

Al respecto el Ministro Mata advirtió, que hay limitaciones.

“Son muertes que ocurren dentro de las casas o búnkeres y, para nosotros, es imposible evitarlo porque no podemos entrar”.

Así las cosas, nos parece peligroso “vestir un santo, para desvestir otro”. En este sentido, resulta riesgoso debilitar la labor sustantiva que la Ley le encomienda a la Fuerza Pública, a saber: el resguardo de la soberanía, la seguridad de los habitantes y el mantenimiento del orden público.

Debemos recordar que la Ley Nº 7410, establece la Reserva de Ley y asigna las competencias de cada cuerpo policial.

Ahora bien, estamos de acuerdo en la necesidad de reforzar a Policía de Tránsito; eso no requiere de mucho estudio, es evidente y manifiesto; sin embargo, debe hacerse de forma equilibrada, producto de un análisis de la situación global y particular, resultado de mesas de trabajo y de diálogos, en donde se valoren los pro y los contra y se midan los riesgos, ya que como decimos, se puede “vestir un santo para desvestir otro” pudiendo resultar más caro el remedio que la enfermedad.

No tenemos noción de que la historia reciente de nuestra Patria, luego de la fundación de la Segunda República, en 1949, registre una campaña mediática de tanta virulencia, tan cargada de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra de un grupo social determinado, como la que ha estado desarrollándose durante los últimos meses en contra del sector laboral asalariado del Estado costarricense: los Empleados Públicos.

Esta campaña está tan cargada de odio, de tergiversaciones, de verdades a medias, que nos hace evocar (guardando las obvias dimensiones de espacio y de tiempo), campañas de limpieza étnica, de exterminio político, de expulsión completa de sus ámbitos de convivencia, de grupos sociales completos; ocurridas en otras naciones y en otros contextos; y que, lastimosa e irreparablemente, dividieron a una sociedad hasta llevarla a confrontaciones de alta intensidad, extremadamente dolorosas dejando heridas que no sanarían nunca más.

La campaña que denunciamos está llegando a niveles, realmente, demenciales. Por ejemplo, han puesto a la Aresep a derogar la Constitución, a abrogar el Código de Trabajo, a nulificar el papel del parlamento; a renegar de los compromisos internacionales del país en materia de Derecho Laboral, convertidos en leyes de la República por parte de la Asamblea Legislativa, cuando fueron ratificados parlamentariamente. Están dispuestos a negar la vigencia del Derecho Sindical, conceptuado como Derecho Humano Fundamental universalmente reconocido; sin hablar que no tiene la menor importancia para los promotores de esta insana campaña, lo que en la materia de Libertad Sindical y de Negociación Colectiva, plantea la propia Doctrina Social de la Iglesia Católica.

Varias de las más grandes corporaciones mediáticas y de comunicación del negocio de las noticias que están liderando esta campaña (dos de ellas involucradas en “controversias” tributarias con el fisco), pretenden gobernar este país sin haber ido a elecciones; y, ante su desesperación porque no sale la ley de empleo público que quieren imponer, vienen desarrollando esta perversa operación mediática al estilo del “famoso” propagandista nazi Goebbels: “Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá”.

Tan sólo falta que a uno de sus amanuenses, los ideólogos de esta campaña lo ponga a proponer que a cada una de las actuales personas trabajadoras asalariadas del Estado, se le coloque en su camisa, en su blusa, en su saco, en su suéter, una etiqueta, un signo, una “marca”, por ejemplo “EP” (Empleado Público-Empleada Pública”); para que el resto de la sociedad sepa que ese o esa “EP”, es una “persona vividora, corrupta e ineficiente de salario privilegiado”; mientras que quien no lleva la “EP”, es una “persona trabajadora sacrificada, honrada, eficiente y de salario justo”.

¡Ya usted habrá imaginado a qué acontecimiento espantosamente trágico estamos evocando con esto de las etiquetas para estigmatizar perversamente y en función de la generación de odio!

La campaña de odio contra los empleados públicos y las empleadas públicas que estamos viviendo en la sociedad costarricense tiene un único objetivo estratégico fundamental: el exterminio, la extinción, la desaparición sociopolítica de la organización sindical de toda la dinámica de las relaciones de poder en la sociedad.

A su vez, tal objetivo deriva en otros dos que le son subordinados: reducir el empleo público a su mínima expresión y que lo que quede de él, que quede en condición igual a la que impera en el sector privado: salarios precarizados apenas por el mínimo de ley y en un ámbito de total ausencia de organización sindical.

Con ello se obtiene una acariciada meta no alcanzada plenamente aún: la apropiación privada para la explotación comercial de aquellos servicios públicos todavía no entregados, o parcialmente entregados, al corporativismo de negocios: ICE, RECOPE, JAPDEVA, INS, CAJA, A Y A y otras empresas públicas. ¡Que no son generadores del déficit fiscal!

¡No! No es una o unas cláusulas determinadas en una particular Convención Colectiva de Trabajo. ¡No! No son los pluses salariales ni las anualidades. ¡No! Ni siquiera es el llevado y traído tema “apocalíptico” del déficit fiscal. ¡No! Todo esto se puede hablar, se puede discutir, se puede reformular, se puede cambiar. ¡Pero No! La cuestión es profundamente ideológica: ¡Todo mercado… nada Estado! ¿A usted, “EP”, todavía le queda alguna duda de que vienen por usted, por su familia, por su empleo, por su seguridad?…

Compartimos la postura de la Iglesia Católica sobre la RPL.

Reforma Procesal postura de la Iglesia Católica