En una sociedad tan diversa como la costarricense, se debe entender con absoluta normalidad que se manifiesten diferentes formas de apreciar los fenómenos sociales, y por ello, también deberíamos observar con regularidad las diferentes expresiones que de esos criterios subjetivos se expresan.
Por lo tanto, receptar discusiones (ya sea con carácter de individualidad o colectivas) es en cierto grado “hasta necesario” para nutrir con carácter social las diferentes manifestaciones de la vida en comunidad.
No obstante, las mismas discrepancias deberían llevarnos a construir acuerdos, sin dejar de creer en lo que a cada quien le parece mejor, conforme a sus ideologías y necesidades.
Sin embargo, hoy parece cada vez más lejana esa posibilidad, producto de intereses individuales, de egocentrismos, de mezquindades y de la necesidad de ostentar “el poder por el poder”. Bastaría una mirada al pasado, para recordar cómo se dió lo que aún hoy sigue siendo considerada “la mayor conquista social”, momento histórico en el que se dieron una serie de reformas políticas progresistas, realizadas en Costa Rica en los años cuarenta, a raíz de la alianza entre diversas figuras políticas y religiosas, en beneficio de las clases trabajadoras.
¿Qué características tendrían, el doctor, Rafael Ángel Calderón Guardia, presidente en el período 1940-1944 y líder del partido Republicano Nacional y de la tendencia política conocida como “el calderonismo”, el líder del Partido Comunista; Manuel Mora Valverde, y el arzobispo de San José, don Víctor Manuel Sanabria Martínez, líder de la Iglesia Católica de Costa Rica; para que, a pesar de sus diferencias, lograran, respetando sus ideales, la reforma histórica conocida como “Las Garantías Sociales”?
En razón de esta consideración, se debe nacer otra pregunta fundamental para nosotros, ¿qué papel jugaban los medios de comunicación masiva en aquella época?, ¿qué nivel de desarrollo dialéctico y argumentativo tendrían los actores políticos?, ¿cómo se pusieron de acuerdo aquellos grupos ideológicamente distintos?
Nos parece que la reflexión debe incluirnos a todos, por ejemplo: algunos comunicadores, procuran la noticia que les asegure una mayor “venta”; sin importar la forma de obtener la información, la dignidad, la intimidad y el respeto a las personas.
Algunos políticos asumen el “poder” para utilizarlo como herramienta en busca de revanchismos personales e ideológicos; y también, quienes asumimos representación sindical, debemos reflexionar sobre algunas de nuestras posiciones y replantear día a día nuestros ideales, ya que nuestra práctica debe ser visionaria y propositiva en busca de la justicia social.
En nuestro caso, defendemos y hacemos uso de la libertad constitucional de opinión. Pero además, entendemos y nos hacemos responsables de nuestras palabras. Por lo tanto, somos sumamente respetuosos con respecto a la libertad de pensamiento del colectivo social, y por ende, de la libertad de información que asiste a quienes están en la industria de la comunicación.
No obstante, en ésta, como en toda profesión, debe prevalecer la ética, el profesionalismo y el equilibrio a la hora de presentar algunos temas a la opinión pública.
A nosotros nos encantaría poder mostrar a la opinión pública, las condiciones y situaciones socio-laborales que viven nuestros oficiales de policía; nos gustaría poder mostrar cómo se desgasta el trabajador de la Fuerza Pública, con jornadas de doce horas diarias y sin derecho a un régimen especial de pensión; mostrar cómo el 70% de hogares de nuestros policías están desintegrados. Pero posiblemente para algunos, eso no es importante, porque no vende.
SE REQUIERE DE UN DIALOGO RESPONSABLE, Y NO DE POLARIZACIÓN SOCIAL.
En los últimos días, en razón de que se discute en el Poder Legislativo, un proyecto con relación al empleo público; algunos diputados, valiéndose de su “inmunidad” y del “poder” que les permite su investidura, polarizan la discusión y satanizan el trabajo de las y los empleados públicos, como si estos fueran los responsables del déficit fiscal; olvidando que algunos de ellos y sus partidos políticos, están siendo cuestionados, por intentar engañar con la deuda política a toda la nación.
Olvidando, puede que intencionalmente, que en este país se evaden impuestos en sumas exorbitantes, y no somos las y los trabajadores del estado quienes los evadimos. Hablamos de billones de colones, que se dejan de percibir en perjuicio de la Hacienda Pública, aunado a demandas contra el Estado por malas decisiones políticas, y situaciones de todos conocidas, como lo acontecido con la trocha fronteriza.
Nota periodística: “El número de imputados ha venido en aumento y actualmente está en 42, luego de que en noviembre pasado la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción indagó a 16 empresarios que brindaron servicios en la construcción de esa carretera en la frontera norte, dice un comunicado emitido hoy por el Ministerio Público”.
Ahora bien, es cierto que existen situaciones jurídicamente consolidadas que, si bien están dentro del marco de la legalidad, requieren ser revisadas, actualizadas, y modernizadas, debido a la evolución social, cultural, política y económica del país. Los representantes sindicales lo reconocemos y apostamos por el diálogo.
Diálogo que debe darse con respeto del pensamiento individual y colectivo, y en armonía, como se dio en el pasado, cuando líderes políticos, religiosos y sindicalistas, acordaron por el bien común, la solidaridad, el equilibrio y la justicia social del sector laboral costarricense.
Por ejemplo, es preciso y podría ser necesario revisar la eficiencia y la calidad en el servicio público. Pero esta práctica crítica (necesaria y urgente) es muy distinta a asegurar ante medios de comunicación, que “el 50% de los empleados públicos están haciendo un 10% de lo que tienen que hacer con regularidad. Peor aún, afirmar que “(…) de los salarios que se están dando en anualidades, horas extra y dedicaciones exclusivas el 95% es plata botada totalmente (…)”. Este tipo de referencias son demagógicas, temerarias, infundadas e irresponsables.
Algunos detractores del empleo público, posiblemente quisieran desaparecer el sector público, para privatizar los servicios. Y ante nuestros ojos vemos los hechos que desembocan en ese camino, sin temor a señalar ejemplos.
Algo de esto ya sucede en algunos sectores, como por ejemplo: ¿desde cuándo y cómo se viene debilitando a la Caja Costarricense del Seguro Social?, y ¿quiénes se están beneficiando de la industria de la salud? Tema intrincado y profundo que se debe discutir, en armonía y pensando en el bien social, y no de la forma en que se ha venido haciendo.
Es inminentemente urgente, que TODOS los actores, sean políticos, sociales y empresariales, “renunciemos” a vanidades, egocentrismos y a todo aquello que esté por delante del interés común. Solo así podremos reconstruir lo que nos parece perdido: la capacidad de diálogo y de alcanzar grandes acuerdos!
Hecha la propuesta, ¿Quién dice, yo acepto?
