¡No “atornillen” más a la clase trabajadora asalariada!

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), estamos totalmente en contra de la desafortunada e inoportuna pretensión del Gobierno para reducir el monto salarial exento de tributar renta, actualmente colocado en la cantidad de 793 mil colones.

Esta situación contrasta, radicalmente, con la no menos deplorable decisión gubernativa de ceder a las presiones del gran corporativismo empresarial (mediando su respectiva representación parlamentaria), renunciando a que el fraude fiscal y la evasión tributaria tengan en sede administrativa una fuerte posibilidad de combate.

Los sectores medios de la clase trabajadora que tienen salarios relativamente decentes, sufren de severos endeudamientos y por lo general no tienen acceso a políticas públicas directas que compensen la pérdida del poder adquisitivo que las restricciones de política salarial de los últimos años han impuesto.

Por otra parte, sigue siendo tema de desconfianza, recelo y duda la caída del índice inflacionario según el discurso oficial. Es cuestión de contrastar el mismo con la realidad del bolsillo de la persona trabajadora asalariada y comprobar que no se siente en la cotidianeidad del diario vivir, tal disminución en el indicador principal que mide el costo de la vida.

Se dice que baja la inflación (“deflación”), pero muchas mercancías y muchos servicios no muestran significativas rebajas de precios. Para muestra un botón: la escandalosa situación de las tarifas de autobús que no muestran ni la reducción ni de un centavo. Como sabemos, se han hecho de la “vista gorda” en la Aresep en cuanto a la reducción del precio internacional del petróleo.

De manera vehemente, exhortamos al Gobierno y, en particular al Ministerio de Hacienda, para que desistan de ampliar la carga tributaria que pesa sobre el salario. Imponer un aumento de la misma es potenciar la llegada de más familias a las cercanías de la vulnerabilidad de pobreza y, seguir reforzando la injusta y perversa senda de la regresividad tributaria.

Vamos a analizar la posibilidad de un debate en sede constitucional acerca de la propiedad jurídica legítima para gravar el salario, considerando que éste es pago por fuerza de trabajo desplegada y no producto de una actividad lucrativa de lógica mercantil.

Comunicado de Prensa de Patria Justa

Durante toda la mañana de este día, jueves 10 de setiembre de 2015, los máximos representantes directivos de las organizaciones conformantes de PATRIA JUSTA, hemos analizado la situación de gran conocimiento público generada en las últimas horas y derivadas de las declaraciones emitidas por el compañero Fabio Chaves Castro, Subcoordinador de este agrupamiento sindical y Coordinador General del FIT-ICE, durante la conferencia de prensa en la sede de la ANEP, el pasado martes 8 de setiembre. Por tanto, declaramos:

PRIMERO: Daremos a las y a los representantes de los diferentes medios de comunicación el trato cordial y respetuoso que siempre les hemos brindado, para la cobertura informativa de nuestras actividades en sus diferentes expresiones y circunstancias.

SEGUNDO: Total respeto de nuestra parte a la Libertad de Expresión en el ejercicio de la actividad mediático-informativa, sin importar el posicionamiento político-ideológico del enfoque informativo.

TERCERO: Las declaraciones de nuestro compañero de causa, Fabio Chaves Castro, tienen su origen en el contexto de la actividad sindical cotidiana en el seno de las colectividades laborales en que nos desenvolvemos; producto del tratamiento informativo sobre los temas de Empleo Público que se han venido publicando en parte de la prensa nacional en los últimos meses; enfoque que ha calado hondo en las conciencias y en las mentes de miles de personas trabajadoras asalariadas del Sector Público, producto de que sus derechos laborales logrados al amparo de ley, son mostrados distorsionadamente, como se si tratase de acciones delictivas.

CUARTO: Discrepamos de que tales declaraciones sean una “amenaza a la prensa”, ni implícita ni explícitamente. Para entendernos mejor, el contexto de tales declaraciones puede ser referenciado, a modo de ejemplo, por peticiones de grupos laborales para no usar más su uniforme de trabajo cuando están en la calle; por conflictos interpersonales de agresividad en la ventanilla de trámite; por las agresiones verbales y griterías de automovilistas que transitan frente al local de nuestras organizaciones, por ejemplo. En tal sentido, queremos que haya más equidad, más justicia informativa y más espacio igualitario en torno a las tesis confrontadas. Sabemos que este postulado ético y sagrado del periodismo alcanza tanto para el entrevistador como para el entrevistado y, hasta el momento, en la prensa que ha venido discrepando de nuestras posiciones, no hemos sentido, en realidad, este tipo de tratamiento. En tal sentido respaldamos a nuestro colega de lucha, Fabio Chaves Castro, connotado líder social de larga trayectoria y representante directo de más de 10 mil conciencias laborales del ámbito institucional por él representado.

QUINTO: De manera pública y respetuosa, invitamos a los directores y a las directoras de los medios de prensa a una sesión-almuerzo en próximas horas. Les reiteramos nuestra posición de pleno respeto al trabajo de los y de las periodistas y de los medios. Como costarricenses que pensamos distinto y, específicamente, sobre el enfoque polarizante del empleo público, pensamos que podemos sentarnos alrededor de una mesa, viéndonos a los ojos, hablando con transparencia y con total respeto a la discrepancia sobre todas estas situaciones. Se les contará con este fin.

SEXTO: Ratificamos, nuevamente, nuestro llamado al diálogo nacional sobre esta circunstancia del Empleo Público y temas asociados. A la vez, continuamos con nuestros preparativos para la concreción de un llamado a la Huelga Nacional, esperando para próximas horas reuniones inter-sindicales según planteamientos de unidad en la acción que hemos formulado recientemente.
San José, jueves 10 de setiembre de 2015.

Firman las agrupaciones integrantes del Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa

ANEP
FIT-ICE
SINAE
SITRAPEQUIA
UPINS
SINTRAJAP
SITRAP
SIPROCNP

Seguridad Ciudadana y el proyecto de Ley nº 19445

Se ha venido discutiendo la posibilidad de asignar a la Fuerza Pública, labores de Policía de Tránsito, esto como medida “paliativa” ante la necesidad de suplir el faltante de oficiales de tránsito de este cuerpo policial.

Ante esta iniciativa, que nace mediante el proyecto de Ley que promueve el diputado Fabricio Alvarado, mostramos nuestras consideraciones en torno al citado proyecto.

Según el señor diputado, en razón de que la Fuerza Pública, cuenta con casi 14,000 oficiales, este cuerpo policial debería asumir el faltante de policías de tránsito en carretera; sin embargo, veamos los siguientes datos:

En promedio, se tiene un policía de la Fuerza Pública por cada 321 habitantes; esto si todos estuvieran en servicio, pero se reparten en turnos y en diversas funciones; además se debe considerar el faltante de personal que generan las vacaciones, incapacidades, licencias, problemas de salud, labores administrativas, aunado a que existen grupos con funciones específicas, como las unidades especiales, etc. Entonces es posible promediar que existe un policía por cada 500 habitantes.

En muchas comunidades se cuenta con la presencia de un solo policía en una caseta. El desarrollo urbanístico se mantiene en constante crecimiento, lo cual hace que cada vez más comunidades soliciten y/o requieran de una delegación de policía, para atender el tema de la seguridad ciudadana.

Si consideramos las cifras, en cuanto a la proporción policía-habitantes, considerando también que la Fuerza Pública, hace de auxiliar del Poder Judicial, ejecuta notificaciones, capturas por pensión alimentaria, desalojos administrativos, tiene una serie de programas preventivos, y si además valoramos los números delictivos, con un claro incremento en la criminalidad, presentándose a diario homicidios violentos, debemos decir que nos parece inadecuado el proyecto de Ley.

Resulta importante citar, que es la misma Ley General de Policía, la que establece las competencias y señala la posibilidad de actuación supletoria en casos de emergencia que deben realizar los oficiales policiales; también señala la Ley la posibilidad de cooperación mutua, coordinando acciones en favor de la seguridad común. O sea, nos parece que el proyecto resulta reiterativo.

Ley 7410. Artículo 7º—Principios de reserva de ley. La creación de competencias policiales constituye reserva de ley.

Artículo 32º—Competencia La Policía de Tránsito. Se encargará de la vigilancia y el mantenimiento del orden en las vías públicas del país, de conformidad con los principios que determinen la Constitución Política, los tratados internacionales, las leyes y sus reglamentos. Lo anterior define y delimita claramente las competencias de este cuerpo policial, especializado en la materia de tránsito.

Ahora bien, ¿Cuántos policías de tránsito hacen falta? Según datos citados por la propia Policía de Tránsito, este cuerpo policial requiere la inyección de 1200 oficiales para brindar mejor atención y cobertura a las labores de su competencia.

Si partimos de la siniestralidad, de las constantes infracciones a la Ley de Tránsito, nos parece que esta institución podría ser autosuficiente y generar la contratación de estas plazas, propiciando además, empleo, que tanta falta hace en nuestro país.

Según datos oficiales, cada 38 minutos una persona es víctima de asalto; además, de enero a junio 2014, ocurrieron 179 crímenes, de un total de 471 muertes violentas registradas en ese periodo del año anterior.

Mientras tanto, en el mismo lapso de este año 2105, hubo 269 homicidios; es decir, 90 más que el año anterior, de acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esta información debe ser considerada a la hora de pensar en encomendar a la Fuerza Pública la labor de atender las tareas propias de la Policía de Tránsito.

Es preciso hacer lectura de las declaraciones de los jerarcas del Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio de Seguridad Pública, sobre las acciones para combatir este fenómeno. El director del OIJ manifestó:

“Estamos coordinando con Fuerza Pública para que ellos, con su labor preventiva, estén presentes en las zonas, controlando y revisando”.

Al respecto el Ministro Mata advirtió, que hay limitaciones.

“Son muertes que ocurren dentro de las casas o búnkeres y, para nosotros, es imposible evitarlo porque no podemos entrar”.

Así las cosas, nos parece peligroso “vestir un santo, para desvestir otro”. En este sentido, resulta riesgoso debilitar la labor sustantiva que la Ley le encomienda a la Fuerza Pública, a saber: el resguardo de la soberanía, la seguridad de los habitantes y el mantenimiento del orden público.

Debemos recordar que la Ley Nº 7410, establece la Reserva de Ley y asigna las competencias de cada cuerpo policial.

Ahora bien, estamos de acuerdo en la necesidad de reforzar a Policía de Tránsito; eso no requiere de mucho estudio, es evidente y manifiesto; sin embargo, debe hacerse de forma equilibrada, producto de un análisis de la situación global y particular, resultado de mesas de trabajo y de diálogos, en donde se valoren los pro y los contra y se midan los riesgos, ya que como decimos, se puede “vestir un santo para desvestir otro” pudiendo resultar más caro el remedio que la enfermedad.

“EP”

No tenemos noción de que la historia reciente de nuestra Patria, luego de la fundación de la Segunda República, en 1949, registre una campaña mediática de tanta virulencia, tan cargada de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra de un grupo social determinado, como la que ha estado desarrollándose durante los últimos meses en contra del sector laboral asalariado del Estado costarricense: los Empleados Públicos.

Esta campaña está tan cargada de odio, de tergiversaciones, de verdades a medias, que nos hace evocar (guardando las obvias dimensiones de espacio y de tiempo), campañas de limpieza étnica, de exterminio político, de expulsión completa de sus ámbitos de convivencia, de grupos sociales completos; ocurridas en otras naciones y en otros contextos; y que, lastimosa e irreparablemente, dividieron a una sociedad hasta llevarla a confrontaciones de alta intensidad, extremadamente dolorosas dejando heridas que no sanarían nunca más.

La campaña que denunciamos está llegando a niveles, realmente, demenciales. Por ejemplo, han puesto a la Aresep a derogar la Constitución, a abrogar el Código de Trabajo, a nulificar el papel del parlamento; a renegar de los compromisos internacionales del país en materia de Derecho Laboral, convertidos en leyes de la República por parte de la Asamblea Legislativa, cuando fueron ratificados parlamentariamente. Están dispuestos a negar la vigencia del Derecho Sindical, conceptuado como Derecho Humano Fundamental universalmente reconocido; sin hablar que no tiene la menor importancia para los promotores de esta insana campaña, lo que en la materia de Libertad Sindical y de Negociación Colectiva, plantea la propia Doctrina Social de la Iglesia Católica.

Varias de las más grandes corporaciones mediáticas y de comunicación del negocio de las noticias que están liderando esta campaña (dos de ellas involucradas en “controversias” tributarias con el fisco), pretenden gobernar este país sin haber ido a elecciones; y, ante su desesperación porque no sale la ley de empleo público que quieren imponer, vienen desarrollando esta perversa operación mediática al estilo del “famoso” propagandista nazi Goebbels: “Miente, miente, miente que algo quedará, cuanto más grande sea una mentira más gente la creerá”.

Tan sólo falta que a uno de sus amanuenses, los ideólogos de esta campaña lo ponga a proponer que a cada una de las actuales personas trabajadoras asalariadas del Estado, se le coloque en su camisa, en su blusa, en su saco, en su suéter, una etiqueta, un signo, una “marca”, por ejemplo “EP” (Empleado Público-Empleada Pública”); para que el resto de la sociedad sepa que ese o esa “EP”, es una “persona vividora, corrupta e ineficiente de salario privilegiado”; mientras que quien no lleva la “EP”, es una “persona trabajadora sacrificada, honrada, eficiente y de salario justo”.

¡Ya usted habrá imaginado a qué acontecimiento espantosamente trágico estamos evocando con esto de las etiquetas para estigmatizar perversamente y en función de la generación de odio!

La campaña de odio contra los empleados públicos y las empleadas públicas que estamos viviendo en la sociedad costarricense tiene un único objetivo estratégico fundamental: el exterminio, la extinción, la desaparición sociopolítica de la organización sindical de toda la dinámica de las relaciones de poder en la sociedad.

A su vez, tal objetivo deriva en otros dos que le son subordinados: reducir el empleo público a su mínima expresión y que lo que quede de él, que quede en condición igual a la que impera en el sector privado: salarios precarizados apenas por el mínimo de ley y en un ámbito de total ausencia de organización sindical.

Con ello se obtiene una acariciada meta no alcanzada plenamente aún: la apropiación privada para la explotación comercial de aquellos servicios públicos todavía no entregados, o parcialmente entregados, al corporativismo de negocios: ICE, RECOPE, JAPDEVA, INS, CAJA, A Y A y otras empresas públicas. ¡Que no son generadores del déficit fiscal!

¡No! No es una o unas cláusulas determinadas en una particular Convención Colectiva de Trabajo. ¡No! No son los pluses salariales ni las anualidades. ¡No! Ni siquiera es el llevado y traído tema “apocalíptico” del déficit fiscal. ¡No! Todo esto se puede hablar, se puede discutir, se puede reformular, se puede cambiar. ¡Pero No! La cuestión es profundamente ideológica: ¡Todo mercado… nada Estado! ¿A usted, “EP”, todavía le queda alguna duda de que vienen por usted, por su familia, por su empleo, por su seguridad?…

Trabajadores municipales de Santa Cruz se mantiene en paro de labores

Al menos 100 trabajadores de la Municipalidad de Santa Cruz en Guanacaste, respaldados por la Seccional ANEP-Municipalidad de Santa Cruz, se mantienen en paro de labores indefinido desde tempranas horas de la mañana de este miércoles 09 de setiembre, debido a molestias con la Alcaldía de la localidad.

Iris Cervantes, Promotora de la ANEP, explicó que entre las molestias que detonaron el paro por parte de los trabajadores se encuentran: la deuda en el pago de horas extra, el atraso del pago del reajuste salarial correspondiente al segundo semestre del años, así como la falta de un plan de salud ocupacional y el nombramiento de personal interino por largos plazos.

“En este momento nos encontramos negociando con la Alcaldía de Santa Cruz estos puntos, así como el tema de los uniformes del personal operativo, ya que estos se encuentran deteriorados. Hasta no alcanzar algún acuerdo los trabajadores se mantendrán en paro de labore”, detalló Cervantes.

Debido al paro de labores se encuentran suspendidos diversos servicios de la Municipalidad de Santa Cruz, tanto en el área operativa como administrativa.

Conferencia de Prensa sobre huelga general

La decisión de realizar la Huelga General Nacional fue respaldada por las ocho organizaciones integrantes del Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa como lo son ANEP, FITICE, SITRAPEQUIA, UPINS, SINAE, SINTRAJAP, SITRAP y SIPROCNP. – See more at: http://anep.or.cr/article/patria-justa-acuerda-realizar-huelga-general-nacio/#sthash.1a4FwGVW.dpuf

Entrevista del periódico La Nación sobre la situación de afiliación del sindicalismo

El Ministerio de Trabajo está próximo a publicar su anuario estadístico del 2014 en el que la tasa de sindicación, aunque levemente, sigue cayendo, al pasar de un 10,1% en el 2013 a un 9,4% en el 2014.

En términos absolutos, eso implica una reducción de 14.016 trabajadores en la fuerza laboral.

Por el contrario, la tasa de afiliación al solidarismo pasó de 19,2% a un 20% entre el 2013 y el 2014, para un crecimiento absoluto de 9.300 personas.

Pese a la diferencia numérica entre ambas formas de organización, se percibe un reforzamiento del papel político y social del sindicalismo.

El reportaje en el que trabajo, pretende explicarle al lector estos fenómenos que le comento y nos interesaría mucho incluir su siempre valioso criterio y análisis sobre lo que sucede con las organizaciones sociales, el reportaje se publicará este lunes entrante, por lo que, ante la falta de más tiempo, le adjunto con mi saludo atento, un corto cuestionario.

El reportaje lo cierro este viernes 4 de setiembre a las 6 de la tarde.

Don Albino, como siempre muy agradecido por su tiempo.
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¿Cuál es el factor o los factores que ustedes consideran que llevan a más trabajadores a afiliarse al sector solidarista en vez de ingresar a sindicatos?

Si la empresa privada fuera respetuosa, en materia de Libertad Sindical, de la Constitución, de la Ley, del Código de Trabajo, de la Doctrina Social de la Iglesia Católica y del Derecho Internacional de Trabajo y la normativa de OIT, habría muchos sindicatos en el sector privado y habría alta afiliación. En la empresa privada, prácticamente, al trabajador se le obliga a ser solidarista. La palabra “sindicato”, es sinónimo de despido en el sector privado.

¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre el solidarismo y el sindicalismo?

Legalmente, tienen su respectiva legislación que les define, claramente, sus ámbitos de competencias. Pero el sindicalismo está conceptuado como un Derecho Humano Fundamental, universalmente reconocido y con normativa legal internacional. El solidarismo no. En lo político-ideológico, el solidarismo es empleado como antisindicalismo.

¿En qué se parecen ambas organizaciones?

Un trabajador, de la empresa privada y del sector público, puede, perfectamente, estar afiliado a los dos modelos. En el sector público, ya eso se da. Conviven ambos y no se interfiere el uno con el otro. No se parecen en nada, empero. Los sindicatos defienden derechos laborales y la estabilidad en el empleo; el solidarismo es un ente financiero que opera en el sector laboral.

¿Cuáles son las asociaciones sindicales más grandes del país, a cuántos trabajadores agrupan más o menos?

Un sindicato puede ser grande no solamente por el número de socios, es decir, por lo meramente cuantitativo. Un sindicato puede ser grande por factores cualitativos: incidencia, propuesta, reconocimiento ciudadano, profesionalismo, vocación negociadora, sistema de alianzas y enlace político y otros. Cuantitativamente hablando, los gremios de educadores son los sindicatos más numerosos pero tienen una esfera de acción determinada por lo gremial, en esencia.

¿Cuál es la obra más relevante del sindicalismo en Costa Rica?

Es difícil ser categórico en eso de “más relevante”. En los años 40 del siglo pasado, el sindicalismo dio el músculo sociopolítico para las reformas sociales: el Código de Trabajo y el Seguro Social. En la época actual, pensamos que ha sido la defensa de instituciones públicas legendarias asociados al concepto de sociedad de capas medias: ICE, INS, banca pública CCSS y otras. En este caso, ajustamos 30 años de “batalla campal” y todavía no han sido pasadas, completamente, al sector privado.

¿Cuál cree usted que es el peso actual del sindicalismo en la sociedad y la política costarricense?

Pese a toda la campaña mediática de desprestigio, de ataque a mansalva, de satanización, el capital neoliberal de corte oligárquico no ha podido imponer en el país, completamente, el modelo del Consenso de Washington. El Estado Social de Derecho no ha sido arrasado por completo, gracias a la resistencia de ciertos sindicatos claves en el enfrentamiento, en la colisión, en el choque, en el antagonismo de dos visiones de desarrollo, en los últimos 30 años. Con la frente en alto y con gran orgullo indicamos que la ANEP ha sido fundamental en esta resistencia. Tenemos peso en esta sociedad y ello se mide por el carácter que en estos momentos reviste la campaña mediática en contra del Empleo Público. Tenemos frenadas varias iniciativas de legislaciones conceptuadas, ideológicamente, por el lado del capital, de corte antiobrero. Queremos más peso, incidencia e influencia y a nadie le debe quedar la menor duda de ello.

¿Vive un reverdecer el sindicalismo gracias a acuerdos como el firmado hace dos meses con el PAC y el Frente Amplio?

Lo que generaron los acuerdos con el PAC y con el FA, con PATRIA JUSTA, es la posibilidad de aportar en la construcción de otra hegemonía en la política pública del país: más hacia lo social, a más regulación del mercado, a más papel del Estado en fomento de la inclusión social y de la reducción de la desigualdad; a cambios estructurales en la distribución del ingreso, por ejemplo. Además, estamos de acuerdo en una revisión integral del sector Público, de la evaluación del desempeño, de revisar injusticias e inequidades en su seno. En esos acuerdos no hay nada contra la iniciativa privada, contra el sector privado. Por supuesto, que con estos acuerdos el nivel de incidencia de los sindicatos, en este caso, PATRIA JUSTA, ha crecido dentro del parlamento, por ejemplo.

¿En qué estado quedan las relaciones de los sindicatos con la clase política después del fracaso de la reforma procesal laboral?

La Reforma Procesal Laboral (RPL) no ha fracasado. Estamos haciendo grandes y productivos esfuerzos para superar el escollo constitucional. Aquí es bueno recordar esa frase de que “los muertos que vosotros matáis, gozan de buena salud”. Es bueno resaltar que la Iglesia Católica está apoyando en esta causa, la de salvar la RPL.

A falta de esta reforma en el panorama porque, se podría decir, está en un limbo ¿Cuáles otras luchas ve usted que puedan unir al sector sindical?

El salario mínimo en el sector Privado, la defensa de la Caja, la cuestión tributaria y el manejo del déficit, el empleo público, la cuestión del agro, la defensa del agua como derecho humano, la cuestión ecológico-ambiental y el cambio climático, por ejemplo. Estos puntos (entre otros), podrían generar una agenda de articulación compartida para la acción.

¿Cuáles cree usted que son los retos más importantes del sindicalismo, tanto inmediatos como futuros?

Retos del sindicalismo: Cruzada por la eficiencia y la eficacia y contra la mediocridad en aquellas zonas del servicio público que sabemos tienen estos problemas; aportar para rigurosos modelos de evaluación del desempeño; combatir duramente la corrupción producto de la colusión entre lo privado con lo público; construir un modelo de unidad sindical en la diversidad político-ideológica, similar al uruguayo; apuntalar con propuestas novedosísimas, como la Economía Social Solidaria, la actividad del emprendedurismo y de las micro, pequeñas y medianas empresas; crear un medio de comunicación multisectorial desde la perspectiva “de los y de las de abajo”; lograr la aprobación legislativa de la nueva ley de radio y televisión; y, por supuesto, lograr la aprobación definitiva de la Reforma Procesal Laboral (RPL), en lo que, como le indicamos arriba estamos trabajando duro.

¿Se nota en la práctica la disminución que sufre el sindicalismo en las estadísticas, o siente que el movimiento está fortalecido al tener mayor músculo producto de alianzas con el PAC y FA?

Al sindicalismo siempre lo están “disminuyendo”. Al sindicalismo lo han “enterrado” varias veces. Sí hay un crecimiento por razones lógicas de la campaña del miedo y de satanización del empleo público. En el caso de ANEP, además, notamos un pequeño crecimiento en el sector privado pero es de afiliación clandestina que no puede reflejarse en las estadísticas públicas del Ministerio de Trabajo, por razones obvias. Evidentemente, como le indicamos, la alianza con el PAC y con el FA presupone un mayor peso en la sociedad, pero ello debe verse en la perspectiva de que la participación ciudadana que hoy se pregona, nosotros la estamos aprovechando “al pie de la letra” y, además, hace tiempo que la política dejó de ser monopolio de los partidos políticos.

¿Cree que este Gobierno ha privilegiado de alguna forma al sector sindical?

Me parece que este gobierno ha estado actuando jugando al “equilibrio”, viendo para el lado empresarial y viendo para el lado sindical. Le puedo garantizar que si el gobierno hubiera “privilegiado” al sector sindical, estaríamos en otras condiciones sociopolíticas con las que siempre hemos soñado.

¿Cómo resumiría usted el papel histórico del sindicalismo en el país?

Sin sindicatos no hay Democracia; no hay Democracia que se precie de serlo, si los excluye. Los sindicatos han sido fundamentales en la gestación, en la preservación, en la defensa y ahora en la revitalización de los pilares del Estado Social, “enfermos” desde adentro y “baleados” desde afuera; además, luchamos para que definitivamente la sociedad entienda que sindicalizarse es el ejercicio de un Derecho Humano Fundamental.

Ley para Mejorar la Lucha contra el contrabando

Nuestro sindicato ANEP-HACIENDA se complace de que haya sido aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa el Expediente No. 19407, “ Ley para Mejorar la Lucha contra el contrabando “, iniciativa del Ministerio de Hacienda , que ya casi iba a cumplir un año de haberse presentado. Esta normativa aduanera, entre otras cosas, busca desincentivar y disminuir el comercio ilícito de mercancías, en todas sus manifestaciones, lográndose que se redujera de $50000 a $10000, el monto de referencia para sancionar los hechos delictivos considerados como contrabando y defraudación fiscal aduanera. En la práctica, muchos inescrupulosos introducían bienes y mercaderías ilegalmente al país, por valores que podían rozar pero que no llegaban a los $50000 y si acaso eran detectados por las autoridades aduaneras, pagaban la multa y no pasaba nada, ahora no sólo se condenará a quienes realicen contrabando por $10000, sino que también, se aplicarán condenas a los sujetos que sean reincidentes por $5000, porque los contrabandos por montos menores se van a acumular. Por lo que esperamos que dichas modificaciones reciban la aprobación en segundo debate y se conviertan así en Ley de la República.

También nos queremos referir en “ La Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal “, que se encuentra para discusión en la Asamblea Legislativa, en lo particular, queremos manifestar nuestra posición en relación a los embargos que se realizan en sede administrativa, por medio del Dpto. de Cobro Judicial de la Dirección General de Hacienda y que algunos políticos, quieren que dichos embargos no se sigan efectuando por esa vía, sino que procuran trasladarlos a sede judicial, donde el volumen de casos y asuntos por atender, atrasará su ejecución y les dará oportunidad a los evasores de idear formas para esconder y evitar la aplicación de la ley. Casualmente, algunos de estos políticos, con escaño legislativo, son coincidentes en sus ataques contra los empleados públicos, señalándonos como los culpables del alto déficit fiscal. Esta medida amparada en la ley y ejecutada por Cobro Judicial, a través de embargos administrativos realizados a las cuentas bancarias de los deudores tributarios, ha provocado que éstos acudan rápidamente a las oficinas tributarias para pagar sus obligaciones o realizar arreglos de pago, lo que ha permitido recuperar sumas muy importantes de dinero de cuentas morosas. Es importante destacar que este logro se hizo mediante el esfuerzo y dedicación del escaso personal que trabaja en Cobro Judicial y el cual tiene excesivas cargas de trabajo. Consideramos que aumentando el recurso humano de esa área, especialmente con abogados (as), simplificando procesos y brindando otras facilidades, se podría disminuir aún más la cartera de morosos . Y esas son las medidas que a los evasores, a sus testaferros y aliados políticos no les gusta y por el contrario buscan por todos los medios quitarle esa valiosa y útil función a la Administración Tributaria y dejarla más débil y desprovista de armas eficaces y contundentes que ataquen la gran evasión que existe en nuestro país. Igualmente de preocupante es la situación de que estos defensores de los evasores, pretenden, de que si los funcionarios ( as ) en el ejercicio de sus labores, son demandados por los contribuyentes, tienen que asumir los gastos de su defensa legal y eventualmente las costas judiciales. Como se puede notar el ataque contra la Administración Tributaria y su personal es por todos los frentes, buscando contrarrestar sus funciones fiscalizadoras y eliminarle las pocas herramientas con que cuenta en su lucha contra la evasión y defraudación fiscal.

ANEP-HACIENDA QUE SE FORTALEZCA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y ADUANERA Y SE PERSIGA A LOS EVASORES