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Uno de los grandes “misterios” del tema fiscal, ahora tan llevado y traído, especialmente cuando se le enfoca por el tema del déficit y la satanización del empleo público con relación al mismo, es el tema de la deuda del país; la deuda interna y la deuda externa; la pública y la privada.

Como país, como sociedad, como nación, como Estado, necesitamos formular preguntas claves en el tema como las siguientes: ¿a quién le debemos?, ¿cuánto debemos?, ¿quién gana con el pago de intereses? Además, ¿cuánto es deuda interna y cuánto es deuda externa?; ¿cuánto es deuda pública de fuentes privadas?, ¿cuáles son los bufetes si los hay, representantes de acreedores, sean estos individuos y/o grupos corporativo-financieros, públicos y o privados, de afuera y de dentro del país?… Etc., etc.

Es decir, esta cuestión da para más que estas preguntas y, con toda seguridad, ni siquiera estamos teniendo la dimensión correcta de todo lo que habría que preguntar, cómo preguntarlo y cómo saber si las respuestas son realmente verdad.

La verdad es que el tema se ha metido en nuestra cabeza luego de conocer a qué niveles llegó la deuda de Grecia, más allá de la serie de factores que se conjuntaron para llevar a dicho país al calamitoso estado de quiebra de hoy, que le ha convertido en un Estado esclavo del capital financiero-bancario de signo neoliberal; mismo que, actualmente, tiene todo el poder real en el seno de la Unión Europea (UE), la cual es “gerenciada” por Alemania.

Leímos en nota de prensa del Diario Extra, en su edición del pasado sábado 22 de agosto, elaborada por la distinguida periodista Jacqueline Solano, la siguiente frase: “El faltante de plata del país alcanzó en los 7 meses del año, el 3.3% del PIB, con un aumento del 9.6% en el pago de remuneraciones y un incremento del 13.4% en el desembolso de intereses”. Tal criterio se elabora a partir de declaraciones formuladas por las máximas autoridades políticas de la cartera ministerial de Hacienda.

Contrariamente a la orientación ideológica de la matriz mediática neoliberal dominante en esto del déficit fiscal, centrada solamente en difundir informaciones sesgadas y manipuladas en el sentido de que la ciudadanía conceptúe en torno a este problema a los empleados públicos y las empleadas públicas como “los malos y malas de la película”; esta otra perspectiva del problema del déficit no merece grandes titulares de prensa: en los primeros siete meses del presente año 2015, el pago de intereses de la deuda del país creció más que el pago de los salarios de las personas trabajadoras del sector Público central del Estado.

Veámoslo de esta forma: de enero a julio de 2015, ambos inclusive, el pago de intereses de la deuda superó, al pago de salarios, en casi un 40%, lo que resulta de comparar el crecimiento en ambos rubros de los egresos del Estado central: 9.6 en salarios vs. 13.4 en intereses; éstos superan a aquellos en 3.8%, en cuanto a su crecimiento en el período comentado.

Dada la decisión constitucional de que los salarios de las personas trabajadoras del Estado son públicos, persona a persona; cómo convendría conocer los destinatarios del pago de intereses por los préstamos con cargo a la deuda pública: ya sea por préstamos en el concepto clásico del término y/o por la colocación de bonos ante las necesidades de obtener plata por parte del Estado. Alguien está ganando con esto del déficit fiscal y seguros estamos que no son quienes integran el conglomerado ciudadano más grande del país: “los y las de abajo”.

Si llegase a cristalizarse nuestra aspiración de que en esto del déficit fiscal pudiera establecerse, al menos, la posibilidad de conversar entre quienes tenemos diferentes perspectivas del asunto, no hay duda de que la cuestión de la deuda del país, en todas sus dimensiones, vertientes y variables, deberá ser eje central temático; tanto como lo es la cuestión del empleo público; también éste visto en todas sus dimensiones, vertientes y variables.

Desde hace mucho tiempo se ha venido gestando una tesis perversa que busca, a toda costa, desprestigiar la función de las y los policías penitenciarios; de estos hombres y mujeres que dan su vida por la seguridad del país, que se desvelan para que otros puedan dormir tranquilos y que, a su vez, han aprendido a paliar el sentimiento de la exclusión y el inminente peligro que significa trabajar en una cárcel.

Esta campaña malintencionada tiene una doble finalidad. Por un lado, vulnerar un sector relevante de la seguridad nacional como lo es la Policía Penitenciaria. Por otro, no reconocerle condiciones laborales dignas a este honorable cuerpo de policías.

De manera que se podría estar impulsando un tipo de estrategia buscando reducir el buen funcionamiento de la seguridad en las cárceles, favoreciéndose el crimen intramuros; a la vez que invisibiliza a estos policías para que no se les reconozca mejoras en sus salarios.

En este sentido, es importante señalar que las y los policías penitenciarios no tienen conflictos con la ley, pues son personas valientes que respetan las normas jurídicas, reconocen el peso de su juramento constitucional y confían plenamente en el principio de que la historia no absuelve a nadie cuando la justicia es efectiva.

Lo que no se vale es que se culpe al inocente para justificar algunos actos y decisiones del pasado que han hecho acrecentar la crisis del Sistema Penitenciario Nacional.

No es justo que por el ataque directo de algunos pequeños sectores, se juzgue la función policial como un acto de despotismo e irrespeto a los Derechos Humanos. Como tampoco es correcto legitimar que la presencia de algunos hechos aislados empañe la buena labor que realizan estos humildes y valientes funcionarios.

Lo que sí es importante aclarar es que la realidad de una cárcel sólo es comprendida, en su totalidad, por quienes conviven en ella. Tratar de explicarla desde un punto de vista teórico es muy fácil, pero jamás podrá reflejar con plenitud el contenido real de lo que se vive a lo interno de esos muros.

Las y los policías penitenciarios son respetuosos del derecho y de las decisiones de los señores magistrados de la Sala Constitucional. No se oponen a las medidas que han superado el juicio de proporcionalidad y razonabilidad, tampoco son alérgicos ante el deber de obediencia. Sin embargo, es digno reconocer que tienen criterios propios y claridad conceptual.

Así las cosas, la resolución de la Sala Constitucional que prohíbe el uso de los escudos eléctricos para las situaciones de violencia en las que se encuentre involucrado un solo privado de libertad, desde el punto de vista de quienes trabajan en esos ámbitos, es una decisión que no mejora la convivencia. Tema bastante parecido, al de la directriz que les negaba hacer uso del gas pimienta, hasta tanto no se garantizaran los mecanismos de regulación.

La posición unánime de las y los policías penitenciarios es que hasta que no se logre implementar una política social eficaz que permita dar solución al grave problema del hacinamiento, la crisis del Sistema Penitenciario Nacional continuará en aumento.

El punto de vista de estos funcionarios es que se viene desarrollando en el seno de la Policía Penitenciaria un tipo de “discriminación positiva” (acción afirmativa), que busca reconocer más derechos a las personas privadas de libertad que a los policías, y crear un tipo de conciencia social de sesgo discriminatoria de los derechos de las primeras en detrimento de los derechos de los segundos.

No puede dejarse pasar desapercibida esta situación sin que abramos un proceso integral de reflexión y de análisis en cuanto a las implicaciones que estarían contrariando los parámetros de seguridad y que es inconsecuente con la condición jurídica de las personas privadas de libertad.

El asunto medular es que los Derechos Humanos son igual para todos; y que, de la misma manera en que la sociedad busca garantizar condiciones dignas para un sector, se deben procurar para el otro, en fiel atención a la equidad.

El artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. En este sentido y aludiendo al carácter universal de los Derechos Humanos, cabe preguntarse: ¿Quién tiene más derechos? La pregunta pareciera redundante y la respuesta obvia, la norma es clara, todos somos iguales ante la ley ¿Es acaso que el policía, por su condición de funcionario y por el prestigio de una institución, no puede defender su vida ante un peligro real e inminente? ¿Es acaso desproporcionado utilizar una herramienta que reduzca a la impotencia, cuando lo que está juego es el valor más grande, la vida? ¿Es acaso que por ser policías no tienen derecho a un salario digno y a condiciones laborales decentes?

Si algunos sectores buscaran soluciones con la misma intensidad con la que atacan la dignidad de las funcionarias y de los funcionarios públicos, es probable que en el caso del Sistema Penitenciario Nacional la crisis que viene viviendo no fuera tan seria, al punto de haber llegado a su estado actual.