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Cada quien es libre de pensar y expresar sus opiniones y pensamientos, de palabra o de forma escrita, sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, como bien lo expresa la Constitución Política de nuestro país.

Así las cosas, compartimos la opinión sobre la necesidad de mejorar la productividad, la eficacia, la eficiencia, el servicio al cliente, la transparencia, y por supuesto, la equidad en la repartición de la riqueza.

Al menos en un sector de la opinión pública, y propiamente en mi gremio policial, consta que he sido precisamente un acérrimo defensor de la transparencia en la función pública. Producto de este ideal, hemos presentado varias denuncias para efectos de investigaciones en la fiscalía de probidad, en la fiscalía de fraudes y en la fiscalía adjunta de San José.

Estas denuncias solicitan que se investiguen, posibles malversaciones de fondos, nombramientos irregulares, posibles favorecimientos, prevaricato e incumplimiento de deberes, entre otros; esto, confiando en nuestro estado de derecho y sistema de justicia, esperando las conclusiones de las investigaciones, procurando resultados en favor del colectivo y todo esto, llevado a cabo, sin faltar a la verdad o denigrar el honor de las personas con generalizaciones polarizadoras.

En estos días conversaba con mi señor padre, memorando mi carrera laboral, y recordábamos como desde la edad de doce años, ayudaba en las labores que mi corta edad y mis fuerzas me permitían, en una de las antiguas fincas bananeras de la zona sur del país.

Haciendo ese viaje por el tiempo, conversamos sobre como a la edad de quince años inicié mis labores de manera formal, con permiso de trabajo para menores y cotizando para la CCSS.

Solo como antecedente, ya que soy un producto de mi historicidad, laboré varios años para el sector privado, con distintas experiencias, la mayoría enriquecedoras; empresas que siempre respetaron mis derechos y de las cuales guardo un profundo cariño, como Tecnofarma, Farmanova, el Morazán, de la excelentísima familia Terán, por citar algunas; y otras experiencias muy difíciles, como las labores realizadas en las plantaciones bananeras.

Ingresé al servicio público, orgullosamente, como Oficial de Policía, y luego de varios años, con experiencias propias de algunas realidades cotidianas que se viven en esta hermosa profesión, asumí la defensa de mi sector, desde una organización sindical. No sé si eso me convirtió en “vagabundo”, pero lo cierto es que puedo demostrar que cotizo para la CCSS desde el año 1986, a la edad de 15 años.

Entiendo, aunque no comparto, que algunas personas sientan animadversión hacia la actividad sindical, y puede que algunas cosas se deban mejorar; pero de ahí a “hacer generalizaciones odiosas”, utilizando epítetos difamatorios, que solo vienen a generar rencores sociales, odios desmedidos e infundados, desinformación y daños en el honor de quienes sí servimos a la Patria, día con día, procurando el bienestar de los más desprotegidos.

Resulta igual de irresponsable que, si se procediera a generalizar sobre cualquier otra actividad, porque en todos los campos hay un grupo de colaboradores buenos y otros no tan buenos; y en nuestro caso, durante este tiempo en que venimos desempeñando la representante sindical, en atención de las necesidades de mis compañeras y compañeros, hemos logrado sensibilizar la necesidad e importancia de una organización sindical, que nos permite asesorar, defender y auxiliar a una persona que, como oficial de policía, necesita de su trabajo para llevar sustento a su familia y cumplir sus metas y anhelos.

Mi valor está probado; como Oficial de Policía de la Fuerza Pública, denuncié contrabando, denuncié faltas al deber en la función pública, decomisé drogas y destruí plantaciones de marihuana, recibí amenazas e intentos de soborno, y por todo ello y más, considero que tengo la suficiente autoridad moral para dar la cara ante la sociedad, y sostener el valor de mi trabajo y la relevancia de nuestros méritos; logros que han venido a hacer una diferencia en la realidad que viven los compañeros y compañeras de la Fuerza Pública.

El intelecto de un hombre y/o mujer, se mide por el respeto a la hora de comunicarse y defender sus ideales. Comparto la necesidad de mejorar la eficiencia y la eficacia, en todos los aspectos de nuestra sociedad, y principalmente, en la función pública, pero rechazo los calificativos que polarizan la verdad y se utilizan para llamar la atención, de forma negativa y sin elementos probatorios; cuando lo correcto debería ser, decir en qué instituciones y quiénes son los que incumplen; pero fundamentalmente, demostrar con estudios e investigaciones que permitan determinar esa conclusión, arrojada muchas veces de forma irresponsable bajo el velo del “derecho a la opinión pública”.

Todas aquellas personas que pertenecen o han pertenecido a nuestro gremio policial, y a quienes hemos logrado asesorar y “auxiliar” en razón de nuestra participación desde la trinchera sindical, pueden dar fe de que les contestamos consultas hasta altas horas de la noche, fines de semana, días festivos y que procuramos defender sus derechos por dignidad, equidad y justicia, porque cada quien defiende lo que considera justo, y nosotros creemos firmemente que ha llegado la hora de la justicia para la clase policial de este país.

Los oficiales de policía no son robots; el policía necesita y merece una buena calidad de vida, al igual que su familia, por eso luchamos desde una organización sindical (ANEP).

Por eso, y porque mis ideales son firmes, no me voy a detener por la simple idea de algunos, de que todo lo que provenga de un sindicato es “nocivo”. Eso es producto de un pensamiento arcaico, porque lo cierto es que cada quien defiende lo que considera conforme a sus ideales, valores y gustos.

Nosotros defendemos el ideal de las causas nobles, y la justicia.

Uno de los grandes “misterios” del tema fiscal, ahora tan llevado y traído, especialmente cuando se le enfoca por el tema del déficit y la satanización del empleo público con relación al mismo, es el tema de la deuda del país; la deuda interna y la deuda externa; la pública y la privada.

Como país, como sociedad, como nación, como Estado, necesitamos formular preguntas claves en el tema como las siguientes: ¿a quién le debemos?, ¿cuánto debemos?, ¿quién gana con el pago de intereses? Además, ¿cuánto es deuda interna y cuánto es deuda externa?; ¿cuánto es deuda pública de fuentes privadas?, ¿cuáles son los bufetes si los hay, representantes de acreedores, sean estos individuos y/o grupos corporativo-financieros, públicos y o privados, de afuera y de dentro del país?… Etc., etc.

Es decir, esta cuestión da para más que estas preguntas y, con toda seguridad, ni siquiera estamos teniendo la dimensión correcta de todo lo que habría que preguntar, cómo preguntarlo y cómo saber si las respuestas son realmente verdad.

La verdad es que el tema se ha metido en nuestra cabeza luego de conocer a qué niveles llegó la deuda de Grecia, más allá de la serie de factores que se conjuntaron para llevar a dicho país al calamitoso estado de quiebra de hoy, que le ha convertido en un Estado esclavo del capital financiero-bancario de signo neoliberal; mismo que, actualmente, tiene todo el poder real en el seno de la Unión Europea (UE), la cual es “gerenciada” por Alemania.

Leímos en nota de prensa del Diario Extra, en su edición del pasado sábado 22 de agosto, elaborada por la distinguida periodista Jacqueline Solano, la siguiente frase: “El faltante de plata del país alcanzó en los 7 meses del año, el 3.3% del PIB, con un aumento del 9.6% en el pago de remuneraciones y un incremento del 13.4% en el desembolso de intereses”. Tal criterio se elabora a partir de declaraciones formuladas por las máximas autoridades políticas de la cartera ministerial de Hacienda.

Contrariamente a la orientación ideológica de la matriz mediática neoliberal dominante en esto del déficit fiscal, centrada solamente en difundir informaciones sesgadas y manipuladas en el sentido de que la ciudadanía conceptúe en torno a este problema a los empleados públicos y las empleadas públicas como “los malos y malas de la película”; esta otra perspectiva del problema del déficit no merece grandes titulares de prensa: en los primeros siete meses del presente año 2015, el pago de intereses de la deuda del país creció más que el pago de los salarios de las personas trabajadoras del sector Público central del Estado.

Veámoslo de esta forma: de enero a julio de 2015, ambos inclusive, el pago de intereses de la deuda superó, al pago de salarios, en casi un 40%, lo que resulta de comparar el crecimiento en ambos rubros de los egresos del Estado central: 9.6 en salarios vs. 13.4 en intereses; éstos superan a aquellos en 3.8%, en cuanto a su crecimiento en el período comentado.

Dada la decisión constitucional de que los salarios de las personas trabajadoras del Estado son públicos, persona a persona; cómo convendría conocer los destinatarios del pago de intereses por los préstamos con cargo a la deuda pública: ya sea por préstamos en el concepto clásico del término y/o por la colocación de bonos ante las necesidades de obtener plata por parte del Estado. Alguien está ganando con esto del déficit fiscal y seguros estamos que no son quienes integran el conglomerado ciudadano más grande del país: “los y las de abajo”.

Si llegase a cristalizarse nuestra aspiración de que en esto del déficit fiscal pudiera establecerse, al menos, la posibilidad de conversar entre quienes tenemos diferentes perspectivas del asunto, no hay duda de que la cuestión de la deuda del país, en todas sus dimensiones, vertientes y variables, deberá ser eje central temático; tanto como lo es la cuestión del empleo público; también éste visto en todas sus dimensiones, vertientes y variables.

Desde hace mucho tiempo se ha venido gestando una tesis perversa que busca, a toda costa, desprestigiar la función de las y los policías penitenciarios; de estos hombres y mujeres que dan su vida por la seguridad del país, que se desvelan para que otros puedan dormir tranquilos y que, a su vez, han aprendido a paliar el sentimiento de la exclusión y el inminente peligro que significa trabajar en una cárcel.

Esta campaña malintencionada tiene una doble finalidad. Por un lado, vulnerar un sector relevante de la seguridad nacional como lo es la Policía Penitenciaria. Por otro, no reconocerle condiciones laborales dignas a este honorable cuerpo de policías.

De manera que se podría estar impulsando un tipo de estrategia buscando reducir el buen funcionamiento de la seguridad en las cárceles, favoreciéndose el crimen intramuros; a la vez que invisibiliza a estos policías para que no se les reconozca mejoras en sus salarios.

En este sentido, es importante señalar que las y los policías penitenciarios no tienen conflictos con la ley, pues son personas valientes que respetan las normas jurídicas, reconocen el peso de su juramento constitucional y confían plenamente en el principio de que la historia no absuelve a nadie cuando la justicia es efectiva.

Lo que no se vale es que se culpe al inocente para justificar algunos actos y decisiones del pasado que han hecho acrecentar la crisis del Sistema Penitenciario Nacional.

No es justo que por el ataque directo de algunos pequeños sectores, se juzgue la función policial como un acto de despotismo e irrespeto a los Derechos Humanos. Como tampoco es correcto legitimar que la presencia de algunos hechos aislados empañe la buena labor que realizan estos humildes y valientes funcionarios.

Lo que sí es importante aclarar es que la realidad de una cárcel sólo es comprendida, en su totalidad, por quienes conviven en ella. Tratar de explicarla desde un punto de vista teórico es muy fácil, pero jamás podrá reflejar con plenitud el contenido real de lo que se vive a lo interno de esos muros.

Las y los policías penitenciarios son respetuosos del derecho y de las decisiones de los señores magistrados de la Sala Constitucional. No se oponen a las medidas que han superado el juicio de proporcionalidad y razonabilidad, tampoco son alérgicos ante el deber de obediencia. Sin embargo, es digno reconocer que tienen criterios propios y claridad conceptual.

Así las cosas, la resolución de la Sala Constitucional que prohíbe el uso de los escudos eléctricos para las situaciones de violencia en las que se encuentre involucrado un solo privado de libertad, desde el punto de vista de quienes trabajan en esos ámbitos, es una decisión que no mejora la convivencia. Tema bastante parecido, al de la directriz que les negaba hacer uso del gas pimienta, hasta tanto no se garantizaran los mecanismos de regulación.

La posición unánime de las y los policías penitenciarios es que hasta que no se logre implementar una política social eficaz que permita dar solución al grave problema del hacinamiento, la crisis del Sistema Penitenciario Nacional continuará en aumento.

El punto de vista de estos funcionarios es que se viene desarrollando en el seno de la Policía Penitenciaria un tipo de “discriminación positiva” (acción afirmativa), que busca reconocer más derechos a las personas privadas de libertad que a los policías, y crear un tipo de conciencia social de sesgo discriminatoria de los derechos de las primeras en detrimento de los derechos de los segundos.

No puede dejarse pasar desapercibida esta situación sin que abramos un proceso integral de reflexión y de análisis en cuanto a las implicaciones que estarían contrariando los parámetros de seguridad y que es inconsecuente con la condición jurídica de las personas privadas de libertad.

El asunto medular es que los Derechos Humanos son igual para todos; y que, de la misma manera en que la sociedad busca garantizar condiciones dignas para un sector, se deben procurar para el otro, en fiel atención a la equidad.

El artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos consagra que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. En este sentido y aludiendo al carácter universal de los Derechos Humanos, cabe preguntarse: ¿Quién tiene más derechos? La pregunta pareciera redundante y la respuesta obvia, la norma es clara, todos somos iguales ante la ley ¿Es acaso que el policía, por su condición de funcionario y por el prestigio de una institución, no puede defender su vida ante un peligro real e inminente? ¿Es acaso desproporcionado utilizar una herramienta que reduzca a la impotencia, cuando lo que está juego es el valor más grande, la vida? ¿Es acaso que por ser policías no tienen derecho a un salario digno y a condiciones laborales decentes?

Si algunos sectores buscaran soluciones con la misma intensidad con la que atacan la dignidad de las funcionarias y de los funcionarios públicos, es probable que en el caso del Sistema Penitenciario Nacional la crisis que viene viviendo no fuera tan seria, al punto de haber llegado a su estado actual.