La Seccional ANEP-INVU denuncia con absoluta firmeza la alarmante crisis financiera y operativa que hoy atraviesa el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), producto de años de negligencia y de una Junta Directiva omisa que ha permitido un debilitamiento institucional sin precedentes. Informes técnicos recientes revelan la falta de controles internos efectivos, la ausencia de estados financieros confiables y un sistema de gestión pulverizado, evidenciando que la institución administra recursos públicos sin transparencia ni rendición de cuentas.
Durante años, nuestra organización ha levantado alertas y presentado denuncias fundamentadas sobre estas deficiencias estructurales, sin que la Junta Directiva haya tomado acciones sancionatorias, llamados de atención o cambios que corrijan el rumbo. La falta de respuesta efectiva a reiteradas advertencias de auditoría interna y de entes de control constituye una responsabilidad directa de quienes tienen a su cargo garantizar el correcto funcionamiento del INVU y la protección de los recursos públicos.
Resulta inaceptable que, mientras esta institución enfrenta riesgos financieros, administrativos y operativos de alto impacto, la Junta Directiva continúe en silencio, sin asumir las responsabilidades que le competen. La inacción prolongada no solo afecta la confianza ciudadana, sino que pone en riesgo el acceso a vivienda digna de miles de familias y la estabilidad de un sistema que debería ser garante de justicia social.
Exigimos a la Junta Directiva del INVU asumir con urgencia su responsabilidad institucional: implementar las recomendaciones de control interno, transparentar la gestión y responder con acciones concretas que restituyan la confianza pública. No permitiremos que la negligencia y la inacción sigan debilitando una institución clave para el derecho a la vivienda de la población costarricense.
La población asegurada y el personal trabajador afirman que bajo la administración de Ana Lorena Mora Carión el servicio ha ido a menos. Por tal motivo solicitan a la CCSS que intervengan y la separen del cargo mientras se desarrolla la investigación.
La Seccional ANEP–Policía Profesional de Migración y Extranjería (ANEP-PPM) informa al país quelas respuestas oficiales emitidas por la Dirección General de Migración y Extranjería, en particular elOficio DG-0074-01-2026, confirman de manera expresa y documentada lo que esta organización sindical ha venido denunciando desde hace años: la Policía Profesional de Migración opera con un déficit crítico de personal que compromete seriamente la seguridad y el control migratorio del país.
De acuerdo con la información oficial suministrada por la propia Administración, la PPME cuenta con una dotación claramente insuficiente de oficiales para atender cerca de 20 puntos policiales a nivel nacional, muchos de ellos con servicio permanente 24/7, además de tareas altamente especializadas como custodias, deportaciones, transbordos, control fronterizo, aeropuertos y atención de fenómenos del crimen organizado transnacional.
Las respuestas institucionales reconocen además una carga operativa extraordinaria, reflejada en millones de movimientos migratorios anuales, atendidos por menos de 500 oficiales, situación que genera sobrecarga laboral, desgaste físico y emocional, y riesgo operativo constante.
La Seccional ANEP-PPM recalca que este reconocimiento oficial desmonta cualquier intento de minimizar o negar la crisis, y evidencia que no se trata de una percepción sindical, sino de una situación estructural admitida por la propia Dirección General de Migración y Extranjería.
Impacto directo en seguridad nacional
La insuficiencia de personal no es un problema administrativo menor. Tiene consecuencias directas sobre la seguridad nacional, la lucha contra la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y elcontrol efectivo de fronteras y aeropuertos. Cada oficial que renuncia o se traslada a otro cuerpo policial por mejores condiciones salariales debilita aún más la capacidad del Estado en estas áreas críticas.
A ello se suma una gestión deficiente del régimen salarial, marcada por atrasos, interpretaciones restrictivas y falta de aplicación coherente del salario global y de la disponibilidad policial, lo que incentiva la fuga de personal experimentado.
Responsabilidad política y llamado al Congreso
Ante la falta de voluntad del Poder Ejecutivo para priorizar estas soluciones, la Seccional ANEP-PPM hace un llamado directo a la Asamblea Legislativa.
Solicitamos respetuosa pero firmemente a las señoras diputadas y a los señores diputados que conozcan, discutan y aprueben el expediente legislativo N.° 24.134 durante las sesiones ordinarias, dado que no fue de interés del Gobierno incluirlo en las sesiones extraordinarias.
Hoy existe evidencia oficial suficiente que demuestra que no actuar profundiza una crisis ya reconocida por la propia Administración. Corresponde ahora al Poder Legislativo asumir su rol constitucional y fortalecer institucionalmente a la Policía Profesional de Migración.
La Seccional ANEP-PPM continuará informando al país y ejerciendo todas las acciones sindicales, políticas y legales necesarias para defender la seguridad nacional y los derechos del personal policial migratorio.
Atentamente,
Gerardo Mora Ordóñez
Presidente
Seccional ANEP – Policía Profesional de Migración y Extranjería (ANEP-PPM)
Gracias al apoyo internacional que recibe la ANEP y SITRAP se puede fortalecer la lucha en favor de generar mejores condiciones salariales, laborales y de vida para la clase trabajadora agrícola.
Evidentemente, por ser parte de una organización defensora de Derechos Humanos, como es la ANEP, creemos firmemente en el debido proceso y en principios fundamentales como la presunción de inocencia. Por ello, no nos aventuramos a aseverar como ciertas las acusaciones por narcotráfico internacional que pesan sobre Celso Gamboa Sánchez.
No obstante, para las y los oficiales destacados en Cuerpos Policiales, ligados al ámbito de investigación del crimen organizado, la noticia no es ninguna sorpresa. Por cuanto, los cuestionamientos por estas supuestas relaciones con redes de crimen organizado datan de varios años atrás.
Aprovechando que la noticia captura las miradas del país, es necesario hacer hincapié en una serie de aspectos que, pensando en la seguridad ciudadana y el bien común, nos preocupan y venimos advirtiendo desde hace tiempo.
Debemos estar claros que la persona señalada de un delito tan grave como el tráfico internacional de drogas ocupó cargos del más alto perfil: director de la DIS, Fiscal Adjunto, Viceministro y Ministro de Seguridad Pública y Magistrado de Sala III (penal). Tuvo a su haber la más sensible información de la operatividad policial y la soberanía nacional. Figurarse que alguien con ese recorrido y vínculos políticos carezca de influencia o de redes operativas dentro del Estado sería, cuando menos, ingenuo.
Por eso, es angustiante conocer la existencia de supuestos audios en los que el implicado asegura que estaba garantizado el paso de la droga por las fronteras de nuestro país.
Hoy se avivan más que nunca los cuestionamientos que desde la Seccional ANEP-PCD, hemos venido haciendo desde setiembre del 2023, cuando se alertó a toda la población sobre la decisión sin asidero técnico-científico de los jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública, de retirar al personal de la PCD de muelles, aeropuertos y fronteras.
Jerarcas que aglutinan en su autoridad la operatividad policial del cielo (Vigilancia Aérea), Mar, (Guardacostas), Fronteras como aeropuertos y muelles, e investigación contra la narco-actividad (PCD); no deben tomar a la ligera los cuestionamientos de parte del personal policial que ejecuta en el campo las investigaciones, con años de experiencia. A menos que esté respondiendo a intereses distintos a los de la ciudadanía honesta.
“Será una facilitación para que las narco-estructuras ingresen y exporten la droga hacia y desde nuestro territorio”. Lo advertimos. Las investigaciones poco a poco nos dan la razón, lamentablemente. En concordancia, personas expertas en la materia insisten en que Costa Rica necesita ejercer un verdadero control territorial, especialmente en los puntos fronterizos.
Desde ANEP queremos recordar algunos de los cuestionamientos hechos a la Administración Chaves Robles, disponibles en este enlace:
Desde la Seccional ANEP-PCD, como policías que arriesgamos la vida a diario por el país, eximimos al Gobierno de la República, que demuestre con hechos que no está del lado de la delincuencia organizada.
Para empezar: que haga públicos los estudios técnicos y científicos que utilizó para retirar a la única policía investigativa contra el tráfico de sustancias psicotrópicas del Poder Ejecutivo de los puntos por donde entra y sale la droga; muelles, aeropuertos y fronteras.
De seguido, recordar que el Ministerio de Seguridad ha incumplido las promesas hechas por el presidente cuando nos visitó, luego de la primera conferencia de prensa en 2023, específicamente en los siguientes puntos:
-Modificación del reglamento de roles, atendiendo los criterios vinculantes de salud ocupacional (6×6).
Dotación de recursos tecnológicos para optimizar las pesquisas de investigación.
Dotar vehículos para utilizar en las investigaciones.
Regreso del área informática destacada en PCD, para la atención y gestión, pronta y satisfactoria, de los conflictos con los sistemas informáticos.
Finalmente, hacemos un respetuoso, pero vehemente, llamado tanto a la propia DEA como al Poder Judicial, para que dirijan sus investigaciones hacia las jerarquías del Ministerio de Seguridad Pública, pasadas y actuales, especialmente a aquellas que han tomado decisiones que han afectado negativamente la lucha contra el crimen organizado.
Como parte del accionar por la defensa y mejora del sector agrícola, sindicatos presentarán al sector patronal una serie de puntos que permitan generar acciones positivas para la clase trabajadora.
Que se haga justicia contra los responsables de esta situación que agobia a muchas personas. Para ANEP, se debe sentar un precedente, ya que estos hechos se podrían repetir y afectar a más ahorrantes.
La representación de ANEP dentro del Gobierno Local abrió un espacio para toda la población laboral con el fin de explicar los alcances de la sentencia de la Sala Constitucional contra la Ley de las Finanzas Públicas que regresa las Convenciones Colectivas y pago de anualidades.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
Se equivocan si creen que su agenda neoliberal y su estilo autoritario nos representan. ¡Las personas jóvenes NO votamos por el desmantelamiento del Estado Social de Derecho! Ustedes no solo rompen una mesa de negociación; están rompiendo el pacto social que permitía a la hija de una madre soltera, al joven de los territorios indígenas y al estudiante de escasos recursos soñar con una vida digna.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
