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Tal y como lo habíamos acordado cuando nuestro movimiento nació, el colectivo sindical latinoamericanista PATRIA JUSTA, el pasado 7 de noviembre de 2015, incluimos en nuestra agenda estratégica de lucha el tema del TISA (el Acuerdo Multilateral de Comercio de Servicios, por sus siglas en inglés). El TISA debe volver a los primeros lugares de nuestra agenda cotidiana de trabajo y de lucha.

Nos emociona muchísimo la vibrante reacción de nuestros colegas del prestigioso movimiento sindical de la hermana latinoamericana, la República Oriental del Uruguay, con relación al TISA para su propio país. Lean ustedes, con cuidado, estas buenas noticias apelando a la movilización social, obrera y sindical en la patria del patriota latinoamericanista José Artigas.

Como ustedes recordarán, en nuestra reunión como PATRIA JUSTA, con el Presidente de Costa Rica, don Luis Guillermo Solís Rivera, en la Casa Presidencial y el pasado 22 de abril de 2015, ante nuestro emplazamiento sobre el TISA, él nos indicó, delante de todos nosotros, que no sabía qué era el TISA y que no tenía la menor noción de ello; y, mucho menos, que a Costa Rica le hubiera metido en tan irresponsable y suicida aventura globalizadora en contra de todo tipo de servicios públicos.

También ustedes recordarán que meses antes de la reunión con el Presidente Solís y no más entrando su gobierno, hicimos algún planteamiento de preocupación cuando empezamos a conocer la perversidad del TISA, al reunirnos con la gente del actual equipo político a cargo del Ministerio de Comercio Exterior (Comex), de nuestro país.

Con el estímulo y el ejemplo del hermano colega sindicalismo uruguayo, aglutinado en torno al histórico PIT-CNT; es menester, repetimos, colocar el TISA en lugar prioritario de nuestra agenda de lucha, aquí en Costa Rica.

Debemos exigir que ya es hora que este Gobierno le hable claro al país de hasta qué punto está la presente administración comprometida con el TISA; a sabiendas de que la inclusión de Costa Rica en este “tratado”, fue obra de quienes antes tenían la propiedad política de todo el comercio exterior costarricense, bajo el gerenciamiento de la conocida agente del capital neoliberal, la señora Anabel González Campabadal.

Esperamos tener el tiempo suficiente en próximas horas para que oficialicemos como colectivo sindical latinoamericanista PATRIA JUSTA, una solicitud de respuesta oficial por parte del Presidente Solís y de su gobierno sobre el TISA, invocando para ello disposiciones constitucionales que nos dan el derecho de obtener debida respuesta.

Al igual que la lucha del movimiento sindical uruguayo, nucleado en su histórico y prestigioso proceso unitario PIT-CNT, el costarricense colectivo sindical latinoamericanista PATRIA JUSTA (del cual estamos todos tan orgullosos por inserción sociopolítica de tanto impacto en tan corto tiempo), debemos asumir la gran responsabilidad histórica de denunciar las graves repercusiones que el TISA tiene para nuestro país, habida cuenta del amplio papel que todavía siguen jugando los servicios públicos en Costa Rica pese a la ferocidad del ataque neoliberal en contra de los mismos de todos estos años.

Recordemos que las pretensiones del TISA (Trade In Services Agreement, por su denominación original en inglés), pretende la privatización total de todo tipo de servicios públicos: los municipales, las cárceles, la banca y los seguros, la seguridad social, la educación, el agua, la tributación y otros.

Recientemente el periódico emblema de la oligarquía mediática costarricense hizo como una especie de “safis”, al publicar el artículo que les recomendamos leer, con gran cuidado, titulado “LAS CORPORACIONES Y SU SECRETA TOMA DE CONTROL”, escrito por el señor Joseph E. Stigliz, Premio Nobel de Economía y actual profesor de la Universidad de Columbia, Estados Unidos.

La naturaleza del tratado TISA es como explica este señor en este artículo Corporaciones secretas toman control

Y como notarán de seguido, en Uruguay el debate entró a la academia universitaria, según pueden leer (también), en el comunicado siguiente, pues el asunto del TISA en ese país lo tomará la Universidad de la República (ver al final).

Debemos en nuestro caso, al menos, pedir la cooperación de la Universidad de Costa Rica (UCR) y, también de la no menos prestigiosa Universidad Nacional (UNA), ahora que a la rectoría de ésta ha llegado, vía elección democrática, el ciudadano con Alberto Salom Echeverría, amigo de la lucha social costarricense.

El señor diputado don Jorge Rodríguez Araya, es el presidente de la comisión legislativa que se conformó para investigar el colapso del servicio de cardiología del Hospital México; situación ésta que según denuncia pública ya de amplio conocimiento ciudadano, habría generado la muerte de más de 100 pacientes en espera de un cateterismo cardíaco que si lo hubieran recibido a tiempo, no habrían fallecido.

El mencionado legislador denunció que dos directores de la actual junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sin tener que hacer fila en las largas listas de espera, recibieron ese procedimiento de cateterismo cardíaco con agilidad, rapidez y efectividad, lo que les ha permitido seguir con vida.

Se trata del señor Adolfo Gutiérrez Jiménez, representante del sector empresarial privado, directivo patronal nombrado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP); y de su homólogo nombrado por el Gobierno, el señor Óscar Fallas Camacho.

Además y según el mismo denunciante, el todavía director médico del Hospital México, doctor Douglas Montero Chacón, también habría recibido un trato preferencial con el tratamiento de la misma dolencia que padecían los fallecidos.

Toda esta situación nos lleva a formular tres señalamientos puntuales: Primero: La crisis del servicio de cardiología del Hospital México debe ser “la gota que derrame el vaso” en el delicado asunto de la formación de especialistas de la Caja, lo cual ha venido funcionando en círculos cerrados, especies de guetos o de cárteles, al margen de toda autoridad política aunque ésta fuese elegida en las urnas.

La formación de especialistas de la Caja se ha venido rigiendo por amiguismos, compadrazgos y parentelas. Ojala haya suficiente testosterona política en la Casa Presidencial para enfrentarse a la élite de la realeza médica y quitarle a ésta el control en esto de la formación de especialistas.

Segundo: Se debe decretar una especie de estado de emergencia para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Nuestra más querida institución pública es víctima del secuestro corporativo de grupos internos y externos (algunos, incluso, de carácter sindical). A este respecto, hay que pedirle cuentas al Ministerio Público por la espantosa y sospechosa tardanza en al trámite de una denuncia penal interpuesta hace bastantes meses, contra cierto funcionariado-tecnocrático y gerencial de gran poder en la Caja, mismo que sigue en la total impunidad pese a sus eventuales y presuntas responsabilidades directas en la tragedia financiera de la institución.

Tercero y final: El Gobierno debería retirarle su confianza a su representado en la directiva de la Caja, pedirle que renuncie y/o destituirle. En el caso del representante patronal, la situación cuestionable en que quedó envuelto le deslegitima para continuar en ese cargo y debería renunciar; o, en un acto de decencia política mínima, la UCCAEP debería cambiarlo por otro.

Porque como se trata de un representante empresarial con interés de negocios “objetivo”, cualquiera puede preguntarse en qué otros ámbitos podría haber ejercido influencia en tomas de decisiones delicadas como compra de medicamentos a agentes farmacéuticos privados.

La Caja está viviendo la situación más crucial de toda su historia. La ciudadanía consciente, cívica y patriótica está todavía a tiempo de convertirse en agente protagónico de primer línea para salvarle. Diversos grupos han venido estudiando su problemática y han estado generando propuestas al respecto.

Uno de ellos (en el que incluso participaron el hoy Presidente Solís Rivera y la actual Presidenta Ejecutiva de la CCSS, la doctora Sáenz Madrial), grupo conocido como el de “Las 10 medidas para comenzar a ordenar la Caja”, tuvo el coraje de plantear, por primera vez, el desafío de denunciar el poder desmedido (y hasta corrupto en varios ámbitos), de lo que se apodó como la “realeza médica”; precisamente para diferenciarla de la abrumadora mayoría del personal médico nacional, ese sin conexiones políticas ni corporativo-farmacéuticas con el que sí se puede contar para heredar la máxima herencia institucional-social que nos fuera heredada por la anterior generación. La Caja espera por su pueblo para ser liberada.

La idea de que el mercado libre surge ‘naturalmente’ (y su corolario que cualquier intervención estatal sobre las relaciones de mercado es ‘artificial’) es falsa y peligrosa. La realidad es que el mercado es una criatura del poder del estado. Los arquitectos de la nueva generación de acuerdos comerciales lo saben bien.

Hoy se están negociando en secreto los dos acuerdos comerciales más grandes de la historia del neoliberalismo: el Acuerdo transpacífico de asociación económica (ATP) y la Asociación transatlántica para el comercio y la inversión (ATCI). Son acuerdos extraños porque después de la gran orgía de liberalización comercial de los años noventa es difícil concebir qué más se puede hacer para abrir las puertas del libre comercio. La retórica sobre desatar las fuerzas del crecimiento económico se antoja anacrónica en el contexto de una globalización neoliberal que desembocó en el estancamiento y la crisis. Y es que los nuevos acuerdos no tienen casi nada que ver con el libre comercio y casi todo con el objetivo de acrecentar y consolidar el poder de las corporaciones gigantes que dominan la economía del planeta.

La separación entre poder y política es hoy más clara que nunca. El poder de las grandes corporaciones es real, mientras que la política se deja para asuntos más o menos secundarios de la vida pública. Los partidos pueden o no debatir temas triviales, pero las grandes corporaciones son las dueñas del poder y lo hacen sentir a través de su control sobre sus espacios de rentabilidad en materia de salud, alimentación o medio ambiente.

Datos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) revelan que el 80 por ciento de las importaciones de Japón no tiene ningún gravamen arancelario. Para países como Malasia o Chile, Francia o Perú, los datos arrojan un cuadro similar: los aranceles se encuentran en niveles históricamente bajos. Es más, muchas barreras no tradicionales también se eliminaron desde la Ronda Uruguay (1986-1994) y nadie puede afirmar hoy que constituyen un obstáculo para el libre comercio.

Si la apertura comercial ya es un hecho en los países de la cuenca del Pacífico y de Europa, ¿cuál es la finalidad de estos nuevos tratados comerciales?

El objetivo debe verse no en términos de eliminar obstáculos, sino en función de acrecentar el poderío de las grandes corporaciones y empresas transnacionales que hoy son responsables de una buena parte del flujo de intercambios comerciales internacionales. Esas entidades son ejes de concentración de un poder que les permite orientar y manipular espacios legislativos, así como servirse de organismos regulatorios en el ejecutivo en muchos, por no decir todos los países del mundo.
Es importante recordar que la crisis global no sólo afecta al sector financiero. La crisis afecta tasas de rentabilidad y cubre con una nube de incertidumbre el futuro de cualquier inversión en los sectores extractivos, manufacturas y servicios. Por eso los nuevos acuerdos comerciales se concentran en capítulos relacionados con la posibilidad de extender las rentas cuasi-monopólicas que les dan los altos coeficientes de concentración en los mercados mundiales de todo tipo de productos. Lo que realmente interesa a las empresas transnacionales que promueven la nueva agenda de la liberalización comercial es permitir el despliegue de su comportamiento estratégico.

El capítulo sobre patentes del acuerdo del ATP permitirá extender la duración de patentes (más allá de los veinte años que hoy se han acordado en casi todos los países) y ampliar el ámbito de los objetos patentables. Esta extensión de los poderes monopólicos que confieren las patentes tiene repercusiones graves sobre la regulación en el sector salud, la alimentación y el medio ambiente. Además, los abusos de las corporaciones se multiplicarán en materia laboral y en todo lo que tenga que ver con su capacidad para mantener y extender sus rentas monopólicas. Los nuevos acuerdos abrirán el camino a los cultivos transgénicos, eliminarán regulaciones que estorban el fracking y quitarán obstáculos a la especulación financiera.

Lo más importante en los nuevos acuerdos tiene que ver con el espacio extra judicial que se abre a las corporaciones. Éstas podrán demandar a gobiernos cuando sientan que alguna medida o regulación afecta negativamente la rentabilidad de sus inversiones. Esto recordará a los gobiernos quien manda. Definitivamente la democracia y el mercado nacional no sólo no son aliados, sino que son enemigos.

La separación entre poder y política es hoy más clara que nunca, como bien señala Zygmunt Bauman. Estamos viendo nacer un nuevo tipo de estado diseñado para mejor servir a las grandes corporaciones. Todo esto recuerda el análisis de Gramsci en sus Cuadernos de la cárcel: La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede nacer: en este interregno aparece una gran variedad de síntomas mórbidos. Por eso en el interregno no hay espacio para eso que llamamos democracia.

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), da una nueva muestra contundente de haber renegado de su supuesta filosofía socialcristiana (si es que alguna vez la tuvo en serio), con la posición que está asumiendo para combatir las sanas tesis y necesarias transformaciones legales que se están planteando en contra del fraude fiscal, en contra del robo de impuestos.

Las declaraciones de su diputada Rosibel Ramos Madrigal, Presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, no nos dejan lugar a dudas: los ladrones de impuestos pueden estar tranquilos: el PUSC les defenderá y ella, en particular, se encargará de ejercer como “capataz político” al servicio de los defraudadores fiscales.

Tampoco sorprende que sea la oligarquía mediática, esa que tiene expediente de evasión de impuestos, la que promueva la pérfida causa de obstaculizar que se materialicen las transformaciones jurídico-legales necesarias que potencien el poder administrativo de la política tributaria para enfrentar la magnitud del robo, de la evasión y de la elusión de impuestos que ya supera el 8 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Las iniciativas de ley del Poder Ejecutivo para controlar el gigantesco y criminal robo de impuestos merecen el más grande apoyo de quienes, precisamente, los pagan drástica y puntualmente: la clase trabajadora en todas clasificaciones. Ésta paga el impuesto sobre las ventas al momento mismo de la compra en la caja registradora; y si gana salario como para declarar renta, ésta se le rebaja de planilla de manera puntualísima.

Las primeras revisiones que hemos efectuado de las iniciativas del Gobierno contra el robo de impuestos, como su proyecto de “Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal”, nos indican que no lleva razón los servicios técnicos parlamentarios en su pronunciamiento que potencia la impunidad en el robo de impuestos. ¡Buen servicio se le hace al capital ladrón de impuestos y al empresariado evasor con tal posición!

Por el contrario, la extraordinaria oportunidad que en días pasados tuviéramos al reunirnos en nuestra propia sede con los calificados expertos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), nos indican que los proyectos de ley del Poder Ejecutivo en la materia están, técnica y sólidamente, en la línea correcta. La delegación del BID que nos visitó fue clara en cuanto a su señalamiento de que Costa Rica tiene el peor sistema tributario de la América Latina.

Que el impuesto de ventas que paga la clase trabajadora se lo deje el empresariado comerciante inescrupuloso, debe sancionarse fuertemente y hay que aplaudir que se presenten proyectos de ley para sancionar duramente este robo a la sociedad.

Lamentablemente, el PUSC y la diputada Ramos Madrigal ya nos anuncian que su lealtad no es con el pueblo trabajador, sino con los ladrones y los evasores de impuestos.

Por eso es más que urgente una firme posición de las organizaciones sindicales y sociales que desde distintas perspectivas abogamos por una sociedad más inclusiva y solidaria, en la cual el bien común se convierta en el eje central de toda política pública, para que se den drásticas leyes contra el robo de impuestos, como se castiga en los Estados Unidos, por ejemplo.

Por eso es que debemos promover contra el PUSC, contra la diputada indicada y contra todos los agentes del capital ladrón de impuestos infiltrados en el parlamento costarricense, la más decidida acción cívica y patriótica, con el ejercicio de la Democracia de la Calle, para frenar la catastrófica situación de crimen social que significa la evasión tributaria en todas sus manifestaciones.

Particularmente, hacemos un llamado a todas las organizaciones profesionales, gremiales y sindicales que aglutinan a la gran diversidad de sectores laborales de la Administración Pública para que abracen la causa de combate legal al fraude fiscal, como su agenda estratégica de lucha social en los actuales momentos.

Es el robo de impuestos en todas sus manifestaciones el gran culpable del déficit fiscal. No son los salarios que paga el Estado a su personal.

La perversa posición del PUSC y su diputada Ramos Madrigal se mezclará con las irracionales tesis neoliberales que su partido y que ella en lo particular defienden, del recorte presupuestario irracional y de la austeridad en el gasto social llevada al extremismo. De triunfar en ello, la parálisis institucional para el 2016 será dolorosamente dramática y harán emerger la imperiosa necesidad de la movilización social en todas sus dimensiones.

En el caso de la corriente social representada por el colectivo sindical latinoamericanista PATRIA JUSTA, ya decidimos que el combate al robo de impuestos y por la más fuerte legislación contra el fraude fiscal, sean ejes estratégicos de nuestra agenda de lucha y de apelación a la movilización sobre, social y ciudadana bajo el ejercicio cívico de la Democracia de la Calle.

Si el PUSC y su diputada Ramos Madrigal no quieren entender el señalamiento contundente que el pueblo, legítimamente, dio con sus decisiones electorales del 2014, habrá que recordárselos en la calle.

Si las urnas hablaron y esta gente y la oligarquía mediática que les protege pretenden desconocer el pronunciamiento de las mismas, habrá que, repetimos, indicárselos con toda la potencia cívica que mostró, por ejemplo las gestas patrióticas del Combo ICE y del NO al TLC. Es este nuestro más grande sueño y reto del momento.