Un sonoro aplauso desde la clase trabajadora usuaria del transporte público modalidad autobús, merece el grupo ciudadano Red Solidaria Nacional, en la persona de don Olman Bonilla, quien con gran propiedad en el tema por ser el creador del modelo de tarifas para buses, ha denunciado las alteraciones que el mismo sufre hoy en día, con la complicidad de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), para favorecer los intereses de lucro privado del empresariado autobusero; actividad que, por cierto, está en una peligrosa ruta de concentración de la propiedad.
El clamor que días atrás hiciera público la ANEP de que pese a la rebaja de los precios internacional del petróleo, con reflejo directo en ocho bajas consecutivas en los precios de los combustibles en Costa Rica, las tarifas de autobús no han bajado; ahora se potencia más.
La denuncia de la Red Solidaria Nacional deja, completamente, “al desnudo” a la Aresep: prácticamente “tomada” por ese empresariado autobusero, lo que ha dejado a los usuarios de buses totalmente indefensos.
Los cuestionamientos son múltiples para la Aresep. Por ejemplo, dar por cierto, por veraz, sin cuestionamiento alguno, el dato empresarial sobre la cantidad de pasajeros que se movilizan por bus; permitirle al empresariado autobusero que incluya para temas de costos los buses de su flota que tiene en reserva, que no está usando; en rutas de diferentes costos por tramo de recorrido, en vez de emplear un factor promedio, se utiliza el más alto, favoreciendo al empresario pero perjudicando al usuario.
Aresep es permisiva permitiendo que haya muchas tarifas de buses en condición de irregularidad, pues según la entidad denunciante, se están utilizando indicadores y coeficientes distintos a los creados en el modelo. Tal es la opinión experta del ciudadano Olman Bonilla.
Puede decirse que las personas usuarias del transporte público modalidad autobús han venido siendo, prácticamente, “estafadas” en los últimos tiempos: pagando tarifas de autobús infladas que podrían ser hasta el doble de lo que en realidad se debe pagar; y por otro, la rebaja en el precio de los combustibles no ha implicado ninguna reducción en los pasajes de autobús.
Evidentemente, el empresariado autobusero estaría enriqueciéndose muy aceleradamente; una actividad que, por demás, está en una peligrosa ruta de concentración de propiedad.
¡Ciérrenla! Es lo mejor para la población trabajadora usuaria de los servicios públicos de transporte por autobús y, en términos generales, usuaria de los otros servicios públicos que la Aresep ha venido “regulando” en cuanto tarifas pero no para favorecer el bien común.
Si ahora hay diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa que están planteando “llamar a cuentas a la Aresep”, buena iniciativa es; pero, ¿y después qué?
Si se habla de una indemnización para la población usuaria de los buses, ésta debería ser de, al menos, a) inmediata reducción drástica en las actuales tarifas, especialmente las de las zonas rurales; b) debería abrirse un proceso penal para los responsables de la agresión económica que ha sufrido la clase trabajadora usuaria de tal servicios, abriéndose expedientes para personeros de la Aresep y para representantes empresariales autobuseros; y, c) finalmente, debería considerarse un cierre de la Aresep.
La verdad es que en esto de las tarifas de autobús, los usuarios que son abrumadoramente integrantes de la clase trabajadora, han estado indefensos, han sido abusados y engañados y hasta “asaltados”.
