Lo lamentable de esta situación es que por una mala práctica del Alcalde sea el municipio que tenga que asumir las costas económicas.
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Seccional de FONABE se presentó ante la Comisión de Asuntos Económicos
El pasado martes 3 de febrero, la Seccional de ANEP-FONABE compareció por iniciativa propia ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, ente encargado de analizar el futuro del Fondo Nacional de Becas.
La intención de la Seccional de ANEP-FONABE era detallar a los legisladores, que integran dicha comisión, cual es la situación real por la que atraviesa FONABE, así como ofrecer un plan de trabajo, para ser agregado a los proyectos de ley que ya analiza la comisión legislativa, para el fortalecimiento de la institución que brinda decenas de becas a estudiantes en todo el territorio nacional.
La representación de la seccional ANEP-FONABE fue encabezada por su Presidenta, Laura Morales, en compañía de Adriana Velazco y Roció Tafalla, quienes expusieron ante los diputados los diversos problemas que atraviesa FONABE, generados por una mala gestión de la Junta Directiva, la centralización y el poco personal con que cuenta la institución para atender todo el territorio nacional.
Incluso los diputados le sacaron un máximo provecho a la comparecencia de la Seccional, ya que pudieron conocer de voz de los propios trabajadores lo que sucede en FONABE, así como conocer situaciones que ni la propia Junta Directiva de FONABE pudo responder en su comparecencia.
La presencia de la Seccional ANEP-FONABE fue muy bien recibida por parte de los Diputados que Integran la Comisión de Asuntos Económicos, al punto que les felicitaron por el deseo de sacar a la institución adelante e incluso muchos concordaron en las propuestas realizadas por la seccional.
Dentro de las propuestas presentadas por la Seccional ANEP-FONABE se encuentran: descentralizar las oficinas del FONABE, por medio de una regionalización sistemática, con oficinas en las 27 Direcciones Regionales Educativas del MEP, para tal fin se requiere de voluntad política y una coordinación estrecha con el MEP y FONABE.
Así como la desintegración de la Junta Directiva de FONABE, ya que ésta en lugar de agilizar los procesos más bien los entraba.
ANEP responde a Capris
Honorable señor
Werner Ossenbach Sauter
Capris Médica
Presente
Asunto: Su oficio Ref 0114c-15 de fecha 14 de enero de 2015
Estimado señor:
Primero que todo, reciba usted atento y respetuoso saludo de nuestra parte.
En primer término debe usted saber que nuestra organización sindical no renunciará jamás a ejercer un rol fiscalizador de la cosa pública en nuestro país; máxime si se trata del uso de fondos públicos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la entidad más vital para el pueblo costarricense, especialmente para nuestra clase trabajadora.
Debemos confesar que estamos más que sorprendidos del contenido de su oficio, por demás irrespetuoso y cargado de epítetos que rechazamos. Sinceramente observamos que pareciera querer confinar a nuestra representada a un silencio, que a la luz de los documentos que obran en nuestro poder, nos veremos más bien obligados a otras acciones en el entorno institucional de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Por otra parte, nos llama poderosamente la atención que respondan aspectos medulares de la denuncia, mismos que no ha negado la institución a través de la gerencia que se manifestó al respecto.
Sale su representada a realizar una serie de afirmaciones temerarias, como que no se ha destruido ninguno de los reactivos que esa empresa le vendió a la institución. ¿Cómo pueden ustedes realizar tal afirmación?; ¿acaso participan ustedes en este proceso?
Entendemos que ustedes solamente son proveedores y, por tanto, no son de recibo ninguno de los argumentos usados para restar credibilidad a nuestro trabajo. Dar explicaciones a su empresa significaría establecer un vínculo que sólo existe en el imaginario de quien redactó la nota de su representada.
Acuerdo salarial para el sector Público: primer semestre de 2015
Estimadas compañeras y estimados compañeros
Personas trabajadoras asalariadas del Sector Público:
Adjunto a esta comunicación electrónica, encontrarán los contenidos del acuerdo firmado con el Gobierno con relación al reajuste salarial valedero para el primer semestre de este 2015. En síntesis:
Se logró mantener la tesis nuestra de que los reajustes por costo de vida son a la base del salario; y no al salario bruto como lo plantean los sectores neoliberales enemigos del Sector Público.
Para el sector profesional: 1.08 % (0.94 % de inflación segundo semestre 2014; más 0.14 (pendientes de reconocer del segundo semestre 2014). Además, se hará un estudio de percentil de mercado para actualizar las actuales bases salariales del sector profesional. Estudio que estará preparado en 5 meses. Un porcentaje de incremento salarial mayor no fue posible, pues continúa vigente para el sector profesional, el “enganche” en la ley salarial médica.
Para el sector No Profesional: 1.60 % para el puesto de Trabajador Misceláneo 1, con escala descendente hasta pegar con el 1.08 & del Profesional 1. También aquí el acuerdo estable un estudio de percentil de mercado que estará listo en 5 meses. Esto es “histórico” porque se puede hacer gracias al “desenganche” de este tipo de puestos de la ley salarial médica. Lucha que la ANEP dio, contra viento y marea y que seguiremos dando para que también el sector profesional quede “desenganchado”.
El porcentaje del Salario Escolar, actualmente en un 8.19 % se revisará para establecerle un mecanismo que lo haga llegar el 8.33 %, que es del aguinaldo. Este proceso debe estar listo en los próximos tres meses.
Se respaldará las dos iniciativas de ley ya presentadas por el actual Gobierno en el parlamento, para combatir a los ladrones de impuestos. Recordemos que la clase trabajadora asalariada no roba impuestos: pagamos el de la renta (cuando corresponde), se rebaja del salario; y cuando hacemos compras en la pulpería, en el supermercado y en otros comercios, pagamos inmediatamente el impuesto de ventas en la caja.
Nota: En el documento adjunto, en el titular del acuerdo, aparece “2014”, debiendo ser lo correcto “2015” (“un dedazo”).
Queda pendiente para seguir luchando: a) cambio de fórmula de aplicación en los casos de reajustes por costo de vida. b) Discutir cómo podrían diseñarse nuevos herramientas metodológicas de medición del costo de vida pues la realidad de nuestros bolsillos salariales, no compagina con las cifras oficiales de inflación, como este 0.94 % del segundo semestre del 2014.
Los compañeros Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP; y el compañero Rafael Mora Solano, Directivo Nacional de la ANEP, representaron a nuestra corriente sindical en este proceso, en el marco de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
Asociación de personas con discapacidad alega discriminación en la Municipalidad de San José
En la búsqueda de fondos para mejorar la situación económica de sus familias durante el mes de diciembre, la Asociación Mefi-Boset solicitó a la Municipalidad de San José los permisos respectivos para poder realizar una feria en las inmediaciones del Parque Central. Dicha solicitud fue rechazada por el Concejo Municipal, alegando que el Gobierno Local debe garantizar que estos espacios, como parques, bulevares o paseos peatonales, deben estar libres de actividades comerciales, ya que no fueron creados para eso.
La sorpresa de la organización fue conocer que el mismo Concejo Municipal si otorgó permiso a otra organización, la fundación SAREPTA Banco de Alimentos, para realizar una feria comercial los mismos días y en el mismo lugar en que Mefi-Boset había hecho su solicitud.
No es de recibo lo argumentado por el Concejo Municipal, basado en un dictamen de la Comisión de Obras de la Municipalidad. ¿Por qué se aplica un criterio para la Asociación de personas con discapacidad y otro completamente distinto para la Fundación SAREPTA? Esta Fundación, al igual que otras instituciones públicas y privadas, constantemente están realizando ferias en las inmediaciones del Parque Central, por lo que no entendemos la negativa para la Asociación Mefi-Boset.
Un criterio completamente válido sería que la Fundación SAREPTA presentó primero su solicitud y nos acogemos al criterio de “primero en solicitar”. Pero la Municipalidad nunca utilizó este argumento, ya que la Fundación SAREPTA, según documentos que tenemos en nuestro poder, no solicitó utilizar los bulevares alrededor del Parque Central. Su solicitud fue para utilizar la Plaza de las Garantías Sociales y según la Secretaría Municipal no consta ninguna otra solicitud para cambiar el lugar de petición de realización de la Feria.
Aunado a todo esto, la Sala Constitucional falló a favor de la Asociación Mefi-Boset en un recurso de amparo, ya que no se recibió respuesta ágil y eficiente de la solicitud planteada desde el 17 de setiembre de 2014, y que para el 1 de diciembre pasado, cuando se suponía debía comenzar la feria comercial, no había sido respondida por la Municipalidad. Fue necesaria la presentación de dicho amparo para que el Concejo presentara su resolución el 3 de diciembre, negando el permiso.
Condenan a la Municipalidad de Buenos Aires por no actualizar pago de salarios
El Juzgado Laboral de Menor Cuantía de Buenos Aires, Puntarenas, condenó a la Municipalidad de la localidad al pago de casi tres millones de colones por incumplimiento en la actualización del pago de salarios de los trabajadores municipales.
La sentencia surge luego de que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP y su seccional en la Municipalidad de Buenos Aires presentarán la denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y pese a que este ente intento conciliar con el municipio no se llegó a ningún acuerdo por lo que le caso se elevó a los tribunales correspondientes dando como resultado la sentencia.
Heiner Díaz Cabezas, Promotor de la ANEP, indicó que dentro de los incumplimientos por parte de la Municipalidad de Buenos Aires, se encontraron casos en que los trabajadores no se les paga aumentos salariales desde el 2010, así como la no entrega de las boletas de pago por lo que los trabajadores no tenía certeza del movimientos de sus salarios.
“Lo triste es que esta plata no la disfrutaran ni los empleados ni el pueblo de Buenos Aires, y como en otras se convierte en plata botada por la inoperancia de la administración”, manifestó Díaz.
Adjuntamos sentencia del Juzgado de Trabajo de Buenos Aires.
Indignación nacional ante la liberación de los asesinos de Jairo Mora
Nos sumamos a las muestras de indignación nacional ante la liberación de los asesinos de Jairo Mora Sandoval como resultado de un “error” en la investigación de la Fiscalía General de la República y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón.
Al respecto consideramos que es inadmisible el proceder de la Fiscalía General de la República y deben sentarse las responsabilidades del caso.
El hecho de que este crimen quede impune, establece un precedente para que los intereses políticos y económicos se crean con derecho a aniquilar a cualquier activista ambiental, social y dirigente gremial que se les oponga.
Por lo anterior:
Exigimos que se esclarezca el asesinato del ambientalista Jairo Mora Sandoval y se sancione a los responsables.
Hacemos nuestra la demanda del movimiento ecologista exigiendo la renuncia inmediata de Jorge Chavarría Guzmán y la destitución de los funcionarios de la Fiscalía y del OIJ que tuvieron a cargo la investigación.
Emplazamos al Poder Ejecutivo para que por la vía que corresponda, establezca garantías especiales de protección para proteger la integridad física de los líderes sociales costarricenses.
Uso Eficiente del Espectro para Radiodifusión
Con muchísima preocupación leí el comentario publicado en Diario Extra el día lunes 2 de febrero de 2015 del señor Antonio Alexandre, en su columna Espectro, sobre algunos aspectos que el sector empresarial ve con indisposición de la propuesta de ley del MICITT para tener un marco legal actualizado en tema de radiodifusión sonora y televisiva. Preocupación válida porque el texto sugiere que esta propuesta de ley podría atentar contra el derecho a la libertad de expresión.
Un grupo de trabajadores y trabajadoras de la comunicación hemos estudiado bien el proyecto de ley presentado por el Gobierno. Incluso tenemos listo un proyecto de ley trabajado desde hace varios años por muy diversos grupos de la sociedad civil y en ninguno de los dos textos, el del gobierno y el de las organizaciones sociales, encontramos causas para temer que esté en peligro la libertad de expresión.
Los informes 02492-SUTEL-DGC-2014 y 756-SUTEL-DGC-2014 son clarísimos en las deficiencias de cobertura que han vivido por muchos años diversas zonas del país, aun cuando una gran mayoría de las concesiones de radio y televisión se han dado para darle cobertura a todo el territorio nacional. Los datos son muy preocupantes, 70% de las televisoras no cumplen con la cobertura que deberían dar y muchas de ellas no llegan ni siquiera al 50% de la cobertura del título habilitante. En radio los números son peores, 90% de incumplimiento, con el atenuante de que todas, absolutamente todas las emisoras de cobertura nacional no cumplen con ese título de nacional, es más ninguna logra abarcar el 50% de la cobertura exigida, algunas radios no llegan ni al 10%.
Estos datos de terror, que según la SUTEL se vienen repitiendo desde el año 2012, cuando iniciaron estas mediciones, nos dicen sin ningún tipo de duda, que se está fallando estrepitosamente en el uso correcto y eficiente del espectro radioeléctrico concesionado para la radiodifusión sonora y televisiva. Y este fallo atenta contra la población, a la que se le está negando el acceso a la información y su derecho a la comunicación.
Bajo este contexto es que es plenamente justificado un mejor sistema de seguimiento, medición y de rendición de cuentas de las personas, físicas o jurídicas, concesionarias del espectro. Y que las consecuencias del mal manejo del espectro se vean reflejadas en un marco punitivo acorde a las faltas cometidas, siempre en el marco de la seguridad jurídica. Don Antonio se queja del transitorio III del proyecto de ley del MICITT, que dice que las concesiones ya vigentes se cancelarán si en plazo de un año se comprueba que dichas licencias no están siendo explotadas de conformidad con la ley. Lleva razón el Ministerio, y no es de recibo que los concesionarios, los actuales y todos los que vendrán con el reordenamiento del espectro y la digitalización del mismo, se escuden tras la libertad de expresión, para no cumplir con los requerimientos administrativos a los que se comprometieron al recibir una concesión.
La libertad de expresión es la base de la sociedad democrática. Para mí es el pilar más importante de esta sociedad que tanto queremos. No me agrada que se utilice como argumento falaz cuando la discusión es claramente otra. El espectro es uno de los bienes más preciados de nuestro Estado y en el caso de la radiodifusión sonora y televisiva está siendo pésimamente utilizado. Es urgente que la nueva legislación al respecto sea fuerte y clara en este tema, y eso, en la discusión país que se ha abierto, no es un punto negociable.
Publicado también en el sitio de la RedMica.
¿Y qué hacemos frente a la “coalición” de la derecha neoliberal?
“La ebriedad del triunfo” es el título de un artículo del profesor catedrático de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, don Helio Gallardo Martínez, que nos llegara recientemente (www.revistapaquidermo.com), en el cual se plantea una interesantísima interpretación de lo que acaba de acontecer en el caso “Soley-Procuradora”, sobre lo cual nosotros emitimos una opinión en la edición electrónica de La Prensa Libre (martes 27 de enero de 2014), con el título de “El más reciente circo político”.
Resulta interesante resaltar que en importantes sectores de la academia costarricense y entidades afines a la misma; como en grandes grupos de la sociedad civil y, especialmente, en corrientes sindicales afines al pensamiento que hemos venido defendiendo todos estos años; el escándalo mencionado, la novela y/o el circo político de los últimos días, es parte de un nuevo episodio de la rabieta del capital neoliberal nacional (y, por supuesto, la de sus socios estratégicos del exterior), dado que nunca les gustó el resultado electoral de hace un año, tanto a nivel presidencial como parlamentario.
Es decir que lo que venía siendo la hegemonía política dominante con su visión de mundo ha empezado a tener “problemas” para seguir dominando el control de la cosa pública del país, tal y como lo venía haciendo durante los últimos gobiernos del desacreditado bipartidismo clásico.
Dice el señor Gallardo: “El escándalo centrado en la señora Procuradora y Casa Presidencial es solo un aviso a Zapote de que los dueños del país son enemigos de este Gobierno y no permitirán ni un suspiro que lesione sus intereses”; agregando que “…La Nación S. A. es factor importante del bloque económico-político que gerencia el país…”
Con el perdón de don Helio pues no pretendemos emularle intelectualmente sabiendo de su sabiduría, indicamos de nuestra parte: “La hegemonía dominante en el país hasta ahora, la del capital neoliberal (muy en coordinación con la matriz geopolítica global impuesta por el capital financiero-bancario), no ha aceptado, políticamente hablando, el resultado electoral de hace casi un año”. Además apuntamos: “Queda claro que este emporio mediático, como real partido político de facto al servicio de la globalización neoliberal, tiene su “propia” fracción parlamentaria de hecho…”.
Si la derecha del capital neoliberal ha venido armando su “coalición político-estratégica” para la coyuntura nacional en desarrollo, en aras de preservar el poder de su hegemonía hasta ahora reinante pero con atisbos de “debilitarse”; pensamos que es un gran deber cívico y, evidentemente político, aportar lo que se pueda para que la otra hegemonía, la del bien común y de la justicia social, pueda posicionarse con fuerza contundente y desafiante.
La hegemonía que reina tiene claridad absoluta que no puede “descuidarse” ni un milímetro y que el “safis” que no le permitió controlar del todo el proceso electoral del 2014, no debe repetirse para el 2018.
En consecuencia, el desafío de enfrentar el poder del “gerenciamiento político” del consorcio corporativo-mediático a la cabeza de la hegemonía reinante y como policía ideológico que es al servicio de la globalización neoliberal; genera dos perspectivas. Por un lado y como dice don Helio, “Zapote debe contar con que nada que haga aplacará a La Nación S. A. y a otros enemigos”, por lo que el Presidente Solís Rivera tendrá que tomar fuertes decisiones de cara a su relacionamiento inmediato con los sectores sociales responsables.
Por otro, la rearticulación estratégica de los sectores sociales y cívico-patrióticos responsables con algunas fuerzas político-partidistas que apuestan a la transformación social con perspectiva progresista, emerge con carácter de necesidad urgente para fuertes escenarios de calle que se ven venir ante el “asalto” al directorio legislativo que se está urdiendo por parte de esa hegemonía reinante pero irritada porque no pudo “volarse” al obispo.
Baja el precio de los combustibles pero no el de las tarifas de bus
En los últimos días hemos sido testigo de una acelerada disminución en el precio de los combustibles a nivel internacional que, por supuesto, se ha reflejado en la economía nacional y en el propio precio de los mismos en territorio costarricense, por lo que la ANEP hace un llamado y consulta a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), para que realice una revisión en las tarifas de los autobuses de todo el país.
Es tal el impacto en la disminución del precio del crudo que se considera que en este momento han alcanzado el nivel que tenían los mismos en el año 2006. No obstante lo anterior, en ese comportamiento de los precios internacionales, y por ende nacionales, no se ha traducido en una disminución de los pasajes de autobús o de otros servicios íntimamente ligados a ese componente.
Ante esta situación, en la ANEP solicitamos a la ARESEP y a su Regulador General Dennis Meléndez Howell, nos haga llegar información de los incrementos de autobús que se dieron en los últimos 5 años y cuál fue el impacto que tuvo el componente de los combustibles en ese incremento, ya que lo consideramos de suma importancia.
No omitimos manifestar que como organización sindical que representa a un amplio sector de los consumidores y usuarios consideramos fundamental disponer de esa información en el tiempo que determina la ley en cuanto al derecho de respuesta pronta; indicando, a la vez, que tramitamos esta petición por la vía electrónica especialmente, considerando que la misma ha sido legitimada por decisiones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que ha habilitado tal vía como válida para interpelar a la administración.
Adjuntamos carta enviada al Regulador General.
