Alcaldesa de San José deja plantada a la ANEP y al Ministerio de Trabajo

Alcaldesa de San José deja plantada a la ANEP y al Ministerio de Trabajo
La Alcaldesa del cantón de San José, Sandra García Pérez, dejó plantado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en una audiencia conciliatoria por la contratación irregular de trabajadores por parte del municipio josefino para la recolección de basura a cargo de la empresa mexicana PASA.

Tanto representantes del Ministerio de Trabajo como de la ANEP, esperaron por varios minutos el arribo de la alcaldesa, el cual nunca se dio, pese incluso al llamado telefónico en varias ocasiones por parte de la cartera de trabajo, llamadas que no fueron atendidas por la alcaldesa.

Ante esta situación representantes del Ministerio de Trabajo, junto a la ANEP decidieron levantar el acta correspondiente sobre la no presencia de la Alcaldesa a la reunión. La cual compartimos a continuación.

Fiscalía General acepta denuncia de la ANEP contra Procuradora General

La mañana de este jueves 29 de enero, el Ministerio Público aceptó la denuncia de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en contra de la Procuradora General de la República, Ana Lorena Brenes Esquivel, por realizar un aparente nombramiento ilegal.

En el documento que la ANEP preparó, y que fue recibió este jueves en la Fiscalía General, se oficializa una denuncia penal contra la señora Brenes Esquivel, en estricta observancia de lo dispuesto por el artículo 344 del Código Penal, el cual establece que “será reprimido con treinta a noventa días multa el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo a persona en quien no concurrieren los requisitos legales”.

La indicada jerarca Brenes Esquivel en confesión espontánea en la Asamblea Legislativa, durante el desarrollo de la “novela política” en la cual fungió ella como la “principal actriz de reparto”, aceptó recomendar el nombramiento de la licenciada Zulli Beatriz Sarmiento Chávez, ciudadana salvadoreña de nacimiento, con cédula de naturalización No. 8-077-365; nombramiento impulsado por la hoy desacreditada procuradora en contravención del inciso b), del artículo 14, de la Ley Orgánica de la Procuraduría, que exige que los procuradores sean costarricenses por nacimiento.

Aparentemente, la señora Brenes Esquivel, impulsando ese ilegal nombramiento, habría inducido a error a la actual Ministra de Justicia y al propio Presidente de la Republica, quienes no sabían de la condición de salvadoreña de nacimiento de la recomendada de la señora procuradora.

Más grave todavía es que la señora Brenes Esquivel hizo un “invento” jurídico defendiendo tal nombramiento hasta lo que resolviera la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo cual la pone al margen del principio de legalidad y de probidad en la función pública.

Los anteriores son parte de los contenidos de la denuncia presentada por la ANEP contra el actuar de la Procuradora General, Ana Lorena Brenes Esquivel.

Exigimos la renuncia de la señora Procuradora del Estado que ha pasado a ser la “procuradora del gran empresariado”, el corporativo-empresarial de corte neoliberal. Exigimos al Consejo de Gobierno abrir los procesos tendientes para que se le quite su inmunidad y/o para que pueda rendir cuentas de su ilegal proceder.

Sin credibilidad, sin legitimidad, debe ella salir de ese cargo; de la misma manera que su contertulio de cafetería, también tuvo que dejar su alto cargo.

Albino Vargas: “Otto Guevara siempre ha sido enemigo del empleado público”

Según Albino Vargas, secretario general de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado libertario, Otto Guevara, ante la Sala Constitucional pretende eliminar el derecho de los trabajadores del sector público a la negociación colectiva, por lo que ante esto empezaría a promover movimientos de huelga.

Para Vargas no es nada nuevo que Guevara promueva un proyecto de este carácter, pues desde hace bastante tiempo viene teniendo encontronazos con este sector, por lo que Albino lo considera un “enemigo” de este grupo.

“Don Otto Guevara no termina su santa cruzada contra los empleados públicos, él siempre ha sido enemigo de los empleados públicos y de los derechos laborales de este sector, así como de las convenciones colectivas de trabajo y ahora ha presentado un proyecto de ley que las pone en peligro, entonces lo que usted está viendo es que las organizaciones están dando señales de advertencia, todo el mundo se está preparando y nosotros lo dijimos desde principio de año: el empleo público será motivo de gran confrontación social para este 2015”, explicó Vargas.

En cuanto a la pregunta de que si habían tenido algún contacto con el diputado libertario, el representante de ANEP contestó de forma concisa que para él y sus representados Guevara no es una persona que merezca credibilidad.

“Nosotros no lo vemos como un interlocutor, lo vemos como un político desacreditado, camaleónico que cambia sus posiciones según sea la campaña electoral, no merece ninguna credibilidad, sí le podemos decir que creemos que su proyecto de ley, al menos el que está en la asamblea, no tendrá mayor éxito”, agregó.

Ante la acción inconstitucional, el Secretario General ve como única alternativa, tomar las calles, por lo que aunque aún no hay fecha definida, les insistió a los empleados públicos que se preparen para salir a las principales vías y exigir un freno a tal acto.

De Procuradora del Estado a “procuradora del gran empresariado”

Aunque nos genera un gran repudio y, por ende, nos mueve a emitir una fuerte condena al respecto, consideramos “lógico” el criterio que ha emitido la señora Ana Lorena Brenes Esquivel, en contra de la Reforma Procesal Laboral (RPL); pues esto es lo que representa su declaratoria de “inconstitucional”, a la decisión del actual Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, quien en diciembre anterior revocó el veto a dicha legislación, impropia y malsanamente interpuesto por su antecesora en ese cargo, la desprestigiada Expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda.

Este ataque de la señora Brenes Esquivel en contra de la Reforma Procesal Laboral (RPL) sobreviene, de manera coincidente, en momentos cercanos a la “novela política” de los últimos días en la cual ella fungió como la “principal actriz de reparto”, a propósito del presunto ofrecimiento de un cargo diplomático por parte del hoy “renunciado” don Daniel Soley Soler, ahora exviceministro de la Presidencia. Él lo negó categóricamente y ella no lo pudo probar contundentemente.

Como para “congraciarse” con los sectores del gran corporativismo empresarial de corte neoliberal, y como para “honrar” las lealtades diputadiles de esa “fracción parlamentaria de facto” al servicio del principal latifundio mediático del país, Ana Lorena Brenes Esquivel la emprende con su lamentable criterio contra la reforma laboral más importante de las últimas décadas; extraordinariamente necesaria para combatir la creciente desigualdad y los fuertes desniveles de la relación obrero-patronal impuestos por la competitividad neoliberal.

En el documento que la ANEP preparó y que no fue recibido por el Ministerio Público en la tarde de este día, martes 27 de enero de 2015, intentamos oficializar una denuncia penal contra la señora Brenes Esquivel, en estricta observancia de lo dispuesto por el artículo 344 del Código Penal, el cual establece que “será reprimido con treinta a noventa días multa el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo a persona en quien no concurrieren los requisitos legales”.

La indicada jerarca Brenes Esquivel en confesión espontánea en la Asamblea Legislativa, durante el desarrollo de la “novela política” en la cual fungió ella como la “principal actriz de reparto”, aceptó recomendar el nombramiento de la licenciada Zulli Beatriz Sarmiento Chávez, ciudadana salvadoreña de nacimiento, con cédula de naturalización No. 8-077-365; nombramiento impulsado por la hoy desacreditada procuradora en contravención del inciso b), del artículo 14, de la Ley Orgánica de la Procuraduría, que exige que los procuradores sean costarricenses por nacimiento.

Aparentemente, la señora Brenes Esquivel, impulsando ese ilegal nombramiento, habría inducido a error a la actual Ministra de Justicia y al propio Presidente de la Republica, quienes no sabían de la condición de salvadoreña de nacimiento de la recomendada de la señora procuradora.

Más grave todavía es que la señora Brenes Esquivel hizo un “invento” jurídico defendiendo tal nombramiento hasta lo que resolviera la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo cual la pone al margen del principio de legalidad y de probidad en la función pública.

Los anteriores son parte de los contenidos de la denuncia preparada por la ANEP y que contra el actuar de la señora Brenes Esquivel pretendimos interponer ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en el Primer Circuito Judicial de San José. Ni siquiera se pudo lograr un “recibido” de la denuncia, pues el cargo que ella ocupa está protegida por la inmunidad que cubre a los miembros de los supremos poderes. Por tanto, es otro camino el que debe seguirse para pedirle cuentas a la señora procuradora de sus últimas actuaciones que, como mencionamos al inicio, la desacreditan y la deslegitiman ante importantes segmentos ciudadanos que tienen muy presentes actuaciones de ella en esta administración, pero también en las inmediatamente anteriores.

Exigimos la renuncia de la señora Procuradora del Estado que ha pasado a ser la “procuradora del gran empresariado”, el corporativo-empresarial de corte neoliberal. Exigimos al Consejo de Gobierno abrir los procesos tendientes para que se le quite su inmunidad y/o para que pueda rendir cuentas de su ilegal proceder.

Sin credibilidad, sin legitimidad, debe ella salir de ese cargo; de la misma manera que su contertulio de cafetería, también tuvo que dejar su alto cargo.

Patria Justa se reunió con fracción del Frente Amplio

La coalición sindical Patria Justa se reunió con la fracción legislativa del partido Frente Amplio, el pasado lunes 26 de enero, para tratar diversos temas país y conocer cuál es el entorno que se maneja en el plenario legislativo respecto a ciertos temas.

La reunión contó con la presencia de representantes de las siete organizaciones que integran Patria Justa, nos referimos a la ANEP, FIT-ICE, UPINS, SINAE, SITRAPEQUIA, SINTRAJAP y SIPROCNP. Mientras que por el Frente Amplio estuvieron presentes los diputados: Ronald y Gerardo Vargas, Patricia Mora, así como Francisco Camacho, Edgardo Araya y José Ramírez.

Otro de los objetivos de Patria Justa era presentarse de forma oficial a la fracción legislativa, y mostrar los ejes de lucha de la coalición sindical enfocados en: defensa de la Reforma Procesal Laboral, empleo público, reforma tributaria y la restructuración de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Sin embargo, el encuentro también sirvió para que las diversas organizaciones solicitaran acompañamiento de la fracción legislativa del Frente Amplio en temas como: geotermia en el caso del FIT-ICE. SINTRAJAP solicitó apoyo en el tema ambiental respecto a la construcción de la nueva terminal de contenedores de Moín por la transnacional APM Terminal.

Otra de las organizaciones que solicitó apoyo fue UPINS, para respaldar la denuncia que interpondrán por el despilfarró de 10 millones de dólares en el Instituto Nacional de Seguros (INS), en la gestión del entonces Presidente Ejecutivo, Guillermo Constenla, por hacerle frente a un juicio, en Estados Unidos , que solo trajo millonarias pérdidas a la aseguradora.

SIPROCNP también solicitó el apoyo de la fracción legislativa, para evitar el desmantelamiento del Consejo Nacional de Producción del (CNP), ya que a la fecha no se han visto los resultados deseados en la nueva administración.

Al finalizar la reunión la fracción legislativa del Frente Amplio se comprometió con Patria Justa a darle seguimiento a estos y otros temas, así como brindar total apoyo a las denuncias que realizan las diversas organizaciones sobre irregularidades e instituciones públicas.

El ascenso al poder de la izquierda griega: un llamado al cambio paneuropeo

Bienvenidos a Grecia

Es la primera vez desde la revolución española de 1936 que un partido de izquierda gana las elecciones en Europa. En las elecciones nacionales de este fin de semana en Grecia el izquierdista SYRIZA ganó 149 de los 300 escaños y formará un gobierno de coalición en los próximos días para gobernar el país. Después de siete años de abusos neoliberales, el pueblo griego derrocó al régimen bipartidista que ha gobernado el país durante los últimos 40 años con resultados socialmente catastróficos.

El partido de la derecha populista Nueva Democracia (ND) obtuvo un 27,8% y el ex socialista PASOK, ahora convertido en neoliberal, recibió un insignificante 4,6% de los votos. SYRIZA ha aumentado su base electoral en un 10% desde las elecciones de 2012, mediante la acumulación de los votos de los sectores populares y la clase media baja, que ha sido violentamente proletarizada.

Cambio de rumbo para toda una sociedad

SYRIZA es el resultado de una colaboración de 15 años entre los grupos políticos divergentes dentro de la fragmentada izquierda griega, que comenzó en los tiempos del movimiento altermundialista. Pasó del 4% al 27% en las elecciones de 2012, cuando logró representar la dinámica social de los movimientos sociales masivos, que en ese momento sacudieron el país y derrocaron al anterior gobierno del PASOK.

Como los movimientos no lograron ofrecer alternativas tangibles y el siguiente gobierno de coalición entre ND y PASOK impulsó con mayor fuerza la reestructuración neoliberal y su agenda política de extrema derecha, los estratos oprimidos de la sociedad griega renovaron sus esperanzas en la política representativa. En este contexto, SYRIZA ganó las elecciones de ayer por haber forjado una alianza social en torno a dos propuestas específicas: (i) un plan de salvación social para paliar las consecuencias de la ofensiva neoliberal en las clases más bajas, y (ii) un plan para renegociar la deuda pública griega con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, con el fin de que sea sostenible.

Si bien este programa político moderado no suena izquierdista, de hecho constituye un cambio de rumbo radical respecto a la ortodoxia neoliberal que se ha consolidado en la UE y las instituciones globales, lo que da esperanzas no sólo para Grecia sino también para cambios de poder más amplios en la Unión Europea.

Una oleada de poder popular

Por extraño que parezca, el ascenso de SYRIZA al poder es el resultado de dos años de reflujo de los movimientos sociales griegos. Sin embargo, estas elecciones podrían constituir la chispa que encienda una nueva y más fuerte ronda de luchas sociales en Grecia y más allá. El poder de la representación para desmovilizar al electorado y estabilizar el sistema político ha ido perdiendo terreno. Los pobres han votado a favor de SYRIZA con el fin de poder respirar, pero las aspiraciones más profundas de libertad, justicia social y democracia radical son muy elevadas. La juventud, el precarizado y los sin-trabajo constituyen grupos sociales grandes y dinámicos que no se contentarán con una política socialdemócrata moderada. Después de muchos años de dominación y de acumulación de poder en los movimientos, la militancia de base ahora está lo suficientemente madura como para arrebatar centímetro por centímetro el terreno al Estado y a la oligarquía griega y para dar la batalla desde mejores posiciones. No cabe duda que el antagonismo social se intensificará en Grecia, con buenos motivos.

El llamado de Atenas resuena

El incremento del poder popular desde abajo en Grecia resulta más oportuno que nunca, pero además, su llamado resuena en gran parte de Europa. Aparte de PODEMOS, España es un crisol de alternativas de base y de la experimentación de los movimientos con la política representativa. La politización de la base social también da lugar a fuertes partidos de izquierda o de la izquierda populista, en Irlanda, Escocia y Europa del Este. La movilización social en Italia y Francia rejuvenece.

Los movimientos europeos están más interconectados que nunca. Además, los pueblos de la periferia europea se enfrentan a condiciones sociales similares, debido a años de austeridad y saqueo neoliberal. La noticia de la victoria de la izquierda griega reanima su esperanza de cambios radicales en sus propios países. Si la élite neoliberal europea intenta aplastar a Grecia con medidas de austeridad de línea dura, la guerra volverá a casa. Una Europa alternativa, más allá de las estructuras neoliberales existentes de la Unión Europea, sí es posible. Su futuro recae en nuestras manos. (Traducción ALAI)

– Antonios Broumas es abogado e investigador griego sobre la interacción entre el derecho, la tecnología y la sociedad. Participa en movimientos sociales que promueven la autonomía social y los bienes comunes globales.

El más reciente circo político

Vamos a tratar de ponernos como analistas políticos para compartir con usted, que nos honra muchísimo con su lectura, nuestra visión (que no es, por supuesto, objetiva porque en política ni existe la neutralidad ni existe el centro); sobre lo que pasó en los últimos días en el seno del “circo romano a la tica”, léase nuestra Asamblea Legislativa, en torno a la “novela” que tuvo a la señora procuradora general de la República, doña Ana Lorena Brenes Esquivel, como “primera actriz de reparto”.

Es imposible negar que este país tiene dos hegemonías políticas en pugna desde hace bastante tiempo; dos visiones de desarrollo antagónicas y que vienen escenificando episodios confrontativos de naturaleza diversa. Lo que pasó está inmerso en ello.

La hegemonía dominante en el país hasta ahora, la del capital neoliberal (muy en coordinación con la matriz geopolítica global impuesta por el capital financiero-bancario), no ha aceptado, políticamente hablando, el resultado electoral de hace casi un año.

En lo inmediato tiene como objetivos estratégicos posicionar a uno de los suyos en los Ministerios de la Presidencia y de Hacienda. Desesperadamente buscan (para empezar) la caída del señor Melvin Jiménez Marín, a la cabeza del primero, por su propio origen sociopolítico y por su trayectoria “contaminada” de relación con diversos sectores sociales de la sociedad civil organizada, incluidos connotados sindicatos. Llevan dos intentonas y no han podido “volárselo”.

La más reciente es producto de lo acontecido con la indicada funcionaria, que fue desmentida por su supuesto “comprador” con ofrecimiento diplomático, el hoy caído don Daniel Soley Gutiérrez.

Lo que dijo ella lo rechaza él y, más bien, este pide que todo termine en el Ministerio Público. ¿Quién dijo verdad?; ¿quién mintió bajo juramento? Solo “Tatica Dios” lo sabe.

Varias cosas nos quedan absolutamente claras.

1) Era insostenible la permanencia del señor Soley Gutiérrez en su cargo por el daño que le estaba causando a la credibilidad y legitimidad presidencial. No le quedaba otra que renunciar. Si en verdad hubo un ofrecimiento de embajada, estaríamos ante un grave cargo de corrupción que merece la más enérgica condena. Pero él lo negó, categóricamente.

2) Hidalgamente debería hacer lo mismo la señora Brenes Esquivel. Muy golpeada queda su credibilidad y, considerando su reciente pasado político, se evidencia que la notaría del Estado que ella ha venido dirigiendo está bien matriculada con la hasta ahora hegemonía dominante. Y, como no hizo la denuncia de manera inmediata y conforme a la “gravedad” del presunto ofrecimiento acudiendo a las instancias pertinentes, sus afirmaciones al respecto no tienen crédito alguno para muchas personas en este país.

3) Esa hegemonía dominante hasta ahora, con su “buque insignia” a la cabeza, el periódico La Nación, fracasa por segunda vez en su intento de “volarse” al ministro Jiménez Marín (la primera fue la campaña mediática en su contra por ser obispo luterano).

4) Queda claro que este emporio mediático, como real partido político de facto al servicio de la globalización neoliberal, tiene su “propia” fracción parlamentaria de hecho y un jefe de la misma, “de lujo”, el diputado Ottón Solís Fallas.

5) Hubo muchos millones de colones en fondos públicos desperdiciados que pagaremos todos por esta “novela”. No se sabrá nunca la verdad real de los hechos; el informe legislativo de este espectáculo circense será engavetado.

6) La otra hegemonía, la que está por construirse realmente, no atina todavía a encontrar un camino estratégico para que deje de ser apenas atisbos; atisbos que, aunque tenues y desordenados y sin concatenación alguna, no están dispuestos a ser tolerados por esa hegemonía del capital neoliberal que sí está reconstruyéndose luego del golpe electoral de febrero de 2014 y que, en lo inmediatísimo, va por la toma del Directorio Legislativo.

Gobierno debe retomar las negociaciones

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), insiste en la urgencia de que el Gobierno de la República convoque a los sindicatos para resolver, de manera definitiva, el monto del reajuste que por costo de vida debe aplicarse a los salarios de todas las personas trabajadoras del sector Público: unas 300 mil, aproximadamente; reajuste valedero para el primer semestre de este año 2015.

La ANEP demanda que el Gobierno convoque a la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP), apenas terminada la III cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC); considerando además que estamos por entrar al segundo mes del año y el reajuste pendiente no llega para esos trabajadores y esas trabajadoras, especialmente los de ingresos bajos y medios, por demás, por demás víctimas económicas del alto endeudamiento.

La ANEP, que en este proceso acompaña a las centrales sindicales, estima que la situación de quienes son policías, misceláneos, vigilantes de escuelas y colegios, secretarias, oficinistas, choferes, cocineros y cocineras, personal asistencial de los CEN-CINA y personal técnico (entre otros de similar naturaleza “no profesional”), deben recibir un reajuste mayor al de la inflación del período semestral anterior (0.94 %); pues ya debe entrar a operar, por primera vez, el “desenganche” que desvinculó los salarios de este tipo de puestos del sistema de Servicio Civil con relación a la ley salarial médica.

La ANEP considera que es hora de que quienes laboran para la Administración Pública en tales labores, inicien un camino de recuperación salarial, toda vez que bien sabemos los reajustes salariales semestrales de esta naturaleza, son únicamente para “compensar” el alza en el costo de la vida según las cifras oficiales de inflación; pero no representan ampliación del poder de compra del salario ni incremento en el poder adquisitivo de las familias respectivas, afectadas seriamente en su nivel de vida.

La ANEP cree, además, que es preciso abrir un diálogo constructivo para el diseño de una nueva fórmula de cálculo del incremento semestral por costo de vida; que es necesario valorar la propiedad con que actualmente se miden las variaciones en el costo de la vida acordes con alto nivel que tiene la sobrevivencia obrera en un país tan caro como Costa Rica; y, además, abrir un proceso integral de reestructuración de las bases salariales de tales puestos, así como lo que corresponde en los salarios mínimos aplicables al sector privado de la economía.

La ANEP señala que en cuanto al sector profesional del Gobierno Central y entes adscritos que se guían por el sistema de Servicio Civil, la preservación de este tipo de puestos en su condición vinculante con la ley salarial médica, podría incrementar el deterioro del poder de compra de sus salarios, lo cual debe llevar a mantener la discusión sobre esta situación; especialmente ahora que ya quedó demostrado que la tesis de ANEP sobre el “desenganche” fue real y verdadera en todo momento.

Finalmente, es bueno señalar que si bien es cierto las bajas en el precio de la gasolina y los combustibles, por la dramática caída internacional del precio del petróleo, representa un “alivio” para la economía (aunque pudiera ser temporal); es notorio que en nada se refleja en el alto costo de los artículos y servicios básicos de consumo vital y básico que necesitan las familias de la clase trabajadora, especialmente las de ingresos medios y bajos.

Quienes ganan con la rebaja en los precios de los combustibles no son, por ende, las mayorías populares. Gana (entre otros pocos), el gran empresariado autobusero pues no se ve venir una rebaja en el pasaje. Esto debería discutirse también.

La cuestión de una nueva política salarial emerge con gran fuerza, tanto en el sector privado como contra el sector público, considerando que la propia Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), refuerza la triste dolorosa realidad nacional de que en el país la pobreza y la desigualdad siguen creciendo.