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Dos estudios elaborados por la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) corroboran lo que la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa – RedMICA – ha venido señalando desde hace más de dos años: las frecuencias de radio y televisión están siendo mal utilizadas en nuestro país.

Los informes 756-SUTEL-DGC-2014 y 02492-SUTEL- DGC-2014, del 7 de febrero y el 30 de abril de 2014, afirman que los concesionarios actuales de las frecuencias no están cumpliendo con sus deberes con respecto a cobertura territorial.

Por ejemplo, tanto para televisión abierta como para las bandas de radio en FM, el cumplimiento de las obligaciones de cobertura de las emisoras es en promedio inferior al 32% del territorio que les corresponde cubrir, lo que evidencia que la banda está subutilizada.

En radio más del 90% de los concesionarios tienen una cobertura inferior al 50%. Por su parte, en televisión, solamente un 6,9% de los canales de TV supera un 70% de la cobertura asignada en los títulos habilitantes. Además, el 68% de los canales tienen una cobertura menor al 50% y el 30,6% menor al 10%.

Estos documentos oficiales señalan que lo anterior “no es congruente con los objetivos de la Ley N° 8642 (Ley General de Telecomunicaciones), por cuanto no se está realizando un eficiente y efectivo uso del espectro radioeléctrico”. Esta ley establece en su artículo 21, inciso b, que el Estado debe reasignar las frecuencias cuando “lo exijan razones de eficiencia en el uso del espectro radioeléctrico”.

Las zonas rurales son las más excluidas de la cobertura radiofónica y televisiva. Las regiones Chorotega, Huetar Norte y Huetar Atlántica cuentan con cumplimientos inferiores al 18%, lo que evidencia el incumplimiento de los concesionarios respecto de sus obligaciones de cobertura nacional.

Uno de los datos más preocupantes es que en television abierta hay 18 concesiones (para un total de 13 canales) que no se encuentran en operación, lo cual representa el 20% del total de canales de televisión.

“El argumento del Estado para no otorgar frecuencias (solicitadas por comunidades y universidades) es que no hay frecuencias disponibles, pero el informe confirmar que 18 concesionarias ni siquiera operan, es decir, uno de cada 5 canales no está operando, simplemente está acaparado. Ya desde 2008 la UNED por ley tiene acceso obligatorio a frecuencias de radio y televisión. Esto es inaceptable en un país en el que no existen medios comunitarios”, comentó Adriana Naranjo, vocera de la RedMICA.

Estos informes también señalan en sus conclusiones “que se está privando a la población de un servicio que ha sido declarado como ‘actividad privada de interés público’, siendo imperativo tomar las acciones necesarias que permitan a toda la población disfrutar del servicio de radio”.

Desde la RedMICA consideramos que el Estado debe de garantizar el derecho a la comunicación, debe reordenar el otorgamiento de frecuencias del espectro radioeléctrico para la radiodifusión. Para ello es urgente una nueva ley de radio y televisión que marque los parámetros actualizados y democráticos para el uso eficiente y diverso del espectro radioeléctrico.

Este lunes 3 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana y desde el cementerio de la ciudad de Limón, una manifestación solidaria con la justa huelga que se desarrolla en los muelles de Limón y de Moín, recorrerá el centro de dicha ciudad para llegar hasta el local del sindicato líder de esta lucha, SINTRAJAP.

Los y las manifestantes representarán a delegaciones laborales de las agrupaciones sindicales integrantes de PATRIA JUSTA; articulación ésta de agrupaciones que decidieron unir sus destinos estratégicos en el marco del escenario sociopolítico y económico que se abrió en el país, luego del proceso electoral nacional de este año 2014.

Un numeroso grupo de trabajadores y de trabajadoras de RECOPE en la zona atlántica, convocados al efecto por su sindicato SITRAPEQUIA, junto a sus pares en la misma región, procedentes del ICE, llamados a esta acción por parte del FIT-ICE, mostrarán en esta manifestación un apoyo material concreto de solidaridad con SINTRAJAP y preludiando integraciones sociolaborales y sindicales posteriores, de la zona y del país.

Desde la sede central de la ANEP, en San José, cerca de cincuenta dirigentes de base de esta agrupación y de su colega ASDEICE, saldrán a las 6 de la mañana de este lunes 3 para estar en el arranque de la manifestación en solidaridad con los trabajadores y con las trabajadoras de JAPDEVA que están en huelga, ya para esa fecha en su decimotercer día.

Igualmente habrá en la manifestación indicada, representación dirigente de las otras agrupaciones de PATRIA JUSTA: la Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS), y el Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE).

La manifestación de PATRIA JUSTA lleva como fuerte motivación, además, el llamado al diálogo inter-partes; especialmente cuando sobre la mesa ha sido colocada una contrapropuesta sindical desde SINTRAJAP, que muestra importantes esfuerzos para que este conflicto tenga una salida pacífica y negociada mediante el diálogo; propuesta que anexamos a este comunicado

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deja constancia pública de su más enérgica condena por la ilegal y profunda conducta antiética que representa la acción de espionaje contra el distinguido ciudadano costarricense, integrante de honor de la Selección Nacional de Fútbol de Costa Rica, don Keylor Navas Gamboa; quien fue víctima de una vil acción sistémica desde el Poder Judicial y desde el Organismo de Investigación Judicial, conjuntamente con la Fiscalía General de la República, de un espionaje que violentó sus derechos humanos, generándose una peligrosísima intrusión a su privacidad, totalmente repudiable.

Las disculpas del máximo jerarca del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), don Francisco Segura, no bastan. Si por disculpas fuera, desde la misma Corte Plena se deben brindar y todo el cuerpo de los honorables señores magistrados y de las honorables señoras magistradas, deben dar una contundente declaración pública al efecto. Lo planteamos de manera respetuosa pero vehementemente.

El espionaje al distinguido futbolista, don Keylor Navas Gamboa, así como a sus propia familia, expresa una degeneración de la vocación de servicio público que viniendo desde el sistema judicial, reafirma una creciente percepción ciudadana de estar en indefensión y en gran vulnerabilidad ante el sistema judicial; golpeándose duramente la confianza en el mismo.

Esta circunstancia, aunada a la también grave del espionaje a periodistas (especialmente, en el caso de Diario Extra), procedente desde las mismas instancias judiciales, exige acciones fortísimas y ejemplarizantes contra quienes lo hicieron aprovechándose de sus cargos públicos; además de correcciones estratégicas de operatividad de la información sensible que se tiene de la ciudadanía.

El caso del espionaje a don Keylor Navas Gamboa y a su familia, abre la interrogante de cuántas veces al día (en horario laboral o fuera del mismo), se hacen estas operaciones ilegales; a quiénes de espía, de qué esferas de la vida nacional; y, lo más angustiante y preocupante es si está en desarrollo un negocio privado con la venta de datos de ciudadanos y de ciudadanas, tanto de perfil público como privado, para propiciar indebidas acciones como las extorsiones.

La congoja es mayúscula ante informaciones de prensa de hoy de que podría ser la acción de espionaje contra don Keylor Navas Gamboa, producto de una orden, de una directriz jerárquica; y no como se quiere plantear como una “travesura”, como una “acción menor”.