En peligro puestos interinos en plazas del Servicio Civil

Imaginémonos un caso hipotético en el Instituto Meteorológico Nacional. Se abre una plaza de especialista en agrometeorología, ya que el especialista en el tema se pensionó. Sólo existe una persona conocedora de esta rama disponible, y la misma no se encuentra en el Registro de Elegibles del Servicio Civil. Las universidades estiman que en 3 años habrá varios especialistas graduados en agrometeorología, pero hasta entonces esa plaza no se puede ocupar. ¿Por qué?

A pesar de que existe una persona idónea para el puesto, el oficio DG011-2014 remitido por el MBA Lic. Hernán Rojas Angulo, Director General de Servicio Civil, indica que sólo podrán ocupar cargo de interinazgos las personas inscritas en el Registro de Elegibles del Servicio Civil, y que además estén optando por el puesto específico. Y peor, si la plaza es nueva la misma no podrá ocuparse por interinazgo, sino que directamente debe salir a concurso, aunque no exista la terna obligatoria para el mismo. Esto provocaría que la plaza quede congelada.

Este tema afecta directamente a quienes en este momento están trabajando de interinos en una plaza del Servicio Civil, ya que la directriz implica que estas personas, que no están integrados en la terna de personas elegibles al cargo, no podrán renovar sus nombramientos de interinos y su plaza, si no sale a concurso, debe ser ocupada por una de las tres personas elegibles al cargo. Y en su defecto si no existe la terna, dicha plaza deberá ser congelada hasta que exista la misma.

Estamos hablando de la posibilidad que varios cientos, sino miles de personas, se puedan quedar sin trabajo.

El tema es complejo, por eso la ANEP, está organizando dos actividades en específico para tratar más a fondo el tema. La primera es una reunión ya agendada con el señor Director General del Servicio Civil, el próximo miércoles 16 de julio a las 10 de la mañana. A dicha reunión seguirá una convocatoria abierta a las personas en puestos de interinos del Servicio Civil, acá en las oficinas centrales de ANEP, el miércoles 30 de julio a las 4 de la tarde.

La problemática de los interinazgos en la función pública es un tema que se ha trabajado mucho en nuestra organización. Debemos recordar que gracias al movimiento organizado por la ANEP y a nuestro trabajo político, el Gobierno de Laura Chinchilla Miranda emitió un Decreto Presidencial, que le otorgó plaza en propiedad a más de 1300 personas que tenían mucho tiempo, algunos incluso más de 10 años, de trabajar en condición de interinos.

Es de nuestro mayor interés proteger el derecho humano al trabajo de estas personas interinas, formen o no parte de las ternas de elegibles para puestos en propiedad. El trabajo de la ANEP siempre se enfocará a salvaguardar a estas personas de prácticas ya intentadas en el pasado.

PetroCaribe y la Soberanía Energética

La historia del petróleo, desde el primer pozo en Titusville hasta nuestros días, constituye una de las páginas más negras de la economía y la política mundiales. Para hablar de nuestro continente, ninguna otra actividad económica impulsada por las corporaciones imperiales de los Estados Unidos, dejó tras de sí una mayor muestra del saqueo y el robo directo de los recursos económicos de América Latina. Son, literalmente, historias de sangre. Sólo verdaderos estadistas como el general Lázaro Cárdenas de México o el propio Carlos Andrés Pérez en Venezuela, serían capaces de comenzar a devolverle a sus pueblos, la inmensa riqueza albergada en el subsuelo de aquellos países.

Pero ningún gobernante en América Latina fue capaz de expresar con mayor claridad el verdadero destino de esa inmensa riqueza que ha movido al mundo por decenios, que el Presidente venezolano Hugo Chávez Frías. Del mismo modo, ningún otro gobernante en nuestros días, fue objeto de una campaña mediática más desmedida y falaz. Errores aparte, propios de aquellos reformadores que se toman en serio la transformación social de sus países, Hugo Chávez comenzó por poner en manos de su pueblo la descomunal riqueza de sus entrañas. Esa desmedida riqueza, un pequeño grupo de grandes potentados, además de las petroleras, la convertía en ríos de dólares que engrosaban sus cuentas bancarias en los países desarrollados del mundo.

Aunque en nuestro pequeño país los grandes medios lo oculten y algunos plumarios a sueldo intenten cubrir con calumnias y mentiras la inmensa labor social, nacional y continental que impulsó el Presidente Chávez, allí están los datos de las instituciones más acreditadas de América Latina, como la CEPAL o el PNUD, para dar fe del sorprendente avance social y cultural de Venezuela, incluida la pureza de sus procesos electorales. Pero volvamos a Petrocaribe.

Como bien sabemos, Costa Rica es un importador neto de hidrocarburos. Absolutamente todo el petróleo que consumimos, convertido en gasolina, diesel, búnker, aceites lubricantes etc. proviene casi exclusivamente de la explotación petrolera, sin hablar de los productos de la petroquímica, que forman el mayor árbol industrial de la historia. Chávez se propuso compartir, óigase bien, compartir con espíritu solidario y latinoamericanista, la enorme riqueza petrolera de su país que alberga, al mismo tiempo, las mayores reservas petroleras prospectadas del mundo.

¿Y esas relaciones de solidaridad y fraternidad, influyen en el ánimo de los pueblos? Por supuesto que sí. Todas las relaciones que no están sometidas al intercambio desigual o al saqueo puro y simple, crean de los pueblos el sentimiento de que el mundo puede ser mejor al que nos proponen e imponen esos dueños del mundo que impulsaron el neoliberalismo para arrebatarnos hasta lo indispensable.

¿Qué les preocupa entonces a los pusilánimes, incapaces de un gesto de dignidad y arrojo nacionalista? Les preocupa que para el año 2043, fecha aproximada para el fin de la era del petróleo, el pueblo costarricense haya visto de cerca ese nuevo espíritu de fraternidad y justicia que se levanta en muchos países y que esos valores hayan influido para bien en la conciencia nacional.

CCSS no cobró ¢625 millones en becas reembolsables

Doctora
María del Roció Sáenz Madrigal
Presidenta Ejecutiva
CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS)

Asunto: Denuncia sobre mal manejo de sistema de becas de la CCSS con posible daño patrimonial millonario en perjuicio de la institución.

Estimada doctora: Reciba, en primer término, un respetuoso saludo a nombre de la organización sindical que nos dignamos representar, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Deseamos compartir con su digna autoridad, nuestra profunda preocupación al haber recibido en esta organización, una nueva denuncia relacionada con el uso de los recursos económicos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); denuncia que tiene que ver con una situación presuntamente anómala sucedida en el Centro de Desarrollo Estratégico e Información en Salud y Seguridad Social (Cendeisss), entidad con dependencia de la Gerencia Médica institucional.

Este asunto tiene fundamento en el documento “Análisis de la situación actual de las operaciones de beneficio para estudio. Segundo semestre del 2013”, llegado a la ANEP, indicando el mismo haber sido elaborado por el área de soporte técnico a los procesos de investigación e innovación tecnológica, del Cendeisss.

El dato principal refiere a que de 1439 becados por el sistema de auxilio reembolsable de la CCSS manejado en esta dependencia, más de 400 no cancelaron ese auxilio; o sea, la institución dejó de cobrar cerca de 625 millones de colones, con el agravante de que algunos de quienes recibieron el beneficio de ser los becados se encuentran pensionados, algunos ya no trabajan para la CCSS o murieron. Esta información corresponde solamente al último trimestre del año 2013.

El fondo de becas ha girado cerca de dos mil millones de colones a becarios, dinero evidentemente que se lo deben a la institución, y que como se demuestra en este informe, es dinero muy difícil de cobrar por “aspectos técnicos”, por un lado; y, por otro, por indolencia y/o falta de voluntad política, como más adelante le daremos a conocer y a partir de que adjuntamos a este oficio, copia del estudio referido y de construcción profesional interna.

El problema es que no existe un sistema informático que permita llevar un control de la recuperación de esos auxilios que deben reembolsar quienes tienen una beca de estudio aprobada por la institución, mismas que de resultar necesario hasta debieran pasarse a cobro judicial; acciones que resultan urgentes debido a que las becas son ayudas de estudio y no significa que quienes gocen del privilegio de obtenerlas puedan evadir sus compromisos en perjuicio patrimonial de la institución, aspecto que estamos seguros usted comparte con nosotros.

En el año 2006 se emigró de sistema SPH al SICERE; entonces, la Gerencia de Pensiones a la cual se le asignó la atención de lo relativo a las becas, junto a los créditos hipotecarios, no atendió oportuna y diligentemente la situación de cobro y control del sistema, que mantiene serias deficiencias operativas.

Existe un antecedente de gestión del entonces Director Ejecutivo del Cendeisss, doctor Álvaro Salas Fernández, persona que según se nos informó habría advertido al director financiero institucional, don Iván Guardia y al Gerente de Pensiones de ese momento, la necesidad de concertar un encuentro para tratar el tema, reunión que aparentemente nunca se realizó. Parece ser que ninguno de estos personeros de la institución asumió responsabilidades administrativas delegadas sobre todo lo relativo al otorgamiento de las becas, También sabemos que el doctor Salas decidió jubilarse y dejó en otras manos “la brasa caliente”, que ahora sin duda compromete su gestión al frente de la institución.

El asunto es tan grave que para saber cuánto adeuda cada becario se debe recurrir a un estudio individual, “a pie”, donde podría o no aparecer con deudas como producto de las deficientes condiciones del sistema de cobro. De toda esta situación está enterada la auditoria institucional y la propia Gerencia Médica.

Es necesario dar revisión a los antecedentes, conclusiones y recomendaciones de este estudio del que podríamos concluir que casi un 90% de los dineros girados para becas, podrían nunca ser cobrados en evidente daño patrimonial a la institución (páginas 10, 11, 50, 51 del informe).

Al darse el nombramiento de la doctora Sandra Rodríguez Ocampo, como sucesora en el cargo del ya mencionado doctor Salas, el equipo profesional que elaboró este estudio, se lo entregó. Se nos informa, además, que la doctora Rodríguez Ocampo reunió al personal para felicitarlo y agradecer la elaboración del estudio pero, aparentemente, no gestionó nada para corregir lo delicado que expone, situación que estamos solicitando se investigue a profundidad.

Debe llamarse a rendir explicaciones a la señora politóloga Lorena Delcor Domínguez, quien se desempeña como la jefe del Departamento de Becas de la institución, para que demuestre cuáles son las razones para que no se actúe respecto al riesgo que corren estos fondos de la institución.

Asimismo creemos necesario sea esclarecido a qué se debe la falta de controles y directrices de la Gerencia Médica a cargo de la doctora María Eugenia Villalta, situación que con prontitud deberá conocer tanto la nueva junta directiva de la CCSS, así como esa Presidenta Ejecutiva.

Es de su conocimiento que nuestra representada viene impulsando, junto a otras entidades de la sociedad civil, la iniciativa social “10 medidas para comenzar a ordenar la Caja” y este tema pude tener relación con los conflictos de interés enunciados en dicha propuesta. En tal sentido, creemos en la corrección a la brevedad posible de este tipo de problemas mismos que colocan en serio riesgo no sólo las finanzas de la CCSS, para que se evite la corrupción y las deficiencias de gestión con los recursos que deben ser usados para fortalecer la institución, emblema de la seguridad social costarricense.

Nuestra organización sindical ANEP no descansará en denunciar cada vez que sea necesario este tipo de asuntos que, por razones obvias, nos obligan a proteger la fuente y que han sido ignorados muchas veces por administraciones anteriores y algunas veces hasta toleradas, situación que no dudamos cambiará con su llegada a la Presidencia Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Le agradecemos nos informe sobre las acciones que se realicen al respecto. Le indicamos que adjunto a la presente va el estudio en mención, copia en físico que le hacemos llegar, tanto como a la señora Gerente Médico de la Caja, doña María Eugenia Villalta Bonilla. Las otras autoridades a las cuales les enviamos copia de esta denuncia, pueden tener acceso a la misma por previa solicitud para envío en físico, también, o en vía electrónica.

Sin más de momento, nos suscribimos con la debida consideración y respeto de su autoridad.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional ANEP
Responsable ANEP-CCSS

Libro retrata las historias de vida de los trabajadores migrantes

Por tercera ocasión Help For Progress Belice, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Caritas El Salvador y el Grupo de Monitoreo Independiente del El Salvador (GMIES) se dieron a la tarea de retratar en el libro “Te lo comparto”, las diversas barreras que deben derribar los trabajadores migrantes, que dejaron todo atrás en su tierra para buscar un nuevo futuro y una mejor calidad de vida.

Fidelina Mena Corrales, encargada de la Seccional ANEP-Sector Migrante manifestó que el libro “Te lo comparto” es un proceso de estas organizaciones con el fin de poder ir sensibilizando y mostrando las realidades que deben de vivir los trabajadores migrantes en “tierras desconocidas”

“Esta es la primera edición que incorpora a Costa Rica, con la iniciativa de que nuestro país y los hermanos centroamericanos se sensibilicen y para demostrar a los demás compañeros migrantes que si se puede lograr ese sueño. En el libro se narran las historias de trabajadores migrantes que se han acercado a la ANEP a solicitar ayuda por su condición”, manifestó Mena.

Las historias son narradas por los mismos trabajadores migrantes, que dejaron atrás a padres, madres, hijos y abuelos por una vida digna, incluso en muchas ocasiones muchos de estas personas migrantes arriesgan su propia vida en busca de su sueño.

Si usted desea obtener un ejemplar del Libro “Te lo comparto” puede acercarse a las instalaciones de la ANEP, ubicadas en Calle 20 Norte, 350 metros norte del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, frente a Coopeservidores.

Juventud sindical presentó al MTTS su propuesta de política de empleo

La Seccional ANEP-Joven, junto a la Rerum Novarum y otras representaciones sindicales presentaron, el pasado 8 de junio, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) la propuesta denominada “Elementos y Lineamientos para la formulación de una propuesta de Política Pública de Empleo y condiciones dignas de trabajo dirigida a la Juventud”, que pretende brindarle a los jóvenes oferta, demanda y estabilidad laboral.

Deiby Porras, representante de la Seccional ANEP-Joven indicó que hace más de un año se lograron constituir en Costa Rica una red nacional de jóvenes sindicalistas, pertenecientes a diversas organizaciones, que se dieron a la tarea de pasar del activismo a la incidencia, dando como resultado la propuesta de empleo para la población joven presentada a las autoridades del MTSS.

“Esta propuesta fue elaborada aproximadamente en siete sesiones de trabajo, acompañadas por profesionales especialistas en el tema y jóvenes sindicalistas. Para ello se realizó un diagnóstico, se utilizaron estadísticas sobre el tema de la ampliabilidad y la situación laboral de las personas jóvenes” manifestó Porras.

Dicha propuesta en política de empleo a los jóvenes apuesta a tres ejes básicos, como lo son: la oferta y la demanda laboral, así como el trabajo decente; ya que según Porras la última Encuesta Nacional de Juventudes, realizada por el Concejo de la Persona Joven se habla de que en nuestro país el 60% de la población joven representa a la Población Económicamente Activa.

“Sin embargo, la misma encuesta indica que más de 450 mil personas jóvenes no cuentan con un empleo en este momento, debido a diversos factores socio-políticos que le impiden insertarse a los espacios laborales, así como la carencia de oportunidades para el desarrollo de sus propios proyectos productivos”, manifestó Porras.

Respecto a los tres ejes de la propuesta, en la oferta laboral, Porras indicó, que tiene que ver en cuanto el Estado facilita condiciones a las personas jóvenes, para capacitarse en los procesos de inserción y definición de los espacios laborales. Con la demanda laboral, aborda la identificación de aquellos espacios y sectores donde existe oportunidad de empleo, mientras que con el trabajo decente se enfoca en el tema de las condiciones laborales para los jóvenes.

La propuesta fue entregada al Ministro de Trabajo, Harold Villegas para su respectivo análisis y estudio.

Usted puede descargar la propuesta “Elementos y Lineamientos para la formulación de una propuesta de Política Pública de Empleo y condiciones dignas de trabajo dirigida a la Juventud”, en la siguiente pestaña.

Celebramos que el FA acogiera nuestra propuesta para que Costa Rica se integre a PetroCaribe

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), aplaude y celebra que el Partido Frente Amplio propusiera al Gobierno de la República explorar la entrada al Acuerdo de Cooperación Energética PetroCaribe, que vio su nacimiento en junio del 2005. Propuesta que ya había sido formulada por la ANEP en reiteradas ocasiones.

La primera propuesta la formuló ANEP, con fecha 3 de mayo de 2006, a pocos días de que Oscar Arias Sánchez asumiera la Presidencia de la República. En esa ocasión, le planteamos la necesidad de que Costa Rica solicitase al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, “el otorgamiento a nuestro país de un trato especial, diferenciado, en materia de suministro de petróleo, dado que el alza mundial que está experimentando, golpea severamente la economía costarricense, incidiendo negativamente en la calidad de vida de la gran mayoría de la población, especialmente en la de la clase trabajadora asalariada”.

En ese primer emplazamiento le indicamos al entonces Presidente Arias Sánchez “que debía apelar a la larga trayectoria de amistad entre Costa Rica y Venezuela, naciones hermanas de la familia latinoamericana. Las posiciones políticas soberanas del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no tienen por qué ser obstáculo para que nuestro país invoque esa hermandad, si lo que está de por medio es el bien común de nuestra sociedad, sin necesidad de que ciertas voces mediáticas histéricas, que se creen depositarias de la “opinión pública”, impongan la ideología por sobre el sentido común”.

Posteriormente, el 11 de junio de 2008, por segunda vez, ANEP emplazó al Presidente Arias sobre la necesidad de que Costa Rica ingresara a PetroCaribe. En esta ocasión, nos unimos a la petición pública que al efecto formuló el señor diputado, don José Merino del río.

Hicimos nuestras las consideraciones del citado legislador cuando apuntó que “En momentos donde las alzas del petróleo golpean de manera significativa la economía nacional y, en particular, los bolsillos de los sectores más pobres de la población, la integración de Costa Rica a PETROCARIBE, evitaría la intermediación y especulación, garantizaría el suministro directo de hidrocarburos, brindaría facilidades financieras y permitiría acuerdos de cooperación para fomentar el desarrollo económico y social”.

Un mes después, el 8 de julio del 2008, y por tercera ocasión y ante el anuncio de que la hermana República de Guatemala solicitó el ingreso a Petrocaribe, exhortamos al Presidente Arias para que tomase esta oportuna medida.

Incluso, el pasado 5 de julio del presente año, por medio de un comunicado de prensa exhortamos nuevamente la necesidad de que Costa Rica ingrese a PetroCaribe, posibilidad que dejó abierta El Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, en su estadía en el país en la toma de posesión del Presidente Solís, con una cooperación bilateral en materia de energía.

En dicho comunicado expresamos que: ante la creciente ola de molestia ciudadana por el altísimo precio de los combustibles y sus constantes alzas, tanto el señor Presidente de la Republica, don Luis Guillermo Solís Rivera; como su Ministro de la Presidencia, don Melvin Jiménez Marín, indicaron que “no tienen” el control de tal circunstancia, que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos es “autónoma” y que, por tanto, “no puedan hacer nada al respecto”. Tal excusa es, sencillamente, ¡inadmisible!

La naturaleza perversa de castigar a la población con una carga fiscal alta sobre el precio de los combustibles, exige fuertes decisiones políticas para tomar el control de los mismos en aras del supremo interés ciudadano; tanto el que se representa como clase trabajadora, como el que constituye el aparato productivo mismo que, a final de cuentas, a su vez, descarga en los consumidores el impacto en los costos de producción de tales alzas.

Por lo que consideramos que Costa Rica debe acudir a la solidaridad del pueblo y del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en esta dura crisis del altísimo precio internacional del petróleo; e, igualmente, es la unidad latinoamericana la que nos dará respuestas importantes a muchos de nuestros acuciantes problemas.

Interponen denuncia por nombramientos irregulares en Fuerza Pública

El representante de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), seccional Fuerza Pública, Mainor Anchía, acudió a la Procuraduría de la Ética y la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción a interponer sendas denuncias por las inconsistencias en nombramientos de jefaturas, direcciones regionales y subdirecciones regionales de la Fuerza Pública.

“Según nuestros análisis jurídicos, se ha violentado lo que establece la ley en otorgamiento de algunos de estos nombramiento, entonces, procedimos como Juan José Andrade, director de la Fuerza Pública, nos invitó en declaraciones dadas a LA PRENSALIBRE, a denunciar estas irregularidades”, dijo Anchía.

Según ellos, desde el 2009, se viene presentando esta situación y a la fecha se sigue dando, por lo cual ya es momento de que las autoridades judiciales investiguen para lograr determinar lo que está ocurriendo a lo interno del Ministerio de Seguridad Pública.

“Estamos solicitando que se investigue y se determine si se encuentran suficientes elementos para considerarse que los nombramientos que estamos cuestionando sean fraudulentos o ilegales y, basados en eso, se establezcan las sanciones que la ley establece por la omisión de los deberes establecidos”, explicó Anchía.

Estas denuncias se interponen contra el Ministerio de Seguridad Pública y contra Juan José Andrade, quienes son los responsables de los nombramiento que se hagan en la Fuerza Pública, así como la Dirección de Recursos Humanos que lo han permitido.

“En caso de que se nos dé la razón, esperamos que se den las sanciones contra todos los responsables que hayan participado en todo esto. Consecuentemente, se deben separar de los cargos a quienes los ocupan sin cumplir los requisitos y así comenzar con un nuevo proceso para nombrar a quienes sí sean aptos”, concluyó Anchía.

De esta manera, será la Fiscalía quien determine si existe suficiente prueba para poder comprobar que hay algo anómalo y, con ello, elevar la denuncia a juicio y buscar a los responsables.

Choferes de bus: un sector sobreexplotado laboralmente

Algunos empresarios autobuseros han expresado su molestia ante la posibilidad de que la Asamblea Legislativa emita una ley para evitar los rebajos abusivos y sumarios del salario de estos trabajadores, sin debido proceso alguno y en total estado de indefensión, por las presuntas apropiaciones de los dineros recaudados de las tarifas, a tenor de una lectura unilateral de las barras electrónicas de control del pasaje.

Esta circunstancia nos da base para expresar nuestra visión de que el gremio laboral de los choferes de bus son uno de los sectores laborales de mayor explotación obrera, de mayor indefensión de cara al poder patronal y víctimas de una especie de “extraterritorialidad jurídica” que no deberá tolerarse más en un país que, como Costa Rica, tiene todavía un fuerte Estado de Derecho, incluyendo el ámbito de lo laboral. A los choferes de bus les asisten una serie de derechos, entre éstos el de organizarse en sindicatos que, como hemos explicado, forma parte del sistema judicial internacional al punto de considerársele como un Derecho Humano Fundamental.

Varias corrientes sindicales, entre ellas la que se expresa a través de la ANEP, han venido asesorando y orientado a muchos choferes de autobús en su silenciosa lucha por dignificar su empleo y obtener verdadera justicia social. Valga indicar que se tiene constancia de que la abrumadora mayoría de ellos es gente de gran honestidad, pese a que han acumulado un gran enojo y molestia por el prepotente tratamiento patronal de la relación laboral.

En el caso de las abusivas decisiones patronales de cierto empresariado autobusero para deducir del salario del chofer lo que a éste se le imputa como presunta “apropiación indebida” de dineros producto de cobros de pasajes según lo indicarían las barras electrónicas, es muy conveniente que este grupo de trabajadores y sus propios empleadores tengan noción de que eso no se puede hacer, porque es totalmente ilegal. Tómese en cuenta lo siguiente.

A solicitud de la ANEP, el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), por medio de su Dirección de Asuntos Jurídicos y en el pronunciamiento DAJ-AE-060-12, fechado 13 de marzo de 2012, fue contundente al señalar que: “I. Las deducciones del salario derivado de los faltantes de dinero producto del cobro de pasaje de autobús, sin ilegítimas o ilegales”. “Más claro no canta un gallo”.

El pronunciamiento del MTSS está basado en varia jurisprudencia, como la que indica la Resolución No. 2011-000387, de las once horas del cuatro de mayo del dos mil once, emitida por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, donde se sentencia lo siguiente: “Tal y como se expresó en ese antecedente, es evidente que la parte patronal incurrió en serios abusos en perjuicio de sus trabajadores incluido el accionante, al proceder ilegalmente a rebajar de sus salarios las diferencias que se presentaran en el monto del dinero recaudado por día según las marcas en el sistema de barras instalado en el autobús que conducía, así como, cuando era víctima de un asalto”.

La ANEP, con base en tales pronunciamientos (solicitados por esta organización desde hace dos años), expresa abiertamente y por esta vía, su total respaldo a la iniciativa de ley que se tramita en tal sentido en el parlamento, solicitándoles a los señores diputados y a las señoras diputadas actuar con urgencia al respecto.

Por otra parte, debemos lanzar un respetuoso pero fuerte emplazamiento público al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a efecto de que en el venidero “Modelo para la Evaluación y Calificación de la Calidad de Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas”, modalidad autobús, mismo que fuera recientemente aprobado por el desacreditado Consejo de Transporte Públicos (CTP); para que en ese “modelo” incluya todo lo concerniente al respeto pleno de las leyes de la Seguridad Social por parte del empresariado autobusero con relación a los choferes que contrata.

En lo específico, si de ahora en adelante para pedir incrementos de tarifas de bus es necesario demostrar altos estándares en cuanto a cumplimiento de tiempos de viaje, comodidad y seguridad de los vehículos, poca contaminación y accesibilidad; deberá tener el mismo carácter valorativo la aplicación estricta y la observancia plena de los compromisos que Costa Rica ha asumido con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el“Memorándum de Entendimiento para la puesta en marcha en la República de Costa Rica del Programa de Trabajo Decente por país”; compromiso que incluso cuenta con la firma de la propia Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP).

En dicho memorándum, se establece en su Primera Prioridad, “Promoción del cumplimiento efectivo de las normas laborales nacionales e internacionales”, lo siguiente: “Sensibilización y capacitación de los constituyentes de la OIT (gobierno y organizaciones de empleadores y de trabajadores), para el fomento de la libertad sindical, la negociación colectiva y la equidad de género, tanto en el sector privado como en el sector público…”.

Así las cosas, la ANEP le recomienda a cierto empresariado autobusero que en vez de agredir y desacreditar a sus propios choferes, sin los cuales no podrían sobrevivir, abran espacios de diálogo social, acepten la organización sindical y procedan a entablar diversos mecanismos de negociación colectiva para (entre otros no menos importantes aspectos), construir acuerdos de paz social que logren una combinación “ganar-ganar”, en cuanto a la estabilidad del negocio y a la seguridad laboral de los choferes a plenitud, incluyendo la posibilidad de que se organicen sindicatos y que se erradiquen las odiosas “listas” que son una especie de decreto de “muerte laboral”, de “muerte civil”, en contra de un chofer despedido por reclamar sus derechos a fin de que otra empresa no lo contrate.

Debemos recordarle al empresariado autobusero que ellos tienen sus propios sindicatos, conocidos como cámaras, en los cuales se agrupan para defender sus propios intereses reivindicativo-económicos de naturaleza patronal; que esto es legítimo que lo hagan. Pero, a la vez, es también igual de legítimo que sus empleados, los choferes de bus, se agrupen en sindicatos para proteger sus propios intereses, también reivindicativo-económicos, pero de naturaleza laboral.

Al empresario de bus así como al chofer que le maneja sus unidades, les protege un amplio marco jurídico para organizarse en los sentidos indicados arriba. Impresionante es citar que a ambos les protege, por ejemplo, la máxima ley del país, la Constitución Política y ¡en el mismo artículo!: “Artículo 60. Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”. Los choferes de bus puede, pues, organizarse en sindicatos pues al hacerlo la ley está de su lado.

Habrá bochinche si no hay buen aumento

Habrá una prueba de fuego para el presidente Luis Guillermo Solís, la negociación salarial del sector público, que arrancaría esta semana.

El déficit fiscal no es una excusa válida para oponerse a un buen aumento, dijo Albino Vargas, secretario de uno de los sindicatos más poderosos del país, en una entrevista exclusiva con LA REPÚBLICA.

Las expectativas de los sindicalistas son altas, sobre todo si se considera que el PAC criticó durante años la afectación en la gente pobre, a raíz de las supuestas políticas neoliberales de los gobiernos anteriores.
De entrada los sindicatos exigen el doble del aumento máximo del 2%, que les dieron a los trabajadores del sector privado, que ganan más de ¢300 mil.

¿Es el déficit fiscal una excusa para decretar alzas leves en los salarios?
Nosotros discrepamos radicalmente de que se quiera hacer una relación entre esos dos temas.

No podemos discutir las remuneraciones en el sector público vinculándolas con el tema casi satánico del déficit fiscal.

Me parece que eso distorsiona y enrarece cualquier discusión.

El déficit no se va a resolver quitándoles a los empleados la disponibilidad o dedicación exclusiva.

¿Está la posibilidad de huelga si el incremento no cumple las expectativas?
Por supuesto, recordemos que hace seis meses apenas nos dieron un 0,43%.

No sé si para este semestre habrá bochinche, pero sí es claro que nunca renunciaremos a este instrumento como medida de presión.

¿Qué expectativa tiene la ANEP de esta primera negociación para el sector público?
La expectativa es que el expediente de los decretazos salariales se cierre de una vez por todas.

También tenemos la esperanza de que se construya una política salarial, para los siguientes cuatro años evitar bochinches por temas salariales.

Al sector privado le dieron un 2,23% de incremento, ¿cuánto esperan ustedes para el sector público?
Nosotros creemos que el punto de partida es un 4,14% que es la inflación del primer semestre.

¿Debe el sector público recibir un mismo porcentaje de aumento?
No, porque hay una división importante entre los mismos empleados del sector público.

Hay un grupo de trabajadores, que tienen salarios de lujo de más de ¢5 millones, mientras que otros tienen sueldos precarios que no alcanzan para nada.

Al médico que gana ¢18 millones al mes, no le va a importar si le dan un 0,43% o un 5% de aumento, mientras que a un policía sí le va a afectar.

¿Son los salarios el principal disparador del gasto como han indicado economistas, medios de comunicación y la oposición?

Los responsables del déficit son otras situaciones como las exoneraciones y la evasión.

Imagine que tan solo los impuestos que no se cobran representan un 6% del PIB.
Ese mismo porcentaje se podría obtener al calcular las exoneraciones que están vigentes.

¿Cree usted que el Gobierno se plantea esos dos temas de manera seria?
Ha sido tímido.

Hasta el momento trata de ser cuidadoso y no buscarse problemas; sin embargo, si no les entra a ambos aspectos Costa Rica no va a progresar.

¿Cuáles elementos debe incluir la política salarial?

El Gobierno debe tener la valentía de enfrentar al gremio de los médicos para aprobar una ley que desenganche los salarios bases de ese grupo, con el de los funcionarios públicos.

También tenemos que hablar de la calidad y productividad en el servicio público, a través de procesos que midan la eficacia para definir salarios.

Es mejor para la Defensoría que doña Ofelia renuncie

Ante los diversos cuestionamientos suscitados en los últimos días contra la Defensora de los Habitantes Ofelia Taitelbaum Yoselewicz, planteamos que lo mejor es que en tal circunstancia, que doña Ofelia renuncie porque siendo la Defensoría una de las pocas entidades de nuestra institucionalidad que todavía tiene prestigio ante la ciudadanía, someterla a un proceso de cuestionamiento por la controversia en que ya está sometida su máxima autoridad, es mejor que ésta renuncie.

Leyendo las declaraciones en los diversos medios de comunicación, se notará que las evidencias son muy fuertes y que las declaraciones de doña Ofelia incrementan las sospechas de realidad en lo denunciado.

Cuando se discutió en el parlamento su designación, por vez primera, hicimos pública nuestra oposición, junto a otras entidades sociales de diverso orden y varios ciudadanos y varias ciudadanas que, en ese momento, le asociaban muy fuertemente a ella con los hermanos Arias Sánchez y lo que ellos venían representando, en un escenario de alta confrontación social y de gran polarización en el marco del proceso del TLC con los Estados Unidos y luego del “fraudurendum” del 7 de octubre de 2007.

Conforme fueron transcurriendo los primeros cuatro años de gestión de doña Ofelia nuestra opinión varió al punto de que, en el marco de su reelección, públicamente admitimos que nos habíamos equivocado al habernos opuesto a su nominación primera, pues los resultados positivos en materia de defensa de derechos de la población habitante estaban a la vista.

Particularmente, diversas gestiones de ANEP ante la Defensoría de los Habitantes de la República fueron muy bien tratadas. Es más, doña Ofelia logró su reelección con una “lujosa” votación parlamentaria.

En el arranque de su segunda gestión, ya la ANEP le había tocado dos veces la puerta: con ocasión del conflicto sociolaboral en la Municipalidad de San José, a raíz del repudiado y cuestionado contrato privatizador con la empresa PASA en el servicio de limpieza urbana y de recolección de basura, lo que generó una huelga de un día sumamente fuerte; y, a la vez, ligado con ello, la muerte de un ciudadano trabajador en condiciones de precariedad laboral y de presunta ilegalidad contractual por parte de esta empresa y con la “venia” de algunas jefaturas de la propia municipalidad. La Defensoría está tramitando positivamente ambas situaciones denunciadas por la ANEP ante ella.

Más recientemente y ya al final de la misma, en la huelga de una semana de la Municipalidad de Santa Ana, hemos tenido una intervención oportuna de la Defensoría, que se da luego de una llamada telefónica nuestra a doña Ofelia.

Ahora bien, como es bien conocido, la ANEP ha convertido en una de sus principales banderas de su lucha, el tema tributario, la evasión de impuestos y abogamos por una “revolución tributaria”, por una Transformación Tributaria Estructural (así, en mayúsculas); y dentro de esta concepción, nosotros hemos venido diciendo que el robo de impuestos en todas sus formas debe ser concebido como un crimen contra toda la sociedad. Por ello pensamos que es tal la controversia de doña Ofelia en este asunto de denuncia pública, que ella debe renunciar.

Hoy domingo nos enteramos de que el distinguido ciudadano don Roberto Mora, “el cobrador de la Caja”, persona que con una extraordinaria valentía viene denunciando a los evasores de la Caja, nos informa de que las tres sociedades empresariales de doña Ofelia objeto de investigación, no están inscritas en la Caja por lo que habrían evadido su responsabilidad patronal para con la misma. Igualmente, la ANEP ha estado dando su aporte en la defensa de la Caja, con propuesta alternativa y rompiendo tabúes que hasta enemigos nos ha traído.

Nosotros debemos reconocer, como apuntamos, que siempre doña Ofelia siempre le abrió a la ANEP sus puertas, en los momentos delicados en los que las tocamos para temas y luchas de nuestra agenda reivindicativo-laboral de carácter sindical y de la agenda que tenemos en el plano sociopolítico, según nuestra visión de país. Le estamos muy agradecido por ello y por ésta vía dejamos constancia pública.