De cara a la segunda (de las dieciséis) fijaciones salariales que se deberán hacer a lo largo del cuatrienio de la gestión gubernativa del Presidente Luis Guillermo Solís Rivera, estamos frente al desafío del reajuste por costo de vida para quienes asalariadamente se desempeñan como clase trabajadora del sector Público (la primera de 8 en el caso de este sector).
Cualquiera que sea la cifra que finalmente se defina en este caso, regirá desde el pasado 1 de julio, de manera retroactiva. Por tanto, no hay “prisa” lo que permitiría una buena discusión con el Gobierno de la República y dar más espacio para un buen acuerdo.
Desde la perspectiva de la ANEP, deseamos destacar lo siguiente:
La precariedad salarial también está presente en el sector Público. Hablamos, por ejemplo, de las personas trabajadoras que se desempeñan como guardas de las instalaciones educativas del MEP (escuelas y colegios), los guardaparques del Minae, el personal de cocina de las cárceles, las cocineras y las técnicas de los CEN-CINAI, el personal oficinista de los ministerios, choferes y misceláneos de los mismos; así como también los y las policías de Fuerza Pública, Sistema Penitenciario, Migración y Tránsito. Todos estos puestos tienen los salarios base más bajos de la escala de sueldos del Gobierno Central (Servicio Civil).
Como si esto no fuese ya una “desgracia”, este tipo de puestos es el que se usa como “testigo” para definir el aumento por costo de vida en los salarios base del personal de las ciencias médicas del país, el “enganche”; lo cual hace que el impacto presupuestario de un reajuste de 4.14 % en los puestos policiales no sea el mismo que el impacto presupuestario de 4.14 % en los salarios base de los médicos.
Este punto ha sido la “excusa” de los últimos gobiernos para continuar con escuálidos reajustes semestrales por costo de vida para los puestos de Gobierno Central como los que hemos mencionado.
Se hace necesario, en este caso, una gran definición política tanto del propio gobierno del Presidente Solís Rivera, como de la actual Asamblea Legislativa, aprobando la reforma a la Ley de Incentivos Médicos para evitar, por ejemplo, que 1.000 colones de aumento a un policía penitenciario se convierta en 4 mil o más de aumento a un médico general.
Incluso esta circunstancia es más patética porque el 4.14 %, que es lo que mínimamente corresponde por reajuste de costo de vida valedero para el segundo semestre del presente año 2014, no tiene el mismo impacto en un policía de la Fuerza Pública que luego de 20 años de servicios apenas llega a los 500 mil colones de salario; en contraposición a un caso similar médico que puedan rondar los 12, los 15 y hasta los 18 millones de colones mensuales.
El “enganche” salarial médico y otras circunstancias análogas (como el régimen salarial de la Aresep y de la Sutel), nos indican de que en el seno del propio Estado ya está marcada una fuerte diferenciación de clase según los salarios percibidos: “los de abajo” (la inmensa mayoría), vs. “los de arriba” (la minoría), que perciben remuneraciones salariales “estratosféricas” y a quienes poco importa que le den un 4.14 % o menos.
Por otra parte, la relación perversa que se ha venido imponiendo en los últimos gobiernos y de cara a la opinión pública, entre las remuneraciones salariales de los empleados públicos y el déficit fiscal, debe ser desterrada de este tipo de discusiones sobre reajustes por costo de vida para quienes laboran en el Estado costarricense.
ANEP lleva ya bastante tiempo hablando de las reales causas del déficit fiscal y, a la vez, formulando propuestas para enfrentarlo y no aceptamos que la culpa del mismo la carguen quienes trabajan para la Administración Pública. Es ridículo seguir insistiendo, porque no se sustenta más, que los pluses por Dedicación Exclusiva y/o por Prohibición, por ejemplo, vayan a “resolver”, eliminándolos, el problema del déficit fiscal.
Este será un tema central para debatir con el presente gobierno a propósito de la fijación salarial del sector Público ya “encima”.
Por tanto, la situación, vista responsablemente, no esta sencilla como “golpear” la mesa y exigir el 4.14 % ¡y punto!, sin analizar con seriedad que “los de abajo” van a ser afectados por el impacto presupuestario de un 4.14 % en los salarios de “los de arriba”. De alguna manera, esto habrá que corregirlo.
A esto es lo que hay que “entrarle” como uno de los elementos esenciales si, en verdad, se quisiera construir una política salarial para el cuatrienio 2014 – 2018, y no estar en la respuesta “cajonera” de la inmediatez de la fijación salarial semestral en el caso del sector Público.
