Celebramos que el FA acogiera nuestra propuesta para que Costa Rica se integre a PetroCaribe

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), aplaude y celebra que el Partido Frente Amplio propusiera al Gobierno de la República explorar la entrada al Acuerdo de Cooperación Energética PetroCaribe, que vio su nacimiento en junio del 2005. Propuesta que ya había sido formulada por la ANEP en reiteradas ocasiones.

La primera propuesta la formuló ANEP, con fecha 3 de mayo de 2006, a pocos días de que Oscar Arias Sánchez asumiera la Presidencia de la República. En esa ocasión, le planteamos la necesidad de que Costa Rica solicitase al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, “el otorgamiento a nuestro país de un trato especial, diferenciado, en materia de suministro de petróleo, dado que el alza mundial que está experimentando, golpea severamente la economía costarricense, incidiendo negativamente en la calidad de vida de la gran mayoría de la población, especialmente en la de la clase trabajadora asalariada”.

En ese primer emplazamiento le indicamos al entonces Presidente Arias Sánchez “que debía apelar a la larga trayectoria de amistad entre Costa Rica y Venezuela, naciones hermanas de la familia latinoamericana. Las posiciones políticas soberanas del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no tienen por qué ser obstáculo para que nuestro país invoque esa hermandad, si lo que está de por medio es el bien común de nuestra sociedad, sin necesidad de que ciertas voces mediáticas histéricas, que se creen depositarias de la “opinión pública”, impongan la ideología por sobre el sentido común”.

Posteriormente, el 11 de junio de 2008, por segunda vez, ANEP emplazó al Presidente Arias sobre la necesidad de que Costa Rica ingresara a PetroCaribe. En esta ocasión, nos unimos a la petición pública que al efecto formuló el señor diputado, don José Merino del río.

Hicimos nuestras las consideraciones del citado legislador cuando apuntó que “En momentos donde las alzas del petróleo golpean de manera significativa la economía nacional y, en particular, los bolsillos de los sectores más pobres de la población, la integración de Costa Rica a PETROCARIBE, evitaría la intermediación y especulación, garantizaría el suministro directo de hidrocarburos, brindaría facilidades financieras y permitiría acuerdos de cooperación para fomentar el desarrollo económico y social”.

Un mes después, el 8 de julio del 2008, y por tercera ocasión y ante el anuncio de que la hermana República de Guatemala solicitó el ingreso a Petrocaribe, exhortamos al Presidente Arias para que tomase esta oportuna medida.

Incluso, el pasado 5 de julio del presente año, por medio de un comunicado de prensa exhortamos nuevamente la necesidad de que Costa Rica ingrese a PetroCaribe, posibilidad que dejó abierta El Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, en su estadía en el país en la toma de posesión del Presidente Solís, con una cooperación bilateral en materia de energía.

En dicho comunicado expresamos que: ante la creciente ola de molestia ciudadana por el altísimo precio de los combustibles y sus constantes alzas, tanto el señor Presidente de la Republica, don Luis Guillermo Solís Rivera; como su Ministro de la Presidencia, don Melvin Jiménez Marín, indicaron que “no tienen” el control de tal circunstancia, que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos es “autónoma” y que, por tanto, “no puedan hacer nada al respecto”. Tal excusa es, sencillamente, ¡inadmisible!

La naturaleza perversa de castigar a la población con una carga fiscal alta sobre el precio de los combustibles, exige fuertes decisiones políticas para tomar el control de los mismos en aras del supremo interés ciudadano; tanto el que se representa como clase trabajadora, como el que constituye el aparato productivo mismo que, a final de cuentas, a su vez, descarga en los consumidores el impacto en los costos de producción de tales alzas.

Por lo que consideramos que Costa Rica debe acudir a la solidaridad del pueblo y del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en esta dura crisis del altísimo precio internacional del petróleo; e, igualmente, es la unidad latinoamericana la que nos dará respuestas importantes a muchos de nuestros acuciantes problemas.

Interponen denuncia por nombramientos irregulares en Fuerza Pública

El representante de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), seccional Fuerza Pública, Mainor Anchía, acudió a la Procuraduría de la Ética y la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción a interponer sendas denuncias por las inconsistencias en nombramientos de jefaturas, direcciones regionales y subdirecciones regionales de la Fuerza Pública.

“Según nuestros análisis jurídicos, se ha violentado lo que establece la ley en otorgamiento de algunos de estos nombramiento, entonces, procedimos como Juan José Andrade, director de la Fuerza Pública, nos invitó en declaraciones dadas a LA PRENSALIBRE, a denunciar estas irregularidades”, dijo Anchía.

Según ellos, desde el 2009, se viene presentando esta situación y a la fecha se sigue dando, por lo cual ya es momento de que las autoridades judiciales investiguen para lograr determinar lo que está ocurriendo a lo interno del Ministerio de Seguridad Pública.

“Estamos solicitando que se investigue y se determine si se encuentran suficientes elementos para considerarse que los nombramientos que estamos cuestionando sean fraudulentos o ilegales y, basados en eso, se establezcan las sanciones que la ley establece por la omisión de los deberes establecidos”, explicó Anchía.

Estas denuncias se interponen contra el Ministerio de Seguridad Pública y contra Juan José Andrade, quienes son los responsables de los nombramiento que se hagan en la Fuerza Pública, así como la Dirección de Recursos Humanos que lo han permitido.

“En caso de que se nos dé la razón, esperamos que se den las sanciones contra todos los responsables que hayan participado en todo esto. Consecuentemente, se deben separar de los cargos a quienes los ocupan sin cumplir los requisitos y así comenzar con un nuevo proceso para nombrar a quienes sí sean aptos”, concluyó Anchía.

De esta manera, será la Fiscalía quien determine si existe suficiente prueba para poder comprobar que hay algo anómalo y, con ello, elevar la denuncia a juicio y buscar a los responsables.

Choferes de bus: un sector sobreexplotado laboralmente

Algunos empresarios autobuseros han expresado su molestia ante la posibilidad de que la Asamblea Legislativa emita una ley para evitar los rebajos abusivos y sumarios del salario de estos trabajadores, sin debido proceso alguno y en total estado de indefensión, por las presuntas apropiaciones de los dineros recaudados de las tarifas, a tenor de una lectura unilateral de las barras electrónicas de control del pasaje.

Esta circunstancia nos da base para expresar nuestra visión de que el gremio laboral de los choferes de bus son uno de los sectores laborales de mayor explotación obrera, de mayor indefensión de cara al poder patronal y víctimas de una especie de “extraterritorialidad jurídica” que no deberá tolerarse más en un país que, como Costa Rica, tiene todavía un fuerte Estado de Derecho, incluyendo el ámbito de lo laboral. A los choferes de bus les asisten una serie de derechos, entre éstos el de organizarse en sindicatos que, como hemos explicado, forma parte del sistema judicial internacional al punto de considerársele como un Derecho Humano Fundamental.

Varias corrientes sindicales, entre ellas la que se expresa a través de la ANEP, han venido asesorando y orientado a muchos choferes de autobús en su silenciosa lucha por dignificar su empleo y obtener verdadera justicia social. Valga indicar que se tiene constancia de que la abrumadora mayoría de ellos es gente de gran honestidad, pese a que han acumulado un gran enojo y molestia por el prepotente tratamiento patronal de la relación laboral.

En el caso de las abusivas decisiones patronales de cierto empresariado autobusero para deducir del salario del chofer lo que a éste se le imputa como presunta “apropiación indebida” de dineros producto de cobros de pasajes según lo indicarían las barras electrónicas, es muy conveniente que este grupo de trabajadores y sus propios empleadores tengan noción de que eso no se puede hacer, porque es totalmente ilegal. Tómese en cuenta lo siguiente.

A solicitud de la ANEP, el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), por medio de su Dirección de Asuntos Jurídicos y en el pronunciamiento DAJ-AE-060-12, fechado 13 de marzo de 2012, fue contundente al señalar que: “I. Las deducciones del salario derivado de los faltantes de dinero producto del cobro de pasaje de autobús, sin ilegítimas o ilegales”. “Más claro no canta un gallo”.

El pronunciamiento del MTSS está basado en varia jurisprudencia, como la que indica la Resolución No. 2011-000387, de las once horas del cuatro de mayo del dos mil once, emitida por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, donde se sentencia lo siguiente: “Tal y como se expresó en ese antecedente, es evidente que la parte patronal incurrió en serios abusos en perjuicio de sus trabajadores incluido el accionante, al proceder ilegalmente a rebajar de sus salarios las diferencias que se presentaran en el monto del dinero recaudado por día según las marcas en el sistema de barras instalado en el autobús que conducía, así como, cuando era víctima de un asalto”.

La ANEP, con base en tales pronunciamientos (solicitados por esta organización desde hace dos años), expresa abiertamente y por esta vía, su total respaldo a la iniciativa de ley que se tramita en tal sentido en el parlamento, solicitándoles a los señores diputados y a las señoras diputadas actuar con urgencia al respecto.

Por otra parte, debemos lanzar un respetuoso pero fuerte emplazamiento público al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), a efecto de que en el venidero “Modelo para la Evaluación y Calificación de la Calidad de Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas”, modalidad autobús, mismo que fuera recientemente aprobado por el desacreditado Consejo de Transporte Públicos (CTP); para que en ese “modelo” incluya todo lo concerniente al respeto pleno de las leyes de la Seguridad Social por parte del empresariado autobusero con relación a los choferes que contrata.

En lo específico, si de ahora en adelante para pedir incrementos de tarifas de bus es necesario demostrar altos estándares en cuanto a cumplimiento de tiempos de viaje, comodidad y seguridad de los vehículos, poca contaminación y accesibilidad; deberá tener el mismo carácter valorativo la aplicación estricta y la observancia plena de los compromisos que Costa Rica ha asumido con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el“Memorándum de Entendimiento para la puesta en marcha en la República de Costa Rica del Programa de Trabajo Decente por país”; compromiso que incluso cuenta con la firma de la propia Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP).

En dicho memorándum, se establece en su Primera Prioridad, “Promoción del cumplimiento efectivo de las normas laborales nacionales e internacionales”, lo siguiente: “Sensibilización y capacitación de los constituyentes de la OIT (gobierno y organizaciones de empleadores y de trabajadores), para el fomento de la libertad sindical, la negociación colectiva y la equidad de género, tanto en el sector privado como en el sector público…”.

Así las cosas, la ANEP le recomienda a cierto empresariado autobusero que en vez de agredir y desacreditar a sus propios choferes, sin los cuales no podrían sobrevivir, abran espacios de diálogo social, acepten la organización sindical y procedan a entablar diversos mecanismos de negociación colectiva para (entre otros no menos importantes aspectos), construir acuerdos de paz social que logren una combinación “ganar-ganar”, en cuanto a la estabilidad del negocio y a la seguridad laboral de los choferes a plenitud, incluyendo la posibilidad de que se organicen sindicatos y que se erradiquen las odiosas “listas” que son una especie de decreto de “muerte laboral”, de “muerte civil”, en contra de un chofer despedido por reclamar sus derechos a fin de que otra empresa no lo contrate.

Debemos recordarle al empresariado autobusero que ellos tienen sus propios sindicatos, conocidos como cámaras, en los cuales se agrupan para defender sus propios intereses reivindicativo-económicos de naturaleza patronal; que esto es legítimo que lo hagan. Pero, a la vez, es también igual de legítimo que sus empleados, los choferes de bus, se agrupen en sindicatos para proteger sus propios intereses, también reivindicativo-económicos, pero de naturaleza laboral.

Al empresario de bus así como al chofer que le maneja sus unidades, les protege un amplio marco jurídico para organizarse en los sentidos indicados arriba. Impresionante es citar que a ambos les protege, por ejemplo, la máxima ley del país, la Constitución Política y ¡en el mismo artículo!: “Artículo 60. Tanto los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarse libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales o profesionales”. Los choferes de bus puede, pues, organizarse en sindicatos pues al hacerlo la ley está de su lado.

Habrá bochinche si no hay buen aumento

Habrá una prueba de fuego para el presidente Luis Guillermo Solís, la negociación salarial del sector público, que arrancaría esta semana.

El déficit fiscal no es una excusa válida para oponerse a un buen aumento, dijo Albino Vargas, secretario de uno de los sindicatos más poderosos del país, en una entrevista exclusiva con LA REPÚBLICA.

Las expectativas de los sindicalistas son altas, sobre todo si se considera que el PAC criticó durante años la afectación en la gente pobre, a raíz de las supuestas políticas neoliberales de los gobiernos anteriores.
De entrada los sindicatos exigen el doble del aumento máximo del 2%, que les dieron a los trabajadores del sector privado, que ganan más de ¢300 mil.

¿Es el déficit fiscal una excusa para decretar alzas leves en los salarios?
Nosotros discrepamos radicalmente de que se quiera hacer una relación entre esos dos temas.

No podemos discutir las remuneraciones en el sector público vinculándolas con el tema casi satánico del déficit fiscal.

Me parece que eso distorsiona y enrarece cualquier discusión.

El déficit no se va a resolver quitándoles a los empleados la disponibilidad o dedicación exclusiva.

¿Está la posibilidad de huelga si el incremento no cumple las expectativas?
Por supuesto, recordemos que hace seis meses apenas nos dieron un 0,43%.

No sé si para este semestre habrá bochinche, pero sí es claro que nunca renunciaremos a este instrumento como medida de presión.

¿Qué expectativa tiene la ANEP de esta primera negociación para el sector público?
La expectativa es que el expediente de los decretazos salariales se cierre de una vez por todas.

También tenemos la esperanza de que se construya una política salarial, para los siguientes cuatro años evitar bochinches por temas salariales.

Al sector privado le dieron un 2,23% de incremento, ¿cuánto esperan ustedes para el sector público?
Nosotros creemos que el punto de partida es un 4,14% que es la inflación del primer semestre.

¿Debe el sector público recibir un mismo porcentaje de aumento?
No, porque hay una división importante entre los mismos empleados del sector público.

Hay un grupo de trabajadores, que tienen salarios de lujo de más de ¢5 millones, mientras que otros tienen sueldos precarios que no alcanzan para nada.

Al médico que gana ¢18 millones al mes, no le va a importar si le dan un 0,43% o un 5% de aumento, mientras que a un policía sí le va a afectar.

¿Son los salarios el principal disparador del gasto como han indicado economistas, medios de comunicación y la oposición?

Los responsables del déficit son otras situaciones como las exoneraciones y la evasión.

Imagine que tan solo los impuestos que no se cobran representan un 6% del PIB.
Ese mismo porcentaje se podría obtener al calcular las exoneraciones que están vigentes.

¿Cree usted que el Gobierno se plantea esos dos temas de manera seria?
Ha sido tímido.

Hasta el momento trata de ser cuidadoso y no buscarse problemas; sin embargo, si no les entra a ambos aspectos Costa Rica no va a progresar.

¿Cuáles elementos debe incluir la política salarial?

El Gobierno debe tener la valentía de enfrentar al gremio de los médicos para aprobar una ley que desenganche los salarios bases de ese grupo, con el de los funcionarios públicos.

También tenemos que hablar de la calidad y productividad en el servicio público, a través de procesos que midan la eficacia para definir salarios.

Es mejor para la Defensoría que doña Ofelia renuncie

Ante los diversos cuestionamientos suscitados en los últimos días contra la Defensora de los Habitantes Ofelia Taitelbaum Yoselewicz, planteamos que lo mejor es que en tal circunstancia, que doña Ofelia renuncie porque siendo la Defensoría una de las pocas entidades de nuestra institucionalidad que todavía tiene prestigio ante la ciudadanía, someterla a un proceso de cuestionamiento por la controversia en que ya está sometida su máxima autoridad, es mejor que ésta renuncie.

Leyendo las declaraciones en los diversos medios de comunicación, se notará que las evidencias son muy fuertes y que las declaraciones de doña Ofelia incrementan las sospechas de realidad en lo denunciado.

Cuando se discutió en el parlamento su designación, por vez primera, hicimos pública nuestra oposición, junto a otras entidades sociales de diverso orden y varios ciudadanos y varias ciudadanas que, en ese momento, le asociaban muy fuertemente a ella con los hermanos Arias Sánchez y lo que ellos venían representando, en un escenario de alta confrontación social y de gran polarización en el marco del proceso del TLC con los Estados Unidos y luego del “fraudurendum” del 7 de octubre de 2007.

Conforme fueron transcurriendo los primeros cuatro años de gestión de doña Ofelia nuestra opinión varió al punto de que, en el marco de su reelección, públicamente admitimos que nos habíamos equivocado al habernos opuesto a su nominación primera, pues los resultados positivos en materia de defensa de derechos de la población habitante estaban a la vista.

Particularmente, diversas gestiones de ANEP ante la Defensoría de los Habitantes de la República fueron muy bien tratadas. Es más, doña Ofelia logró su reelección con una “lujosa” votación parlamentaria.

En el arranque de su segunda gestión, ya la ANEP le había tocado dos veces la puerta: con ocasión del conflicto sociolaboral en la Municipalidad de San José, a raíz del repudiado y cuestionado contrato privatizador con la empresa PASA en el servicio de limpieza urbana y de recolección de basura, lo que generó una huelga de un día sumamente fuerte; y, a la vez, ligado con ello, la muerte de un ciudadano trabajador en condiciones de precariedad laboral y de presunta ilegalidad contractual por parte de esta empresa y con la “venia” de algunas jefaturas de la propia municipalidad. La Defensoría está tramitando positivamente ambas situaciones denunciadas por la ANEP ante ella.

Más recientemente y ya al final de la misma, en la huelga de una semana de la Municipalidad de Santa Ana, hemos tenido una intervención oportuna de la Defensoría, que se da luego de una llamada telefónica nuestra a doña Ofelia.

Ahora bien, como es bien conocido, la ANEP ha convertido en una de sus principales banderas de su lucha, el tema tributario, la evasión de impuestos y abogamos por una “revolución tributaria”, por una Transformación Tributaria Estructural (así, en mayúsculas); y dentro de esta concepción, nosotros hemos venido diciendo que el robo de impuestos en todas sus formas debe ser concebido como un crimen contra toda la sociedad. Por ello pensamos que es tal la controversia de doña Ofelia en este asunto de denuncia pública, que ella debe renunciar.

Hoy domingo nos enteramos de que el distinguido ciudadano don Roberto Mora, “el cobrador de la Caja”, persona que con una extraordinaria valentía viene denunciando a los evasores de la Caja, nos informa de que las tres sociedades empresariales de doña Ofelia objeto de investigación, no están inscritas en la Caja por lo que habrían evadido su responsabilidad patronal para con la misma. Igualmente, la ANEP ha estado dando su aporte en la defensa de la Caja, con propuesta alternativa y rompiendo tabúes que hasta enemigos nos ha traído.

Nosotros debemos reconocer, como apuntamos, que siempre doña Ofelia siempre le abrió a la ANEP sus puertas, en los momentos delicados en los que las tocamos para temas y luchas de nuestra agenda reivindicativo-laboral de carácter sindical y de la agenda que tenemos en el plano sociopolítico, según nuestra visión de país. Le estamos muy agradecido por ello y por ésta vía dejamos constancia pública.

Postura de la Seccional ANEP-FONABE

• El FONABE tiene problemas estructurales serios que no permiten realizar una labor más eficiente. La institución se encuentra centralizada en San José, con una cobertura a nivel nacional, hasta el año pasado contábamos con 50 funcionarios y funcionarias, hoy día somos 66 para atender una población meta de 197.401 becados, y un presupuesto de ¢46.626.551.000,00 solo para el subsidio de becas. Existe una Directriz Presidencial que nos limita crecer en plazas y los gastos que requerimos para cumplir con la ejecución del programa.

• Se le solicito al MEP personal para reforzar el área Administrativa y Financiera y el mismo índico que no contaban con plazas disponibles. Sin embargo a partir del 01/07/14 nos cedieron a 2 funcionarios, un Técnico y un Profesional Licenciado.

• Si bien es cierto que contamos con el esfuerzo, dedicación y trabajo de los Comités de Becas de todo el país, los mismos están recargados con toda la población que atienden.

• Se debe de considerar que cada año aumentan la cantidad y el presupuesto de becas, a pesar de que se ha fortalecido el programa de becas encargado de la asignación y seguimiento de becas con 16 funcionarios, la parte Administrativa Financiera que es la que se encarga de todos los pagos Administrativos y de Becas se mantiene con la misma capacidad instalada, a pesar de esto se ha coordinado lo necesario para dar prioridad al pago oportuno de las becas otorgadas y que no tengan problemas con las cuentas.

• En el Informe sobre la Eficacia del programa que administra el Fondo Nacional de Becas, de la CGR DFOE-IF-15-2012, se le dijo al MEP que debían de ejercer su rol del rector político y brindar el respectivo direccionamiento y apoyo que requiere a FONABE, situación que a la fecha no ha tenido resultados.

• A pesar de que la Administración ha realizado esfuerzos importantes para atender a los usuarios, elaborando un Sistema de Gestión de Calidad, Cargas de Trabajo, Clima Organizacional y demás, es necesario fortalecer el programa de becas.

• En cuanto al tema de los requisitos, el FONABE administra y ejecuta fondos públicos, destinados a una población de escasos recursos económicos y el pago debe apegarse a la normativa vigente, que nos asegure que los fondos son correctamente otorgados a la población meta. Si con los requisitos que se solicitan se filtran estudiantes que no cumplen con las condiciones de pobreza y pobreza extrema, el riesgo de filtraciones aumentaría si prescindiéramos de estos.

• Los y las funcionarios(as) del FONABE somos un grupo identificados con el que hacer de la Institución, con su misión y visión, pero aclaramos que no somos quienes tomamos las decisiones. Para esto existe una Junta Directiva y un Director Ejecutivo. Por ley, la Junta Directiva es presidida por un representante del MEP, quien conoce el actuar institucional.

• Ante los comentarios de que todo está bien, queremos aclarar que esta posición no es compartida por la Seccional ANEP-FONABE, ya que se deben realizar mejoras en la ejecución del programa de becas y la satisfacción al usuario que permita una cobertura efectiva de las becas y el beneficio llegue a la población estudiantil más necesitada del país.

Como Sindicato, proponemos:

• Descentralizar las oficinas del FONABE, por medio de una regionalización sistemática, con oficinas en las 27 Direcciones Regionales Educativas del MEP, para tal fin se requiere de voluntad política y una coordinación estrecha con el MEP y FONABE.
• Lo ideal es que se pueda fortalecer con funcionarios propios, el servicio de Call Center, recepción y digitalización de expedientes de becas para una adecuada atención de los usuarios. Mientras esto se logra es necesario fortalecer la supervisión y fiscalización de la empresa contratada para brindar estos servicios y tomar las medidas correspondientes para que esta empresa brinde una atención con calidad, eficiente y eficaz.

• Asimismo se requiere de políticas institucionales claras y definidas a largo plazo, que permita brindar continuidad a las estrategias y acciones institucionales, independientemente del gobierno de turno e intereses políticos.
La Seccional ANEP-FONABE, tiene la mayor disponibilidad para apoyar al FONABE en pro de brindar el servicio que los usuarios se merecen, pero se requiere de apertura, diálogo y acercamiento por parte de la administración para realizar un trabajo en conjunto.

Crece agitación en la Policía Penitenciara por traslados abusivos

Esta semana se incrementó el número de policías penitenciarios víctimas del estilo arbitrario y autoritario de gestión del nuevo Director de la Policía Penitenciaria, el Lic. Pablo Bertozzi Calvo, el “Comisionado Bertozzi”, como gusta que le llamen: Informes llegados a la ANEP indican que unos 80 oficiales de la seguridad penitenciaria fueron movidos, abruptamente, sin poder objetar en lo más mínimo tan abusivas decisiones; particularmente, en los centros del denominado circuito de La Reforma

Aparte del irrespeto a la dignidad humana y laboral del policía penitenciario que sufre este tipo de decisiones prepotentes, el accionar del Sr. Bertozzi “aporta” para la profundización de lo que ya es reconocido como la situación de crisis que afecta al Sistema Penitenciario Nacional; tesis reiterada de la ANEP ante la opinión pública nacional y planteada por esta organización, por vez primera, durante la pasada gestión gubernativa.

Primero: Los movimientos abruptos de policías, que se hacen de la noche a la mañana, ponen en riesgo la aplicación de protocolos de seguridad en los casos de privados de libertad de alta peligrosidad como los ligados al crimen organizado del narcotráfico; puesto que, de un pronto a otro, los oficiales de la Policía Penitenciaria que ya han sido capacitados para ello, son sustituidos por otros que en no pocos casos no solamente no tienen conocimiento pleno de esos protocolos, sino que carecen de la debida experiencia de relacionamiento con este tipo de individuos que presentan conexiones criminales externas de alto riesgo.

Segundo: Los movimientos abruptos de policías, al “estilo Bertozzi”, debilitan los climas de contención en los diferentes ámbitos carcelarios, toda vez que al mover a un policía penitenciario con amplia experiencia en el relacionamiento con los privados de libertad ubicados en su entorno laboral cotidiano, se afectan los manejos adecuados de control de comportamientos impropios y de situaciones de estrés convivencial en el encierro carcelario; precisamente porque ese policía penitenciario de experiencia ha sido capacitado y tiene conocimiento de quién es quién en el liderato del pabellón y/o de la celda; cómo se mueven los hilos de poder a lo interno, especialmente en las horas no hábiles y fines de semana; y, cómo se ha aprendido a detectar las señales diversas de alteraciones en perspectiva de esa convivencia de alta sensibilidad explosiva, realizando oportunas acciones de prevención. Un policía penitenciario experimentado ante estos escenarios es garantía de prevención de motines, por ejemplo, producto de años de ubicación en ese mismo escenario de encierro.

Ni lo uno ni lo otro parece importarle al Sr. Bertozzi, más interesado en el establecimiento de una especie de clima de miedo que la ANEP ha decidido combatir fuertemente.

La ANEP continuará llamando a la calle a los y a las integrantes de la Policía Penitenciaria y estamos en preparación de eventos sucesivos e “in crescendo” al respecto. Además, entregaremos en próximas horas un emplazamiento directo al propio Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, con fundamentos criminológicos de peso para sustentar la inconveniencia de que el señor Bertozzi esté dirigiendo la Policía Penitenciaria.

Lo reiteramos: El Sistema Penitenciario Nacional vive una profunda crisis; el estilo de gestión del Sr. Bertozzi y su desconocimiento de la dinámica penitenciaria, que no es policial, lo que hace es profundizar esa crisis.

Hace mal el Gobierno lavándose las manos con los combustibles

Ante la creciente ola de molestia ciudadana por el altísimo precio de los combustibles y sus constantes alzas, tanto el señor Presidente de la Republica, don Luis Guillermo Solís Rivera; como su Ministro de la Presidencia, don Melvin Jiménez Marín, indicaron que “no tienen” el control de tal circunstancia, que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos es “autónoma” y que, por tanto, “no puedan hacer nada al respecto”. Tal excusa es, sencillamente, ¡inadmisible!

La naturaleza perversa de castigar a la población con una carga fiscal alta sobre el precio de los combustibles, exige fuertes decisiones políticas para tomar el control de los mismos en aras del supremo interés ciudadano; tanto el que se representa como clase trabajadora, como el que constituye el aparato productivo mismo que, a final de cuentas, a su vez, descarga en los consumidores el impacto en los costos de producción de tales alzas.

Si el problema es cómo llenar el “hueco fiscal” al disminuir la excesiva carga tributaria que pesa sobre el precio de los combustibles, especialmente la gasolina y el diesel, porque el Gobierno se “quedaría” sin plata; entonces que se “agarre el torno por los cuernos” y se proceda a medidas fuertes que aunque enojen a sectores poderosos de la hegemonía dominante, el pueblo trabajador y productor agobiado por esta situación, apoyaría valientes decisiones presidenciales y ejecutivas de la actual administración.

Si “no se tiene el control”, entonces, que se tomen medidas fuertes para tenerlo. Veamos algunas:

UNO: Opción Venezuela. El Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, señor Jorge Arreaza, vino a la toma de posesión del Presidente Solís y dejó la puerta abierta para una cooperación bilateral en materia de energía. Además, dejemos atrás los “dinosáuricos” prejuicios ideológicos y reactivemos el proceso nacional correspondiente para que Costa Rica ingrese a Petrocaribe. Según conocimos en su momento, el país podría tener que pagar la factura petrolera en mejores condiciones de hasta un 50 % a cancelar en un plazo de 20 años. En la administración Arias Sánchez, la ANEP planteó, por vez, primera esta opción.

DOS: Al día se da en el país una gigantesca cantidad de operaciones financiero-bancarias. El último dato que se tiene, generado por la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) es del año 2012, cuando se registraron 1 millón 700 mil operaciones con movimientos de 10 mil dólares o más. Es decir, cada 24 horas, hay unas 4.357 operaciones financiero-bancarias de, al menos, 10 mil dólares o más. Solamente los sectores altos tienen esas cantidades de dinero; y, además, para nadie es un secreto que hay dinero sucio de por medio en estas operaciones.

Es decir, en ese año 2012, los bancos públicos y privados costarricenses, movieron ¡17 mil millones de dólares! y si todas esas operaciones fueron de una suma única: 10 mil dólares, entonces, en colones, hablamos de ¡8 billones 500 mil millones de colones!

Si a cada una de esos 1 millón 700 mil movimientos bancario-financiero anuales se les cobrara una tasa especial de un 1 % por una especie de “peaje” entre banco y banco (por ejemplo), el fisco recibiría, nada más y nada menos que, 85 mil millones de colones al año; cantidad enorme que aliviaría, en demasía, la carga tributaria que pesa sobre el precio de los combustibles, bajándolos sensiblemente. Este tipo de tributo es lo que ya se está impulsando en el seno de la Unión Europea (UE): el impuesto “Robin Hood”, o Tasa Tobin.

TRES: Cambiar la ley de la Aresep. Formular cambios en su ley de tal forma que, por un lado, el esquema de mercado absoluto de sesgo neoliberal deje de impregnar sus decisiones; por otro, para redefinir su proceso interno de toma de decisiones que, necesariamente obligue a considerar la opinión de la Presidencia de la República a la hora de fijaciones tarifarias que van en contra del común a fin de que las mismas se liguen la política social de reducción de la desigualdad. Además, revisar su sistema de cobro de cánones para aliviar la carga que pesa sobre muchas de las definiciones tarifarias que la Aresep impone, evitando que sirvan para financiar los abusivos salarios de su cúpula político-tecnocrática.

¡Sí hay opciones para bajar el precio de los combustibles! El domingo 6 de abril el pueblo trabajador eligió a don Luis Guillermo Solís Rivera, como Presidente de la República; no se eligió a la Aresep ni a los entes reguladores. Tanto el Poder Ejecutivo como la Asamblea Legislativa deben actuar al unísono en tal sentido.

ANEP se reunió con expertos de la OCDE

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se reunió el pasado miércoles en la sede del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), con expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organización que se encuentra en nuestro país analizando el tratamiento de la gobernanza pública.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, indicó que el interés primordial de nuestra organización y, que inspiró gestionar nuestra presencia en esta reunión, es el tema laboral; esto con base en los compromisos que tiene el país pendiente con la Organización Internacional de Trabajo, que no ha honrado en los últimos gobiernos.

“Creemos que dentro de los elementos que debe valorar la OCDE en el caso costarricenses, es el tema laboral, este tiene que ser uno de esos aspectos o de los más importantes; ya que se desprenden aspectos como: libertades sindicales, negociación colectiva, justicia laboral pronta y cumplida; así como, respeto pleno a los salarios mínimos y, otros tópicos que se deben posicionar en aras de los mismos postulados de la OIT de trabajo decente”, manifestó Vargas.

Posterior de dejar plasmado ante los representantes de la ODEC el tema laboral, el escenario planteado por parte de los expertos de esta organización, fue el empleo público, el cual, también es de un alto interés de nuestra organización, por lo que fue aprovechado por el Secretario General de la ANEP para mostrar desde el plano sindical que, “en Costa Rica existe un gran caos salarial en la administración pública”.

“A esto se suma una serie de elementos que hacen del empleo público en Costa Rica un verdadero caos, como: existencia de empleados públicos de primera, segunda, tercera y hasta cuarta categoría, que el sistema de Servicio Civil no abarca toda la administración pública, existe una perversión inicial desde la misma entrada en vigencia de la Constitución Política de 1949, además, hay gremios corporativos de muchísimo poder”.

“Otros de los problemas existentes: es que el sistema de evaluación de desempeño esta viejo; en muchos casos el buen servidor público sucumbe ante la ausencia de políticas de estímulo para destacarlo de la mediocridad, no hay evaluaciones de la productividad en términos generales, además en materia de gobernabilidad quien sea presidente tiene muchas dificultades; debido a que hay ámbitos que pareciera funcionan al margen de la decisión política del gobierno electo”, manifestó Vargas ante los expertos de la OCDE.

El Secretario General de la ANEP advirtió a los expertos de la OCDE, indicado que cambiar todo eso lleva mucho tiempo, y no está en el corto plazo, y más bien OCDE debería pensar que en Costa Rica correspondería realizar, por ejemplo: experiencias piloto, escenarios sectoriales; para introducir nuevas modalidades en la relación entre empleo público, gobernabilidad y ciudadanía.

Precisamente, en materia de empleo público, desde ANEP hemos postulado rescatar los principios de la negociación colectiva para todo el sector público, reformar el sistema del Servicio Civil para evaluación de desempeño de otro carácter; que sea más riguroso, así como, la participación de la ciudadanía en sectores de servicio público y política pública, además,la existencia de sistemas salariales perniciosos que deben de ser cambiados.

Otras de las propuestas país para mejorar la política de empleo público generadas desde ANEP, se enfoca en extender la cobertura de los servicios públicos municipales, potenciado al gobierno local que es el más cercano a la gente, así como, la transformación tributaria nacional por la que hemos venido abogando y la Reforma Procesal Laboral.

Continuamos impulsando ferias de información para trabajadores migrantes

El pasado domingo 29 de junio del 2014, se realizó una feria informativa en el parque La Merced, sitio de visita de muchos trabajadores y trabajadoras migrantes, principalmente que se desempeñan en labores domésticas, y que habitan en el mismo sitio donde ejercen su labor.

En dicha feria de información participaron la Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES), La Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como la Asociación Nacional de Empelados Públicos y Privados (ANEP) y su Seccional Trabajadores Migrantes, Además la feria contó con la participación de entidades gubernamentales costarricenses como: La Defensoría de los Habitantes, el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Departamento de Migraciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

La feria fue aprovechada por las organizaciones para brindar información a más de 250 trabajadoras domésticas que frecuentan el parque, de ellas se orientó directamente a unas 50.

Cabe destacar que la ANEP y su Seccional Trabajadores Migrantes, se encuentran constantemente realizando ferias de información y capacitación en el Parque la Merced y en Guararí de Heredia, por lo que si usted es un trabajador migrante y desea conocer de sus derechos laborales y aumentar sus conocimientos labores lo invitamos para que se acerque a este tipo de actividades.