Ministro Soto anuncia “policías sin botas ni uniformes para el 2021 por recorte en presupuesto”.
El ministro de Seguridad, Michael Soto Rojas, anunció que los recortes en el presupuesto dejarían policías sin uniformes ni botas para el año 2021, inclusive, nos dice que se vería afectada la reparación de vehículos y pago de alquileres de delegaciones. Aunque en otras ocasiones hemos secundado ese discurso, porque tenemos clara la importancia de que nuestros abnegados policías cuenten con las herramientas e insumos necesarios para el desempeño de sus funciones, consideramos oportuno apuntar que, olvida el señor ministro que en la actualidad (2020), muchos funcionarios carecen de botas y uniformes, se ha reducido la alimentación y que muchas delegaciones siguen esperando ser intervenidas.
No se logra entender y digerir, como un ministerio con tantísima necesidad, devolvió en el año 2019, hace poco, la suma de ₵3.273 millones porque no pudo ejecutar esos recursos. Esa es una historia repetida año tras año, a pesar de cientos de delegaciones en mal estado, falta de botas, uniformes, cinturones, fundas, chalecos ¡se devuelve dinero por imposibilidad de ejecución! Ello solamente se puede atribuir a falta de planificación, mala gestión de los departamentos y funcionarios responsables, o problemas con el sistema de gestión y ejecución de compras. Si lo ultimo fuera la causa, desde hace mucho se debieron promover las reformas útiles y necesarias, a efectos de maximizar el uso de los recursos y, por ende, mejorar las condiciones de la población policial, así como la seguridad ciudadana.
La bandera que hemos levantado en ANEP se relaciona con la reivindicación de la función policial, hemos defendido la inyección de recursos, nos hemos opuesto a la reducción de los mismos, no obstante, no hemos observado las mejoras que se requieren con urgencia. Impuesto a sociedades, impuesto al banano, recursos de la CNE, donaciones millonarias de la República Popular de China o de los Estados Unidos de América. Por ejemplo: China donó más de ₵3.300 millones en el 2018, EEUU viene donando de manera sostenida equipo, dinero e insumos, pero ¡no alcanza!
Así las cosas, nos parece que el ministro Soto debería explicar las razones por las cuales nuestros uniformados carecen de botas y uniformes en la actualidad, al mismo tiempo que se ha limitado la alimentación en las delegaciones y se sigue desatendiendo lo ordenado por la Sala Constitucional en cuanto a la reparación inmediata de delegaciones insalubres.
Es preciso planificar, fiscalizar, priorizar y maximizar los recursos con que cuenta el MSP, para el cumplimiento de sus competencias.
Para declaraciones o entrevistas comunicarse con Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública al 8432-2880.
¡¡¡Guerra a los impuestos debe ser unánime clamor social!!!
Es hora de que los mega ricos ticos aporten realmente
De la manera más categórica y vehemente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), rechaza la imposición, a cambio de los préstamos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de más cargas tributarias para el pueblo trabajador, para quienes sufren el desempleo y están en la informalidad; para las micropequeñas y medianas empresas.
El propio Ministro de Hacienda, Elían Villegas Valverde, ya lo reconoce abiertamente, aunque era un secreto a voces; como secreto es lo que han pactado con el FMI, con los hermanos Arias Sánchez y con algunos líderes parlamentarios, usuales operadores políticos de los sectores económicos que andan tras la venta de los activos más rentablemente jugosos que todavía quedan con categoría de propiedad pública.
La guerra a los impuestos debe ser un unánime clamor social, exhortando de nuestra parte a que, desde las bases de la sociedad trabajadora y popular de este país, se articule la necesaria oposición cívica que impida la imposición de más cargas tributarias contra las mayorías muy golpeadas desde antes de la pandemia y producto de la misma.
Lo que sí corresponde es que la injusta estructura tributaria costarricense, profundamente regresiva, agravada por un escandaloso robo anual de impuestos que no es cometido por la gente de a pie, establezca que sea el sector de los superricos ticos el que deba aportar, ahora sí, sustancialmente, para impedir la irreversibilidad de una situación tan injusta como explosiva.
Por otra parte, tenemos que repetir hasta la sociedad, y no nos cansaremos al respecto, en que no es necesario acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI), para “resolver” el problema fiscal nacional. ¡Hay alternativas!
Sin embargo, tanto el presidente formal (Carlos Alvarado Quesada), como el real (André Garnier Kruze), realizan una gestión ejecutiva de gran carga ideológica, a favor del desmantelamiento final del Estado Social de Derecho y de los valores que le inspiran, insertos en la maltrecha Constitución Política de 1949.
Con ese objetivo estratégico en sus mentes, la entrada en escena a la política nacional del FMI, no solamente adquiere un matiz estratégico, sino que cuentan con los operadores políticos legislativos necesarios para garantizar las votaciones mecánicas que aprobarán la segunda y vital parte de esos créditos.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Seccional presentará escrito detallando afectación en cargas laborales de dos empleados del cementerio.
Administración otorgó una hora de licencia sindical por mes a los agremiados.
Luego de varios meses de negociación entre los representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Municipalidad de Naranjo, se logró en las instalaciones del Ministerio de Trabajo algunos acuerdos.
Dentro de lo firmado se acordó que será la primera semana de noviembre la fecha en el que se va a presentar una contrapropuesta que será recibida por parte de la institución en relación a la convención colectiva.
En el escrito quedó consignado de la siguiente manera, “la contrapropuesta será analizada por el consejo municipal tomándose en cuenta el clima organizacional, el tema presupuestario y de legalidad. En la segunda semana de diciembre del 2020, las partes se reunirán de nuevo para ver el tema exclusivo de la convención colectiva.
Por otra parte, dentro de la reunión sostenida se detalló el caso de dos trabajadores del cementerio municipal donde de parte de la seccional se presentará un escrito donde se puntualicen ciertos daños que están teniendo ambos en relación a sus cargas laborales.
Asimismo, se determinó que todas las instrucciones que se vayan a girar por parte de la jefatura inmediata del cementerio, deberán presentarse de manera escrita clara y concreta.
Lamentablemente no se pudo llegar a ningún acuerdo en relación al reconocimiento del pago por disponibilidad, sumado a las horas extras en categorías operativas, ya que por la naturaleza de los oficios y las áreas de atención sean recurrentes las convocatorias a trabajar en días libres
Sobre esto la manifestación patronal Indicó que por imposibilidad presupuestaria no se puede otorgar este plus laboral de disponibilidad; mientras que el sindicato considero que están a derecho en la solicitud y que se van a buscar los mecanismos correspondientes para que los compañeros que laboran en el cementerio se le reconozca este derecho al pago de disponibilidad.
Finalmente se tendrá el derecho a gozar de la licencia sindical una vez al mes, fijado para el último viernes, a partir de las 13 horas hasta las 16. Todo iniciará el 25 de septiembre del 2020.
Delincuentes de forma reiterada les sustraen dinero
Un aproximado de 10 casos ya han sido denunciados
Agremiados del Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos junto a otros trabajadores de este importante lugar se encuentran preocupados ante varios hechos delictivos de los que han sido víctimas.
Ellos indicaron que reiterativamente un grupo de delincuentes los están acechando al punto en el que han dado millonarios golpes en efectivo.
En uno de los hechos, cuando se le lanzó el objeto al conductor, éste, perdió el control del vehículo y se fue a la cuneta, sufriendo varios golpes, sumado a que le quitaron lo que llevaba.
Don Gilberth Duarte, Presidente de la seccional ANEP – CENADA indicó que les preocupa como de forma continua el hampa les quita el fruto de su trabajo, sumado al miedo de que alguien salga herido o muera en uno de los asaltos.
“Desde hace dos semanas, un aproximado de 10 compañeros fueron víctimas de asalto. A ellos les tiran palos o piedras al camión donde van transitando y cuando se detiene a ver qué fue lo que pasó, los encañonan y les quitan el dinero que llevan”, manifestó.
Los hechos han sido constantes entre el puente de La Platina y el Centro de Convenciones en sentido San José Alajuela, donde los desadaptados han realizado los golpes.
Lamentablemente a las afueras del CENADA también los delincuentes están acechando.
“Un comerciante de papa, había realizado la venta de su producto e iba saliendo de las instalaciones del Cenada, cuando de forma rápida fue abordado y despojado del dinero”.
Por parte de Duarte y de todos los demás afectados se pide que la tanto la Fuerza Pública como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) intervengan este sector y den con los responsables de este tipo de hechos.
Al convocar corresponsables de crisis, alegan sectores
Nota: Diario Extra
Para distintos sectores, el mandatario Carlos Alvarado Quesada está prostituyendo el supuesto proceso de diálogo al convocar corresponsables de la crisis por la que atraviesa el país, como lo son algunos expresidentes de la República.
Al menos así lo creen José Miguel Corrales Bolaños, dirigente del Movimiento Rescate Nacional, y Albino Vargas Barrantes, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), luego de que el gobierno convocara una mesa de diálogo público con los exmandatarios Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002) y Laura Chinchilla Miranda (2010-2014), para conversar sobre transformaciones y desafíos que enfrentan Costa Rica.
“El término diálogo lo están interpretando mal, lo están satanizando y prostituyendo. Evidentemente tanto doña Laura, como don Miguel Ángel son corresponsables del momento crítico que vive nuestro país. Hay cosas que son urgentes como reactivar la economía costarricense, como por ejemplo a través de la agricultura, para lograr eso hay que darle crédito oportuno y barato al agricultor, para eso son las juntas de crédito del Banco Nacional las cuales las tienen cerradas, para eso es urgente el fortalecimiento del Consejo Nacional de Producción y lo tienen más bien en la lista de las instituciones que pretenden cerrar”, denunció Corrales.
Añadió: “Pero no solamente eso, en momentos tan angustiantes como los que estamos viviendo, como lo es la pandemia, donde la gente no solo puede morir del coronavirus, sino de hambre, entonces estos espacios de diálogo deben de ser totalmente distintos. Nosotros el martes 25 de agosto le pedimos al presidente Alvarado que nos recibiera porque teníamos una serie de sugerencias, varias de esas sobre cómo se podría combatir la corrupción y cuál fue respuesta, la puerta cerrada. Por eso me parece que se está prostituyendo el termino diálogo y lo peor no es eso, sino con quién están supuestamente dialogando”.
NO HAY
Por su parte, para Vargas es más que evidente que no hay una verdadera mesa de escucha y negociación.
“Eso que convocó el gobierno se le puede llamar de cualquier forma menos diálogo. Eso es un fraude político, una especie de operación mediática para ver si lograban un poco de credibilidad y a lo sumo, eso fue lo que denominamos buzón digital de sugerencias”, señaló el dirigente sindical.
Agregó: “Este gobierno tiene una línea ideológica clarísima y para darle fuerza, andan buscando con quién coinciden con ella, de ahí que se vea a personas como Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez, en cuyos gobierno el déficit fiscal se disparó, la concentración de la riqueza creció y la pobreza se extendió, así que ni el gobierno, ni Laura Chinchilla ni Miguel Ángel Rodríguez tienen legitimidad política para proponer las barbaridades que están insinuando que quiere venir con las negociaciones del Fondo Monetario Internacional”.
Vargas puntualizó como perverso que se esté contemplando siquiera la venta de activos del Estado como el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Banco de Costa Rica (BCR).
COSTA RICA ESCUCHA
Hay que recordar que la mesa de diálogo en la que participaron Rodríguez y Chinchilla forma parte del proceso “Costa Rica Escucha, Dialoga y Propone”, impulsado por el gobierno con el objetivo de escuchar los distintos sectores y lograr acuerdos que permitan dar soluciones a problemas inmediatos y estructurales que tiene el país.
Entre otros temas, en el espacio se tocó la consolidación fiscal y la negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de que los diputados aprobaran el crédito rápido por $504 millones.
Dicho préstamo es el inicio de una serie de negociaciones con el FMI para más financiamiento y una hoja de ruta entre el organismo y gobierno costarricense.
Esa ruta, la cual no ha sido clara por parte de las autoridades, ha sido motivo de críticas por parte de legisladores de oposición.
“Voté en contra el préstamo del FMI por la poca transparencia y el manejo oscuro de este gobierno, quien ha ocultado los verdaderos entendimientos con el Fondo Monetario Internacional. Yo no voy a prestarme para firmarle al gobierno un cheque en blanco de un crédito del que detrás hay intereses, agendas oscuras y hasta tiburones, que lo que quieren es empujarnos a que haya una negociación con el FMI para la venta de instituciones del gobierno como: Kölbi, Fanal y el BCR a precio de gallina flaca”, aseveró Franggi Nicolás Solano, congresista verdiblanca.
Similar manifestó el frenteamplista José María Villalta Florez-Estada la semana anterior cuando el Congreso dio primer debate al jugoso empréstito.
“No estamos en contra de los préstamos de apoyo presupuestario, pero con este crédito no se habla de la otra parte de la historia, que, según comunicados del propio gobierno, este instrumento es la llave para negociar un acuerdo stand by con el FMI. Entonces aquí el gobierno nos pide la llave, pero preguntamos qué abre esa llave, dígannos qué van a hacer con esa llave, no nos quieren decir qué negociaron o qué van a negociar, que no es menor”.
Como parte del proceso “Costa Rica Escucha, Dialoga y Propone”, el gobierno se ha jactado de informar foros virtuales con organizaciones sociales, empresariales y sindicales, entre otras, impulsadas por el Ministerio de la Presidencia y las vicepresidencias de la República.
POLITÓLOGO OPINA
Para el reconocido politólogo Sergio Araya Alvarado los procesos de diálogo deben tener una metodología bien establecida, así como un efectivo punto de arranque.
Para el experto si esos puntos no están claramente definidos la gente puede creer que se le está tomando el pelo, como se dice popularmente, y eso no solo genera desprestigio sino una sensación de engaño, que puede terminar en indignación y crispación ciudadana.
“Me parece muy extraño que no estuvieran los demás expresidentes. Yo hubiera hecho una sola mesa con todos los expresidentes, de todos los colores y de todas las líneas económicas, porque aquí veo otro problema. En este tipo de procesos de diálogo efectivo con negociación incorporada, no basta con dos horas en una reunión de Zoom, tiene que haber todo un proceso, es decir si eso es de verdad un proceso de diálogo, esto no basta con que yo habilite una plataforma para escuchar a los actores que yo quiero escuchar, porque si no lo que se ve es como una tomadura de pelo, que lo que se está es ganando tiempo, mientras otros son los que realmente están construyendo las propuestas que sí cuentan con el apoyo del gobierno. Entonces deben tener mucho cuidado”.
FORO SE INUNDÓ DE CRÍTICAS
Medardo Umaña
“Con todo respeto esta conferencia está arreglada y es una pérdida de tiempo estar viendo esto. Los tres dejan en mucho que pensar porque en están en la misma argolla”.
Jonathan Vargas
“Cada intervención del presidente, sigue con su discurso de candidato, promesas eternas y esperanzas sobre humo”.
Jorge Delgado
“Doña Laura tiene el voto del gobierno para buscar un puesto en el BID, ¿será acaso que va a cuestionar algo del gobierno? Pusieron a gente que se está viendo beneficiada”.
Freddy Azofeifa
“En Argentina llegó el FMI y hoy en 2020 están en quiebra. El Estado no tiene que vender sus empresas a manos privadas”.
Andres Cabezas
“Esta gente va a quebrar el país y todos lo saben. Nadie manda por encima del FMI”.
Joel Díaz
“Una élite de sinvergüenzas reunidos que se han aprovechado de sus puestos para robarnos sin deparo”.
Alejandra Montiel
“Por qué ahora vienen a proponer cosas que esos gobiernos no evitaron cuando estuvieron de presidentes. Hablar y señalar es fácil cuando no se aportó nada cuando se pudo”.
La seccional ANEP- PPM denuncia dos puntos importantes y que preocupan mucho al personal en relación a la crisis actual que se vive por la pandemia y de los cuales muchos oficiales han salido contagiados.
El primer elemento, es que los chalecos antibalas, elemento fundamental para el desarrollo de la labor operativa se encuentran vencidos, por este motivo la Unidad de Armería se encuentra recogiéndolos, pero lamentablemente no se están reponiendo.
Lo que lleva al segundo punto y es que para no salir desprotegidos, deben compartirlo con quienes acaban de salir de turno. Esto se encuentra completamente fuera de los lineamientos de higiene y segundo por las acciones operativas la mayoría están sudados y oliendo mal.
Gran cantidad de los uniformados y de parte de la seccional ANEP Policía Profesional de Migración le piden a los altos mandos acciones prontas, a fin de que los casos de covid 19 dentro de los oficiales y usuarios no continúe en aumento.
Ya de parte de Gerardo Mora, presidente de la seccional se le solicitó la información al señor Stephen Madden Barrientos, Director de la Policía Profesional de Migración información al respecto para saber cual va a ser el accionar de la institución.
Semanas atrás quedó filmado como funcionarios de la Policía Profesional de Migración y Extranjería dejaban a la deriva a dos personas que no habían sido aceptadas para ingresar a territorio costarricense.
A partir de ahí se generaron muchos comentarios en contra de la acción de los uniformados, quienes deben cumplir este tipo de órdenes superiores, emitida en la circular N 99-06-2020 de la Directora General de Migración, Raquel Vargas.
Por tal motivo, buscando salvaguardar a los uniformados, por parte de la seccional ANEP – Policía de Migración se presentó un recurso ante la Sala Constitucional, para que los oficiales no deban efectuar los cuestionados actos.
Gerardo Mora, Presidente de la seccional indicó, “con el recurso presentado queremos evitar esta amenaza a los compañeros de la Policía Profesional de Migración y así ayudar a los Oficiales, ya que no tendrían que ejecutar ordenes ilegales y que les pueden traer responsabilidades administrativas y penales”.
El recurso interpuesto de número, 20-015249-0007-CO, ya ha sido analizado por parte de los señores magistrados, quienes decidirán si lo ordenado por parte de la titular de dicha cartera es correcto o no.
Sumado a esto, los oficiales temen tener que enfrentar a la justicia por su propia cuenta, ya que a pesar de que siguen la directriz girada por sus superiores, en caso de ser demandados, la institución no los protegerá durante el proceso.
Consultado Daniel Aguilar González, abogado constitucionalista, sobre a qué se exponen los uniformados al incurrir en estos actos, explicó:
“Sí el oficial, de cualquier policía, viola la ley, se expone a responsabilidades legales. En el caso de la Policía de Migración, si dejan “botados “a los rechazados, estarían violando el art. 65 de la Ley General de Migración”, enfatizó.
Durante los próximos días saldrá el fallo donde se conozca lo determinado por parte de los señores magistrados.
Una nueva reseña de políticas de la OIT muestra que los servicios públicos de empleo utilizan las tecnologías digitales a fin de mejorar la ayuda dirigida a las personas que han perdido su empleo a causa de la COVID-19.
GINEBRA (OIT Noticias) – Los canales digitales están desempeñando un papel cada vez más importante para ayudar a los trabajadores durante la crisis causada por la pandemia de COVID-19 , según una nueva reseña de políticas de la OIT.
Desde el inicio de la pandemia, los Servicios Públicos de Empleo (SPE) se han esforzado para mitigar su impacto sobre el mercado de trabajo. Medidas como las prestaciones por desempleo, con frecuencia combinadas con las transferencias en efectivo y los planes de apoyo a las empresas, han desempeñado un papel central para preservar los empleos y las competencias, y sostener el empleo en los servicios y la producción esenciales, así como para proteger a los trabajadores menos favorecidos, sobre todo en la economía informal.
La nueva nota, COVID-19: Public employment services and labour market policy responses (COVID-19: Los servicios públicos de empleo y las respuestas políticas del mercado de trabajo), constata que las tecnologías digitales han desempeñado un papel esencial para maximizar el impacto de este tipo de ayuda.
Los países que habían informatizado sus servicios de apoyo antes de la pandemia y que tenían una estrategia de transformación digital clara, han podido responder de manera más eficaz a los desafíos planteados por la COVID-19. Estos países han logrado utilizar los canales de acceso remotos para garantizar la continuidad de sus servicios durante los confinamientos totales o parciales. Además, han utilizado los servicios digitales a fin de seguir asegurando la registración en línea, la adecuación automatizada de la demanda y oferta de empleo y la orientación en materia de “chats” y seminarios virtuales.
A fin de ayudar el creciente número de personas que han perdido su trabajo a causa de la COVID-19 a encontrar un empleo, o a ser recolocadas en otras ocupaciones, sectores o regiones, los gobiernos deben facilitar el acceso a una información precisa sobre el mercado de trabajo y las opciones del desarrollo de competencias. La tecnología ha desempeñado un papel decisivo para garantizar que esta tarea sea realizada de manera rápida y eficiente.
Los canales digitales han permitido que los servicios de apoyo sean accesibles fuera de las horas de trabajo convencionales y a un número mayor de personas. Además, dan lugar a sistemas de adecuación entre la oferta y la demanda de empleo más transparentes. Algunos ejemplos incluyen:
En España, durante la cuarentena las oficinas locales de empleo dependían en gran medida de los portales de empleo en línea, de un número de teléfono gratuito para los demandantes de empleo y de la “oficina virtual” que fue activada a fin de adaptar los servicios a las restricciones causadas por la COVID-19.
En China, los SPE adoptaron la interacción virtual entre los consultores y los clientes gracias a un sistema de chat en línea. “WeChat Official Accounts”, que fue introducido antes de la pandemia.
En India y Uruguay, los SPE fomentaron la registración en línea de los demandantes de empleo y la publicación del listado de las vacantes a través de los portales de empleo en línea, los cuales además suministraban acceso a la formación y a ferias de empleo en línea.
En los Países Bajos, durante la cuarentena por la pandemia, los SPE organizaron reuniones virtuales y realizaron seminarios web con los clientes.
En Marruecos, los SPE utilizaron unidades móviles atendidas por personal específicamente formado para prestar asistencia a la población que no tenía la posibilidad de acceder a los SPE de manera remota, y para llegar a los clientes en las zonas distantes rurales y urbanas.
Es probable que la crisis provocada por la COVID-19 tenga un impacto duradero sobre el empleo, las empresas y las competencias, advierte la reseña. La recesión prevista podría hacer que el acceso al mercado de trabajo sea aún más difícil para los empleadores y los trabajadores, sobre todo en las economías con grandes mercados laborales informales. En estas circunstancias, la tecnología puede ser una herramienta cada vez más importante para ayudar a quienes más lo necesitan.
Es requisito de la OCDE, indica ministra Pilar Garrido
NOTA: Diario Extra
En el 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) llevará a cabo el “Censo del Bicentenario”, para lo cual se dispone de un presupuesto de ¢9.426 millones.
Así lo explicó este miércoles la ministra de Planificación, Pilar Garrido, ante los diputados de la Comisión de Hacendarios en el marco de la defensa del presupuesto de la República del próximo año.
La jerarca recordó que en el marco de los cambios que el país aplicó para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se impone un requerimiento para la periodicidad de censos cada 10 años.
Para financiar estos recursos, el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) tiene dispuesto hacer una transferencia al INEC por ¢3.450 millones.
El resto del presupuesto para el censo sale de recursos que recoge el mismo INEC por la Ley 9694 aprobado en junio pasado del impuesto a las primas de seguro con ¢1.621 millones y el resto de un superávit libre de INEC que según la ley le permite crear fondos para proyectos especiales como este, por un monto de ¢4.355 millones.
Floribel Méndez Fonseca, presidenta del INEC, resaltó la importancia de esta herramienta estadística para el país, ya que con estos datos actualizados se podrá mejorar y actualizar proyectos y políticas públicas.
CENSO EN PANDEMIA
El diputado Otto Roberto Vargas, del Republicano Social Cristiano, cuestionó cómo hará el INEC para implementar un censo en el marco de la pandemia por el Covid-19.
Méndez explicó que deberán replantear la recolección de la información en campo. Si bien reconoce que la operación estadística en un censo nacional es compleja, para ello en noviembre próximo se llevará a cabo un “censo piloto” para aplicar diferentes técnicas en la recolección de la información.
En ese sentido el INEC buscará mantener tanto la técnica tradicional de entrevistas cara a cara, mediante un protocolo sanitario que ya fue aprobado por el Ministerio de Salud.
Y por otro lado con la aplicación de un “autocenso” para cuando no hay posibilidad de una entrevista directa se le contacta a la persona y se le envía las preguntas de forma electrónica.
Sobre la barrera de la regla fiscal que el INEC sobrepasará en su presupuesto del 2021 por este proyecto, la jerarca explicó que ya están trabajando con las autoridades respectivas para que no haya problemas en ese aspecto.
“Me parece que gastar casi ¢10 mil millones para el censo es demasiada plata”, comentó el diputado Vargas, que fue el único legislador de la comisión que mostró alguna oposición sobre el tema.
El censo del bicentenario obligará a contratar a 14.500 personas durante tres semanas para que durante el mes de julio 2021 realicen la recolección de la información. Se visitarán alrededor de 1.800.000 casas y entrevistará a 5.200.000 personas.
Los datos preliminares del censo se comenzarán a conocer al final del 2021.
*Colaboró la periodista Sharon Cascante.
VOCES SINDICALES
Albino Vargas
ANEP
“Estar en la OCDE fue una soberana embarcada para este país porque no le van a hacer caso, primero cuando la OCDE está pida que se le ponga impuestos al gran capital y a las altas rentas. Por otro lado, están forzando a hacer gastos que no son necesarios en este momento de tanta crisis social y económica para miles de familias trabajadoras. Yo creo que están creando condiciones para que cuando termine este gobierno algunos de sus altos cargos pasen a integrar la burocracia de lujo que tiene la OCDE en su sede en París. Algunos jerarcas que impulsan estas cosas, a lo mejor están pensando en concursar para írsela a tirar rico a Francia como altos funcionarios internacionales”.
Rodrigo López
ANPE
“Nadie puede estar contento de estar afiliado a una institución que aparte que nos cuesta muchos miles de millones de dólares la afiliación. Nos exige o condiciona cierto tipo de estándares para poder ser parte, no solamente del staff de países que están en ellos como organización, sino para decir que evolutivamente estamos creciendo como sociedad activa, como sociedad económicamente viable dentro de los parámetros neoliberales que están dominando el mundo. Me parece un ridículo que tengamos que utilizar dineros que podrían estar siendo inyectados a programas de desarrollo social en asuntos de un conteo que particularmente me parece no es prioridad que tenga el país. Mucho le debe el Estado costarricense al régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social, en cuanto a la deuda histórica por la no cancelación de dineros que le tocan por ley y la no cancelación de lo que fue el traspaso del primer nivel del Ministerio de Salud a la Caja, para que ahora se diseñen estrategias para gastar una enorme cantidad de dinero y seguir golpeando en los servicios básicos públicos que deberían estar teniendo una tendencia a reforzarse”.
Marvin Atencio
Siprocimeca
“Estar en la OCDE nos ha costado una millonada, todavía yo no he visto cuál es la ganancia o el valor real para Costa Rica por estar metido en la OCDE, de qué forma nos está beneficiando si más bien vemos recomendaciones que van en contra de los intereses de la clase trabajadora y la situación económica del país, más bien nosotros hemos criticado esas posiciones tan extrañas. Para nosotros el pago de la membresía es exageradamente caro para lo que estamos obteniendo. Es una inversión con poco beneficio desde el punto de vista económico, estratégico. Deberían de tomar esos dineros y abonarlos a la deuda del Estado que es una urgencia en este momento por la situación país, a la cual la Caja le está haciendo frente”.
Entre 2018 y 2019, denuncia sindicato tras auditoría
NOTA: Diario Extra
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) registró pérdidas por ¢29.423.413.055 durante 2018 y 2019, según consta en un informe de Estado de Resultados, elaborado por la Dirección Financiera.
La seccional ANEP-AyA denuncia que este hecho se suma a la baja ejecución presupuestaria que se presenta este año, ya que hasta el mes de mayo habría alcanzado un 32%.
“De un total de 96 metas trazadas durante el año 2019, solo se cumplieron 23, y de ¢298.795 millones presupuestados, solo se gastaron ¢142.565 millones”, indicó Edwin Marín, de ANEP-AyA.
Si se compara la ejecución presupuestaria del plan de inversiones entre los fondos específicos y fondos corrientes de la institución hasta mayo de 2018, 2019 y 2020, esta no alcanza ni el 50% de su inversión a mayo, según el Resumen Ejecutivo de Caja de la Dirección Financiera de AyA, del que DIARIO EXTRA tiene copia.
2018 CRíTICO
Estadísticas del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República (CGR) revelan que para hace dos años la administración de AyA estableció un presupuesto de ¢99.218 millones en inversiones, sin embargo, solo se ejecutaron ¢58.190 millones, lo que representa un 58%.
Es decir, de mayo a diciembre de ese año solo se avanzó un 27% del plan de inversión, un progreso relativamente bajo.
Un punto a destacar es que la ejecución del presupuesto de inversión entre enero y mayo de los últimos años no registró un nivel superior al 50% (ver recuadro).
DIFERENCIA
Según el Informe de Ejecución Plan de Inversiones por Fuente de Financiamiento, al 31 de octubre de 2019, el Instituto invirtió un 50% del presupuesto general, siendo el rubro de menor avance el programa Reducción de Agua No Contabilizada (RANC) con un 48%; es decir, ¢977,68 millones.
“Sigue teniendo un rezago significativo y lo que nos preocupa es que hay inversiones muy estratégicas, con proyectos como Agua No Contabilizada, Plan de Contingencia y Orosi II, que son básicas para prevenir los racionamientos. Si no se mejora el nivel de inversión son problemas que no se van a superar”, explicó Álvaro Barrantes, intendente de Aguas.
SINDICATO ALEGA
Ewin Marín, líder de ANEP-AyA, asegura que concuerda con lo expuesto por la Intendencia de Aguas, pues consideran que la baja ejecución presupuestaria es una gran limitante en el progreso de proyectos de alta necesidad en la ciudadanía costarricense.
“Con esta administración no se ejecuta ni el 32%. No creo que ejecuten más presupuesto y nótese que la administración de Yamileth Astorga tiene dos periodos. Sentimos que el AyA sigue de cabeza si se mantienen los mismos”, denunció.
Para los representantes de los trabajadores la preocupación en el manejo presupuestario se centra en la necesidad de ejecutar proyectos claves para evitar racionamientos y mejorar la calidad del agua.
PLANES PRIORITARIOS
La Intendencia de Aguas rescata que los principales proyectos que presentan rezagos son el Proyecto Orosi II, el cual consiste en llevar abastecimiento del líquido potable al área metropolitana desde esa zona. Según datos del AyA, la obra tiene un avance del 58%.
“Este proyecto supliría 2,5 metros por segundo de agua, es la solución para los racionamientos. Se viene planeando desde hace 10 años y a hoy lo que nos dice AyA es que estará listo en 2025 y cuesta entre $400 millones y $500 millones. Tiene atrasos porque tuvo que estar listo desde hace casi tres años para que hoy no haya racionamientos”, explicó Barrantes.
Respecto de este proyecto el sindicato indica que se encuentra estancado y es la principal razón por la que siguen los racionamientos, medida que afectó a 350.250 habitantes del área metropolitana.
PÉRDIDAS
Parte del agua que se obtiene de las nacientes no llega hasta los usuarios, lo que provoca una pérdida importante del líquido vital. En años anteriores se habló de un proyecto para contrarrestar esa pérdida, pero se ejecutó hace poco.
“Más de la mitad del agua que capta se pierde en la red y no se contabiliza ni le llega al usuario. El proyecto (RANC) busca reducir esa pérdida a cerca de un 30% a un 35%.
Nos preocupa porque arrancó recientemente y debió implementarse hace mucho tiempo. Se espera que esté en aproximadamente tres años”, expresó el representante de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.
FACTURACIÓN
El reciente caso de los errores en facturación y la odisea que enfrentan aún muchos usuarios, quienes reclaman sobrecobros, debido a las tarifas estimadas, también es parte de los cuestionamientos de la Intendencia de Aguas.
“En el caso del AyA el sistema de facturación está muy viejo y da problemas, inclusive probablemente los sistemas de facturación pudieron generarse en parte por el sistema obsoleto. Es un proyecto que debió arrancar hace mucho tiempo y según la institución va a estar hasta el 2026”, afirma el intendente.
SOLUCIÓN
La Intendencia de Aguas manifiesta que para hacer frente a las necesidades empresariales AyA requiere duplicar la cantidad de inversión tarifaria, la cual actualmente ronda los ¢60.000 millones.
AYA RESPONDE
El Diario del Pueblo consultó a la institución con respecto a la ejecución presupuestaria de 2019 y la siguiente fue la respuesta.
“La revisión reciente de la Ejecución del Plan Estratégico y sus metas indica que se ha cumplido sobre la base de 46 objetivos, un 83%, por encima del 70% (de los cuales un 66% corresponde con más del 85%). Se cuenta con un plan de acción para abordar las desviaciones y se han establecidos controles específicos para el área de proyectos”.
Respecto a la ejecución presupuestaria de proyectos durante el año anterior AyA informa: “Según el Resumen Institucional que se encuentra en el SIIP de la CGR, el presupuesto al 31 de diciembre 2019 del AyA fue de ¢251.561.480.73 miles y su ejecución fue de ¢187.189.162.07 miles, que corresponde a un 74,41% de ejecución”.
“Importante señalar que para una institución que desarrolla obra el avance de esta debe valorarse sobre una base plurianual (varios años) y no anual, esto en razón del ciclo de los proyectos que comprende estudios básicos, diseños, contratación y construcción; en general, las obras toman en promedio tres años y se ven afectadas por diversas causas externas, tal como cambios en las obras, fenómenos climáticos, apelaciones durante los procesos licitatorios, entre otros”, agrega.
Al consultar sobre la responsabilidad de la ejecución presupuestaria, además de por qué el porcentaje de este rubro no es más elevado, indicaron: “La responsabilidad de la ejecución del presupuesto descansa directamente en las jefaturas y direcciones, gerentes de unidades ejecutoras, que solicitan los presupuestos, con planes aprobados y gestionan sus centros de costos y gastos. Como se indicó supra hay diversas razones que impiden que la ejecución presupuestaria sea la deseada”.
Edwin Marín
Seccional ANEP
“Con esta administración no se ejecuta ni el 32%. No creo que ejecuten más presupuesto y nótese que la administración de Yamileth Astorga tiene dos periodos. Sentimos que el AyA sigue de cabeza si se mantienen los mismos. Hacemos un llamado fuerte al presidente porque el AyA lo que necesita es un cambio en las jefaturas”.
Álvaro Barrantes
Intendente de Aguas
“Sigue teniendo un rezago significativo y lo que nos preocupa es que hay inversiones muy estratégicas, con proyectos como Agua No Contabilizada, Plan de Contingencia y Orosi II, que son básicas para prevenir los racionamientos. Si no se mejora el nivel de inversión son problemas que no se van a superar”.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.