Policía de Migración protestará el próximo 25 de noviembre

ANEP informa y pone en conocimiento de nuestros afiliados y de nuestras afiliadas de la Policía Profesional de Migración y Extranjería que desde el año 2009, la Autoridad Presupuestaria dio las recomendaciones para que el Manual de Puestos de nuestro cuerpo policial estuviese listo, y que las nuevas bases salariales fuesen aprobadas. Sin embargo, a la fecha ello no ha sucedido a pesar del compromiso que asumiera el señor Viceministro don Freddy Montero, durante reunión sostenida con la Junta Directiva de la Seccional de la ANEP, sostenida el pasado 7 de agosto de 2013, indicándosenos que, aproximadamente, se tendría listo el 15 de setiembre anterior. Como vemos, se siguen dando falsas expectativas a todos los funcionarios y funcionarias de la Policía Profesional de Migración y Extranjería.

Por esta razón estamos llamando a un movimiento de protesta para el Lunes 25 de noviembre pero de un verdadero movimiento en el amplio sentido del término.

Esperamos que todos nuestros compañeros y que todas nuestras compañeras que laboramos para la Policía Profesional de Migración y Extranjería estemos de lleno en acción. Nos urge tener dicho manual ya aplicado en nuestras bases salariales pues esto nos garantizará una mejor calidad en nuestras vidas. Y, por supuesto, no “cualquier” manual, sino un manual realmente justo, sólidamente digno y realmente compensatorio.

Ello lo vamos a logar pero en la calle, como lo hace la Fuerza Pública, como lo hace la Policía Penitenciaria y otros cuerpos policiales. Somos la policía más mal pagada de nuestro país. Por esta razón hay que prepararse para nuestro movimiento de nuestra Policía Profesional de Migración y Extranjería.

EUA: El Gran Hermano

Toda conciencia humana de convicción democrática y respetuosa plena de la Libertad, debe indignarse, como nunca antes, ante la hasta poco inimaginable conducta imperial del gobierno (o de los gobiernos), de los Estados Unidos; más bien de su clase hegemónica dominante (el complejo financiero-bancario e industrial-militar), de sentirse los amos “indiscutibles” del planeta, al punto de espiar con base en sus sofisticados sistemas tecnológico-electrónicos a media humanidad (más bien, a la Humanidad entera).

No termina uno de sorprenderse, de quedar atónito, de impactarse, hasta qué punto ha llegado la paranoia gringa ante el declive, paulatino sí, pero declive al fin, de su control de los destinos del planeta.

Las informaciones de prensa, a partir de las revelaciones que ha hecho el señor Snowden, ciudadano gringo actualmente exiliado en Rusia, acerca de hasta qué profundidades ha llegado ese espionaje, son de tal calibre que el mismo Presidente Obama está diciendo ahora a sus países y gobernantes amigos, preventivamente, que estén preparados para que no se sorprendan más de las relevaciones por venir.

Es tal el nivel de espionaje que el gobierno gringo ejecuta contra la intimidad de todo el mundo, que estos países más amigos de sus amigos, no pueden ocultar el enojo y la indignación que les causa la traición de que son víctimas.

Es el caso de Alemania, incondicional entre los incondicionales de Estados Unidos, cuya gobernante, la señora Ángela Merkel, no puede ocultar su enojo ante la escucha sistemática que ha sufrido de sus propias conversaciones telefónicas celulares privadas, por parte de la seguridad estadounidense. Millones de ciudadanos de a pie, en Francia, han sufrido lo mismo. En México, en Brasil ni se diga… En todo el mundo.

Esta situación nos recuerda la famosa novela “1984”, del escritor británico George Orwell, publicada en 1949, en la cual se describe una sociedad “distópica” (una especie de utopía apocalíptica): misma que es regida por un poder totalitario, bajo un control omnipresente y vigilante, denominado el “Big Brother”, el “Gran Hermano”.

Es tal el nivel de totalitarismo, que en tal sociedad se estableció una “policía del pensamiento” y una inversión de las palabras, la “neolengua”, al punto de que éstas significan, radicalmente, lo contrario de su concepto original.

“1984”, junto a “Un mundo feliz”, de Aldous Huxley; y a, “Fahrenheit 451”, de Ray Bradbury, son la trilogía clásica del siglo XX, por excelencia, en este campo de la ciencia ficción que son las distopías.

Los Estados Unidos vigilan, escuchan, interceptan, registran, archivan, leen, millones de conversaciones y de mensajes telefónicos y electrónicos de toda naturaleza, violentando la intimidad de la privacidad de las comunicaciones personales de millones de seres del planeta; ya sean amigos o enemigos, personas notables en sus diferentes campos de desenvolvimiento, personas anónimas de a pie, de los barrios, de las casas, de los centros de estudio, etc. etc.

La sociedad “orwelliana”, descrita en la ahora más que histórica novela “1984”, está aquí, está con nosotros y su “Gran Hermano”: Los Estados Unidos. Él vigila nuestras vidas, lee nuestras comunicaciones, intercepta nuestros mensajes y archiva nuestros escritos. Es la “Policía del Pensamiento en acción”. Por ahora…

Municipalidad de Buenos Aires se va a huelga

Hoy lunes 28 de octubre de 2013, un importante número de trabajadores y de trabajadoras de la Municipalidad de Buenos Aires, cantón de la provincia de Puntarenas, ¡se va a huelga!, desde las 6 de la mañana. En total, la planilla institucional llega a las 70 personas trabajadoras asalariadas y se espera la adhesión al movimiento de la mayoría de ellas.

A pocos días de terminar el año 2013, en esta municipalidad, no se ha hecho reajuste alguno por costo de vida durante casi 4 semestres. Efectivamente, ni en los dos semestres del año 2012, ni en el primero del 2013, ha habido aumento salarial. Tampoco hay perspectivas de que haya reajuste en el semestre que está por terminar. Prácticamente, se ajustarán dos años de un congelamiento salarial de facto. En toda la historia de la Municipalidad de Buenos Aires, este es su primer movimiento laboral.

La Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de Buenos Aires ha realizado cualquier cantidad de gestiones para corregir tan grave injusticia sociolaboral. Todos los esfuerzos han sido infructuosos. El señor Alcalde, don Carlos Mora Vargas, aparenta poner cuidado al reclamo laboral, sin embargo, en la práctica, ha demostrado que no le da la debida atención al problema, ya de por sí muy grave para una zona altamente pauperizada y con un costo de la vida sumamente alto, dada su lejanía del área económica central del país.

Esta huelga, inicialmente, por este día 28 de octubre de 2013, podría volverse más crónica para fechas próximas si no hay una solución inmediata y de compromiso serio y formal en torno a las deudas de los indicados reajustes salariales por costo de vida.

Este movimiento cuenta con el respaldo total de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), que ha desplazado hasta esa localidad a dos de sus cuadros dirigentes para la orientación de la lucha. La trabajadora Domitila Bermúdez Alpízar, Presidenta de la Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Buenos Aires, está en condiciones de brindar declaraciones a la prensa interesada sobre este problema y sobre el origen del mismo. A ella se le puede localizar en el número celular 87070290.

En sede administrativa se pagará la disponibilidad

Estimadas compañeras y estimados compañeros
Afiliados y afiliadas a la ANEP en la Policía Penitenciaria

Respetuosos saludos. Con sumo agrado informamos, de manera general, los resultados de la reunión que la ANEP sostuvo en la tarde de este jueves 24 de octubre, con el señor Jorge Rodríguez Boogle, Viceministro de Asuntos Estratégicos de la cartera de Justicia y Paz; con el señor Manrique Sibaja Álvarez, Director General de Adaptación Social; con el señor Guillermo Ugalde Víquez, Director Nacional de la Policía Penitenciaria; y con el señor Giovanny Morales Sánchez, Director de Recursos Humanos; quienes con instrucciones precisas de la señora Ministra de Justicia y Paz, Ana Isabel Garita Vílchez, se reunieron con nuestra organización para, finalmente, establecerse lo siguiente:

PRIMERO: Sí hay voluntad política para pagar en sede administrativa las deudas que hay con cada policía penitenciario por concepto de Disponibilidad. Es decir, quien así lo desee no tendrá que acudir al desgastante, largo, tedioso y potencialmente incierto proceso judicial. Si bien es cierto en sede administrativa el pago no será inmediato, es sustancialmente inferior el plazo de espera para que el Estado honre esas deudas que el plazo de espera si se tiene que ir a lo judicial. ANEP contactará en los próximos días, por representantes de nuestra organización debidamente acreditados, una a una, a las personas trabajadoras de la Policía Penitenciaria que están confiando en nuestra organización para indicarles cómo hemos de proceder.

SEGUNDO: La institución tiene claridad de que no hay “escapatoria” para proceder a honrar lo pertinente producto de la última revaloración salarial dada en la Fuerza Pública. La homologación es una obligación jurídica ineludible y lo que corresponde es enviar el material del caso a la Autoridad Presupuestaria (AP) del Ministerio de Hacienda, la cual se opondrá, obviamente. Pero esta es tarea de todos y de todas quienes integramos la Policía Penitenciaria, de tal suerte que habrá que salir a la calle llegado el momento preciso. ANEP dejó formal propuesta y solicitud de que se haga tal envío a la AP, pues es una decisión política del propio despacho ministerial, a lo cual se nos responderá en dos semanas.

TERCERO: Se vieron varios temas puntuales sobre controversias laborales del ejercicio de la actividad de la Policía Penitenciaria que se canalizaron debidamente y que fueron bien atendidas. En comunicación escrita (volante) de próxima entrega, ampliaremos sobre el particular.

EL RECONOCIMIENTO ECONÓMICO POR DISPONIBILIDAD. Primero, es una victoria jurídica de la ANEP, ¡inobjetable! Ahora que se va a pagar en sede administrativa, también es un logro de la ANEP. Esta historia nada ni nadie la podrá cambiar y no vamos a lucrar cobrándole un centavo adicional, más que la cuota normal de afiliación, por llevar este proceso para quienes confían en la ANEP.

El camino jurídico es la única vía en Santa Ana

Carta Abierta
Al honorable personal de la Municipalidad de Santa Ana
A nuestros respetados y a nuestras respetadas anepistas,
socios y socias de la ANEP en esta institución

Con gran respeto, les expresamos nuestro más atento saludo. La ANEP, una organización sindical de amplio reconocimiento ciudadano y con más de 55 años de existencia y de lucha social al servicio de la clase trabajadora costarricense, tiene, a su vez, una notable trayectoria en favor de los intereses reivindicativo-laborales y económicos sociales de la Municipalidad de Santa Ana, desde hace ya bastantes años.

En la más reciente lucha que nos tiene ocupado, el tema de la elevación del monto de la anualidad, la ANEP ha desplegado su accionar en varios campos; incluyendo la denuncia pública, la huelga, la difusión mediática, la movilización ciudadana y la argumentación política.

En esta lucha y luego de valoraciones compartidas en tres eventos con carácter de Asamblea General, abrimos, además, el frente jurídico. Varias son las acciones legales que se han emprendido desde la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), de la organización, designándose a dos de sus profesionales integrantes, quienes tienen la especialidad requerida en estos procesos: el Derecho Laboral. La licenciada Karen Carvajal Loaiza y el Lic. Luis Roberto Zamora Bolaños, egresados ambos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), han puesto al servicio de la causa laboral del personal de la Municipalidad de Santa Ana, afiliado o no afiliado a la ANEP, lo mejor de su conocimiento profesional y el aprendizaje obtenido de una práctica de defensa laboral que es diaria.

Las acciones jurídicas interpuestas en esta situación son:

1) Un juicio ordinario laboral para el pago del 4%. Está en espera de convocatoria a audiencia.

2) Un recurso de revocatoria, un incidente de nulidad y denuncia de actividad procesal defectuosa en contra de las medidas cautelares y la admisión de los recursos de la abogada institucional y del ciudadano señor Gutiérrez.

3) Recurso de amparo por indefensión al no dar audiencia a los trabajadores de previo a otorgar la medida cautelar. Ya presentado y en espera de resolución.

4) Recurso de revisión contra el acuerdo de crear un órgano director.

5) La presentación de una solicitud de medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

APARTE DE ESTA ACCIONES JURÍDICAS NO EXISTE NINGUNA OTRA OPCIÓN EN ESTE CAMPO JURÍDICO, TODA VEZ QUE ESTE ASUNTO HA SIDO INTEGRALMENTE ANALIZADO POR TODOS LOS Y LAS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA (UAJ) DE LA ANEP.

Por tanto, es criterio de la ANEP, político y jurídico, que ofrecer cualquier otra “alternativa” es un ENGAÑO, aunque cada quien es totalmente libre de elegir cómo defiende sus derechos. En eso no nos metemos. Siempre hemos sido respetuosos de la voluntad de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras.

En ANEP estamos seguros de nuestro profesionalismo, de nuestra ética de clase, de nuestra limpia trayectoria en la lucha social en la Municipalidad de Santa Ana y de nuestra convicción de servir y no lucrar con la causa obrera. Seguiremos adelante.

La disponibilidad sin ir a juicio

Hacemos de vuestro conocimiento la grata noticia de que se ha abierto, políticamente hablando, la posibilidad de que en sede administrativa, sin ir a lo judicial, la institución honre sus deudas por concepto de pago de Disponibilidad, derecho éste que como bien se sabe fue ganado por la ANEP, a través del juicio pionero y valiente entablado por el compañero Gerardo Cascante Vargas, Policía Penitenciario como ustedes, con el respaldo de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), de nuestra agrupación.

Efectivamente, en la tarde de este martes 22 de octubre de 2013, ante instancia de la ANEP y durante una reunión en su despacho, la señora Ministra de Justicia y Paz, Dra. Ana Isabel Garita Vílchez, expresó su voluntad política para abrir una negociación tendiente al pago de tales deudas en sede administrativa para el compañero o la compañera de la Policía Penitenciaria que así lo quiera.

Esta negociación, luego de la expresión de tal voluntad política, empezará este jueves 24 de octubre, a las 08:30 de la mañana con las máximas autoridades institucionales vinculadas a una decisión de tal calibre y que fueran delegadas por la señora Ministra Garita para tales efectos.

En el caso de la ANEP, específicamente hablando, ya tenemos en nuestro poder las primeras 506 certificaciones, individualizadas y por centro de trabajo. Los compañeros integrantes de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria y las diferentes personas delegadas de la misma, se pondrán en contacto con cada una de esas 506 personas, para orientarles sobre los procedimientos de pago, una vez que hayamos alcanzado un acuerdo al respecto, a partir de la indicada sesión de trabajo de este jueves 24 de octubre.

ANEP ha realizado cálculos preliminares de cuantificación de los dineros necesarios que el Estado deberá desembolsar por esas deudas. Para que tengamos una idea, solamente para hacerle frente a esas primeras 506 certificaciones, se necesitan unos 250 millones de colones. Indicamos que, preliminarmente, con base en estimaciones promédiales bastante conservadores. La suma podría ser mucho mayor, como será mucho mayor cuando estén listas todas las certificaciones que faltan.

Como hemos indicado, la filosofía humanista y de concepción de clase que ha animado el accionar de la ANEP durante todos los 30 años de lucha a favor de los intereses y de las reivindicaciones de la Policía Penitenciaria, reafirma nuestra convicción de que la ANEP no le cobrará un centavo a las 506 personas que depositaron su confianza en nuestra organización para estos efectos.

Solamente para que usted tenga clara la dimensión de la plata que está en juego en todo esto, si todas esas 506 personas tuvieran que ir a sede judicial y si todas esas 506 personas se hubieran puesto en manos de abogados “chupasangre”, que solamente buscan el lucro personal, tendrían que pagarle a éstos por sus servicios, unos 30 millones de colones.

Como vemos, ni un solo centavo de esos 30 millones de colones pretende la ANEP cobrar por tramitar estos 506 procesos. La ANEP no hace “negocio” con los derechos laborales. A la ANEP le basta con la confianza que como afiliados y como afiliadas le tienen a nuestra organización estas 506 personas que, inicialmente, se apuntaron con la ANEP.

Nos sentimos contentos y esperamos seguirles honrando su confianza. Luego del jueves emitiremos otra comunicación similar a ésta para puntualizar más orientaciones específicas; incluso, planteando otros temas abordados en la importante reunión con la señora Ministra Garita, a quien le expresamos nuestro mayor respeto por la alta importancia y la gran sensibilidad que mostró ante la delegación de la ANEP y sus acompañantes que estuvimos en su despacho el pasado martes 22; delegación sindical que estuvo conformada por las directivas de nuestras seccionales en la institución: ANEP-Sistema Penitenciario Nacional y ANEP-Policía Penitenciaria.

Johhny y los precios

En señor Johnny Araya
esta tan mal informado,
Que desconoce los precios
que hay en el mercado.

Así quedo en evidencia
en una conversación,
que el político mantuvo
con un medio de comunicación.

No conocía los precios
de productos esenciales,
que todos los días consumen
los sectores populares.

Como no lo tenía claro
y no podía contestar,
entonces lo que hizo
fue ponerse a batear.

Mejor hubiera dicho
que estaba desinformado,
porque eso es lo que hace
un político honrado.

Derechos Humanos y Sistema Penitenciario

La situación de profunda crisis por la que atraviesa el Sistema Penitenciario Nacional (SPN), poco a poco, va ganando espacio en diferentes instancias sociopolíticas que tienen que ver con la situación de las personas, de los seres humanos que en dos grandes bloques conviven a lo interno de esta entidad: por un lado, el personal (profesionales, técnicos, administrativos, operativos y policías); por otro, las personas privadas de libertad. A ambos segmentos se les violentan, todos los días, sus correspondientes Derechos Humanos.

Desde el sector laboral en el cual nos desempeñamos, nuestro clamor sindical ha sido sistemático y persistente. Son ya varios años de levantar esta bandera de que en las cárceles costarricenses se violentan los Derechos Humanos.

Empezamos esta cruzada cuando la actual Presidenta de la República era Ministra de Justicia y hasta le habíamos propuesto a ella, en ese momento, la realización de un “congreso penitenciario nacional”. No pasó nada. Ella se fue de candidata presidencial, se hizo presidenta y la crisis en las cárceles ha llegado al punto de virtual estallido con consecuencias imprevisibles. Pero no hemos permanecido callados.

Estamos con un nivel de hacinamiento intolerable: casi 40 % de sobrepoblación adulta y en cuanto al internamiento juvenil, los estándares internacionales aceptables en cuanto a hacinamiento, ya duplican la cifra “razonable” del 20 %.

Estos y otros datos relevantísimos sobre el estado actual del problema carcelario costarricense, se revelaron durante el evento “Congreso sobre Derechos Humanos y Prevención de la Tortura: Situación penitenciaria actual y posibles soluciones”, organizado por la Defensa Pública del Poder Judicial en asocio con el Programa para la Cohesión Social en América Latina (EUROsociAL).

Anteriormente, la propia Defensoría de los Habitantes de la República había emitido su importante y calificada voz denunciante en el mismo sentido: las cárceles costarricenses son una “bomba de tiempo”.

Tal y como se ha venido denunciando desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), los y las participantes de tan importante foro, afirman “que el Sistema Penitenciario no cuenta con el personal de seguridad, técnico y administrativo necesario para hacer frente a esta situación de hacinamiento crítico”; y “que los problemas carcelarios se han agravado progresivamente, situación que deteriora sistemáticamente las condiciones laborales del personal penitenciario, pues afecta seriamente su salud física y mental”.

En verdad, aunque la oficialidad gubernativa y el sistema político sigan con oídos sordos a este clamor laboral, sindical y ahora social, es gratificante haber levantado y seguir enarbolando las banderas en la lucha por el imperio absoluto de los Derechos Humanos en las cárceles nacionales; tanto para su abnegado y sacrificado personal, como para quienes están privados de libertad.

La altísima calidad y conocimiento del tema de las personas especialistas participantes en el indicado congreso, da muchísima autoridad moral para pasar a la fase siguiente: la movilización organizada de los dos segmentos violentados por esta grave situación. El personal penitenciario y las familias de las personas privadas de libertad, debemos juntarnos y en acción directa, para potenciar más la máxima atención de la política pública en torno a la crisis del Sistema Penitenciario Nacional.

Presentan 3 amparos a favor de policías

La diligencia de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) promovió ayer la interposición de tres recursos de amparo contra el Ministerio de Seguridad Pública y a favor de los policías.

Fueron presentados la mañana de ayer por Mainor Anchía, de la Seccional de ANEP en la Fuerza Pública, y se espera que en las próximas horas les den admisibilidad y traslado a Mario Zamora, ministro de Seguridad, para que exponga sus alegatos de defensa.

El primero consiste en que se les está violando el derecho al estudio a los policías porque les ponen trabas y les niegan la posibilidad de seguir estudiando, reglamentándose las licencias para esos casos.

Anchía manifestó que ahora quienes quieran obtener la licencia para seguir estudiando deberán tener una buena calificación de sus superiores, lo que es muy subjetivo y se presta para pagar favores o negarlos si les caen mal.

Estas licencias o permisos para estudiar son de un cuarto, media o hasta jornada completa por un periodo máximo de tres años. De esta manera a criterio de Anchía se les negaría a los oficiales el derecho al estudio solo por no ser del agrado del jefe inmediato.

El segundo recurso consiste en la violación al principio de inocencia porque se está negando la posibilidad de incorporarse al Estatuto Policial y por ende optar por mejores salarios a los efectivos que tengan procesos disciplinarios pendientes o estén bajo investigación.

A criterio de Anchía, sin haber terminado el proceso administrativo ya se está condenando, se les está violando el principio de inocencia.

“Los procesos pueden durar cuatro o cinco años, mientras tanto los policías no se pueden incorporar, y al final pueden ser declarados inocentes”, comentó.

El tercer recurso es por violación al derecho al trabajo porque a quienes no son de “la argolla” no se les permite asistir a los cursos que se imparten en la Escuela Nacional de Policías.

“A quienes lo solicitaron les rechazaron ad portas porque no son de los chineados de las jefaturas”, acotó el sindicalista.

Sobre estos temas el ministro Zamora no se refirió porque aún no le notifican los recursos de amparo.

¿Y el diálogo social por la CCSS?

Cerca de 35 organizaciones sociales, incluída la ANEP, están demostrando su preocupación respecto a la creencia que la Caja “a sido salvada” y que ya la institución no tiene ningún problema serio que enfrentar.

Este lunes 21 de octubre se realizó una conferencia de prensa en las instalaciones del Sindicato Nacional de Enfermeros y Enfermeras, para presentar cinco puntos fundamentales para seguir trabajando en el salvamento y mejoramiento de la Caja Costarricense del Seguro Social.

Un primer tema tiene que ver con las deudas acumuladas por el Estado, un eje de lucha al que nunca renunciaremos. Pero dejamos claro que, en el caso que algún Gobierno remotamente pensara en desarrollar un mecanismo para cancelar esa monstruosa deuda, nada ganaríamos con tener todos esos recursos si la realidad y la cultura institucional de servicio público de salud no varía radicalmente, convirtiendo al ser humano en su eje principal.

La Caja es presa de tres grandes conflictos de interés: uno de orden político partidario, otro de carácter mercantil y otro de perfil corporativo gremial. Si no se atacan estos conflictos de manera urgente la institución está destinada a desaparecer. Urge atender demasiados problemas como las citas en los Ebais, citas con especialistas, ultrasonidos, operaciones, TAC, mamografías, entre tantos otros, mientras que hay que atacar y erradicar los distintos focos de corrupción a nivel nacional, regional y local en la Caja. La salud es un gran negocio, y hay intereses que desde dentro están carcomiendo a nuestra querida institución.

El conglomerado social, laboral y sindical unido en esta lucha solicita la instauración de una verdadera mesa de diálogo que trascienda esta administración, enviando un claro mensaje a quien resulte electo en el 2014 para dirigir a este país. Como organizaciones merecemos respeto y transparencia, ya que nos hemos enterado de las autoridades de la Caja han instaurado, casi de manera secreta, tres equipos técnicos que analizan temas como reformas al sistema de servicios de salud, redes integradas y niveles de atención institucional.

Se está también exigiendo, de manera urgente, el auditoraje ciudadano. Las autoridades de Gobierno, y quienes salgan electas en febrero de 2014, deben impulsar las reformas necesarias a las leyes, decretos, reglamentos o instructivos con el objeto de que se incorpore la participación laboral, social y sindical en esats instancias.

Por último, es necesario transparentar el trámite que gestiona la ingeniera Dinorah Garro Herrera, para la contratación internacional de un estudio para el régimen de pensiones de la Caja; y, además, se debe apuntar a un debate integral que incorpore en el diálogo nacional para el año 2014 este régimen de jubilación, por cuanto las distintas variables de salud del país definitivamente hacen visible la necesidad de dialogar seriamente y tomar decisiones que vinculen ambos seguros.

Las organizaciones que firmaron el documento son:

Sinae, ANEP, CTRN, CMTC, SEC, SITRAPEQUIA, Coopealianza, Coopeagri, CSJMP, Coopetarrazú, UPIAV, ILCO, Sintracobal, UNAG, Upanacional, SITET, Sintrapifrut, Conges, ARSC, UNEHA, Fereprodis, Acamude, Fenatsea, Centros Agrícolas Cantonales, FECCC, Sithosajudi, Sintratafcor, Fenati, SITRAP, FENOTRAPP y Red Costarricense de Agendas de Mujeres.