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Mano negra en la Rueda de la Fortuna

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Parte de una serie importante de denuncias que se están presentando en este momento por temas relacionados a la Junta de Protección Social.

El exempleado del área de informática y tecnologías de la JPS ya está siendo investigado a fondo por la entidad y parece se le va a abrir un proceso legal penal. La manipulación del proceso electrónico que escogía a las personas que participan en el programa de premios se realizó en reiteradas ocasiones semana tras semana.

Esto indica la fragilidad de los controles y de los sistemas que tiene la JPS en relación a los procesos electrónicos de los juegos y concursos que realiza, y como esto se puede prestar para negocios tan oscuros como el lavado de dinero.

Esta investigación nunca hubiera salido a la luz pública si la ANEP no denuncia lo sucedido.

Además, estamos pidiendo investigación relacionada con los datos que parcialmente nos han llegado de que la JPS ha perdido en 27 días solamente 417 millones de colones con el tema de los nuevos tiempos y la lotería electrónica, mientras que la compañía privada transnacional GTech si está teniendo muchas ganancias con este proceso que se privatizó.

El valioso aporte del sindicalismo

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Con los dramáticos cambios a finales del siglo XIX, que trae la Revolución Industrial y un proletariado con paupérrimas condiciones de vida y trabajo, emerge el sindicalismo, que desafió el garrote patronal y el escenario productivo basado en la explotación e insalubridad en el entorno laboral.

No importan las innumerables críticas, problemas y contradicciones por las que atraviesan grandes, medianos y pequeños sindicatos, especialmente los que han sobrevivido en el sector público, la realidad es que gracias a ellos y sus predecesores nacionales e internacionales, es que se logra crear una sociedad con rostro humano en el trabajo.

Si no fuera por los sindicatos, ¿qué otro grupo hubiera luchado por la reducción de la jornada laboral, salario mínimo, prohibición del trabajo infantil, licencia por maternidad, indemnizaciones por despidos, periodo de toma de alimentos, días de descanso y normativas de salud y seguridad en el trabajo?

Seamos realistas, en la sociedad en la que vivimos, con grandes desafíos sociales y económicos en la que cada vez más se amplía la brecha entre ricos y pobres y se acentúa la ineptitud de los gobiernos en brindar alternativas capaces de conciliar diversos sectores productivos que reclaman justicia, protección, regulación y desregulación, han sido las organizaciones sindicales las que han dado la lucha por conseguir y mantener los beneficios que aportan a mejorar la calidad de vida de los trabajadores.

Si bien es cierto que algunos sindicatos pocos han cambiado sus objetivos esenciales de lucha por el respeto a los derechos de los trabajadores, sustituyéndolos por otros ajenos a los de su naturaleza histórica, también muchos se han transformado, o mejor dicho, ampliado su conflagración hacia otros temas que afectan en forma indirecta a sus miembros como la transparencia en los procesos de licitación y contratación de obras públicas, reforma fiscal, modernización de servicios públicos y apertura de mercados.

Lo importante de esta transformación lenta, pero real es que todavía no se han desvinculado de la agenda de clase, ni se han subordinado a líneas partidistas y de gobierno, porque si alguna vez lo hicieran, estarían perdidos en un profuso, proscrito y anacrónico juego que provocaría su incredibilidad y hasta su extinción.

Así como hemos dicho que no podemos satanizar las alianzas del Gobierno con el sector privado, tampoco podemos confinar el valioso aporte de los sindicatos en la búsqueda del equilibrio y la justicia social en la fuerza trabajadora. Creemos que la mayoría de los sindicatos siguen movidos por la genuina y mística razón de la lucha por los derechos de la clase trabajadora y cuando observamos que toman acciones, marchan, protestan, acusan, debaten, demandan e intervienen en asuntos que pueden afectar el equilibrio social del país, lo hacen generalmente en forma atinada.

LA PRENSA LIBRE, así como ha renovado sus páginas y secciones, renueva a su vez el compromiso de divulgar los aportes que diferentes sectores y organizaciones realizan en nuestra sociedad, destacándose entre ellos el sindicalismo, de quienes esperamos que puedan garantizar a sus representados una contienda trasparente, audaz, fuerte y solidaria para afrontar los graves desafíos que nos acechan.

La lotería impresa es nuestro mayor sustento

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Muchos están cerca de pensionarse, otros muchos recién han ingresado, otro tanto esta en el intermedio; pero algo es seguro, todos queremos y amamos a la Junta.

Como es de conocimiento de todos los funcionarios y de todas las funcionarias, existe cierta preocupación y temor a nuestra estabilidad laboral debido a los últimos acontecimientos que vienen sucediendo desde hace algunos meses.

En todos los departamentos de la institución se trabaja con la lotería impresa, desde que nace el producto en el departamento de Imprenta, pasa por Loterías, por Tesorería y llega al vendedor de Lotería para que este lo entregue al usuario.

Sin embargo, muchos de nosotros, trabajadores y trabajadoras de mandos medios hacia abajo nos preguntamos: ¿Qué sucedería si desaparece la lotería impresa?… Pues les comentamos que el 80% del personal de la institución no sería necesario. Departamentos como Recursos Humanos, Auditoría, Mercadeo, Acción Social no tendrían personal a cargo como hasta ahora, por lo que no todos serán necesarios; y sin contar los 1600 vendedores de lotería que se quedarían sin producto y, por ende, sin trabajo.

Pero, ¿por qué podría suceder esto si no actuamos ahora? No se trata de infundir temores, pero el rumbo al que se está llevando el barco de la Junta no pronostica nada bueno y eso nos lo dice la experiencia de años de estar en esta querida institución. Veamos.

Precio: Si bien es cierto el costo de vida sube constantemente, tenemos el inconveniente de que la lotería impresa no es un artículo de primera necesidad. Su costo ya no es accesible para las personas de escasos recursos, actualmente su valor es para la clase media y alta y para cierto perfil de personas jugadoras. El pensamiento del señor gerente de vender caro aunque sea poco, es lo que ha mantenido las ventas, pero ¿hasta cuándo?

Premios: Tenemos una diferencia entre los premios de los sorteos de los martes (números bajos), en los cuales invierto cuatro mil colones y gano sesenta mil colones por entero; mientras que los sorteos convencionales de los viernes, invierto los mismos cuatro mil colones y gano ciento veinte mil colones por entero. ¡Qué contradicción! (sigue…)

Destrucción y devolución de enteros: En los últimos meses se han incrementado estos dos elementos, fomentando así que los premios queden en la institución y desmotivando al consumidor como ha ocurrido con los premios más relevantes. Aunque se insista que la lotería es juego de azar, por lógica no es lo mismo un consumidor con un entero que la institución con miles de enteros para jugar.

En el Departamento de Imprenta se invirtieron, aproximadamente, dos millones de dólares con la compra de maquinaria nueva. Por un lado, podemos pensar que es para fortalecer la lotería impresa; sin embargo, se está dando una competencia desleal entre la misma institución con sus productos, dando más espacio y mejores condiciones a la lotería electrónica, de la cual con esta lotería se beneficiarían pocos funcionarios.

¿Cómo podemos colaborar con nuestro granito de arena?

La Junta de Protección Social (JPS) es una institución benemérita conocida por nuestros padres, abuelos, bisabuelos y más antepasados. Ahora nos toca a nosotros mantener este legado de años de historia.

Por más que se nos diga y se nos trate de convencer de que los actuales procedimientos, planes de premios, bajas en las rentabilidades, formas de atacar las loterías ilegales, estadísticas y muchos pretextos más, podemos decir en base a nuestros años de experiencia en las loterías, que no se están tomando las mejores decisiones para favorecer la lotería impresa. Propuestas hay muchas, pero también oídos sordos a esas propuestas.

Los invistamos a meditar, reflexionar y lo más importante tomar acciones antes de que llegue a desaparecer la lotería impresa.

Saloneros buscan apoyo en Defensoría y en Casa Presidencial

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El 10% de la factura que se nos cobra en bares, sodas y restaurantes es para los saloneros y saloneras que nos atienden. ¿Se ha puesto usted a pensar si realmente ese dinero llega a los bolsillos de estos trabajadores?

La realidad nos dice que no. Los patronos y dueños de estos negocios, por ley, son simplemente receptores de ese dinero, que se cobra en las facturas, pero les es prohibido tocar ni un sólo colón del mismo. Por supuesto esta prohibición les importa un bledo, y el 10% se utiliza para pagar proveedores, inmobiliario, platos y vasos rotos. Se reparte entre todo el personal, incluido el guarda de seguridad, y muchísimas veces sólo se reparte una parte de ese 10%, o como nos narró una trabajadora, sólo les dan el derecho de cobrar los fines de semana, el resto del dinero a la bolsa del jefe.

Este problema va acompañado de otras tantas complicaciones más, como lo que viven las saloneras, discriminadas por su condiciones de mujeres a ser las encargadas del aseo, también el no pago de horas extras, o la cotización de menos cantidad de salario en la CCSS. También los empresarios, escudados en el ingreso que implica la propina, muchas veces no pagan el salario mínimo, violentando las normas básicas de la convivencia laboral de nuestro país.

Es por esto que la seccional ANEP – Saloneros está en la búsqueda de apoyos para hacer las modificaciones legales pertinentes para que se respete de manera real su derecho a la propina. Ya han tocado la puerta de la Defensoría de los Habitantes y de Casa Presidencial. En el primer caso la misma doña Ofelia Taitelbaum les recibió en su despacho y ordenó toda una serie de acciones que incluyen un estudio de inconstitucionalidad de la ley aprobada en diciembre, que fue promovida por ANEP, pero que ahora entendemos contenía artículos que del todo no solucionaban el tema.

La primer acción prometida por la Defensoría es un llamado al Ministerio de Trabajo, que no ha accionado en ningún momento a favor de los trabajadores y trabajadoras de este gremio, sino más bien siempre apoyando al empresariado. Tanto así que el propio Ministerio contestó que no podía hacer nada por este tema, ya que la propina no es salario y que eso era suficiente justificación para su inacción.

En Casa Presidencial se les indicó que tienen varias vías para tratar de resolver este tema, como el de canalizar los ingresos por el 10% mediante el Banco Popular, y ciertas medidas de control a los patronos que estarían anunciando en una proxima reunión.

En Costa Rica hay más de 100 mil saloneros y saloneras. Ellos y ellas merecen de una vez por todas se les respete su derecho a un trabajo digno y a unos ingresos justos, con el pago de la totalidad del 10% que generan con su servicio.

Cuarto día de huelga de los vendedores de lotería

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El grupo social de vendedores y de vendedoras de lotería, el cual se ha organizado en defensa de sus derechos, de su actividad y de la propia institucionalidad de la Junta de Protección Social (JPS), promueve para este lunes 19 de agosto de 2013, una huelga contra las autoridades políticas de esta entidad; movimiento promovido a través de su agrupación gremial, Seccional ANEP-Vendedores de Lotería, adscrita a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Su movimiento se expresa en el siguiente pliego de demandas:

1) Renuncia en pleno de la actual junta directiva de la JPS, junto con la renuncia de todos los gerentes de área de institución. Le atribuyen a este cuerpo jerárquico político-administrativo, una “mala” gestión administrativa.

2) Solicitan eliminar el Decreto Ejecutivo 36595-MP-MTSS, que le permite a la JPS poner a jugar las series de la lotería no vendida o vendida en picos o partes. Es por esta situación que se le permite a la JPS dejarse, al día de hoy, casi el 30% de los planes de premios de esas loterías. En otras palabras, hemos llegado al punto en el cual la JPS se convirtió en el mayor jugador y ganador de los premios de la lotería. Siempre ha sido que las ayudas son para las instituciones de bien social y los premios para las personas que juegan para ganar esa es la lógica del juego.

3) Establecer un plan de premios estable y precios acordes a la realidad económica de país, para que las loterías de la JPS sean accesibles para toda la población y no como ahora sucede, que sólo unas pocas personas con solvencia económica tienen la posibilidad de comprar lotería; y, además, dejar el precio actual de las loterías (nacional y popular) por lo menos, por dos años, para estabilizar el mercado y devolverle la credibilidad a la institución; excepto las extraordinarias de costumbre, a un precio de 12.000 colones el entero, precio razonable y accesible para la persona jugadora.

4) Respetar los porcentajes de comisión por venta de todos los productos de la JPS como lo establece le ley de loterías, No. 8718. transitorio i.; “los vendedores de lotería que a la fecha de publicarse la presente ley disfruten de un porcentaje de descuento de un doce por ciento (12%) por la distribución de los productos de la Junta de Protección Social, en adelante seguirán recibiendo, como mínimo, ese porcentaje como un derecho adquirido. Los demás casos serán regulados según lo indicado en la presente ley”. Y, además, se exige aumento de la comisión a un 18% en todos los productos de la JPS, pues a la empresa G-Tech se le cedió un 12.79% de comisión por ventas en todas las loterías electrónicas y un 15% de comisión en las loterías instantáneas. Por el contrario, se entiende por lógica que el trabajador con más años de laborar debe de tener un mejor salario.

5) Incentivar a los vendedores de lotería, como lo establece la ley de loterías 8718, en su capítulo 5, artículos 23 y 24.

6) Se exige que las nuevas loterías electrónicas sean vendidas por vendedores de lotería, como se hacía en el pasado y con una comisión por ventas del 12% como mínimo, a tono con lo que establece la Ley 8718, en su transitorio 1. Al contrario, no en pulperías, sodas, bares, restaurantes, farmacias, gasolineras, etc., que no ocupan de la venta como medio de subsistencia como lo establece la Ley de Loterías 7395, en sus artículos 2 y 3. Igualmente, eliminar (como mínimo), el sorteo del medio día de los nuevos tiempos

7) Incentivos de jubilación para los vendedores y para las vendedoras.

8) Eliminar el sorteo de números bajos y volver al sorteo extraordinario, un fin de mes cada dos meses.

9) Devolución abierta, como en la mayoría de países con loterías del Estado.

10) Se demanda que el precio de la lotería del gordo navideño, de este año 2013, sea de 60.000 colones el entero, 1500 colones la fracción y a cuatro emisiones máximo.

11) Hacerle una modificación a la ley de Fomuvel (el fondo de mutualidad de los y de las vendedores), que faculta a la JPS para regularlo y administrarlo; y darle esa potestad a la junta directiva de Fomuvel bajo supervisión de una comisión de vendedores de lotería.

12) Aumentarles el porcentaje de ventas a los contratos de los puntos de venta con G-tech, al 12% como lo establece la ley de loterías 8718.

13) Que los actuales contratos de loterías reimpresas, sean pasados a concesión como lo establece la ley de loterías No. 7395, artículos 2 y 3, ya que los contratos, bajo el artículo correspondiente, son sólo para cuando la institución esté bajo peligro económico o se compruebe especulación de producto, lo cual no está sucediendo.

Antisindicalismo en acción en Correos de Costa Rica

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Licenciado
Álvaro Coghi Gómez
Gerente General
CORREOS DE COSTA RICA S. A.

Estimado señor:

Reciba un cordial y respetuoso saludo de parte de la Junta Directiva Nacional (JDN) de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Conocedores del proceso de formulación del Reglamento Interno de Trabajo de Correos de Costa Rica S. A. y de los avances del mismo deseamos exponerles lo siguiente:

a) En Costa Rica existe un régimen de Libertad Sindical de carácter democrático que implica la pluralidad de organizaciones sindicales, así como el derecho de las personas a constituir o afiliarse a las organizaciones sindicales de su preferencia.

b) Este régimen democrático de Libertad Sindical implica que no pueden establecerse tratos discriminatorios ni diferenciados para las organizaciones sindicales, sobre todo una organización como la nuestra con un amplio grado de reconocimiento nacional tanto como internacional en relación a la protección del Derecho al Trabajo y demás garantías constitucionales de las trabajadoras y de los trabajadores, en especial de nuestros afiliados y de nuestras afiliadas.

c) De igual forma, toda persona que haya sido electa o designada como representante sindical tiene por ley de la República y por mandato constitucional, de acuerdo a lo establecido por la Sala Constitucional, no sólo una protección especial contra actos anti sindicales y Prácticas Laborales Desleales; sino que, además, tiene derecho al otorgamiento de facilidades necesarias para el desempeño de esa representación, lo cual se expresa en nuestro respaldo técnico, jurídico y político para ejercerlo en las diferentes instituciones donde ejercemos nuestro trabajo sindical

d) La violación a este tipo de derechos y obligaciones representa una violación a la Libertad Sindical, tutelada por los convenios internacionales ratificados por el país, así como por su Constitución Política y el Código de Trabajo.

e) Participación de los y de las representantes legítimos de los trabajadores en Correos de Costa Rica en el proyecto de Reglamento Interno. Aunque la elaboración de un Reglamento es potestad del patrono, los trabajadores y las trabajadoras pueden emitir su criterio a través de los sindicatos legítimamente constituidos. De no existir los mismos, a través del Comité de Trabajadores (as) que se debe conformar en la empresa, para ese efecto.

f) UN COMITÉ NO SERÁ INTEGRADO CUANDO YA EXISTA REPRESENTACIÓN SINDICAL DEBIDAMENTE CONSTITUIDOS que representen a los trabajadores y a las trabajadoras.

g) La participación de los trabajadores en la elaboración de un “Reglamento Interior de Trabajo” se limita únicamente a integrar entre ellos, ante la presencia de un funcionario del Departamento de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), un órgano con el fin de que procedan a estudiar el proyecto de reglamento y realicen las observaciones que consideren procedentes, en virtud de que se les esté negando o lesionando algún derecho del cual son titulares.

h) Las observaciones que la parte obrera realice al proyecto se deben sujetar únicamente a aspectos relacionados con la pérdida o lesión de algún derecho obrero y no a situaciones que antojadizamente deseen incluir en el Reglamento o excluir de éste los trabajadores, pues como se indicó anteriormente, es facultad única y exclusiva del patrono la elaboración de este conjunto de normas internas.

Dicho órgano que representa legítimamente a sus compañeros, después de que reciba la copia del proyecto enviada por la Dirección de Asuntos Jurídicos, contará con un plazo de diez días naturales, para que proceda a estudiar y analizar el proyecto y haga llegar a la Dirección de Asuntos Jurídicos, por escrito y debidamente fundamentadas, las observaciones que considere procedentes; si las hubiere, y si no existen objeciones que plantear, deberá también comunicar tal situación.

Así las cosas, es claro que nuestro ordenamiento jurídico faculta el otorgamiento de facilidades a los representantes sindicales para el ejercicio de sus funciones, incluyendo la participación en el ente de revisión del Reglamento Interno de Trabajo de Correos de Costa Rica, donde se regula principalmente las sanciones a los trabajadores y, además, no deberá estar en contraposición de nuestra Convención Colectiva.

Es claro, entonces, que existe una norma jurídica que expresamente autoriza y, a la vez, obliga a los diversos entes públicos y empresas públicas, otorgamiento de este tipo de protecciones y de facilidades y que debe ser acatada por imperio del principio de legalidad, sin discriminación alguna para toda organización sindical y para toda persona que haya sido nombrada o designada como representante sindical. De no respetar la norma jurídica vigente se estará ante una grave violación del Derecho Sindical y promoviendo abierta o solapadamente “PRACTICAS LABORALES DESLEALES”.

Por todo lo anteriormente expuesto, es que acudimos a su despacho para solicitarle respetuosamente lo siguiente:

1- Se nos facilite un borrador del Proyecto de “Reglamento Interno de Trabajo”.

2- Conocedores de la norma jurídica y de nuestras obligaciones, sabemos que no puede realizar comités de trabajadores para este caso particular, cuando existen sindicatos legalmente constituidos. Por tanto, solicitamos ser convocados a estas discusiones y ser parte del órgano de revisión del mismo.

3- Que se desista de la ilegal idea de promover un “comité de trabajadores” para este y para otros propósitos que podrían tener intereses nefandos.

Esperando una positiva respuesta de su parte,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Desempleo: ¿9,6 o 18,4%?

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“Tendencias del Empleo en Costa Rica en el período 2010-2013: fortalezas y debilidades”, es el nombre de un reciente estudio dado a conocer en estos días, realizado por el Observatorio de la Coyuntura Macroeconómica, de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), indicándonos que el desempleo en Costa Rica ha llegado a la aterradora cifra del 18,4%.

No hay duda de que somos muchas las personas que hemos quedado con gran conmoción por este escalofriante dato que conmueve a la vez que indigna.

No tardó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en salirle al paso al indicado estudio refutándolo, por supuesto, con base en lo que podríamos definir como “diferencias” metodológicas acerca de cómo hay que medir lo que denominan “desempleo abierto”. Para esta entidad, la cifra oficial es de 9,6%, según el “indicador utilizado internacionalmente”.

9,6% o 18,4%, ¿qué importa? Lo que sí debe impactarnos son las personas de carne y hueso detrás de cada una de estas dos cifras. El dolor que significa para nuestros compatriotas no encontrar trabajo, ir de aquí a allá, una y otra vez, tocando puertas, enviando currículos, pidiendo cartas de recomendación, utilizar conexiones directas y/o indirectas, pedir prestado para los pases y así movilizarse; muchas horas, muchos días, muchas semanas, muchos meses, con hambre o mal alimentados…, ¡y nada!

Más allá de la controversia estadística entre la UNA y el INEC, hay una conclusión contundente: las políticas económicas-hegemónicas que sin importar los sucesivos gobiernos, están vigentes en el país, son las responsables de una u otra cifra sobre el desempleo.

Son las causantes de las frustraciones de cientos de jóvenes que a pesar de su formación técnica y/o profesional no encuentran trabajo. Son las responsables de que con base en la lógica perversa del lucro desenfrenado de estas políticas, haya costarricenses de 35 o más años ya “desechados” por el mercado laboral como “material inservible”.

Es más que evidente que el tema del desempleo es de los más relevantes de la actual agenda nacional y que debería ser tópico central de la campaña electoral para las elecciones generales de febrero de 2014. Pero esto es mucho pedir.

Con rarísimas excepciones, el “marketing” electoral vigente impide el debate de fondo y lo que uno nota en casi todas las ofertas electorales son planteamientos “light”, cuyo contenido bien podría adoptarse para la venta de cremas dentales o de electrodomésticos.

Debería tanto la UNA como el INEC convocar, de manera compartida, a las entidades sociales, sindicales y cívicas con real interés y congoja por este asunto del desempleo, a una especie de encuentro dialogal que nos ayude a entender más este flagelo social, para encontrar otras explicaciones más allá de la fría estadística; y para medir, con una perspectiva más integral, los factores sociohumanistas de la política económica excluyente y concentradora que lo provoca.

Despido en el MTSS contra nuestro Delegado Sindical

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Honorable señor Olman Segura Bonilla, Ministro,
Honorable señor Lic. Eugenio Solano Calderón, Viceministro del Área Laboral,
Honorable señor Lic. Alfonso Solórzano Rojas, Director Nacional de Asuntos Laborales
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)

Honorable señor Lic. José Joaquín Arguedas Herrera, Director General,
Dirección General de Servicio Civil
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

Estimados y respetados señores: Oficialmente y por esta vía, así habilitada la misma por disposiciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Sala IV), como opción legítima para interpelar a la Administración; acudimos ante vuestros despachos en protección de los intereses económico-sociales y reivindicativo-gremiales de nuestro asociado, el señor ROY CASTILLO LÓPEZ, funcionario en calidad de interino del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), quien ostenga el cargo de Delegado Sindical Oficial de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) para el MTSS, así debidamente acreditado ante el Departamento de Organizaciones Sociales del propio MTSS; a quien se la adelantó que no será nombrado en propiedad, precisamente por su actividad sindical en nombre de la ANEP, tal y como se lo indicó a las 8 horas y 25 minutos de la mañana del pasado viernes 9 de agosto, cuando ante su propio escritorio se apersonó la señora Eugenia Segura, Subdirectora de Asuntos Laborales del MTSS, para indicarle a nuestro dirigente sindical lo siguiente: “Roy, necesito decirle que el viernes pasado (viernes 9 de agosto de 2013, aclaración nuestra)… llegó la terna suya, y usted no venía en ella, y las tres personas que se presentaron aceptaron el puesto, por lo que se se escogió a uno de ellos… ve Roy lo que pasa por ser sindicalista, no lo enviaron en la terna…”. (la negrita es nuestra).

El Delegado Sindical Oficial de la ANEP para el MTSS, don Roy Castillo López, nos relató que la mencionada señora Segura se presentó ese viernes 9 a la oficina por él ocupabada en momentos en los cuales él atendía a la ciudadana Mayra Chavarría Benavidez, pidiéndole ella un campo antes de ésta salir y que se quedara afuera de la oficina para poder conversar con don Roy, a quien le espetó el comentario que hemos subrayado en el párrafo anterior. Don Roy percibió que tal comentario, la señora Segura lo pronunció en “forma sarcástica, mordiente y humillante, con un rostro que reflejaba la satisfacción de lo que iba a decir…”. Son las palabras que don Roy emplea en su denuncia ante esta Secretaría General de la ANEP.

Para esta Secretaría General de la ANEP la denuncia de don Roy Castillo López nos merece toda credibilidad, constantando la naturaleza de su desempeño ético como servidor público y su afán de compromiso reiterado y probado con la causa sindical defendida por la ANEP al amparo del amplio espacio del Derecho y de los Derechos Humanos para ejercer actividad sindical en este país.

Para la ANEP causa estupor que en el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), de forma tan flagrante, se manifiesten conductas antisindicales y que se utilice vilmente el Derecho Constitucional al Trabajo para “cobrarle” a uno de sus servidores su militancia sindical institucional y, su militancia sindical bajo la bandera de la ANEP. Esto inadmisible desde cualquier punto de vista y la ANEP lo rechaza contundentemente, con toda la fuerza moral, ética y política que nos asiste al respecto.

Dada la gravedad de esta situación, jamás vivida por la ANEP en sus relaciones con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), solicitamos, con suma urgencia: PRIMERO: Una audiencia con el señor Ministro y con el señor Viceministro del Área Laboral, del MTSS en el menor plazo posible. SEGUNDO: Que la Dirección General de Servicio Civil anule la terna que dejará sin empleo a nuestro Delegado Sindical don Roy Castillo López. TERCERO: Que se abra un expediente administrativo a la señora Eugenia Segura, por la comisión de Prácticas Laborales Desleales en contra de la ANEP en el MTSS. CUARTO: Que se investigue para determinar cuáles otros funcionarios, junto a la señora Segura, pudieron discutir este asunto a propósito de la terna que envió la Dirección General de Servicio Civil y si hubo algún tipo de incidencia para dejar por fuera de la misma a nuestro Delegado Sindical don Roy Castillo López.

Esta es nuestra primera comunicación oficial al efecto, sin perjuicio de abrir otras instancias y procesos, institucionales y extrainstitucionales, porque semejante barbaridad antisindical es inconcebible que suceda al interior del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Con todo respeto y vehemencia, servidor atento,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Clínica Bíblica y UNIBE se pelean privatización de EBAIS

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se muestra consternada al conocer los entretelones del pleito en desarrollo entre las entidades privadas de salud Hospital Clínica Bíblica y la Universidad de Iberoamérica, especializada en Cienas de la Salud (UNIBE); por dejarse la prestación de servicios de salud que debe brindar, de manera directa, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en las áreas de Salud de San Juan, San Diego – Concepción, de Cartago, Curridabat y Montes de Oca.

El pleito se da ante un proceso de “Contratación Directa Concursada para adquirir servicios médicos en el primer nivel de atención en salud”, en las comunidades indicadas; proceso No. 2013CD-000061-05101-

Para uno de los competidores por esta nueva privatización de servicios de salud que pretende entregar la Caja, bajo la concepción de lucro empresarial-mercantil con la medicina pública, el Hospital Clínica Bíblica, se estaría dando un favorecimiento para que UNIBE se quede con el “negocio”. El denunciante, Lic. Bernal Aragón Barquero, quien se presenta como el Director General de la “Asociación de Servicios Médicos Costarricense” Hospital Clínica Bíblica, se ha dado una “metodología inventada” que le perjudica a su representada y a una tercera en pugna competidora. Así lo indica en el oficio de reclamo que ha dirigido al Lic. Jorge Arturo Hernández Castañeda, Auditor General de la Caja, fechado 24 de julio de 2013.

La ANEP denuncia, de manera pública y vehemente, esta situación, demandando con urgencia que las máximas autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), le hablen claro al país para indicarle a la ciudadanía, hasta adónde piensan llegar facilitando más negocios privados con los estratégicos servicios de Salud que ocupa el pueblo trabajador, usuario fundamental de la Caja.

A la vez, demandamos con urgencia que se detenga todo este proceso de profundización de la privatización de los EBAIS que no es ni más ni menos que la desnaturalización de los principios rectores de la Seguridad Social a cargo de la Caja, hasta ahora centrados en la promoción de la salud como un bien de servicio público, para transformarlo en fuente de concentración de riqueza a favor de los mercaderes privados de la Salud que ya, de por sí, han avanzado bastante, a partir de otros negocios que la Caja les ha permitido en los últimos años.

La ANEP hace un llamado a las diferentes comunidades involucradas en este negocio privatizador de EBAIS y, por ende, a todas las demás comunidades del país, para que se apresten a exigir cuentas y a detener el avance del negocio de la salud con la misma complicidad de la propia Caja.

La ANEP que junto al importante Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE), vienen levantando la bandera de la salvación de la CCSS a través de la propuesta social “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”, alerta a la opinión pública, en un primer avance de esta denuncia, sobre la cual hemos de profundizar en días próximos con nuestra organización colega SINAE y con las otras entidades socioproductivas integrantes de la mencionada propuesta, todas las cuales queremos que la Caja siga siendo del pueblo trabajador y no de los mercaderes del negocio de la salud.

Adjuntamos la carta que da pie a nuestra denuncia solicitando a los diferentes medios de comunicación colectiva su imprescindible colaboración para que esta situación se ventile, públicamente, hasta las últimas consecuencias y en todas sus dimensiones: las evidentes y las ocultas. ¿Qué hay detrás del pleito entre el Hospital Clínica Bíblica y la UNIBE, aparte de transformar los EBAIS en negocio?