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Por Paola Badilla

Virginia, Vilma, Violeta, Sylvia, Simone, Pancha, Melba, Manuelita, Dolores, Chavela y Carmen son algunos de los nombres que revolotean en mi cabeza al pensar en mujeres extraordinariamente talentosas y valientes. Al escuchar una voz sublime, leer unas líneas elocuentes o admirar una escena pienso en su creación y la bravura me recorre las arterias. En nuestro continente, la historia de las Hermanas Mirabal es sin duda un ejemplo de lucha por mujeres empoderadas. No necesitaron ser panfletarias o ir de la mano de un barbudo de boina. Ellas, Patricia, Minerva y María Teresa, son una historia que debemos socializar en nuestros espacios de trabajo. Su lucha contra el régimen dictatorial de Trujillo (República Dominicana, 1930-1961) develó ante el mundo una situación de opresión que de otra forma hubiera pasado inadvertida como tantos otros hechos dolorosos de la historia de Nuestra América.

Minerva no solo rechazó la proposición machista de Trujillo en un baile siendo apenas muy joven, sino que fue más política y junto con su marido, Manuel Tabares, fundó el Movimiento 14 de Junio, como homenaje “a los jóvenes dominicanos que en 1959 desembarcaron para emprender un movimiento de liberación y fueron ejecutados”. Ella y María Teresa fueron militantes activas de este grupo. Al igual que sus esposos líderes revolucionarios, realizaron trabajos peligrosos de insurgencia, contra un gobierno déspota. Estuvieron presas y sufrieron torturas y violaciones a su integridad física, sexual y sicológica en varias ocasiones. El trabajo de la hermana mayor, Patricia, no fue tanto político, pero sí en la clandestinidad para el apoyo de los rebeldes, lo cual no le quita nada de mérito, por el contrario, la hace más humana.

Conocidas como las Mariposas, seudónimo de lucha de Minerva, las tres fueron estranguladas y golpeadas a muerte el 25 de noviembre de 1960. Aunque los perpetradores, intentaron hacerlo parecer como un accidente de tránsito, su vil asesinato llevó al pueblo dominicano a repudiar y condenar con mayor vehemencia la tiranía de Trujillo. Éste fue ultimado meses después en un atentado, como gesto reivindicador frente a la masacre de las Mirabal. El caso de estas mujeres luchadoras dominicanas puso a este país en la mira del mundo entero y llevó a elecciones libres por primera vez, aunque la represión se extendería por varias décadas más de la mano de acólitos del dictador. En 1999, se proclama el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Una cuarta hermana Bélgica Adela Mirabal, conocida como Dedé, aun cuando no militó con sus hermanas, se convirtió después del crimen en la ferviente guardiana de la historia de su familia. Sufrió persecución y se avocó a la tarea de fundar un museo para la memoria histórica del trabajo de insurgencia y cotidianidad de Las Mariposas. Asimismo, se encargó hasta su muerte, en 2014, de elevar a las heroínas de su pueblo y de su familia cada día de su vida. Su militancia re

plicó en las nuevas generaciones y su trabajo sistemático perpetuó el protagonismo heroico de las Mirabal. Un legado que también ha continuado en el papel político de sus nietos y sobrinos.

Hoy por hoy en tiempos cuando los pueblos necesitan recordar sus valientes luchas, la historia de las Hermanas Mirabal es un emblema de coraje y soberanía latinoamericana. Las mujeres de la Patria Grande debemos contar una y otra vez este ejemplo y socializarlo con nuestros compañeros y compañeras, hijos e hijas, para no olvidar que las mujeres también nos hemos ganado espacios de militancia activa.

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) no encontramos las palabras adecuadas para describir el impacto doloroso que causa a esta organización sindical y socio-obrera, la constatación de que, en 8 de cada 10 hogares costarricenses, es la desesperanza el sentimiento dominante en la convivencia familiar.

Esto luego de que se diera a conocer la más reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), la cual refleja el avance de la concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad. Así como, el pesimismo económico debido al congelamiento, el alto endeudamiento salarial, el alto costo de vida y el deterioro grave del poder de compra del salario, la inseguridad laboral; y, el crecimiento del desempleo y de la informalidad, entre otros muchos factores.

Esta reciente encuesta del CIEP-UCR, acerca de que la mayoría de los costarricenses sufre por el avance del deterioro de su situación económica, indica que en los últimos gobiernos del bipartidismo tradicional (en proceso de extinción), Liberación-Unidad (PLUSC, como el pueblo les denomina), las políticas macroeconómicas y fiscales idénticas en sus respectivos administraciones se convirtieron en un flagelo de exclusión y de dolor, aunado a una sensible desesperanza para el pueblo costarricense, especialmente su mayoritario segmento trabajador.

Hoy, al sumársele al PLUSC el gobiernista PAC, el ahora PLUSC-PAC, la situación para la gente es que se tiende a profundizar su ruta de deterioro socioeconómico, pues el autodenominado “progresista” PAC terminó en una descarada adhesión a esas políticas macroeconómicas y fiscales de resultado negativo, para la integración social, para la reducción de la exclusión social y de la desigualdad.

La gran estafa política-electoral ocurrida con ocasión de la segunda ronda de la elección presidencial de abril pasado, está representando un altísimo costo político para el propio gobierno y para Alvarado, quien lo encabeza. Las valoraciones negativas sobre uno y sobre otro formuladas por la ciudadanía son contundentes, ¡bajísimas!

Por el contrario, ambos le están quedando bien, pero muy bien, a los alto intereses corporativo-empresariales y bancario-financieros (más sus vocerías mediáticas afines); sectores llenos de optimismo en cuanto a la intensificación de su proceso de acumulación de riqueza con el combo fiscal, el expediente legislativo No. 20.580; cargado éste de elementos negativos para la gente, los cuales fortalecerán la sensación de pesimismo y de empobrecimiento para 2019, si tan detestada iniciativa de ley se materializaría en flagrante inconstitucionalidad, finalmente, pese a la consistentes tesis jurídicas al respecto, más la notable resistencia cívica.

Destaca la indicada encuesta que estos resultados representan todo un record para este tipo de mediciones del CIEP-UCR, desde que las mismas se realizan en cuanto a pesimismo sobre el futuro del país.

¡Indudablemente! Las políticas macroeconómicas y fiscales impuestas a la gente en los gobiernos PLUSC-PAC, atentan contra la Democracia misma, al excluir de la misma a la mayoría de la población que es llevada a votar, pero no a elegir.

A la gente no le queda más que defenderse a sí misma, tal y como lo han manifestado estos 73 días de Huelga Patriótica contra el Combo Fiscal.

San José, miércoles 21 de noviembre de 2018.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Muy a pesar que algunos tópicos sociales nunca pasan de moda, en las mesas de discusión y debate, ciudadano, político y en medios de comunicación; lamentablemente, no es ninguna novedad que, por más discutido que esté un asunto, no se llegue a nada. Todo aquel universo de circunstancias conexas con la seguridad ciudadana es justamente uno de estos casos. Las décadas se acumulan, las preocupaciones son las mismas, las acciones, muy pocas, y los resultados tangibles…bueno, basta con ver las estadísticas para contestar.

Son variadas y numerosas las opiniones de personas vinculadas a la materia de seguridad, que señalan, una y otra vez, la necesidad de que en Costa Rica se planteen verdaderas políticas criminológicas y de seguridad ciudadana. No obstante, parece que nuestro “país de paz” no quiere salir del letargo de negación con el que se ha disfrazado, justamente con estas tres célebres palabras. Mientras, las calles se tiñen de sangre, el crimen organizado recluta a los jóvenes, las personas caminan temerosas, se descubren cuantiosas maniobras de cuello blanco para arrebatar el dinero a un país necesitado, y los turistas comienzan a pensarlo para marcarnos como su destino favorito. Testificamos con gran expectativa el inicio del proyecto Sembrar Seguridad, impulsado a través del decreto ejecutivo número N° 41242-SP, sin embargo, parece que los engranes que mueven está bien intencionada estrategia permanecen algo oxidados, sin dejar de lado que dicha iniciativa deja por fuera un aspecto fundamental para una verdadera política estatal, el acompañamiento de los instrumentos jurídicos, para garantizar el éxito y conservación de lo alcanzado.

ANEP, obediente a su filosofía propositiva, se ha ocupado, informado e instruido, para opinar con propiedad en el estadio de interés, y, justamente en nuestra propuesta: “primer paso para la creación y aplicación de políticas enfocadas a la contención de la conducta delictiva”, señalamos como pilar fundamental el integrar una orientación normativa especializada, con aquello relacionado a la seguridad.

Sobre el proyecto de Ley Especial de Extinción de Dominio, de entrada, preocupa su aplicación jurídica, pues, aunque la intención de esta herramienta legal es indudablemente buena, rasga la línea de la infracción de derechos fundamentales. Veamos; extinguir el dominio del patrimonio de una persona, sin una sentencia firme que le acuse de la comisión de un delito, (aunque sea “vox populi” que el sujeto sea un delincuente de toda una vida) da pie para que un abogado defensor apunte a una flagrante violación a la inviolabilidad de la propiedad privada (art 46 Constitución Política), y al principio de inocencia (artículo 37 Constitución Política). Eso sin entrar a conocer toda la cascada de tecnicismos que podría alegar un profesional en derecho. Ojalá los impulsores de esta Ley, vayan más allá del populismo punitivo que corroe nuestra cultura, y tomen las previsiones necesarias para que esta necesaria iniciativa no sea derrumbada en Sala Constitucional

Justamente es en este punto en el que entra la importancia de sacar provecho a tantos y tantos debates que se originan sobre un tema, la oportunidad de integrar posiciones y juntar a profesionales pudientes. El derecho posee como apoyo a sus argumentaciones la ciencia y la técnica, es aquí donde se debe recordar que los cuerpos policiales son los verdaderos especialistas, en lo que respecta al actuar de los antisociales. Esto no solo con delincuencia común, también con el crimen organizado, indistintamente de todas sus modalidades; es menester incorporar la experticia y experiencia de todos los cuerpos policiales dentro de la “justicia penal”, tenemos la puerta para innovar y ser pioneros en un flagelo que arremete con fuerza a toda la región.

Ahora bien, las razones por las que, a pesar de la necesidad de trabajar fuerte en lo atinente a la seguridad, de impulsar con efectividad las herramientas para atrapar al individuo que se beneficia del lavado de capitales que provienen de crímenes como el contrabando, narcotráfico y hasta trata de personas, y no solo al que distribuye “producto” en las calles, escapan objetivamente a nuestro conocimiento, sin embargo, se apoderan de nosotros algunas hipótesis maliciosas que explican las causas.

Existe cierta clase política que se caracteriza por un patrón conductual (por no decir modus operandi) que se distingue proyectado al proteccionismo de algunos sectores, en tesis de principio, grandes neoliberales, en la realidad ¿Será solo eso? (Si a eso nos referimos con las hipótesis maliciosas). Oponerse por completo a que se descubra quien es la persona realmente beneficiada con las ganancias en una sociedad anónima, apuntar con el dedo, acusar de los problemas de un país a la clase productiva y privatizar servicios de seguridad en el aeropuerto, se conjugan ahora con el debilitamiento de la Ley de Extinción de Dominio, al dejar por fuera delitos de corrupción, enriquecimiento ilícito y contrabando ¿A quiénes están protegiendo señores políticos?

Defender a toda costa al sector neoliberal que busca seguir acumulando riquezas en detrimento de aquellos más pobres, es una cosa, repudiable, pero entendible. Por el contrario, estructurar movimientos para proteger a posibles infractores de crímenes que dañan a la sociedad de manera considerable (aún más que un robo o un homicidio), producen una serie de incógnitas que escandalizan sobre manera a nuestra organización. Excluir estos tipos penales de este proyecto de ley es un grito abierto y descarado, de cierta clase política, que pide no les sancionen por quitarle el dinero al pueblo, y, así mismo, resguardar a quienes realmente mueven los hilos desde las sombras, para seguir garantizándoles la impunidad de sus actos.

Una vez más, (en este corto gobierno lo hemos visto ya en varias ocasiones), presenciamos una desvergonzada acción de, reiteramos, cierta clase política, por dejar fuera del alcance de la legalidad, a sí mismos o a quienes financian las campañas políticas. Dejar por fuera de esta ley la corrupción es lo mismo que dejar la puerta abierta para que el crimen organizado busque en figuras políticas posicionadas una forma de cumplir con sus objetivos ilícitos (como ya se ha hecho antes), suficiente razón de peso para prevenir tal posibilidad, lo que obliga a cerrar rotundamente ese portillo.

Finalmente, hemos de indicar que, este tipo de acciones desnudan los verdaderos intereses que defiende esa clase política, que impulsa la impunidad de los delitos de cuello blanco, que ahora más que nunca cuestionamos si esta conducta es propia o dirigida, para pagar favores de quienes pusieron el dinero para financiar las campañas. Costa Rica, es momento de preguntarnos, e investigar, el verdadero origen de esos capitales que se una u otra forma se han puesto a disposición y ayuda de esa clase política que estamos identificando. ¡Que los hechos de políticos corruptos no se conviertan en otro tema de debate que nunca llega a nada!

Jonathan Flores Mata
Criminólogo
Directivo Nacional de ANEP
12 noviembre, 2018

Programa Horizontes: Ley de Extinción de Dominio, en Costa Rica! El Lic. Jonathan Flores, comenta la posición de la ANEP, ante la discusión del proyecto, presentado en la Asamblea Legislativa.