No habrá acción en la calle en el corto plazo contra el decretazo salarial

Nuevos elementos surgidos últimamente obligan, al menos a la ANEP, a un replanteamiento con relación a la lucha contra el más reciente “decretazo” salarial impuesto por el Gobierno al sector Público, de un 1.84%, en términos generales. Veamos:

PRIMERO: La ANEP necesita hacer un amplio proceso de sensibilización entre sus bases laborales del Gobierno Central y entes adscritos, acerca de las repercusiones del artículo 12 de la Ley de Incentivos Médicos; en el entendido de que los reajustes salariales de la administración central del Estado (tanto generales, como particulares; tanto a la base como en sobresueldos), aumentan, hasta cuatro veces más, el salario base del personal médico cubierto por esta ley; tanto de quienes laboran para el sector Público como en el sector Privado (medicina privada).

Esta situación tendrá un nuevo episodio que consideramos injusto: el próximo aumento salarial extraordinario para la Fuerza Pública, de unos 15 mil colones promedio, podría generar hasta 60 mil colones en la base de los salarios médicos de cada profesional en éste ámbito de la salud, sin que siquiera tengan que mover un solo dedo.

La estrategia es generar una corriente de opinión en nuestras bases laborales, acerca de la necesidad de “desenganchar” tal ley de las fijaciones salariales del Gobierno Central, sin afectar en un solo centavo los salarios médicos, ni en sus bases ni en sus pluses.

SEGUNDO: La agitación laboral en el sector municipal tiende a crecer, a raíz de las acciones de la Contraloría General de la República (CGR), en contra de sus correspondientes estipulaciones convencionales, en materia de reconocimiento de la cesantía de manera plena y real. Esto obliga a ponerle mucha atención a una situación de agitación laboral que tiende a crecer. La ANEP está convocando, con urgencia, para las 9 de la mañana del próximo martes 29 de febrero, una reunión de sindicatos municipales para definir acciones, entre ellas en la calle, en próxima fecha.

TERCERO: Hace falta intensificar el proceso de conocimiento de la propuesta sindical para una nueva fórmula de cálculo del incremento salarial semestral en el sector Público, misma que fuera presentada recientemente en el seno de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público; de modo tal que se tenga un amplio conocimiento de sus contenidos para facilitar procesos de movilización más conscientes y eficaces.

CUARTO: La ANEP propondrá un cambio de estrategia para la movilización en estos asuntos de lucha salarial en el sector Público; de tal suerte que la base social que pueda darle más músculo a la posición sindical en el seno de la indicada comisión, se moviliza antes y durante la negociación; no cuando ya ésta ha fracasado y se ha impuesto un “decretazo”. Esto implica negociaciones intergremiales para ver si es posible hacer un esfuerzo de nuevo tipo con ocasión de la fijación salarial para el segundo semestre del año en curso.

QUINTO: La circunstancia de que la presión sindical en la mesa negociadora haya generado un punto porcentual adicional al 1.84%, a los salarios base menores a 275.400.oo colones mensuales; en nada demerita la necesidad de apelar a la movilización social para estas y similares circunstancias. Jamás renunciaremos a la Democracia de la Calle.

Solamente que para la presente coyuntura, los elementos apuntados llevan a la ANEP a plantear que la movilización por salarios del sector Público queda como reto para la fijación correspondiente al segundo semestre de 2013.

La ANEP no firmó acuerdo en la Municipalidad de San José

Los otros sindicatos de la municipalidad firmaron un acuerdo con Johnny Araya aceptando un tope de 25 años, lo cual ANEP y la Seccional ANEP – Municipalidad de San José rechazan, tajantemente. Además, el asunto es más grave porque incluyeron en ese acuerdo espurio (ilegal) un articulado que pone en peligro nuestra estabilidad laboral, nuestro propio empleo, variando la actual cláusula 16 de la Convención Colectiva de Trabajo.

Nosotros nos mantenemos en la posición de que si debe haber tope de cesantía, éste debe de ser de 30 años para todo mundo. Y con un transitorio de cinco años para quienes estén cerca de pensionarse, de modo que pueden tener derecho a prestaciones sin tope como hasta ahora. En tal sentido, aclaramos:

PRIMERO: Ese acuerdo es ilegal, completamente ilegal al no incluir la firma de la ANEP que es sindicato firmante de la Quinta Convención Colectiva de Trabajo; pero no cualquier sindicato: es el mayoritario.

SEGUNDO: Jurídicamente hablando ese ilegal acuerdo no puede ser inscrito por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ANEP lo impugnará porque no está nuestra firma.

TERCERO: La ANEP y su Seccional ANEP – Municipalidad de San José, mantenemos el acuerdo de nuestra asamblea: 30 años y ahora, repetimos, con un transitorio de 5 años para los que estén a punto de pensionarse.

CUARTO: Llamamos a una segunda movilización, en fecha próxima y hasta la Sala Cuarta, en defensa de nuestra propia Convención Colectiva de Trabajo y, particularmente, de la autonomía municipal que nos dio el derecho de cesantía como lo conocimos hasta hoy.

QUINTO: Esta segunda movilización será en coordinación con otros importantes municipios metropolitanos y del país, para hacer más grande el impacto de nuestra lucha.

¡¡¡MANTENGÁMONOS ALERTAS!!!
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San José, martes 22 de enero de 2013.
S.G. 11-13-0787-13

Ingeniero
Johnny Araya Monge
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ

Estimado señor:

Luego de lo acontecido en los últimos días en cuanto a la lucha que vienen manteniendo los trabajadores y las trabajadoras de la Municipalidad de San José, para que se respete su derecho establecido en la Quinta Convención Colectiva de Trabajo vigente en relación a su cesantía; y con el ánimo de reflejar los deseos y las aspiraciones mínimas de los trabajadores y trabajadoras que representamos, procedemos a realizar la siguiente propuesta de modificación al indicado instrumento de negociación colectiva en cuanto al tema de cesantía se refiere:

ARTÍCULO 27: a- La Municipalidad se obliga a cancelar las prestaciones legales (cesantía) a los trabajadores que cesen funciones por:

1- Jubilación (o acogerse a cualquier régimen de pensiones).
2- fallecimiento.
3- Despido con responsabilidad patronal

El trabajador que cesare en sus funciones por cualesquiera de estas razones tendrá derecho a una indemnización de un mes de salario por cada año o fracción mayor de 6 meses de servicios continuos prestados, con un límite máximo de 30 años.

Tal indemnización, a pagar contra la partida de prestaciones legales, la cancelará la Municipalidad a la mayor brevedad posible, cumpliendo los trámites correspondientes.

La Municipalidad se compromete a que los trámites internos al respecto, se efectuaran a un plazo no mayor de 15 días, salvo en lo relativo al pago de prestaciones por aplicación del inciso 2) de este Articulo, que serán depositadas según el trámite para ello, ante la autoridad judicial competente.

Los servidores que tengan tiempo anterior laborado con la Institución y que por razones voluntarias o por despido con responsabilidad patronal y que hubiesen cesado en sus funciones sin que la Municipalidad le hubiere pagado el beneficio de la cesantía, ese tiempo anterior les será reconocido como un solo récord y considerando para el pago de ese extremo, por aplicación de cualquiera de los incisos de este articulo.- Dicho reconocimiento será por una sola vez.

b- Con el fin de hacer del beneficio de la Cesantía un derecho real; cuando un trabajador sea despedido con fundamento en las causales del Artículo 81 del Código de trabajo, cumplidos los trámites que al efecto establece esta Convención, la de Junta de Relaciones Laborales podrá recomendar al ejecutivo Municipal el pago de cesantía que se calculará a razón de un mes de salario por cada año o fracción mayor de 6 meses de servicio continuos, sin límite de años.-

Para que esta recomendación sea vinculante para el Ejecutivo, la misma deberá ser avalada por la mayoría simple de los miembros de la Junta de Relaciones Laborales presentes en la sesión en que la misma sea emitida.-

Si un trabajador despedido planteara juicio laboral contra la Municipalidad, impugnando el despido y el mismo le fuese resuelto favorablemente por los Tribunales y el trabajador decidiera reintegrarse a su puesto, en el caso de que ya hubiese cobrado el pago de la cesantía, deberá reintegrar a la Municipalidad la suma total percibida por ese concepto; caso contrario, entrará como empleado nuevo.-

En los despidos que se originen en hechos delictuosos, la Municipalidad se reserva el derecho de encausar las denuncias que considere pertinentes.

ARTICULO 28: a- El trabajador que, voluntariamente y por renuncio a su cargo, dé por concluido su contrato de trabajo con la Municipalidad recibirá como derecho por el extremo de cesantía, el 100% de prestaciones, a razón de un mes de salario por cada año o fracción mayor de 6 meses de servicios continuos prestados, con un límite máximo de 30 años de servicio. El salario mensual a aplicar será el que determine el promedio de los salarios ordinarios y extraordinarios devengados en los últimos 6 meses de relación laboral.

Para acogerse a este beneficio, el trabajador deberá tener como mínimo un año al servicio continuo de la Municipalidad.

b- El trabajador que desee ingresar de nuevo a laborar para la Municipalidad, podrá hacerlo, si existiera plaza, después de haber transcurrido como mínimo un año de la finalización de su anterior relación laboral con la Municipalidad.-

c) A los trabajadores que se acojan a este beneficio y que tuviesen tiempo anterior laborado con la Municipalidad y que hubiesen cesado en sus funciones, por renuncia voluntaria o por despido con responsabilidad patronal, sin haber percibido el beneficio de la cesantía, la Municipalidad les reconocerá ese tiempo como un solo servicio continuo, para la liquidación de ese extremo. Dicho reconocimiento será por solo una vez.

Transitorio:

1- Para todos los trabajadores que a la fecha de suscripción de la presente reforma, laboran para la Municipalidad de San José, y adquieren su derecho de pensión a más tardar el 31 de diciembre del 2018, el pago de cesantía se calculará a razón de un mes de salario por cada año o fracción mayor de 6 meses de servicio continuos sin límite de años.

No podemos dejar de lado y, por tanto, no debe ni puede desconocer la Alcaldía Municipal de San José que la ANEP es la organización sindical con mayor número de afiliados en esa municipalidad; y que, por tanto, nos cobija y nos protege lo que se establece en el artículo No. 56 del Código de Trabajo en materia de negociación de Convenciones Colectivas de Trabajo.

Asimismo, no podemos dejar de mencionar que esta propuesta se mantiene en la línea de la nota que se le hizo llegar a su estimable persona el día 17 de enero del 2012, y que iba firmada por todas las organizaciones sindicales de la municipalidad.

ANEP responde columna de Julio Rodríguez

Una solicitud de derecho de respuesta

Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

Como nos suele suceder, cuando requerimos un derecho de respuesta a raíz de un ataque de La Nación en contra de la organización sindical que orgullosamente representamos, nos pasan dos situaciones: no nos lo publican; o si tenemos la suerte de que lo hagan, mutilan el texto para que no salga integralmente como lo mandamos. Pero ni modo. Nos la vamos a jugar de nuevo sin mayor esperanza. Afortunadamente, las vías alternas existen para refutar los ya clásicos infundios de don Julio Rodríguez en contra de los sindicatos.

Empecemos. Dentro de los activos propiedad de la ANEP, el más valioso es una propiedad multimillonaria en la parte más hermosa de la famosísima playa de Manuel Antonio, en Quepos (cantón de Aguirre), conocida como una de las más lindas del mundo.

Nos falló, efectivamente, la inicial idea de un proyecto hotelero, inspirado en los valores de la Economía Social y que se promovió para beneficio de nuestra membresía y de la clase trabajadora, en general. Aprendimos mucho. Actuando con transparencia, para saber exactamente qué nos pasó, se hizo la auditoría a cargo de la prestigiosa firma Rojas Ceciliano y Asociados.

El fiscal de la ANEP, cuyo nombre no citamos, traicionó a la Asamblea General Extraordinaria de la organización que conocería de tal informe de auditoría y el mismo llegó a conocimiento de La Nación primero que a cada asambleísta que se hizo presente el pasado sábado 19 de enero en el evento indicado.

Valga indicar que las presencias en tal evento eran, en su mayoría, sumamente calificadas, pues estamos hablando de dirigentes intermedios de la agrupación; gente que, a su vez, representan a mucha gente afiliada a la ANEP.

El fiscal no llegó a la asamblea. No justificó su ausencia. Tiró la piedra y escondió la mano. Él no pidió la auditoría. Fue un acuerdo de una anterior asamblea general extraordinaria, convocada, específicamente, para analizar el proyecto.

Pretendió dañar la honra, la imagen, la credibilidad y el prestigio de la organización. Pretendió, vanamente, dañar la reputación moral de profesionales distinguidos en la vida de la organización. Intentó, también, jugar con nuestra propia honra. Él deberá responder ante los tribunales de justicia por su intento difamatorio. Si el fiscal no llegó a la Asamblea es porque sus declaraciones a La Nación, que le sirven de base a don Julio para atacar a la organización y a su actual dirigencia, están llenas de mala fe, inexactitudes y juicios de valor sumarios.

En esa información, el señor periodista don Alberto Barrantes C., en el apartado denominado por él “Fallas puntuales”, puso la siguiente frase, sumamente temeraria: “Finanzas. El proyecto no cuenta con facturas que respalden las erogaciones”. En la indicada asamblea a la firma auditoria, específicamente, se le emplazó sobre tan tajante y falsa afirmación, siendo desmentida categóricamente por el profesional presente de Rojas Ceciliano y Asociados. La firma auditora indicó, totalmente, lo contrario. Sí había comprobantes. Esta información periodística puede ser debatida en otras sedes y se está valorando, según lo determinó la asamblea.

Hay otras situaciones sobre el manejo de este proyecto que se ventilarán en sedes judiciales, vía penal y/o vía civil. Así lo acordó la asamblea previo dictamen legal, que se generará a partir del análisis del indicado informe auditor. Todas las recomendaciones de la firma auditora son de acatamiento obligatorio para la actual Junta Directiva Nacional (JDN) de la agrupación.

El proceso auditor determinó que no hubo ninguna actuación dolosa como malversaciones de fondos de ninguna naturaleza. Si alguien quiso encontrar actos corruptos, fracasó estrepitosamente. El contrato de auditoría indicó, expresamente, que si algo así era detectado durante el desarrollo del estudio, ANEP sería alertada, inmediatamente, para las interposiciones de las denuncias que correspondieran. Nada de ello hubo. La auditoría se hizo de principio a fin, de manera continua y no hubo denuncias que interponer en su transcurso.

Los y las miles de anepistas, así como la gran cantidad de organizaciones amigas de la ANEP, deben saber que la solidez financiera de la agrupación la permite salir avante de esta situación.

Además, las posibilidades de impulsar, con el aprendizaje obtenido, experiencias de desarrollo social de las potencialidades de tal propiedad, son impresionantes.

Finalmente, no vamos a comentar nada sobre las clásicas diatribas de don Julio en contra del sindicalismo. Nosotros entendemos la naturaleza de su rol amanuense. Sí nos sentimos muy tranquilos de que pagamos puntualmente todas las obligaciones de la ANEP como entidad de derecho privado que es. No hacemos vericuetos para eludir, por ejemplo, nuestras responsabilidades tributarias ni con la seguridad social. No estamos demandados por ello. ANEP está al día sus obligaciones crediticias y no usamos “información privilegiada” para intentar mejorar la situación financiera organizacional.

Como indicamos al principio, sin la menor certeza de que esto será publicado, muy atentamente nos suscribimos, Albino Vargas Barrantes, Secretario General, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), cédula No. 1-457-390.

Trabajadores municipales luchan por sus cesantías

Cientos de trabajadores y trabajadoras de las municipalidades de San José, Heredia, Turrialba y Grecia se hicieron presentes hoy en el Edificio José Figueres Ferrer, y luego en la Contraloría de la República, para repudiar una acción de inconstitucionalidad presentada por la Contralora General, Marta Acosta, contra los articulados de la Convención Colectiva de estas municipalidades que quitaban el tope de cesantía, lo que resultaba en una verdadera justicia salarial para las personas que se pensionaban con más de 20 años de laborar.

Antonio Ortiz Fiorabanti, Presidente de la seccional ANEP – Municipalidad de San José, explicó que “los trabajadores no permitiremos que nos quiten, que nos roben nuestras cesantías”.

La lucha de la Contraloría contra las cesantías es parte de toda una estrategia de homologación para abajo de los salarios del sector público, en lugar de mejorar los salarios de las personas que laboran en el sector privado, y así hacer más “competitivo” el mercado costarricense, como bien lo ha explicado nuestro Secretario General, Albino Vargas Barrantes.

Ricardo Salazar, quien formó parte de la representación de la ANEP en el gobierno local josefino que negoció la convención colectiva en los años 90, se hizo presente en el momento en que la manifestación se desplazó al edificio de la Contraloría, y recordó todos los años de lucha que tomó para poder acceder al derecho de una cesantía sin tope, y que con esta acción de la Contralora a quien se está perjudicando es a los trabajadores y trabajadoras más humildes de nuestra sociedad.

A la manifestación también se hicieron presentes compañeros y compañeras de otras municipalidades, como la de Grecia o la de Turrialba, donde están sufriendo la misma persecución a su convención colectiva de trabajo. Maricruz Durán Alfaro, Presidenta de nuestra seccional en la Municipalidad de Turrialba, cree que todo es una jugarreta de la Contraloría, tanto que los y las trabajadores tienen el apoyo de las autoridades municipales.

La alcaldía de San José ofreció a los trabajadores negociar el tope de cesantía a 25 años para los trabajadores y trabajadoras que ya están con plaza en propiedad en la municipalidad, con un transitorio de 3 años para que se puedan pensionar quienes así lo requieran sin tope en su cesantía. Además, la negociación estipulaba que para los nuevos trabajadores la cesantía quedará en 20 años. Esta oferta será analizada por la ANEP y su unidad de Asesoría Jurídica, junto con la seccional en la Municipalidad de San José, aunque la alcaldía estuvo presionando para que se firmara inmediatamente el acuerdo.

Ciudadanos con discapacidad motora, ¡a las calles!

Este martes 22 de enero, un grupo de costarricenses, personas con discapacidad, quienes para movilizarse deben utilizar una silla de ruedas, dieron una conferencia de prensa, para anunciar una protesta en las calles en próximos días; debido a serios incumplimientos por parte de varios entes institucionales que tienen que ver con la aplicación plena de la Ley 7600.

Para tales efectos, estas personas anunciarán la fundación de su movimiento al que han de llamar “Mefi-boset”, denominación bíblica en alusión al nombre del primer hijo (con discapacidad), del primer rey de Israel, Saúl.

La ANEP decidió cobijarles dentro de sus filas y les apoyará de ahora en adelante.

La manifestación convocada se realizará el próximo lunes 28 de enero, a partir de las 9 de la mañana, convocando salida frente al edificio municipal José Figueres Ferrer, de la Municipalidad de San José, bajando por la Junta de Protección Social y luego hacia los Tribunales de Justicia tomando la Avenida Segunda.

Como lo explicó nuestro Secretario General, Albino Vargas Barrantes, lo que se quiere es generar visibilidad a través de la calle y los medios de comunicación, para poder pedirle al Gobierno de la República una comisión de alto nivel que elimine las faltas a la ley 7600 en todos los ámbitos (transporte público, infraestructura adecuada, trabajo, etc.).

Roberto Sánchez, de Mefi-boset, se ha contactado con cuanta institución está para velar por los derechos de los costarricenses, Sala IV, municipalidades, la misma Defensoría de los Habitantes, y no ha recibido una respuesta satisfactoria a las múltiples violaciones a los derechos de las personas que viven con una discapacidad.

La ANEP se compromete a apoyar a este grupo de personas con discapacidad, que cada día crece más. Poner en manos de las personas nuestras herramientas de trabajo es honrar la promesa de ejercer el Sindicalismo Ciudadano.

Repudio generalizado a la propuesta de 1.84 % de reajuste

Crece indignación en la Municipalidad de San José, extendible a otros municipios por perversa decisión de la Contraloría.

Disposición a huelga del sindicato de Recope potencia condiciones movilizatorias. ANEP insiste en listado de 1.150 puestos de altos salarios.

Poco a poco, hora tras horas, va creciendo un clima de agitación laboral en el sector Público ante erráticas decisiones que se toman en las “alturas” y que atentan contra la estabilidad económica de las familias trabajadoras asalariadas de los niveles medios y bajos.

Como una ofensa a la inteligencia colectiva laboral y una burla ha sido recibida la oferta gubernamental de reajustar los salarios del personal trabajador del sector Público, en un porcentaje que, en la práctica, se convierte en 61.33 colones al día, por cada 100 mil colones de salario. El enojo y el rechazo es generalizado, provocando una profunda indignación que esperamos se materialece en movilización concreta.

La inesperada acción de la Contraloría General de la República (CGR), de cuestionar el sistema de cesantía en la Municipalidad de San José, tiene a sus tres mil trabajadores al borde de una reacción insospechada. Esta situación se agrava con la esperable reacción en cadena de otras municipalidades, empezando por la de Turrialba. Que en varios puntos del país las calles se inunden de basura, próximamente, no es descabellado considerarlo. Este lunes 14 de enero, a las 11 de la mañana, la titular del órgano contralor recibirá a la ANEP para hablar de este explosivo asunto.

Por otra parte, el anuncio del sindicato de Recope, Sitrapequia, de que podría acudir a la movilización, con paros y hasta con huelga dada la repudiada acción de la CGR, representa una circunstancia que potenciaría, enormemente, un escenario de confrontación impensado; toda vez que esta organización sindical de gran poderío por su ubicación estratégica, solamente en coyunturas especialísimas consideran el empleo de tales instrumentos de lucha obrera. Todo es cuestión de consensuar una acción articulada intergremial.

Por otra parte, la ANEP reitera el emplazamiento público para que el Gobierno de la República haga pública la lista de los 1.150 altos cargos de la tecnocracia político-jerárquica del Estado con salarios superiores a los 5 millones de colones y hasta de más de 15 millones. La ciudadanía merece saber que la malsana prédica de que los empleados públicos tienen “salarios de privilegio” es una gran mentira, pues solamente un reducido grupo de la clase política tradicional tiene salarios con esas cantidades.

Finalmente, la ANEP considera que de generarse una gran reacción laboral desde el sector Público, al combinarse estos elementos de fuerte y creciente disconformidad, ganarán gran simpatía en la opinión pública pues, en términos generales, expresan una profunda molestia por el alto costo de la vida, los abusivos aumentos en el agua, la luz, los buses y los teléfonos; así como por una sensación de corrupción creciente que empobrece a las mayorías trabajadoras del país.

Contraloría ataca las Convenciones Colectivas

Sorpresiva y arteramente, se han “aventurado” a atacar varios instrumentos de negociación colectiva vigentes en el Sector Público, básicamente en materia de derechos de cesantía, con lo cual, echan leña a la hoguera de la agitación socio-laboral, ya de por sí en fase de calentamiento progresivo. Se presume que tan provocadora gestión habría sido emanada desde la misma Contraloría General de la República (CGR), lo cual quedará claro en próximas horas.

Específicamente, se arremete en sede constitucional contra el rompimiento del tope de cesantía para quienes laboran en instituciones como las municipalidades de San José, de Santa Ana y de Turrialba; en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) y en el Consejo Nacional de Producción (CNP).

Igualmente, se arremetió en sede constitucional contra la norma laboral vigente en la Municipalidad de Aserrí que cuestiona la forma de pago bisemanal, con lo cual se pone en riesgo esta forma de retribución salarial vigente en varias de las instituciones públicas del país, destacándose el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Estas acciones de inconstitucionalidad, inspiradas en la perversa lógica neoliberal de mercado, buscan propiciar un clima irracional de reversión de derechos laborales conquistados al amparo de los principios fundamentales que consagra el ordenamiento jurídico internacional en la materia y en los propios principios filosóficos de los Derechos Humanos.

Cuando se debe suponer que la lógica de la distribución equitativa de la riqueza es, más bien, hacer avanzar la legislación laboral protectora para toda la clase trabajadora asalariada del país (tanto la que se desempeña en el sector público como en el privado); por ejemplo, ampliando, realmente, la cesantía como reconocimiento integral de toda una vida laboral, aparecen estas acciones de inconstitucionalidad que van en la dirección radicalmente contrataria: reversión de derechos.

Es más, no es descabellado afirmar que en fecha próxima también podría ser cuestionada la misma Ley de Protección al Trabajador por, precisamente, contener en su esencia la ampliación del derecho de cesantía en su concepción real, sin tope de años, aunque su rompimiento fuera de manera parcial. Un colapso financiero insospechado podría estarse incubando ya, si la lógica de las acciones de inconstitucionalidad contra el derecho real de cesantía en las entidades públicas mencionadas, llega a prosperar.

Igualmente, un verdadero caos laboral y de agitación laboral – confrontacional insospechada, serán las consecuencias de que el sistema de pago bisemanal vigente en la Municipalidad de Aserrí sea declarado “inconstitucional”. Indudablemente, la Caja quedará en la mira.

ANEP hace un primer llamado de alerta general para la movilización de calle; llamado no solamente para los colectivos laborales directamente afectados, sino los potenciales; haciendo una apelación a todos los grupos sindicales y gremiales correspondientes para aunar los mayores esfuerzos unitarios en pro de la defensa de las conquistas laborales logradas por muchos años de lucha.

En verdad, esta situación es de suma gravedad y anuncia una confrontación social abierta que será inevitable.

Propuesta Sindical sobre Ajuste Salarial del Sector Público

Doctor
Olman Segura Bonilla
Ministro de Trabajo y Seguridad Social
Integrantes del Sector Gubernamental
Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público

Estimadas señoras y señores

Las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, integrantes de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, atendiendo la convocatoria realizada por el Sr. Ministro bajo el oficio DMT-15597-2012, de fecha 11 de diciembre de 2012, para discutir sobre el tema de la “Fijación Salarial del Sector Público del Primer semestre de 2013”, nos permitimos presentar a ustedes la siguiente propuesta:

I-MANTENIMIENTO DE PODER ADQUISITIVO: AJUSTES SALARIALES BAJO UNA PERSPECTIVA DE INFLACION PROYECTADA

Considerando que:

1- El decreto que crea la Comisión Negociadora de Salarios del Sector público (CNSS), permite discutir en el seno de la misma diversos temas sobre política salarial, y una de ellos tiene que ver con los ajustes salariales por costo de vida, de carácter general, que se realizan cada semestre.

2- Según el acuerdo firmado en marzo del 2012, sigue con vigencia la forma de cálculo acordada desde el 2007, que utiliza como único criterio para fijar el porcentaje de reajuste salarial a cada categoría ocupacional, el índice de la inflación acumulada en el semestre anterior, estimado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

3- Esa forma de cálculo tiene un problema para trabajadores y trabajadoras por cuanto reciben los ajustes después de que ya han tenido que pagar los precios inflacionados en el transcurso de los meses anteriores; de manera que cuando se les aplica el reajuste salarial en realidad se está restituyendo el poder adquisitivo que tenía el salario seis meses atrás y, en cambio, sus salarios empiezan a perder el valor real por las nuevas alzas de los precios que afrontaran durante el semestre siguiente. Así, esa forma de reajustar los salarios o devolverles el poder adquisitivo, incurre en una especie de círculo vicioso en el que los salarios reales siempre van a la zaga de los precios.

4- Para evitar las pérdidas que ello conlleva es preciso entonces establecer una nueva forma de ajuste y para ello proponemos la utilización del concepto de inflación proyectada, (por supuesto que en el documento de propuesta 2010 sobre política salarial, mencionamos otros dos instrumentos, uno el mixto y otro de indexación mensual) y en ese caso teniendo en consideración las proyecciones del Banco Central, para el semestre que se quiere ajustar el salario.

5- Lo anterior implica también que en la primera oportunidad de aplicación de inflación proyectada es de vital importancia que se ajuste también el porcentaje de la inflación acumulada del semestre anterior.

II- CRECIMIENTO DE SALARIO REAL: AJUSTAR ANUALMENTE UN PORCENTAJE DEL CRECIMIENTO DEL PIB

Considerando:

1- Es de suma de suma importancia, tal y como lo hicimos ver en el documento de Política Salarial presentado en agosto del 2010, construir un mecanismo que fortalezca el poder adquisitivo de los salario, dentro de una política de salarios crecientes.

2- Un importante mecanismo para lograr el incremento real de los salarios es la utilización del crecimiento anual del PIB como criterio para calcular los ajustes salariales, de manera tal que el incremento de la producción también se refleje en componente salarios.

3- Para las organizaciones sindicales cobra gran importancia el mecanismo que utiliza el Consejo Nacional de Salarios, para el caso del sector privado. Para éste último sector se parte del crecimiento promedio del PIB per-cápita promedio de los últimos 5 años, a cuyo porcentaje se puede aplicar, mediante la vía negociada, desde un 20% a un 40% del incremento de ese índice; bandas entre las cuales los sectores tienen margen para negociar.

III- UN AJUSTE EXTRAORDINARIO A LOS SECTORES NO PROFESIONALES MIENTRA SE REALIZA UN ESTUDIO DE MERCADO SOBRE DICHAS CATEGORIAS OCUPACIONALES

Considerando:

1- A principios del año 2009, La Dirección General de Servicio Civil, mediante Oficio SI-233-2008 del 12 de diciembre de 2008, presentó ante la Comisión Negociadora un importante estudio de mercado sobre los estratos operativos, administrativos y técnicos, el cual había sido solicitado por el sector laboral. En dicho estudio se reflejó una importante brecha entre los salarios de estas categorías y los de las categorías profesionales, lo que motivó, en aquella oportunidad, la decisión de realizar un ajuste salarial del 4.88%, mismo que en la práctica estuvo muy lejos de resolver el problema existente, dada las diferencias tan abismales.

2- Es de de vital importancia la actualización del estudio en mención o bien tomar un acuerdo para que la Dirección General del Servicio realice un nuevo estudio, que le posibilite un diagnóstico efectivo a la Comisión para poder de esa manera definir la forma de resolver las brechas salariales existentes.

3- Por las razones anteriores se requiere que mientras se actualiza o realiza ese nuevo estudio, se haga un ajuste técnico a los estratos mencionados.

IV ACTUALIZACIÓN PERCENTILES

Durante varios semestres las organizaciones hemos insistido en la urgencia de que se actualice el ajuste al percentil 50 para los profesionales del Gobierno Central e instituciones homologadas al Régimen de Servicio Civil, a efecto de evitar el ensanchamiento de la brecha con el resto del sector público.

POR TANTO SE PROPONE

A- Ajuste por aplicación del nuevo mecanismo

1- Establecer como componente adicional de la forma de cálculo para los ajustes de salario semestrales futuros el mecanismo de inflación proyectada según proyecciones del Banco Central. De acuerdo al criterio de dicha institución para el I° semestre del 2013, el IPC se calcula en 2.47%.

2- Para el 1° semestre de 2013, se aplicará también un ajuste a los salarios base, proporcional a la inflación ocurrida entre julio y diciembre 2012, es decir la inflación real acumulada de dicho semestre, la cual de acuerdo a los datos proporcionados por el INEC, alcanzó el 1.84%.

3- Para el II semestre del 2013 y sucesivos, se ajustará también las diferencias superiores que se produzcan entre la inflación proyectada por el Banco Central y la realmente ocurrida según datos del INEC.

4- Para el I Semestre 2013, se aplicará un 0.46%, equivalente al 20% del crecimiento del PIB per cápita, que de acuerdo al Banco Central fue del 2.33%

El ajuste total considerando los tres componentes equivale a un 4.77%

B- AJUSTE TECNICO A LOS ESTRATOS OPERATIVOS, CALIFICADO Y TECNICOS

Aplicar en el presente semestre un ajuste técnico equivalente al 5% del salario base de las diferentes categorías de dichos estratos

San José, 10 de enero de 2013.

CONFEDERACION DE TRABAJADORES RERUM NOVARUM, CTRN
CENTRAL MOVIMIENTO DE TRABAJADORES COSTARRICENSCES, CMTC
CENTRAL SOCIAL JUANITO MORA PORRAS, CSJM
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
CONFEDERACIÒN COSTARRICENSE DE DE TRABAJADORES DEMOCRATICOS, CCTD
CONFEDERACION GENERAL DE TRABAJADORES, CGT
CONFEDERACION UNITARIA DE TRABAJDORES CUT
SINDICATOS NO CONFEDERADOS
ASOCIACION NACIONAL DE EDUCADORES, ANDE
ASOCIACION DE PROFESORES DE SEGUNDA ENSEÑANA, APSE

La urgente necesidad de la comunicación asertiva

Comunicación asertiva, expresar aquello que necesitas, sientes y piensas y obrar en consecuencia, sin una excesiva pasividad o mucha agresividad, es también “saber decir las cosas”, o en el otro extremo, “no dejarse avasallar”, y nos referimos normalmente a ser capaces de pedir lo que es nuestro, lo que es justo, sin necesidad de pasar por encima de la integridad de nadie, tampoco dejar de decir lo que realmente pensamos por miedo a la reacción de los demás.

La asertividad en la comunicación está acompañada necesariamente de inteligencia emocional, complementado de un adecuado nivel de madurez, que permita mostrar claridad sobre los objetivos o necesidades, sin ser agresivo, diríamos manejar el punto de equilibrio entre deberes y derechos.

Con esta claridad, sin atacar directamente a nadie, sino procurando que cada quien asuma el “mea culpa” es que venimos señalando nuestra verdad, según el criterio y la lectura que hemos formado de las diferentes situaciones que requieren de ser mejoradas en nuestra querida Fuerza Pública, sin llegar a decirlo todo, manteniendo en reserva ciertos temas por una cuestión de ética y de asertividad, reservamos las líneas críticas a un nivel de procurar la reflexión y necesaria concientización sobre lo que consideramos nuestro aporte.

No es de interés nuestro generar confrontación, sin embargo, hemos de decir que conocemos detalles que nos permiten los fundamentos elementales para “defender” nuestras posturas, es claro que esta necesidad de comunicación conlleva un riesgo, por cuanto a muchos no les gustará nuestra forma franca y honesta de decir las cosas, mas sin embargo, esta es una condición que entendemos y tenemos clara, significa asumir las consecuencias de un llamado de ser la “voz” de aquellos que por temor, o por cualquier otra razón no logran manifestar sus opiniones.

La comunicación se fundamenta en el derecho inalienable de todo ser humano a expresarse, a tener una manera propia de pensar sentir y actuar, en este sentido hemos sido responsables en la comunicación de ideas en procura de aportar ideas dentro una institución que debería modificar su verticalidad, donde se dificulta la participación y la generación de propuestas, en donde nos percatamos de situaciones individuales y grupales que requieren de urgencia una adecuada atención.

Nos referimos a situaciones de algunos malos ambientes de trabajo, nos preocupamos de personas que deben someterse a “mandos”, sin capacidad de comunicación, inclusive capaces de provocar malestar en el más humilde y noble de los seres, y sencillamente porque se tiene una posición de “poder”, no así de liderazgo ni mucho menos, y entonces como he de callar esto, si estoy viendo compañeros y compañeras “víctimas” de un sistema absolutista, arcaico y retrógrado, sistema compuesto por personas que no comprenden que desde su posición tienen la oportunidad de contribuir al crecimiento individual y colectivo de su personal, que algunas veces dejan de lado el que detrás de cada uniformado, está un ser humano con familia y con necesidades.

Como callarme, (seguramente algunos quisieran aplicarme la ley mordaza) mientras cada día percibimos un aumento en la desfachatez, con situaciones que ya no generan asombro, sino mas bien malestar, he de decir que dentro de nuestra inteligencia y equilibrio emocional, nos apartamos de aquellas manifestaciones irrespetuosas e irracionales, como también tenemos claro que nuestra proclama o ideal es la defensa de la justicia y de las causas justas en favor de la colectividad, jamás defenderemos situaciones que riñan con esta proclama o provengan de actos de corrupción.

Las Fuerzas de Policía Civilistas, somos instrumento de protección para la ciudadanía, pero además somos parte de la ciudadanía, gente en su mayoría de pueblo, parte de la clase trabajadora que lucha por mejorar su calidad de vida y nivel de profesionalización, el ejercicio de esta función implica directamente una gran responsabilidad y definitivamente requiere de una mejor comunicación entre sus diferentes actores.

Si bien algunas cosas se han mejorado, falta muchísimo para llegar al nivel de atención necesario, debe frenarse la destrucción de hogares que tiene como uno de sus factores principales el desarraigo familiar, debe velarse por la salud emocional de los y las policías, urge la motivación, la sana competencia y el equilibrio en todos sus extremos.

“No es suficiente que hagamos lo mejor; a veces tenemos que hacer lo que se requiere que hagamos, no es grande aquel que nunca falla, sino el que nunca se da por vencido”.

ANEP consternada por la injusta muerte de los dos oficiales de la Fuerza Pública

Dejamos constancia por esta vía del triste pesar que embarga a nuestra organización por la injusta muerte de los destacados servidores de la Fuerza Pública, ciudadanos trabajadores JESÚS PERAZA GARRO y JUAN CARLOS JIMÉNEZREZ, quienes en cumplimiento de su deber fueron víctimas del flagelo de la delincuencia criminal que conmueve a la ciudadanía honesta.

Nos solidarizamos con las familias dolientes a quienes les hacemos llegar el más sincero pesar, rogando a Dios, El Creador, que les brinde la fuerza suficiente para sobrellevar tan inmenso dolor.

El sacrificio de las vidas de estos dos trabajadores de la Fuerza Pública de Costa Rica, especialmente por las circunstancias que mediaron para ello, debe abrir un profundo ejercicio de reflexión desde las esferas gubernamentales y desde la propia sociedad, acerca de cuáles son, hoy en día, las condiciones que se bridan a quienes deciden sumarse a dicho servicio público, sabiendo que sus vidas están en inminente peligro, a toda hora y todos los días.

Las jornadas extenuantes, el desarraigo familiar y social, el alto endeudamiento salarial, las agresiones psicoemocionales y físicas, la presión civil cotidiana entre otros factores, obligan a tomar decisiones estratégicas en materia de reivindicación salarial plena, en materia de salud ocupacional, así como también de posibilidades indemnizatorias realmente sustanciales por daños físicos y psicológicos y hasta por la pérdida de la vida como en estos dos tristes casos. Todo ello debe someterse a una profunda revisión.

De manera lamentable y censurable, el presente Gobierno no hizo un esfuerzo verdaderamente sincero y efectivo, para reivindicar en toda su dimensión, vía un reajuste salarial digno, a la inmensa mayoría del personal de la Fuerza Pública de Costa Rica, tal y como era la gran expectativa que a éste se le creó, de manera irresponsable.

Por el contrario, sí se dio una sustancial mejora, altamente significativa, para la estructura jerárquica de los mandos medios y superiores (lo cual vemos positivamente); pero que, conflictivamente, hace que hoy en día tengamos “dos” Fuerza Pública: la que gana bien, pero muy bien (que es la minoría); y la que gana mal, pero muy mal, la inmensa mayoría. Á esta pertenecían los servidores caídos en cumplimiento de su deber.

A fin de que las vidas de JESÚS PERAZA GARRO y JUAN CARLOS JIMÉNEZREZ no se perdieran en vano, como organización a la cual está afiliado un importante número de servidores y de servidoras de la Fuerza Pública, la ANEP renueva su compromiso para levantar las banderas de su plena e integral reivindicación, incluyendo la salarial, sin demagogias ni oportunismos.

San José, miércoles 9 de enero de 2013.

Máinor Anchía Angulo
Policía de la Fuerza Pública
Directivo Nacional ANEP-Fuerza Pública
Celular No. 86 26 25 57

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP