El caso de los salarios de los profesionales cobijados por la ley 6836

El Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE); ha venido analizando los distintos enfoques que sobre el tema han surgido y en este sentido considera:

1- En primera instancia dejamos claro que el SINAE no cuestiona los salarios de los Profesionales en Ciencias Médicas y los de otros gremios que se han venido adhiriendo a la ley 6836.

2- Reivindicamos el esfuerzo humano y económico que hacen por el estudio los servidores/as del sector salud y en especial el de los médicos. Pero creemos fervientemente que la excelencia académica, la profesionalización y la continua actualización científica del recurso humano debe generar un mejoramiento y un impacto positivo real en los servicios de salud públicos que brinda la Caja al pueblo. Este es uno de los mecanismos ideales para rebatir la tesis de que los servicios públicos son malos y es una arma poderosa para la defensa de la seguridad Social, ya que la mirada del pueblo sobre la Caja se cargaría de positivismo.

3- Es sano transparentar ciertos aspectos que solo conocemos los que estamos adentro y nos atrevemos a decir la verdad, lo cual puede ser descalificado con calificativos poco decentes o expresiones fuertes y delicadas, pero grotescas en el fondo, que solo buscarán distraer a la gente del problema que nos atrevemos a plantear. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de un microbiólogo, una nutricionista, un profesional en enfermería, un auxiliar de enfermería, un asistente de pacientes o en general de casi toda la planilla de la Caja, que otorgan su jornada laboral completa a la seguridad social y marcan religiosamente su entrada y salida. Situación que no sucede con el gremio médico en general y cuyos casos son un mal endémico mayor para un grupo pequeño y selecto de médicos especialistas, que nada, ni nadie los controla.

Este descontrol administrativo corroe los cimientos de nuestro sistema de salud y enturbia la mirada del pueblo para con la Caja cuando un paciente espera largo tiempo en la consulta externa y ha sido citado a una hora y es atendido dos horas después, cuando solicitan un examen de diagnóstico complejo o peor aún esperan una cirugía. Esto debe cambiar y además esto no es hablar de salarios o incentivos, es decir, el profesional debe ganar como tal, pero debe mejorar su trabajo para con el patrono (pueblo); que es el que financia con impuestos y el pago de sus cuotas el seguro de salud, que es de donde se financia su salario.

O sea, ganar bien no es el problema, el tema es que no se puede servir a dos amos, a la medicina privada y a la pública a la vez, eso debe empezar a cambiar y el cuerpo médico del país tiene la palabra en este tema, ya que más allá de tener engrosada la billetera, la chequera, la cuenta bancaria o muchas tarjetas, es un deber humano y cristiano servir con ética a la seguridad social entendiendo que esta es una manera de luchar contra las fuerzas mercantilistas que ven en la salud un sello de colones o dólares exclusivamente.

4- Más allá de los argumentos legales que hasta ahora han sido utilizados con suma astucia política y que establecen “que estamos en un Estado de derecho”; buscando sustentar la legalidad de la Ley que cubre al cuerpo médico y otros profesionales, debe quedar claro que este es solamente un eje por el cual inteligentemente se trata de manejar el actual debate, siendo lo cierto, que este manejo jurídico no debe servir de excusa para que la gran masa salarial del país haya realizado en los últimos 25 años luchas justas por salarios y estas hayan servido para que un grupo muy reducido de Profesionales respetables se haya beneficiado sin asolearse lo necesario. ASI NO SE VALE.

Ya que este grupo ha sorteado fácilmente todas las etapas más duras de crisis económicas por las que ha transitado el país en los últimos 25 años (las razones y los culpables de las crisis no están en debate ahora) pero dicho en sencillo, desde que se creo la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (a la cual nunca han asistido hasta donde conocemos, representación de los Médicos, ni otros profesionales adheridos a esta ley); casi todas, por no decir que todas las negociaciones surgidas de huelgas y movilizaciones o bien los decretos de Gobierno en el tema salarial han beneficiado a este grupo, sin que hayan tenido que salir a las calles a exigir justicia y aumentos salariales dignos. ESTO NO PUEDE, NI DEBE SEGUIR ASÍ.

5- Rechazamos de antemano cualquier intento que busque descalificar nuestra visión, tratando de hacerla ver como traición o renuncia a las elementales ideas que profesa el sindicalismo, puesto que decir, la verdad es un principio bíblico para millones de seres humanos y revolucionario para otro tanto. En razón de tal principio dejamos establecido que tenemos pleno conocimiento y claridad que el abordaje y posible solución de los salarios que surgen de la ley en cuestión no implica sanar los problemas estructurales generados por un enfoque de desarrollo neoliberal, ni solucionar el avance exponencial de la pobreza con su consecuente efecto de concentración de la riqueza y mucho menos aún reformar una estructura tributaria regresiva y antiobrera, solamente decimos que no es justo que casi todo la población económicamente activa, o por lo menos una buena parte de esta, siga llevando la peor carga en los peores momentos de vacas flacas solamente por el pecado de no ser profesionales.

6- El SINAE aboga porque el Gobierno de la República y demás autoridades implicadas en este tema, concreten acciones que tengan por objetivo romper el vínculo legal entre la ley de los Profesionales y el resto de trabajadores/as NO PROFESIONALES. Y debe entender el gremio profesional y de igual forma la gran mayoría de la masa trabajadora no profesional que más allá del debate legal, este tema contiene elementos éticos, morales y de justicia social y cristiana.

Debe quedar claro que el hecho de haber planteado el tema nunca tuvo, ni tiene como fin crear enemistades sociales y humanas ya que entendemos claramente que la verdad es un ingrediente esencial para convivir en armonía y sentar las bases para mejorar la justicia y la equitativa distribución de los recursos es un acto que tiene absoluta coherencia y esta cargado de valentía.

7- Somos del criterio que los profesionales y en especial los médicos (que en su mayoría laboran para la CCSS); deben empezar a valorar seriamente dos temas: A) Acceder a marcar su tarjeta de entrada y salida al trabajo como lo hacen todos los mortales; B) plantearse seriamente empezar a laborar religiosamente los tres turnos hospitalarios como lo hacen la mayoría de los seres humanos que laboran para la CCSS. Esto puede conllevar a dar pasos efectivos en la eliminación de las listas de espera en cirugías, exámenes de diagnóstico y citas con especialistas. Tema que requiere una revolución interna dentro de este gremio como señal de reanudar y robustecer su compromiso ético y moral con un pueblo que financia su sustento con impuestos y cuotas a la seguridad social y por otro lado implica que el Gobierno y las autoridades de la Caja asuman la cuota que les corresponde para promover UN NUEVO PACTO SOCIAL EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL.

8- Para finalizar decimos que observamos tres salidas concretas en este tema:

A) La primera es que los representantes de los gremios médicos decidan de manera ética y moral iniciar conversaciones con las autoridades competentes (según lo mencionó el Presidente de la Unión Médica en la entrevista en Telenoticias), para lograr desenganchar la normas de los profesionales de los no profesionales.

B) La segunda sería una posición radical del gremio médico, que al verse atrincherado por las circunstancias de la coyuntura actual, decida hacer un llamado a un movimiento de huelga a sus agremiados/as, para lo cual de manera inteligente tratarían de involucrar a otros sectores para que les ayuden a enfrentar el momento y así repetir de nuevo la historia de los últimos 25 o más años, GANAR sin salir asolearse lo justo en la calle.

C) Y la tercera sería que los sindicatos en general promuevan una gran huelga nacional para que se aplique la fórmula de cálculo de los profesionales cobijados por la ley 6836 a todos/as los/as trabajadores/as del sector público y privado. Salida que al final sino cambian las reglas del juego actuales en lo jurídico, terminaría la dirigencia sindical llevando a un ejercito NO PROFESIONAL a una guerra que terminará ayudando a un sector profesional que muy pocas veces pone la carne en el asador.

En todos casos la decisión esta en manos del Gobierno, de los representantes de los gremios médicos y del resto de dirigentes sindicales del país.

DECIR LA VERDAD ES UN ACTO RIESGOZO, PERO SI TIENE COHERENCIA Y BUSCA PROTEGER A LAS MAYORÍAS, ES UN ACTO QUE TIENE EL VISTO BUENO DEL CREADOR.

Yolanda Tenorio González
Secretaria General SINAE

Juan Carlos Durán Castro
Representante Sindical SINAE/CTRN

Relanzan cátedra de análisis político en la ANEP

La ANEP está iniciando una serie de espacios de formación, impulsados por la Unidad de Capacitación y Formación Político Sindical, de reciente apertura, y coordinada por la compañera María Laura Sánchez Rojas.

Entre espacios de capacitación más formales, dedicados exclusivamente para nuestras seccionales, se insertan coloquios, mesas redondas, cine foros y clases magistrales, entre otros, bajo la Cátedra Mario Alberto Blanco Vado, que iniciará el próximo miércoles 6 de febrero, a partir de las 5 de la tarde, con la charla: “El papel del sindicalismo en la sociedad costarricense del siglo XXI”, facilitada por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP.

Les invitamos a todos y todas a hacer suya la Cátedra, como un espacio para el crecimiento político y sindical.

*Objetivo General: *

Facilitar por medio de la Cátedra Mario Alberto Blanco Vado, formación político-sindical sobre el quehacer sindical, realidad nacional y global, a nuestra membresía para un mejor desarrollo de su trabajo sindical.

Objetivos Específicos:

  • Brindar herramientas básicas de formación ideológica a las personas afiliadas de ANEP.
  • Aportar para el análisis de coyuntura en lo nacional y en lo global.
  • Fortalecer la acción sindical de las personas afiliadas de ANEP.

Justificación:

Como parte de las actividades de la Unidad de Capacitación y Formación Político Sindical (UCFPS) y ante la importancia que reviste la formación político-ideológica y por lo tanto la sensibilidad social; así como la obligación de nuestro sindicato en la formación sistemática de su membresía, teniendo claro que el tema de la educación sindical es pilar fundamental de toda organización y en nuestro caso específico tal y como lo plantea el horizonte utópico “La transformación de la sociedad, en aras de hacerla más justa, democrática e incluyente en todas sus dimensiones: económica, ambiental, política y sociocultural”; se retoma la idea de organizar charlas, conferencias, análisis de coyuntura y cine-foros, de manera que contribuyan al desarrollo de las personas afiliadas a nuestra organización ante la arremetida de la clase dominante por medio del aparato mediático que un día sí y otro también direccionan al desprestigio de la organización social y particularmente de los sindicatos; esa situación nos obliga a prepararnos para poder desde nuestra realidad combatir esos discursos que mancillan nuestra acción sindical.

Como parte de esa tarea necesaria es que hemos organizado un ciclo de charlas, conferencias, documentales, análisis de coyuntura y cine-foros, con el fin de desarrollar y fortalecer nuestro trabajo sindical y social; dirigido a toda la afiliación a ANEP.

Metodología:

Este ciclo se desarrollará de forma alterna entre charlas, conferencias, análisis de coyuntura, cine-foro y documentales; se invitará a una persona que ofrezca la charla, así como a personas comentaristas de las películas y documentales y a partir de ahí se genere la participación con intercambio de opiniones, comentarios y preguntas de las personas afiliadas asistentes.

Las actividades se realizaran los días miércoles de semana por medio a partir de las 5:00 p.m. en la sala de sesiones de Junta Directiva Nacional (JDN).

Primer Encuentro:

“El papel del sindicalismo en la sociedad costarricense del siglo XXI” Facilitada por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP. Miércoles 6 de febrero de 2013.

Manifiesto jornada de lucha personas con discapacidad

San José, lunes 28 de enero de 2013.

Señores y señoras
Oficina de la Iniciativa Popular
ASAMBLEA LEGISLATIVA

Muy respetables señores y señoras:

Como ciudadanos y como ciudadanas costarricenses, personas con discapacidad, nos hemos unido en torno al Movimiento “Mefi-Boset”, con el apoyo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP); a fin de que en nuestra Asamblea Legislativa y por vía de la Oficina de la Iniciativa Popular, se proceda, con urgencia, a emitir diversa legislación que haga avanzar nuestra plena reivindicación de derechos como personas con discapacidad, con miras no solamente a una real aplicación de los contenidos de las leyes 7600 (Ley de Igualdad de Oportunidades), así como la 8661 (Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad); sino a profundizarlos y a sancionar, con drasticidad, sus incumplimientos. Al respecto, solicitamos ayuda para:

1. Establecer disposiciones legales sancionatorias, tanto institucional como individualmente, a la Aresep, de conformidad con el artículo 46 Bis de la Ley No. 7600; por autorizar aumentos en las tarifas de buses sin que éstos muestren las adecuaciones y adaptaciones para facilitar el transporte de personas con discapacidad.

2. Establecer disposiciones legales sancionatorias en el caso del proceso de la revisión técnica vehicular, cuando sus encargados “se hacen de la vista gorda”, en fiscalizar el buen cumplimiento de la ley 7600, tratándose de unidades de buses, básicamente.

3. Desentrabamiento al proyecto de “Ley de Autonomía Personal” (expediente legislativo No. 17.305), a fin de facilitar más dignidad, más autonomía y más autodeterminación en su diario vivir a la persona con discapacidad.

4. Modificar el contenido del expediente legislativo No. 18.516, de modo que en el seno directivo del Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE), tengan asiento las personas representantes reales de la sociedad civil organizada de las personas con discapacidad.

5. Modificar el párrafo segundo, del inciso j), del artículo 8, de la Ley No. 8718, de la Junta de Protección Social (JPS); a fin de que sea esta entidad la única que maneje y administre todo el dinero que debe destinarse a las personas con discapacidad; puesto que la parte del mismo que se transfiere al Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven, se viene quedando “engavetado”, no se ejecuta, llegándose al colmo de acumular hasta 3 mil millones de colones que sí serían bien usados en manos de la JPS.

San José, lunes 28 de enero de 2013.

Movimiento “Mefi-Boset”
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Personas con discapacidad
Petición pública

PRIMERA: Dignificación y real respeto; trámite y aplicación verdaderos, con relación a los recursos que interponen las personas con discapacidad, ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

SEGUNDA: Más agresividad, más contundencia, más eficiencia y más eficacia por parte de los gobiernos locales (municipalidades), para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones que todas las demás; al entorno físico, el transporte, la información y la comunicación.

TERCERA: Pedimos una comisión de alto nivel, impulsada desde el Ministerio de la Presidencia, para involucrar en una acción de política integral en favor de las personas con discapacidad y con base en la necesidad de una aplicación estricta de las estipulaciones legales que les protegen; así como para el impulso hacia la adopción de otras reformas legales y reglamentarias derivadas de las mismas; comisión que debería tener representación, al menos, de las siguiente entidades:

1. Ministerio de la Presidencia
2. Ministerio de Salud
3. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
4. Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE)
5. Consejo de Transporte Público (CPT)
6. Aresep
7. Riteve
8. Municipalidad de San José
9. Organizaciones legítimas de la sociedad civil de personas con discapacidad.

Movimiento “Mefi-Boset”
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Cuentas claras tras Asamblea de ANEP

El pasado sábado 19 de enero, cientos de anepistas (básicamente, dirigentes de las diferentes seccionales de la organización), se citaron en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor), para conocer el informe de la auditoría externa, contratada por nuestro sindicato por mandato de anterior Asamblea General; informe expuesto por la empresa Rojas Ceciliano y Asociados (reconocida firma en su campo), sobre lo sucedido con la gestión que se impulsara para la realización del proyecto “Hotel y Centro de Convenciones El Tití”.

“El Tití” fue el sueño no cumplido de nuestro sindicato, de darle a nuestra afiliación un lugar digno y de primera calidad para vacacionar, en los terrenos que posee la ANEP junto al Parque Nacional Manuel Antonio: una de las playas más lindas del mundo. Dicho sueño se vio cortado por decisiones mal tomadas y por la inexperiencia de las personas involucradas en el proyecto.

El informe de auditoría deja claro esto, pero sobretodo deja claro que las patrañas, las mentiras y las acusaciones de robo y malversación de fondos por parte de la dirigencia de la ANEP, y especialmente de nuestro Secretario General, Albino Vargas Barrantes, eran completamente falsas. En ANEP nadie se robó un cinco del proyecto El Tití.

También dicha auditoría revela cosas que se hicieron mal, errores que ahora se investigará si fueron involuntarios o no. El informe completo fue entregado a todas las personas asistentes a la Asamblea para su consideración y para permitir el estudio profundo del mismo, así si alguien encuentra algún error o problema, éste se pueda enmendar.

Nuestro sindicato siempre ha planteado total transparencia con nuestra afiliación respecto a las finanzas, los dineros de la ANEP. Esta auditoría refleja esa vocación de claridad. La aprobación de la Asamblea de investigar por lo legal los resultados de auditoría confirma que queremos sentar responsabilidades sobre lo actuado, que en lo político causó heridas a lo interno, pero dichosamente podemos decir que ya van sanando.

La Asamblea también estudió las infortunadas declaraciones del Fiscal General, José Manuel Gómez, al periódico La Nación, al cual se le filtró días antes de la Asamblea General Extraordinaria, el informe de auditoría, aunque se había exigido a las partes resguardar el secreto de dicho informe hasta que lo conociera la Asamblea en pleno.

El informe estuvo únicamente en manos de Albino Vargas, de la empresa consultora y del señor Fiscal. Nuestro Secretario General y la auditoría juraron frente a la afiliación que nunca mostraron el documento a nadie. Tanto así, que ni la misma Junta Directiva de nuestro sindicato conocía el documento. El señor Fiscal no se hizo presente a la Asamblea, no se pudo conocer su posición por lo actuado. Por lo tanto se instauró una comisión que hará un informe sobre la filtración de la información privada y el papel del señor Gómez al respecto.

La Asamblea General Extraordinaria concluyó con un apoyo total al liderazgo de nuestra Secretaría General, en la figura del compañero Albino Vargas Barrantes, dando un espaldarazo político al manejo de nuestro Sindicato en todas las áreas de gestión política, administrativa y financiera, demostrando que el Anepismo de Corazón prevalecerá por el bien de la ANEP.

Todo listo para manifestación en silla de ruedas

Realizando grandes sacrificios, venciendo no pocos obstáculos y en medio de grandes limitaciones, un importante número de costarricenses, ciudadanos y ciudadanas con discapacidad y que usan silla de ruedas para su desplazamiento, se juntarán este lunes 28 de enero, a partir de las 9 de la mañana, en las afueras del edificio central de la Municipalidad de San José, en avenida 10 de esta ciudad, para llevar a cabo lo que podría ser un acontecimiento histórico en el marco de las protestas sociales de estos tiempos.

Otras personas con otro tipo de discapacidades se harán presentes. Todas ellas reclaman reiterados incumplimientos de entes públicos involucrados en la plena aplicación de los contenidos de la Ley No. 7600; especialmente, en cuanto a la construcción de rampas en autobuses y en aceras citadinas; ya no solamente para facilitar el desplazamiento de quienes deben usar silla de ruedas, sin también de quienes se ven obligados a usar muletas.

Estas personas, que cuentan con el respaldo político y logístico de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se han agrupado en lo que ellas mismas han denominado el Movimiento “Mefi-Boset”, nombre bíblico que hace alusión al rey Saúl, de Israel, uno de cuyos hijos era una persona con discapacidad.

Con esta primera acción, el Movimiento “Mefi-Boset” espera convertirse, a partir de ahora, en una verdadera alternativa de lucha social de esta importante población costarricense, aglutinando a todos sus sectores y grupos, para lograr una plena reivindicación de sus derechos, sin ninguna interferencia político-partidista. De hecho, en la manifestación de este lunes 28, asistirán otras representaciones que se han motivado a participar en esta cruzada.

Dentro del plan original previsto para esta acción habrá un cambio: El punto de llegada será la Asamblea Legislativa (no la Sala IV inicialmente se había pensado). Esto por cuanto se pretende la promoción de una ley que haga verdaderamente sancionatorio los imcumplimientos de las estipulaciones de la Ley No. 7600, especialmente en materia de construcción de rampas.

El Movimiento “Mefi-Boset”-ANEP; pretende que se introduzca en esa ley, vía una nueva ley, un artículo que penalice las diferentes negligencias e imcumplimientos reiterados, tanto por parte de los entes públicos involucrados en la atención de la problemática de las personas con discapacidad; así como como personalizar, individualizar esos incumplimientos, poniéndoles nombre y apellidos, llevándoseles a los tribunales que corresponda.

Esta idea-proyecto, será dejada por los y por las manifestantes en la Oficina de la Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa, a fin de que sea acogida multipartidariamente y que se apruebe lo más rápidamente posible; pues, repetimos, no se quiere que se convierta en una iniciativa con tinte partidista específico.

El recorrido será, como indicamos, desde la sede central de la Municipalidad de San José, para doblar en la esquina de la iglesia católica de Las Ánimas, pasando frente a la Junta de Protección Social (JPS); llegando a la avenida segunda a la altura del Hospital Nacional de Niños, pasando luego por el San Juan de Dios. Finalmente, desde el parque La Merced hasta la sede del parlamento.

La ANEP solicitó el apoyo de la Cruz Roja Costarricense, entidad que gustosamente ayudará en asistencia para los y las manifestantes de ser necesario, lo cual agradecemos desde ya.

No habrá acción en la calle en el corto plazo contra el decretazo salarial

Nuevos elementos surgidos últimamente obligan, al menos a la ANEP, a un replanteamiento con relación a la lucha contra el más reciente “decretazo” salarial impuesto por el Gobierno al sector Público, de un 1.84%, en términos generales. Veamos:

PRIMERO: La ANEP necesita hacer un amplio proceso de sensibilización entre sus bases laborales del Gobierno Central y entes adscritos, acerca de las repercusiones del artículo 12 de la Ley de Incentivos Médicos; en el entendido de que los reajustes salariales de la administración central del Estado (tanto generales, como particulares; tanto a la base como en sobresueldos), aumentan, hasta cuatro veces más, el salario base del personal médico cubierto por esta ley; tanto de quienes laboran para el sector Público como en el sector Privado (medicina privada).

Esta situación tendrá un nuevo episodio que consideramos injusto: el próximo aumento salarial extraordinario para la Fuerza Pública, de unos 15 mil colones promedio, podría generar hasta 60 mil colones en la base de los salarios médicos de cada profesional en éste ámbito de la salud, sin que siquiera tengan que mover un solo dedo.

La estrategia es generar una corriente de opinión en nuestras bases laborales, acerca de la necesidad de “desenganchar” tal ley de las fijaciones salariales del Gobierno Central, sin afectar en un solo centavo los salarios médicos, ni en sus bases ni en sus pluses.

SEGUNDO: La agitación laboral en el sector municipal tiende a crecer, a raíz de las acciones de la Contraloría General de la República (CGR), en contra de sus correspondientes estipulaciones convencionales, en materia de reconocimiento de la cesantía de manera plena y real. Esto obliga a ponerle mucha atención a una situación de agitación laboral que tiende a crecer. La ANEP está convocando, con urgencia, para las 9 de la mañana del próximo martes 29 de febrero, una reunión de sindicatos municipales para definir acciones, entre ellas en la calle, en próxima fecha.

TERCERO: Hace falta intensificar el proceso de conocimiento de la propuesta sindical para una nueva fórmula de cálculo del incremento salarial semestral en el sector Público, misma que fuera presentada recientemente en el seno de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público; de modo tal que se tenga un amplio conocimiento de sus contenidos para facilitar procesos de movilización más conscientes y eficaces.

CUARTO: La ANEP propondrá un cambio de estrategia para la movilización en estos asuntos de lucha salarial en el sector Público; de tal suerte que la base social que pueda darle más músculo a la posición sindical en el seno de la indicada comisión, se moviliza antes y durante la negociación; no cuando ya ésta ha fracasado y se ha impuesto un “decretazo”. Esto implica negociaciones intergremiales para ver si es posible hacer un esfuerzo de nuevo tipo con ocasión de la fijación salarial para el segundo semestre del año en curso.

QUINTO: La circunstancia de que la presión sindical en la mesa negociadora haya generado un punto porcentual adicional al 1.84%, a los salarios base menores a 275.400.oo colones mensuales; en nada demerita la necesidad de apelar a la movilización social para estas y similares circunstancias. Jamás renunciaremos a la Democracia de la Calle.

Solamente que para la presente coyuntura, los elementos apuntados llevan a la ANEP a plantear que la movilización por salarios del sector Público queda como reto para la fijación correspondiente al segundo semestre de 2013.

La ANEP no firmó acuerdo en la Municipalidad de San José

Los otros sindicatos de la municipalidad firmaron un acuerdo con Johnny Araya aceptando un tope de 25 años, lo cual ANEP y la Seccional ANEP – Municipalidad de San José rechazan, tajantemente. Además, el asunto es más grave porque incluyeron en ese acuerdo espurio (ilegal) un articulado que pone en peligro nuestra estabilidad laboral, nuestro propio empleo, variando la actual cláusula 16 de la Convención Colectiva de Trabajo.

Nosotros nos mantenemos en la posición de que si debe haber tope de cesantía, éste debe de ser de 30 años para todo mundo. Y con un transitorio de cinco años para quienes estén cerca de pensionarse, de modo que pueden tener derecho a prestaciones sin tope como hasta ahora. En tal sentido, aclaramos:

PRIMERO: Ese acuerdo es ilegal, completamente ilegal al no incluir la firma de la ANEP que es sindicato firmante de la Quinta Convención Colectiva de Trabajo; pero no cualquier sindicato: es el mayoritario.

SEGUNDO: Jurídicamente hablando ese ilegal acuerdo no puede ser inscrito por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ANEP lo impugnará porque no está nuestra firma.

TERCERO: La ANEP y su Seccional ANEP – Municipalidad de San José, mantenemos el acuerdo de nuestra asamblea: 30 años y ahora, repetimos, con un transitorio de 5 años para los que estén a punto de pensionarse.

CUARTO: Llamamos a una segunda movilización, en fecha próxima y hasta la Sala Cuarta, en defensa de nuestra propia Convención Colectiva de Trabajo y, particularmente, de la autonomía municipal que nos dio el derecho de cesantía como lo conocimos hasta hoy.

QUINTO: Esta segunda movilización será en coordinación con otros importantes municipios metropolitanos y del país, para hacer más grande el impacto de nuestra lucha.

¡¡¡MANTENGÁMONOS ALERTAS!!!
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San José, martes 22 de enero de 2013.
S.G. 11-13-0787-13

Ingeniero
Johnny Araya Monge
Alcalde Municipal
MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ

Estimado señor:

Luego de lo acontecido en los últimos días en cuanto a la lucha que vienen manteniendo los trabajadores y las trabajadoras de la Municipalidad de San José, para que se respete su derecho establecido en la Quinta Convención Colectiva de Trabajo vigente en relación a su cesantía; y con el ánimo de reflejar los deseos y las aspiraciones mínimas de los trabajadores y trabajadoras que representamos, procedemos a realizar la siguiente propuesta de modificación al indicado instrumento de negociación colectiva en cuanto al tema de cesantía se refiere:

ARTÍCULO 27: a- La Municipalidad se obliga a cancelar las prestaciones legales (cesantía) a los trabajadores que cesen funciones por:

1- Jubilación (o acogerse a cualquier régimen de pensiones).
2- fallecimiento.
3- Despido con responsabilidad patronal

El trabajador que cesare en sus funciones por cualesquiera de estas razones tendrá derecho a una indemnización de un mes de salario por cada año o fracción mayor de 6 meses de servicios continuos prestados, con un límite máximo de 30 años.

Tal indemnización, a pagar contra la partida de prestaciones legales, la cancelará la Municipalidad a la mayor brevedad posible, cumpliendo los trámites correspondientes.

La Municipalidad se compromete a que los trámites internos al respecto, se efectuaran a un plazo no mayor de 15 días, salvo en lo relativo al pago de prestaciones por aplicación del inciso 2) de este Articulo, que serán depositadas según el trámite para ello, ante la autoridad judicial competente.

Los servidores que tengan tiempo anterior laborado con la Institución y que por razones voluntarias o por despido con responsabilidad patronal y que hubiesen cesado en sus funciones sin que la Municipalidad le hubiere pagado el beneficio de la cesantía, ese tiempo anterior les será reconocido como un solo récord y considerando para el pago de ese extremo, por aplicación de cualquiera de los incisos de este articulo.- Dicho reconocimiento será por una sola vez.

b- Con el fin de hacer del beneficio de la Cesantía un derecho real; cuando un trabajador sea despedido con fundamento en las causales del Artículo 81 del Código de trabajo, cumplidos los trámites que al efecto establece esta Convención, la de Junta de Relaciones Laborales podrá recomendar al ejecutivo Municipal el pago de cesantía que se calculará a razón de un mes de salario por cada año o fracción mayor de 6 meses de servicio continuos, sin límite de años.-

Para que esta recomendación sea vinculante para el Ejecutivo, la misma deberá ser avalada por la mayoría simple de los miembros de la Junta de Relaciones Laborales presentes en la sesión en que la misma sea emitida.-

Si un trabajador despedido planteara juicio laboral contra la Municipalidad, impugnando el despido y el mismo le fuese resuelto favorablemente por los Tribunales y el trabajador decidiera reintegrarse a su puesto, en el caso de que ya hubiese cobrado el pago de la cesantía, deberá reintegrar a la Municipalidad la suma total percibida por ese concepto; caso contrario, entrará como empleado nuevo.-

En los despidos que se originen en hechos delictuosos, la Municipalidad se reserva el derecho de encausar las denuncias que considere pertinentes.

ARTICULO 28: a- El trabajador que, voluntariamente y por renuncio a su cargo, dé por concluido su contrato de trabajo con la Municipalidad recibirá como derecho por el extremo de cesantía, el 100% de prestaciones, a razón de un mes de salario por cada año o fracción mayor de 6 meses de servicios continuos prestados, con un límite máximo de 30 años de servicio. El salario mensual a aplicar será el que determine el promedio de los salarios ordinarios y extraordinarios devengados en los últimos 6 meses de relación laboral.

Para acogerse a este beneficio, el trabajador deberá tener como mínimo un año al servicio continuo de la Municipalidad.

b- El trabajador que desee ingresar de nuevo a laborar para la Municipalidad, podrá hacerlo, si existiera plaza, después de haber transcurrido como mínimo un año de la finalización de su anterior relación laboral con la Municipalidad.-

c) A los trabajadores que se acojan a este beneficio y que tuviesen tiempo anterior laborado con la Municipalidad y que hubiesen cesado en sus funciones, por renuncia voluntaria o por despido con responsabilidad patronal, sin haber percibido el beneficio de la cesantía, la Municipalidad les reconocerá ese tiempo como un solo servicio continuo, para la liquidación de ese extremo. Dicho reconocimiento será por solo una vez.

Transitorio:

1- Para todos los trabajadores que a la fecha de suscripción de la presente reforma, laboran para la Municipalidad de San José, y adquieren su derecho de pensión a más tardar el 31 de diciembre del 2018, el pago de cesantía se calculará a razón de un mes de salario por cada año o fracción mayor de 6 meses de servicio continuos sin límite de años.

No podemos dejar de lado y, por tanto, no debe ni puede desconocer la Alcaldía Municipal de San José que la ANEP es la organización sindical con mayor número de afiliados en esa municipalidad; y que, por tanto, nos cobija y nos protege lo que se establece en el artículo No. 56 del Código de Trabajo en materia de negociación de Convenciones Colectivas de Trabajo.

Asimismo, no podemos dejar de mencionar que esta propuesta se mantiene en la línea de la nota que se le hizo llegar a su estimable persona el día 17 de enero del 2012, y que iba firmada por todas las organizaciones sindicales de la municipalidad.

ANEP responde columna de Julio Rodríguez

Una solicitud de derecho de respuesta

Albino Vargas Barrantes
Secretario General de la ANEP

Como nos suele suceder, cuando requerimos un derecho de respuesta a raíz de un ataque de La Nación en contra de la organización sindical que orgullosamente representamos, nos pasan dos situaciones: no nos lo publican; o si tenemos la suerte de que lo hagan, mutilan el texto para que no salga integralmente como lo mandamos. Pero ni modo. Nos la vamos a jugar de nuevo sin mayor esperanza. Afortunadamente, las vías alternas existen para refutar los ya clásicos infundios de don Julio Rodríguez en contra de los sindicatos.

Empecemos. Dentro de los activos propiedad de la ANEP, el más valioso es una propiedad multimillonaria en la parte más hermosa de la famosísima playa de Manuel Antonio, en Quepos (cantón de Aguirre), conocida como una de las más lindas del mundo.

Nos falló, efectivamente, la inicial idea de un proyecto hotelero, inspirado en los valores de la Economía Social y que se promovió para beneficio de nuestra membresía y de la clase trabajadora, en general. Aprendimos mucho. Actuando con transparencia, para saber exactamente qué nos pasó, se hizo la auditoría a cargo de la prestigiosa firma Rojas Ceciliano y Asociados.

El fiscal de la ANEP, cuyo nombre no citamos, traicionó a la Asamblea General Extraordinaria de la organización que conocería de tal informe de auditoría y el mismo llegó a conocimiento de La Nación primero que a cada asambleísta que se hizo presente el pasado sábado 19 de enero en el evento indicado.

Valga indicar que las presencias en tal evento eran, en su mayoría, sumamente calificadas, pues estamos hablando de dirigentes intermedios de la agrupación; gente que, a su vez, representan a mucha gente afiliada a la ANEP.

El fiscal no llegó a la asamblea. No justificó su ausencia. Tiró la piedra y escondió la mano. Él no pidió la auditoría. Fue un acuerdo de una anterior asamblea general extraordinaria, convocada, específicamente, para analizar el proyecto.

Pretendió dañar la honra, la imagen, la credibilidad y el prestigio de la organización. Pretendió, vanamente, dañar la reputación moral de profesionales distinguidos en la vida de la organización. Intentó, también, jugar con nuestra propia honra. Él deberá responder ante los tribunales de justicia por su intento difamatorio. Si el fiscal no llegó a la Asamblea es porque sus declaraciones a La Nación, que le sirven de base a don Julio para atacar a la organización y a su actual dirigencia, están llenas de mala fe, inexactitudes y juicios de valor sumarios.

En esa información, el señor periodista don Alberto Barrantes C., en el apartado denominado por él “Fallas puntuales”, puso la siguiente frase, sumamente temeraria: “Finanzas. El proyecto no cuenta con facturas que respalden las erogaciones”. En la indicada asamblea a la firma auditoria, específicamente, se le emplazó sobre tan tajante y falsa afirmación, siendo desmentida categóricamente por el profesional presente de Rojas Ceciliano y Asociados. La firma auditora indicó, totalmente, lo contrario. Sí había comprobantes. Esta información periodística puede ser debatida en otras sedes y se está valorando, según lo determinó la asamblea.

Hay otras situaciones sobre el manejo de este proyecto que se ventilarán en sedes judiciales, vía penal y/o vía civil. Así lo acordó la asamblea previo dictamen legal, que se generará a partir del análisis del indicado informe auditor. Todas las recomendaciones de la firma auditora son de acatamiento obligatorio para la actual Junta Directiva Nacional (JDN) de la agrupación.

El proceso auditor determinó que no hubo ninguna actuación dolosa como malversaciones de fondos de ninguna naturaleza. Si alguien quiso encontrar actos corruptos, fracasó estrepitosamente. El contrato de auditoría indicó, expresamente, que si algo así era detectado durante el desarrollo del estudio, ANEP sería alertada, inmediatamente, para las interposiciones de las denuncias que correspondieran. Nada de ello hubo. La auditoría se hizo de principio a fin, de manera continua y no hubo denuncias que interponer en su transcurso.

Los y las miles de anepistas, así como la gran cantidad de organizaciones amigas de la ANEP, deben saber que la solidez financiera de la agrupación la permite salir avante de esta situación.

Además, las posibilidades de impulsar, con el aprendizaje obtenido, experiencias de desarrollo social de las potencialidades de tal propiedad, son impresionantes.

Finalmente, no vamos a comentar nada sobre las clásicas diatribas de don Julio en contra del sindicalismo. Nosotros entendemos la naturaleza de su rol amanuense. Sí nos sentimos muy tranquilos de que pagamos puntualmente todas las obligaciones de la ANEP como entidad de derecho privado que es. No hacemos vericuetos para eludir, por ejemplo, nuestras responsabilidades tributarias ni con la seguridad social. No estamos demandados por ello. ANEP está al día sus obligaciones crediticias y no usamos “información privilegiada” para intentar mejorar la situación financiera organizacional.

Como indicamos al principio, sin la menor certeza de que esto será publicado, muy atentamente nos suscribimos, Albino Vargas Barrantes, Secretario General, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), cédula No. 1-457-390.

Trabajadores municipales luchan por sus cesantías

Cientos de trabajadores y trabajadoras de las municipalidades de San José, Heredia, Turrialba y Grecia se hicieron presentes hoy en el Edificio José Figueres Ferrer, y luego en la Contraloría de la República, para repudiar una acción de inconstitucionalidad presentada por la Contralora General, Marta Acosta, contra los articulados de la Convención Colectiva de estas municipalidades que quitaban el tope de cesantía, lo que resultaba en una verdadera justicia salarial para las personas que se pensionaban con más de 20 años de laborar.

Antonio Ortiz Fiorabanti, Presidente de la seccional ANEP – Municipalidad de San José, explicó que “los trabajadores no permitiremos que nos quiten, que nos roben nuestras cesantías”.

La lucha de la Contraloría contra las cesantías es parte de toda una estrategia de homologación para abajo de los salarios del sector público, en lugar de mejorar los salarios de las personas que laboran en el sector privado, y así hacer más “competitivo” el mercado costarricense, como bien lo ha explicado nuestro Secretario General, Albino Vargas Barrantes.

Ricardo Salazar, quien formó parte de la representación de la ANEP en el gobierno local josefino que negoció la convención colectiva en los años 90, se hizo presente en el momento en que la manifestación se desplazó al edificio de la Contraloría, y recordó todos los años de lucha que tomó para poder acceder al derecho de una cesantía sin tope, y que con esta acción de la Contralora a quien se está perjudicando es a los trabajadores y trabajadoras más humildes de nuestra sociedad.

A la manifestación también se hicieron presentes compañeros y compañeras de otras municipalidades, como la de Grecia o la de Turrialba, donde están sufriendo la misma persecución a su convención colectiva de trabajo. Maricruz Durán Alfaro, Presidenta de nuestra seccional en la Municipalidad de Turrialba, cree que todo es una jugarreta de la Contraloría, tanto que los y las trabajadores tienen el apoyo de las autoridades municipales.

La alcaldía de San José ofreció a los trabajadores negociar el tope de cesantía a 25 años para los trabajadores y trabajadoras que ya están con plaza en propiedad en la municipalidad, con un transitorio de 3 años para que se puedan pensionar quienes así lo requieran sin tope en su cesantía. Además, la negociación estipulaba que para los nuevos trabajadores la cesantía quedará en 20 años. Esta oferta será analizada por la ANEP y su unidad de Asesoría Jurídica, junto con la seccional en la Municipalidad de San José, aunque la alcaldía estuvo presionando para que se firmara inmediatamente el acuerdo.

Ciudadanos con discapacidad motora, ¡a las calles!

Este martes 22 de enero, un grupo de costarricenses, personas con discapacidad, quienes para movilizarse deben utilizar una silla de ruedas, dieron una conferencia de prensa, para anunciar una protesta en las calles en próximos días; debido a serios incumplimientos por parte de varios entes institucionales que tienen que ver con la aplicación plena de la Ley 7600.

Para tales efectos, estas personas anunciarán la fundación de su movimiento al que han de llamar “Mefi-boset”, denominación bíblica en alusión al nombre del primer hijo (con discapacidad), del primer rey de Israel, Saúl.

La ANEP decidió cobijarles dentro de sus filas y les apoyará de ahora en adelante.

La manifestación convocada se realizará el próximo lunes 28 de enero, a partir de las 9 de la mañana, convocando salida frente al edificio municipal José Figueres Ferrer, de la Municipalidad de San José, bajando por la Junta de Protección Social y luego hacia los Tribunales de Justicia tomando la Avenida Segunda.

Como lo explicó nuestro Secretario General, Albino Vargas Barrantes, lo que se quiere es generar visibilidad a través de la calle y los medios de comunicación, para poder pedirle al Gobierno de la República una comisión de alto nivel que elimine las faltas a la ley 7600 en todos los ámbitos (transporte público, infraestructura adecuada, trabajo, etc.).

Roberto Sánchez, de Mefi-boset, se ha contactado con cuanta institución está para velar por los derechos de los costarricenses, Sala IV, municipalidades, la misma Defensoría de los Habitantes, y no ha recibido una respuesta satisfactoria a las múltiples violaciones a los derechos de las personas que viven con una discapacidad.

La ANEP se compromete a apoyar a este grupo de personas con discapacidad, que cada día crece más. Poner en manos de las personas nuestras herramientas de trabajo es honrar la promesa de ejercer el Sindicalismo Ciudadano.