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Mensaje a la Policía Municipal de San José

Publicada el 26/12/2012 | por ANEP | Dejar un comentario

Al honorable personal de la Policía Municipal de San José:

La Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de San José, con el respaldo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), informa que los compañeros integrantes de la Policía Municipal de San José cuyos nombres seguidamente citamos, han sido nombrados, oficialmente y como en derecho corresponde, como Delegados Sindicales de la ANEP-Policía Municipal de San José, adscritos a la Seccional ANEP-Municipalidad de San José:

Juan Carlos Barrantes Rodríguez, teléfono celular No. 6002-5051
Michael Gamboa Agüero, teléfono celular No. 8658-6675
Óscar Varela Brenes, teléfono celular No. 8867-0659

Nuestros compañeros representantes sindicales arriba mencionados, quedan protegidos por diversas estipulaciones legales que tutelan la actividad sindical; especialmente, la Ley No. 7360 (contra el despliegue de Prácticas Laborales Desleales), así como la sentencia No. 5000-93, de octubre de 1993, de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, la diversa normativa en materia de Libertad Sindical que Costa Rica está obligada a respetar, a raíz de su pertenencia a la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Este cuerpo legal protector de la actividad del dirigente gremial-laboral, es lo que se conoce como el “Fuero Sindical”. Los tres compañeros citados, por tanto, están protegidos por el “Fuero Sindical”, dada su inscripción como representantes laborales en el seno de la Policía Municipal y bajo la bandera de la ANEP, ante las máximas autoridades institucionales y ante el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

La delegación sindical de la ANEP para la Policía Municipal de San José aquí debidamente presentada, se pone a su disposición para ofrecerle nuestra acción en defensa de sus intereses económicos y sociales, en cuanto personas trabajadoras asalariadas que somos. Si bien tenemos delicados deberes que observar como integrantes de este importante cuerpo laboral municipal, lo real es que también tenemos derechos que nos asisten para que se nos dé un trato digno en el desenvolvimiento de nuestras funciones para con la ciudadanía capitalina.

Además, los tres compañeros mencionados, como representantes de la ANEP en el seno de la Policía Municipal de San José y en estrecha coordinación con la Presidencia de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de San José; quedan facultados para pedir toda clase de información relativa a este servicio público de seguridad comunal, en aras de que el mismo se ejecute con transparencia, con apego a la ley, con total honestidad, sin tráfico de influencias ni como plataforma para negocios privados en el ramo de la seguridad.

Igualmente, quedan facultados para hacer las debidas denuncias públicas, a nivel institucional interno y/o a nivel de la opinión pública josefina y/o nacional, de presuntas irregularidades o anomalías, a nombre de la ANEP – Policía Municipal, siempre y cuando se sustenten debidamente.

A la vez, se procurará que el ejercicio cotidiano de la Policía Municipal esté, estrictamente apegado a la ley, al Estado de Derecho y a los fallos constitucionales en la materia. A modo de ejemplo, citamos una indicación emitida por la Sala Constitucional (Sala Cuarta), de la Corte Suprema de Justicia, resolución No. 07369-99 (expediente 99-006391-007-CO-C), que en lo que nos interesa expresa: “…, que la policía municipal no tiene facultades para realizar operativos ni investigaciones si no son en auxilio de las autoridades competentes o en el caso de cometerse delito infraganti,…”.

Además, el actual Ministro de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía, Lic. Mario Zamora Cordero, mediante oficio de su despacho, No. 5018-2012-DM, fechado 6 de setiembre de 2012, dirigido al Lic. Mario Gerardo González, indicó lo siguiente: “En relación con su consulta sobre el ámbito de aplicación de la Ley General de Policía, me permito indicarle que la referida Ley no cubre a la Policía Municipal, sino que es únicamente de aplicación general para todos los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo…”. Esta disposición y otras análogas son contundentes para determinar que en la Policía Municipal de San José (ni de ninguna otra municipalidad), no cabe, no está incluido, no puede serle impuesto el “Régimen de Excepción”.

Estimado compañero y estimada compañera de la Policía Municipal de San José: Sus derechos constitucionales y legales le dan sólida base para sindicalizarse en ANEP, una organización sumamente seria, responsable y amplio reconocimiento ciudadano y próxima a cumplir 55 años de existencia.

Usted tiene un sólido respaldo para defensa individual y colectiva en caso de cualquier problemática laboral. Asesoría judicial gratuita, entre otros beneficios. La cuota mensual por sindicalización es de un 1% de su salario mensual total. Además, si usted quiere, aporta 500 colones más por mes y queda cubierto por una póliza colectiva de vida que la ANEP tiene suscrita con el Instituto Nacional de Seguros (INS), para todos sus afiliados y para todas sus afiliadas. Por ejemplo, si la persona afiliada fallece y forma parte de esa póliza, su familia recibirá un millón de colones para los funerales (entre otras posibilidades).

Así que, ¡no tenga miedo! Use sus derechos. La Constitución y la Ley están de su lado.

¡¡¡Afíliese a la ANEP!!!

Dirigencia sindical, con raciocinio y equilibrio emocional

Publicada el 26/12/2012 | por | Dejar un comentario

Nuestra Constitución Política, en su artículo 60, establece “tanto los patronos, como los trabajadores podrán sindicalizarse, libremente, con el fin exclusivo de obtener y conservar beneficios económicos, sociales, o profesionales”, también el Código de Trabajo, en su artículo 339, consigna el concepto dado por la legislación laboral, estipula el derecho y los fines de la libertad sindical, sumado a lo anterior podríamos citar, que Costa Rica, ratifico instrumentos de la OIT en materia de libertades Sindicales.

No obstante, en nuestro entorno, de repente algunas pocas personas, por desconocimiento unas, y por conveniencia otras, quieran desconocer la labor solidaria y de justicia social que en su mayoría defienden estas organizaciones, apoyare este articulo, (sin que signifique mi ideología) mirando la historia de nuestro bello País, donde figuran varios importantes líderes, dirigentes, como “Don Pepe”, quien defendió sus causas, tal es la historia, de 1942, cuando sin ser figura política, al momento de iniciar sus luchas, imagino que apoyado en sus ideales, denuncio actos irregulares y de corrupción, y al estar en medio de un discurso radiofónico, antes de poder concluir, autoridades oficiales tomaron la radioemisora y el señor, Figueres fue apresado y encarcelado, (_“Ley Mordaza”_).

En mi caso estoy convencido, de las causas que represento, procurando generar la acción y efecto de crear conciencia entre la gente acerca de problemas que se juzgan en mi criterio importantes. Entre otras, la necesidad de promover el equilibrio, de procurar la justicia social y el reconocimiento de la fuerza de toda organización laboral, su recurso humano, nuestro raciocinio, y capacidad de razonamiento, nos permiten distinguir entre los deberes y los derechos, e igual entre lo que se puede defender y lo que no. Es por esto que estamos seguros de que no existe incompatibilidad entre ser oficial y ser dirigente, primero por estar normado, y más importante aún, en ambos se defiende lo justo, y se requiere de liderazgo, De esto pueden dar fe las comunidades en donde hemos servido.

Como Miembro de Fuerza Pública, promuevo y procuro, el respeto, la honestidad, el servicio, la bondad, el deber, y el honor de servir desde esta función, y como dirigente sencillamente a partir de lo anterior, promuevo el valor de defender derechos inalienables e irrenunciables, tales como la dignidad, trato justo e igualitario, ante concursos, ascensos, recursos etc. Y es que, aunque para algunos sea incomodo, la realidad nos señala, es urgente mejorar la comunicación, creemos, se necesita una descentralización, con profesionales en recursos humanos en las direcciones regionales, que permita valorar de manera integral, las capacidades de los colaboradores, y se promueva la excelencia, minimizando los “amiguismos”.

También al igual que lo hiso el señor ex presidente, creo que es necesario señalar, los actos de corrupción que se dan en nuestra institución, que se identifique a quienes se apartan de los valores de nuestra función, inclusive a los “insensibles”, que se hacen de la vista “gorda”, esto no significa que estemos generalizando, sabemos y conocemos gente buena, decente y honesta, aportamos, sobre lo que conocemos de primera mano, siempre procurando hacer lo bueno, y desechando lo malo, defendiendo lo justo, no es de nuestro interés, y así lo saben quienes han escuchado nuestro discurso, defender actos contrarios al deber ,o la ética.

Si pudiera tener un “proyecto”, incluiría una verdadera carrera policial, abogaría por una formación mas integral, reforzaría o incluiría, un alto énfasis en valores, humanística, y calidad humana, propondría que además de los exámenes y pruebas físicas y medicas, se realicen entrevistas, mediante integración de profesionales en recursos humanos, Psicólogos, y Oficiales de Carrera, para determinar el grado de convicción e inclusive detectar alguna perturbación, (paranoia) en quien está ingresando a esta importante función.

Paralelo a esto, establecería capacitaciones en manejo de finanzas, para evitar el que los funcionarios se sobre giren, y se vuelvan vulnerables al flagelo de la corrupción, evitaría el que no mas ingresando a la Escuela, algunas agencias estén ofreciendo productos a personal de recién ingreso e inclusive en las unidades, pero además, como parte de la supervisión, al momento de detectar que un (a) oficial recibe un salario liquido de veinte mil colones, pediría que se le atienda de inmediato y se verifique de qué modo está logrando subsistir.

Nos debería preocupar, como institución, la salud mental del policía que en alto número ha perdido su hogar, por el desarraigo familiar, entre otras causas; aunado al nivel de endeudamiento que incrementa la angustia y aumenta la vulnerabilidad, siendo tentados a formar parte de “organizaciones” delictivas.

Sin lugar a dudas, la vida es hermosa, gracias a la diversidad de pensamientos, en la libertad de expresarlos, se fundamenta nuestra democracia, desde este espacio, con Raciocinio, y Equilibrio emocional, pregunto, ¿acaso podrá alguien interesarse por los bienes, o derechos de otros, si no procura defender los propios?. “La verdad es el bien, la verdad es la vida.”

Tarifas de buses – Emplazamiento público al Regulador de la Aresep

Publicada el 26/12/2012 | por | Dejar un comentario

CONSULTA PÚBLICA Y ABIERTA AL REGULADOR GENERAL DE LA ARESEP, LIC. DENNIS MELENDEZ

Estimado Don Dennis:

El día viernes 21 de diciembre de 2012, en el prestigioso medio de comunicación nacional Diario Extra, usted vertió declaraciones en las que increpa fuertemente a la Defensoría de los Habitantes de la República por el estudio que ésta realizó con relación a la reciente alza tarifaria en el transporte público modalidad autobús; estudio que determinó una serie de irregularidades en el actuar de tres directores de la ARESEP, quienes habrían incluido un transitorio en la fijación tarifaria sin ser conocido en la consulta pública.

Ante sus afirmaciones, las cuales la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), no comparte por considerar que la Defensoría sí realizó un estudio serio y responsable; para contribuir al debate y para mejor claridad de los y las costarricenses usuarios de los servicios públicos del transporte autobusero, quienes son los afectados directos en las fijaciones de la ARESEP, procedemos a realizar las siguientes preguntas:

PRIMERA PREGUNTA

Señor Regulador General: El artículo 6 de la Ley 7593, Obligaciones de la Autoridad Reguladora, en su inciso a) señala: _“Regular y fiscalizar contable, financiera y técnicamente, a los prestadores de servicios públicos, para comprobar el correcto manejo de los factores que afectan el costo del servicio, ya sean las inversiones realizadas, el endeudamiento en que han incurrido, los niveles de ingresos percibidos, los costos y gastos efectuados o los ingresos percibidos y la rentabilidad o utilidad obtenida. (Así reformado por artículo 41, inciso a) de la Ley 8660 de 8/8/2008, publicada en el Alcance 31, a La Gaceta 156 del 13/8/2008)_”

Durante su gestión: ¿A cuántas empresas las han investigado y comprobado la veracidad de los estados financieros, en lo relativo a verificar si los ingresos reportados son consecuentes con los volúmenes de pasajeros reportados?

SEGUNDA PREGUNTA

Señor Regulador General: El artículo 6 de la ley 7593, Obligaciones de la Autoridad Reguladora, en su inciso d) señala: “Fijar las tarifas y los precios de conformidad con los estudios técnicos. (Así adicionado por artículo 41, inciso c) de la Ley 8660 de 8/8/2008, publicada en el Alcance 31, a La Gaceta 156 del 13/8/2008)”.

La resolución de la Junta Directiva No. RJD-168-2012, anulada por la Sala Constitucional por contener un “Modelo Transitorio” no incluido en la audiencia pública, fue la base para que se emitiera la resolución No. 818-RCR-2012, de 4 de abril del 2012, que aumentó las tarifas de todas las rutas de transporte; el período considerado por ustedes fue del 9 MARZO 2009 al 1 ENERO 2012, duplicando los precios del diesel, salarios y gastos administrativos, ya que la verdadera fecha de origen tenía que ser el 23 de junio del 2011. Esto provocó que el diesel tuviera un impacto en la tarifa del 10,13%, los salarios del 3,89%, los insumos de mantenimiento del 9,42 , y los gastos administrativos del 3,97; para un aumento total del 27,40%.

En la reciente resolución No. 1015-RCR-2012, de 14 de diciembre 2012, que es la reposición del proceso anterior anulado por la Sala Constitucional, el período considerado es del 23 de JUNIO 2011 al 1 JULIO 2012, ahora con un impacto en la tarifa del 0,11% en diesel, 2,12% en salarios, 10,63% en insumos de mantenimiento y 1,77% en gastos administrativos; para un aumento total de 14,62%.

¿Cómo explica usted estas serias discrepancias entre las fechas de origen, duplicidades de precios y resultado final aprobado en cada ocasión, siendo parte de un mismo proceso? ¿Sigue considerando que el Transitorio anulado es materia de forma?

¿Considera usted que siguiendo su procedimiento actual, en el “Modelo Transitorio” con el que aumentaron las tarifas en abril del 2012, tenía que cubrir un período que fuera del 23 junio del 2011 al 1 enero 2012 y no del 9 de marzo 2009 al 1 de enero 2012?

TERCERA PREGUNTA

Señor Regulador General: El artículo 8 de la Ley 7593, Responsabilidades de la Autoridad Reguladora señala: “La Autoridad Reguladora será responsable como institución y sus funcionarios en forma solidaria, de sus actuaciones de conformidad con la Ley General de la Administración Pública”. Y el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública señala: “En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia”.

En la resolución No. 1015-RCR-2012, de 14 de diciembre del 2012, emitida con fundamento en la resolución de la Junta Directiva No. RJD-120-2012 del 6 de noviembre del 2012, aprueban un aumento del 14,62%; compuesto por un 0,11% por efecto del diesel, 2,12% por salarios, 10,63% por insumos de mantenimiento y un 1,77% por gastos administrativos; está muy claro que el impacto cobrado en el aumento de tarifa es por una supuesta variación en el precio de las llantas, aceites y lubricantes, en el transcurso del período analizado; en la audiencia pública formulada y luego en la resolución se señala un precio base para el 23 de junio del 2011 de 41,40 y un precio al 1 de julio de 58,84, para un crecimiento en los precios del 42,12% en el año en estudio; todo esto lo alcanzan estirando el precio base hasta el año 2009 al igual que lo habían hecho la vez anterior con el transitorio anulado, y en vez de proyectar el valor del 2009 hasta el 23 de junio 2011, para luego compararlo con el precio actual, incluyeron una mezcla de precios del 2009, 2011 y 2012.

¿Puede usted demostrar con facturas o constancias de los proveedores de llantas, aceites y lubricantes que los precios crecieron entre el 23 de junio del 2011 y el 1 julio del 2012 en un 42,12%?

¿Sabe usted qué un aumento del 42% en las llantas, los aceites y los lubricantes; provocan únicamente un aumento en las tarifas ORDINARIAS de tan solo un 2,50%?

¿Está dispuesto usted a sostener la confusión de bases en los precios realizada para encontrar un aumento del 42,12% que tiene un impacto en la tarifa del 10,63% en el modelo automático de oficio?

¿Está usted y la Institución premiando con sus métodos de oficio a quienes no realizan inversiones en flota y se benefician con los aumentos generados?

¿Ha realizado durante su gestión revisiones ORDINARIAS de precios, que no sean por recursos de revocatoria o de apelación, para conocer las verdaderas tarifas de equilibrio?

¿Cree realmente que está ordenando el sector con tarifas de oficio para empresas que no realizan inversiones y que deberían al contrario bajar si usted realizara revisiones ordinarias?

Esperamos pronta respuesta a nuestras inquietudes, que a la vez estamos seguros son las mismas de muchos ciudadanos que utilizamos el transporte público y que creemos que la última fijación de incremento en el costo de las tarifas para los pasajes de autobús no sólo son irracionales y escandalosas, sino además prohibitivas e impagables en una importante cantidad de líneas de autobuses a lo largo y ancho de todo el país.

A la espera de su pronta respuesta nos despedimos,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP

La Junta se convirtió en un jugador más de lotería

Publicada el 26/12/2012 | por | Dejar un comentario

Ha llegado a nuestras manos el informe AI-748 del 1 de Octubre de 2012, de la Auditoría Interna de la Junta de Protección Social (JPS), confirmando que la Junta en los diferentes sorteos que realiza está actuando como un jugador más de sus propios sorteos. Quien firma este documento es la M.Sc. Doris María Chen Cheang, Auditora Interna de la JPS.

Esto, sin lugar a dudas, deja en una complicada situación a la JPS, pues se demuestra por parte de su propia auditoría que ha venido incurriendo en incompatibilidad de funciones, y no se estaría brindando al público consumidor una garantía razonable de éxito en los sorteos, al incluir en éstos series completas o semi-completas que fueron destruidas o que no fueron vendidas antes de los mismos.

Viene a fundamentar esta denuncia el hecho de que el gordo navideño de este año 2012 se quedó en la JPS, porque precisamente la Junta no hizo caso a las prevenciones de su propia auditoría; y estaría entonces, posiblemente, violentando con este actuar la Ley de Control Interno y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.

Es necesario señalar que en seis oportunidades distintas, la Auditoría Interna de la JPS ha señalado la irregularidad del procedimiento por medio del cual la JPS se está volviendo un jugador más; siendo la primera ocasión su oficio AI-795, fechado el 30 de noviembre de 2009.

En otra nota de dicho despacho, la AI-770 del 26 de noviembre de 2010, enviada al actual Gerente General de la JPS, señor Francisco Ibarra Arana, se le indicó:

“Por tanto, esta Auditoría cree que no se estaría brindando al público consumidor una Garantía Razonable al incluir la Administración Activa series completas en primera y segunda emisiones destruidas en su totalidad antes del sorteo. De tal manera no comparte la propuesta del señor Milton Vargas Mora, Director de Producción y Ventas, ya que consideramos que la Junta de Protección Social al darle curso a esta práctica pasaría de ser una institución que produce, distribuye, vende y realiza el sorteo de juegos de azar, a participar como un jugador más del sorteo de los juegos de lotería que ella promociona, teniendo en apariencia la Junta funciones incompatibles”.

Ante esta grave situación la ANEP procederá, en forma inmediata, a denunciar ante los órganos de control y fiscalización del Estado, el posible actuar irregular de la máxima jerarquía político-tecnocrática de la JPS; asimismo, estaremos procediendo por la vía judicial a presentar las acciones que consideramos necesarias en el ánimo de salvaguardar los intereses de los y de las costarricenses, tanto como de los inherentes a la institucionalidad de la Junta de Protección Social.

Todo lo anterior nos lleva a preguntarnos: ¿Debe la Junta de Protección Social repetir el sorteo? ¿Hay un “engaño” tácito para con los jugadores de lotería?… Creemos que se le debe dar la palabra a la ciudadanía.

Igualmente, aprovechamos para denunciar, públicamente, el acoso antisindical que ya se está manifestando en la JPS, contra la institucionalidad sindical de la ANEP; acoso que se materializa en la apertura irracional de procesos en contra del Lic. Rolando Rodríguez Aguirre, Vicepresidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-JPS; así como en contra de la ciudadana Cinthya Cortés Marín, integrante de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-JPS-Vendedores de Lotería, causándole a ella un grave perjuicio económico porque le cerraron su puesto de venta de lotería electrónica, siendo la única a la que han impuesto tan arbitraria decisión. En ambos casos, la ANEP está solicitando la intervención urgente de la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Motociclistas y saloneros: Leyes generadas por la “Democracia de la Calle”

Publicada el 19/12/2012 | por | 1 comentario

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), celebramos la aprobación parlamentaria, de manera abrumadora, de las leyes para bajar el monto del pago del marchamo en el caso de los y de las motociclistas; y para empezar a hacer verdadera justicia laboral en el caso de los saloneros y de las saloneras.

Nos sentimos profundamente honrados de que representaciones calificadísimas de estos grupos sociales-gremiales hayan confiado en la ANEP, como la organización sindical orientadora y conductora de los procesos de lucha en la calle y en la negociación; que, bajo las respectivas circunstancias y especificidades, han obligado al sistema político (Gobierno y Asamblea Legislativa), a escuchar el correspondiente clamor popular y ciudadano, que en estos dos casos ha culminado en la promulgación de leyes de la República para llevar un poco de justicia y para contribuir al combate de la desigualdad social creciente que asola a nuestro país.

Precisamente, los casos de estos dos grupos sociales son muestras típicas de lo que en ANEP conceptuamos como el problema número uno de la sociedad costarricense de hoy: la concentración de la riqueza y el crecimiento de la desigualdad.

Los y las motociclistas venían siendo objeto de una odiosa discriminación bastante prolongada, año con año, cobrándoseles los más altos costos de una siniestralidad de accidentes en carretera de la cual se les venía señalando como los más responsables de la misma; situación ésta totalmente falsa que jamás el INS pudo demostrar como cierta. Por tanto, de alguna manera, este grupo social venía siendo víctima de desigualdad y de exclusión sociales.

Adicionalmente, este segundo episodio del Movimiento de Motociclistas, liderado por la ANEP, dejó al descubierto la triquiñuela del cobro indebido del aporte del 33% que en el marchamo se presenta como un rubro para el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi); situación ésta que fue la que nos permitió encontrar el camino para lograr una negociación efectiva, misma que, al final, posibilitó el acuerdo político, materializado luego en la ley ya, definitivamente, aprobada por el parlamento.

El caso de los y de las saloneras reviste características más dramáticas, toda vez que producto de un desatinado fallo constitucional y un subsecuente “error” de la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social, este importante grupo laboral sufrió una abrupta flexibilización laboral, al mejor estilo neoliberal, quedando por fuera del Código de Trabajo; generándose despidos que todavía no han sido exactamente cuantificados pero que, sin duda alguna, incrementan los niveles de explotación laboral que ya de por sí se daban en esta actividad.

La ley aprobada en primer debate y próxima a recibir el segundo, permite, estratégicamente hablando dos cosas; por un lado, evita la consumación de nuevos despidos arbitrarios, restaura el concepto de salario mínimo y establece que la propina no es parte del salario. Por otro, le queda prohibido al patrono “jinetear” el dinero de la propina en su propio beneficio, corriendo el riesgo de incurrir en delito penal si lo hiciere; y, adicionalmente, quedan debidamente reguladas las formas de entrega al trabajador de esa propina de forma tal que no queda posibilidad alguna de retenérsela.

Difícilmente en una legislación como la aprobada, se podía resolver el caso de los saloneros injusta e ilegalmente despedidos antes de su emisión, lo que nos lleva a presionar tanto a nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), como a nivel judicial mismo, tanto individual como grupalmente. En esto estriba nuestro compromiso como organización sindical en lo inmediato.

Ambos casos, motociclistas y saloneros, muestran a las claras la efectividad del ejercicio de la Democracia de la Calle, como uso legítimo de la presión social para que los gobernantes adopten políticas y leyes en pro del bien común. La ANEP se siente más que complacida de que se ha demostrado, nuevamente, cómo la organización seria con movilización responsable, puede generar importantes transformaciones en pro de la justicia social.

El «alegrón de burro» del aumento salarial para el personal raso de la policía

Publicada el 19/12/2012 | por | 2 comentarios

Aclaración necesaria

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), seria organización sindical rumbo a sus 55 años de existencia, manifiesta con contundencia ante el honorable personal raso de la Fuerza Pública, así como ante la propia opinión pública nacional, que no tiene responsabilidad alguna en el “alegrón de burro” que representó el por tanto tiempo esperado anuncio del nuevo Manual de Puestos para el personal de base, el “de a pie”, del mayor cuerpo policial del país.

Seguirán existiendo “dos” Fuerza Pública: la de “los arriba”, ganando bien pero muy bien; y la “de los abajo”, ganando mal pero muy mal.

En la Fuerza Pública de Costa Rica no existe ni “exclusividad” ni “monopolio” de organización sindical, representando la ANEP para muchos policías de este estratégico cuerpo policial nacional, una alternativa independiente, profesional, seria y que goza de la confianza de varios cientos de estos trabajadores y de estas trabajadoras policiales dentro de nuestra membrecía.

En comunicado de prensa anterior a éste, fechado miércoles 12 de diciembre de 2012, habíamos indicado que existía una gran expectativa por el anuncio presidencial del nuevo Manual de Puestos para el personal raso de la Fuerza Pública y su correspondiente aumento salarial; pero que, deliberamente y producto de una “componenda” a lo interno de la alta cúpula ministerial-policial, la ANEP fue excluida en el proceso de elaboración del mismo, pese a la alta cantidad de miembros de ANEP en la Fuerza Pública.

Por tanto, no fue a la ANEP a la que le “tomaron el pelo”; no fue a la ANEP a la que “engañaron”; y si a alguien le “salió el tiro por culata” producto de su componenda con el Gobierno, tanto como para escenificar un papelón mediático, no fue a ninguna persona dirigente de la ANEP en la Fuerza Pública.

En esto del Manual de Puestos para el personal “de a pie” de la Fuerza Pública, la ANEP queda con la frente muy en alto ante sus propios afiliados y a sus propias afiliadas en este cuerpo policial, como ante todo el personal del mismo.

Fue la ANEP la que inició este proceso de reivindicación de las principales fuerzas policiales del Poder Ejecutivo de Costa Rica, desde la administración gubernativa anterior; y no tuvimos que recurrir al oportunismo ni al entreguismo sindicalista para llevar esta lucha que ya va por cinco años.

La “jarana sala a la cara” y alguien está pagando ahora un precio muy alto por un ofrecimiento demagógico que no pudo sostener; pues ~~entre otros errores~~, se violentó la necesaria línea de independencia que debe haber entre el Gobierno y el sindicato, pretendiendo tener prebendas organizacionales que, a final de cuentas, hacen que sean los y las policías rasos de la Fuerza Pública los realmente perjudicados.

Puede tener la certeza este digno personal de servicio público que ante el “alegrón de burro” por un Manual de Puestos que resulto un fiasco, de que la ANEP levantará esta lucha, de ahora en adelante, con más fuerza, con más autoridad y con más ética.

El sindicalismo oportunista-gobiernista solamente contribuye al desprestigio de la noble causa que representa la lucha por la dignificación plena de toda la clase trabajadora asalariada, incluida la policial.

Alza en buses golpeará a los sectores trabajadores más vulnerables

Publicada el 18/12/2012 | por | Dejar un comentario

La venidera alza en las tarifas de autobús, sin duda alguna, representará un duro golpe económico a los bolsillos de las personas trabajadoras asalariadas de menores ingresos, de salarios más bajos; con lo cual se da un impulso más al grave problema nacional de la concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad.

Particularmente el golpe económico a los bolsillos hogareños donde el ingreso está circunscrito al salario mínimo de ley, es mayor; considerando que hay una gran deuda salarial acumulada a lo largo de los últimos años que ha propiciado mayores niveles de empobrecimiento familiar.

Ni hablar de lo que ha de suceder en los hogares cuyos proveedores son personas trabajadoras del mercado informal, del cuentapropismo, con ingresos irregulares.

Este caso de esta alza tarifaria, considerada abusiva por la propia Defensoría de los Habitantes de la República, contribuye a nulificar, en gran parte, la más reciente fijación de reajuste a los salarios mínimos, pues junto a otras alzas por venir en varios servicios y artículos básicos, deteriorarán todavía más el poder adquisitivo de las familias de ingresos bajos y medios.

Por otra parte, esta alza tarifaria que se hace en medio de serios cuestionamientos sobre su transparencia, confirma la nada despreciable percepción ciudadana acerca del sesgo pro-empresarial de la actual orientación de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), con la cual se incrementa la sensación de indefensión que tienen las personas usuarias, particularmente en el caso de los autobuses, a la hora en que estas alzas se definen.

El “premio de consolación” que ofrece la Aresep en cuanto a “mejor” atención de quejas, es, en realidad, más que burlesco para la gente usuaria de los servicios de autobús; toda vez que bien es conocida la incapacidad reiterada de esta entidad para controlar los diversos aspectos inherentes a la elevación cualitativa del servicio, reforzándose la situación de indefensión de las personas usuarias del mismo.

Por otra parte, cientos y cientos de choferes de autobús siguen siendo víctimas de los rebajos salariales abusivos e ilegales producto de las barras electrónicas cuyo funcionamiento está completamente manejado de manera unilateral; sin que el chofer pueda defenderse de los cargos que, al día, se le hacen por supuestas apropiaciones personales de los dineros recaudados con el cobro de pasajes.

Además, muchos son hostigados, perseguidos y hasta despedidos por intentar defender sus derechos organizadamente en sindicatos, tal y como se los permite la Constitución y la Ley.

No descansaremos en nuestro empeño estratégico de la lucha por una modificación estructural de los salarios mínimos que se hace hoy en día más que necesaria; y que, establezca la diferenciación fundamental entre reajuste y aumento; pues lo que viene ocurriendo es que solamente se otorgan, semestralmente, reajustes por inflación que rápidamente son devorados por las alzas subsiguientes y que no incrementan el poder adquisitivo, el poder de compra del salario, como sí lo haría un verdadero aumento.

Segunda reunión en Guararí

Publicada el 17/12/2012 | por | Dejar un comentario

Hoy 17 diciembre se conformará la seccional de la ANEP en Guararí, la reunión será en el salón comunal Carlos Calix de la cuenca norte en Guararí de Heredia, a partir de las 7pm.

Esta reunión quedó pactada en el encuentro con líderes de las 10 Juntas Directivas pro vivienda de Guararí que se realizó el pasado 24 de noviembre en el mismo salón de la reunión de este lunes 17. Dicho encuentro se dio gracias al apoyo de Froylán Salzar, líder de Villa Paola, que realizó el acercamiento a las otras 9 organizaciones.

En esa pasada reunión con 30 líderes comunales, Albino Vargas, Secretario General de ANEP, escuchó la problemática de caracter social, comunal y de salud que vive Guararí. La problemática no solamente es vivida por el nicaragüense, sino también por el tico, y se demostró que vale la pena organizarse sin distingo de nacionalidad alguna, sino como miembros de una misma comunidad.

Guararí es una comunidad de carácter propositivo, dispuesta no sólo a recibir ayuda o colaboración sino también ha integrarse de manera directa en el proceso que el convenio ANEP-FNT le oriente.

ANEP se compromete en dar seguimiento en orientación para gestionar vivienda, mejor servicio de salud, transporte y políticas de orden social, así como todo el apoyo para poder tocar las puertas indicadas en instituciones y gobierno para ayudar a la mejora social.

Este acercamiento a Guararí se da como segunda etapa del trabajo de este año con la FNT, ya que su primer objetivo era organizar sindicalmente a pobladores de La Carpio, como sucedió el 20 noviembre pasado, con una reunión de líderes comunales del sector de Las Brisas en La Carpio, organización sector sindical la importancia de estar sindicalizado para poder luchar juntos contra la problemática social de la comunidad.

En La Carpio la ANEP ya tiene conformada su primera seccional de tipo comunitario, integrada por Carlos Guzmán, Marlene Flores, Juan José Corea, Kattia Cruz, Carlos Barquero, Ronaldo Rugama, Johara Rosales, Julio César Morales, Ana María Valdivia, Marbely Canda y Santa Suárez.

Latifundios mediáticos contra gobiernos progresistas

Publicada el 17/12/2012 | por ANEP | Dejar un comentario

POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

¿Cómo se explica la actitud de manipulación y mentira de los monopolios mediáticos en América Latina?, se pregunta el especialista español en ciencias de la comunicación Ignacio Ramonet, al referirse sobre el fenómeno de lo que muchos analistas han calificado como “la canalla mediática”.

Su respuesta es contundente: los que él denomina “latifundios mediáticos” privados en Latinoamérica porque concentran canales de televisión, estaciones de radio, periódicos y revistas, han declarado una guerra a muerte a los gobiernos progresistas de la región debido a que en su lucha por pagar la deuda social mediante un Estado redistributivo, pretenden desconcentrar el poder de la palabra impulsando una información pluralista que afecta sus intereses corporativos.

Lo paradójico, explica, es que por buscar ampliar la oferta informativa a través de fortalecimiento de canales públicos, los grandes dueños de los monopolios mediáticos que quieren seguir conservando su privilegio, no solo distorsionan la realidad sino que aducen que dichos gobiernos están atentando contra la libertad de prensa. Por el contrario, recalca Ramonet, de lo que se trata es que haya más libertad de expresión mediante la pluralidad y diversidad de expresión.

Este destacado científico social, doctor en Semiología e Historia de la Cultura, con una amplia experiencia tanto periodística como docente, y uno de los analistas más agudos internacionalmente sobre el fenómeno de las comunicaciones, director actualmente de la edición en español de Le Monde Diplomatique, estuvo en Bogotá y Medellín entre el 13 y el 16 de noviembre cumpliendo una serie de compromisos académicos.

En la Universidad Piloto de Bogotá presidió un dinámico conversatorio, especie de rueda de prensa, en el que participó el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano www.cronicon.net.

COMPORTAMIENTO DESCARADO Y CARICATURAL

Al estar empeñados los gobiernos de países como Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay y Venezuela en democratizar el acceso a los medios de comunicación a través de una legislación que permita diversificar la oferta informativa, impulsando y fortaleciendo los canales de radio y televisión públicos y comunitarios, están tocando en forma directa los intereses de los dueños de los grandes medios de comunicación que por años han tenido posición dominante.

Ello explica en buena medida, señala Ramonet, la guerra mediática descarada que han desatado los empresarios de los medios privados contra mandatarios progresistas como Cristina Fernández de Kirchner, Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales, para traer a colación los casos más recurrentes.

En la actualidad, explica, “los medios de comunicación se utilizan como arma de combate y su propósito es el de defender sus intereses de casta. Ya no actúan como medios sino como auténticos partidos políticos. Si antaño se exigía la reforma agraria porque la tierra era un elemento de poder, ahora se hace necesario una reforma a la concentración de los medios, los denominados latifundios mediáticos”, por cuanto que de “la calidad de la información depende la calidad de la democracia. No puede haber opinión pública si no hay medios de masas”, afirmó el científico social.

Calificó de “descarado y caricatural” el comportamiento de los “latifundios mediáticos” en la región que, por defender sus oligopólicos intereses corporativos, vienen desplegando una intensa campaña para desestabilizar los gobiernos que no les son afines a sus conveniencias lucrativas.

Señaló al Grupo Clarín de Argentina que concentra innumerables canales de televisión abierta y por cable, estaciones radiales y posee el diario del mismo nombre que se edita en Buenos Aires, de estar detrás de la organización e impulso de la manifestación del pasado 8 de noviembre que se publicitó bajo la denominación del 8N contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández.

La impudicia llegó a tanto, agregó Ramonet, que la CNN en español, “en un caso de intromisión de una cadena internacional pocas veces visto en un debate nacional como el argentino, hacía llamados a la insurrección publicitando el 8N”. Y todo lo presentan como si fuera información, en una actitud caricatural de periodismo, recalcó.

Lo mismo ha ocurrido, dijo, con el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, país en que los grandes medios han estado tradicionalmente en manos de banqueros corruptos que estafaron a millones de ciudadanos o de grupos económicos reducidos, los cuales han pretendido seguir ostentando la propiedad de los mismos. Como se resisten a perder el control de la información, han montado toda una matriz mediática para hacer aparecer al mandatario ecuatoriano como autócrata, contrario a la libertad de prensa y reacio a la crítica.

Afortunadamente, agregó, “poco a poco los ciudadanos van tomando conciencia y empiezan a mostrar gran desconfianza de la manipulación mediática. Temen encontrarse en un estado de inseguridad informativa”.

SE CREYERON DUEÑOS DEL ESPACIO RADIOELÉCTRICO

Tras visitar durante los últimos seis meses países como Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela y ahora Colombia para informarse en detalle sobre la legislación y funcionamientos de los medios de comunicación en estas naciones latinoamericanas, Ramonet explica que en todas ellas se adoptó la pauta norteamericana en el sentido de que los medios fueran manejados por el sector privado a través de concesión de espacios del espectro radioeléctrico que, como se sabe, es de propiedad de los Estados.

Por lo general, recuerda, las licencias para operar canales de televisión y las emisoras de radio fueron entregadas a familias prominentes del establecimiento o a determinados grupos empresariales por favoritismo político o por conveniencias económicas. Dichas licencias se otorgaban para que esos medios fueran explotados durante 15 o 20 años. Lo que ocurre, dice Ramonet, es que los favorecidos se consideraron “dueños de los espacios por siempre jamás”.

DE MEDIOS DE INFORMACIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS

Al tiempo que la canalla mediática en América Latina defiende a rabiar sus intereses corporativos mediante estrategias de desprestigio contra los gobiernos progresistas, hasta tal punto que logró dar un golpe de Estado como el de Venezuela en abril de 2002 cuando fue derrocado por 48 horas el presidente Hugo Chávez, simultáneamente se ha convertido en partido político, explica Ramonet.

En efecto, afirma, “ante el derrumbe de los partidos corruptos de derecha que ya no tienen apoyo popular, en varios países latinoamericanos los grandes medios que están en manos del establecimiento, han asumido el rol de oposición y desestabilización política”, lo cual se observa no solo en Venezuela sino en Honduras y Paraguay en donde contribuyeron a tumbar a los presidentes José Manuel Zelaya en junio de 2009 y Fernando Lugo en 2012, respectivamente, así como en Ecuador cuando trataron de derribar del poder a Rafael Correa en septiembre de 2010; y actualmente en Argentina, en que el Grupo Clarín y el ultraconservador diario La Nación buscan torpedear por todos los flancos a la mandataria Fernández de Kirchner.

DEMOCRATIZACIÓN DE LOS MEDIOS ESTÁ EN LA DIVERSIDAD

No obstante la guerra mediática contra los líderes de izquierda y progresistas de la región, Ramonet resalta que paulatinamente varios países latinoamericanos están implementando legislaciones que permitan la pluralidad de la información, lo que como es obvio, va a posibilitar diversidad de miradas y voces sobre la realidad.

En ese sentido, hace un comparativo con lo que ocurre en Europa, en donde los Estados desarrollan canales de comunicación pública, cuyo trabajo responsable y profesional han posicionado a emisoras como la BBC de Londres, RTVE de España, Deutsche Welle de Alemania, la RAI de Italia, Radio Francia, entre otras, al tiempo que el sector privado explota como negocio sus propios medios.

No sería justo, afirma Ramonet, que el Estado solo manejara la totalidad de los medios de comunicación, por el contrario, lo es necesario y lo importante es la diversidad. “Hay que defender la pluralidad informativa pero infortunadamente en América Latina se oponen los privados porque tiene concentrado todo el pastel comunicacional y publicitario”. De allí, colige, es imperativo desarrollar los canales públicos y el sector comunitario, dándoles espacios radioléctricos y brindándoles financiación.

Sin embargo, reitera que es precisamente la búsqueda de pluralidad informativa por parte de varios mandatarios latinoamericanos lo que ha creado irritación en los monopolios mediáticos que están viendo perder su exclusividad, y por esta razón la han emprendido contra los gobiernos que están tocando directamente sus plutocráticos intereses.

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL IMPULSO DE MEDIOS ALTERNATIVOS

Como bien lo señala en su último libro “La explosión del periodismo”, Ramonet recalca que Internet ha puesto en jaque a los medios tradicionales, pero al mismo tiempo, está impulsando la generación de medios alternativos y comunitarios.

“Las nuevas tecnologías han transformado la comunicación y han permitido el apoderamiento de la sociedad frente a los monopolios mediáticos”, hasta tal punto, agrega, que “nunca había sido tan fácil ser periodista como hoy”.

Destaca experiencias comunicacionales como la radio La Colifata de Argentina que emite desde un sanatorio psiquiátrico y sobre la cual Ramonet tuvo conocimiento gracias a la información que le suministró el cantautor francés de origen español Manu Chau.

Como lo señala en la presentación de su web (www.lacolifata.org/) esta estación radial “es una ONG que brinda servicios en salud mental utilizando los medios de comunicación para la creación de ‘espacios en salud’, además, desarrolla actividades en el área de investigación. Es comúnmente conocida como LT 22 Radio ‘La Colifata’, la radio de los internos y ex internos del Hospital Borda de Buenos Aires. Es la primera radio en el mundo en transmitir desde un neuropsiquiátrico”.

MODELO TRADICIONAL DE MEDIOS ESTÁ EN CRISIS

Las posibilidades que ofrecen no solo el Internet sino la computadora, el celular, el iPad, las cámaras digitales, etc., para procesar información han producido la crisis de los medios tradicionales, sostiene el director de la versión española de Le Monde Diplomatique.

Por ello no duda en aseverar que “la democratización de la información es relativamente posible” gracias a estas tecnologías que han permitido la irrupción de medios alternativos, pero así mismo es evidente que “el modelo tradicional de los medios está en crisis, y eso que la revolución en Internet apenas está empezando”.

Ramonet explica que esta crisis se refleja en tres aspectos: la mayor parte de los medios de prensa escrita están perdiendo dinero; o están ganando menos; o están en quiebra. Puso como ejemplo el hecho de que en Estados Unidos más de 120 periódicos en los últimos años han cerrado y 35 mil periodistas han perdido su trabajo. O el caso de El País de España adquirido recientemente por el fondo financiero Liberty que acaba de despedir a 129 trabajadores. Es más, se atrevió a afirmar que “nadie puede asegurar que la CNN pueda llegar al final del próximo año”.

Frente a este panorama desolador dijo que la alternativa son los medios independientes que por sus innovadores esquemas funcionales están posibilitando hacer buen periodismo. Trajo a colación el caso de la web norteamericana de noticias on line Politico.com, especializada en noticias sobre la Casa Blanca y el Congreso de los Estados Unidos.

“Su modelo económico se basa en la gratuidad, pero este diario on line a lanzado a principios de 2011 una web de pago: Político Pro con una suscripción anual que cuesta 1.495 dólares”.

EUROPA O LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO DE BIENESTAR

Finalmente se refirió a la realidad sociopolítica de Europa y dijo que lo que se está presenciando en la actualidad es la destrucción del estado de bienestar, en buena medida responsabilidad de la socialdemocracia que perdió su esencia ideológica y se convirtió en social-liberalismo. Los casos paradigmáticos dijo Ramonet, son los de José Luis Rodríguez Zapatero en España; George Papandreou en Grecia; y José Sócrates en Portugal que siendo líderes de partidos que se decían socialistas terminaron defraudando a sus electores porque impulsaron paquetazos neoliberales en contra de las condiciones de vida de los habitantes de estos países.

En buena hora, comenta, han aparecido sectores de izquierda como Syriza en Grecia, el Partido de Izquierda que lidera Jean-Luc Mélenchon en Francia, o unos frentes amplios de agrupaciones progresistas que se inspiran en los procesos políticos que se vienen dando en América Latina, en el sentido de revertir el modelo neoliberal para que el Estado recobre su papel de proteger a los más débiles.

Bogotá, noviembre 12 de 2012.

Presidente Correa recibe premio a la comunicación popular en Argentina

Publicada el 17/12/2012 | por ANEP | Dejar un comentario

CRONICÓN.NET

“Los medios mercantilistas no son libres ni independientes, sino sometidos al capital”, afirmó el presidente ecuatoriano Rafael Correa durante su intervención en el acto en que la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata le hizo entrega del emblemático Premio Rodolfo Walsh.

Durante su discurso criticó a los medios de comunicación privados de su país que prácticamente están prostituidos, aliados a los corruptos y decadentes partidos políticos de la derecha e ironizó: “Si me muerde un perro, al día siguiente entrevistan al perro. Y si lo pateo me denuncian”.

“No somos intolerantes con la prensa, somos intolerantes como debemos serlo con la mentira, la corrupción, mediocridad, mala fe. Y en América Latina la prensa miente, amparándose en la libertad de expresión, confunde información con opinión y cree que cuestionar es engañar”, apuntó Correa al añadir que el involucramiento de los medios “en política es descarado”.

Correa recordó que en Ecuador, los medios de comunicación escritos a nivel nacional son propiedad de media docena de familias.

“La práctica generalizada era ser un emporio económico y luego invertir en medios de comunicación, no para informar, sino para defender los intereses del emporio”. Mencionó el caso de la familia Isaías, “que poseía un grupo de más de 200 empresas, entre ellas el banco más grande del país, dos canales de televisión en señal abierta y uno por cable, el propio servicio de televisión por cable, tres radios regionales y varias revistas”.

“En mi país había grupos económicos que invertían en comunicación no para informar sino para defender únicamente sus intereses”, recalcó.

También dijo que estos negocios pretenden que hay que “tolerar las mentiras en nombre de la libertad de expresión”.

La libertad de expresión, agregó, se reduce a la libertad de empresa de la canalla mediática que defiende los privilegios del gran capital. “La información ~~acotó~~ no se puede proveer con lógica de mercado”.

Señaló además que los latifundios mediáticos en América Latina están muy lejos de ser profesionales, imparciales e independientes. Lo que hay, dijo, es “una información mercantil”.

El mandatario ecuatoriano recibió de manos Florencia Saintut, decana de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, el premio Rodolfo Walsh a la comunicación popular en la categoría de “Presidente latinoamericano”.

La decana relievó una frase del inmolado periodista argentino “que durante mucho tiempo leímos en silencio de manera desarticulada” para recordar la lucha de Walsh: “Aun así habría que advertirles que tal vez todo lo que están haciendo va a ser vano porque por cada uno que maten, la lucha resurgirá bajo nuevas formas”.

Saintout sostuvo que el reconocimiento a Correa tiene que ver con que “es uno de los referentes que con mayor solvencia ha puesto el dilema y la dicotomía en la función que tienen los medios de comunicación, que se creen dueños de la verdad, y que tienen finalmente un fin de lucro, en oposición a la comunicación de los pueblos”.

Correa al recibir el galardón sostuvo que es reconfortante obtener este premio porque constituye una valiosa demostración de que “hay eco en esa lucha contra esos negocios dedicados a la comunicación que nos quieren privatizar hasta ese derecho”.

El acto académico se desarrolló en la sede universitaria, localizada a 40 kilómetros al sur de Buenos Aires.

La resolución del Consejo de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP destaca que “Rafael Correa es uno de los referentes actuales en la batalla contra la voluntad hegemónica que pretende encorsetar la palabra y, a través de ella, a los sujetos individuales y sociales”.

En su discurso, el jefe de Estado ecuatoriano recalcó la importancia de la lucha contra la privatización de la comunicación, “que es un derecho”.

“Gran parte de las decisiones que tomamos para nuestras familias, para nuestros negocios, lo que opinamos de supuestos hechos de la vida nacional e internacional, dependen de lo que nos digan o callen un puñado de medios de comunicación”, sostuvo Correa.

“Aunque este es un problema planetario, en Latinoamérica ~~dado los monopolios de medios, su propiedad familiar, sus serias deficiencias éticas y profesionales y su descarado involucramiento en política~~, el problema es mucho más serio”, añadió.

DEMOCRATIZAR LA PALABRA

Dijo que “es necesario democratizar la propiedad de los medios e independizarlos de la lógica de mercado”. Criticó a los medios privados porque “si calumnian a un gobierno es libertad de expresión, y si un presidente osa contestarles es un atentado a la libertad”.

“Esos medios en mi país no entienden que las verdades a medias son doble mentira y dicen que debemos tolerar la mentira en nombre de la libertad de expresión”, remarcó, y agregó que “muchas veces los negocios de la comunicación se encuentran vinculados íntimamente con otros intereses empresariales, distintos a los de la comunicación”.

“Cualquier regulación es satanizada como un atentado a la libertad de expresión, cuando lo que proveen es un bien indispensable y un derecho que nadie te puede quitar y que no puede estar sujeto a la lógica de mercado”, dijo el presidente del Ecuador, al tiempo que planteó la necesidad de abrir el debate sobre la conveniencia de que la comunicación sea una función del Estado, con visión de bien común y con control democrático.