Para pensar la autonomía salarial en el Sector Municipal

Me permito expresar las consideraciones y justificaciones técnicas y jurídicas que puede valorar la honorable comisión que usted dirige en cuanto a la potestad y posibilidad de tomar un acuerdo para respaldar el 5% de aumento para todos los trabajadores de la Municipalidad de Goicoechea.

Primero no es de recibo que existen limitaciones en el Código Municipal o en la Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Goicoechea, para otorgar aumentos salariales superiores al decretado por el Gobierno para los Trabajadores del Sector Publico. Es más de hecho y según lo estipulado en el mismo artículo 66 de la Convención Colectiva de Trabajo se establecen dos parámetros fundamentales para otorgar reajustes salariales, expresándolo de la siguiente forma:

“…otorgando un reajuste salarial de acuerdo con el proceso inflacionario y perdida adquisitiva del salario…”, es decir, no solo el índice de inflación (que además en un parámetro base y no único) sino también la pérdida adquisitiva del salario, que de por sí ya es una cobija bastante amplia, y que nos da el mecanismo técnico y jurídico de respaldo necesario para definir una política de salarios crecientes para los trabajadores y las trabajadoras de la Municipalidad.

Por un lado, se puede decir que se otorgará un reajuste del 3,66% de aumento de acuerdo al decreto de salarios del Gobierno Central para los trabajadores del sector público y por otro lado se aprueba dentro de la política de salarios crecientes un aumento del 1,34% en reconocimiento a la pérdida adquisitiva de los salarios de los trabajadores municipales, según lo que establece la Convención Colectiva de Trabajo en su artículo número 66.

Es así, como esta decisión tiene su fundamento en la Convención Colectiva y por otro lado ustedes lo que están haciendo es cumplir con un acuerdo que se suscribió el día 20 de Setiembre en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre la ANEP y la Alcaldesa; acuerdo en el cual se les exhorta a asumir las competencias y la potestad de imperio que la Ley les da en cuanto a que es el Consejo Municipal el que otorga los aumentos salariales para los trabajadores y trabajadoras municipales, y cuyo fundamento técnico y jurídico ya lo mencionamos en los párrafos anteriores.

Para reforzar lo antes indicado, adjunto criterio jurídico sobre esta materia:

1. La autonomía municipal y la definición de la política salarial

Ahora bien, resulta fundamental determinar la competencia de las municipalidades para la determinación de su política salarial interna, lo cual debe hacerse en el marco de la autonomía municipal establecida en el artículo 170 constitucional. Al efecto, la Sala Constitucional ha indicado que:

“IV.- AUTONOMÍA MUNICIPAL. GENERALIDADES. Gramaticalmente, es usual que se diga que el término “autonomía”, puede ser definido como “la potestad que dentro del Estado pueden gozar municipios, provincias, regiones u otras entidades de él, para regir intereses peculiares de su vida interior, mediante normas y órganos de gobierno propios”. Desde un punto de vista jurídico-doctrinario, esta autonomía debe ser entendida como la capacidad que tienen las Municipalidades de decidir libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo referente a la organización de determinada localidad (el cantón, en nuestro caso). Así, algún sector de la doctrina ha dicho que esa autonomía implica la libre elección de sus propias autoridades; la libre gestión en las materias de su competencia; la creación, recaudación e inversión de sus propios ingresos; y específicamente, se refiere a que abarca una autonomía política, normativa, tributaria y administrativa, definiéndolas, en términos muy generales, de la siguiente manera: autonomía política: como la que da origen al autogobierno, que conlleva la elección de sus autoridades a través de mecanismos de carácter democrático y representativo, tal y como lo señala nuestra Constitución Política en su artículo 169; autonomía normativa: en virtud de la cual las municipalidades tienen la potestad de dictar su propio ordenamiento en las materias de su competencia, potestad que en nuestro país se refiere únicamente a la potestad reglamentaria que regula internamente la organización de la corporación y los servicios que presta (reglamentos autónomos de organización y de servicio); autonomía tributaria: conocida también como potestad impositiva, y se refiere a que la iniciativa para la creación, modificación, extinción o exención de los tributos municipales corresponde a estos entes, potestad sujeta a la aprobación señalada en el artículo 121, inciso 13 de la Constitución Política cuando así corresponda; y autonomía administrativa: como la potestad que implica no sólo la autonormación, sino también la autoadministración y, por lo tanto, la libertad frente al Estado para la adopción de las decisiones fundamentales del ente. Nuestra doctrina, por su parte, ha dicho que la Constitución Política (artículo 170) y el Código Municipal (artículo 7 del Código Municipal anterior, y 4 del vigente) no se han limitado a atribuir a las municipalidades de capacidad para gestionar y promover intereses y servicios locales, sino que han dispuesto expresamente que esa gestión municipal es y debe ser autónoma, que se define como libertad frente a los demás entes del Estado para la adopción de sus decisiones fundamentales. Esta autonomía viene dada en directa relación con el carácter electoral y representativo de su Gobierno (Concejo y Alcalde) que se eligen cada cuatro años, y significa la capacidad de la municipalidad de fijarse sus políticas de acción y de inversión en forma independiente, y más específicamente, frente al Poder Ejecutivo y del partido gobernante. Es la capacidad de fijación de planes y programas del gobierno local, por lo que va unida a la potestad de la municipalidad para dictar su propio presupuesto, expresión de las políticas previamente definidas por el Concejo, capacidad, que a su vez, es política. Esta posición coincide con la mayoritaria de la doctrina, en la que se ha dicho que el rango típico de la autonomía local reside en el hecho de que el órgano fundamental del ente territorial es el pueblo como cuerpo electoral y de que, consiguientemente, de aquél deriva su orientación política-administrativa, no del Estado, sino de la propia comunidad, o sea, de la mayoría electoral de esa misma comunidad, con la consecuencia de que tal orientación política puede diverger de la del Gobierno de la República y aún contrariarla, ahí donde no haya correspondencia de mayorías entre la comunidad estatal y la local; o bien, que la autonomía política es una posición jurídica, que se expresa en la potestad de conducir una línea política propia entendida como posibilidad, en orden a una determinada esfera de intereses y competencias, de establecer una línea propia de acción o un programa propio, con poderes propios y propia responsabilidad acerca de la oportunidad y la utilidad de sus acto.” Sala Constitucional, voto no. 5445-99.

Es decir, esta autonomía municipal abarca la organización y administración de los intereses locales, y la organización y administración interna de la respectiva municipalidad. Es así que corresponde a cada Municipalidad la determinación de su política salarial interna. Esto ha quedado claro incluso por medio de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que ha declarado inconstitucional la norma que trasladaba esa competencia a la Contraloría General de la República y al IFAM en lo que se refería a la definición de la política salarial del entonces ejecutivo municipal –actual alcalde municipal-. En esa ocasión la Sala Constitucional indicó que:

“XL.- DE LA FIJACIÓN DE SALARIOS. El artículo 76 del Código Municipal es impugnado en cuanto establece una categorización de las municipalidades en razón del presupuesto y confiere al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, en coordinación con la Contraloría General de la República, la tarea para fijar los salarios de los entonces Ejecutivos Municipales y sus aumentos en relación con los presupuestos de las mismas, lo cual se estima violatorio de la autonomía municipal y el principio de razonabilidad. Efectivamente, conforme a todo lo dicho anteriormente en esta sentencia, esta disposición es absolutamente inconstitucional, en abierta violación de la autonomía administrativa de las municipalidades definida en el artículo 170 constitucional, en tanto la fijación del salario de su Alcalde (antes Ejecutivo) es materia propia de su gobierno y administración, debiendo corresponder a sus autoridades su determinación, conforme a las funciones que tiene encomendadas, lo cual, en todo caso, debe estar en relación proporcional con el presupuesto de la municipalidad, tal y como se define en el artículo 20 del Código Municipal, número 7794. En virtud de lo cual, la frase del párrafo tercero del artículo 76 que dice “La Contraloría General de la República y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal fijarán, anualmente, los salarios de los ejecutivos municipales, con base en el monto de los presupuestos municipales a que se refiere este artículo”; resulta inconstitucional. Esta inconstitucionalidad es declarativa y retroactiva a la fecha de entrada de vigencia de la norma, sea el seis de noviembre de mil novecientos ochenta y seis.” Sala Constitucional, voto no. 5445-99.

CONCLUSION:

Es decir, queda absolutamente claro que dentro de la autonomía municipal está la definición administrativa y de gobierno de su política salarial interna, debiendo eso sí guardar proporcionalidad con su presupuesto, que para el caso que nos ocupa existe un presupuesto aprobado de un 5% y contenido económico para sustentarlo.
Resulta claro que el Código Municipal exige para la aceptación de negociaciones colectivas que impliquen modificaciones presupuestarias, que se demuestre el costo de vida ha aumentado sustancialmente según los datos oficiales. Esto evidentemente no implica una determinación de cuál debe ser la política salarial de determinada Municipalidad. Por el contrario, solo implica que debe demostrarse tal incremento sustancial para que proceda una negociación colectiva salarial que implique la modificación de un presupuesto ordinario.

De ninguna forma podría interpretarse, so pena de violentar la autonomía constitucional, que la fijación salarial deba ser exclusivamente de acuerdo a la determinación de la inflación que haya hecho un órgano de gobierno, como vendría a ser el Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC.

Por el contrario, esta norma establece la autorización legal a las Municipalidades de establecer negociaciones colectivas salariales que impliquen la modificación de los presupuestos ordinarios, siempre y cuando el costo de la vida haya crecido sustancialmente. El “quantum” de esa negociación, es decir, la política salarial concreta negociada con los trabajadores es definida por la Municipalidad en el ejercicio de su autonomía municipal, siempre atendiendo la proporcionalidad con relación al presupuesto Municipal.

Acuerdos en la Municipalidad de Goicoechea

Estimadas compañeras y estimados compañeros:

Respetuosos saludos. Adjuntamos el Acta de Acuerdo que puso fin al conflicto huelguístico desatado en la Municipalidad de Goicoechea, durante los días martes 18, miércoles 19 y jueves 20 del presente mes de setiembre; conflicto que se resolvió con la oportuna intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en la persona de la Licda. Leda Villalobos Villalobos, Directora de Relaciones Laborales de esta entidad. La fuerza de la huelga y el apoyo mayoritario, impresionante como histórico en esta municipalidad, fue aleccionador rotundamente.

En primer término, dejamos constancia expresa por esta vía de un agradecimiento a ella, doña Leda, de parte de la ANEP por su profesional intervención.

Muchas personas trabajadoras asalariadas del equipo de ANEP tuvieron que ver con este conflicto, tanto las que debieron estar directamente sumidas en él, como las que de manera indirecta garantizan el éxito de un evento como éste. Afortunadamente, somos una organización y tenemos una estructura que nos permite salir avante. Uno pudiera mencionar una a una, pero podemos correr el riesgo de dejar a alguien por fuera (más en estos años en que uno está). Así que, cada uno de estos compañeros y cada una de estas compañeras sabe que, con sinceridad y con todo corazón, les agradecemos lo que hicieron para sacar este conflicto adelante.

Es necesario y justo explicitar el papel de la compañera Rebeca Céspedes Alvarado, Presidenta de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de Goicoechea, cuyo rol fue fundamental para iniciar una ruptura con un ambiente de miedo muy institucionalizado en tal entidad. Sus compañeros y sus compañeras de directiva seccional fueron determinantes, también, para salir adelante. ¡¡¡Felicitaciones!!!

Se logró hacer bien visible el problema de los contratos ilegales de trabajo que, aunque con continuidad en el tiempo, se venían realizando por plazos fijos de dos o de tres meses, dándose la penosa situación de personas trabajadoras con muchos años de servicio acumulados y sin pago alguno de anualidades. La huelga le generará muchos “cinquitos” a una buena cantidad de personal institucional. Además, se abre un proceso hacia el logro de la estabilidad en el empleo, dentro del cual la tesis de la ANEP de los “concursos sin oposición”, puedan dar ya esa estabilidad a tales trabajadores y trabajadoras quienes habían venido viviendo con una espantosa situación de incertidumbre laboral sobre su propio futuro y el de sus familias. Relevante fue la circunstancia de que por los días holgados no habrá ningún tipo de represalia para los y para las valientes huelguistas.

Con relación al tema del reajuste por costo de vida, según el acuerdo, corresponderá al Concejo Municipal su definición final, lográndose ya su avance en el seno de la Comisión de Hacienda del mismo, según acuerdo de este viernes 21. Se espera para la noche del próximo lunes 24 de setiembre que el Concejo de Goicoechea tome la decisión final al respecto; lo cual se garantiza por cuanto la mayoría de sus integrantes, honorables señores regidores y señoras regidoras, estuvieron con este movimiento y desde hacía ya bastantes semanas habían venido planteando el asunto de la precariedad laboral y salarial de la mayoría del personal de la Municipalidad de Goicoechea.

Se abre una nueva etapa en la vida sindical en esta entidad y nos sentimos orgullosísimos y super satisfechos de que sea la ANEP la que lleve adelante los desafíos que ello implica. Ahora somos la mayoría sindical en esta municipalidad, lo cual es una realidad incontrastable.

Al igual que los y que las valientes personas trabajadoras huelguistas en las municipalidades guanacastecas de Nicoya y de Santa Cruz, quienes hicieron gala, recientemente, de una gran dignidad laboral, de una disposición de lucha admirable, de una organización sindical basada en la transparencia y en la solidaridad; en Goicoechea observamos ejemplos similares que enaltecen la bandera sindical nacional y, especialmente, la de la ANEP. Profunda felicitación merecen todos y todas que han estado sacando la cara por la dignidad obrera en estos días. Una actitud también de igual calibre y de emocionante convicción, fueron los compañeros de campo de la Municipalidad de Oreamuno quienes, recientemente, hicieron un paro laboral para señalar que su lucha por la Convención Colectiva de Trabajo está más vigente que nunca y de la cual habrá noticias en fecha próxima.

Eterna gratitud y sincerísimas felicitaciones. Un gran honor para la ANEP.

Servido atento,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
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Acta

San José, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Departamento de Relaciones de Trabajo, al ser las 10 horas del día 20 de Setiembre del 2012, reunidos representantes de la Municipalidad de Goicoechea y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), manifiestan:

Por la Municipalidad:

En lo que respecta al aumento salarial del segundo semestre y teniendo en cuenta que la fijación de políticas salariales y la determinación puntual de los aumentos de salarios para los servidores municipales es una competencia única y exclusiva del honorable Concejo Municipal y que la determinación del porcentaje aplicable como aumento salarial para el segundo semestre del presente año es actualmente de conocimiento del Concejo Municipal concretamente en la comisión de Hacienda para su dictamen, la Administración Municipal aplicará el aumento que ese órgano político acuerde, en el entendido, que ese acuerdo cumplirá con los requisitos de existencia del contenido presupuestario debidamente aprobado, que forme parte de una política salarial que asuma ese concejo municipal en una forma técnica y justificada, amparada al marco de legalidad vigente. Siendo así, la Administración aplicará lo definido por el Concejo Municipal.

Asimismo que la Administración informará a la Contraloría General de la República la Política Salarial que se asuma.

Por ANEP:

La representación de los trabajadores manifiesta que existiendo las condiciones presupuestarias y de contenido debidamente aprobadas por la Contraloría General de la República, es totalmente factible técnica y jurídicamente, otorgar un aumento del 5% para los trabajadores y las trabajadoras de la Municipalidad de Goicoechea.
Entonces no es de recibo que existen limitaciones en el Código Municipal o en la Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Goicoechea, para otorgar aumentos salariales superiores al decretado por el Gobierno para los Trabajadores del Sector Publico. Es más de hecho y según lo estipulado en el mismo artículo 66 de la Convención Colectiva de Trabajo se establecen dos parámetros fundamentales para otorgar reajustes salariales, expresándolo de la siguiente forma: “…otorgando un reajuste salarial de acuerdo con el proceso inflacionario y perdida adquisitiva del salario….”, es decir, no solo el índice de inflación (que además en un parámetro base y no único) sino también la pérdida adquisitiva del salario, que de por si ya es una cobija bastante amplia, y que nos da el mecanismo jurídico de respaldo para llegar a un Convenio Simple.

No podemos compartir la posición de la representación patronal de la Municipalidad en cuanto a que no pueden hacer la propuesta de reajuste salarial del 5%, pues no esta en sus manos, sino que eso corresponde al Concejo Municipal; reiteramos que si es posible hacer llegar esta propuesta de reajuste salarial a dicho Concejo, pero notamos en esta posición una actitud de no querer llegar a acuerdos en materia salarial para solucionar este conflicto económico social, y que por tanto no podemos aceptar esta posición y tampoco asumimos la responsabilidad en cuanto al termino de este conflicto, y por tanto para nosotros en este tema el conflicto y la huelga continúan.

Ambas Partes Acuerdan:

Ambas partes concuerdan en que el proceso necesario para normalizar la situación de las personas trabajadoras interinas necesita un abordaje altamente profesional y completamente justo; por lo cual se hace una exhortación compartida para que la Auditoría Municipal y el el propio Concejo Municipal se extiendan los plazos de los que se ha venido hablando al respecto. Adicionalmente, la Administración valorará las aportaciones jurisprudenciales y técnico-jurídicas que la ANEP presentará, para establecer la posibilidad de concursos sin oposición, de modo tal se justiprecie objetivamente las cuestiones de idoneidad y requisitos mínimos a considerarse al momento de definir esta situación completamente.

La Administración indica a la ANEP que ya ha venido formulando las previsiones presupuestarias necesarias para el reconocimiento de las deudas individuales acumuladas por concepto de anualidades por los interinatos prolongados bajo la modalidad de contratos de trabajo de tiempo definido; para establecer el pago correspondiente según corresponda en cada caso y en el momento preciso.

Las labores paralizadas se reanudarán este viernes 21 de Setiembre según lo usual; y no habrá represarías de ningún tipo para los y las participantes en el movimiento. Dicho personal asume el compromiso de intensificar su desempeño laboral en las jornadas ordinarias venideras de forma tal que los procesos no se vean afectados por le tiempo holgado y se desplieguen con el máximo de celeridad, eficiencia e eficacia para el beneficio de la comunidad y sin que medie el pago de jornadas extraordinarias.

En fé de lo anterior se firma en la ciudad de San José, al ser la quince horas con quince minutos del 20 de Setiembre del 2012

Por La Municipalidad

Ana Lucía Madrigal Faerron
Arlene Cordero Fonseca
Álvaro Salazar Castro
Sahid Salazar Castro

Por ANEP

Albino Bargas Barrantes
Rafael Mora Solano
Rebeca Céspedes Alvarado
Karla Carballo Vargas

Por Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

Leda Villalobos Villalobos

Al fin se logran acuerdos en AyA de Puriscal

*ACTA DE ACUERDO
CONFLICTO LABORAL CON TRABAJADORES
DEL PLANTEL AyA DE PURISCAL*

Al ser las once horas del día jueves 13 de setiembre de 2012, en las instalaciones del plantel de Puriscal, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA); se encontraron en reunión los trabajadores del mismo con las siguientes personas funcionarias institucionales, en representación de AyA:

  • Victoria Barrantes, Directora de Recursos Humanos AyA
  • Isabel Madrigal Aguilar, Directora Cantonal AyA de Puriscal
  • Carlos Hidalgo Cubillo, Departamento Pago AyA de Puriscal
  • Orlando Alvarado Segura, Jefe de Mantenimiento AyA de Puriscal

En representación de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP):

Jesús Sibaja Bustamante, Presidente de la Junta Directiva Seccional Nacional ANEP – AyA
Edwin Marín Bonilla, Vicepresidente de la Junta Directiva Seccional Nacional ANEP – AyA
Álvaro Granados Valverde, Responsable de ANEP para AyA, Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), ANEP.

Se efectúan los siguientes acuerdos:

1) Con el fin de evitar que los funcionarios se trasladen a otro sitio, a partir del 14 de setiembre de 2012, los trabajadores registrarán su entrada y salida a través de un control manual, el cual estará supervisado por el señor Orlando Alvarado; o en su sustitución, quien ejerza el cargo de capataz. Lo anterior de forma provisional hasta que se instale el reloj marcador digital en el plantel, que se estima en un período aproximado de tres meses.

2) En cuanto al beneficio de exención de marca, los trabajadores expresan su anuencia de seguir marcando durante el tiempo ordinario en el entendido de que cuando no lo hagan, no serán sancionados por cuanto se encuentran exonerados. Asimismo, se aclara que los trabajadores que laboran tiempo extraordinario deben marcar durante este tiempo.

3) Las expensas serán canceladas de forma bisemanal. En caso de atraso involuntario, el señor Carlos Hidalgo se compromete a comunicarlo con anterioridad a los trabajadores.

4) El señor Orlando Alvarado Segura expone ampliamente los conflictos planteados por los trabajadores en cuanto al abuso de poder, rechazando los alegatos manifestados. Considera que las situaciones presentadas se deben a problemas de comunicación y falta de equipo, por lo que siempre debe quedar un trabajador en la bodega, lo cual no significa un castigo.

5) La señora Isabel Madrigal Aguilar, se compromete a entregar el Reglamento Interno a cada uno de los trabajadores en la próxima semana.

6) Se realizará una capacitación a través de la empresa Font sobre el uso y manejo de los compresores, al personal que indique la jefatura. Además, el señor Orlando Alvarado se compromete a darle el mantenimiento al compresor.

7) Se acuerda que los trabajadores reportarán cuando la maquinaria esté dañada, evitando utilizarlas hasta que se encuentren reparadas.

8) Se acuerda que aquellos trabajadores que por problemas de salud no puedan utilizar los equipos para salud ocupacional, deberán de presentar una epicrisis o un dictamen médico expedido por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); dado que la utilización de este equipo es obligatorio. No obstante, la señora Isabel Madrigal Aguilar efectuará una consulta al Departamento de Salud Ocupacional en cuanto al uso del casco.

9) Dado que actualmente el rubro de refrigerio no se les está cancelando a los trabajadores, se acuerda que la señora Victoria Barrantes entregará a los representantes de ANEP el documento mediante el cual se consultó esta problemática en oficinas centrales de AyA, con el fin de que se apoye en la gestión impulsada por la oficina regional de Puriscal.

En vista de la buena fe se acuerda ratificar los anteriores acuerdos por un representante de cada sector,

Isabel Madrigal Aguilar
A y A de Puriscal

Róger Arroniz Berrocal
Por los Trabajadores

Jesús Sibaja Bustamante
Presidente Junta Directiva
Seccional ANEP-A y A

Álvaro Valverde Granados
ANEP

Aprobada en Segundo Debate la Reforma Procesal Laboral

40 Diputados y Diputadas, de 44 presentes, votaron en segundo debate la aprobación de la Reforma Procesal Laboral, un texto que viene a cambiar radicalmente muchos aspectos de la legislación costarricense concerniente al tema trabajo.

Más de 8 años de arduo trabajo y negociación se vieron recompensados este jueves 13 de setiembre en la Asamblea Legislativa. Nuestro sindicato, ANEP, junto a otras organizaciones laborales trabajamos día y noche, negociando con el Gobierno y con las Cámaras Empresariales, para obtener un texto de ley que fuera lo más favorable posible para los trabajadores y trabajadoras de Costa Rica. Muchas cosas no se lograron, como la eliminación de los Comités Permanentes, figura anti sindical que utilizan empresas de la agroindustria para no permitir la organización gremial de sus trabajadores, pero estamos realmente alegres de que por fin esta Reforma es una realidad.

El trabajo de la ANEP nunca se detuvo, ni descansó. Hasta el último momento tuvimos que laborar y presionar para que se aprobara esta reforma, que recibió una fuerte lucha por algunos sectores, que hasta llegaron a presionar a Casa Presidencial para evitar la votación.

Este próximo lunes 17 de setiembre, se llevará un “debate arreglado”, por parte de diputados y diputadas, que justificarán de manera extemporánea su voto, esto gracias a un acuerdo entre fracciones para que hoy se pudiera votar la Reforma. Este texto lo debe firmar la Presidenta de la República y pasará a ser Ley Nacional 18 meses después de su publicación en el diario oficial La Gaceta.

En esos 18 meses se realizará un proceso de difusión e información sobre la Reforma Procesal Laboral entre sindicatos, patronos, trabajadores y trabajadoras, el Poder Judicial, entre otros actores.

La Reforma Procesal Laboral es un gran logro para la Clase Trabajadora y en la ANEP estamos orgullosísimos de haber participado en su creación.

Reformas a Fondo de Capitalización Laboral no beneficiarán a trabajadores

El proyecto de “Ley para el fortalecimiento del Fondo de Capitalización Laboral como instrumento contra el desempleo” (17.597) que se encuentra en discusión en la Plena Tercera de la Asamblea Legislativa, contrario a lo que promete, no daría ningún apoyo a los trabajadores en caso de que se queden sin empleo.

Así lo confirmó Mauricio Castro, abogado de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), quien ha cuestionado las bondades de este proyecto y sostiene que la iniciativa pretende quitarle recursos al Fondo de Capitalización Laboral (FCL) de los trabajadores.

Este fondo está conformado por un 3% del sueldo de los asalariados, el cual se traslada a las operadoras de pensiones y genera intereses durante todo un año. Al cumplir el año un 1.5%, junto con los intereses ganados, va directamente al ahorro del FCL y el otro 1.5% (sin intereses) se traslada al ahorro de la Pensión Complementaria Obligatoria (ver recuadro).

“Con la propuesta actual, que pretende pasar directamente el 1.5% sin ganar intereses a la pensión complementaria, el trabajador tendría una menor capitalización de los recursos, pues hoy el FCL que se puede retirar cada cinco años significa, más o menos, el aporte de un salario adicional. Si se aplica como establece el proyecto, el retiro sería mucho menor, al igual que si se retirara por conclusión de la relación laboral”, comentó Castro.

Esto sería, indicó el representante de la ANEP, como incrementar la pensión en algún porcentaje, que el trabajador recibirá dentro de 20 o 30 años, pero si se queda desempleado recibiría menos dinero.

Castro señaló que hay otra serie de criterios que establece la Ley de Protección al Trabajador que deben respetarse con esta propuesta de ley, y que fueron acordados en consenso con organizaciones gremiales y la sociedad civil.

“En el momento de negociar la ley, los patronos dijeron que no estaban dispuestos a pagar más del 8.33% y los trabajadores dijimos que no estábamos dispuestos a aceptar menos del 8.33% en caso de despido o término de la relación laboral; pero, con este cambio se rompe un acuerdo fundamental, pues recibirían mucho menos y eso es inaceptable”, explicó el abogado.

Por otra parte, la Ley de Protección al Trabajador estableció que las operadoras públicas que administran los recursos de los trabajadores, distribuyen entre sus afiliados un porcentaje de las utilidades generadas, equivalente a lo cobrado por un mes de comisión; es decir, estas operadoras solamente cobran 11 meses y no 12.

Este principio se estaría modificando en el proyecto de ley, de acuerdo con Castro, de manera que ya no se pueda distribuir el dinero.

“Un tema que nos parece muy bien del proyecto, es que en la actualidad las tasas de interés que paga el Banco Popular por los aportes al ahorro obligatorio, debe ser al menos el monto de la inflación, pero los aportes patronales no se rigen por esta disposición; ahora, a partir de su aprobación, estos recursos sí ingresarían con los intereses”, añadió.

Adicionalmente, el proyecto plantea una modificación que preocupa a los sectores sociales, y es que se pretende que la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) establezca y apruebe la comisión que cobra el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE) por controlar los fondos del FCL y de Pensión Complementaria.

“Nos genera preocupación porque podría violentarse la autonomía de la Caja; el hecho de que la Superintendencia se inmiscuya en este tema deja libertad de decir cuánto pueden cobrar los operadores públicos y privados; para ello se está pidiendo el criterio de la Caja Costarricense de Seguro Social”, argumentó Castro.

Todos estos temas fueron vistos en la Plena Tercera de la Asamblea Legislativa hace una semana, donde participaron la ANEP y la SUPEN, los cuales debatieron frente a los diputados.

Durante la comparecencia el Superintendente de Pensiones, Edgar Robles, dijo que con dichas reformas lo que buscan es beneficiar a los trabajadores, eliminando ineficiencias, difíciles de prever cuando se aprobó la ley de Protección la Trabajador.

Robles explicó que la operatividad del sistema de pensiones ha demostrado que se puede perfeccionar sin que se afecten los intereses de las distintas instituciones que se ven involucradas en la ley y mejorar la pensión al trabajador al final de su vida laboral.

Agregó que han diseñado un bono que emite el Banco Popular que lo entrega a cada operadora, lo mantiene por 24 meses y luego lo cobra y reconoce las tasas de interés de mercado.

Este sistema haría que el flujo sea constante y permitiría al Banco Popular destinar ese dinero a otros rubros y no como sucede actualmente, indicó Robles en su intervención.

UNIVERSIDAD envío la entrevista vía correo electrónico al Superintendente de Pensiones, para que diera su criterio con respecto a este tema y de la Oficina de Prensa se comprometieron a enviarlas; sin embargo, al cierre fue imposible obtener las respuestas.

Fondos de pensión

Con la creación de la Ley de Protección al Trabajador, se disminuyó el porcentaje de Auxilio de Cesantía, de un 8.33% al 5.33% por mes laborado, con un tope de 8 años.

Esa disminución del 3% se dio para crear el Fondo de Capitalización Laboral (FCL), el cual se financia con los aportes que traslada mes a mes el patrono; durante un año gana intereses, y queda disponible para su retiro cuando se termina la relación laboral, por cualquier motivo, o cada cinco años.

De ese 3% al finalizar el año, la mitad sin los intereses se traslada al Fondo de Pensión Complementaria, la cual también se alimenta de un 4.25% mensual del salario de los trabajadores.

Esto quiere decir que durante un año el FCL le gana intereses a los recursos, tanto al 1.5% destinado para este fondo, como al 1.5% que luego se traspasa a la pensión complementaria.

Por lo tanto, al final de la relación laboral, o cada cinco años, el trabajador retira del FCL el 50% de los aportes y el acumulado de intereses

ANEP lamenta el fallecimiento del ciudadano William Gomez

Estimadas compañeras y estimados compañeros:
Amigos y amigas de la lucha social costarricense:
Costarricenses, hombres y mujeres, patriotas:

Compartimos con ustedes el inmenso dolor y la gran tristeza que nos invade por la desaparición física del ilustre ciudadano costarricense, don William Gómez Vargas, propietario del grupo empresarial mediático Extra, particularmente del popular Diario Extra (el periódico de mayor circulación en Costa Rica), exitosamente por él dirigido muchísimos años.

Don William marcó profundamente un cambio estratégico en la forma de hacer periodismo en nuestro país; y, de tal cambio, los movimientos sindicales, sociales, populares y cívicos fuimos beneficiados, pues en lo medios de difusión del Grupo Extra, siempre se nos dio espacio, siempre se nos dio plena Libertad de Expresión, jamás se nos censuró y jamás se nos denigró.

Particularmente, la ANEP tendrá por toda la vida un eterno agradecimiento para con don William, quien desde hace más de diez años le permitió a la organización expresar, semana a semana, todos los días miércoles, un comentario que se publica en la página de opinión de Diario Extra; sin que nunca, jamás, la opinión de la ANEP haya sido censurada, cortada, no publicada. Y, por si esto no fuese suficiente, ni un cinco paga la ANEP por tal publicación semanal.

Es más, cuando las páginas de la prensa oligárquica neoliberal, esa de los latifundios mediáticos del gran capital, se nos cerraron; don William abrió, de par en par, las puertas del grupo mediático Extra, convertiendo en realidad plena los conceptos de la Libertad de Información y de Expresión. Por eso, hoy por hoy, Diario Extra es el periódico preferido de la clase trabajadora, tanto la que es asalariada como la que se desenvuelve en la informalidad.

Expresamos nuestra profunda solidaridad y sentido de condolencia sincera a la distinguida familia de don William, así como a la gran familia laboral del Grupo Extra.

Expresamos nuestra gratitud al Creador, a Dios, Nuestro Señor, por haber premiado a Costa Rica enviando a esta tierra a una persona tan extraordinaria, excepcional, de tanta y profunda sensibilidad y humildad, como lo fue don William.

Afortunadamente, para ventura de la Democracia costarricense, hoy en día tan amenazada por diversos factores, el legado de él, a quien ya podemos catalogar de insigne patricio costarricense, no se perderá jamás.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)

Falsos abogados ofrecen servicios de la ANEP

Estimados y estimadas
Compañeros y compañeras
Afiliados y afiliadas a la ANEP

En primer término, reciban un respetuoso saludo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), organización que este año, 2012, ha cumplido 54 años al servicio de la causa de la clase trabajadora costarricense. Innumerables luchas sociales son parte de la carta de presentación de nuestra gloriosa institución laboral-social, gozando hoy en día de prestigio y respeto en todos los estratos de nuestra sociedad.

Tal solidez moral nos permite dirigirnos a los trabajadores y a las trabajadoras de esta importante institución, para advertir sobre la presencia de personas inescrupulosas, las que presentándose con un falso ropaje sindical, confunden y ofrecen servicios jurídicos a “bajo costo”; con la clara intención de sustraer recursos (buscan quitarle su dinero), producto de presuntos litigios y otras acciones supuestamente jurídicas. Se trata de oportunistas que ni siquiera ostentan títulos universitarios que los acrediten como profesionales en Derecho.

Nos hemos enterado de que algunos de estos “defensores” se ofrecen como alternativa a los servicios que presta a su afiliación, nuestra organización ANEP, contando incluso con la colaboración de agentes internos, lo que hace más grave el asunto.

En momentos en que el Gobierno de la República, con la clara intención de retroceder en garantías sindicales y laborales, a través de un ante proyecto de “ley de empleo público”, lanza contra la clase trabajadora costarricense la mayor ofensiva jamás vista contra los derechos y conquistas que son el producto de grandes luchas y de la misma promulgación del Código de Trabajo (tales como el auxilio de cesantía, el salario y otros pluses, anualidades, aguinaldo, salario escolar, entre otros), aparecen este tipo de oportunistas que desean aprovechar la coyuntura para engañar a los trabajadores y a las trabajadoras.

Por lo anterior y en virtud de que la lucha que se avecina será de grandes dimensiones, nuestro sindicato ANEP llama al conglomerado laboral de esta institución a estar atentos, acercarse y cerrar filas en torno a la ANEP; así como a denunciar cualquier evidencia o intención malsana de parte de gente que lo único que busca es lucrar con las necesidades más sentidas de quienes dependemos de un salario para vivir.

Por lo tanto, no se deje engañar. Estar afiliado o afiliada a la ANEP, le ofrece seriedad, solidez y confianza en el trato de sus asuntos, respeto a sus derechos, garantía de lucha y evita que se aprovechen de usted y de lo que le pertenece.

Nuestro sindicato recibirá las denuncias que sobre este particular presente nuestra respetable afiliación y estableceremos las acciones correspondientes. No vamos a permitir que se engañe, se utilice, o se aprovechen de nuestros asociados y de nuestras asociadas.

«Proyecto del Plus Salarial es un Mamarracho Jurídico»

KRISSIA MORRIS GRAY
kmorris@diarioextra.com

Las reacciones al estudio “Estado de Situación en Materia de Salarios y Remuneraciones del Sector Público Costarricense”, que contiene una propuesta de anteproyecto de “Ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público”, el cual fue elaborado por los ministerios de Planificación, Hacienda y Trabajo, no se han hecho esperar.

Ahora es la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP) quien alza la voz y señala que lo pretendido por el gobierno es lograr un control arbitrario que va en contra de la clase trabajadora.

En visita a DIARIO EXTRA, Mauricio Castro y Rafael Mora, director jurídico y asesor político de la secretaría general de la ANEP, respectivamente, fueron entrevistados sobre el tema por Iary Gómez, gerente general del Grupo Extra, y la subdirectora Marcela Villalobos, a quienes les externaron completa desaprobación a la iniciativa del Poder Ejecutivo.

Para los dirigentes sindicales, el planteamiento del gobierno representa un retroceso en materia de libertad sindical y conquistas en derechos laborales, pues se busca eliminar pluses.

¿Qué opinión le merece el anteproyecto de ley de ordenamiento de las retribuciones salariales impulsado por el gobierno?

– Mora: Para nosotros es un mamarracho jurídico. El acuerdo para conocer este proyecto de empleo público nace a raíz del movimiento de febrero de este año que tuvo un acuerdo en Casa Presidencial en marzo y allí se planteó que el gobierno debía dar a conocer un proyecto de empleo público.

– Castro: Este proyecto de ley lo que tiene en el fondo es regresar a ese primer enfoque (teoría estatutaria), en el que se busca decir que hay ciertas cosas que no se pueden negociar, como por ejemplo el tema del auxilio de cesantía. Este proyecto lo que pretende hacer es asumir total o parcialmente esa teoría, que es autoritaria y antilaboral; a diferencia del derecho laboral, que es democrático y de negociación. Si llegara a pasar esta iniciativa, provocará que el gobierno entre a chocar con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

¿Qué otros parámetros debía contener el proyecto tras el acuerdo alcanzado en marzo anterior?

– Mora: Por ejemplo debía contener el tema de la eficiencia de la productividad, los nombramientos, la carrera administrativa, algunos otros derechos laborales, evaluación y disciplinarios.

¿Entonces qué fue el proyecto que salió?

– Mora: La propuesta que salió es de recorte salarial únicamente. Este proyecto no es la iniciativa de Ley general de empleo público.

– Castro: Es un proyecto teledirigido a darle mayor poder al gobierno para que haga lo que le dé la gana en términos laborales.

¿Dirían que es el proyecto de salario único pero con otro nombre?

– Mora: Es el proyecto de salario único con otro nombre.

Uno de los aspectos por los cuales se aboga por el ordenamiento de los pluses es para mejorar la eficiencia.

– Castro: Eso es una cortina de humo. Nosotros lo hemos dicho, usted quiere calificar la eficiencia en los funcionarios públicos, por supuesto que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con que se apliquen sistemas de evaluación de eficiencia, pero debe medir de manera individual, colectivo o institucional, dependiendo de las condiciones.

El anteproyecto hace un replanteo en materia de dedicación exclusiva, anualidad y disponibilidades.

– Castro: La primera razón de ser de muchos de los pluses, no digo que todos, es que tienen razón de ser, tienen justificación y fundamento. La situación que se dio en el pasado es que ante recortes que hubo para frenar los disparadores de los gastos, muchos jefes procedieron a establecer pluses y sobresueldos para aumentar los salarios, pues hubo casos que más bien bajaron por las medidas aplicadas por el gobierno para evitar que se les fuera la mejor gente.

Los gobiernos han sostenido que el 80% de su presupuesto institucional se va en el pago de salarios y queda poco para ejecutar.

– Castro: Si tienes presupuestos raquíticos, una reforma que nunca llega. Además si sigues recortando, recortando y recortando en los presupuestos, lo único que te quedan son los salarios, y lo que se quiere decir ahora es que los salarios han crecido tanto que que se comen el presupuesto institucional. Pero es todo lo contrario porque el presupuesto ha bajado tanto con la incapacidad que se tiene de hacer una reforma fiscal, y lo único que queda es salarios. Lo que están urgidos es de recortar. Como no ha pasado la reforma fiscal lo que sigue es esto.

La ministra Sandra Piszk asegura que el proyecto es necesario para que el gobierno recupere el control en materia de política salarial.

– Mora: Costa Rica no tiene una política salarial, no ha existido una política salarial. Se han hecho determinadas acciones para modificaciones salariales en diferentes sectores. Es diferente trabajar en el INS que en el Ministerio de Trabajo. El INS trabaja con bienes tangibles y el Ministerio de Trabajo con bienes intangibles. No se pueden comprar las funciones de la Municipalidad de San José con las de la Municipalidad de Talamanca.

¿De aprobarse esta ley el país retrocedería?

– Castro: El efecto inmediato que esto va a tener es que mucha gente no va a querer trabajar en el sector público. Ya tenemos una institucionalidad colapsada y ¿qué es lo que esta gente va a venir a hacer? Se irá.

– Mora: El retroceso es ubicarnos en tiempos anteriores a la aprobación y promulgación del Código de Trabajo, el cual viene a establecer las normas que está siguiendo el país.

¿Qué debilidades presenta el proyecto?

– Mora: El proyecto establece en los incisos a, b y c que quedan excluidos los empleados del ICE, INS y los bancos por un asunto de competencia. ¿Acaso la Imprenta Nacional no tiene competencia? Además el proyecto habla de una modificación de las convenciones colectivas y se les olvida que en los bancos hay convenciones colectivas. Este proyecto es para aplicarlo a la masa, a los empleados de segunda categoría, pero no se les aplica a las jerarquías.

Uno de los aspectos que afectan la función del sector público es la burocracia.

– Castro: Hay burocracia en el sector privado y en el sector público porque es la forma de organización de la gente la que ocasiona el problema burocrático. La burocracia viene con la masividad, con lo grande. Cuando uno se encuentra con burocracia en el sector público se piensa que se debería privatizar, pero cuando ocurre en el sector privado se habla de lo mal que me trató la empresa, pero no se asocia con burocracia.

La prueba continental del chavismo el 7 de octubre

Eso pasa este año con el proceso eleccionario venezolano. La razón es simple: se trata de una democracia parlamentaria subvertida desde hace 13 años por un proceso político que en algunos momentos ha asumido expresiones directamente revolucionarias, y en otros modificaciones sustanciales en la vida política afectando la relación con el dominio hemisférico de Estados Unidos.

El Bank of América le dedicó en su boletín del mes de mayo de 2012 un capítulo sobre las variables electorales en juego y sus efectos sobre los bonos soberanos y el balance del poder en el país del que sale el 27% del petróleo que mueve la economía de Estados Unidos. Recomienda “Arreglarse con el gobierno del Señor Chávez”. La cadena televisiva de noticias CNN ha dedicado entre el 12 de enero y el 30 de julio de 2012 un total de 157 programas de información, entrevistas o debates sobre Venezuela, el 74% de esa masa informativa se dedicó al proceso electoral en general y al candidato Hugo Chávez en particular. A su oponente, Capriles Radonski dedicó el resto de la programación registrada (Archivo electrónico CNN, 11 agosto 2012).

En las oficinas del Ministerio del Poder Popular para las Comunicaciones, en Caracas, había 1.223 solicitudes de acreditación de medios radicados en más de 50 países, según nos contó su Jefa Nacional de Acreditaciones el 27 de julio. Paras las elecciones de 2006 las empresas periodísticas que solicitaron acreditaciones para cobertura no pasaron de las 500, según las misma fuente. Para tener una referencia, en las recientes elecciones en México, con mayor peso regional que Venezuela y un escenario interno de controversia, cuestionamientos y movilizaciones juveniles que protestaban contra el fraude, hubo 344 acreditaciones internacionales, para una población electoral tres veces mayor, en un país de mayor rango estratégico para el Departamento de Estado de Estados Unidos.
 
El péndulo chavista
 
Una frase que se ha convertido en casi rutinaria en las reuniones políticas o declaraciones de una parte de la izquierda latinoamericana, es: “de lo que pase en Venezuela depende el resto de la política continental”. El tono de entusiasmo puede ser exagerado, pero contiene una verdad: si Chávez no ganara las elecciones del 7 de octubre se producirían movimientos tectónicos en la política continental en varias dimensiones. Movimientos, izquierda, Estados, gobiernos y la relación con Estados Unidos y el sistema mundial de Estados.

Muchos de los llamados movimientos sociales, centenas de sindicatos y organizaciones de derechos humanos, grupos intelectuales, asociaciones de campesinos y organizaciones estudiantiles lo sentirían como “una derrota”. Y lo sería en la medida que en Venezuela se concentran algunas de las principales conquistas políticas de la última década latinoamericana. Esta es una percepción común asumida y expresada en los ámbitos de militancia de esos sectores.

Dentro de Venezuela se han realizado 124 encuestas entre febrero y julio, todas dedicadas a verificar las expectativas del voto presidencial para el 7 de octubre, la imagen presidencial, el porcentaje proyectado para cada candidato, y la apreciación que tiene la gente sobre la obra de gobierno (Archivos: sitio web PSUV, Aporrea e Hinterlaces, agosto 2012).

Uno de los datos de mayor interés, en esta reseña, es que la parte más politizada del venezolano medio, además de la vanguardia política, siente, percibe, que existe una tensión alrededor de lo que ocurra el próximo 7 de octubre. Tales indicadores no son casuales ni misteriosos.
 
¿Gana o no gana?
 
En Venezuela, de lo único que no se tiene duda es del triunfo del presidente Hugo Chávez. Sólo dos estudios de opinión han dado ganador al candidato opositor, o “de la burguesía”, como lo llaman desde el gobierno y los chavistas en Venezuela. Hugo Chávez lo definió como un “candidato majunche”, algo así como “berreta” en Argentina.

De las nueve empresas que hacen encuestas en el país, dos trabajan para el gobierno, pero todas han coincidido en mayor o menor medida en el triunfo del bolivariano. El margen varía de 8 a 22 puntos de diferencia entre Chávez sobre Radonski. Una media de los porcentajes publicados como proyecciones por las encuestadoras, daría al Presidente un 55% para repetir su mandato por cuarta vez, y a Capriles le dan alrededor del 32%. Sería el segundo líder en gobernar cuatro veces seguidas en la historia del nacionalismo latinoamericano. Sólo Getulio Vargas de Brasil y Velasco Ibarra de Ecuador lograron esa marca.

El dato más sensible en los cálculos electorales para la prueba del 7 de octubre es el de los indecisos, una población electoral que suma alrededor del 32%. Esta variable afectaría en mayor medida al candidato del gobierno, afectado por una suma de desgaste “natural” de casi 14 años de gestión, defectos gubernamentales por burocracia, ineficiencia y corrupción.

El contrapeso a estos riesgos del gobierno son varias Misiones Sociales, entre las que destaca el impacto social de la construcción de viviendas. En menos de un año se han entregado alrededor de 170 mil departamentos para damnificados por lluvias en 2010, que vivían refugiados en edificios gubernamentales y cuarteles, y sectores de clase media. Los nuevos usuarios pagan alrededor del 30% del costo total con tasas de interés que no superan el 6% para los pobres y 11% para los de clase media. Los entregan equipados con electrodomésticos de línea blanca y dos años de gracia. La seguridad personal y la propiedad la garantizan las milicias bolivarianas.

Cuando se hizo evidente la tendencia favorable a Hugo Chávez, a mediados del mes de julio, comenzó a circular el llamado “Plan B” en los mentideros políticos caraqueños. Se trata del plan de denunciar como fraude una parte de los votos, en el sentido de lo ocurrido en México, pero desde fuerzas opuestas. El gobierno ha contestado que fulano plan subversivo chocará con el “Plan Ch” de las fuerzas bolivarianas, definido así por el propio Presidente. Aunque nunca aclaró de qué se trataría, las vanguardias políticas y los cuadros de los movimientos sociales se preparan en todos los puntos territoriales, para defender el triunfo electoral con la fuerza de sus movimientos y organizaciones, lo que incluye a las milicias bolivarianas, las guardias rurales de campesinos pobres. Los más de 600 medios alternativos se organizaron en un comando propio para asegurar las comunicaciones entre los movimientos.

La burguesía más fuerte, resignada a la derrota de Capriles Radonski, se prepara para escenarios distintos a una confrontación en la perdería. Su estrategia es ganar mayorías en las gobernaciones y alcaldías e instalar una figura presidencial, a falta de figuras relevantes. Eso incluye un discurso con tonos populistas, que promete darle continuidad “a las Misiones sociales buenas, pero para todos, no sólo para los rojo rojitos” (Capriles Radonski, 11 de abril, 2012).

Esta estrategia reaccionaria “dentro de los marcos democráticos” no excluye la amenaza mayor, de carácter militar, como se anuncia en Libia o Siria, basada en la incompatibilidad de un gobierno como el bolivariano con el dominio de Washington. El límite lo imponen las actuales condiciones internas del país, que no permiten diagnosticarlo como un “Estado fallido”, o una “dictadura”, para intervenir con las fuerzas de la “comunidad internacional”.

Un estudio de la consultora Hinterlaces, dado a conocer el 22 de julio, asegura que el impacto social de la vivienda es la base del crecimiento del voto chavista. Otro sensible es Misión Mayor, dedicada a garantizar un derecho universal a todas las personas de la “tercera edad”, sean jubilados, pensionados o no, el mismo salario mínimo de los trabajadores sin excluir los aumentos decretados por el gobierno.

En un contexto político determinado por las elecciones y los poderes institucionales, el voto por Hugo Chávez adquiere el carácter progresivo que él asume en su programa y en muchas de sus políticas, siempre desde un Estado nación que ganó independencia política frente al imperialismo. En el actual escenario continental es el personaje que le confiere el toque de izquierda al conjunto de los gobiernos llamados “progresistas”, donde los signos de regresión se manifiestan en las políticas económicas dedicadas al extractivismo, el estatismo como régimen político y el neo-desarrollismo como estrategia.
 
¿Quién es Capriles Radonski?
 
Enrique Capriles Radonski es el actual gobernador del Estado Miranda, la circunscripción de mayor porcentaje electoral, se la ganó con votos propios al líder chavista de origen militar Diosdado Cabello.

Radonski surgió de un grupo nuevo de la burguesía venezolana que amasó su fortuna en el sector comercial y financiero. Su partido se llama Primero Justicia, un agrupamiento emergente que participó activamente en el golpe de Estado de abril de 2002. Capriles participó en persona en el asalto a la Embajada de Cuba en Caracas, el 11 de abril, cuando era alcalde de un barrio rico de la capital. Su proyecto está estrechamente relacionado con grupos de poder de los Estados Unidos, como lo ha manifestado sin problemas en diversas oportunidades. Él mismo es un patrón. A propósito de la aprobación de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, el 1º de mayo declaró a la prensa que no podía estar de acuerdo con el reciente instrumento legal “porque soy empleador”. En las primarias ganadas por él en febrero de este año, duplicó a su oponente y se convirtió en un rutilante candidato del conjunto de la burguesía venezolana y de una parte de la clase media.

Una novedad manifestada en la campaña, que está afectando la seguridad del voto chavista, es la participación de gente pobre en las marchas y actos de Capriles Radonski. Aunque predomina la gente de clase media bien vestida, una minoría de los asistentes a sus actos vienen de barrios pobres. Eso no era visible en campañas anteriores. En la campaña de presidenciales de 2006, no hubo ningún comando electoral opositor en los barrios pobres de las ciudades de Valencia y Maracay. Este año aparecieron.

La burguesía venezolana tiene dificultades para deslegitimar el posible triunfo electoral chavista en octubre. Esta apuesta tiene límites en los propios centros de poder de Estados Unidos, que prefieren esperar el desgaste del chavismo y las derrotas previsibles en las elecciones de gobernadores en diciembre y de alcaldes en abril de 2013.

Los datos de la realidad venezolana son suficientes para señalar que el gobierno podría perder por lo menos la mitad de las 24 gobernaciones y más del 60% de las 365 alcaldías.

Esta perspectiva alienta a la parte más sólida del capital en el país, para desplazar al chavismo del poder con el menor de los costos. Su desafío es construir institucionalmente una vía reaccionaria dentro del “marco democrático”, con acciones más parecidas a las de Paraguay que a las de Honduras o Ecuador.
 
¿Por qué Venezuela es el centro de atención?
 
Porque en esa sociedad se vive el proceso de transformaciones sociales, culturales y políticas más avanzado en América Latina. Durante la última década, la sociedad venezolana, su gobierno y Estado nación se colocaron por su propio peso en el centro geopolítico de la vida política continental. En un contexto de autonomía relativa creciente de varios gobiernos de la región sur que se separaron en términos relativos de algunas políticas neoliberales.

Este fenómeno incluye el rol individual de Hugo Chávez como líder carismático. En ese contexto, y con esa dinámica, la República Bolivariana y Hugo Chávez se fueron colocando en el centro de las atenciones y preocupaciones políticas de Washington, parte de Europa y de los gobiernos latinoamericanos.

El peso geopolítico de un Estado petrolero principal como el venezolano, se fue combinando con sus desafíos sucesivos al poder imperialista norteamericano y las varias transformaciones sustanciales al poder interno del capital. Más de 600 expropiaciones y estatizaciones en la industria, el comercio y la banca, y en la tierra, donde casi cuatro millones de hectáreas cultivables pasaron de manos privadas a campesinos pobres. Esta suma de desplazamientos activó las alarmas en Washington, en los gobiernos del vecindario latinoamericano y en el sistema mundial de poder, aconsejando una atención especial a lo que ocurra en Venezuela. Especialmente si se trata del eje personal del poder nacional, que es, exactamente, lo que se disputa el 7 de octubre entre Hugo Chávez y Capriles Radonski.

Del Estado venezolano dependen, o a él están asociadas y viceversa, las principales entidades comerciales, económicas, militares, culturales o diplomáticas nuevas, que vienen estructurando lo que se ha dado en llamar “la nueva Latinoamérica”, una expresión usual casi inofensiva, dicha por Zbigniew Brzezinski, para indicar los cambios que han ido aflojando, en términos relativos, los controles de Washington sobre los Estados del continente latinoamericano.

Una expresión política espectacular de ese fenómeno latinoamericano se puede observar en la reacción latinoamericana a la amenaza británica a Ecuador por el asilo brindado a Julian Assange, como señala Amaury González en un escrito de Caracas: “Durante la Asamblea Extraordinaria de la OEA, realizada ayer, Ecuador obtuvo el respaldo de casi la totalidad de los países del continente americano en su conjunto, además de haber logrado el apoyo de países como Rusia” (Poderenlared.com, Caracas 18 agosto 2012).

La Unión Suramericana de Naciones (Unasur, 9 países), la Alianza Bolivariana de las Américas (Alba, 8 Estados), PetroCaribe con 15 países del Caribe y Centroamérica, y ahora la integración al Mercosur, son entidades de poder regional, que excepto Mercosur, nacieron en los últimos 10 años y eran impensables sin los cambios sociales vividos en las sociedades del continente y en sus Estados. Pero además, aparecieron, por primera vez en nuestra historia, organismos como el Consejo Regional de Defensa, el Banco del Sur, Telesur y la CELAC como un proyecto de espacio diplomático nuevo, todos sin participación directa de Estados Unidos, lo que no es igual a no injerencia.

Basta recordar un hecho que vale por si solo como elemento indicador de la preocupación de esas novedades en uno de los centros de poder imperial dominante. El 27 de octubre de 2010, la Comisión de Relaciones Interamericanas de la Cámara Baja de los Estados Unidos, organizó un seminario inter-partidario bajo este título: “¿Riesgos de las políticas del Alba en el equilibrio de poderes del área andina?”. Aunque se pueda aducir exageraciones o desproporciones en el grado de preocupación por el peso menor que el Alba tiene en los gobiernos de la Comunidad Andina de Naciones, una cosa es cierta: a los dueños del “patio trasero” les preocupa.
Uno de los peligros es verlas como un hecho derivado de la sola presencia del comandante presidente Hugo Chávez, o del poder petrolero de su Estado en el mercado mundial.
 
El llanero de siete vidas
 
La salud presidencial se transformó en el dato electoral más importante del actual proceso electoral. Su incógnita trasciende el 7 de octubre en la medida del costo que la campaña podría tener en su estado de salud. Quizá sea eso lo que el Presidente quiere decir cuando proclama en sus discursos: “Me estoy jugando la vida en estas elecciones”.

Se refiere al riesgo clínico, pero también a las conquistas que se perderían si perdiera. En esas variantes, una cosa ha quedado definida: es su última presentación como candidato a Presidente.

La frondosa imaginación de los llaneros venezolanos y de mucha gente pobre del universo chavista, creen firmemente que a Chávez lo protegen los “espíritus de la sabana”, además de los médicos en Cuba. Lo cierto es que para mal humor de sus enemigos, el líder bolivariano ha dado muestras de una capacidad vital sorpresiva, cercana a lo inusitado. En dos oportunidades estuvo en peligro de muerte o invalidez, en junio del año pasado y en febrero-marzo de este. Aunque es un secreto de Estado la localización exacta del mal, el Presidente ha sido bastante explícito en la información de su cuadro clínico, cuando ha caído, o recaído, y cuando se ha levantado. Lo sorprendente es que desde el primer día de la campaña, lo hemos visto bailar joropo, cantar y saltar en cinco actos, además de hablar hasta sudarse en nueve mítines masivos.

A cualquiera que siga el curso de la situación presidencial, no le cabrán dudas sobre la cornisa en la que se desplaza la vida del líder bolivariano. Este es un hecho tan real, como también lo es que sus energías personales superen a su desgastado organismo. Una traducción política y emotiva de ese fenómeno lo hemos presenciado en el  actual proceso.

Cuando comenzó la instalación de los comandos de ambas campañas, en febrero pasado, y en abril cuando iniciaron los actos de calle y la precampaña, hubo una sensación terrible en el electorado chavista: Chávez no estaba en Miraflores, no aparecía en campaña ni declaraba por televisión. El impacto fue una trepidante arrancada de la campaña de su oponente Capriles Radonski en las calles y la televisión, con una exaltación que no se les veía desde el triunfo en el Referéndum Reformatorio que ganaron en diciembre de 2007.

Este entusiasmo inicial tenía un contenido mucho más complejo que la notoria ausencia presidencial. Es que, hasta comienzos de junio, el malestar, la desazón o indiferencia del votante chavista era superior a la convocatoria del oficialista Comando Carabobo. Los primeros resultados en actos e instalaciones de comandos, muestran que la vanguardia más militante no estaba muy convencida de iniciar una campaña electoral sin candidato al frente y con una pesada suma de quejas por la mala gestión regional o local de gobernadores y alcaldes, y en algunos casos también de ministros. La mayoría de los asistentes a los actos de instalación de los Comando Carabobo regionales fueron funcionarios y militantes del “voto duro” del PSUV.
En febrero el país chavista fue cruzado por la conversión de un gobernador chavista a la oposición (en el Estado petrolero de Anzoátegui, al oriente del país). Con ése sumaron siete los jefes regionales enemigos del gobierno.

Ese comienzo lento y dificultoso se reflejó en la prensa venezolana, en los rostros y análisis de la dirección del PSUV, y en la campaña opositora que reflejaba un ánimo contrario. “Chávez no será el candidato”, “El PSUV baraja un reemplazo”, “La campaña del gobierno será por TV e Internet”: estos fueron los titulares y rumores dominantes en la prensa derechista, en el entusiasmo de su campaña, pero también en muchos pasillos del chavismo. Había inseguridad.

El golpe de timón ocurrió el 11 de junio cuando reapareció intempestivo en las calles de Caracas, con la inscripción de su candidatura en el Consejo Supremo Electoral. La masa de gente que lo acompañó cambió de naturaleza. Los funcionarios redujeron su presencia ante la avalancha de trabajadores, campesinos y profesionales y sumaron ese solo día unas 200 mil personas en la céntrica Plaza Caracas y las calles y plazas de alrededor. Dos días antes, el candidato opositor sumó alrededor de 40 mil asistentes concentrados en el mismo lugar.

Desde entonces, el curso de la campaña cambió de dinámica. A Chávez y la dirección que lo acompaña le sirvió para atraerse a centenas de miles de militantes de la llamada “izquierda chavista”, o “bolivariana”, organizada en consejos de poder popular, comunas, sindicatos, gremios, movimientos de pobladores urbanos, del campo, los barrios, las fábricas y universidades.

El segundo factor que sedujo a la retraída vanguardia chavista y bolivariana, fue el programa político conocido “Programa de la Patria”, que es mucho más que ese sustantivo.
 
El programa
 
Se compone de cinco ejes estratégicos definidos por la idea-propuesta de transitar al socialismo en Venezuela y defender lo que el líder considera la cláusula de oro de su programa: la independencia política ganada.

El carácter progresivo de este programa ayudó a mover los ánimos de miles de militantes y agrupaciones alejadas del PSUV y del gobierno. El siguiente resumen periodístico condensa lo programáticamente fundamental:
 
El primer punto plantea “defender, expandir y consolidar el más preciado bien que ha logrado la Revolución Bolivariana en 13 años: la Independencia”. “Hemos independizado a Venezuela después de 200 años. Hoy Venezuela es políticamente hablando un país independiente (…) Venezuela era doblemente dominada por el imperio y la burguesía. Nosotros hemos logrado en dos décadas romper las cadenas”.

El segundo es continuar construyendo el socialismo del siglo XXI para trascender al sistema salvaje y perverso del capitalismo. “En el mundo hay sólo dos grandes sistemas: el socialismo y el capitalismo. ¿Alguien cree que el sueño de Bolívar de darle a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible, sería en el capitalismo? No, es al revés, en el capitalismo, eso está demostrado científicamente, lo que se produce es la mayor suma de infelicidad para la mayoría”, aseveró.

Convertir a Venezuela en un país potencia, es el tercer objetivo que propone Chávez. “Convirtamos a Venezuela en un país potencia en lo moral, político, social, económico, claro que lo vamos a hacer. Ese tercer objetivo no sería posible si no logramos consolidar el primero, que es la independencia, si no logramos continuar construyendo el socialismo; sólo por ese camino podremos convertir a Venezuela en un verdadero país potencia en esta parte del mundo”, expresó.

La conformación de un mundo multicéntrico y pluripolar, para echar abajo el proyecto unipolar del imperialismo que pretende acabar con este planeta, es el cuarto objetivo del proyecto socialista. “Necesitamos el equilibrio del universo, como lo dijo Bolívar, y para ello es muy importante que mantengamos los portones abiertos, para ello es muy importante que Venezuela siga jugando el papel en la nueva geopolítica internacional. Las relaciones con Rusia tienen mucho que ver con este objetivo cuarto”, subrayó.

Como quinto objetivo está seguir contribuyendo con la salvación de la vida en el planeta, “que está siendo amenazada por el capitalismo. Uno de los más grandes problemas que tiene el mundo y una gran amenaza son los cambios climáticos y resulta que los grandes países no quieren comprometerse con un conjunto de medidas para frenar el incremento de la temperatura del planeta”, dijo. (Diario Ciudad Caracas, 12-06-2012).
 
Las declaraciones estatalistas del programa, que adelantan el tipo de socialismo propuesto, y algunas frases confusas respecto a la relación del Estado con las inversiones externas, no le restan calidad a un programa altamente progresivo en el actual contexto internacional, aunque lo convierten en contradictorio.
 
Las seis crisis y el voto sentimental
 
Otro de los fenómenos sociales surgido con la reaparición de Chávez en las calles y la campaña es el definido como “voto sentimental”. Para comprenderlo debemos recordar que desde la primera derrota chavista de 2007 y los sucesivos tres otros fracasos en cinco gobernaciones, la Alcaldía de Caracas y en la Asamblea Nacional, hasta septiembre de 2010, se congelaron alrededor de 2 millones de votos del chavismo más consciente, más activo. Ese peso muerto comenzó a ser evidente en los actos, reuniones de los organismos bolivarianos, las asambleas y los comandos locales. En muchos Estados se vaciaron sedes del Partido Socialista Unido de Venezuela y de sus organismos adláteres.

Esta caída tendencial de la simpatía por el gobierno en su propia base social, está asociada a los costos sociales de las llamadas “cuatro crisis”. Así definió el vicepresidente Elías Jaua, al efecto brutal de la crisis económica metropolitana en Venezuela, con caída abrupta del PBI por debajo de cero, seguida ésta de la crisis de sequía que llevó a la tercera, la del envejecido sistema eléctrico que dejó a sin servicio a la un tercio de las poblaciones urbanas. La cuarta fueron los deslaves por lluvias copiosas y deslizamientos de terrenos en los cerros de la Capital que amasaron más de 140 mil damnificados en menos de un mes.

Aunque el Vicepresidente no lo dijo, agreguemos dos crisis más. La derrota en las elecciones legislativas en septiembre de 2010 y el peligro de muerte del Presidente más de medio año después. Son de distinta naturaleza, ciertamente, pero se combinaron en tiempo, espacio y estados emotivos, para producir una de las conmociones más fuertes que ha vivido el movimiento chavista desde su nacimiento.

La primera fue potenciada entre enero y marzo de 2011, impactando en cientos de miles de militantes bolivarianos, cuando el gobierno decidió adaptarse a las relaciones de Estado dominante en el continente. A la legitimación incomprensible del gobierno reaccionario de Lobos en Honduras, le siguió las entregas de militantes de las FARC y el ELN refugiados en territorio venezolano.

La segunda situación crítica explotó el día que se supo que Hugo Chávez estaba enfermo de cáncer y debía ser operado en La Habana para ser salvado. Chávez se salvó, pero quedó instalada una nueva realidad en el país y en el chavismo. Desde entonces, todo el mundo se prepara para una transición, como si estuviéramos en el riesgoso paso de una glaciación a otra.

Desde julio de 2011 se fue amasando un sentimiento nacional de condolencia por el líder enfermo, cuyos contenidos varían según sea el sector de clase.
Así nació el “voto sentimental” por Chávez, un voto que trasvasa el universo chavista y suma los de sectores medios y pobres no chavistas. Un cálculo de un sector de la dirección del PSUV dice que una parte del “voto congelado” se recupera con el “voto sentimental”. Otra parte de la votación sigue en el terreno del misterio.

En cualquiera de los casos, las elecciones presidenciales del 7 de octubre serán el escenario donde el chavismo deberá pasar su prueba más difícil. Esta es mucho más que electoral. Lo que resultará como realidad política, aún con Chávez encumbrado por cuarta vez en Miraflores, es el dilema más vital del chavismo: avanzar o retroceder.

El joven intelectual chavista, Javier Bardieu, metió esa perspectiva de incertidumbres en una frase: “El 7 ganamos, el 8 explotamos”. Aunque no ocurra en esos tiempos cerrados, advierte de las preocupaciones que dominan dentro del movimiento chavista. La montaña de votos que obtendrá en octubre ocultarán por un breve tiempo, la crisis que vibra en las bases bolivarianas y en buena parte de sus cuadros responsables.

Uno de los signos de esa crisis es el congelamiento de votos sufrido entre 2007 y 2011. Hay otro que es menos conocido y más descuidado en los análisis y comentarios sobre Venezuela. En los últimos tres o cuatro años, se ha podido verificar que varios miles de cuadros profesionales, técnicos, funcionarios honestos o militantes con responsabilidad en el movimiento de masas, decidieron apartarse de la militancia activa y se preservan en distintos “nichos” humanos: el arte, la academia, becas de estudio en el exterior, el cultivo de pequeños terrenos rurales, una cooperativa familiar, la reclusión televisiva, el chismorreo político en las ciudades, la corrupción o la resistencia marginal en pequeños grupos que actúan más por resentimiento que por una comprensión del fenómeno chavista.

Hasta ahora se conocen cinco proyectos políticos para la transición, incluyendo el del propio Presidente. El más socialdemócrata, patrocinado por la egregia figura política de José Vicente Rangel, auspicia un gobierno en alianza con un sector de la burguesía. El más bonapartista está representado por el ex coronel Diosdado Cabello, ex vicepresidente en 2002, gobernador derrotado en 2009 y actual titular de la Asamblea Nacional. A finales del año 2011 una parte de la dirección del PSUV realizó una consulta a más de dos mil cuadros del partido con una pregunta singular: “Indique cinco figuras del gobierno como posibles sucesores presidenciales, en caso de necesidad”. La respuesta arrojó cinco nombres, encabezado por el actual canciller Nicolás Maduro. Hubo un detalle: ninguno era militar.

La nueva figuración central del diputado de origen militar Diosdado Cabello, es la respuesta ordenada del “partido militar” a esa manifestación. Luego de ser desplazado del centro del poder en 2009, Cabello volvió como personaje principal de la política nacional desde enero de 2012. Fue el orador central en nueve de los diez actos de instalación del Comando Carabobo entre febrero y junio de este año.
Entre ambas opciones, se mueven dos corrientes menores desde la dirección del PSUV y el gobierno.

El carácter del régimen político bolivariano y su centralidad en la persona del comandante Chávez, hacen, mientras permanezca en este mundo, que las corrientes internas giren a su alrededor, o que él medie entre ellas, como su eje equilibrante.
En buena medida, los resultados del voto en octubre, servirán para comenzar a definir hacia alguno de los lados ese equilibrio institucional desequilibrante.

El sentir de un policía

Aunque para algunos la función policial sea de “tercera categoría”, para otros es algo donde se ocupan quienes no sirvieron para otra cosa, e inclusive se le considera mal pagada. El que actualmente se trabaje en el ojo del huracán y del lente camarógrafo, la realidad es que ser policía es un sentimiento.

Sentimiento que produce dolor y genera tristeza, la cual nos embarga cuando alguno de nuestros compañeros “pierde” el norte y sucumbe ante las tentaciones de la corrupción.

Lamentamos los titulares en los medios con la frase “poli-cacos” porque de alguna manera se origina una generalidad sobre los uniformados; la ciudadanía no mira al ser humano, se fija en el uniforme y ante esto nos encasillan a todos por el error de unos pocos.

También se utilizan diminutivos como “tombitos”, sinónimo de irrespeto, para una profesión digna y de gran interés, desconociendo el nivel de preparación académica y técnica que ha venido alcanzando el oficial de policía.

De trabajador de “tercera categoría a superhéroe”. Resulta que en muchos casos ante una riña callejera, un perro suelto, un enfermo alcohólico en la acera, un sinnúmero de situaciones cotidianas, el “tonto”, el que no sirvió para otra cosa, el que trabaja en una profesión de “tercera categoría”, pasa a ser el superhéroe al que todos acuden.

Hemos llegado a situaciones donde una veintena de hombres observan cómo es agredido un ser humano bajo los efectos del alcohol y estos solo atinan a decir “llamen a la policía”. Es aquí donde obtengo los fundamentos necesarios para sustentar el que nuestra función está por encima de muchas otras que nos miran de reojo.

Claro, lamentamos el que algunos se aparten del sentir de un policía, que no comprendan el valor de esta noble función, pero igual nos preguntamos ¿acaso será único de esta profesión la comisión de actos contrarios a la honestidad?, ¿acaso no se detiene a abogados, ingenieros, educadores, ejecutivos, políticos y médicos entre otros, que igual se equivocan y empañan la imagen de sus compañeros?

Entonces ¿por qué se mira con mayor asombro el que un policía incurra en la comisión de algún delito, apartándose de su función de proteger a la ciudadanía? Sencillamente porque la función policial es sumamente importante, de primer nivel y como tal se debe comprender y valorar.

Recientemente un médico que, al igual que el suscrito, utiliza la sección Opinión de DIARIO EXTRA para manifestar sus opiniones cerró su comentario diciendo “para terminar con broche de oro la camisa de fuerza, en la Fuerza Pública hay ‘neonazis’”.

Según interpreto, este profesional de la medicina se refiere en plural a un asunto de repente aislado sobre la manifestación de ideología de un funcionario, a menos que tenga información contundente que no conozcamos.

Estamos conscientes de algunos abusos de autoridad, pero ¿será esto una situación única de nuestro gremio? Les puedo asegurar que no porque en la actualidad son muchas las muestras de sectores que se consideran la mejor raza del mundo, o ¿acaso no vivimos en una sociedad clasista, de apariencias, donde el consumismo y la envidia están cada día en aumento?

No comparto de ninguna manera los abusos de poder, ni el irrespeto a la dignidad humana, por eso actuamos siempre bajo el principio de legalidad y proporcionalidad, y el uso adecuado de los medios, sin embargo en muchas intervenciones uno puede percatarse de algunas personas de distintas ramas, que a la hora de ser intervenidas por la Fuerza Pública hacen manifiesto su sentimiento de odio hacia la figura del uniformado.

Quizás recuerdan alguna situación personal, de su tiempo de estudiante o juvenil, de repente alguna mala experiencia, pero ya no están frente a quien las agredió, solo miran el uniforme, por eso rechazamos todo tipo de abuso. El policía, que en su mayoría gana proporcionalmente menos, debe mantener una adecuada postura las 24 horas del día y los 365 días del año. Esto lo valoramos como algo que resalta la labor policial.

Por eso hemos utilizado estos espacios para llamar a la reflexión, también hemos brindado lo que llamamos nuestro aporte, generando una convergencia asertiva. Abogamos por un servicio de calidad, liderando el trabajo en equipo de la mano de las comunidades, pero igual hemos sido críticos y denunciamos todo aquello que consideramos inoportuno… Punto de equilibrio.

Nos involucramos en algunos procesos de modernización proponiendo desde la mesa de diálogo como miembro directivo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), en procura de fortalecer la función policial y favorecer a todos, incluyendo a quienes generalizan a la hora de manifestar sus opiniones porque esa es la esencia y el sentido de ser policía, servir.