Presidente prostituye mesas de diálogo

Al convocar corresponsables de crisis, alegan sectores

Nota: Diario Extra

Para distintos sectores, el mandatario Carlos Alvarado Quesada está prostituyendo el supuesto proceso de diálogo al convocar corresponsables de la crisis por la que atraviesa el país, como lo son algunos expresidentes de la República.

Al menos así lo creen José Miguel Corrales Bolaños, dirigente del Movimiento Rescate Nacional, y Albino Vargas Barrantes, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), luego de que el gobierno convocara una mesa de diálogo público con los exmandatarios Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002) y Laura Chinchilla Miranda (2010-2014), para conversar sobre transformaciones y desafíos que enfrentan Costa Rica.

“El término diálogo lo están interpretando mal, lo están satanizando y prostituyendo. Evidentemente tanto doña Laura, como don Miguel Ángel son corresponsables del momento crítico que vive nuestro país. Hay cosas que son urgentes como reactivar la economía costarricense, como por ejemplo a través de la agricultura, para lograr eso hay que darle crédito oportuno y barato al agricultor, para eso son las juntas de crédito del Banco Nacional las cuales las tienen cerradas, para eso es urgente el fortalecimiento del Consejo Nacional de Producción y lo tienen más bien en la lista de las instituciones que pretenden cerrar”, denunció Corrales.

Añadió: “Pero no solamente eso, en momentos tan angustiantes como los que estamos viviendo, como lo es la pandemia, donde la gente no solo puede morir del coronavirus, sino de hambre, entonces estos espacios de diálogo deben de ser totalmente distintos. Nosotros el martes 25 de agosto le pedimos al presidente Alvarado que nos recibiera porque teníamos una serie de sugerencias, varias de esas sobre cómo se podría combatir la corrupción y cuál fue respuesta, la puerta cerrada. Por eso me parece que se está prostituyendo el termino diálogo y lo peor no es eso, sino con quién están supuestamente dialogando”.

Vargas puntualizó como perverso que se esté contemplando siquiera la venta de activos del Estado como el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Banco de Costa Rica (BCR)

NO HAY

Por su parte, para Vargas es más que evidente que no hay una verdadera mesa de escucha y negociación.

“Eso que convocó el gobierno se le puede llamar de cualquier forma menos diálogo. Eso es un fraude político, una especie de operación mediática para ver si lograban un poco de credibilidad y a lo sumo, eso fue lo que denominamos buzón digital de sugerencias”, señaló el dirigente sindical.

Agregó: “Este gobierno tiene una línea ideológica clarísima y para darle fuerza, andan buscando con quién coinciden con ella, de ahí que se vea a personas como Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez, en cuyos gobierno el déficit fiscal se disparó, la concentración de la riqueza creció y la pobreza se extendió, así que ni el gobierno, ni Laura Chinchilla ni Miguel Ángel Rodríguez tienen legitimidad política para proponer las barbaridades que están insinuando que quiere venir con las negociaciones del Fondo Monetario Internacional”.

Vargas puntualizó como perverso que se esté contemplando siquiera la venta de activos del Estado como el Instituto Nacional de Seguros (INS) y el Banco de Costa Rica (BCR).

COSTA RICA ESCUCHA

Hay que recordar que la mesa de diálogo en la que participaron Rodríguez y Chinchilla forma parte del proceso “Costa Rica Escucha, Dialoga y Propone”, impulsado por el gobierno con el objetivo de escuchar los distintos sectores y lograr acuerdos que permitan dar soluciones a problemas inmediatos y estructurales que tiene el país.

Entre otros temas, en el espacio se tocó la consolidación fiscal y la negociación de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de que los diputados aprobaran el crédito rápido por $504 millones.

Dicho préstamo es el inicio de una serie de negociaciones con el FMI para más financiamiento y una hoja de ruta entre el organismo y gobierno costarricense. 

Esa ruta, la cual no ha sido clara por parte de las autoridades, ha sido motivo de críticas por parte de legisladores de oposición.

“Voté en contra el préstamo del FMI por la poca transparencia y el manejo oscuro de este gobierno, quien ha ocultado los verdaderos entendimientos con el Fondo Monetario Internacional. Yo no voy a prestarme para firmarle al gobierno un cheque en blanco de un crédito del que detrás hay intereses, agendas oscuras y hasta tiburones, que lo que quieren es empujarnos a que haya una negociación con el FMI para la venta de instituciones del gobierno como: Kölbi, Fanal y el BCR a precio de gallina flaca”, aseveró Franggi Nicolás Solano, congresista verdiblanca.

Similar manifestó el frenteamplista José María Villalta Florez-Estada la semana anterior cuando el Congreso dio primer debate al jugoso empréstito.

“No estamos en contra de los préstamos de apoyo presupuestario, pero con este crédito no se habla de la otra parte de la historia, que, según comunicados del propio gobierno, este instrumento es la llave para negociar un acuerdo stand by con el FMI. Entonces aquí el gobierno nos pide la llave, pero preguntamos qué abre esa llave, dígannos qué van a hacer con esa llave, no nos quieren decir qué negociaron o qué van a negociar, que no es menor”.

Como parte del proceso “Costa Rica Escucha, Dialoga y Propone”, el gobierno se ha jactado de informar foros virtuales con organizaciones sociales, empresariales y sindicales, entre otras, impulsadas por el Ministerio de la Presidencia y las vicepresidencias de la República.

POLITÓLOGO OPINA

Para el reconocido politólogo Sergio Araya Alvarado los procesos de diálogo deben tener una metodología bien establecida, así como un efectivo punto de arranque.

Para el experto si esos puntos no están claramente definidos la gente puede creer que se le está tomando el pelo, como se dice popularmente, y eso no solo genera desprestigio sino una sensación de engaño, que puede terminar en indignación y crispación ciudadana.

“Me parece muy extraño que no estuvieran los demás expresidentes. Yo hubiera hecho una sola mesa con todos los expresidentes, de todos los colores y de todas las líneas económicas, porque aquí veo otro problema. En este tipo de procesos de diálogo efectivo con negociación incorporada, no basta con dos horas en una reunión de Zoom, tiene que haber todo un proceso, es decir si eso es de verdad un proceso de diálogo, esto no basta con que yo habilite una plataforma para escuchar a los actores que yo quiero escuchar, porque si no lo que se ve es como una tomadura de pelo, que lo que se está es ganando tiempo, mientras otros son los que realmente están construyendo las propuestas que sí cuentan con el apoyo del gobierno. Entonces deben tener mucho cuidado”.

FORO SE INUNDÓ DE CRÍTICAS

Medardo Umaña

“Con todo respeto esta conferencia está arreglada y es una pérdida de tiempo estar viendo esto. Los tres dejan en mucho que pensar porque en están en la misma argolla”.

Jonathan Vargas

“Cada intervención del presidente, sigue con su discurso de candidato, promesas eternas y esperanzas sobre humo”.

Jorge Delgado

“Doña Laura tiene el voto del gobierno para buscar un puesto en el BID, ¿será acaso que va a cuestionar algo del gobierno? Pusieron a gente que se está viendo beneficiada”.

Freddy Azofeifa

“En Argentina llegó el FMI y hoy en 2020 están en quiebra. El Estado no tiene que vender sus empresas a manos privadas”.

Andres Cabezas

“Esta gente va a quebrar el país y todos lo saben. Nadie manda por encima del FMI”.

Joel Díaz

“Una élite de sinvergüenzas reunidos que se han aprovechado de sus puestos para robarnos sin deparo”.

Alejandra Montiel

“Por qué ahora vienen a proponer cosas que esos gobiernos no evitaron cuando estuvieron de presidentes. Hablar y señalar es fácil cuando no se aportó nada cuando se pudo”.

Luis Fernando Monge

“Blablablá, con qué moral van a hablar”.

En pandemia policías migratorios deben compartir chalecos antibalas

La seccional ANEP- PPM denuncia dos puntos importantes y que preocupan mucho al personal en relación a la crisis actual que se vive por la pandemia y de los cuales muchos oficiales han salido contagiados.

El primer elemento, es que los chalecos antibalas, elemento fundamental para el desarrollo de la labor operativa se encuentran vencidos, por este motivo la Unidad de Armería se encuentra recogiéndolos, pero lamentablemente no se están reponiendo.

Los oficiales que entran a trabajar deben recibir chalecos los sudados de sus compañeros

Lo que lleva al segundo punto y es que para no salir desprotegidos, deben compartirlo con quienes acaban de salir de turno. Esto se encuentra completamente fuera de los lineamientos de higiene y segundo por las acciones operativas la mayoría están sudados y oliendo mal.

Gran cantidad de los uniformados y de parte de la seccional ANEP Policía Profesional de Migración le piden a los altos mandos acciones prontas, a fin de que los casos de covid 19 dentro de los oficiales y usuarios no continúe en aumento.

Ya de parte de Gerardo Mora, presidente de la seccional se le solicitó la información al señor Stephen Madden Barrientos, Director de la Policía Profesional de Migración información al respecto para saber cual va a ser el accionar de la institución.

Sindicato de policía migratoria quiere evitar demandas por “botar” rechazados

Semanas atrás quedó filmado como funcionarios de la Policía Profesional de Migración y Extranjería dejaban a la deriva a dos personas que no habían sido aceptadas para ingresar a territorio costarricense.

A partir de ahí se generaron muchos comentarios en contra de la acción de los uniformados, quienes deben cumplir este tipo de órdenes superiores, emitida en la circular N 99-06-2020 de la Directora General de Migración, Raquel Vargas.

Por tal motivo, buscando salvaguardar a los uniformados, por parte de la seccional ANEP – Policía de Migración se presentó un recurso ante la Sala Constitucional, para que los oficiales no deban efectuar los cuestionados actos.

Gerardo Mora, Presidente de la seccional indicó, “con el recurso presentado queremos evitar esta amenaza a los compañeros de la Policía Profesional de Migración y así ayudar a los Oficiales, ya que no tendrían que ejecutar ordenes ilegales y que les pueden traer responsabilidades administrativas y penales”.

El recurso interpuesto de número, 20-015249-0007-CO, ya ha sido analizado por parte de los señores magistrados, quienes decidirán si lo ordenado por parte de la titular de dicha cartera es correcto o no.

Sumado a esto, los oficiales temen tener que enfrentar a la justicia por su propia cuenta, ya que a pesar de que siguen la directriz girada por sus superiores, en caso de ser demandados, la institución no los protegerá durante el proceso.

Consultado Daniel Aguilar González, abogado constitucionalista, sobre a qué se exponen los uniformados al incurrir en estos actos, explicó:

“Sí el oficial, de cualquier policía, viola la ley, se expone a responsabilidades legales. En el caso de la Policía de Migración, si dejan “botados “a los rechazados, estarían violando el art. 65 de la Ley General de Migración”, enfatizó.

Durante los próximos días saldrá el fallo donde se conozca lo determinado por parte de los señores magistrados.

Los canales digitales mejoran el acceso a la ayuda al empleo

Nota: OIT.otg

Una nueva reseña de políticas de la OIT muestra que los servicios públicos de empleo utilizan las tecnologías digitales a fin de mejorar la ayuda dirigida a las personas que han perdido su empleo a causa de la COVID-19.

GINEBRA (OIT Noticias) – Los canales digitales están desempeñando un papel cada vez más importante para ayudar a los trabajadores durante la crisis causada por la pandemia de COVID-19 , según una nueva reseña de políticas de la OIT.

Desde el inicio de la pandemia, los Servicios Públicos de Empleo (SPE) se han esforzado para mitigar su impacto sobre el mercado de trabajo. Medidas como las prestaciones por desempleo, con frecuencia combinadas con las transferencias en efectivo y los planes de apoyo a las empresas, han desempeñado un papel central para preservar los empleos y las competencias, y sostener el empleo en los servicios y la producción esenciales, así como para proteger a los trabajadores menos favorecidos, sobre todo en la economía informal.

La nueva nota, COVID-19: Public employment services and labour market policy responses  (COVID-19: Los servicios públicos de empleo y las respuestas políticas del mercado de trabajo), constata que las tecnologías digitales han desempeñado un papel esencial para maximizar el impacto de este tipo de ayuda.

Los países que habían informatizado sus servicios de apoyo antes de la pandemia y que tenían una estrategia de transformación digital clara, han podido responder de manera más eficaz a los desafíos planteados por la COVID-19. Estos países han logrado utilizar los canales de acceso remotos para garantizar la continuidad de sus servicios durante los confinamientos totales o parciales. Además, han utilizado los servicios digitales a fin de seguir asegurando la registración en línea, la adecuación automatizada de la demanda y oferta de empleo y la orientación en materia de “chats” y seminarios virtuales.

A fin de ayudar el creciente número de personas que han perdido su trabajo a causa de la COVID-19 a encontrar un empleo, o a ser recolocadas en otras ocupaciones, sectores o regiones, los gobiernos deben facilitar el acceso a una información precisa sobre el mercado de trabajo y las opciones del desarrollo de competencias. La tecnología ha desempeñado un papel decisivo para garantizar que esta tarea sea realizada de manera rápida y eficiente.

Los canales digitales han permitido que los servicios de apoyo sean accesibles fuera de las horas de trabajo convencionales y a un número mayor de personas. Además, dan lugar a sistemas de adecuación entre la oferta y la demanda de empleo más transparentes. Algunos ejemplos incluyen:

  • En España, durante la cuarentena las oficinas locales de empleo dependían en gran medida de los portales de empleo en línea, de un número de teléfono gratuito para los demandantes de empleo y de la “oficina virtual” que fue activada a fin de adaptar los servicios a las restricciones causadas por la COVID-19.
  • En China, los SPE adoptaron la interacción virtual entre los consultores y los clientes gracias a un sistema de chat en línea. “WeChat Official Accounts”, que fue introducido antes de la pandemia.
  • En India y Uruguay, los SPE fomentaron la registración en línea de los demandantes de empleo y la publicación del listado de las vacantes a través de los portales de empleo en línea, los cuales además suministraban acceso a la formación y a ferias de empleo en línea.
  • En los Países Bajos, durante la cuarentena por la pandemia, los SPE organizaron reuniones virtuales y realizaron seminarios web con los clientes.
  • En Marruecos, los SPE utilizaron unidades móviles atendidas por personal específicamente formado para prestar asistencia a la población que no tenía la posibilidad de acceder a los SPE de manera remota, y para llegar a los clientes en las zonas distantes rurales y urbanas.

Es probable que la crisis provocada por la COVID-19 tenga un impacto duradero sobre el empleo, las empresas y las competencias, advierte la reseña. La recesión prevista podría hacer que el acceso al mercado de trabajo sea aún más difícil para los empleadores y los trabajadores, sobre todo en las economías con grandes mercados laborales informales. En estas circunstancias, la tecnología puede ser una herramienta cada vez más importante para ayudar a quienes más lo necesitan.

Gobierno gastará ¢9.400 mills. en “Censo del Bicentenario”

  • Es requisito de la OCDE, indica ministra Pilar Garrido

NOTA: Diario Extra

En el 2021 el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) llevará a cabo el “Censo del Bicentenario”, para lo cual se dispone de un presupuesto de ¢9.426 millones.

Así lo explicó este miércoles la ministra de Planificación, Pilar Garrido, ante los diputados de la Comisión de Hacendarios en el marco de la defensa del presupuesto de la República del próximo año.

La jerarca recordó que en el marco de los cambios que el país aplicó para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se impone un requerimiento para la periodicidad de censos cada 10 años.

Para financiar estos recursos, el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) tiene dispuesto hacer una transferencia al INEC por ¢3.450 millones. 

El resto del presupuesto para el censo sale de recursos que recoge el mismo INEC por la Ley 9694 aprobado en junio pasado del impuesto a las primas de seguro con ¢1.621 millones y el resto de un superávit libre de INEC que según la ley le permite crear fondos para proyectos especiales como este, por un monto de ¢4.355 millones.

Floribel Méndez Fonseca, presidenta del INEC, resaltó la importancia de esta herramienta estadística para el país, ya que con estos datos actualizados se podrá mejorar y actualizar proyectos y políticas públicas.

CENSO EN PANDEMIA

El diputado Otto Roberto Vargas, del Republicano Social Cristiano, cuestionó cómo hará el INEC para implementar un censo en el marco de la pandemia por el Covid-19.

Méndez explicó que deberán replantear la recolección de la información en campo. Si bien reconoce que la operación estadística en un censo nacional es compleja, para ello en noviembre próximo se llevará a cabo un “censo piloto” para aplicar diferentes técnicas en la recolección de la información.

En ese sentido el INEC buscará mantener tanto la técnica tradicional de entrevistas cara a cara, mediante un protocolo sanitario que ya fue aprobado por el Ministerio de Salud.

Y por otro lado con la aplicación de un “autocenso” para cuando no hay posibilidad de una entrevista directa se le contacta a la persona y se le envía las preguntas de forma electrónica.

Sobre la barrera de la regla fiscal que el INEC sobrepasará en su presupuesto del 2021 por este proyecto, la jerarca explicó que ya están trabajando con las autoridades respectivas para que no haya problemas en ese aspecto.

“Me parece que gastar casi ¢10 mil millones para el censo es demasiada plata”, comentó el diputado Vargas, que fue el único legislador de la comisión que mostró alguna oposición sobre el tema.

El censo del bicentenario obligará a contratar a 14.500 personas durante tres semanas para que durante el mes de julio 2021 realicen la recolección de la información. Se visitarán alrededor de 1.800.000 casas y entrevistará a 5.200.000 personas.

Los datos preliminares del censo se comenzarán a conocer al final del 2021.

*Colaboró la periodista Sharon Cascante.

VOCES SINDICALES

Albino Vargas

ANEP

“Estar en la OCDE fue una soberana embarcada para este país porque no le van a hacer caso, primero cuando la OCDE está pida que se le ponga impuestos al gran capital y a las altas rentas. Por otro lado, están forzando a hacer gastos que no son necesarios en este momento de tanta crisis social y económica para miles de familias trabajadoras. Yo creo que están creando condiciones para que cuando termine este gobierno algunos de sus altos cargos pasen a integrar la burocracia de lujo que tiene la OCDE en su sede en París. Algunos jerarcas que impulsan estas cosas, a lo mejor están pensando en concursar para írsela a tirar rico a Francia como altos funcionarios internacionales”.

Rodrigo López

ANPE

“Nadie puede estar contento de estar afiliado a una institución que aparte que nos cuesta muchos miles de millones de dólares la afiliación. Nos exige o condiciona cierto tipo de estándares para poder ser parte, no solamente del staff de países que están en ellos como organización, sino para decir que evolutivamente estamos creciendo como sociedad activa, como sociedad económicamente viable dentro de los parámetros neoliberales que están dominando el mundo. Me parece un ridículo que tengamos que utilizar dineros que podrían estar siendo inyectados a programas de desarrollo social en asuntos de un conteo que particularmente me parece no es prioridad que tenga el país. Mucho le debe el Estado costarricense al régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social, en cuanto a la deuda histórica por la no cancelación de dineros que le tocan por ley y la no cancelación de lo que fue el traspaso del primer nivel del Ministerio de Salud a la Caja, para que ahora se diseñen estrategias para gastar una enorme cantidad de dinero y seguir golpeando en los servicios básicos públicos que deberían estar teniendo una tendencia a reforzarse”.

Marvin Atencio

Siprocimeca

“Estar en la OCDE nos ha costado una millonada, todavía yo no he visto cuál es la ganancia o el valor real para Costa Rica por estar metido en la OCDE, de qué forma nos está beneficiando si más bien vemos recomendaciones que van en contra de los intereses de la clase trabajadora y la situación económica del país, más bien nosotros hemos criticado esas posiciones tan extrañas. Para nosotros el pago de la membresía es exageradamente caro para lo que estamos obteniendo. Es una inversión con poco beneficio desde el punto de vista económico, estratégico. Deberían de tomar esos dineros y abonarlos a la deuda del Estado que es una urgencia en este momento por la situación país, a la cual la Caja le está haciendo frente”.

AyA registra pérdidas por ¢29.400 millones

Entre 2018 y 2019, denuncia sindicato tras auditoría

NOTA: Diario Extra

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) registró pérdidas por ¢29.423.413.055 durante 2018 y 2019, según consta en un informe de Estado de Resultados, elaborado por la Dirección Financiera.

La seccional ANEP-AyA denuncia que este hecho se suma a la baja ejecución presupuestaria que se presenta este año, ya que hasta el mes de mayo habría alcanzado un 32%.

“De un total de 96 metas trazadas durante el año 2019, solo se cumplieron 23, y de ¢298.795 millones presupuestados, solo se gastaron ¢142.565 millones”, indicó Edwin Marín, de ANEP-AyA.

Si se compara la ejecución presupuestaria del plan de inversiones entre los fondos específicos y fondos corrientes de la institución hasta mayo de 2018, 2019 y 2020, esta no alcanza ni el 50% de su inversión a mayo, según el Resumen Ejecutivo de Caja de la Dirección Financiera de AyA, del que DIARIO EXTRA tiene copia.

2018 CRíTICO

Estadísticas del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) de la Contraloría General de la República (CGR) revelan que para hace dos años la administración de AyA estableció un presupuesto de ¢99.218 millones en inversiones, sin embargo, solo se ejecutaron ¢58.190 millones, lo que representa un 58%.

Es decir, de mayo a diciembre de ese año solo se avanzó un 27% del plan de inversión, un progreso relativamente bajo.

Un punto a destacar es que la ejecución del presupuesto de inversión entre enero y mayo de los últimos años no registró un nivel superior al 50% (ver recuadro).

DIFERENCIA

Según el Informe de Ejecución Plan de Inversiones por Fuente de Financiamiento, al 31 de octubre de 2019, el Instituto invirtió un 50% del presupuesto general, siendo el rubro de menor avance el programa Reducción de Agua No Contabilizada (RANC) con un 48%; es decir, ¢977,68 millones.

“Sigue teniendo un rezago significativo y lo que nos preocupa es que hay inversiones muy estratégicas, con proyectos como Agua No Contabilizada, Plan de Contingencia y Orosi II, que son básicas para prevenir los racionamientos. Si no se mejora el nivel de inversión son problemas que no se van a superar”, explicó Álvaro Barrantes, intendente de Aguas.

SINDICATO ALEGA

Ewin Marín, líder de ANEP-AyA, asegura que concuerda con lo expuesto por la Intendencia de Aguas, pues consideran que la baja ejecución presupuestaria es una gran limitante en el progreso de proyectos de alta necesidad en la ciudadanía costarricense.

“Con esta administración no se ejecuta ni el 32%. No creo que ejecuten más presupuesto y nótese que la administración de Yamileth Astorga tiene dos periodos. Sentimos que el AyA sigue de cabeza si se mantienen los mismos”, denunció.

Para los representantes de los trabajadores la preocupación en el manejo presupuestario se centra en la necesidad de ejecutar proyectos claves para evitar racionamientos y mejorar la calidad del agua.

PLANES PRIORITARIOS

La Intendencia de Aguas rescata que los principales proyectos que presentan rezagos son el Proyecto Orosi II, el cual consiste en llevar abastecimiento del líquido potable al área metropolitana desde esa zona. Según datos del AyA, la obra tiene un avance del 58%.

“Este proyecto supliría 2,5 metros por segundo de agua, es la solución para los racionamientos. Se viene planeando desde hace 10 años y a hoy lo que nos dice AyA es que estará listo en 2025 y cuesta entre $400 millones y $500 millones. Tiene atrasos porque tuvo que estar listo desde hace casi tres años para que hoy no haya racionamientos”, explicó Barrantes.

Respecto de este proyecto el sindicato indica que se encuentra estancado y es la principal razón por la que siguen los racionamientos, medida que afectó a 350.250 habitantes del área metropolitana.

PÉRDIDAS

Parte del agua que se obtiene de las nacientes no llega hasta los usuarios, lo que provoca una pérdida importante del líquido vital. En años anteriores se habló de un proyecto para contrarrestar esa pérdida, pero se ejecutó hace poco.

“Más de la mitad del agua que capta se pierde en la red y no se contabiliza ni le llega al usuario. El proyecto (RANC) busca reducir esa pérdida a cerca de un 30% a un 35%.

Nos preocupa porque arrancó recientemente y debió implementarse hace mucho tiempo. Se espera que esté en aproximadamente tres años”, expresó el representante de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos.

FACTURACIÓN

El reciente caso de los errores en facturación y la odisea que enfrentan aún muchos usuarios, quienes reclaman sobrecobros, debido a las tarifas estimadas, también es parte de los cuestionamientos de la Intendencia de Aguas.

“En el caso del AyA el sistema de facturación está muy viejo y da problemas, inclusive probablemente los sistemas de facturación pudieron generarse en parte por el sistema obsoleto. Es un proyecto que debió arrancar hace mucho tiempo y según la institución va a estar hasta el 2026”, afirma el intendente.

SOLUCIÓN

La Intendencia de Aguas manifiesta que para hacer frente a las necesidades empresariales AyA requiere duplicar la cantidad de inversión tarifaria, la cual actualmente ronda los ¢60.000 millones.

AYA RESPONDE

El Diario del Pueblo consultó a la institución con respecto a la ejecución presupuestaria de 2019 y la siguiente fue la respuesta.

“La revisión reciente de la Ejecución del Plan Estratégico y sus metas indica que se ha cumplido sobre la base de 46 objetivos, un 83%, por encima del 70% (de los cuales un 66% corresponde con más del 85%). Se cuenta con un plan de acción para abordar las desviaciones y se han establecidos controles específicos para el área de proyectos”.

Respecto a la ejecución presupuestaria de proyectos durante el año anterior AyA informa: “Según el Resumen Institucional que se encuentra en el SIIP de la CGR, el presupuesto al 31 de diciembre 2019 del AyA fue de ¢251.561.480.73 miles y su ejecución fue de ¢187.189.162.07 miles, que corresponde a un 74,41% de ejecución”.

“Importante señalar que para una institución que desarrolla obra el avance de esta debe valorarse sobre una base plurianual (varios años) y no anual, esto en razón del ciclo de los proyectos que comprende estudios básicos, diseños, contratación y construcción; en general, las obras toman en promedio tres años y se ven afectadas por diversas causas externas, tal como cambios en las obras, fenómenos climáticos, apelaciones durante los procesos licitatorios, entre otros”, agrega.

Al consultar sobre la responsabilidad de la ejecución presupuestaria, además de por qué el porcentaje de este rubro no es más elevado, indicaron: “La responsabilidad de la ejecución del presupuesto descansa directamente en las jefaturas y direcciones, gerentes de unidades ejecutoras, que solicitan los presupuestos, con planes aprobados y gestionan sus centros de costos y gastos. Como se indicó supra hay diversas razones que impiden que la ejecución presupuestaria sea la deseada”.

Edwin Marín

Seccional ANEP

“Con esta administración no se ejecuta ni el 32%. No creo que ejecuten más presupuesto y nótese que la administración de Yamileth Astorga tiene dos periodos. Sentimos que el AyA sigue de cabeza si se mantienen los mismos. Hacemos un llamado fuerte al presidente porque el AyA lo que necesita es un cambio en las jefaturas”.

Álvaro Barrantes

Intendente de Aguas

“Sigue teniendo un rezago significativo y lo que nos preocupa es que hay inversiones muy estratégicas, con proyectos como Agua No Contabilizada, Plan de Contingencia y Orosi II, que son básicas para prevenir los racionamientos. Si no se mejora el nivel de inversión son problemas que no se van a superar”.

Dineros del IVM se usaron en construcción de Parque Viva

CCSS compró ¢4.706 millones en títulos de La Nación

Nota: Diario Extra

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) destinó ¢4.706 millones a la compra de títulos de La Nación y sus subsidiarias, cuyo dinero se captó en parte para la construcción de Parque Viva.

Así se desprende de los Estados Financieros del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de los cuales este medio tiene copia, y de hechos relevantes dirigidos al Mercado de Valores. 

Hubo dos emisiones, la A14, realizada del 21 de marzo por un monto de ¢10 mil millones con un vencimiento al 2024. Se habría hecho a través de Aldesa. 

La segunda es la B14 por ¢11 mil millones con vencimiento a 2025 y cuya emisión se realizó el 4 de abril de 2014. En ambas participó la Caja como comprador de los títulos con fondos de IVM. 

Del hecho relevante FC-29-2014 se extrae que el objetivo de la captación de recursos es la inversión en activos productivos de largo plazo como la remodelación del Autódromo La Guácima (Parque Viva), anfiteatro, un centro de exhibiciones y plazas al aire libre, áreas de acceso y recreación.

Otra parte indicó La Nación se dirigiría a la cancelación de pasivos de entidades públicas y privadas, considerados estratégicamente convenientes, así como para financiar requerimientos de capital para inversiones futuras. 

A la fecha, la CCSS habla de la tenencia de ¢2.950 millones en títulos de La Nación y sus subsidiarias, debido a que la otra parte del dinero invertido habría venido retornando a la institución a través de los vencimientos. 

Sería esta la única empresa no financiera en la que el IVM decidió invertir para ese periodo (2014), según los estados financieros. El resto de las inversiones en el sector privado las constituyeron en bancos y mutuales. 

DIARIO EXTRA dio a conocer que la Junta Directiva de la Caja pidió explicaciones recientemente a la Gerencia de Pensiones sobre la conveniencia de mantener dichas inversiones. 

Lo anterior obedece a que, según la CCSS, se ha dado una disminución de la calificación de riesgo de las mismas, pasando de “AAA” en el momento que se realizó por primera vez la oferta de mercado a “A” al día de hoy.

Indican que la Junta Directiva en el artículo 9º de la sesión No.8818, celebrada el 17 de diciembre de 2015, acordó la venta de los títulos valores de La Nación y subsidiarias, sin embargo por las condiciones de los precios de mercado y la poca demanda de estos ha sido imposible hacer efectivas dichas ventas.

CCSS: “TENÍA UNA CALIFICACIÓN AAA”

La Gerencia de Pensiones señaló a El Periódico del Pueblo que toda inversión que realiza el Fondo del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte se hace de conformidad con la normativa. Explicaron que las inversiones son avaladas y aprobadas por los comités y con el apoyo de los análisis y acuerdos de la junta de Riesgos. 

En este caso, aseguran se realizó un análisis financiero y un criterio de riesgo.

Sobre por qué invertir en La Nación, comentaron que el Mercado de Valores Costarricense es muy incipiente y poco desarrollado en la oferta privada de títulos valores, lo cual ha sido característico aún más en los últimos años.

“De la poca oferta pública siempre se han realizado los estudios respectivos para determinar la viabilidad técnica y legal de invertir o no, donde en su mayoría no cumple ni financiera ni legal”, recalcaron. 

Aducen que el IVM ha contado en su momento con inversiones en títulos valores de empresas como Atlas y Durmán Esquivel, además de las ya mencionadas de bancos privados. 

No obstante, acotan que la oferta de empresas privadas no financieras de calificación AAA, desde el 2015, es prácticamente nula y no se han realizado inversiones nuevas. 

DIPUTADO CUESTIONA 

El diputado Dragos Dolanescu manifestó a El Periódico de Más Venta en Costa Rica que pediría explicaciones a la CCSS sobre la inversión en títulos de La Nación y sus subsidiarias.

“Coincide sospechosamente que tanto la inversión por parte del Grupo Nación en el Parque Viva como el arreglo de pago para evitar ir a juicio por la evasión con las rotativas se dan poco después de que la Caja Costarricense de Seguro Social utilizara dinero de los fondos de pensiones para comprar bonos de La Nación”, expresó el legislador. 

Las declaraciones del parlamentario hacen referencia a que para el momento de la emisión del 4 de abril de 2014, trascendía en la prensa, que el Juzgado Penal del II Circuito Judicial había fijado fecha para la audiencia preliminar en el caso de La Nación por presunta defraudación fiscal en la venta de dos rotativas. 

Finalmente, la empresa llegaría a una conciliación con el Estado por ¢2.277 millones en noviembre de ese año. 

Dolanescu agregó que “se ve muy feo cómo una empresa se capitaliza con el dinero de las pensiones de todos los costarricenses y de inmediato paga deudas con Hacienda, suena como raro eso de pedir plata prestada al Estado para pagar deudas que se tiene también con el Estado, así es muy fácil para algunos hacerse millonarios a costilla del pueblo costarricense y aprovecharse de sus influencias para no afectar sus finanzas personales”.

VALORAN LLEVAR CASO AL MINISTERIO PÚBLICO

El secretario general de la Asociación de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, dijo que están pensando llevar el caso incluso hasta el Ministerio Público. 

“Desde el punto de vista que los dineros de los trabajadores que tanto sacrificio les cuesta ganarlo y que vayan a apuntalar a negocios abiertamente lucrativos para reducidos grupos económicos que ya acumulan demasiado dinero es un acto censurable”, comentó. 

La ANEP está pidiendo a la CCSS que separe al Comité de Inversiones y dé una explicación sobre la compra de dichos títulos. “Parecen ser más de ¢4 mil millones, no descartamos enviarlo al Ministerio Publico porque no es la primera vez que se presentan cosas como esta en la inversión de fondos del IVM”, finalizó.

• Dragos Dolanescu

Diputado

“Coincide sospechosamente que tanto la inversión por parte del Grupo Nación en el Parque Viva como el arreglo de pago para evitar ir a juicio por la evasión con las rotativas se dan poco después de que la Caja Costarricense de Seguro Social utilizara dinero de los fondos de pensiones para comprar bonos de La Nación”.

• Albino Vargas

Secretario ANEP

“La ANEP está pidiendo a la CCSS que separe al Comité de Inversiones y dé una explicación sobre la compra de dichos títulos. Parecen ser más de ¢4 mil millones”.

MSP debe pagar diferencia salarial a policía

Sin acudir a la vía judicial se logró que el Ministerio de Seguridad Pública ordenara pagar las diferencias salariales a un policía que cubrió por aproximadamente un año un rango más alto al del sueldo que recibía.

Este policía quien prefirió el anonimato, comentó que fue inició funciones como agente 1 en el 2011 y sus labores se desarrollaban en la parte preventiva. Para el 2016 fue nombrado como Agente 2, pero seguía recibiendo el salario del antiguo cargo.

Ante la duda que le embargaba decidió buscar la asesoría del departamento jurídico de la ANEP, donde su caso fue tomado por parte de David Estrada, quien inició con todo el proceso

El defensor indicó que la prioridad era que el uniformado pudiera recibir bien su salario y que todo se diera conforme a ley.

Por lo que se presentó un recurso administrativo donde se evidenciaba la diferencia en sus pagos.

El recurso fue estudiado por parte de Michael Soto, Ministro de Seguridad, quien ordenó que se organizara el tema a nivel interno y que se le cancelara al oficial lo que correspondía.

Lamentablemente de parte de la institución no se ha pagado la totalidad del dinero, puesto que aducen que se cancelará el monto a partir de que el policía presentó y demostró que cumplía con todos los atestados para tomar el cargo.

A pesar de esto por parte de Estrada se alabó la solución rápida que obtuvo el oficial y que se evitó por parte del Ministerio llevar el caso hasta los estrados judiciales.

“Es importante recalcar que en este caso se logra hacer justicia a la persona trabajadora sin necesidad de acudir a un juicio, sino que ha sido mediante el agotamiento de la vìa administrativa que se ha logrado que la persona reciba una remuneración justa por la labor desempeñada. 

También cabe señalar que el Ministerio de Seguridad Pública parece haber acogido una tesis jurisprudencial bastante nueva, como que para conceder el pago de diferencias salariales la persona trabajadora debe acreditar que cumple con los requisitos académicos y profesionales para desempeñarse en el puesto. Una postura que ha sido objeto de crítica últimamente por parte de los sectores pro-trabajador como la ANEP.», señaló.

Por parte de la defensa no se descarta que se interponga otro recurso para que el policía tenga que recibir la totalidad del dinero y no una parte.

Denunciar corrupción no traduce hostigamiento laboral

Luego de un largo proceso que se extendió por más de 5 años, los afiliados de la ANEP, Carlos Moreno y Ronald Fuentes, oficiales de la policía municipal de Escazú quedaron absueltos de una denuncia por hostigamiento laboral.

Los hechos iniciaron cuando ambos dirigentes sindicales recopilaron información y denunciaron una serie de actos irregulares por parte de una funcionaria de la misma institución de apellidos Alfaro Vega.

Alfaro al darse cuenta, tomó represalias en contra de los policías, por lo que acudió a la vía judicial denunciándolos por Hostigamiento laboral.

Luego de que ambas partes presentaran sus argumentos, la Sala Segunda dio la razón a los uniformados Moreno y Fuentes, donde descartaron algún tipo de acoso laboral dirigido a Alfaro Vega.

Dentro de los respondido se indicó por parte de la Sala de que el ejercicio de un derecho, aunque incomode, no constituye acoso laboral.

David Estrada, representante legal de los oficiales, mencionó que este tipo de fallos hace que la democracia gane y que la libertad sindical pueda ser garantizada.

Además, añadió “considero que éste caso explora una línea jurisprudencial beneficiosa para éste sindicato y sus dirigentes, pues se respalda el trabajo que éstos hacen en la investigación y denuncia de irregularidades en la Administración Pública, y que dicha labor no debe considerarse como manifestaciones de hostigamiento laboral, sino por el contrario, como un reflejo del Estado Social de Derecho en que vivimos, donde prevalece la justicia, la transparencia y la democracia”.

Membresía a OCDE costará ¢2.165 millones por año

  • Gasto presupuestario de Comex crece 43% para el 2021

Nota: Diario Extra

En plena crisis fiscal Costa Rica se dará el lujo de destinar ¢2.165 millones para el pago de la membresía a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

Así se desprende del proyecto de presupuesto para este 2021 del Ministerio de Comercio Exterior. Debido a ello, los gastos para esta cartera crecen en un 43,1%.

Sin embargo, el Ministerio de Comercio Exterior aduce que la membresía es de sólo ¢1.400 millones por año. El incremento del monto para 2021 obedece a un gasto extra de ¢749 millones requeridos por ser el primer año de ingreso.

Se habla de que esta es la cuota “post adhesión”. El ministro a.i, Duayner Salas, indicó que para el 2021 el monto es más elevado por gastos extras derivados del proceso de adhesión.  

De la exposición de motivos se desprende que todo gobierno debe estar preparado para asumir las obligaciones de la membresía para adherirse a la convención. Esto forma parte de la declaración general de aceptación. 

Según Comex, resulta fundamental asignar los recursos necesarios para cubrir estos gastos. Ahora, su aprobación queda en manos de los diputados como parte del análisis del presupuesto para el próximo año. 

El Ministerio había explicado que el monto de esta contribución es establecido con base en el PIB (Producto Interno Bruto) de cada nación. La OCDE se financia con las contribuciones de sus miembros. 

El pasado 15 de mayo de 2020, el país recibió la invitación formal del consejo de la organización para convertirse en el miembro número 38 de la organización y suscribir la convención.  

Esto luego de cinco años de iniciado el proceso de adhesión, y de que los 22 comités emitieron su opinión formal. 

Recientemente el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto, señaló que el convenio de adhesión a la OCDE sería remitido a la Asamblea Legislativa a más tardar este viernes.

Otro tema pendiente es quién será el representante de Costa Rica ante ese organismo. Según Prieto, esto quedó claro desde que Dyala Jiménez, era ministra de Comercio Exterior. 

Sin embargo, uno de los motivos de la salida de la jerarca fue que al parecer había interés del gobierno de que fuera de Cancillería quien ocupara ese lugar, algo con lo que Jiménez, dijo no estar de acuerdo. Posteriormente, Presidencia diría que eso no era así. 

Una vez que se firme el protocolo de adhesión, el país tendrá que nombrar a un embajador. 

“UN POBRE EN EL
INDOOR CLUB”

La OCDE es una organización internacional, cuya misión es diseñar políticas para una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, es decisión de cada país si implementa sus recomendaciones.

Para Rafael Mora, encargado de Asuntos Políticos de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), resulta una contradicción que se diga que no habrá aumento salarial para los empleados públicos el próximo año y se vayan a pagar millones por estar en este organismo.  

“Es condenable que en plena crisis como está este país estar pagando a organismos internacionales. El pueblo lo siente como una burla, mientras que los trabajadores les congelan el salario o se le reduce la jornada laboral, se ponen a pagar dinero en afiliaciones en organismos internacionales”, comentó. 

Mora dijo que además de la membresía hay que tomar en cuenta que este ingreso se convertirá en viajes aquí y allá y el pago de un jugoso salario para quien sea el embajador.  

“Nos condenan a una situación de congelamiento salarial injusto e inaceptable, pero tienen para andar pagando estas membresías, entonces uno ve que las medidas son contra la clase trabajadora. Es imposible que Costa Rica haya cumplido en transparencia fiscal, aquí lo que hay es una mafia y seguro le hicieron el favor para el ingreso. Esto de la OCDE es como un pobre en el Indoor Club”, añadió. 

Lenin Hernández, secretario del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae), manifestó que esto demuestra que el país se está equivocando nuevamente en la ruta económica. 

“Ahí es donde decimos que se destinan los dineros de forma equivocada con la OCDE, asesorías y gastos superfluos que solo traen más pobreza y desigualdad. Si uno se pone a analizar el contexto mundial ¿Qué se ganan con estar en la OCDE?, yo diría que nada, más bien los países bajo la perspectiva de la autonomía y la pandemia están asumiendo el manejo de su economía. La respuesta la tiene cada país de acuerdo a su desarrollo cultural, cada país es distinto. La solución no está en estos organismos”, recalcó.

RUMBO EQUIVOCADO

Rafael Mora

ANEP

“Es condenable que en plena crisis como en la que está este país, estar pagando a organismos internacionales. El pueblo lo siente como una burla, mientras que los trabajadores les congelan el salario pagan estas millonadas”.

Lenin Hernández

Sinae

“Ahí es donde decimos que se destinan los dineros de forma equivocada con la OCDE, asesorías y gastos superfluos que solo traen más pobreza y desigualdad”.