ANEP denuncia conflicto de intereses en el INS

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presentó el 10 de agosto una denuncia ante la Contraloría General de la República contra Guillermo Constenla, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS), y Eugenia Chaves Hidalgo, miembro de la junta directiva de la institución, por aparente conflicto de intereses y una posible “violación” a las normas de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y su reglamento.

Según datos en poder de DIARIO EXTRA, los demandantes solicitan a la Contraloría que se abra una investigación en contra de los funcionarios mencionados anteriormente, pues al parecer Constenla aparece en “varias” sociedades anónimas de carácter privado.

Incluso Albino Vargas, secretario general de ANEP, y Rafael Ángel Mora Solano, miembro de la junta directiva de la Seccional ANEP-INS, aducen que el jerarca del INS “figura” como presidente y dueño de Distribuidora de Materiales Matesa S.A., la cual aparece con la cédula jurídica 3-101-035805.

“La Contraloría nos contestó que la tomaron para la respectiva valoración y que en un plazo perentorio darán respuesta a nuestra solicitud. Nosotros sacamos la certificación literal de la sociedad a las 10 de la mañana el 9 de agosto del 2012, en otras palabras, hace 7 días, lo que significa que está totalmente vigente”, explicó Mora.

Para los denunciantes el tema no termina ahí, pues afirman que Chaves Hidalgo, miembro de la directiva del INS, presuntamente aparece como fiscal de dicha sociedad y según los representantes de ANEP el esposo de la funcionaria, José Fabio Pérez Merino, figura como tesorero y al parecer “acompaña” a Constenla en “otras” sociedades anónimas.

En el alegato de su denuncia, los miembros de ANEP indican que los dos integrantes del INS podrían “violentar” ante estos hechos el artículo 37 del Reglamento de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, el cual indica: “Los miembros de junta directiva, los presidentes ejecutivos, no podrán ocupar simultáneamente cargos en juntas directivas de empresas privadas, ni figurar registralmente como sus representantes o apoderados, ni tampoco participar en su capital accionario, personalmente o por medio de otra persona jurídica, cuando tales empresas presten servicios a instituciones o a empresas públicas o que, por la naturaleza de su actividad comercial, compitan con estas últimas”.

Como prueba, Vargas y Mora presentaron la certificación literal de personería jurídica de Distribuidora de Materiales Matesa S.A. y la conformación de la junta directiva del INS, que incluso aseguran fue copiado de la página de Internet de la institución.

AMPLIARON ACUSACIÓN

En esta ampliación de la denuncia que hicieron Vargas y Mora, específicamente ayer, ante la Contraloría, manifiestan que la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional en su artículo 22 inciso 2 establece: “No podrán ser designados como miembros los que estén ligados entre sí por parentesco de consanguinidad o afinidad hasta tercer grado inclusive, o pertenezcan a la misma sociedad mercantil en nombre colectivo o de responsabilidad limitada, o formen parte del directorio de una misma sociedad por acciones”.

“Agregamos en una segunda denuncia para ampliar la investigación que sin poder nosotros aún confirmarlo, pero que indudablemente será motivo de investigación, que la sociedad anónima ya citada podría haber estado inscrita como proveedora potencial en la Dirección General de Bomberos, órgano desconcentrado cuya junta directiva también es presidida por el señor Constenla”, finalizó. DIARIO EXTRA intentó conocer la versión del INS, incluso conversamos con la oficina de prensa, que al cierre de edición nos envió un correo electrónico en el que indicó que Constenla se encuentra fuera del país, por eso no pudo atender nuestra solicitud.

Jerarca de A y A suspendido con altísimo salario

Con fecha 13 de agosto de 2012, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ha enviado una nota al señor Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), el MBA. don Javier Vargas Tencio, cuestionando el proceder de esta entidad en torno al caso del señor Néstor Raúl Valdelomar Barrantes, quien es el actual Director Regional de A y A para la Región Chorotega, denunciado por presunto acoso laboral y presunto abuso de poder, al punto de que la entidad se vio obligada a suspenderlo del cargo hace ya diez meses.

Tal suspensión es con goce de salario devengando un monto mensual de 2 millones 4 mil colones. Si a esta cifra sumamos los aportes de orden patronal por concepto de Seguridad Social, se llega a, prácticamente, los 3 millones de colones mensuales que salen del presupuesto institucional de A y A. Luego de diez meses de tal suspensión, la cantidad erogada por los 30 millones de colones y seguirá subiendo mes a mes, dineros que salen de los abonados que pagan puntualmente la tarifa por servicio de agua y de alcantarillado.

Lo sorprendente del caso es que A y A, que sepamos, no ha iniciado ninguna gestión de despido pese a la gravedad de los cargos que se le imputan al jerarca mencionado.

Dicho alto funcionario también ha sido denunciado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), junto con otros dirigentes políticos del partido en el Gobierno, por “simulación de gastos en campaña política”, tal como se publicó en la prensa nacional, en un caso en que se imputa al Partido Liberación Nacional (PLN), por “falsos alquileres”.

Entre las situaciones de presunto acoso laboral y de presunto abuso de poder más importantes que han afectado y continúan afectando a la región Chorotega, bajo la conducción del señor Néstor Raúl Valdelomar Barrantes, el personal afectado ha mencionado lo siguiente:

  • Trámite de compra de arma de fuego de parte del Director Regional, el señor Néstor Raúl Valdelomar Barrantes, con aprobación de su superior inmediato, con la intensión, según su justificación, de “resguardar su seguridad” ante un grupo pequeño de funcionarios no de acuerdo con las acciones administrativas (Oficio RCH-SG-2011-006).
  • Sus decisiones generaron grandes problemas en razón de que no respetaba la normativa vigente, haciendo incurrir en errores a los funcionarios.
  • Movimientos injustificados de personal, de forma antojadiza y sin seguir un debido proceso, aislándolos y degradándolos.
  • Maltrato verbal a funcionarios, utilizando vocabulario vulgar.
  • Persecución sistemática a ciertos funcionarios.
  • Limitación de recursos a algunos funcionarios lo que imposibilitaba el desarrollo de sus actividades y posteriormente la apertura de procedimientos disciplinarios, así como el atraso y acumulación de trámites en la Región, afectando directamente a los clientes de A y A.

Las informaciones recabadas por la ANEP en este caso, indican que el citado jerarca tiene un fortísimo compadrazgo político oficialista del gamonalismo localista del cantón de Liberia, lo que le sirve de “escudo” para evitar que se dé la apertura de una gestión de despido como estima la ANEP que ya debería haberse realizado.

Estamos seguros de que si se tratase de un trabajador o una trabajadora de base, ya sea que fuese una persona profesional, o de los niveles operativos o administrativos, se habría actuado con celeridad y contundencia.

La ANEP espera que esta denuncia pública motive a las autoridades políticas centrales de A y A, en especial a su Gerencia General, a resolver esta situación que día a día va en detrimento del patrimonio institucional.

Vamos hacia el “rescate”

Cuando comenzó todo el asunto de la crisis mundial del 2008, hubo dos cosas que no logré entender; la primera: fue que los bancos que habían causado la crisis recibieran plata del gobierno (léase de los impuestos que paga el pueblo) para salvarlos y la otra: que fuera el Euro el que colapsara mientras Estados Unidos imprimía dólares a diestra y siniestra.

Confieso, ¡Sigo sin entender! Lo que sí entendí perfectamente es que el sistema político tiene una puerta giratoria y un día los políticos están en el gobierno y al día siguiente de su salida encabezan negocios y gerencias. Por esa razón, era tan importante salvar a los bancos aunque estos continuaran sacando a la gente de sus casas sobrevaloradas porque no podían pagar la hipoteca.

Pero eso sucedió allá y entonces. A nosotros en la pequeña Costa Rica no nos impactó tan fuerte, casi ni nos enteramos de la tragedia de miles de familias en la calle y sus miembros desempleados, jóvenes sin esperanza, pensionados angustiados sin seguridad social, sin medicinas, sin casa. Eso sí, los gobiernos seguían privilegiando a los bancos y sobre todo a sus accionistas e inversionistas, quienes no corren con la responsabilidad de sus actos, solo con las ganancias.

Vimos cómo Grecia y España fueron “rescatadas” nombre que se da cuando un gobierno corrupto pide prestado y lo despilfarra en gastos innecesarios o hace malas inversiones por ejemplo en trochas, hospitales sobre fallas tectónicas, asesorías y consultorías innecesarias y carísimas, platinas y cosas parecidas. Cuando llega el cobro, es el pueblo el que paga porque “eligieron” su propio gobierno, porque además nos han metido en la cabeza que todo pueblo tiene el gobierno que merece entonces no hay contradicción, eso dicen.

Los pueblos somos rehenes de gobiernos a los que por más que pagamos nuestro propio rescate, pareciera nunca nos van a soltar, y a la par del pago del “rescate”, se puso de moda otra palabra: “austeridad” cuyo nuevo significado es “que el pueblo es quien debe socarse la faja” mientras el gobierno (los 3 poderes de la República y hasta el TSE) siguen gastando lo que no deberían, pero ¿cómo vamos a ponerle freno al derroche? “Delegamos” en ellos el poder, nos representan, hacen lo que les da la gana y además les damos plata para que en la próxima campaña nos lleven a votar y renovarles el contrato para que sigan haciendo más de lo mismo, sin posibilidad de revocar nombramientos por malos que estos sean.

Hoy Costa Rica está a punto de dar un salto hacia el precipicio. El “logro” del nuevo Ministro de Hacienda, repatriado tras haberse educado en el Fondo Monetario Internacional con grado de maestría en “que cada palo aguante su vela” y doctorado en el pasado de moda Consenso de Washington, vino a impulsar junto con el vicepresidente Liberman, como parte del “Plan B”: los Eurobonos, para que el irresponsable gobierno Chinchilla Miranda pueda endeudarse y seguir la fiesta a trochas y mochas: en viajes, lujos y pachangas.

Por cierto ¿adónde está Laura hoy? ¡En China, gozando literalmente de un lujo asiático!… y luego a Corea a recibir un Doctorado ¿sí? Y acompañada de su inseparable gurú en libre comercio Anabel González. Ven que no es cuento. Y quién pagará esta fiesta: usted, yo, las futuras generaciones.

En este momento nuestro país está exactamente igual que los “ninjas”, nombre que se dio a los limpios (no income, no job nor assets) que recibieron “préstamos e hipotecas subprime” originando así la crisis financiera en E.U.A.

Grecia, España, Portugal, Italia e Islandia iniciaron su ruta al descalabro como Costa Rica. Solamente en Islandia sus ciudadanos conscientes, pensantes y educados (en el sentido literal de la palabra) valientemente metieron a los banqueros a la cárcel, acordaron no pagar una deuda porque no habían disfrutado de la misma y mediante un referéndum de verdad, no como el de Costa Rica con fraude incluido botaron al gobierno, redactaron una nueva Constitución y comenzaron la ruta a la recuperación: triplicaron su economía y el bienestar los acompaña. Los otros países siguen, como nosotros, en manos de políticos corruptos y el pueblo pagando las consecuencias.

Cuando vengan los bancos usureros a cobrar a sabiendas que no podremos devolver la plata, que no se invirtió en nada productivo, sino que simplemente se gastó, que la derrocharon los políticos, la salida será reducir los salarios, eliminar toda protección social (que calificarán de privilegios indeseables), desmantelarán lo poquísimo que quede del Estado de Bienestar y señalarán al pueblo y a la clase trabajadora de consumista, pese a que el consumismo lo han venido estimulando con el mentado libre comercio y en todo caso, los que dilapidaron la plata fueron otros. Entonces el pueblo empobrecido, anestesiado o domesticado (da igual), será el que pague la fiesta, se terminará de privatizar todo justo lo que los Arias anhelaban, solo que salados ellos porque no van a poder apañar ya nada. Los acreedores son temibles y todo se irá en la tira del “rescate”: ICE, Caja, INS, Acueductos y Bancos, Talamanca, los parques nacionales y hasta la Isla del Coco rematadas el altar de la codicia bancaria.

Estamos advertidos, los mismos diputados que han apoyado ese horror aseguran las tasas de interés no van a bajar hipotecando la Patria el beneficio es que los intereses no subirán más y además admiten que puede salir carísimo al país puesto que los políticos de turno están distorsionando al meter la mano en el negocio como lo ha denunciado entre otros CR-Hoy.

No hacer nada en este momento nos convertirá en cómplices y no tendremos cara para mirar a jóvenes y niños a quienes les robamos su país, pues en lugar de dueños de la Patria donde nacieron, serán rehenes y esta vez además solamente inquilinos de por vida con amenaza de desahucio porque conjuntamente con los expropiantes impuestos a bienes inmuebles (territoriales) y el Plan Fiscal, son resultado del agujero fiscal que abrió el TLC al eliminar los impuestos a las corporaciones y las capas “productivas” más ricas y poderosas.

Otra vez solidaridad a la inversa: impuestos a los pobres para ayudar a los ricos. ¿Qué podemos hacer para detener este disparate suicida?

Venezuela: ¿Una amenaza para Washington?

Cuando Chávez apenas era candidato presidencial, el gobierno de Estados Unidos le negó una visa para participar en algunas entrevistas televisadas en el país norteamericano. Luego, cuando ganó las elecciones presidenciales, el entonces embajador estadounidense en Caracas, John Maisto, lo llamó personalmente para felicitarlo y ofrecerle su visa. Los meses siguientes estuvieron llenos de intentos de “comprar” al nuevo presidente de Venezuela. Empresarios, políticos y jefes de Estado, desde Washington a España, lo presionaban para que se subordinara a sus agendas. “Vente con nosotros”, le urgía el entonces presidente del Gobierno español, José María Aznar, seduciéndolo con ofertas de lujo y riqueza, si simplemente cumplía con sus órdenes.

Cuando Chávez no se dejó comprar, lo sacaron con un golpe de Estado, el 11 abril 2002, financiado y diseñado desde Washington. Cuando el golpe fracasó y el pueblo rescató la democracia y su presidente en menos de 48 horas, comenzaron a desestabilizar al país, intentando hacerlo imposible de gobernar. Desbordaron la nación con saboteos económicos, huelgas ejecutivas en la industria petrolera, caos en las calles y una brutal guerra mediática que tergiversaba la realidad del país a nivel nacional e internacional. El complot para asesinarlo con paramilitares colombianos en mayo 2004 fue impedido por las fuerzas de seguridad del país. Meses después, intentaron revocar su mandato a través de un referéndum revocatorio en agosto 2004, pero el pueblo lo salvó con un voto de 60-40.

Mientras más popular se hacía, más millones fluían desde las agencias de Washington a los grupos antichavistas para desestabilizarlo, desacreditarlo, deslegitimarlo, derrocarlo, asesinarlo o sacarlo de cualquier manera. En diciembre 2006, Chávez fue reelecto con el 64% de los votos. Su aprobación crecía dentro de Venezuela y por toda América Latina. Nuevos gobiernos en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Uruguay y varios países caribeños se unieron a las iniciativas de integración, soberanía y unión latinoamericana y caribeña impulsadas desde Caracas. Washington comenzó a perder su influencia y control sobre su antiguo “patio trasero”.

Fueron creados la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), PetroCaribe, PetroSur, TeleSUR, Banco de ALBA, Banco del Sur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En ninguna de esas organizaciones está Washington, ni la élite que antes dominaba la región, imponiendo sus intereses por encima de los pueblos.

En enero 2005, la nueva secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo que Chávez era “una amenaza” para la región. Justo después, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) colocó a Venezuela en su lista de los ‘Top 5 Hot Spots’ (cinco lugares más inestables) del mundo. Unos meses después, el reverendo estadounidense Pat Robertson declaró públicamente que era mejor “asesinar” a Chávez, en lugar de iniciar una guerra contra Venezuela, que costaría millones de dólares. Ese mismo año, cuando Venezuela suspendió la cooperación con la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), por estar inmiscuyéndose en sus asuntos internos, espiando y saboteando su trabajo antidroga, Washington clasificó a Venezuela como un país que “no coopera en la lucha contra el narcotráfico”. Nunca presentaron pruebas para fundamentar sus graves acusaciones. En febrero 2006, el entonces director nacional de Inteligencia, John Negroponte, se refirió a Venezuela como un “peligro” para Estados Unidos. El secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, comparó a Chávez con Hitler. Ese mismo año, Washington estableció una Misión Especial de Inteligencia para Venezuela y Cuba, reorientando recursos de la comunidad de inteligencia estadounidense para aumentar sus operaciones en estos lugares, considerados “amenazas” para Estados Unidos.

En junio de 2006, la Casa Blanca colocó a Venezuela en una lista de países que “no apoyan suficientemente la lucha contra el terrorismo” y lo sancionaron con una prohibición de poder comprar armas y equipos militares de empresas estadounidenses o aquellas que utilizan tecnología estadounidense. Nunca mostraron evidencias de los supuestos vínculos de Venezuela con el terrorismo.

En 2008, el Pentágono reactivó la Cuarta Flota de la Armada, la comandancia militar estadounidense encargada de América Latina y el Caribe. Había sido desactivada en 1950 y no funcionaba desde entonces, hasta que decidieron que era necesario aumentar la presencia “y fuerza” militar de Estados Unidos en la región. En 2010, Washington acordó con Colombia establecer siete bases militares en su territorio. Un documento oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos justificaba estas bases debido a la “amenaza de los gobiernos antiestadounidenses en la región”.

En la prensa internacional, decían que Chávez era un dictador, tirano, autoritario, narco, antiamericano, terrorista, pero nunca presentaron pruebas para tan peligrosos sobrenombres. Convirtieron la imagen de Venezuela en violencia, inseguridad, crimen, corrupción y caos, sin mencionar los grandes logros y avances sociales durante la última década, ni las causas de las desigualdades sociales dejadas desde gobiernos anteriores.

Durante años, un grupo de congresistas estadounidenses, demócratas y republicanos, han intentado colocar a Venezuela en su lista de “Estados terroristas”. Destacan la relación entre Venezuela e Irán, Venezuela y Cuba y hasta Venezuela y China, como evidencia de la “grave amenaza” que el país suramericano representa para Washington. Intentaron destruir la ALBA con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras en 2009. Buscaron debilitar la UNASUR con el golpe contra Fernando Lugo en Paraguay en junio 2012. No funcionó. Dicen una y otra vez que Venezuela y Chávez son amenazas para Estados Unidos. “Hay que pararlo”, dicen, antes de que “lance sus bombas iraníes contra nosotros”.

El presidente Barack Obama declaró en estos días que Chávez no era una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. El candidato Mitt Romney dijo que sí. La furia de los extremistas miameros cayó encima de Obama. Pero no deben preocuparse, porque Obama aumentó el financiamiento multimillonario a los antichavistas este año. Son más de 20 millones de dólares que han canalizado de las agencias estadounidenses para la campaña opositora en Venezuela. ¿Es Venezuela una amenaza para Washington? En Venezuela, el único terrorismo que hay es de los grupos que buscan desestabilizar al país, la mayoría con el apoyo político y financiero de Estados Unidos. Los narcotraficantes son de Colombia, donde la producción y tránsito de drogas se han incrementado durante la invasión estadounidense en ese país a través del Plan Colombia.

La relación con Irán, con Cuba, con China, con Rusia y con los demás países del mundo es una cooperación bilateral – o multilateral – normal entre países. No hay bombas, no hay planes de ataque, no hay secretos siniestros. No, Venezuela no es ese tipo de amenaza para Washington. Es otra. La pobreza ha sido reducida en más de 50% desde que Chávez llegó al poder en 1998. Las políticas de inclusión de su gobierno han creado una sociedad de alta participación en las decisiones económicas, políticas y sociales.

Sus programas sociales –las misiones– han garantizado atención médica gratuita, educación gratis y accesible desde los niveles básicos hasta los más avanzados alimentación a precios alcanzables y herramientas para crear y mantener cooperativas, empresas pequeñas y medianas, consejos comunales y comunas, para todo el pueblo. La cultura venezolana ha sido rescatada y valorada, recuperando el orgullo e identidad nacional, creando un sentimiento de dignidad en lugar de inferioridad. Medios de comunicación e información han proliferado durante la última década, asegurando espacios para la expresión de todos.

La industria petrolera de Venezuela, nacionalizada en 1976 pero que funcionaba como una empresa privada, ha sido recuperada para beneficio del país y no de las multinacionales y de una minoría oligarca. Alrededor del 60% del presupuesto anual se dedica a los programas sociales en el país, con el enfoque principal en la erradicación de la pobreza. Caracas, la capital, ha sido embellecida. Los parques y plazas se han convertido en espacios de reunión, disfrute y seguridad para los visitantes. Hay música en las calles, arte en las paredes y un rico debate de ideas entre los habitantes.

La nueva policía comunal trabaja en conjunto con las comunidades para luchar contra los terribles problemas de violencia, inseguridad y delincuencia, problemas que no se atacan solamente desde la superficie, sino desde la raíz. El despertar de Venezuela se ha expandido por todo el continente y hacia el norte por el mar Caribe. El sentimiento de soberanía, independencia y unión en la región ha enterrado la sombra de subdesarrollo y subordinación impuesta por los poderes colonizadores durante siglos pasados.

No, Venezuela no es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Venezuela es un ejemplo de cómo un pueblo levantador, frente a los obstáculos más difíciles y la fuerza brutal de las grandes potencias, puede construir un modelo en donde la justicia social reina y la prosperidad humana se celebra por encima de la prosperidad económica. Venezuela es el país donde millones antes invisibles, hoy son visibles, hoy tienen voz y el poder de decidir sobre el futuro de su patria, sin ser asfixiados por las garras imperiales.

Hoy, gracias a la revolución liderada por el presidente Chávez, Venezuela es uno de los países más felices del mundo. Esa es la amenaza que representa el presidente Hugo Chávez y la Venezuela revolucionaria para Washington. Es la amenaza del buen ejemplo.

Electa Seccional Nacional de la ANEP en AyA

Unos 50 trabajadores de diferentes áreas de Acueductos y Acantarillados (AyA) y de las más diversas zonas del país se hicieron presentes a la Asamblea Nacional ANEP – AyA, que se celebró este viernes 17 de agosto en el auditorio de la Conferencia Episcopal. Dicha reunión gremial tenía como máximo objetivo elegir a la primer Seccional Nacional de la ANEP en AyA.

Los trabajadores y trabajadoras expusieron sus diversas problemáticas laborales, desde la persecución sindical, como la no promoción en su centro de trabajo por ser afiliados a la ANEP, hasta las más diversas situaciones cotidianas, como los problemas de transporte, lo absurdo de sistemas de marca de ingreso al trabajo, entre muchas otras cosas.

También hubo autocrítica, ya que se evidenció que los problemas que se viven en Acueductos no son sólo por posiciones patronales, sino también por la apatía y el desinterés de muchos trabajadores, lo que se refleja en una menor convocatoria de la que se tenía esperada para esta Asamblea.

A la actividad fue invitado el abogado Esteban Monge Flores, de CEDARENA y miembro de la Alianza Nacional por la Defensa del Agua (ANDA), presentó la Agenda Legislativa del Agua, un grupo de tres procesos legislativos que pretenden mejorar el manejo del Recurso Hídrico en nuestro país. ANDA busca el apoyo de la ANEP para que forme parte de la Alianza. Se logró un acuerdo de nombrar una persona representante que saldrá del seno de la Seccional Nacional ANEP – AyA.

También estuvo presente en la actividad el diputado por el Frente Amplio, José María Villalta Florez-Estrada, que se refirió sobre el papel de la clase trabajadora del AyA como protectora de la salud en nuestro país. “La lucha por los recursos hídricos apenas está comenzando en Costa Rica, donde el recurso está mermando, sobretodo por políticas mal dirigidas que ponen en peligro el agua”, dijo el diputado de izquierda.

La nueva Seccional Nacional ANEP – AyA buscará posicionar a Acueductos como el más importante ente rector de la salud en nuestro país, sabiendo que el agua es un derecho humano y que sin agua no hay vida.

La actividad terminó con el canto de cumpleaños a nuestro sindicato que este 19 de agosto cumple 54 años de haber sido fundado.

Seccional Nacional ANEP – AyA

  • Jesús Sibaja Bustamante – San José
  • Edwin Marín Bonilla – San José
  • Olivier Ruíz Rueda – Ciudad Neily
  • Jacob Esquivel Alfaro – Pérez Zeledón
  • Joaquín Rojas Chacón – San José
  • Víctor Avila Morales – San Vito
  • Alejandro Sáenz Jiménez – Limón
  • Edward Duarte Delgado – Golfito

El escandaloso caso de la “piñata regalona” de la trocha norte: el exministro del MOPT ¡cantó!

¡¡¡Escandalosas!!! ¡¡¡Indignantes!!! Las declaraciones brindadas por el exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Francisco Jiménez Reyes, acerca del proceso de toma de decisiones en el vergonzoso caso de la “piñata regalona” de la trocha norte; lejos de considerarse como una “sacada de clavo” (a raíz de que la Presidenta Chinchilla lo echó del Gobierno, a comienzos de lo que sería conocido después como el escándalo más grande de corrupción con fondos públicos de los últimos gobiernos y del actual en particular); dejan a las claras que ha existido una especie de Gobierno paralelo, el verdadero poder en la sombra que es el que ha controlado todos los actos estratégicos de la Presidenta Chinchilla, cuya popularidad, como bien se sabe, está por los suelos.

El exministro del MOPT, Francisco Jiménez Reyes, ¡cantó! Así hemos sabido que el verdadero poder en el seno del actual Gobierno ha estado formado por el hermano de la mandataria, señor Adrián Chinchilla Miranda; por el banquero Segundo Vicepresidente de la República, Luis Liberman Ginsburg; y por el empresario y consultor internacional, señor Carlos Espinach Escalante.

Con más de 40 mil millones de colones “invertidos” en la construcción de la mal llamada “Ruta 1856”, o, peor aún, carretera “Juan Rafael Mora Porras”; exorbitante cantidad de la que más de la mitad está perdida, desperdiciada, botada, regalada, robada; las revelaciones del Exministro Jiménez Reyes representan un golpe durísimo y demoledor, completamente irreparable, a la transparencia y a la ética públicas, ya no solamente del propio y actual Gobierno de la República, sino de la misma Presidenta Chinchilla.

Como el mismo exjerarca del MOPT lo indicó, todo lo concerniente a la deplorable trocha, se decidía en Zapote (la sede de la Casa Presidencial), y no en Plaza Víquez (sede oficial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes).

Una gigantesca pregunta de mucha potencia surge a raíz del “canto” del Exministro Jiménez Reyes: ¿Cuál es la naturaleza de los intereses de negocios de prácticamente todo ese grupo de poder presidencial que decidió sobre todo lo de la trocha, si todos ellos están ligados a la actividad empresarial y con conexiones profundas en el sector Privado de la economía?

Las impactantes declaraciones del Exministro Jiménez Reyes lo lleva a reconocer de la existencia de “otra” comisión en este escandaloso asunto de la “piñata regalona” de la trocha de la frontera norte; pero, al parecer, más “ejecutora” de las órdenes emanadas por la otra, la del verdadero poder. Está comisión “segundona”, al parecer, la integraron el exministro de Seguridad Pública, José María Tijerino; la actual Presidenta Ejecutiva de la Comisión Nacional de Riesgos y Prevención de Emergencias (CNE), señora Vanessa Rosales Ardón; y quien hasta estas declaraciones venía siendo “figura estrella” del tortón de la trocha, señor Carlos Acosta Monge, exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Salta con fuerza otra interrogante ciudadana y que tiene que ver con el papel de la Fiscalía General de la República en todo este bochornoso, repugnante e indignante asunto de la “piñata regalona de la trocha norte:

– ¿Procederá esta instancia a abrir expediente a cada una de esas personas poderosas del “gobierno paralelo” de la Presidenta Chinchilla en esto de la “piñata regalona” de la trocha norte?

– ¿Se atreverá el señor Fiscal General de la República a pedirle cuentas al hermano de la señora presidenta, don Adrián Chinchilla Miranda; a pedirle cuentas al banquero Segundo Vicepresidente de la Republica, don Luis Liberman Ginsburg; a pedirle cuentas al poderoso empresario y consultor internacional, figura de gran peso en el propio Partido Liberación Nacional (PLN), don Carlos Espinach Escalante?

– ¿Le entrará de lleno la Fiscalía General de la República a establecer cómo se originó, qué lo sustentó, quien lo urdió, quien lo diseño, quien lo redactó, el decreto de “emergencia nacional” que dio origen a todo esto?

– Ó, por el contrario, ¿serán los “perros flacos” quienes tendrán que cargar con todo este entramado de corrupción?

Rebajas salariales injustas en Correos de Costa Rica

Es posible que algunos y algunas de ustedes estén recibiendo rebajos en sus salarios por “omisiones de marcas”, sin previa notificación ni derecho a defensa. Sabemos de compañeros y de compañeras a quienes se les han rebajado hasta una semana entera, provocando caos salarial y familiar, pues hasta el momento que le hagan el rebajo se puede apelar y esperar quince hasta días o más para el reintegro del dinero.

En ANEP consideramos esta medida injusta ya que no todo el personal de la empresa tiene control sistematizado de marcas, perjudicando así a una parte de la población laboral que como siempre es en su parte operativa, donde está la mayor afectación y donde está muy de moda la no aplicación igualitaria y justa de las reglas que, teóricamente, debe ser para todos y todas por igual.

Protestamos enérgicamente por los llamados de atención verbales que se están haciendo a algunos trabajadores y trabajadoras por las distintas direcciones respecto a este tema. Solicitamos a la administración buscar un medio de constataciones eficientes antes de aplicar un rebajo salarial; y esperaríamos dejar sin efectos los llamados de atención escritos y verbales que se están haciendo muchos de estos en el CTP que lo único que busca es manchar el expediente de un humilde trabajador o trabajadora.

La Democracia

Se afirma que vivimos en una democracia porque cada cuatro años votamos ordenadamente por los candidatos a los que decidimos apoyar. Hay un abstencionismo crónico que ha llegado a alcanzar algo màs del treinta por ciento en las elecciones para presidente y diputados. Generalmente el proceso transcurre en calma; y aunque con cierta frecuencia se denuncia fraudes con las papeletas, con las urnas y otras, ninguna elección ha sido anulada por ese motivo.

Pero observamos que desde hace muchos años, progresivamente, cada equipo presidencial, cada grupo de diputados trabaja peor que el precedente: la improvisación, la corrupción, la irresponsabilidad, la impunidad de muchos gobernantes campean descaradamente a vista y paciencia de los ciudadanos, sin que éstos puedan actuar contra ellos. En las llamadas democracias ha terminado por predominar la práctica de que los gobernantes, después de hacerse elegir por la mayoría del cuerpo electoral, se dedican a satisfacer los intereses de los poderosos y a medrar con ello. Y entonces pensamos ¿tiene que ser así la democracia? ¿cuál democracia es ésta, en la que el pueblo se dice soberano pero es impotente? Y con cada gobierno que pasa se repite la frustración de los votantes; y en los sectores populares y medios se incuba peligrosamente la idea de que la democracia no sirve; que lo mejor sería que viniera un ‘hombre fuerte’ a poner remedio a los males que nos afligen.

Esa idea de que debe mandar una sola persona o un pequeño grupo parece no necesitar demostración: se presenta como una verdad evidente por sí; y por eso penetra fácilmente en las capas medias y bajas y ha terminado por constituirse en uno de los bastiones del sistema de democracia representativa: el pueblo vota y la élite manda. Gobernar es difícil, se necesita experiencia y una preparación especial y el pueblo no las tiene Pero ¿es esto compatible con una auténtica democracia? Y si no es compatible ¿no sería mejor olvidarse de mejorar la ineficiente democracia y optar de una vez por un régimen autoritario? En otras palabras ¿no sería mejor la ‘dictadura en democracia’?

Hace cinco años, con ocasión de la lucha contra el TLC, escribí lo siguiente:

“…El llamado TLC (Cafta-DR) fue firmado en Washington por todos los Estados-parte el 5 de agosto de 2004; y recibió aprobación legislativa en El Salvador el 17 de diciembre del mismo año; en Honduras y Guatemala el 3 y el 10 de marzo de 2005, respectivamente; y en Nicaragua el 11 de octubre del mismo año.

Es decir, a poco más de un año de su firma, todas las asambleas legislativas de Centroamérica (salvo Costa Rica) habían aprobado el TLC, un convenio internacional de alrededor de dos mil quinientas páginas de arrevesada prosa, que a los expertos les suele tomar largo tiempo y grandísimo esfuerzo descifrar. A los que lo estudiamos y que hemos podido aprender acerca de las dificultades que presenta un anaálisis suficiente de dicho documento, nos parece evidente que, aprobado en tiempos tan cortos, en aquellos países el tratado lo fue sin haber sido comprendido e incluso sin haber sido leído por la mayoría de los diputados, y obviamente sin que los respectivos pueblos tuvieran oportunidad de saber qué estaba pasando. Es decir, se montó una patraña para cubrir las apariencias institucionales y republicanas, sin que nadie (salvo quizás algunos funcionarios fuertemente inclinados a favor de la parte contraria) tuviera una idea siquiera aproximada de las implicaciones del compromiso adquirido.

Sobre esto, que no es otra cosa que una feroz bofetada a la dignidad y a los más elementales derechos de los centroamericanos, nada dijeron ni dirán los paladines de la democracia en Costa Rica y en los Estados Unidos. Al contrtario, esos paladines estaban dispuestos a que las cosas ocurrieran igual también aquí. Entonces hay que preguntar ¿Qué significan para estos señores las palabras democracia, constitución y soberanía popular con las que llenan sus discursos?…”

Eso que sentíamos en el 2007 es lo que sentimos en el 2012: puede ser ley de la República un texto que los diputados votaron sin leer, obedeciendo órdenes de las cúpulas políticas o de sus amos extranjeros, en daño del pueblo soberano y a sus espaldas ¿es esto democracia?

En esta lección me propongo examinar este tipo de cosas.

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Posición oficial sobre proyecto exoneración impuesto municipal a tierras de uso agrícola

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con una fuerte presencia de organización sindical entre la clase trabajadora asalariada del sector municipal costarricense, hemos venido dándole un serio seguimiento al debate legislativo y a la polémica subsecuente, en torno a la tramitación parlamentaria del expediente legislativo No. 18.070 “Ley para la preservación del uso agropecuario de los terrenos”; iniciativa ésta que ha venido enfrentado y polarizando posiciones entre el sector agropecuario nacional y la institucionalidad política del régimen municipal.

La ANEP, dentro de los conceptos de su visión de país, aboga por profundas políticas públicas para reafirmar una Seguridad y una Soberanía Alimentarias costarricenses, (así en mayúsculas), en momentos en los cuales el cambio climático, la sequía en Estados Unidos, la política errática de este país en cuanto a la fabricación de etanol con maíz (solamente para citar tres factores); imponen un cambio estratégico profundo para que, como país, produzcamos nuestros propios alimentos básicos; de tal suerte que, al mismo nivel estratégico, es imperioso que la política pública se vuelque hacia los pequeños y los medianos productores agrícolas nacionales, dentro de la cual exonerarles de ciertos impuestos es una iniciativa correcta. Pero…

El indicado expediente legislativo 18.070, para la exoneración del pago del impuesto a los bienes inmuebles, de un 80% a los terrenos dedicados al uso agrícola, carece de una determinación drástica, técnico-metodológica apropiada, de tal suerte que no se desvirtúe las sanas intenciones de quienes, desde distintas posiciones político-ideológicas, dicen que están de acuerdo en el apoyo a la pequeña y mediana producción agrícola nacional.

Es decir, debe establecerse en tal legislación, indicaciones precisas y contundentes que permitan establecer qué es pequeña y qué es mediana producción agrícola como para ser apoyada con una exención tributaria del calibre de la pretendida en tal iniciativa de ley.

Los grandes consorcios de producción agropecuaria, especialmente los de signo trasnacionales; la gran propiedad latifundista; las grandes extensiones de, por ejemplo, producción piñera, bananera, melonera, cafetalera, azucarera, no deben ser incluidas para consideración de la exoneración impositiva pretendida; resultando imprescindible introducir las modificaciones necesarias al indicado proyecto en tal sentido.

La ANEP tiene pleno orgullo y se siente sumamente honrada de sus relaciones con la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agrícolas Nacionales (Upanacional), entidad más que legitimada en su campo. Con ella y eliminando prejuicios históricos, hemos compartido y estamos compartiendo visiones de país como la propuesta “Por una nueva Costa Rica inclusiva y solidaria” (propuesta CRISOL); las “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”; y, más recientemente, las “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”.

Igualmente en este último proceso, las “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”, al conocer de la extraordinaria importancia para el sector agropecuario de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias (UPIAV), al darse la adhesión de ésta a ese proceso; la ANEP ha ensanchado y se ha enriquecido en su quehacer sindical, ampliando su sensibilidad y la comprensión de las enormes dificultades de miles y miles de compatriotas que se desenvuelven en el sector agropecuario nacional y que se expresan, con toda propiedad, a través de entidades tan legítimas como UPANACIONAL y UPIAV.

La ANEP ha tenido la oportunidad de escuchar los atinados criterios encontrados al efecto. UPANACIONAL y UPIAV honraron a la ANEP aceptando una invitación de parte de la Junta Directiva Nacional (JDN) de la agrupación, visitando nuestra propia sede, y sosteniendo un productivo diálogo sobre el tema por espacio de unas tres horas. Por otra parte, recientemente, la ANEP fue invitada por parte de la Federación de Organizaciones Municipales de Alajuela (FEDOMA), y en la sede de la Municipalidad de Poás, se sostuvo un importante diálogo con las máximas autoridades políticas de las alcaldías integrantes de FEDOMA. Importantísima y calificada información nos fue proporcionada al efecto.

De la misma manera y tal como indicamos al principio de esta comunicado, diversas seccionales de la ANEP ubicadas en municipalidades de naturaleza rural, están pegando el “grito al cielo” y alertando muy seria y documentadamente a la organización, en cuanto a que así como está redactado el expediente legislativo 18.070 no debe ser aprobado, porque la gran propiedad latifundista y la de corte transnacional se ha “colado” para evadir sus responsabilidades tributarias en materia del impuesto a los bienes inmuebles.

Responsablemente, después de escuchar y valorar las diferentes argumentaciones, especialmente las que provienen de las bases seccionales municipales de la ANEP, solicitamos, públicamente y por esta vía, a la honorable Asamblea Legislativa de Costa Rica que se haga justicia tanto con los medianos y pequeños productores agropecuarios (esos que se representan, por ejemplo, en entidades del sector de tanto prestigio como UPANACIONAL y UPIAV).

Igualmente, pedimos que también se haga justicia con el régimen municipal, especialmente con aquellas municipalidades insertas en zonas rurales y agrícolas del país, para evitar su desfinanciamiento, su pérdida de impacto e incidencia e incluso, para evitar reducciones dolorosas de personal, despidos, en estos duros momentos nacionales de concentración de riqueza, no de distribución de la misma.

Además, deben incluirse en el proyecto varias propuestas que las alcaldías municipales han presentado, en el marco de toda esta discusión, a fin de potenciar más la acción municipal en beneficio de las comunidades, de suerte tal que aun quedando en la eventual ley una diferenciación clarísima para la exclusión de la producción latifundista de recibir la exoneración polémica; esas municipalidades compensen lo que representa la exoneración para la pequeña y la mediana propiedad de real vocación agropecuaria en cuanto al uso del suelo. Por ejemplo, las propuestas comprendidas en una agenda compartida entre la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) y la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes (ANAI).

Qué reclamar al capitalismo neoliberal en crisis

La crisis del neoliberalismo ha alcanzado el corazón de los países centrales que se arrogaban el derecho de conducir no solo los procesos económico-financieros sino también el propio curso de la historia humana. Es la crisis de la ideología política del estado mínimo y de las privatizaciones de los bienes públicos, pero también del modo de producción capitalista exacerbado en extremo por una concentración de poder como nunca antes se había visto en la historia. Estimamos que esta crisis tiene carácter sistémico y terminal.

El genio del capitalismo siempre ha encontrado salidas para su propósito de acumulación ilimitada. Para eso ha usado todos los medios, inclusive la guerra. Ganaba destruyendo y ganaba reconstruyendo. La crisis de 1929 se resolvió no por la vía de la economía sino por la vía de la Segunda Guerra Mundial. Ese recurso parece ahora impracticable, pues las guerras son tan destructivas que podrían exterminar la vida humana y gran parte de la biosfera. Pero no estamos seguros de que, en su insania, el capitalismo no use este medio.

Esta vez surgen dos límites insuperables, lo que justifica decir que el capitalismo está concluyendo su papel histórico. El primero es el mundo lleno, es decir que el capitalismo ha ocupado todos los espacios para su expansión a nivel planetario. El otro, verdaderamente insuperable son los límites del planeta Tierra. Sus bienes y servicios son limitados y muchos no renovables. En la última generación quemamos más recursos energéticos que en todas las generaciones anteriores, nos asegura el analista italiano Luigi Soja. ¿Qué haremos cuando estos alcancen un punto crítico o simplemente se agoten? La escasez de agua potable puede poner a la humanidad frente a la destrucción de millones de vidas.

Las regulaciones y los controles propuestos hasta ahora han sido simplemente ignorados. La Comisión de la Naciones Unidas para la Crisis Financiera y Monetaria Internacional, cuyo coordinador era el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz (llamada Comisión Stiglitz) realizó un gran esfuerzo desde enero de 2009 para presentar reformas intrasistémicas de cuño keynesiano.

En ella se proponía una reforma de los organismos financieros internacionales (FMI, Banco Mundial) y de la OMC (Organización Mundial del Comercio). Se preveía la creación de un Consejo de Coordinación Económica global del mismo nivel que el Consejo de Seguridad, la constitución de un sistema de reservas globales para contrapesar la hegemonía del dólar como moneda de referencia, la institución de una fiscalización internacional, la abolición de los paraísos fiscales y del secreto bancario y, por último, una reforma de las agencias de certificación. Todo fue rechazado. La ONU aceptó solamente la constitución permanente de un Grupo de Expertos de Prevención de las Crisis, al que nadie da importancia, porque lo que realmente cuenta son las bolsas y la especulación financiera.

Esta constatación decepcionante nos convence de que la lógica de este sistema hegemónico puede hacer que el planeta no sea ya amigable para nosotros, y llevarnos a catástrofes socio-ecológicas muy graves, hasta el punto de amenazar nuestra civilización y la especie humana. Lo cierto es que este tipo de capitalismo, que en la Río+20 se revistió de verde con el objetivo de poner precio a todos los bienes y servicios naturales y comunes de la humanidad, no tiene condiciones a medio ni a largo plazo para garantizar su hegemonía. Otra forma de habitar el planeta Tierra y de utilizar sus bienes y servicios deberá surgir.

El gran desafío es cómo procesar la transición rumbo a un mundo postcapitalista liberal, entendido como un sistema social que esté orientado por el Bien Común de la Humanidad y de la Tierra, que sustente toda la vida y que exprese una relación nueva de pertenencia y de sinergia con la naturaleza y con la Tierra.

Es necesario producir, pero respetando el alcance y los límites de cada ecosistema, no meramente para acumular sino para atender, de forma suficiente y decente, las demandas humanas. Es importante también cuidar de todas las formas de vida y buscar el equilibrio social, sin dejar de pensar en las futuras generaciones que tienen derecho a una Tierra preservada y habitable.

No cabe en este espacio lanzar alternativas en curso. Nos atenemos a lo que es posible intrasistémicamente, ya que no hay como salir de él a corto plazo.

Asistimos al hecho de que América Latina y Brasil, en la división internacional del trabajo, están condenados a exportar lo que se extrae de sus minas y commodities, bienes naturales como alimentos, granos y carnes. Para hacer frente a este tipo de imposición deberíamos seguir los pasos ya sugeridos por varios analistas, especialmente por un gran amigo de Brasil, François Houtart, en su reciente libro con otros colaboradores: Un paradigma poscapitalista: el Bien Común de la Humanidad (Panamá 2012).

En primer lugar, dentro del sistema luchar por normas ecológicas y regulaciones internacionales que cuiden lo más posible los bienes y servicios naturales importados de nuestros países; que traten de su utilización de forma socialmente responsable y ecológicamente correcta. La soya es para alimentar primero a la gente, y solo después a los animales.

En segundo lugar, cuidar nuestra autonomía, rechazando el neocolonialismo de los países del Centro que nos mantienen, como antaño, en la Periferia, subalternos, agregados y meros suplentes de lo que les falta en bienes naturales. Antes, debemos cuidar de incorporar tecnologías que den valor añadido a nuestros productos, crear innovaciones tecnológicas y orientar la economía, primero, hacia el mercado interno y, luego, al externo.

En tercer lugar, exigir a los países importadores que contaminen lo menos posible sus ambientes y que contribuyan financieramente al cuidado y a la regeneración ecológica de los ecosistemas de donde importan los bienes naturales, especialmente de la región amazónica y del cerrado.

Se trata de reformas y todavía no de revoluciones. Pero ayudan a crear las bases para proponer un paradigma distinto que no sea la prolongación del actual, perverso y decadente.