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Semana inicia con conflictos laborales municipales: Heredia, Nicoya y Santa Cruz

Publicada el 27/08/2012 | por | Dejar un comentario

La semana que en este día inicia, lunes 27 de agosto de 2012, da cuenta de la realización de tres paros laborales municipales; a saber, el del cantón central de la provincia de Heredia; así como en los cantones de Nicoya y de Santa Cruz, ambos de la provincia de Guanacaste.

Estos nuevos tres conflictos laborales en gobiernos locales, ayudan a mostrar un estado de situación en los gobiernos locales que, en vez de potenciar climas de paz interna para alcanzar de mejor manera los objetivos institucionales, abren espacio a escenarios de confrontación que en nada benefician a las comunidades receptoras de los correspondientes beneficios municipales.

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA. Hoy lunes 27 de agosto de 2012, a partir de las 2:30 de la tarde, el cuerpo de oficiales de la Policía Municipal del cantón central de Heredia, paralizarán labores, como una forma de manifestar la creciente molestia por la serie de dificultades que se vienen dando en dicho servicio de seguridad ciudadana: dificultades que ponen en entredicho la calidad del mismo y abren espacio para una intentona de privatización; amén de que se ha puesto la jefatura del mismo en manos de una persona que no está capacitada para ello.

La puntualización de cada una de esas dificultades, se hará una vez declarado el paro laboral, que tendrá lugar en la sede principal de la municipalidad herediana, a la par del histórico fortín; como indicamos, hoy, a las 2:30 de la tarde.

MUNICIPALIDAD DE NICOYA. A partir de las seis de la mañana de este martes 28 de agosto de 2012, el personal de campo de la municipalidad nicoyana declarará un paro de labores, en vista de que no han recibido el reajuste salarial por costo de vida correspondiente al primer semestre de este año 2012, ni tampoco el del segundo. Es más, el alcalde de Nicoya, señor Marco Antonio Jiménez Muñoz, ha indicado que en todo este año 2012 no habrá un cinco de reajuste salarial para sus trabajadores y sus trabajadoras alegando que “no hay plata”. Sin embargo, no ha mostrado un solo documento serio al efecto y, por el contrario, gasta dinero en consultorías y realiza nombramientos de personal interino. Se espera que una buena parte del personal administrativo de la institución, se sume al movimiento que ejecutarán sus compañeros de labores de campo.

En un acto desesperado y prepotente, el alcalde despidió, ilegalmente, el pasado viernes 24 de agosto, a una de las principales figuras dirigentes sindicales de la ANEP en esta municipalidad, por su actitud firme de cara a este movimiento. Se trata de la joven trabajadora Heydi Mena Sánchez, a favor de la cual ya la ANEP realiza las primeras acciones judiciales en defensa de su derecho al trabajo.

Se espera que el paro arranque en un clima de mucha tensión dado el carácter confrontativo y provocador del estilo de gestión de alcalde Jiménez Muñoz, quien rechaza el diálogo y la negociación que son los mejores mecanismos para buscar soluciones cuando hay controversias patronales-obreras.

MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ. Exactamente a la misma hora, a las 6 de la mañana de este martes 28 de agosto de 2012, el personal de campo de la Municipalidad de Santa Cruz se alzará en paro de labores. El señor alcalde de Santa Cruz, Jorge Gutiérrez Chavarría, deshonra de manera reiterada compromisos firmados con la respectiva representación sindical de la ANEP; incluso, burlándose de la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con cuya mediación se suponía que los acuerdos logrados llevarían paz laboral a la institución. Estos compromisos tienden a mejorar las relaciones obrero-patronales, poniendo en orden varios aspectos que generaban irregularidades, en unos casos; y, en otros, ciertos perjuicios a importantes grupos laborales de la Municipalidad de Santa Cruz.

Despiden a la Presidenta de la Seccional ANEP – Municipalidad de Nicoya

Publicada el 25/08/2012 | por | Dejar un comentario

Señor Marco Antonio Jiménez Muñoz
Alcalde Municipalidad de Nicoya
Su despacho
Fax No. 2685 5989

Asunto: ANEP condena enérgicamente despido antisindical de la servidora HEYDI MENA GUTIÉRREZ

Señor Alcalde de Nicoya:

De la manera más enérgica reciba usted la más fuerte condena por el acto vil de despedir, abrupta e ilegalmente, a la compañera dirigente sindical de la ANEP, Heydi Mena Gutiérrez, integrante de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Municipalidad de Nicoya, así debidamente acreditada ante su propio despacho y ante el Departamento de Organizaciones Sociales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); violentando de esta forma, adicionalmente a la ilegalidad de su acto, las normas jurídicas protectoras, tanto de carácter nacional como internacional, establecidas para la protección de las personas dirigentes sindicales, precisamente para evitar los abusos y la prepotencia patronal, cuando ésta se siente amenazada por el actuar de la persona dirigente sindical, en su noble y legal función de abogar por la protección y por el respeto a los derechos económicos y laborales de quienes son sus representados.

Ante la inminencia de un paro laboral previsto para próximas horas, realizando usted una acción persecutoria contra la representación sindical-seccional de la ANEP en la Municipalidad de Nicoya; usted hace víctima de su incapacidad para dialogar y de buscar acuerdos, a la servidora Heydi Mena Gutiérrez; cuya valiente actitud de denuncia ante la negativa suya de pagar los reajustes salariales del primer y segundo semestre del presenta año 2012, le ha acarreado a ella toda su furia e irracionalidad jerárquica, actuando de manera prepotente ante la fortaleza argumental de la representación institucional de la ANEP en esa entidad, destacándose la compañera Heidy (junto a sus colegas sindicalistas), por la vehemencia de sus posiciones en defensa de la protección del poder adquisitivo del salario del personal municipal nicoyano.

Evidentemente, estamos en presencia de una acto provocar que generará diversas reacciones en varios campos que desde ya estamos preparando.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Acuerdos buscan mejorar sistema de alimentos de cárceles

Publicada el 24/08/2012 | por | Dejar un comentario

Buenas tardes don Manuel Fernández Rodríguez:

La Seccional de ANEP del Sistema Penitenciario Nacional, Por Justicia y Paz y el Comité del Área de Alimentos y Nutrición (el CONAAN), le envía un cordial saludo.

En reunión con la Dirección Administrativa y nuestra Seccional y el CONAAN el pasado 10 de julio del presente año, se llegó a varios acuerdos luego de exponer los asuntos que nos convocaron a dicho encuentro.

Participaron en la reunión:

Manuel Fernández Rodríguez, Director Administrativo
Frabricio Chavez Ramirez, Director Administrativo
Manuel Lepiz Bermúdez, Coordinador Area
María de los Angeles Guillen Marín, Area de Servicios de Alimentos
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP
Freddy Zuñiga Garita, Presidente del CONAAN
Jorge Acuña Jimenez, Vicepresidente del CONAAN
Walter Zuñiga Vindas, Vocal del CONAAN
William Camacho Jimenez, Vocal del CONAAN
Jorge Ruiz Alvarez, miembro del CONAAN
Anabellis Bogantes Morales, miembra del CONAAN
Isaac Nuñez Quirón, miembro del CONAAN
Marta E González Madriz, Vicepresidenta Seccional del Sistema Penitenciario, Por Justicia y Paz

Acuerdos:

1. Se entregará por parte de la Administración a la Seccional de ANEP del Sistema Penitenciario Nacional, Por Justicia y Paz, la documentación que se ha venido solicitando (planes, proyectos, etc) y las notas que se han generado por parte de la Administración sobre el tema de las cocinas y que fueron ofrecidas por el señor Director Fernández.

2. Se acuerda conformar una comisión de trabajo bilateral Dirección Administrativa- Seccional Sistema Penitenciario – CONAAN a realizar bimensualmente, siendo fijada la primera sesión de trabajo para el martes 11 de setiembre próximo.

3. La Comisión de trabajo Bilateral se abocará al análisis de diversas temáticas laboral-institucional que garantice la estabilidad del Sistema Penitenciario Nacional de cara a los desafíos que la labor del personal de las áreas de alimentos y nutrición deberán enfrentar en vías del resguardo de su seguridad jurídica y de cumplimiento de un servicio de vital importancia en la observancia de la Misión, Visión y Objetivos Institucionales.

4. La Dirección Administrativa se compromete a brindar el apoyo secretarial y logístico para dicha comisión de manera tal que se levante un acta de cada sesión, indicando lugar, fecha, hora de inicio y finalización, participantes, lugar, acuerdos, incidencias importantes y manifestaciones relevantes.

5. La Seccional de ANEP del Sistema Penitenciario Nacional, Por Justicia y Paz y el CONAAN, se comprometen a presentar 15 días previos a la Sesión de Trabajo Bilateral los puntos de agenda que se llevaran a la sesión.

Le solicitamos muy respetuosamente don Manuel, nos remita a la mayor brevedad posible la documentación ofrecida con el propósito de enviarle los puntos de agenda requeridos por nuestra Organización para nuestro próximo encuentro.

Muchas gracias

Alcalde de Puntarenas: Cuatro cuestionamientos que ponen en tela de duda su probidad y transparencia

Publicada el 24/08/2012 | por | Dejar un comentario

Con gran angustia nos hemos enterado por medios periodísticos de un nuevo y letal golpe a la credibilidad de un gobierno local: un alcalde en el que el pueblo y la ciudadanía le confió el progreso y el destino de su municipio. Hoy es el alcalde del cantón central de la provincia de Puntarenas el que nos asombra.

La prensa escrita se refiere al despliegue efectuado por la Fiscalía General de la República, el pasado día 22 de agosto de 2012, por cuatro presuntas irregularidades contrarias a la Ley de Contratación Administrativa y otras al deber de probidad y la trasparencia en la gestión pública.

Concretamente, haber dado en concesión directa la administración de un edificio a Coopedestuna R. L. sin haber mediado la licitación pública para que participaran otros oferentes. Tal acto es arbitrario y violatorio de la Ley de Contratación Administrativa, pues el proceso licitatorio permite la escogencia del oferente que mejores condiciones ofrece. Sobre el particular basta observar el cúmulo de votos emitidos por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

En este mismo orden de cosas, repudiamos enérgicamente la supuesta autorización para la construcción de un restaurante, sin que mediara la cancelación de 3.900.000 millones por concepto de permisos de construcción; el desmantelamiento del gimnasio por falta de seguridad; y, el pago salarial a un asesor quien al parecer no se presentara a laborar entre el 21 y el 29 de julio del año en curso, sin que presentara justificación. Estamos seguros de que un humilde trabajador de campo u administrativo comete la falta mínima y es sometido a órgano director para ser despedido.

Sí bien nuestro Estado Social de Derecho garantizará un debido proceso para el esclarecimiento de la verdad real de los hechos que se le atribuyen al señor Rodríguez Castro; desde nuestra organización sindical emitimos nuestra más enérgico repudio a actos de jerarcas o subalternos que en ejercicio de sus funciones se aparten de los principios de probidad y expongan su gestión a actos indecorosos o de corrupción.

Corresponde a las trabajadoras y a las trabajadoras de este municipio seguir levantando la bandera de la denuncia, la decencia, trasparencia, la eficiencia y eficacia, pues son quienes permanecen y engrandecen el municipio.

La CCSS es del pueblo, no de una asociación privada

Publicada el 24/08/2012 | por | Dejar un comentario

El TSE ha anunciado el inicio del proceso de recolección de firmas para convocar a un referendo por iniciativa popular con el objetivo de que el pueblo decida en las urnas sobre la aprobación o no de un proyecto de ley para reformar la integración y el funcionamiento de los órganos de dirección de la Caja Costarricense del Seguro Social. El objetivo declarado de esta propuesta es despolitizar la junta directiva de la CCSS, incluyendo representación de las y los asegurados, en sustitución de puestos directivos que actualmente son nombrados a dedo por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, lo que dice el proyecto de ley es cosa totalmente distinta.

Estamos de acuerdo con la necesidad de eliminar la ingerencia politiquera de los gobiernos de turno en la junta directiva de la CCSS. Apoyamos dar participación a las personas aseguradas, la razón de ser de la institución. Es innegable que el nombramiento político de pegabanderas debe sustituirse por procesos más transparentes y participativos, donde se apliquen mayores criterios de idoneidad y normas más rigurosas para evitar conflictos de intereses.

Pero el proyecto de ley que se pretende someter a referendo no garantiza nada de lo anterior. Según el texto publicado en el diario oficial por el TSE, se busca reformar el artículo 6, inciso 3) de la Ley Constitutiva de la CCSS para sustituir los tres representantes de la junta directiva que hoy nombra el Poder Ejecutivo por lo siguiente: “Los representantes de las personas aseguradas serán nombradas en Asamblea General de la Asociación Nacional de Asegurados de la Caja Costarricense del Seguro Social, convocada para tal efecto”.

Es decir, los cargos que actualmente designa el Poder Ejecutivo pasarían a ser nombrados por una asociación privada. He aquí el gran engaño: Las y los supuestos representantes de las personas aseguradas no serían nombrados por las personas aseguradas, sino por un grupo de personas integradas en un ente privado, que no está sujeto al más mínimo control ciudadano.

Tal como consta en el Registro Nacional, desde abril de este año se encuentra inscrita la “Asociación Nacional de Asegurados de la CCSS”, con cédula jurídica 3-002-656023, organismo privado regido por la Ley de Asociaciones. Su asamblea constitutiva fue integrada por 23 personas en calidad de “asociados fundadores”. Es decir, no trata de que las y los miles de asegurados de la CCSS nombren sus representantes, sino de entregar el control de la junta directiva de esta institución a 23 personas, que se arrogarían su representación. Alguien podría sostener que el Poder Ejecutivo hace lo mismo, pero al menos al Gobierno podemos exigirle rendición de cuentas y responsabilidad por sus decisiones. A los asociados de un organismo privado, no.

Pero, hay más. Sin duda alguna, lo más grave de este caso es que se pondría al pueblo a votar por un proyecto de ley que supuestamente cambiaría la forma de nombramiento de la junta directiva de la CCSS. Pero lo fundamental de ese cambio: quién y como se elegirían los supuestos representantes de las y los asegurados, no está definido en el proyecto que la gente votaría. Por el contrario, se delega en un ente privado.

La reforma dice que será la Asamblea General de la asociación privada la que nombrará la representación de las y los asegurados ante la junta directiva de la CCSS, pero en ninguna parte regula el funcionamiento de esa asamblea y lo más importante: quienes la integrarán con derecho a elegir. Como la ley no dice nada, estos temas quedan convenientemente delegados a los estatutos de la asociación privada, es decir, a la total discrecionalidad de sus asociados, que son los que aprueban y modifican los estatutos.

Cuando salió a la luz pública la solicitud para realizar este referendo, muchas persones solicitaron a sus promotores explicaciones sobre el funcionamiento de esta asociación, incluyendo copia actualizada de sus estatutos. Nunca quisieron entregarla. Ahora entendemos por qué.

Dice el artículo 7 de los estatutos de la asociación: “La admisión de nuevos asociados debe ser aprobada o no por la Junta Directiva por unanimidad de votos presentes en la sesión de dicho órgano que conozca la solicitud de ingreso.”

De esta forma, los miembros de la asociación no solo pretenden atribuirse la potestad de nombrar la representación de las personas aseguradas, sino que también ostentarían el poder para decidir quién es el pueblo. Quienes tienen derecho a votar para elegir a sus representantes y quienes no.

Usted puede haber trabajado arduamente en la junta de salud o en el comité de defensa de la seguridad social de su comunidad. Puede estar necesitando desesperadamente que mejore la prestación de los servicios de salud. Puede ser un cotizante modelo que nunca dejó de contribuir solidariamente con la CCSS. Pero si no cuenta con el visto bueno de 7 personas que integran la junta directiva de una asociación privada, se le negará el derecho a elegir a sus representantes. Basta que uno de estos 7 ungidos lo vete para que usted se quede sin derecho a participar en la elección de la supuesta “representación de las personas aseguradas”.

Los peligros son inmensos. Nada garantiza que los poderes fácticos interesados en privatizar la CCSS no sean admitidos como afiliados con derecho a voto en el nombramiento de su junta directiva. Nada garantiza que a quienes luchan por defender a la institución se les vete sistemáticamente, a menos que se sometan a la cúpula de una asociación privada.

Lejos de avanzar en democracia, perderíamos la poca que nos queda. De aprobarse este proyecto, los 7 ungidos tendrían injerencia vitalicia en la junta directiva de la institución más importante de este país. Si alguien quiere oponérseles, simplemente le niegan el ingreso a su asociación. Y el voto. Al menos al Poder Ejecutivo tenemos la oportunidad de cambiarlo cada 4 años.

En conclusión. Creemos firmemente en la necesidad de fortalecer y rescatar a la CCSS, por eso rechazamos rotundamente esta burda maniobra para terminar de privatizarla. Creemos furibundamente en la democracia participativa, por eso rechazamos de plano este intento mañoso por seguir prostituyendo el instituto de referendo, duramente desprestigiado después del fraude de 2007. Mientras no se corrija el proyecto de ley presentado, no debemos firmar ninguna solicitud de referendo, por más bonita que la pinten. Que no nos engañen. Defendamos la CCSS: denunciemos esta vulgar maniobra.

Motociclistas revisarán proyecto para regular seguro

Publicada el 24/08/2012 | por | Dejar un comentario

*ANA V. AMENÁBAR C.
aamenabar@diarioextra.com*

Durante la cita, los motorizados tendrán la oportunidad de analizar la propuesta de proyecto de ley que será presentado en la Asamblea Legislativa en las próximas semanas en donde se solicita entre otras cosas un tratamiento especial para aquellas motos que por su cilindraje sirvan únicamente como medio para trabajar. Estas son las que se encuentran entre un rango de 99 centímetros cúbicos y los 149 centímetros cúbicos.

Según dato en manos del Comité Cívico, el cual se encuentra adscrito a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep), la mayoría de estas motos se utilizan como herramienta de trabajo, como en el caso de los mensajeros y reparto, quienes gracias a esta labor contribuyen en el proceso productivo nacional. En total este tipo de motos representa el 60% de la flotilla nacional.

Dentro del proyecto se plantea la creación del Sistema Especial de Mensajería Motorizada, el cual comprenderá a las motocicletas entre 50 y 149 centímetros cúbicos que sean inscritas como tales ante la Dirección de Tránsito por sus propietarios.

Uno de los puntos que se deben concretar es el que respecta al artículo 4, en el cual se establece lo siguiente: “El Instituto Nacional de Seguros, con base en un estudio técnico actuarial podrá rebajar de un 10% hasta un 15% de prima del seguro obligatorio de las motocicletas inscritas bajo este sistema, pudiendo aplicarles una bonificación en caso de no incurrir en accidentes de tránsito durante el periodo vigente del mismo”.

Dentro de los requisitos para poder optar por esta modalidad, los motociclistas deberán entregar facturas timbradas a cada servicio de mensajería que realicen, además, deberá presentar certificación emitida por el Registro Nacional de Bienes Muebles indicando las características y en especial la cilindrada de la moto; asegurarse individualmente ante la Caja Costarricense de Seguro Social.

Adicionalmente se plantea que deban adquirir un seguro de riesgo de trabajo, cuya cobertura corresponderá al salario reportado por el interesado y haber aprobado el curso especializado de educación vial.

La cita será a partir de las 4 de la tarde en la sede de Anep, que se localiza en calle 20 (350 metros al norte del Hospital Nacional de Niños).

Esta normativa se da como parte de los acuerdos a los que se llegaron a finales del año pasado, luego de la gran marcha de motociclistas, en la que exigían que se les redujera el monto de la prima para la póliza.

Municipalidad de Nicoya a huelga

Publicada el 24/08/2012 | por | Dejar un comentario

Desde primeras horas del próximo día martes 28 de agosto de 2012, el personal de la Municipalidad de Nicoya, tanto del ámbito administrativo, como del ámbito operativo de campo, nos veremos en la necesidad de paralizar las funciones que le damos a nuestra querida comunidad nicoyana; dado que ya estamos llegando al noveno mes del año 2012 y no se nos ha reajustado el salario como corresponde, para así hacerle frente al alto costo de la vida que, como bien sabemos, en zonas geográficas como la nuestra, es más caro que en el área central del país.

Ha pasado ya todo el primer semestre del año 2012 y nada de aumento salarial. Vamos por la mitad del segundo semestre del presente año y nada de aumento salarial. Don Marco Antonio Jiménez Muñoz, Alcalde de Nicoya, irrespeta al sindicato, no quiere hablar del tema; y, por el contrario, amenaza a quienes, como trabajadores y como trabajadoras que estamos bajo su cargo, nos atrevemos a denunciar este tipo de situaciones.

Por tanto, hemos dejado de laborar para que dicha autoridad respete a su conglomerado laboral; para que respete a la organización sindical del personal: la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su Seccional ANEP-Municipalidad de Nicoya; sentándose a negociar una salida al punto.

A usted ciudadano, a usted ciudadana que nos honra leyendo esta comunicación, le pedimos su apoyo. Le pedimos su solidaridad. Le pedimos que nos respalde. Puede hacerlo por varios medios:

Teléfono de despacho del alcalde 2685-5089
Fax del despacho de alcalde 2685-5989
Teléfono celular del alcalde 5702-8378

Quienes le servimos a usted, desde la Municipalidad de Nicoya, lamentamos mucho tener que llegar a este punto. Son incontables las veces en las cuales hemos apelado al diálogo y a la negociación. Lastimosamente, don Marco Antonio Jiménez Muños, el alcalde de Nicoya, no nos toma en serio; dice que “no hay plata” para aumentos, cuando sabemos que sí la hay para pagar consultores, por ejemplo. Le agradecemos su comprensión.

SUPEN Y ANEP sin acuerdo en protección al trabajador

Publicada el 24/08/2012 | por | Dejar un comentario

Nota previa: La ANEP valida como cierto el hecho de que esta propuesta mejorará, aunque no con grandes números, las pensiones complementarias (PC), pero es algo que verán los y las costarricenses dentro de 20 o 30 años. El Fondo de Capitalización Laboral (FCL) es una gran ayuda para muchas personas que se quedan sin trabajo. Al pasar el FCL del 3% al 1,5% del salario, destinando el otro 1,5% directamente a la PC, irá en detrimento de los intereses ganados en el FCL y por consiguiente al auxilio de cesantía que ese fondo implica para las personas que pierden su trabajo, y esto es inaceptable para nuestro Sindicato.
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San José.- Los diputados de la Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera recibieron en audiencia a Edgar Robles Superintendente de Pensiones, Nelly Vargas y Wilbert Quesada de la SUPEN y a Mauricio Castro de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP.

Los comparecientes se refirieron al expediente 17597 Ley para el fortalecimiento del fondo de capitalización laboral como instrumento contra el desempleo.

Esta iniciativa pretende una reforma a varios artículos de la Ley de Protección al Trabajador, la Ley Orgánica del Banco Popular y la Ley de la Caja de Seguro Social.

Edgar Robles de la SUPEN, dijo que se pretende plantear reformas cuyo objetivo es beneficiar al trabajador eliminando ineficiencias, difíciles de prever cuando se aprobó la ley.

Agregó que la operatividad del sistema de pensiones ha demostrado que se puede perfeccionar sin que se afecten los intereses de las distintas instituciones que se ven involucradas en la ley y mejorar la pensión al trabajador al final de su vida laboral.

Agregó que han diseñado un bono que emite el Banco Popular que lo entrega a la Operadora, lo mantiene por 24 meses y después lo cobra y reconoce las tasas de interés de mercado.

Este sistema haría que el flujo sea constante y permitiría al Banco Popular destinar ese dinero a otros rubros y no como sucede actualmente.

Mauricio Castro de la ANEP, recordó a los legisladores, como fueron las negociaciones políticas para que se tuviera una ley, y las razones por las que disminuyó el monto del auxilio de cesantía.

Agregó que se propone una nueva disminución al Fondo de Capitalización Laboral en detrimento de los trabajadores por lo que cuando termine la relación laboral recibiría menos del 8,33%.

Agrego que el Fondo de Capitalización Laboral, de acuerdo con la Sala Constitucional, es una carga nueva para el empleador.

Este proyecto de ley tiene una moción de avocación, por lo que no puede votarse en la Comisión Plena.

IDA adjudica contratación a empresa morosa con la CCSS

Publicada el 21/08/2012 | por | Dejar un comentario

En este momento no importa si se puso al día como lo hizo o no, lo que importa es determinar si la empresa estaba en mora antes de la contratación, porque sólo ese detalle la excluye de la posibilidad de ser contratada por la institución.

Nos parece muy grave que se haya cometido ese error, porque es un requisito básico para que una empresa sea contratada, sobre todo en momentos en que la Caja está en peligro de quiebra y que el gobierno habla de elevar la edad de pensión y de otras medidas para tratar de sacar la institución de la crisis en que se encuentra.

Lo que más nos preocupa es que en el cartel de licitación aparecía un texto en que se indicaba que las organizaciones avalaban la licitación, dichosamente hablamos con el compañero que nos representa en esa instancia para que nos excluyeran, precisamente por el temor que se nos involucrara en alguna situación anómala y no tuviéramos la posibilidad de solicitar las explicaciones correspondientes.

Nos parece que el IDA debe investigar este hecho y tomar las medidas necesarias para que no se vuelvan a repetir ese tipo de errores.

Walter Quesada Fernández
Presidente Seccional ANEP-IDA
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Nota tomada del blog El Infierno en Costa Rica…

IDA adjudica contratación a empresa morosa con la CCSS

ACTUALIZACIÓN: Posterior a esta publicación, el Bufete aludido se puso al día con la CCSS.

Saludos queridas almas: Cualquier pobre diablo puede consultar la página de morosos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) pero tal parece que en el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) no hacen ese pequeño ejercicio antes de adjudicar una contratación.

En la Gaceta del día de hoy, salió una adjudicación por casi 100 millones de colones para la elaboración de las bases jurídicas del recién creado Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y se la dieron a la firma Bufete Cervantes y Asociados, que casualmente aparece moroso en la página de la CCSS con un monto cercano al medio millón de colones. Según el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS, esa empresa no podría licitar ni para venderle una hoja de papel al Estado.

Este pobre diablo no entiende como es posible que no exista alguien que revise estas cosas antes de dar por ganadora a una empresa en una licitación. Definitivamente, con amigos así, para qué enemigos de la CCSS.

LICITACIÓN ABREVIADA Nº 2012LA-000008-01
Contratación de Servicios para la Elaboración de las Bases Jurídicas que regirán el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) con base a la Ley 9036

Adjudicar a favor de la Oferta Nº 1 presentada por Bufete Cervantes y Asociados, cédula jurídica 3-101-161139, por un monto total de ¢99.500.000,00 (noventa y nueve millones quinientos mil colones exactos), con un plazo de ejecución de 2.5 meses; por cumplir técnica y legalmente, según acuerdo tomado por la Junta Directiva en el artículo Nº 9 de la Sesión Ordinaria 029-2012, celebrada el 13 de agosto del 2012. Área de Contratación y Suministros.—Rafael Fernández Bolaños.—1 vez.—(IN2012082298).

Ananá Republic

Publicada el 20/08/2012 | por | Dejar un comentario

Ninguna otra actividad es tan rentable como la piñería –minería de suelos, explotación de trabajadores y contaminación–. Sus ventas generaron $743 millones de dólares en 2011 y emplea a 20.000 personas. La pregunta obligada es: ¿adónde va esta riqueza? ¿Cuáles son sus impuestos y quién está soportando los impactos o externalidades?

Adónde va la riqueza. De cada euro que se paga en Europa en la compra de piña, los trabajadores en las plantaciones reciben tan solo 4 centavos; mientras los comerciantes, propietarios de plantaciones y multinacionales se dejan los 96 centavos restantes (Red Consumidores Internacionales, 2010).

Al contrario del banano, la piñería no deja un impuesto específico al Estado o municipio (leyes 5519, 5515, 7313). Sin embargo, las municipalidades sí tienen que arreglarle caminos y brindarle servicios básicos.

Esto lo reclama la Municipalidad de Pococí en su política que prohíbe la instalación de nuevas piñeras en el cantón: “la actividad piñera ha venido a establecer una sensible reducción en los ingresos del Gobierno Local, a causa de que esta actividad no está gravada con impuesto de exportación que sí pagan las empresas bananeras, lo que viene a reducir el volumen de ingreso de los recursos con que cuenta este municipio para sus políticas de desarrollo”, dice el documento Prohibición a la expansión piñera (La Gaceta, 27-04-2012).

Empleo y desarrollo. Según la Municipalidad de Pococí, el desempleo y problemas socioeconómicos han aumentado porque la producción piñera requiere menos mano de obra que la actividad bananera.

En el caso de Buenos Aires de Puntarenas, con más de 30 años de presencia de PINDECO, el cantón tiene un índice de pobreza del 40,4% (Estado de la Nación, 2005), ocupa el lugar número 74 de 81 en el índice de rezago social (Censo, 2000), 77 en el índice de pobreza humana cantonal (IPHC) y en el índice desarrollo humano ocupaba la posición 74 en 2009 (PNUD, UCR 2011). PINDECO es el principal empleador del cantón (SENDER, 2006).

Algunas piñeras tienen la mala costumbre de estar morosas con la Seguridad Social. Trece empresas afiliadas a la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) adeudaban al 30 de mayo de este año más de ¢350 millones según el sistema en línea de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Si el empleo es el medio de retribución de la riqueza, cabe preguntar cuántos de los 20.000 empleados están en realidad asegurados y cotizando para la seguridad social y cuánta de la riqueza piñera no será nunca redistribuida mediante esta forma.

Impactos bien distribuidos. Lo que veremos por décadas y por varias generaciones, son las secuelas de la contaminación por agrotóxicos. Ya se han encontrado muestras de polvo en: casas habitaciones, iglesias, escuela y hasta en colchones de las casas, en Cartagena de Guácimo (Solano, Tesis, UNA, 2007). Se han encontrado rastros de hasta siete plaguicidas en el pelo, brazos y limpieza bucal de un grupo de osos perezosos en una finca en Pueblo Nuevo de Guácimo. (Pinnock, Tesis, UNED, 2010).

La contaminación se encontró en aguas superficiales y suelos en la finca Tico Verde en La Perla de Guácimo (Vargas, UCR, 2010), en las aguas subterráneas en el 10% de los pozos muestreados en El Caribe (Ruepert, UNA, 2004). Especialmente con el herbicida bromacil (prohibido en Europa) que se usa en el cultivo de piña y contaminó las aguas de consumo humano en Cairo, Milano, Luisiana y La Francia de Siquirres. Esas comunidades tienen más de cuatro años recibiendo agua en camiones cisterna del AyA.

En la cuenca Río Jiménez se encontraron ocho diferentes agroquímicos, algunos de ellos presentan una toxicidad de alta a extrema (Echeverría et al., UNA, 2010). Todos estos químicos van a drenar al mar donde se han encontrado en agua y en sedimentos en las desembocaduras de El Caribe (UCR et al., Investigación, 2009). A todo esto se le agregan las pérdidas producidas en ganadería por la mosca que se reproduce en altas cantidades por el mal manejo (evidente falta de inversión) de los desechos de la piña. Son cientos de productores locales que han tenido que terminar malvendiendo sus tierras a las piñeras, perdiendo su actividad principal.

Quedan muchas preguntas que el sector piñero y el Gobierno deben explicar a la sociedad costarricense. Continuar expandiendo esta actividad sin responderlas, nos convierte cada vez más en una “ananá republic”, la reconversión de la odiosa fama de “banana republic” que arrastramos del pasado.

Desde hace años sabemos estas implicaciones de seguir expandiendo el cultivo de la piña, de sus impactos a las poblaciones locales y del costo que el país entero debe pagar para que unos pocos sigan abultando su bolsillo.

Es hora de exigir respuestas, soluciones y una moratoria a la expansión incontrolada piñera.