La desprestigiada Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), bastante cuestionada ante una multiplicidad de sectores sociales y productivos por su falta de transparencia y erráticas decisiones en contra de la población trabajadora usuaria de los más elementos servicios públicos imprescindibles en la vida cotidiana; le asesta un nuevo golpe al deteriorado poder de compra de los salarios bajos y medios de la clase trabajadora, así como para los ingresos de quienes laboran en el mercado informal: el alza promedio de 25% en la tarifa del agua.
La diferenciación del incremento tarifario, entre quienes consumen menos de 15 metros cúbicos de agua por mes y quienes consumen más de esa cantidad, no representa ninguna “_ganga_” para los amplios sectores medios de la población, compuesta por personas trabajadoras asalariadas, por gente laborando en condición informal; y por micro, pequeñas y medianas empresas.
Más bien, tal “_diferenciación_” en la subida de la tarifa del agua, parece una operación de “_lavado de la cara_” de la Aresep ante su deteriorada imagen pública; pretendiendo aparentar una “_misericordia tarifaria_” en el caso del agua, con quienes tienen mucho menos dentro de los que tienen menos, que son los más en esta sociedad.
Por otra parte, sorprende la “_eficiente velocidad empresarial_” con que la empresa Molinos de Costa Rica ajustó el precio de la harina para el pan, en un 10%, ante las alzas en los precios internacionales del trigo, del maíz y de la soya; que si bien es cierto ya muestran una pronta subida en el mercado internacional de granos y cereales, aún no se habían materializado del todo.
Como siempre, es el pueblo trabajador el que debe llevarse el “_castigo_” por el abandono de la política pública costarricense a estrategias de desarrollo para el consumo nacional basadas en la Soberanía y en la Seguridad alimentarias.
Y ni hablar del alza venidera en las tarifas de autobús, transitoriamente detenidas por la “_metida de pata_” de la Aresep pero que, finalmente, como ya hemos de ver, serán aumentadas, afectando a un más a miles y miles de personas trabajadoras.
Así las cosas, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) estima que estas alzas en productos y servicios básicos, y otros que vendrán en el presente segundo semestre de este año 2012; determinan, de manera contundente, que los reajustes semestrales salariales aunque se hagan con base en la inflación vencida, siguen deteriorando el poder de compra de los salarios, disminuyendo su capacidad adquisitiva; y, por ende, potenciando el proceso concentrador de la riqueza ante la mala distribución de los beneficios del crecimiento económico.
En el caso particular de los salarios mínimos que se aplican para el sector Privado, ni siquiera la nueva fórmula de cálculo que tomaría en cuenta el crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB), funciona ya para detener el impacto del deterioro salarial, del empobrecimiento familiar y de la exclusión social.
Por tanto, ANEP anuncia que para el próximo mes de octubre y con ocasión de la discusión acerca de cuánto habrá de ser el reajuste en los salarios mínimos del sector Privado para el primer semestre de 2013, propondrá, ante el Consejo Nacional de Salarios (CNS), una revisión estructural, generalizada e integral, de los niveles actuales de esos salarios mínimos; pues, como repetimos, se imponen nuevas bases en esos mínimos ante los raquíticos reajustes por costo de vida semestrales que son devorados, rápidamente, por las alzas siguientes a cada fijación.
Es hora de que se tomen fuertes decisiones para atenuar la velocidad de la concentración de la riqueza que vive nuestra sociedad; y, es la política salarial uno de los mejores instrumentos para combatir tal flagelo de exclusión social. Una alza generalizada de los actuales niveles de salarios mínimos que, repetimos no es lo mismo que el reajuste semestral por costo de vida; es una medida urgente y necesaria ante la gravedad del deterioro de la situación socioeconómica de los salarios de la clase trabajadora con empleo formal, en los niveles bajos y medios de la estructura salarial vigente para el sector Privado.
Esta medida a adoptar por la ANEP, tiene su expresión correspondiente en el sector Público, específicamente en el Gobierno Central, que muestra deterioros salarios importantes en ocupaciones como las policiales y las administrativas no profesionales, a las cuales se les debe justicia salarial con el establecimiento de percentiles para reajustar sus correspondientes salarios base que, al igual que en el sector Privado, no tiene relación con los raquíticos ajustes salariales por costo de vida que se establecen semestralmente.
