La ANEP cree en la importancia del rango constitucional para la Fiscalía General de la República; profundizando así su nivel de independencia político-profesional y jurídico-técnica con respecto a los estamentos superiores del Poder Judicial.
ANEP estima como grave error estratégico, como una involución en la correcta senda, hasta este momento transitada y pese a las controversias de estos días, de la independencia de gestión de la Fiscalía General de la República y de su máxima jerarquía
Sería gravísimo considerar que podríamos estar en presencia de “cobros políticos”, de “facturas políticas”, por los procesos abiertos contra connotadas figuras del sistema político tradicional que para nadie es un secreto, todavía guardan conexiones relevantes en las diferentes instancias tanto del poder formal como del poder real.
Se expone a continuación el texto completo de la carta entregada en este día a las máximas autoridades del Poder Judicial
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San José, 28 de junio de 2010.
S.G. 09-11-0857-10
Honorable señor
Dr. Luis Paulino Mora Mora
Magistrado Presidente
Corte Suprema de Justicia
Honorables señoras y señoras
Licda. Milena Conejo Aguilar
Dra. Lupita Chaves Cervantes
Lic. Alejandro López McAdam
Lic. Mario Mena Ayales
Consejo Superior del Poder Judicial
Sus despachos
Asunto: La Fiscalía General de la República debe mantener, consolidar y ampliar su independencia por el bienestar de la salud moral y ética de la República
Estimados señores y estimadas señoras:
A nombre de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), cuya representación nos enorgullece ostentar, reciban vuestras dignas e ilustradas autoridades judiciales, el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.
Hemos considerado como una ineludible obligación cívica acudir ante ustedes para expresarles, siempre el marco del mayor respeto y consideración, nuestra opinión con relación a la temática abierta en algunos medios de comunicación colectiva, acerca de las relaciones entre la Fiscalía General de la República y las autoridades máximas del Poder Judicial de la República.
Estamos absolutamente convencidos de que, sino constituye ya de por sí el máximo pilar de un sistema democrático, la transparencia de la gestión de las autoridades designadas y/o electas para la conducción de la cosa pública, resulta vital para la preservación de la institucionalidad republicana y la misma convivencia democrática de la sociedad.
Esto resulta de alta sensibilidad, especialmente en circunstancias en que amplísimos segmentos ciudadanos han desarrollado un creciente sentimiento de desconfianza hacia la propia institucionalidad republicana; gran parte de lo cual tiene bases sólidas de sustentación, precisamente por los ejemplos de desafortunadas gestiones político-gubernamentales ocurridas en los últimos tiempos, en varios niveles de la acción institucional y, particularmente, el del Poder Ejecutivo del país.
De todo ello que concluyamos en el criterio acerca de la altísima envergadura estratégica que para la salud moral y ética de la República, tiene la acción independiente de la Fiscalía General de la República (y del Poder Judicial mismo), en este estado de situación.
Por otra parte, hemos estado presenciando con perplejidad, incredulidad, desazón y pesimismo, la sistemática penetración en nuestra otrora tranquila sociedad, del crimen organizado en sus más diversas manifestaciones, especialmente la que tiene que ver con el narcotráfico; situación ésta terriblemente alarmante que pareciera llevarnos al tristísimo destino de otras naciones latinoamericanas, hermanas de Costa Rica, las cuales ya están a las puertas de ser declaradas como “Estados fallidos”, o ya lo son completamente.
Precisamente, la combinación de esos perniciosos factores contra la democracia, como lo son la corrupción con la cosa pública, la intransparencia, la impunidad y la doble moral de los gobernantes, la ambición incontrolada por el enriquecimiento fácil y el desarrollo del crimen organizado y del tráfico internacional de drogas con efecto multiplicador en contra de la convivencia civilizada de los pueblos, han llevado a esas naciones a tal estado calamitoso.
Pese a tal desazón, a tal pesimismo, pensamos que Costa Rica tiene todavía oportunidades de librarse de tan terrorífico futuro y que acumulamos, como sociedad, reservas morales con sólida base, precisamente por una tradición e idiosincrasia peculiares que, sin chovinismos ni ridículas posturas nacionalistas, nos distinguieron como nación.
Que esas reservas morales acumuladas nos permitan librarnos de flagelos como los que ya carcomen la convivencia en varios “Estados fallidos” latinoamericanos, pasa por la preservación de diversos preceptos fundamentales de la institucionalidad republicana, que nos han mantenido integrados como sociedad, pese a las controversias de los últimos tiempos manifestadas en su seno, con altísimas temperaturas de polarización de las cuales hemos sido testigos.
Por otra parte resulta apropiado apuntarles que como organización sindical y sociopolítica de amplio reconocimiento ciudadano, la ANEP ha venido trabajando, en diversos momentos y circunstancias, propuestas de país teniendo siempre como máxima aspiración la construcción de una Costa Rica inclusiva y solidaria. Ahí han quedado constando procesos como la “Tercera República” y la propuesta “CRISOL” (precisamente, “Por una nueva Costa Rica inclusiva y solidaria”).
Con base en tal concepción de país, siempre hemos pensado en la majestad que para el logro de tal propósito implica, ir ampliando, consolidando, reformulando, resignificando, la importancia de la separación constitucional de poderes; y, dentro de ello, la importancia del rango constitucional para la Fiscalía General de la República; profundizando así su nivel de independencia político-profesional y jurídico-técnica con respecto a los estamentos superiores del Poder Judicial.
Es en función de tal marco conceptual que nos sentimos en la obligación de expresarles nuestra mayor preocupación ante lo que podemos catalogar (porque así lo estamos viendo y percibiendo), como un peligroso retroceso en la ruta que ya estaba abierta, de la necesaria independencia de la Fiscalía General de la República para manejarse a sí misma, sin más control que aquel signado por el de constitucionalidad y/o el jurisdiccional.
Restarle autoridad a la figura de la persona Fiscal General de la República, reducirle su ámbito de gestión, invisibilizarla, suplantar su criterio descalificándole, genera efectos contraproducentes para la misma institucionalidad republicana y para la imprescindible labor de saneamiento político que la misma requiere, como mecanismo de preservación del sistema democrático en cuanto tal.
Es altamente peligroso, además, interpretar que los episodios que están ocurriendo con relación al actual ocupante de tan estratégico cargo, ciudadano controversial pero de enorme respeto y credibilidad ante relevantes y amplios sectores de la opinión pública nacional; pudiera considerarse ya no solamente como un cambio estratégico-conceptual sobre el nivel de independencia de la Fiscalía General de la República; sino que, peor todavía, se sientan como “cobros políticos”, “facturas políticas”, por los procesos abiertos contra connotadas figuras del sistema político tradicional que para nadie es un secreto, todavía guardan conexiones relevantes en las diferentes instancias tanto del poder formal como del poder real.
Si ya son graves las dificultades que estamos teniendo como sociedad que quiere seguir viviendo en democracia, tanto por los problemas constatados de exclusión y de desintegración, como por los de corrupción, de intransparencia y de pérdida de credibilidad ciudadana en sus instituciones; involucionar y retroceder en materia de independencia de la Fiscalía General de la República con respecto a los órganos políticos decisorios del Poder Judicial, es un gravísimo error que golpeará la transparencia de tal poder, de por sí bastante controversial para importantes sectores político-sociales de nuestra ciudadanía, lesionando aún más su propia credibilidad sistémica.
Respetuosamente, les instamos, con la mayor vehemencia, a que no caigamos en el grave error estratégico de una involución en la correcta senda, hasta este momento transitada y pese a las controversias de estos días, de la independencia de gestión de la Fiscalía General de la República y de su máxima jerarquía.
Nuevamente, reciban sus ilustres autoridades judiciales de la República, el mayor respeto y consideración de nuestra parte.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP
cc.: Honorables señores diputados y señoras diputadas, Asamblea Legislativa.
cc.: Honorables señores magistrados y señoras magistradas, Corte Plena, Poder Judicial.
cc.: Lic. Francisco Dall’Anesse Ruiz, Fiscal General de la República.
cc.: Honorables integrantes del personal de la Fiscalía General de la República.
cc.: Compañeros y compañeras, Directorio Nacional, Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
cc.: Organizaciones profesionales, gremiales y sindicales del Poder Judicial.
cc.: Movimiento Sindical Costarricense.
cc.: Organizaciones sociales y cívicas.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Consejo Consultivo Nacional de la ANEP.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Archivo.
