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La ANEP cree en la importancia del rango constitucional para la Fiscalía General de la República; profundizando así su nivel de independencia político-profesional y jurídico-técnica con respecto a los estamentos superiores del Poder Judicial.

ANEP estima como grave error estratégico, como una involución en la correcta senda, hasta este momento transitada y pese a las controversias de estos días, de la independencia de gestión de la Fiscalía General de la República y de su máxima jerarquía

Sería gravísimo considerar que podríamos estar en presencia de “cobros políticos”, de “facturas políticas”, por los procesos abiertos contra connotadas figuras del sistema político tradicional que para nadie es un secreto, todavía guardan conexiones relevantes en las diferentes instancias tanto del poder formal como del poder real.

Se expone a continuación el texto completo de la carta entregada en este día a las máximas autoridades del Poder Judicial

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San José, 28 de junio de 2010.
S.G. 09-11-0857-10

Honorable señor
Dr. Luis Paulino Mora Mora
Magistrado Presidente
Corte Suprema de Justicia

Honorables señoras y señoras
Licda. Milena Conejo Aguilar
Dra. Lupita Chaves Cervantes
Lic. Alejandro López McAdam
Lic. Mario Mena Ayales
Consejo Superior del Poder Judicial

Sus despachos

Asunto: La Fiscalía General de la República debe mantener, consolidar y ampliar su independencia por el bienestar de la salud moral y ética de la República

Estimados señores y estimadas señoras:

A nombre de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), cuya representación nos enorgullece ostentar, reciban vuestras dignas e ilustradas autoridades judiciales, el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Hemos considerado como una ineludible obligación cívica acudir ante ustedes para expresarles, siempre el marco del mayor respeto y consideración, nuestra opinión con relación a la temática abierta en algunos medios de comunicación colectiva, acerca de las relaciones entre la Fiscalía General de la República y las autoridades máximas del Poder Judicial de la República.

Estamos absolutamente convencidos de que, sino constituye ya de por sí el máximo pilar de un sistema democrático, la transparencia de la gestión de las autoridades designadas y/o electas para la conducción de la cosa pública, resulta vital para la preservación de la institucionalidad republicana y la misma convivencia democrática de la sociedad.

Esto resulta de alta sensibilidad, especialmente en circunstancias en que amplísimos segmentos ciudadanos han desarrollado un creciente sentimiento de desconfianza hacia la propia institucionalidad republicana; gran parte de lo cual tiene bases sólidas de sustentación, precisamente por los ejemplos de desafortunadas gestiones político-gubernamentales ocurridas en los últimos tiempos, en varios niveles de la acción institucional y, particularmente, el del Poder Ejecutivo del país.

De todo ello que concluyamos en el criterio acerca de la altísima envergadura estratégica que para la salud moral y ética de la República, tiene la acción independiente de la Fiscalía General de la República (y del Poder Judicial mismo), en este estado de situación.

Por otra parte, hemos estado presenciando con perplejidad, incredulidad, desazón y pesimismo, la sistemática penetración en nuestra otrora tranquila sociedad, del crimen organizado en sus más diversas manifestaciones, especialmente la que tiene que ver con el narcotráfico; situación ésta terriblemente alarmante que pareciera llevarnos al tristísimo destino de otras naciones latinoamericanas, hermanas de Costa Rica, las cuales ya están a las puertas de ser declaradas como “Estados fallidos”, o ya lo son completamente.

Precisamente, la combinación de esos perniciosos factores contra la democracia, como lo son la corrupción con la cosa pública, la intransparencia, la impunidad y la doble moral de los gobernantes, la ambición incontrolada por el enriquecimiento fácil y el desarrollo del crimen organizado y del tráfico internacional de drogas con efecto multiplicador en contra de la convivencia civilizada de los pueblos, han llevado a esas naciones a tal estado calamitoso.

Pese a tal desazón, a tal pesimismo, pensamos que Costa Rica tiene todavía oportunidades de librarse de tan terrorífico futuro y que acumulamos, como sociedad, reservas morales con sólida base, precisamente por una tradición e idiosincrasia peculiares que, sin chovinismos ni ridículas posturas nacionalistas, nos distinguieron como nación.

Que esas reservas morales acumuladas nos permitan librarnos de flagelos como los que ya carcomen la convivencia en varios “Estados fallidos” latinoamericanos, pasa por la preservación de diversos preceptos fundamentales de la institucionalidad republicana, que nos han mantenido integrados como sociedad, pese a las controversias de los últimos tiempos manifestadas en su seno, con altísimas temperaturas de polarización de las cuales hemos sido testigos.

Por otra parte resulta apropiado apuntarles que como organización sindical y sociopolítica de amplio reconocimiento ciudadano, la ANEP ha venido trabajando, en diversos momentos y circunstancias, propuestas de país teniendo siempre como máxima aspiración la construcción de una Costa Rica inclusiva y solidaria. Ahí han quedado constando procesos como la “Tercera República” y la propuesta “CRISOL” (precisamente, “Por una nueva Costa Rica inclusiva y solidaria”).

Con base en tal concepción de país, siempre hemos pensado en la majestad que para el logro de tal propósito implica, ir ampliando, consolidando, reformulando, resignificando, la importancia de la separación constitucional de poderes; y, dentro de ello, la importancia del rango constitucional para la Fiscalía General de la República; profundizando así su nivel de independencia político-profesional y jurídico-técnica con respecto a los estamentos superiores del Poder Judicial.

Es en función de tal marco conceptual que nos sentimos en la obligación de expresarles nuestra mayor preocupación ante lo que podemos catalogar (porque así lo estamos viendo y percibiendo), como un peligroso retroceso en la ruta que ya estaba abierta, de la necesaria independencia de la Fiscalía General de la República para manejarse a sí misma, sin más control que aquel signado por el de constitucionalidad y/o el jurisdiccional.

Restarle autoridad a la figura de la persona Fiscal General de la República, reducirle su ámbito de gestión, invisibilizarla, suplantar su criterio descalificándole, genera efectos contraproducentes para la misma institucionalidad republicana y para la imprescindible labor de saneamiento político que la misma requiere, como mecanismo de preservación del sistema democrático en cuanto tal.

Es altamente peligroso, además, interpretar que los episodios que están ocurriendo con relación al actual ocupante de tan estratégico cargo, ciudadano controversial pero de enorme respeto y credibilidad ante relevantes y amplios sectores de la opinión pública nacional; pudiera considerarse ya no solamente como un cambio estratégico-conceptual sobre el nivel de independencia de la Fiscalía General de la República; sino que, peor todavía, se sientan como “cobros políticos”, “facturas políticas”, por los procesos abiertos contra connotadas figuras del sistema político tradicional que para nadie es un secreto, todavía guardan conexiones relevantes en las diferentes instancias tanto del poder formal como del poder real.

Si ya son graves las dificultades que estamos teniendo como sociedad que quiere seguir viviendo en democracia, tanto por los problemas constatados de exclusión y de desintegración, como por los de corrupción, de intransparencia y de pérdida de credibilidad ciudadana en sus instituciones; involucionar y retroceder en materia de independencia de la Fiscalía General de la República con respecto a los órganos políticos decisorios del Poder Judicial, es un gravísimo error que golpeará la transparencia de tal poder, de por sí bastante controversial para importantes sectores político-sociales de nuestra ciudadanía, lesionando aún más su propia credibilidad sistémica.

Respetuosamente, les instamos, con la mayor vehemencia, a que no caigamos en el grave error estratégico de una involución en la correcta senda, hasta este momento transitada y pese a las controversias de estos días, de la independencia de gestión de la Fiscalía General de la República y de su máxima jerarquía.

Nuevamente, reciban sus ilustres autoridades judiciales de la República, el mayor respeto y consideración de nuestra parte.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

cc.: Honorables señores diputados y señoras diputadas, Asamblea Legislativa.
cc.: Honorables señores magistrados y señoras magistradas, Corte Plena, Poder Judicial.
cc.: Lic. Francisco Dall’Anesse Ruiz, Fiscal General de la República.
cc.: Honorables integrantes del personal de la Fiscalía General de la República.
cc.: Compañeros y compañeras, Directorio Nacional, Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
cc.: Organizaciones profesionales, gremiales y sindicales del Poder Judicial.
cc.: Movimiento Sindical Costarricense.
cc.: Organizaciones sociales y cívicas.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Consejo Consultivo Nacional de la ANEP.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Archivo.

Personal de la Policía Penitenciaria
ANEP informa

– Pago de la deuda salarial pendiente de los dos meses, octubre y noviembre de 2009, por concepto de Disponibilidad.

– Al respecto indicamos lo siguiente: 1) Se hicieron gestiones para “rescatar” los fondos suficientes para tal pago. Con agrado informamos que esto resultó exitoso. ¿Qué hay que hacer para reclamar tal pago?: Si usted está afiliado o afiliada a la ANEP, firme el machote de reclamo que tiene los y las representantes de la ANEP en cada centro, anotando con claridad lo siguiente: Nombre y dos apellidos, número de cédula y firma como aparece en la cédula.

– Pago de la deuda salarial por los nueves meses de enero a setiembre de 2009, de la Revaloración Salarial Extraordinaria.

– La ANEP ha hecho gestiones para darle contenido presupuestario a tal pago. Podemos informar de que hay aceptación institucional, a nivel del Ministerio de Justicia y Paz, de que tal deuda existe. Se nos ha pedido un poco más de tiempo para gestionar los recursos debidos con el Ministerio de Hacienda. Éste se muestra reticente alegando que no hay plata por la “crisis fiscal”. La ANEP le insta a mantenerse alerta ante una eventual movilización en fecha que se señalará oportunamente.

Junta Directiva Seccional Policía Penitenciaria
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS

Estimados compañeros periodistas

Sirva la presente para ponerlos al tanto de lo que ha sucedido en esta última semana, con respecto al Proyecto de Reforma 17342.

El Proyecto fue remitido a una subcomisión, con un mes plazo para rendir un informe, y posterior a esto sería disctaminado, es decir podríamos estar hablando que para finales de octubre, el proyecto se estaría votando por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos.

La Sub comisión está integrada por los Diputados Jose Ma Villalta del Frente Amplio, (coordinador), Victor Emilio Granados del Pase, Alfonso Perez del PLN. Con este último hay una situación particular, le hemos mandado dos cartas solicitando reunión con el y no hemos recibido respuesta alguna.

Para este miércoles 6 de octubre de 2010, al ser la 1pm, hemos sido convocados a la Comisión de Asuntos Jurídicos, a una audiencia, para exponer la posición del Movimiento Fotocopiando para Estudiar, con respecto al Proyecto de Reforma. Esta audiencia ¡Es sumamente importante!, de ella va a depender mucho la decisión que vallan a tomar los diputados a la hora de votar el Proyecto, más aún cuando la Cámara del Libro, también fue convocada.

Lo que está en discución en este proyecto, es el presente y futuro de la Educación en nuestro país, así que no es cualquier proyecto lo que tenemos enfrente. Es por eso que esperamos contar la presencia de ustedes, tal y como lo han hecho en las anteriores oportunidades en que los hemos invitado.

Muchas gracias

Josué Aguirre Thomas

Lea también: Autopistas del Sol debe pagar los costos en que incurre el CONAVI para permitir el tránsito por la carretera a Caldera

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Ante las más contundentes evidencias de que la nueva carretera a Caldera tiene enormes cuestionamientos del más diverso orden, entre ellos graves problemas de fiscalización y una inauguración aventurada y apresurada por parte del anterior gobierno que encabezó el Presidente Oscar Arias Sánchez; conviene, es más que urgente, que la ciudadanía costarricense sepa, con total transparencia, los nombres de todas las personas y de todas las firmas empresariales que fungen como accionistas de la empresa Autopistas del Sol.

Es más que necesario, (si bien es acertada la decisión adoptada por la Presidente de la República, Licda. Laura Chinchilla Miranda de ordenar investigar el proceso de fiscalización seguido en la fallida carretera a Caldera); la gente sepa cuáles podrían ser las fuerzas político-económicas y de negocios que habrían presionado para la apertura de tal vía, a sabiendas de que las debilidades diversas que presentaría, generarían una profunda molestia ciudadana, especialmente cuando se han sentido de manera muy fuerte los peajes que se cobran a los automovilistas.

El conocimiento público de la posesión de las acciones de Autopistas del Sol podría ampliar la lista de personas, sobre todo del mundo político, que estarían quedando por fuera de la investigación ordenada por la Presidenta Chinchilla.

Las imprecisiones técnicas que han generado los problemas que está presentando la nueva carretera a Caldera, podrían obedecer a presiones y lineamientos políticos de alto nivel para que fuera inaugurada a cómo diera lugar, en aras de apresurar el retorno de la inversión realizada.

La ANEP recuerda que desde el día 10 de junio de 2010, mediante su oficio S.G. 09-11-0802-10, dirigió nota a la primera mandataria del país, la Presidenta Chinchilla, indicándole que “la nueva carretera a Caldera debe cerrarse y darle prioridad a la vida humana”. Recordamos las tres peticiones fundamentales al respecto.

– Ordenar el cierre de la nueva carretera a Caldera hasta que haya la más absoluta certeza de que se puede transitar por ella sin temor a perder la vida, sin riesgo alguno a la integridad física de los conductores de vehículos y sus acompañantes, sin riesgo de daños para esos vehículos y/o los bienes y mercancías que se transportan.

– Instaurar una comisión multisectorial, integrada por ejemplo, por entidades como el CFIA, la CNE, la Defensoría, el propio MOPT, la empresa concesionaria e instancias de reconocido prestigio e interlocución de la sociedad civil, para establecer todas las alternativas posibles a fin de garantizar el más supremo de todos los supremos valores que animan nuestra convivencia civilizada como país: la preservación de la vida humana, algo altísima superior a el afán de lucro privado de la lógica mercantil introducida en la prestación de los servicios públicos.

– Ordenar las investigaciones de rigor para determinar las actitudes permisivas, tolerantes, negligentes que permitieron la apertura de esa carretera en las condiciones de alto riesgo para las vidas humanas que por ella transitan; e, igualmente, ordenar investigar las razones para que en la CNE se impusiera una mordaza a un criterio eminentemente profesional sobre los riesgos que se presentan en la mencionada vía.

Hoy, cuando los hechos hablan por sí solos, agregamos esta cuarta petición: la de que se sepan todos los nombres de las personas y/o firmas privadas socias de Autopistas del Sol para determinar posibles conexiones políticas de eventual presión en la apertura de tal carretera, pese a los problemas que ya se veían venir y que ahora quedaron completamente al desnudo.

San José, domingo 3 de octubre de 2010.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Organización afiliada a la
CENTRAL SOCIAL JUANITO MORA PORRAS (CSJMP)

FEDERACIÓN SINDICAL MUNDIAL
Atenas, 1 de octubre de 2010

¡Que salgan los trabajadores a las calles!

La Federación Sindical Mundial con 80 millones de afiliados en 120 países de todo el mundo condena el intento de golpe de estado en Ecuador y las agresiones sufridas por el Presidente del país Rafael Correa a manos de las fuerzas de la policía.

Es obvio que los acontecimientos ocurridos ayer en Quito, en Guayaquil y en otras ciudades son un plan programado que han organizado los imperialistas y el capital en dicho país.

Han intentado sin éxito realizar lo ocurrido en 2002 con el intento fallido de golpe de estado en Venezuela, lo que consiguieron el año pasado con el golpe de estado en Honduras.

El objetivo de los cerebros del golpe de estado es que los EE.UU. controlen la región, que no se cierre la base militar de los EE.UU. en Manta y aterrorizar a los pueblos de América Latina.

La Federación Sindical Mundial hace un llamado a la clase obrera de Ecuador a que salga a las calles y repela por todos los medios el golpe de estado. Que aíslen a los golpistas sin piedad.

En esta lucha, los sindicatos afiliados y amigos de la FSM en Ecuador están desde el primer momento en en las calles y al mismo tiempo exigen que se profundicen y que se aceleren los cambios en Ecuador por el interés de la clase obrera y sus objetivos.

Deseamos una pronta recuperación al Presidente Rafael Correa y que salga del hospital con salud.

Hacemos un llamado al movimiento sindical a que condene el intento de golpe de estado en Ecuador.

EL SECRETARIADO
Federeación Sindical Mundial

Desde Costa Rica, fuerte condena sindical a la intentona golpista en la hermana República de Ecuador:

Con la más fuerte vehemencia, con el más profundo repudio, inspirados en los nobles valores de la democracia basada en la inclusión social y en la promoción del bien común, las organizacines sindicales que nos honramos en representar, dejamos constancia ante el pueblo costarricense, ante los pueblos latinoamericanos, ante los pueblos del mundo, de la más enérgica condena por la intentona golpista desarrollada hoy, jueves 30 de setiembre de 2010, en la hermana República de Ecuador, encabezada por el señor Rafael Correa, su Presidente de la República, de incuestionable legitimidad y de profunda base constitucional y popular.

Si bien es cierto el golpismo pro-oligárquico pareciera estar surgiendo para desventura de nuestros pueblos, tal y como dolorosamente sucedió en el caso de otra hermana nación latinoamericana, la República de Honduras (con la cual Costa Rica comparte un origen histórico común); en Ecuador esa serpiente venenosa del totalitarismo dictatorial no pasará: el orden constitucional ha de ser reestablecido, el Presidente Correa se tornará mucho más legítimo y la democracia ecuatoriana pasará para bien de la América Latina, esta dura prueba que en estos momentos está viviendo.

Esta certeza está inspirada en la propia experiencia costarricense que estamos viviendo en estos mismos momentos y, particularmente, en este mismo día, 30 de setiembre de 2010, cuando estamos recordando los 150 años del fusilamiento político, hoy reconocido como Crimen de Estado, perpretado en 1860, en contra de la humanidad de un gran costarricense, ilustre patriota, Presidente de la República en ese entonces, don Juan Rafael Mora Porras (don Juanito Mora). Su gesta se ha recuperado para ventura de Costa Rica y de la América Latina, pues el sistema político dominante ha terminado por reconocer su legado y le ha declarado HÉROE NACIONAL y LIBERTADOR DE LA PATRIA.

Las organizaciones sociales y sindicales que nos aglutinamos en la CENTRAL SOCIAL JUANITO MORA PORRAS (CSJMP), así como particularmente en la cual militamos, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), nos unimos de esta forma al clamor regional, latinoamericano y global, en defensa de la democracia y de la constitucionalidad que asiste al pueblo de Ecuador y a su Presidente incuestionablemente legítimo, Rafael Correa.

El Presidente Correa es un patriota latinoamericano, tiene ya un lugar en la historia de nuestros pueblos y está en ese altar de honor reservado para los estadistas, tal y como ha sucedido, aunque 150 años después, en nuestra Costa Rica con el ciudadano don Juan Rafael Mora Porras (don Juanito), cuyo nombre lleva el movimiento social en el que orgullosamente nos desenvolvemos, cientos y cientos de compañeros y de compañeras costarricenses, luchadores por la justicia social, por la inclusión, por la democracia real y por el bien común, pero especialmente, en pro de la gente de abajo, esa que el Presidente Correa, en Ecuador, tanto ha reivindicado. El golpismo ecuatoriano no pasará.

San José, a las 18 horas y 45 minutos de este histórico 30 de setiembre de 2010.

Albino Vargas Barrantes
Presidente, CENTRAL SOCIAL JUANITO MORA PORRAS (CSJMP)
Secretario General, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Organizaciones integrantes de la
Plataforma Sindical Común Centroamericana (PSCC)

Asamblea Legislativa de Costa Rica

Plenario

Acuerdo

De varios Diputados y Diputadas.

Considerando:

Que fuerzas policiales de las ciudades de Guayaquil y Quito se han sublevado en la República del Ecuador, por reducciones presupuestarias, con el fin de deponer al Presidente Rafael Correa.

Que la ciudadanía ecuatoriana se moviliza en todo el país hermano, para impedir que se consume el golpe de Estado.

Aprueba:

Repudiar el levantamiento policial y el intento de golpe de Estado en el Ecuador y expresar su solidaridad al Gobierno y pueblo del Ecuador.

Exigir respeto al orden constitucional y a los gobiernos elegidos democráticamente.

Expresar su confianza en el Presidente Rafael Correa y en la institucionalidad del Ecuador y su capacidad de encausar las diferencias por la vía democrática.

Solicitar al Poder Ejecutivo que, a través de las vías diplomáticas, transmita este acuerdo al Gobierno legítimo y constitucional de Ecuador.

San José, Costa Rica, 30 de Setiembre de 2010