No es noticia leer y escuchar sobre los altos índices de pobreza rural en Costa Rica. Relacionado con lo anterior a menudo se diserta y escribe sobre el abandono y problemática del Agro Costarricense, apuntando generalmente hacia los efectos: escasa o deficiente investigación e innovación tecnológica; poca, débil extensión y transferencia de tecnología; crédito o financiamiento caro, insuficiente e inoportuno; ausencia de seguros, problemas de comercialización, escaso valor agregado e industrialización de los productos, entre otros.
Todo lo anterior es cierto, pero para empezar a resolver la problemática del Agro Costarricense no basta con conocer sus efectos, es necesario adentrarse en las causas de la misma. El INFORME EVALUATIVO SOBRE EL SECTOR AGROPECUARIO (N° DFOE-PGAA-IF-22-2010), publicado recientemente por la Contraloría General de la República, sin ser un análisis profundo, da algunas luces sobre este tema.
Primero, señala el informe que las funciones de dirección, coordinación y vigilancia por parte del Ministro Rector fueron débiles o inexistentes, aún disponiéndose de todo un marco jurídico que lo facultaba para ejercerlas. Continúa diciendo el informe, que no se emitieron ni oficializaron políticas en el período 2006-2010 para el SECTOR AGROPECUARIO. Debe destacarse que ese fue el periodo que analizó la Contraloría, pero nuestro país no tiene políticas para el Sector Agropecuario desde hace más de veinte años y que los gobiernos durante todo ese periodo, lo han sacado de su agenda de prioridades.
Aquí deberíamos recordar que los jerarcas del Sector Agropecuario, como todos en los otros Sectores, antes de iniciar sus funciones, se han juramentado y prometido a Dios y a la Patria respetar y defender la Constitución y las leyes. El marco jurídico del Sector Agropecuario es muy amplio y rico, ha sido generado a través de los años con los aportes de toda la sociedad y consensuado en la Asamblea Legislativa.
Leyes orientadas a resolver la problemática que aqueja al Sector, que solamente requieren que los jerarcas generen un cuerpo de políticas apegadas al marco jurídico y que dirijan, coordinen y vigilen su cumplimiento. Sin embargo, en el último cuarto de siglo, lo frecuente ha sido que en cada nuevo gobierno, los jerarcas de turno lleguen con “nuevas ideas”, frecuentemente improvisaciones, lejanas al marco jurídico que regula al Sector Agropecuario.
Es así como al inicio de su gestión, intentan cerrar Instituciones y programas, sin ningún diagnóstico o estudio técnico previo, queriendo olvidarse que su creación y funciones han sido dadas por Ley. Como estrategia, primero las paralizan y desacreditan, para justificar sus intenciones y luego buscan la forma de darles el zarpazo, torciendo el ordenamiento jurídico, aventurándose a legislar desde el Ejecutivo, porque si de algo están seguros es que siguiendo la vía correcta, mediante un proyecto en la Asamblea Legislativa, no lo podrían conseguir.
De lo anterior se desprende, que sería muy prudente y sabio, que quien designa a los jerarcas, tuviera como requisito evaluar con antelación, el conocimiento que los candidatos tienen del marco jurídico que regula el Sector que pretenden liderar, ya que la segunda parte del juramento dice “y si no lo hiciereis, Dios, La Patria y los Costarricenses os lo demanden.”
Segundo, el informe además señala una confusión en cuanto a la integración del Sector Agropecuario y su rectoría. Al integrar el Sector Agropecuario en el Sector Productivo, hizo que se tuvieran dos rectores, lo que es inconveniente técnicamente, pues la teoría administrativa señala como situación problemática la dualidad de mando. No analiza la Contraloría en su informe que hay un tercer Ministerio al cual se integró el Sector Agropecuario, desde donde realmente se dictan la grandes pautas del Sector por los últimos 10 años, reduciéndose el jerarca del Sector Agropecuario a un simple ejecutor de las políticas del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), o sea, se ha convertido al MAG en una oficina de COMEX con rango ministerial; por ende un Sector Agropecuario sin jerarca, que se somete a la sagrada voluntad y acción del COMEX (Ej. Actividad arrocera).
Esta segunda causa de la problemática del Sector Agropecuario es muy peligrosa para el desarrollo económico, social y ambiental del país, debido a que se trasladaron al Sector Agropecuario conceptos solo aplicables al COMEX y al grupo que de él se sirve, generándose como resultado la grave situación que se vive hoy en las zonas rurales producto de un agro en crisis (pobreza, contaminación, desilusión, desempleo, tráfico de drogas, etc, etc). Se confundieron en el agro los conceptos de Agroempresa o Agronegocio vs. Agricultura, Competitividad vs. Sostenibilidad, Rentabilidad vs. Estabilidad, estilo de vida vs. calidad de vida, conceptos que por su importancia para el Agro se analizarán en el segundo editorial.
Tercero, no señalado por el informe de la Contraloría, pero de la misma importancia e impacto en el Agro, es el botín político en que han convertido las Instituciones del Sector Agropecuario. No hablamos aquí de cumplir ciertas promesas de campaña, lo cual realmente sucede como en todos los ministerios y sectores, en este caso la referencia es a la repartición de puestos importantes y de toma de decisión a los que llama Jorge Vargas Cullell “pegabanderas (La Nación, Enfoque, 26/09/10)”. Si el pegabanderas se nombra en Relaciones Exteriores, de Cónsul o Embajador, su inacción, falta de compromiso, impericia y escaso conocimiento no impacta de manera tan grave al país, pero al nombrarlos para dirigir en el sector agropecuario, no solamente incide en la producción nacional, sino que también afecta la gente que más requiere ayuda, impactando directamente los Índices de Desarrollo Humano (IDH) de las zonas rurales.
Dice Vargas Cullell en Enfoque que “los pegabanderas son una desgracia. Como el herrumbre, cuando le caen a una institución, la dejan hecha leña”.
Las causas de la crisis del sector agropecuario y de la pobreza en las zonas rurales son corregibles, requieren de voluntad política, de un gran sentimiento de equidad y solidaridad, y de poner al Sector Agropecuario nuevamente en la agenda de prioridades del Gobierno.
Señores y señoras, no es ignorando la legislación vigente, cerrando o reduciendo al mínimo al C.N.P, o poniendo en el papel las intensiones de fortalecimiento de otras instituciones (Proyecto ley del INDER), como van a solucionar la problemática del Sector Agropecuario, ni gastando importantes sumas del presupuesto nacional en programas de compensación para las víctimas del modelo económico imperante.
El país está urgido de equilibrio entre sectores y actores, de equidad, de verdaderas políticas agropecuarias, de inversión, de apoyo decidido y solidaridad, para activar a la gran masa de productores y productoras que componen y soportan el área rural de nuestro país…Y DEBE SER AHORA, PORQUE DESPUÉS SERÁ DEMASIADO TARDE…
SIPROCNP… ACTIVO HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS EN ESTA GRAN LUCHA!!!!
