La fracción parlamentaria del Frente Amplio anunció su oposición rotunda al proyecto de “Ley de fortalecimiento del fondo de capitalización laboral”, que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo el expediente 17.597.
Así lo hizo saber el Diputado José María Florez-Estrada, quien sostiene que el intento de prohibir el retiro cada cinco años de los dineros acumulados en el Fondo de Capitalización Laboral (FCL), responde únicamente al interés de la oligarquía financiera, en detrimento de las personas trabajadoras.
El retiro de los fondos, cuando termine la relación laboral o cada cinco años, fue el resultado de un acuerdo en la negociación de la Ley de Protección del Trabajador, aprobada mediante moción del ex Diputado José Merino del Río y respaldada por las organizaciones laborales y sociales.
Según este acuerdo un 50% del Fondo de Capitalización Laboral se traslada al Fondo de Pensión Complementaria y el otro 50% más los intereses, son los recursos previstos para entregar al terminar la relación laboral o cada cinco años, si así lo desea la persona trabajadora.
De acuerdo con el Diputado Villalta la voracidad del sector financiero es de tal magnitud que pretenden ahora que pase, de forma directa, ese 50% (el Fondo de Capitalización Laboral) al Fondo de Pensión Complementaria, desde el primer día en que se aporta.
El legislador frenteamplista considera que la consecuencia de esta reforma, es que se congelarán los fondos de los trabajadores, dándole mayores ganancias a las operadoras de pensiones y al sector financiero donde éstas invierten los recursos.
El Diputado José María Villalta, llamó a las organizaciones laborales a movilizarse en defensa de sus derechos, y para impedir la aprobación del proyecto de ley que impedirá el retiro quinquenal de los Fondos de Capitalización Laboral.
El día de ayer concluyó el período de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa y el proyecto de transformación IDA-INDER no fue aprobado, ni siquiera se le dio primer debate como esperábamos los trabajadores y suponemos que también la administración. Eso significa que la aprobación de dicho proyecto va a quedar sujeto al interés que muestren los diputados y el gobierno en ubicarlo en un lugar prioritario dentro de la agenda legislativa.
Lo que nos preocupa es que cada día la transformación institucional se vuelve más necesaria, al día de hoy no se ha comprado una sola finca, no se han entregado escrituras, varios asentamientos están más cerca del vencimiento de limitaciones, la fiscalización agraria no avanza debido a las limitaciones de recursos humanos que tiene la institución y la ejecución presupuestaria es muy baja. Con este panorama, las posibilidades de cierre van en ascenso.
Nos preocupa y así se lo hemos hecho saber al señor Presidente Ejecutivo porque sentimos que el IDA esta paralizado, hasta la fecha no sentimos que la institución este caminando, hay algunos programas que podrían dar la cara por la institución como son el de granos básicos o el de infraestructura, pero desgraciadamente no forman parte de las actividades sustantivas del instituto, éstas deben ser la compra de tierras y la entrega de escrituras pero ninguna de las dos esta caminando.
Estamos seguros que la administración actual esta haciendo esfuerzos por superar esta parálisis, no obstante, la decisión del Expresidente Ejecutivo Alberto José Amador, de retirar la apelación que presentó el IDA contra el informe de la Contraloría; coloco una camisa de fuerza sobre la institución que le impide avanzar, tenemos un reglamento de compra de fincas sumamente estricto, requerimientos excesivos por parte del órgano contralor y la obligación de responder informes que están asfixiando y consumiendo el tiempo que debemos dedicar a otras funciones, para decirlo de otra manera, la Contraloría esta coadministrando el IDA y en cierta medida la esta hundiendo.
Ante este panorama, los trabajadores debemos unir esfuerzos con la administración para presionar por el proyecto de transformación, desde luego, no cualquier proyecto de transformación, tiene que ser un proyecto que responda a los intereses de las comunidades rurales, que garantice los derechos adquiridos de los trabajadores y sobre todo que responda a los intereses del país, debe ser un proyecto que garantice los recursos que tenemos y que los mejore, que posibilite la contratación de más personal y que nos dé los instrumentos para lograr un verdadero desarrollo rural.
Walter Quesada Fernández Presidente Seccional ANEP-IDA
Honorable señor Compañero y amigo deL pueblo de Costa Rica Antonio Miguel Pardo Sánchez Embajador de la República de Cuba en Costa Rica
Con gran respeto para su digna autoridad diplomática, le expresamos la más sincera felicitación por la presentación de sus cartas credenciales ante el Gobierno de Costa Rica, que le dan la acreditación oficial como embajador oficial de la hermana República de Cuba, algo ya sobresaliente pero más destacable aún que sea usted el primer diplomático cubano en Costa Rica en casi cincuenta años.
Anhelamos que en esta nueva condición, con su plena condición de tan honroso cargo diplomático, los pueblos de Costa Rica y de Cuba estrechen y profundicen lazos de amistad y de cooperación, así como que ambos gobiernos consoliden una gran relación de respetuo mutuo.
Pero, lo más importante, que se pueda dar un nuevo impulso a las relaciones bilaterales entre la clase trabajadora cubana, de trayectoria heroica, con la clase trabajadora tica, mucha de la cual se aglutina y/o se siente representada en las organizaciones que nos honramos en presidir. ¡¡¡Felicitaciones sinceras, señor Embajador de Cuba!!!
Albino Vargas Barrantes Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) Presidente Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
Esta actitud merece nuestra más enérgica condena y exigimos un alto al clima de terror institucional, de entronización del miedo, de agresión psicológica al personal del INS, el cual, en un ambiente de espeluznante zozobra se pregunta, cada semana, cada viernes, quien será la próxima víctima de un estilo gerencial-ejecutivo digno de estados dictatoriales, jamás de sistemas democráticos como el costarricense.
Nos preguntamos: ¿En verdad, quienes conducen el INS en estos momentos, empezando por su Presidente Ejecutivo, don Guillermo Constenla Umaña, quieren que el querido instituto sobreviva a la competencia?… ¿Con este clima de terror, de autoritarismo, de verticalismo aplastante, de miedo y de agresión psicológica, pretenden que el personal del INS esté “preparado” para competir?… ¿Acaso no le estamos haciendo así el favor a la competencia?…
Llamamos a toda la familia trabajadora del INS a ponerle un alto a tanta barbaridad. Llamamos a toda la familia trabajadora del INS a cerrar filas en torno a UPINS y exigir, en movilización activa, un ¡BASTA YA!
Nos ponemos a vuestras órdenes para esta lucha cuya justeza es incuestionable.
Albino Vargas Barrantes Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) Presidente Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
Aquiles Rivera forma parte del Directorio Nacional de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
Desde ya agradecemos a los diferentes medios de comunicación colectiva si nos colaboran atendiendo esta convocatoria para que esta denuncia se haga pública y así contribuir a preservar la vida del compañero Aquiles Rivera Arias, luchador social intachable.
Día: Miércoles 1º de Setiembre de 2010 Hora: 10:30 a.m. Lugar: Casa Sindical “Mario Alberto Blanco Vado” de ANEP 350 metros norte del Hospital Nacional de Niños
Expansión piñera en Costa Rica y amenazas de muerte
En una conferencia de prensa repentina, en el vestíbulo del edificio central del Banco Popular, el Secretario General de ANEP, Albino Vargas Barrantes, conversó con la prensa sobre los alcances de la reunión que se sostuvo con el Vicepresidente don Luis Libermann, sobre el futuro de la Junta Directiva del BPDC, y las preocupaciones de los sectores sociales que forman parte de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco.
El señor Libermann fue enfático en que el Gobierno de Laura Chinchilla no ha tomado una decisión respecto a los representantes que va a nombrar para los 3 puestos que tiene derecho el Ejecutivo de nombrar en esta Junta Directiva. Y, lo más importante, es que dio señales de que va a seguir la recomendación de la ANEP en prolongar el mandato de la actual Junta Directiva hasta que la Sala Constitucional se pronuncie sobre el decreto emitido el año pasado por Oscar Arias Sánchez, cuando era Presidente, sobre la intervención del Ejecutivo sobre la dirección del Banco Popular, dejando de lado a la ATTBPDC.
– Cinco Diputados de distintos partidos políticos, en conjunto con el Sindicato de Ingenieros y Profesionales del Instituto Costarricense de Electricidad (SIICE), presentaron el miércoles 25 de agosto una Acción de Inconstitucionalidad contra la subasta de Espectro Radioeléctrico en los términos que se viene intentando por parte del Poder Ejecutivo y la Superintendencia de Telecomunicaciones.
– El motivo fundamental de la Acción es que se sustrajo inconstitucionalmente el Espectro Radioeléctrico concesionado al ICE desde hace varias décadas por medio de un simple acuerdo de partes.
Los Diputados del Partido Frente Amplio, el PASE y el SIICE, quienes presentaron la Acción de Inconstitucionalidad, cuestionan el procedimiento seguido por el Ejecutivo para alcanzar el _“Acuerdo mutuo suscrito entre el Poder Ejecutivo y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para la extinción parcial de concesiones para el uso del Espectro Radioeléctrico otorgadas al ICE_”, de las diez horas del 18 de diciembre del 2009.
Específicamente combaten el referido_ “Acuerdo”_ por carecer de fundamento legal, por violentarse el principio de proporcionalidad constitucional al escogerse el peor camino para recuperar Espectro Radioeléctrico que posibilite la apertura, y muy particularmente, por violentar la soberanía popular y el principio de división de poderes, al pretenderse que mediante un simple acto administrativo se reforme la Ley. La acción se fundamentó en otros importantes principios y derechos fundamentales que se consideran violentados flagrantemente.
En la Acción se solicita que se suspenda el proceso de subasta del Espectro Radioeléctrico hasta que se declare inconstitucional el “Acuerdo Mutuo” suscrito entre el Ejecutivo y el Consejo Directivo del ICE y se restablezca a la Institución el Espectro Radioeléctrico al que tanto por Ley como por Constitución tiene derecho; todo en defensa del interés de los costarricenses usuarios de servicios de telecomunicaciones, que son los dueños del Espectro y en defensa del interés colectivo de los trabajadores del ICE.
Alegan que el ICE quedó seriamente debilitado a partir de la sustracción del Espectro Radioeléctrico y que ello afectará el buen servicio, e incluso las tarifas, todo lo cual no solo afectará a los usuarios de servicios de telecomunicaciones, actuales y potenciales, sino a los propios trabajadores de la Institución que podrían sufrir políticas de recortes de personal, entre otros, en un futuro no muy lejano por la reducción de ingresos que sufrirá el ICE debido a esa acción.
Finalmente, alegan que era innecesario debilitar al ICE siendo que existían medios menos gravosos para alcanzar el mismo fin, como el haber considerado frecuencias privadas en desuso o subutilizadas, en vez de las que el ICE requiere para seguir creciendo y operando adecuadamente.
Sindicato de Ingenieros y Profesionales del ICE, Racsa, Filial CNFL y Proyectos SIICE
Señores Junta Directiva Caja Costarricense de Seguro Social.
ASUNTO: OPOSICIÓN ROTUNDA A QUE EL BANCOMUNDIALADMINISTRERESERVASDELREGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE DE LA CAJACOSTARRICENSEDELSEGUROSOCIAL (CCSS)
Junta Directiva de la institución aseguradora debe destituir a Gerente de Pensiones
Estimados señores:
La reunión que se diera el pasado 24 de agosto de 2010, entre el Comité de Inversiones de la CCSS, encabezado por el Gerente de Pensiones, don Miguel Pacheco ,con el señor Sudhir Rajkamur, Director de Fondos de Pensiones de la Tesorería del Banco Mundial, es un atropello a los mecanismos establecidos en la institución y a las regulaciones que en este tipo de asuntos están dispuestas por el poder Ejecutivo desde la cartera de Hacienda y el mismo Banco Central de Costa Rica (BCCR); pero sobre todo un irrespeto del Gerente de Pensiones a la máxima jerarquía institucional, así como a la Junta Directiva de la CCSS, instalada en fecha reciente.
Tales acciones no deben dejarse pasar por alto y el Gerente de Pensiones, de Miguel Pacheco, debe dejar su cargo, debe renunciar, en virtud de su grave error y, sobre todo, por su incapacidad para llevar adelante las acciones de tan importante dependencia institucional.
Las justificaciones a sus actuaciones caen por su propio peso y la Junta Directiva de la CCSS debería destituir al gerente e intervenir esa Gerencia de Pensiones, en salvaguarda de los intereses de la población cotizante del seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM-CCSS).
La baja rentabilidad que se expresa en el orden de un 3 % anual, tiene correspondencia con un desacato a los acuerdos a que se llegó en el año 2005, entre las autoridades institucionales de ese entonces y las organizaciones sociales. Destacamos los aportes de las organizaciones sindicales como las nuestras, que aportamos importantes ideas en procura de un manejo sano de los recursos y de la sostenibilidad financiera del régimen de IVM.
Dar parte o la totalidad de nuestras reservas para la jubilación de la clase trabajadora, depositando los dineros que aportan a un organismo internacional, como el Banco Mundial, es algo así como empeñar “las joyas de la abuela”.
Este país aún no se recupera de las inversiones que hace unos años hicieran los “pseudoadministradores” de la cosa pública en bonos en el exterior, con fondos del extinto Banco Anglo Costarricense (BAC), lo que significó ruina y pérdida para tantos costarricense. ¿Acaso no se aprende de tales experiencias?
Consideramos que la actuación del Gerente de Pensiones, producto de su propia iniciativa y/o por encargo de algún alto funcionario, entra en contradicción con la Ley Constitutiva de la CCSS, que prohíbe las inversiones en el exterior. Además, se trata de acciones que le restan seriedad a la gestión del hasta ahora Gerente de Pensiones, quien, desde nuestra perspectiva, no cuenta ya con la confianza necesaria para seguir desempeñando tan importante cargo. La Junta Directiva de la CCSS está ante un problema de competencias y de autoridad.
Por otra parte, es nuestra particular consideración que la inversión en deuda interna debe ser para impulsar el desarrollo nacional (en construcción de carreteras, para citar solo un ejemplo); sobre todo teniendo a la vista la gravedad de los problemas que vienen mostrando las famosas concesiones, impulsadas por la extinta Administración Arias Sánchez.
No puede ni debe permitir la Junta Directiva de la Caja, el más mínimo riesgo en cuanto a la administración de los fondos del sistema de pensiones de IVM se refiere. Como bien sabemos, éste es producto de la previsión visionaria que se ha logrado a lo largo de varias décadas y que es garantía que exhibe nuestro país, en el campo de la Seguridad Social.
Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP
Martha Elena Rodríguez González Secretaria General Adjunta UNDECA
Las organizaciones que representamos, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), celebramos, jubilosamente, el histórico fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que restituyó en sus puestos a la legítima junta directiva del sindicato de Japdeva, Sintrajap, encabezada por el Lic. Rolando Blear Blear.
Este fallo, que ha emitido el más alto tribunal de la República, la Sala IV, pone en la picota al señor Marco Vargas Díaz, Ministro de la Presidencia, así como a su colega de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez Reyes. Ambos, atendiendo instrucciones de los señores Oscar y Rodrigo Arias Sánchez; urdieron la maniobra política en contra de la dirección legítima de Sintrajap, que constituyó un verdadero Golpe de Estado sindical.
Ambos deben renunciar a sus cargos. Ya no solamente porque quedó en evidencia la brutal ilegalidad de tal acto antisindical, sino porque empiezan ahora a ser visibles los entretelones del turbio proceso de concesión que se quiere imponer para la privatización de los muelles de Limón y de Moín. De ello que hasta en la misma Asamblea Legislativa se decidió la conformación de una comisión investigadora al respecto, incluso con el apoyo, obligado por las circunstancias, de la fracción parlamentaria oficialista.
La reinstalación constitucional en sus puestos de la legítima directiva de Sintrajap tiene efectos cuya envergadura apenas empezamos a procesar.
La renegociación de la actual Convención Colectiva de Trabajo, efectuada con la dirección sindical golpista, queda sin ninguna validez, por su misma naturaleza espuria.
Esto quiere decir que se cae, totalmente, la “_oferta_” de compra de conciencias de la población trabajadora de Japdeva, que hemos llamado como la mordida más grande de la historia republicana nacional, el soborno, de los 137 millones de dólares, 80 mil millones de colones, algo totalmente imposible de aceptar bajo ninguna circunstancia.
Lastimosamente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) queda en entredicho. Es de lamentar esta realidad, especialmente para organizaciones como las que representamos, que creemos en la relevancia de su papel en una sociedad con marcado crecimiento de la desigualdad.
Primero porque contra toda lógica, contra todo principio, contra toda la normativa internacional en materia de Libertad Sindical que, por su misma naturaleza ese ministerio maneja con toda propiedad, procedieron a inscribir a la dirección sindical golpista, dándole legitimidad a un proceso completamente espurio desde su propia gestación.
Aquí es dable esperar, al menos, una autocrítica del jerarca del Departamento de Organizaciones Sociales, Lic. José Joaquín Orozco Salazar, pues nadie mejor documentado que él para saber del ilegal, arbitrario y totalitario proceso de destitución de la hora reconocida constitucionalmente, como la dirección legítima del sindicato Sintrajap. Este funcionario actuó como un verdadero sicario político en la maniobra anti-Sintrajap.
Otros dos notables funcionarios de carrera en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), los licenciados Eugenio Solano Calderón y Alfonso Solórzano Rojas, deben explicaciones públicas al respecto y, al menos, hacerse una autocrítica de cara al Movimiento Sindical Costarricense. Nadie mejor que ellos dos, por su ya larga trayectoria institucional sabían, desde un principio, la naturaleza aberrante del golpismo sindical en contra de Sintrajap.
Igualmente y ya en el ámbito penal, también el Exministro de Trabajo y Seguridad Social, Lic. Álvaro González Alfaro, debe rendir cuentas de su ilegal proceder porque él permitió la intromisión política de la Casa Presidencial que generó la aberración jurídica que hoy la Sala IV dejó en evidencia.
Jamás debe entregarse la soberanía jurídica de la cartera de Trabajo y Seguridad para poner y quitar dirigencias sindicales; mucho menos para colocar “_dirigentes_” afines a los gobiernos de turno, queriéndose acabar con la autonomía y la independencia de los sindicatos honestos.
Esperamos que, en este nuevo marco de condiciones, se agilice el proceso de tramitación de la acusación penal que presentamos en la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José, en torno al ofrecimiento del soborno de los 80 mil millones de colones; acusación contra los señores Oscar Arias Sánchez, Rodrigo Arias Sánchez, Álvaro González Alfaro, Marco Antonio Vargas Díaz y Francisco Jiménez Reyes.
En tal caso nuestros planteamientos acusatorios están, básicamente, centrados en presuntas violaciones a la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito. El licenciado Giovanny Hernández Mora, dirigente de ASDEICE, elaboró, con gran rigurosidad jurídica, este demanda penal.
Felicitamos, con toda vehemencia, las aportaciones teórica-jurídicas que dieron base a este histórico fallo. En especial, las que estuvieron a cargo del hoy diputado don José María Villalta Florez-Estrada, quien como asesor del ahora legislador don José Merino del Río y actuando a nombre de este despacho, acudió al tribunal constitucional en defensa del Estado de Derecho.
Igualmente, nos sentimos orgullosos del aporte, en igual nivel, que desde la ANEP hicimos para esta causa, en la persona del Lic. Mauricio Castro Méndez, Coordinador de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), de la organización.
Es también gran motivo de satisfacción el papel que tanto la ANEP como la CSJMP jugamos en esta coyuntura, actuando más allá del nivel jurídico, en diversos escenarios sociopolíticos, resaltando la histórica toma pacífica del despacho de la cartera de Trabajo y Seguridad Social.
También es de honrar la voluntad inquebrantable de la legítima dirección sindical de Sintrajap, encabezada por el Lic. Rolando Blear Blear. Jamás se rindieron y demostraron que la defensa de principios en el Movimiento Sindical y a favor del bienestar popular, sigue siendo una causa absoluta e imprescindiblemente válida.
San José, jueves 26 de agosto de 2010.
Albino Vargas Barrantes Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) Presidente Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
