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San José, 6 de enero de 2010.
S.G. 09-11-0334-10

Honorables señores
Lic. Roberto Thompson Chacón, Viceministro, Ministerio de la Presidencia.
Lic. José Luis Araya Alpízar, Viceministro, Ministerio de Hacienda.
Lic. Eugenio Solano Calderón, Viceministro del Área Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Sus despachos

Estimados señores:

De la manera más atenta y respetuosa, expresamos a sus dignas autoridades nuestro saludo; aprovechando para desearles en este año nuevo, grandes éxitos personales y familiares, así como profesionales e institucionales.

Deseamos dejar constancia por esta vía, de nuestras observaciones a la eventual promulgación de un decreto ejecutivo para atender el tema de nombramientos por plazos muy prolongados en condición de interinos, para todos los puestos que se encuentren sin titular en propiedad, en aquellas instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil (título I y II), según un primer borrador depositado en nuestras manos y con base en conversaciones iniciales que ha habido sobre este asunto.

Nos parece importante reseñar la congruencia de voluntades y de visiones compartidas ante esta situación, dada la comunidad de objetivos que en las conversaciones previas que hemos sostenido sobre la materia se ha manifestado, en cuanto a la necesidad de una acción tutelar efectiva de los derechos constitucionales de los servidores y de las servidoras que se han encontrado, por tiempos prolongados, en esta penosa situación; misma que ha abierto espacios para odiosas discriminaciones (como restricciones para ser sujeto de crédito); o bien, en deterioro de la autoestima personal y contra la estabilidad emocional; o, lo que ha sido peor, para que aquellos ejercicios irracionales de autoridad sobre la persona interina se manifiesten a través del chantaje, la intimidación, el miedo, con base a tal situación de incertidumbre laboral.

Tal y como está planteado, tal decreto resolvería el tema de los interinazgos prolongados en las instituciones amparadas el Régimen del Servicio Civil, sin embargo, queda pendiente el resto del sector Público. Consideramos que sería importante hacerlo extensivo a las instituciones homologadas o bien, a aquellas que se encuentran dentro del ámbito de la Autoridad Presupuestaria.

Si se opta por ampliar el ámbito de cobertura del decreto, habría que adecuar el requisito establecido en el artículo 2 del borrador al que tuvimos acceso, pues en algunas instituciones que no están amparadas al Régimen del Servicio Civil, no existe registro de elegibles. En este caso, consideramos que bastaría con que las personas estén nombradas interinamente y que ese nombramiento se haya dado una vez que demostró su idoneidad mediante los mecanismos y procedimientos establecidos en la institución que corresponda. Idéntico proceder habría que observar dentro del mismo Régimen de Servicio Civil, en aquellos puestos que no tengan lista de elegibles.

Proponemos que se reduzca el tiempo de nombramiento interino continuo de 3 a 2 años (inciso a, del artículo 2, del borrador), tal y como lo establece el Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, en el artículo 11 para el nombramiento sin oposición. A cambio, sugeriríamos que esos dos años se haya laborado ininterrumpidamente en el mismo puesto.

En el inciso c) del mencionado borrador, concordamos con la importancia de la evaluación de desempeño. Sin embargo, habría que disponer algo relacionado con una situación que hemos encontrado muy común en el Gobierno Central: que a muchas personas trabajadoras, por diversas razones, no se les realiza la evaluación de desempeño. ¿Qué pasaría con ellas? ¿Se les impediría obtener un nombramiento en propiedad por una razón ajena a ellas?…

Con relación al inciso d) del indicado borrador, nos parece que exigir como requisito la aprobación de la jefatura inmediata, mantiene un carácter subjetivo en los nombramientos. Creemos que en la práctica podría dar lugar a arbitrariedades y/o favoritismos personales. Consideramos que este requisito sale sobrando, pues parece suficiente con haber demostrado la idoneidad en el puesto no sólo superando las pruebas para ser nombrado, sino mediante la evaluación periódica de desempeño.

Sugerimos que con fundamento en los mismas razones que se han expuesto en el decreto para realizar los nombramientos en propiedad de quienes han estado en condición de interinidad por períodos prolongados de tiempo; se establezca una disposición que prohíba que en una institución pública exista una plaza sin propietario por más de dos años, indicando expresamente que en un término de 18 meses se debe realizar el concurso correspondiente para nombrar a la persona propietario de una plaza, para evitar que en el futuro se vuelva a dar una situación de interinazgos prolongados como la que tenemos en la actualidad.

Esperando su pronta respuesta para sentarnos a ultimar detalles y resolver de manera definitiva al respecto, con consideración nos despedimos,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

cc.: Lic. Rodrigo Arias Sánchez, Ministro de la Presidencia.
cc.: Licda. Jenny Phillips Aguilar, Ministra de Hacienda.
cc.: Lic. Álvaro González Alfaro, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Fax No. 2222 8085.
cc.: Personal interino del Estado.
cc.: Directorio Nacional, Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
cc.: Movimiento Sindical Costarricense.
cc.: Medios de Comunicación Colectiva.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Personal, Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), ANEP.
cc.: Personal, Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), ANEP.
cc.: Archivo.

07-01-10

Ante esta situación y desde una perspectiva laboral, diez gigantescos desafíos (por mencionar una agenda mínima de carácter sindical), nos muestran el sendero de lucha que tenemos por delante, apelando para ello a la organización y a la movilización en el marco del concepto sociopolítico de Democracia de la Calle.

Reiteramos la validez de la propuesta “Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva”, varias de las cuales resaltamos en este pronunciamiento sindical.

Resulta impostergable obligar a que nuestros gobernantes a que cambien ese pernicioso rumbo de favorecimiento hacia los reducidos grupos de poder económico que muestran una abusiva concentración de la riqueza, así como una desproporcionada influencia política en pro de sus intereses egoístas.

1- La transformación tributaria estructural.

Se requiere un cambio estratégico hacia un sistema impositivo de carácter progresivo que, al menos inicialmente, desacelere el veloz proceso de concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad y de la exclusión sociales. Resulta un verdadero crimen que, proporcionalmente hablando, sean las grandes mayorías, particularmente las asalariadas, las que sostengan la mayor dimensión de la carga tributaria actualmente vigente el país, misma que es de profundo sesgo regresivo. Entre otros cambios profundos, se requiere que los grupos económicos (en especial los del sector financiero privado), ganadores del crecimiento económico y que han venido controlando la política en los últimos gobiernos, empiecen a devolver algo de las enormes fortunas acumuladas y de las grandes rentas que obscena y lujuriosamente ostentan. Lo que ha venido sucediendo en las últimas administraciones con el control de la política económica en manos del “cártel de los banqueros privados”, indica cuál es la envergadura de este primer desafío. Por otra parte, muchos, pero muchos puestos laborales del sector Público, la política salarial en el mismo, así como la preservación de importantes programas sociales, dependen de tal transformación tributaria estructural.

2- Un nuevo salario mínimo con pleno respeto.

Siempre fue un grito al cielo desde las gargantas sindicales. Hoy tiene “carta de ciudadanía” y la legitimidad del dato es más que oficial: a una de cada tres personas asalariadas, no se le paga el salario mínimo de ley. Sobreexplotación criminal de la fuerza de trabajo que refleja, con absoluta claridad, la naturaleza del proceso de concentración de riqueza que se manifiesta en el país en la actualidad. Una pequeña luz nos queda en este largo túnel oscuro de la desigualdad y de la exclusión sociales: una propuesta sindical planteada desde nuestras organizaciones, fue aceptada en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS), para que luego de una década de vigencia, exista otra fórmula de cálculo del salario mínimo, con sentido redistributivo eficaz, o, al menos, de mayor dignidad.

3- Fortalecimiento de la inspección de trabajo.

Aunque esa nueva fórmula pudiera estar lista para la primera fijación salarial del 2010 (y ya con nuevo gobierno instalado en el Poder Ejecutivo), mantener el debilitamiento de la labor de inspección laboral a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en nada ayudará a aliviar la mencionada situación de sobreexplotación salarial indicada. He aquí un punto de estratégica reivindicación laboral que muestra la profundidad que tiene este segundo desafío: Se necesita de una agresiva política pública de la labor de inspección de trabajo y, por ende, es preciso fortalecer no solamente en este delicado ámbito, sino en otros conexos, el papel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

4- Recuperación de poder adquisitivo y de salarios crecientes progresivos.

La capacidad de consumo depende de forma directa de la política salarial y cuando ésta es de carácter restrictivo profundiza –entre otros factores negativos-, la contracción del mercado interno, el cual es altamente necesario para superar, con fuerza y solidez, la denominada “crisis”. Hay que ajustar los salarios a la variación de los precios de los artículos y de los servicios de una canasta básica de consumo basada en el concepto del “buen vivir”, para lo cual se requiere, por ejemplo, que los ajustes salariales dejen de responder a la inflación pasada para anticipar la inflación prevista. Así garantizaremos que el costo inflacionario se reparta de manera equitativa entre los sectores productivo y laboral.

5- Por la defensa del Código de Trabajo y contra la flexibilización laboral.

Debemos cerrarle el paso a las nefastas propuestas de la cúpula empresarial neoliberal para revertir, vía legislación, trascendentales conquistas históricas de la clase trabajadora costarricense que todavía están vigentes, según están comprendidas en nuestro Código de Trabajo. Es antiético e inmoral invocar el asunto de la “crisis” para involucionar el Derecho Laboral costarricense, sacrificando a quienes no tienen la menor responsabilidad por la imposición de un modelo económico generador de tal “crisis” y que es anticristiano y deshumanizado.

6- Un sistema de transferencias condicionadas para promover el Trabajo Decente.

Frente a las iniciativas que proponen la disminución de costos de producción vía disminución de derechos laborales, ya sea de hecho o de derecho (flexibilización laboral, disminuciones de jornada y reducciones de salarios), urge una política pública agresiva para establecer un sistema de “premios y castigos”, que promueva la protección y la creación de empleo y trabajo decente; con cumplimiento de estándares fundamentales, minimizando los despidos por causas económicas y, a la vez, desincentivando la competencia desleal, laboral y ambiental. Hay que establecer un sistema de apoyo y estímulo directo a las micro, pequeñas y medianas empresas de capital nacional y a las empresas de Economía Social, mediante una serie de transferencias condicionadas para mantener y promover el empleo y el trabajo decente.

7- Estabilidad laboral en el sector Público: límites al interinato.

La crisis financiero-económica que se mantiene en desarrollo, pese a las manipulaciones mediáticas de que, un día sí y otro también, dicen que se está “superando”, obliga a la defensa del empleo como uno de los mecanismos más eficaces para atenuar su impacto demoledor en contra de quienes son más débiles frente a esa crisis y sobre la cual no tienen la más mínima responsabilidad. En tal sentido y en el caso de la Administración Pública, urge el nombramiento en propiedad de una elevada cantidad de personas trabajadoras asalariadas mantenidas en condición de interinato por prolongados períodos de tiempo, años incluso. Esas largas permanencias son más que indicativos suficientes de idoneidad laboral efectivamente demostrada en los cargos interinos que se han venido ocupando. Esperamos que una propuesta que ya hemos formulado en tal sentido y que está en conocimiento del Ministerio de la Presidencia, se convierta en un acuerdo Gobierno-sindicatos antes de que termine la actual administración.

8- Plan solidario para rescatar a personas altamente endeudadas.

Ante el altísimo endeudamiento y la creciente morosidad, es urgente contar con un plan de rescate financiero de las personas físicas altamente endeudadas para: a) reestructurar sus deudas; b) recuperación de su autoestima; y c) capacitación en torno al consumo responsable y a una adecuada gestión presupuestaria familiar. Adicionalmente, hay que fijar límites en las tarjetas de crédito, al menos en términos de tasa básica pasiva más un porcentaje predefinido del 10 %.

9- Libertad Sindical y compromisos internacionales pendientes.

El nuevo Gobierno, no más entrando a realizar su gestión, tendrá que dar la cara ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por la tomadura de pelo y la burla política que le hizo la administración Arias Sánchez en cuanto a poner al día a Costa Rica con legislación laboral pendiente, dada la pertenencia del país a tal institución global que regula las relaciones laborales a nivel planetario. Por ejemplo, la actual fracción legislativa oficialista, por indicación expresa de la Casa Presidencial, bloqueó (empleando varias formas de filibusterismo parlamentario), la aprobación del proyecto de ley 13.475, parte esencial de esos compromisos internacionales en materia laboral reiteradamente deshonrados por parte los últimos gobiernos, incluido el actual, para el descrédito de nuestro país. Esto tiene un costo político externo bastante delicado y, además, está posibilitando el avance de nuestra denuncia al respecto, interpuesta desde mediados del 2009, en el seno del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP-Plus), de la Unión Europea (UE). Otros compromisos pendientes, como la Reforma Procesal Laboral y la aprobación de los convenios de la OIT, números 151 y 154, en materia de Negociación Colectiva, agravan la situación de rendición de cuentas internacional para el nuevo gobierno.

10- Nuevos escenarios para la Democracia de la Calle.

La nefasta senda de la concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad social, así como sus principales derivados: la violencia, la inseguridad y la corrupción; ameritan modificaciones estructurales para el surgimiento de políticas públicas de signo realmente distributivo. Sin embargo, tales cambios, necesarios para una revitalización de nuestra alicaída institucionalidad democrática, solamente serán posibles a través de sistemáticas y sostenidas movilizaciones ciudadanas que, bajo el concepto sociopolítico de Democracia de la Calle, generen las condiciones de fortaleza imprescindibles para abrir espacio a tales cambios. Éstos, además, se requieren para la construcción de esa nueva hegemonía política que ha de reinstaurar la búsqueda y promoción del bien común como el motivo central de toda acción gubernativa. Apostamos en tal dirección y brindaremos nuestros mayores esfuerzos por el relanzamiento del potencial democrático de la movilización ciudadana, dentro de la cual, la acción sindical es vital. Además, la unidad de todas las fuerzas sociocívicas, mediando la reconstrución de una articulación con sentido estratégico, es imperativo esencial para una democracia realmente renovada y cualitativamente transformada.

San José, domingo 3 de enero de 2010.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)

La violencia antisindical no baja la guardia en Colombia, se mantuvo en pleno vigor en este 2009. A trece días de terminar el año, los registros de la ENS dan cuentan de 37 sindicalistas asesinados, cifra que resulta muy preocupante, aunque supone una reducción con respecto a los dos años anteriores (39 en 2007 y 49 en el 2008).

Pero también este año los y las sindicalistas fueron objeto de múltiples amenazas, desplazamientos, detenciones arbitrarias, hostigamientos, torturas, allanamientos ilegales y desapariciones. Además se registraron 7 atentados de muerte, que afortunadamente no lograron su objetivo.

Es de anotar que algunos de estos registros pueden aumentar cuando se consoliden todos los datos del país, algo que regularmente ocurre a finales de enero. Y con respecto a las amenazas, un caso reciente y alarmante se presentó la semana pasada en el municipio de Anserma, departamento de Caldas, donde 18 educadores, miembros del sindicato Educal, fueron intimidados y extorsionados por personas que se presentaron como de las “Águilas Negras”.

En la lista de homicidios figuran 16 dirigentes sindicales, es decir, el 43,3% del total, lo que demuestra que la violencia se ha concentrado en atacar el liderazgo y la cabeza del movimiento sindical. Este es un porcentaje que sobrepasa el dato histórico, que señala que, en promedio, el 25,8% de los asesinados son dirigentes sindicales.

Entre los asesinados se encuentran 34 hombres y 3 mujeres, una de ellas fue la odontóloga Vilma Cárcamo Blanco, dirigente sindical de ANTHOC, quien junto con otros dirigentes lideraba las jornadas de protesta en Magangué, Bolívar, para reclamar el pago de salarios atrasados y presionar la negociación del pliego de peticiones de trabajadores y trabajadoras del sector de la salud.

El último caso de homicidio se registró el 27 de noviembre en Saravena, Arauca, en la persona de Alberto Jaimes Pabón, miembro de Fensuagro, sindicato que fue el más afectado por la violencia este año: 6 de sus miembros fueron asesinados. Le siguió Asedar con 3, y Anthoc y Ademacor con 2.

Por regiones, el sindicalismo más golpeado fue, de lejos, el del departamento de Arauca, con 8 casos de homicidio; seguido de Santander con 4, Córdoba con 3 y Bolívar y Risaralda con de a 2.

Una retrospectiva histórica da cuenta de que en los últimos 24 años la violencia antisindical ha cobrado en Colombia la vida de 2.719 personas, se han registrado 4.400 amenazas, se han generado más de 1.600 desplazamientos, más de 600 detenciones arbitrarias, 280 hostigamientos, ha habido atentado contra la vida de los y las sindicalistas en por lo menos 238 ocasiones, 190 desapariciones, 162 secuestros, 79 casos de tortura, 47 allanamientos ilegales y ha segado la vida de por lo menos tres familiares de sindicalistas en represalia por el activismo de los trabajadores.

El caso de Anserma

Según Rubio Osorio González, vicepresidente del sindicato de educadores de Caldas, Educal, un serio problema se presentó en el colegio agropecuario Jerónimo Tejelo del municipio de Anserma, donde la totalidad de sus educadores, 18, recibieron amenazas escritas por parte de un grupo que dijo ser de las “Águilas Negras”, y que conminó a cada uno a pagar un millón de pesos, porque de lo contrario atentarían contra ellos.

En días anteriores el rector de este plantel, Hugo Valencia, había sido abordado al parecer por el mismo grupo, y poco faltó para que perdiera su vida. Lo mismo ocurrió con otras dos educadoras que se tuvieron que desplazar al municipio de Neira; con Eduard Cano, activista del sindicato de maestros en Anserma e integrante de la Alianza Social Indígena, quien tuvo que huir de la población; y con el educador Javier Mauricio López Arias, del colegio La Milagrosa del vecino municipio de Viterbo, también desplazado por amenazas.

Osorio González afirmó que un hecho que agrava la situación de los docentes es la respuesta que les dio el fiscal que tuvo conocimiento el caso, quien se negó a recibir la denuncia individual de cada uno de los amenazados, por considerar que no era algo relacionado con sus actividades sindicales y docentes sino un caso de delincuencia común, toda vez que, según este fiscal, el paramilitarismo en la región se acabó y las llamadas “Águilas Negras” no existen. Al respecto él dirigente de Educal señaló: “Eso es de dudar, porque sabemos que en la zona del occidente de Caldas hay muchos educadores que están siendo extorsionados por grupos al margen de la ley, pero que no denuncian por temor”.

Ante la gravedad de estos hechos los 18 educadores amenazados en Anserma solicitaron reubicación en otros colegios de Caldas, y la respuesta que obtuvieron de la Secretaría de Educación del Departamento es que no hay plazas disponibles para tales reubicaciones.

Por otra parte, el señor Osorio González denunció que esta semana el DAS retiró los esquemas de seguridad que tenían los dirigentes sindicales de Educal en Caldas.

Agencia de Información Laboral
Escuela Nacional Sindical
Trabajo decente, Vida digna
Colombia