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Seccional Policía de Migración se reunió con Ministro de Seguridad

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El Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración, Gerardo Mora se reunió con el Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto con el objetivo de mostarle las necesidades de la Policía Profesional de Migración.

Durante la reunión se trataron temas como faltante de personal, cursos policiales, inclusión en cursos de escalas jerarquicas del Estatuto Policial, así como apoyo al proyecto de ley que busca dotar de recursos a la Policía Profesional de Migración.

Durante la reunión el Ministro de Seguridad reconoció las necesidades de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, pero a la vez, indicó las carencias económicas existentes en el MSP para poder brindar el apoyo necesario y debido a es cuerpo policial.

Conversamos con Gerardo Mora sobre los alcances de la reunión sostenida en el despacho del Ministro de Seguridad Pública.

A continuación el desgloce de los puntos abordados en la reunión.

1) Solicitar apoyo al Proyecto de Ley Expediente N° 20323 que propone una modificación puntual al Artículo 11 de la Ley 9428, para que de los recursos recaudados por concepto del Impuesto a las Personas Jurídicas se destine un 5% a Dirección General de Migración y Extranjería, para que sean utilizados en el fortalecimiento de la Policía Profesional de Migración y Extranjería.

La Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), es una dependencia jurídica y presupuestaria del Ministerio de Gobernación y Policía y no del de Seguridad Pública, adolece de una grave falta de personal pese a que se ha incrementado de manera muy sensible la intervención de la misma por fenómenos sociales como los siguiente:

a) incremento en la visitación turística aeropuertos y puertos;
b) problemas con el fenómeno de inmigrantes;
c) Problema del narcotráfico con la presencia de extranjeros involucrados;
d) la trata ilegal y el tráfico de personas;
e) falsificación de documentos, fraude, falsedad ideológica y corrupción con participación de extranjeros que llegan al país a realizar este tipo de prácticas;
f) el también creciente ingreso de ilegales como el conflicto que hubo y no se ha parado de inmigrantes de Africanos,
g) el conflicto en Crucitas,
h) la crisis en Nicaragua que está provocando el incremento de solicitudes de refugio, así como el aumento de ventas ambulantes,
i) la falta de infraestructura.

El Expediente N° 20323 se encuentra en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico quienes mediante oficio No. AL-CPSN-OFI-0029-2018 de fecha 28 de junio de 2018, nos están consultando para que nos refiramos al texto base del mismo. Reforma del artículo 11 de la Ley de Impuestos a las personas jurídicas, del 22 de marzo de 2017 y sus reformas, para dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, para fortalecer la Dirección de la Policía Profesional”, en la sesión N° 4 del 21 de junio de 2018, se acordó consultar dicho texto base a nuestra organización.

2) Solicitar que la Escuela Nacional de Policía, dé los Cursos que la Policía Profesional de Migración requiere.

Actualmente hay aproximadamente 100 Oficiales de Alta sin el Curso Básico Policial y para este año aparentemente no se ha programado que la Escuela Nacional de Policía imparta el Curso de Alta, la ENP no ha enviado información a la Unidad de Capacitación de Migración para cuando está programado dicho curso.

Con el propósito de no afectar la operación policial, solicitamos con todo respeto que por la vía de convenio faciliten personal policial para que sustituyan a los Oficiales que asistirán a realizar el Curso Básico Policial de Alta, así como oficiales para reforzar las oficinas policiales regionales.

3) Solicitar que la Escuela Nacional de Policía incluya a la Policía Profesional de Migración en los Cursos de Escalas Jerárquicas del Estatuto Policial.

Escala Básica:
a) Agente de Policía
b) Inspector de Policía
c) Sargento de Policía
Oficiales Ejecutivos:
a) Sub intendente
b) Intendente o Capitán

Oficiales Superiores
a) Comandante
b) Comisionado
c) Comisario

4) Propuesta de Curso Introducción a los conocimientos Generales de la Función Policial Migratoria:

La Policía Profesional de Migración se encuentra en una transición, en donde sus oficinas policiales serán comandadas por funcionarios estrictamente con nombramientos policiales, en aras de cumplir con lo establecido en la Ley General de Migración y Extranjería N°8764, en su artículo 18 y el Reglamento de la Policía Profesional de Migración, así como la Ley General de Policía 7410 y su estatuto policial.

Los oficiales de la Policía Profesional de Migración, deberán de contar con la preparación debida para cumplir con las potestades emanadas por la ley citada, es por ello que nace la necesidad de que en la Dirección general de Migración y Extranjería (DGME), exista un Curso Básico de Conocimiento Generales de la Función Policial Migratoria, pero especializado en la materia, que sea capaz de profesionalizar y perfeccionar sus conocimientos en el área técnico policial y jurídico, para que surja un resultado acorde a las necesidades institucionales, que permita discernir y decidir situaciones diversas en el campo migratorio y elevar la calidad del servicio policial migratorio a nivel profesional.
La propuesta de este Curso Básico, va enfocado a solventar en poco más de DOS MESES Y MEDIO, este tipo de necesidades, utilizando en todo momento los recursos en cuanto a instalaciones, personal y material didáctico de nuestra institución, y deberá de ser impartido por profesionales en las diferentes oficinas, ya que existe un material humano de mucho valor, experiencia y conocimiento.

Cobro judicial en alerta por falta de personal en Hacienda

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El departamento de cobro judicial del Ministerio de Hacienda se encuentra en alerta roja por falta de personal, lo cual ha llenado de “frustración” y una excesiva carga de trabajo a los funcionarios que tratan de atrapar a los evasores.

La advertencia la hicieron Rosibel Lobo, coordinadora de la unidad legal y José Joaquín Porras, coordinador de la unidad administrativa, a través de una carta enviada a los jerarcas del Ministerio el 21 de junio anterior.

“Existe una situación, debemos recaudar, pero también dar prioridad a las solicitudes de prescripción; las cuales ingresan en masa y la escasez de recursos es demasiada y se está volviendo casi imposible realizar las dos funciones a la vez”, indica la carta.

La unidad de cobro judicial del Ministerio de Hacienda se encarga de los cobros y las notificaciones a los deudores y evasores, entre otras tareas.

Al 21 de junio había 287 embargos judiciales pendientes de presentar ante la banca nacional y privada; además de 174 comisiones tramitadas en todo el país y 122 avisos de cobro que debían ser presentados cuanto antes, con el objetivo de interrumpir el plazo de la prescripción.

En ese sentido, los funcionarios se quejan de que es “materialmente imposible” la notificación de los documentos si no se cuenta con el suficiente personal y destacan que la situación los está afectando “física y mentalmente” e incluso parte del personal se está enfermando.

Para resolver el problema, piden a Priscila Piedra, directora general de Hacienda, que se ejecute la ley para mejorar la lucha contra la evasión fiscal, la cual establece fiscales de cobro en todo el país en las cantidades necesarias para gestionar las deudas a su cargo, por lo que todos los casos no se estarían resolviendo en San José.

Sugieren que se dote de mayor personal en las áreas técnicas y de archivo, además de profesionales en derecho, que permitan resolver los casos más rápidamente.

“Consideramos nuestro derecho conocer el avance de la aplicación de la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, regionalizar el cobro judicial y atacar correcta y eficientemente el cobro (…) Así como valorar llevarse el cobro judicial a otra oficina el trámite de prescripción de tributos, por cuanto, nuestra razón de ser es “cobrar” no “dejar de cobrar”, agrega la misiva.

Mientras tanto, el gobierno sabe de los graves problemas en el departamento de cobro judicial y por ello ya toma acciones para reducir la carga laboral.

Entre las medidas tomadas se encuentra la asignación de más personal para atender los casos de cobro judicial y prescripción.

“Esta administración se encuentra comprometida con el fortalecimiento de la División de Adeudos Estatales, desde el 8 de mayo se han analizado opciones, dentro de las que se están concretando la asignación de tres jefaturas a funcionarios capacitados, el traslado temporal de dos plazas de profesionales en derecho para fortalecer el proceso de cobro y el traslado dentro de la misma institución, de tres plazas administrativas para apoyar la gestión diaria de los procesos. Asimismo, buscamos un convenio con Correos de Costa Rica para notificar los embargos”, dijo Piedra.

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda niega que la falta de personal para realizar los cobros judiciales socave las intenciones del gobierno de cobrar nuevos impuestos a través del IVA y varios cambios a la renta.

Eso es precisamente lo que está haciendo, al menos desde la óptica del sector sindical, quien reclama al gobierno una mejor recaudación fiscal, además de revisar las exoneraciones que hoy disfruta el sector productivo.

“Podemos señalar con absoluta certeza, que los problemas fiscales tienen su origen principalmente en los siguientes aspectos: Una altísima evasión tributaria (8,22% PIB), elusión y evasión comercio exterior (38,8% PIB), gasto tributario por exoneraciones y privilegios fiscales (5,34% del PIB) y costo de desgravaciones arancelarias vía los TLC (2,5% del PIB). Si se empieza por reformar esos aspectos, hay mucho espacio fiscal para resolver estructuralmente el asunto del déficit y dotar de recursos frescos al Estado”, dijo Albino Vargas, secretario de Patria Justa.

El problema
El gobierno trata de luchar contra el déficit fiscal por medio de la aprobación de nuevos impuestos, sin embargo, si no recauda adecuadamente a lo que ya tiene derecho por ley, los actores sociales y políticos se negarían a validar nuevos tributos (cifras en porcentaje del PIB).

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Sindicatos entregan propuesta fiscal

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Comunicado de Prensa

Esta tarde, el Movimiento Sindical entregó a los representantes del gobierno, una propuesta fiscal progresiva y equitativa, que permitiría la recaudación de recursos financieros sin necesidad de imponer más impuestos al pueblo costarricense.

Algunas medidas de carácter inmediato entregadas este lunes, podría significar entre un 3% y 4% del producto interno bruto, recaudando recursos frescos para el Estado, en temas como impuesto sobre grandes utilidades, aduanas, impuesto a las transacciones financieras internacionales, entre otros.

Además, el Movimiento Sindical tiene diversas propuestas en materia tributaria que podríamos denominar de contingencia, que garantizan la entrada de nuevos recursos, propuestas estructurales orientadas a lograr mayor progresividad y equidad tributaria e iniciativas orientadas a corregir los mecanismos que estimulan el fraude fiscal. Las propuestas más destacadas son:

1-Impuesto sobre grandes utilidades

De un 30 a 36 % solamente para los grandes contribuyentes (empresas que tributan ¢250 millones de colones o más, o con renta bruta de ¢40 mil millones o más; o con activos de ¢40 mil millones de colones o más, que corresponde aproximadamente a las 400 empresas más grandes del país. Puede ser transitorio.

2-Ejecución eficaz de la valoración aduanera.

Creación del Registro de Ejecución Eficaz de la Valoración Aduanera, para que contenga una lista actualizada y detallada de las características de las operaciones comerciales de todos los sujetos que realizan importación de mercancías y así asegurar que a los importadores les sea imposible la no declaración del costo por canon y derecho de licencia.

3-Implementación de escaneo de contenedores para la inspección intrusiva

El escaneo de contenedores permite obtener información sin la necesidad de abrir o manipular la mercadería que se encuentra en su interior. Al proceso se le denomina como inspección no intrusiva (INI). La aspiración final es que el país cuente con equipos de escaneo de contenedores en los 7 puntos de ingreso y salida de contenedores y para los equipos de paquetería postal. La experiencia de otros países plantea que se puede duplicar la recaudación aduanera en un plazo de 3 años. Para el caso costarricense, los datos al 2015 expresaron unos 3 puntos PIB de recaudación aduanera sin contar con el sistema de escáneres. La pretensión es aumentar en un punto porcentual anual durante los próximos 3 años, duplicando la recaudación por escaneo para que llegue a 6 puntos PIB. De la operación del sistema de escaneo, debe encargarse una empresa pública estatal.

4- Impuesto a las transacciones financieras internacionales

Se propone la adición de un nuevo artículo 81 Bis a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR) para establecer recargos sobre los capitales provenientes del exterior cuya permanencia en el país sea menor a un año, y podrá discriminar en la tasa impuesta conforme al plazo de permanencia. Esto como una medida de carácter solidario para colaborar con el estado de las finanzas públicas, y como medida discrecional de política monetaria. Complementariamente, se puede establecer un peaje por cada transacción bancario-financiera superior a un determinado monto para no afectar operaciones típicas de ingresos medios. La negociación debe determinar las diferentes gradaciones de la norma a fin de lograr un 0.25 puntos PIB por esta vía.

5-Impuesto a las utilidades financieras del cobro usurero de tarjetas de crédito y otros

Los últimos estudios indican que, en promedio, los bancos privados tienen una tasa del 50-54%, mientras que los bancos públicos son del orden del 35%; y, que, el endeudamiento por este mecanismo está llegando a los 4 puntos PIB. El sector financiero, público y privado, debe aportar, solidariamente, para la crisis fiscal en función de sus exorbitantes ganancias. Conservadoras estimaciones indican que este negocio puede oscilar entre el 1.3 y el 1.4% del PIB. La iniciativa de ley al respecto debe incluir, al menos, dos grandes ámbitos: 1) Reducción-regulación de la tasa de interés para disminuir los costos para el tarjetahabiente y que éste pueda enfrentar, más holgadamente su deuda. 2) Imponer una tasa de contribución solidaria que equivalga a un 0.25 puntos PIB del monto de ganancia por intereses abusivos en crédito vía tarjetas de crédito. Se debe incluir otros intereses abusivos y el aporte solidario esperado.

6-Contribución solidaria del sistema de exenciones para zonas francas

Luego de 30 años de disfrutar de un sistema de exenciones-exoneraciones de alto calado, se propone una tasa-contribución solidaria para todas las zonas francas, distribuidas entre sí para un aporte conjunto equivalente a un cuarto de punto PIB.

7-Establecer los principios de Renta Global y Renta Mundial

Incorporar dichos principios tributarios para empezar a revertir la regresividad de la estructura tributaria costarricense.

Sin necesidad de nuevos impuestos para las mayorías populares, especialmente para el pueblo trabajador, se pueden incorporar recursos fiscales frescos, en el cortísimo plazo, con estas 7 medidas de propuesta sindical anteriormente señaladas.

Seguidamente, se requiere abrir el diálogo político-social para la discusión estructural del tema fiscal del país, para medidas de corto, de mediano y de largo plazo; que al menos considere los siguientes aspectos:

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En tema del sistema licitatorio-compras del Estado, queremos llamar la atención en cuanto a lo que la Contraloría General de la República (CGR) indica en sus “Estadísticas sobre Compras con Fondos Públicos”. Revisando el “Informe Anual de la Actividad Contractual”, tenemos que para el pasado año 2017, ésta ascendió a 1.585.163.949.422 (un billón 585 mil 163 millones, 949 mil 222 colones), lo que equivale a 4.52 puntos PIB. Y, doblemente llama la atención el siguiente dato: Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), dispuso en compras públicas la cantidad de 260.854.045.372 millones de colones; y, por su parte, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), 194.759.012.558 millones de colones. Ambas instituciones destinan en compras al sector privado, el 28,75 % de esos 4.52 puntos PIB.

Y, si seguimos analizando con más cuidado y puntillosidad, solamente dos empresas reciben solicitudes-órdenes de compra por el orden de los 421.860.378.115 millones de colones, lo que equivale 1.20 puntos PIB. Es decir, estas dos empresas se llevan el 26.61 % de los fondos públicos destinados al rubro de licitaciones-compras del Estado.

Como notarán, cualquier cantidad de interrogantes surgen al respecto si, de verdad, con real seriedad, este país quiere dar una discusión integral sobre el déficit fiscal.

Desde el movimiento sindical, tenemos propuestas diversas sobre los aspectos tributarios y fiscales que requiere el país y consideramos que, si existe voluntad política real, una verdadera mesa de diálogo en que se aborden dichas propuestas, partiendo de la premisa de la búsqueda de la justicia fiscal, es el mejor escenario para llegar a acuerdos sustentables, duraderos y que permitan garantizar el desarrollo, el crecimiento, la inclusión y la justicia social.

Las propuestas presentadas por el Movimiento Sindical representan un esfuerzo de análisis de diversos sectores sobre el escenario económico-social por el que atraviesa el país.

En forma atenta,

POR MOVIMIENTO SINDICAL COSTARRICENSE

A continuación el documento presentado al Gobierno

Movimiento Sindical Ms-002-2018 -Propuestas Movimiento Sindical Lunes 9 de Julio 18 (1) by EugenioGuerrero on Scribd

Seccional Policia de Migración se reunió con Diputada que cuestionó control en puesto fronterizo

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El presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería, Gerardo Mora Ordoñez se reunió con la diputada, Ivonne Acuña con el objetivo de detallarle las necesidades de la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), luego de que la legisladora cuestionara el control en la frontera sur de nuestro país.

En la reunión el Presidente de la Seccional entregó un documento a la diputada donde le detalla el funcionamiento de la PPME, así como el faltante de personal,así como del equipo e indumentaria; como por ejemplo la carencia del arma de reglamento.

Mora Ordoñez, también aprovecho la visita para solicitar el apoyo en el Proyecto de Ley Expediente N° 20323 que propone una modificación puntual al Artículo 11 de la Ley 9428, para que de los recursos recaudados por concepto del Impuesto a las Personas Jurídicas se destine un 5% a Dirección General de Migración y Extranjería, para que sean utilizados en el fortalecimiento de la Policía Profesional de Migración y Extranjería.


Gerardo Mora sobre reunión con Ivonne Acuña

Compartimos el documento presentado a la legisladora

San José, 05 de Julio de 2018.
GM-05-07-2018

Señora
Ivonne Acuña Cabrera
Diputada
Asamblea Legislativa
Honorable señora Diputada

Reciba un respetuoso saludo de la Seccional Anep Policía Profesional de Migración, con relación a sus manifestaciones en el plenario sobre su visita a Sixaola hacemos de su conocimiento lo siguiente:

La Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), es una dependencia jurídica y presupuestaria del Ministerio de Gobernación y Policía y no del de Seguridad Pública, adolece de una grave falta de personal pese a que se ha incrementado de manera muy sensible la intervención de la misma por fenómenos sociales como los siguiente: a) incremento en la visitación turística; b) problemas con el fenómeno de inmigrantes; c) su papel en el creciente problema del narcotráfico con la presencia de extranjeros involucrados; d) la trata ilegal y el tráfico de personas; d) falsificación de documentos, fraude, falsedad ideológica y corrupción con participación de extranjeros que llegan al país a realizar ese tipo de prácticas; e) el también creciente ingreso de ilegales como el conflicto que hubo y no se ha parado de inmigrantes de Africanos, f) el conflicto en Crucitas, g) la crisis en Nicaragua y h) la falta de infraestructura.

Mientras crece el número de turistas en el país, de manera inversamente proporcional no aumenta el número de Oficiales de Migración y esta situación se repite en todos los puestos fronterizos del país. Está prevista la ampliación del aeropuerto Internacional Daniel Oduber en la Ciudad de Liberia Guanacaste, además la Construcción de un Aeropuerto Internacional de Orotina, la Construcción de un Aeropuerto Internacional de Limón, por lo que el Gobierno debe de contratar esas necesidades a mediano y largo plazo.

Seguidamente le explico el sistema operativo de la Oficina Policial de Migración en Sixaola entre sus funciones operativas de acuerdo a la Ley General de Policía No. 7410 y Ley General de Migración y Extranjería No. 8764 las funciones son, el control migratorio de persona:, en dicha oficina hay seis funcionarios Policiales destacados con roles de seis días de trabajo y tres días libres (conocido como 6× 3) en horario de siete de la mañana a cinco de la tarde, de los cuales el día de su visita a Sixaola, uno estaba en un curso de capacitación, uno libre y otro en vacaciones, han despedido dos oficiales que no han repuesto sus plazas ,solo quedaban tres para atender el control migratorio de entradas y salidas en ventanillas.

El personal policial no puede realizar labores de campo o control migratorio en vía pública debido a los siguientes motivos que expongo a continuación:

1) El personal policial no porta el equipo policial que le corresponde (arma de reglamento), debido a las condiciones de infraestructura del lugar y seguridad, la oficina no cuenta con una caja fuerte para tener armas y los oficiales no pueden hacer labores de campo sin este equipo policial, por esta razón no pueden salir.

2) Debido al faltante de personal solo se realiza el control migratorio de entradas y salidas, permisos vecinales, permisos y autorizaciones a personas menores de edad, traslados a la fiscalía, atención de indocumentados, asistencia a otros cuerpos policiales en atención a extranjeros en condición irregular, entre otras funciones policiales.

Con todo respeto señora diputada y agradecemos su preocupación sería importante que usted visitara las instalaciones y conversara con los oficiales sobre sus inquietudes.

Sobre el movimiento de personas en la frontera (desplazamiento sin control migratorio) quiero informarle que existe un acuerdo binacional con Panamá en donde se acuerda una zona de tolerancia de 300 metros después del puente a cada lado, para fomentar el comercio entre costarricenses y panameños, este mismo aplica en Paso Canoas, donde pueden transitar sin pasaporte, solamente con la cédula de identidad.

El control de mercancías no nos corresponde a los oficiales de de la Policía profesional de Migración, sino a las Autoridades del Ministerio de Hacienda (Aduana y Control Fiscal).

Con relación a las condiciones de la Fuerza Pública, el Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública lo había denunciado ante el Ministerio de Seguridad Pública, así como ante el Ministerio de Salud, el plazo que le dio la Sala Constitucional al MSP, para reparar las delegaciones de Sixaola y otras delegaciones, vence en julio del 2018.

Es importante que se incremente el número de personal de Sixaola para la mejor atención a los usuarios, el Sindicato en reiteradas ocasiones ha realizado gestiones, recomendaciones y observaciones con respecto al tema, sobre las mismas preocupaciones que usted expreso en el Plenario de la República.

Con la apoyo de diecinueve Señores y Señoras Diputados de la Legislación anterior hemos presentado el Proyecto de Ley Expediente N° 20323 que propone una modificación puntual al Artículo 11 de la Ley 9428, para que de los recursos recaudados por concepto del Impuesto a las Personas Jurídicas se destine un 5% a Dirección General de Migración y Extranjería, para que sean utilizados en el fortalecimiento de la Policía Profesional de Migración y Extranjería.

El Expediente N° 20323 se encuentra en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico quienes mediante oficio No. AL-CPSN-OFI-0029-2018 de fecha 28 de junio de 2018, nos están consultando para que nos refiramos al texto base del mismo. Reforma del artículo 11 de la Ley de Impuestos a las personas jurídicas, del 22 de marzo de 2017 y sus reformas, para dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, para fortalecer la Dirección de la Policía Profesional”, en la sesión N° 4 del 21 de junio de 2018, se acordó consultar dicho texto base a nuestra organización.

Por lo anterior le solicitamos con todo respeto, su apoyo y el apoyo de su fracción a dicho proyecto de ley.

Agradecemos, el interés que su persona a puesto en este sector del país tan vulnerable y abandonado por el Estado, por lo manifestado en el Plenario de la República; le solicitamos muy respetuosamente que le de seguimiento y le exija a las autoridades competentes la intervención inmediata, para la protección de una de las Fronteras mas vulnerables de nuestro país, a efecto de que se cumpla con las mejoras de infraestructura, incremento de Recurso Humano, equipo policial, servicio a los usuarios, entre otras necesidades.

Gracias Señora Diputada, por su valiosa intervención y el apoyo que le pueda brindar a la Sociedad Costarricense.

Agradecemos su valiosa atención a la presente solicitud.
Atentamente,

Gerardo Mora Ordóñez
Directivo Nacional de ANEP
Presidente Seccional ANEP-PPME

Seccional ANEP-Alunasa entregó carta dirigida al presidente Trump

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La Seccional ANEP-Alunasa entregó la tarde de este viernes una carta dirigida al Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump donde manifiestan la grave situación económica-social por la que están pasando 277 trabajadores de la empresa Alunasa, situación que se complicó aún más, con la declaratoria realizada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. al indicar que la empresa venezolana fue utilizada para lavar dinero.

Según indica la carta, dicha declaratorio del Departamento del Tesoro provocó que el sistema bancario costarricense procediera de forma inmediata a cerrar todas las cuentas bancarias de Alunasa lo que imposibilitó el pago de salario a los trabajadores.

“Esto se da pese a que en dicha declaratoria no se puntualiza ninguna acción concreta en la que Alunasa hubiese sido utilizada para realizar el ilícito referenciado”, indica el documento.
Otro de los puntos que detalla la Seccional ANEP-Alunasa, es que a la fecha no existe ninguna investigación judicial en nuestro país contra la empresa de Aluminios radicada en Juanilama de Esparza por lavado de dinero.

“El 29 de junio, recibimos un comunicado oficial de la Fiscalía Adjunta de Legitimación de Capitales de Costa Rica, en el mismo nos indican que, no existe al día de hoy en esta fiscalía adjunta ninguna investigación penal abierta o en trámite, en relación con los señalamientos extraídos de la noticia difundida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América”, indica el escrito.

Además, en la carta la Seccional ANEP-Alunasa detalla la forma de operación de la empresa de Aluminio en nuestro país, a la vez, que apelan a la sensibilización del Presidente de los Estados Unidos en busca de una solución a esta situación que mantiene a decenas de familias sin recibir sustento y la actividad económica de un pueblo completamente desacelerada.

“Es muy importante aclarar, que Alunasa es una empresa que opera bajo el régimen de zona franca en Costa Rica, con un perfil de empresa privada, que aunque ciertamente su dueño es el estado de Venezuela, no mantenemos ningún tipo de relación más allá de la referente al negocio que nos ocupa. Cabe enfatizar, que el dinero producido mediante nuestra operación productiva y comercial, es utilizado en su totalidad para mantener las operaciones de nuestra empresa, principalmente en salarios, compra de insumos y otras operaciones comerciales relacionadas con la empresa, agilizando la economía local, tomando en cuenta que una gran parte de nuestros proveedores, son otras empresas ubicadas en Costa Rica, tanto en el sector privado como en el público”, indica la Seccional.

La carta dirigida al Presidente de los Estados Unidos de América fue entregada al representante Diplomático-Agregado Laboral de la Embajada de Estados Unidos, Tim Huson, quien visitó la ANEP para tratar diversos temas referentes a la situación social-económica que atraviesa Costa Rica.

Municipalidad de Turrubares se niega a reinstalar trabajador pese a orden de un juez

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Roger González, operador de equipo móvil se presentó este miércoles al municipio, en compañía del abogado de la Anep, Gustavo Hernández, Jorge Campos promotor de la ANEP y el regidor municipal Luis Salazar para hacer efectiva su reinstalación, sin embargo esta fue rechazada por el director del procedimiento municipal.

Video: ANEP cuestiona y repudia fallos de la Sala Constitucional sobre el tope de cesantía

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) cuestiona los fallos de la Sala Constitucional con respecto al tope de la cesantía de ocho años en el sector público, debido a que dichos pronunciamientos han afectado la autonomía del sector municipal y la negociación en las Convenciones Colectivas de Trabajo.

Los cuestionamientos de la ANEP hacia la Sala se basan en que las cesantías superiores a los 8 años existen y están contempladas en la Ley de Protección al Trabajador (LPT), en el Estatuto del Servicio Civil para restructuraciones, en el caso de privatizaciones (Incop), en las Asociaciones Solidaristas (incluidas las del sector público) y en las Convenciones Colectivas.

“La jurisprudencia reiterada de la Sala IV ha sido que lo que está en Convenciones Colectivas de Trabajo se considera Ley de la República y por tanto, la misma Sala ha refrendado o ratificado todas las cesantías superiores a ocho años cuando se presentan acciones de inconstitucionalidad”, explicó Albino Vargas, Secretario General de la ANEP.

Para el sindicato, la Sala Constitucional podría estar aplicando “discriminación antisindical” ya que a las asociaciones solidaristas del sector público no se les ha puesto un tope de cesantía, y estas últimas también requieren del aporte estatal.

“¿Cómo reaccionaría la Sala Constitucional? ante la eventualidad de una acción de inconstitucionalidad contra la propia Ley del Solidarismo y contra la Ley de Protección al Trabajador dado que ambas contemplan topes de cesantía superiores a ocho años y sin ningún límite”, agregó Vargas.

La ANEP reitera que el sector municipal no tiene ninguna responsabilidad del déficit fiscal, a la vez que, insiste ante la opinión pública que la cesantía mayor a los 8 años no es un privilegio o gollería, por lo que los trabajadores municipales estarían dispuestos a ir a las calles en fecha próxima “para defender lo que la Sala Constitucional siempre les dio”.

Estos cuestionamientos realizados por la ANEP se hicieron junto a trabajadores afiliados de diversas municipalidades, quienes asistieron a la conferencia de prensa.

Henry Varela, Seccional ANEP-Municipalidad de Tibás sobre afectación

ANEP solicita inspección laboral contra empresa de seguridad G4S

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional en la empresa G4S solicitaron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizar una inspección laboral en la empresa de seguridad privada ante posible riesgo laboral y explotación obrera.

La solicitud fue realizada la tarde de este martes 3 de julio en la cual el sindicato expresa. “Con suma urgencia solicitamos la intervención oportuna del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a sus dignos cargos, en el ámbito de Inspección de Trabajo; ante la circunstancia delicada que nos denuncia la Junta Directiva de la Seccional ANEP-G4S, empresa privada que brinda servicios de seguridad; específicamente en cuanto a la situación de severo riesgo laboral y probable situación de sobreexplotación obrera, que sufren varios trabajadores de seguridad a los cuales se les está recargando funciones pues fueron contratados para labores típicas de seguridad y ahora están siendo empleados como cobradores en los peajes de la autopista Ruta 27, dado que la firma titular de esta concesión de obra pública, conocida como Global Vía contrató los servicios de G4S para fines de seguridad”.

Para la ANEP y su seccional G4S esta situación es anómala toda vez que los oficiales de G4S no tienen ningún sistema de seguridad que les proteja de asaltos y otro tipo de agresiones que sufren durante el desempeño de ese doble rol laboral.

“Específicamente, podemos demostrar que cuatro trabajadores ya fueron asaltados, y uno de ellos está en cama con una bala dentro de su pierna. Por otra parte, el tiempo de almuerzo de los oficiales no está siendo respetado y sus alimentos los están ingiriendo dentro de la propia caseta, es decir mientras almuerzan siguen trabajando. Por otra parte, si algún oficial necesita ir al baño, debe cruzar la pista con el riesgo que ello conlleva, cuando se supone que, por el protocolo del servicio de seguridad, el servicio sanitario debe estar anexo a la caseta de seguridad. Como es lógico suponer, también no existe un reconocimiento salarial para esa doble tarea”, indica la solicitud.

Ante este escenario la ANEP solicita de forma urgente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social una pronta inspección laboral en defensa de los trabajadores de esta empresa.

ANEP-Fuerza Pública envía carta al Presidente solicitando mejores condiciones para oficiales

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La Seccional de ANEP-Fuerza Pública envió una carta al Presidente de la República, Carlos Alvarado solicitando mejores condiciones laborales y mayor protección jurídica para los oficiales de la Fuerza Pública. El documento fue enviado en respuesta al mensaje brindado por el mandatario mediante frecuencia policial.


Audio Mainor Anchía

Compartimos la carta enviada al Presidente de la República

San José, 29de junio del 2018
CO-UDO-FP-06-354-2018

Sr. Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República
Gobierno de Costa Rica

Honorable señor;

Primeramente, reciba un atento y respetuoso saludo; seguidamente, el infrascrito Mainor Anchía Angulo, portador de la cédula de identidad número 6-0236-0798 en mi condición de Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados “ANEP”, y, además, como Presidente de la Seccional ANEP Fuerza Pública, me apersono ante su distinguida autoridad administrativa, de conformidad con el artículo Nº 27 de la Constitución Política, así como el canon Nº 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, para lo siguiente:

En días recientes fuimos testigos de un acto que nos parece se podría considerar histórico, al menos el suscrito no tiene en su memoria, recuerdo alguno de un Presidente de la República, que se haya dirigido a la población Policial, mediante la frecuencia nacional, así mismo, por medio de las redes sociales. En su mensaje, su distinguida persona externó, entre otras cosas, un agradecimiento para el trabajo que desempeñan nuestros cuerpos policiales, al mismo tiempo, manifestó: “queremos llevar dignidad a ese trabajo, que ustedes hacen y respeto (…) y sepan de mi parte, que cuentan con el respaldo del gobierno de la República y de todos los costarricenses”.

En tal sentido, nuestra organización sindical, y la Seccional ANEP Fuerza Pública, desde hace algunos años, hemos venido haciendo énfasis en la necesidad de dignificar el trabajo de nuestros policías. Sin embargo, a la fecha seguimos con serios problemas de infraestructura, edificaciones que se alquilan a un alto costo, sin contar con las características de una delegación policial, delegaciones que permanecen en condiciones “precarias”, poniendo en riesgo la seguridad y la salud de nuestros policías. Por otro lado, se mantiene un altísimo nivel de desarraigo familiar, lo cual potencia la desintegración familiar, en los hogares de nuestros policías.

También, y no menos importante, se hace necesario dotar de mayor protección jurídica el trabajo de nuestros buenos policías, para lo cual se hace necesario impulsar algunas reformas legales, que sería oportuno, surjan desde el Poder Ejecutivo, o en su efecto, de la cartera de Seguridad Pública. Para tales efectos, ofrecemos nuestra modesta experiencia en el conocimiento de la materia policial, así como en lo que, desde nuestra organización, hemos venido estudiando y planteando, desde hace varios años.

Señor Presiente, la Ley General de Policía número 7.410, establece en el numeral 44 inciso g): “Otorgar el apoyo legal oportuno y razonable, en las causas judiciales incoadas contra los funcionarios policiales, y darles el seguimiento a las resultas del proceso”. La interpretación nuestra del artículo citado, es que el Ministerio de Seguridad Pública, mediante su Departamento Legal, debería brindar apoyo letrado a nuestros funcionarios, en las causas judiciales incoadas, en razón de sus funciones. En tal sentido, nos parece oportuno plantear lo siguiente: Es necesario definir los tipos de procesos en que se pueda brindar ese apoyo en causas judiciales, por ejemplo: la mayoría de los casos incoados contra nuestros policías, obedecen a un presunto abuso de autoridad, el cual deviene de la actuación policial, del contacto que muchas veces resulta inevitable con el infractor de las normas de convivencia social.

En caso de que sea correcta nuestra interpretación, además, por ser la función Policial, una materia que se vincula directamente con el ámbito Penal, nos parece debería invertir la Administración en capacitar a los abogados y abogadas de la Dirección de Apoyo Legal Policial, en materia Penal. Lo anterior, por cuanto, en su mayoría, nuestros abnegados funcionarios, de la supra citada dirección, carecen de dicha especialización. Es así señor Presidente, como se le podría comenzar a dar un mayor y más efectivo respaldo a nuestros policías. Sin omitir, que nosotros les brindamos asesoría y respaldo letrado, por medio de nuestra Unidad Jurídica, en materia laboral, administrativa y contenciosa.

En otro orden de ideas, pero no menos importante, es menester solicitar se nos aclare la aplicación de la Directriz Presidencial 003-H, publicada en la Gaceta del 06 de junio del año en curso, en relación con nuevos alquileres, así como otras medidas que podrían afectar Derechos Humanos laborales de nuestros policías, así como del personal administrativo, que labora en las delegaciones policiales. En tal sentido, preocupa a esta representación sindical, que se detenga la implementación de la Segunda Etapa del Manual de Clases Policiales, lo cual podría acarrear desmotivación, así como generar demandas judiciales por concepto de diferencias salariales.

Si bien existen otros temas importantes, por lo pronto, hacemos mención de los aquí supra citados, quedando en espera de su atención y atentos a lo que se requiera de nuestra parte.

Sin más, me suscribo respetuosamente. Señalo como medio para escuchar notificaciones el correo electrónico, mainoranchia@anep.or.cr

Cordialmente;

Lic. Mainor Anchía Angulo
Directivo Nacional ANEP
Representante Sindical