La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) considera que la decisión de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) de volver a aceptar datos de los empresarios autobuseros constituye una “nueva metida de patas” del ente regulador, que no ha podido dar pie en bola con el modelo tarifario ordinario para la fijación de tarifas del servicio de autobús, aumentando la incertidumbre y la injusticia para los usuarios.
Para la ANEP no es de recibo que luego de muchos gastos y/o costos, ARESEP siga haciendo parches o reformas a un modelo tarifario que se presentó al país como la solución al problema de tarifas justas.
“Este tema de la correcta medición de la demanda de pasajeros movilizados por las empresas, ya cansa. Preguntamos al CTP y a la ARESEP: ¿En sus años de existencia a cuál empresa le han hecho una verdadera auditoría de demanda?. Además, si las empresas deben presentar sus Estados Financieros Auditados, por qué no confrontan los mismos con verdaderas auditorías de demanda; y si hay diferencias o información falsa, procedan a denunciar penalmente a las empresas infractoras”, expresó Albino Vargas, Secretario General de la ANEP.
Para la organización sindical, un buen modelo tarifario debe garantizar la tarifa justa para los usuarios, la calidad del servicio y el equilibrio financiero para los operadores.
“Algunos pequeños y medianos empresarios se nos han acercado, diciéndonos que consideran que el caos con el modelo tarifario y el trato preferencial del CTP y ARESEP a cierto pequeño grupo de empresarios poderosos, está facilitando la quiebra de esas empresas y la concentración de las mismas en esos pequeños grupos; los cuáles precisamente tiene una gran influencia en las decisiones del CTP y la propia ARESEP”, dijo el Secretario General.
Ante este escenario y la importancia del transporte público para la clase trabajadora, ANEP solicita transparencia y acciones eficaces en el modelo tarifario de autobuses, a la vez que resalta la importancia de que los diputados investiguen el accionar de la ARESEP en el tema.
La Seccional ANEP-MINAE considera oportuno aclarar a los medios de comunicación y a la opinión pública, el por qué el Setena enfrenta “crisis”.
En primera instancia es importante mencionar que la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA) ha sido vista a lo largo de estos últimos años, como una institución “aparentemente problemática” por los gremios mayormente involucrados, tales como desarrolladores, consultores, políticos y ambientalistas. Se ha percibido como un obstáculo más por superar en el entramado mundo de los permisos y una forma de afectar las inversiones en el país, principalmente al capital económico extranjero que amenaza con olvidar a Costa Rica como sitio de negocios. Pero los gremios citados y jerarcas han olvidado que la SETENA por la Ley Orgánica del Ambiente, es la dependencia encargada de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en el país; el cual no debe ser encasillado como “un trámite más por cumplir”.
La esencia de la EIA implica el análisis de tres componentes básicos: económico, social y ambiental. No es mera inversión, no es puro ambientalismo, no es mera presentación de compilado de documentos; para el Estado Costarricense es la mejor manera de garantizarle a la ciudadanía desarrollo en armonía con el ambiente. Sumado a la compleja y gran responsabilidad que tiene la institución, está la gravedad de que la mayoría de jerarcas que han asumido la responsabilidad de liderar la institución desconocen del tema y las decisiones que tomaron arbitrariamente a lo interno, especialmente en años anteriores y más marcadamente en la última administración del Gobierno del PAC (2014-2018) fueron esenciales para el colapso que vive hoy la institución.
Algunas de las acciones que han llevado a la SETENA al colapso se podrían enumerar:
1) Nombramientos de jerarcas sin experiencia en el tema ni formación académica atinente; en total contrariedad del Decreto 36815-MINAE.
2) Jerarcas realizaron una serie de cambios a lo interno de los departamentos técnicos sin ninguna fundamentación técnica y con ideas inaplicables al tema ambiental, por citar ejemplos; el traslado interno de funcionarios a otros departamentos implicó para los técnicos un reaprendizaje de funciones y para los desarrolladores supuso que sus proyectos fueran analizados hasta por 3 técnicos distintos atrasando obviamente los tiempos de respuesta, distribución de proyectos inatinentes a ciertas profesiones.
3) Persecución y hostigamiento laboral por parte de los jerarcas a varios funcionarios, derivando en un clima laboral insoportable, lo que lastimosamente llevó a que más de 8 profesionales decidieran salir de la institución producto del pésimo clima laboral, todo esto en menos de un año. Esto ha implicado una fuga de conocimiento importante que únicamente puede ser reemplazada una vez que los nuevos funcionarios superen la curva de aprendizaje, quienes sin duda tienen una amplia capacidad y gran compromiso. Sin embargo, esto inevitablemente reduce la celeridad para analizar proyectos, en tanto que deben llevar procesos incluso de autoinducción.
4) Elaboración de una cantidad enorme de procesos internos que lo único que lograron fue atrasar la gestión oportuna para los proyectos a lo interno, se establecieron rutas de proceso carentes de sentido.
5) Una grave ausencia de un adecuado manejo del recurso humano, ha dejado una sombra de decaimiento en los profesionales, muchos de los cuales admiten sentirse desmotivados sin que a la fecha y a pesar de las solicitudes ante los jerarcas, se haya realizado un análisis de clima laboral en la institución. Por otro lado, se suma la carencia de conocimiento de algunos consultores y empresas consultoras en materia ambiental, los cuales presentan información deficiente, instrumentos que no corresponden con las características del proyecto que presentan, por citar algunos ejemplos.
Lo mencionado anteriormente, representa gran parte del problema actual de la SETENA. Es importante destacar que los funcionarios no son los culpables, ni los que entorpecen el quehacer de la institución. Al contrario, a pesar de la labor titánica tienen un alto grado de compromiso, profesionalismo y lealtad por la institución.
Panorama actual Con el cambio de Gobierno, el 8 de mayo anterior, los trabajadores han logrado en un mes y medio los siguientes avances: se han resuelto 317 expedientes D1 con resolución final, 293 expedientes D2 con resolución final, se bajó de 700 expedientes “pegados” a solo 303 expedientes.
Dichos avances, han sido posibles gracias al compromiso de los funcionarios, que a pesar de sentirse algunos perseguidos por las mismas autoridades, no se han dejado intimidar por las declaraciones que se pregonan en la prensa escrita; indicando que en la SETENA se han abierto decenas de casos ante la fiscalía, cuando en la realidad, solamente dos personas están investigadas y por razones muy distintas a lo que está sucediendo a lo interno.
Siendo así, la ANEP aprueba todo proceso de mejora que se pretenda llevar a cabo en la institución, sin menoscabo de la integridad de los funcionarios y el quehacer de la SETENA.
Ahora les toca la gran tarea a los nuevos jerarcas, animarse a confiar en el equipo humano con que cuentan, apoyar las peticiones de mejora que se han planteado, crear una nueva estrategia de manejo de recurso humano para levantar el clima laboral, y evitar nuevamente la salida de profesionales con gran valor intelectual y moral.
La Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP logra dar marcha atrás a una sanción que se pretendía imponer a un dirigente sindical de nuestra organización, quien labora para el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) por utilizar su licencia sindical.
Según los hechos, el dirigente sindical de apellidos Cerdas Orozco utilizó su licencia sindical, otorgada por la Gerecia Geneneral del IMAS para el último viernes de cada mes, con el objetivo de asistir a una reunión de la Seccional ANEP-IMAS en Quepos el 29 de junio 2018. Esta situación abría deparado una sanción de tres días de suspensión sin goce salarial.
La orden de suspensión vino de parte de su jefatura directa, sin embargo para la abogada laboral de la ANEP, Karen Carvajal dicha Jefatura no tiene la potestad para tal sanción.
“Esta jefatura no tiene la potestad de establecer dicha sanción, ya que esta solo puede realizar llamadas de atención verbales o escritas, mientras que para la imposición de suspensiones o despedidos debe abrirse un proceso administrativo por el Departamento de Recurso Humanos, tal y como lo establece el artículo 128 del Reglamento Autónomo de Servicio del IMAS. Situación que nunca sucedió”, explicó la Licenciada.
Ante esta situación la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP presentó un Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio resultando a favor del dirigente sindical, ya que la jefatura revocó la sanción.
Luego de una lucha de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) y su homóloga en la parte administrativa, se concretó que la Dirección General reconociera al personal el pago de horas extra en giras.
Este reconocimiento es producto de la conciliación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social meses atrás, así como en la mesa de diálogo establecida por el Viceministro de Gobernación y Policía, Víctor Barrantes Marín; el asesor, Harold Villegas y el Subdirector de Migración, Daguer Hernández con las dos seccionales de ANEP en Migración y Extranjería.
Gerardo Mora, Presidente de la seccional ANEP-PPME indicó que se logró hacer justicia, al reconocer el pago de horas extras a los acompañantes que van a las giras dentro y fuera del país, así como a los funcionarios policiales y administrativos.
A continuación se detalla de que forma aplica reconocimiento de horas extra por giras
La Seccional ANEP-INCOFER denunció en conferencia de prensa la carencia de un sistema de control de trenes en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), situación que podría provocar una colisión de trenes en cualquier momento, similar a la que se presentó el 8 de abril del 2016 en La Sabana, dejando más de cien heridos.
Javier Moreira, Presidente de la seccional ANEP-INCOFER explicó que la operación actual de la red ferroviaria nacional cuenta con una gran cantidad de trenes circulando en un espacio muy reducido de aproximadamente 40 kilómetros entre Cartago y Alajuela, por lo que se hace necesario contar con una herramienta tecnológica para poder controlar el movimiento de trenes y; así evitar colisiones.
“Es importante indicar que en los últimos tres años se han presentado tres choques de trenes que han dejado personas heridas, por lo que es necesario la implementación de este sistema. La preocupación es que después de los accidentes no se haya presentado una acción concreta para evitar esta situación, la cual se puede presentar en cualquier momento”, detalló Moreira.
Declaraciones de Javier Moreira, Presidente ANEP-INCOFER
La seccional ANEP-Incofer también denunció, que sólo en el último mes se han presentado tres choques frustrados. Uno de ellos en las inmediaciones de la Antigua Aduana y otro en el andén de la UACA, en este último incluso existe un video que circuló por redes sociales.
“Se conoce como choque frustrado cuando los trenes se encuentran en línea de colisión, sin embargo, por alguna razón los maquinistas divisan el otro tren y logran evitar un accidente ferroviario. Esta situación fue la que se presentó hace unos días en Curridabat y la Antigua Aduana, en esta última, incluso existió un pequeño roce entre las maquinas” manifestó Moreira.
Seccional desmiente versión Respecto al choque frustrado presentado en las inmediaciones de la UACA en Curridabat, el pasado 6 de julio, la Seccional desmiente la versión proporcionada por el Incofer donde manifestaron que se trató de una falla mecánica de una de las locomotoras y la otra llegó en su asistencia.
“Esa versión es falsa. Si bien es cierto uno de los trenes venía con problemas nunca se coordinó tal asistencia, eso fue un choque frustrado y contamos con las pruebas de audio e incluso mensaje de WhatsApp que así lo demuestran. ”, dijo el Presidente de la Seccional.
Audio de la comunicación que confirma el choque frustrado
Por estas y otros razones la Seccional ANEP-INCOFER manifestó su preocupación por el faltante de este sistema, incluso ya informó dela situación a la Presidencia Ejecutiva de INCOFER, así como a Casa Presidencial, sin embargo no ha recibido una respuesta.
Declaraciones de Jorge López, Seccional Anep-INCOFER se refiera al sistema que sedesea implementar, así como lo obsoleto de los actuales sistemas.
Datos de interés
Estado actual de la línea • Línea ferroviaria no equipada con sistemas de señalización que garanticen la seguridad. • Operación de la red basada en comunicación vía radio entre centro de despacho y maquinistas.
Características generales del GAM
Linea Alajuela – Basilica: 42 Km / 20 estaciones
Linea San Antonio de Belen – Ambos Mares: 14 Km / 11 estaciones
Líneas exclusivas de pasajeros
10 trenes diésel actualmente en servicio:
7 Apolo con 2 coches
3 trenes con locomotoras GE y 3 a 7 coches Incofer tiene autorizada la compra de 8 trenes más.
Propuesta a implementar Implementación de un sistema de señalización ferroviaria en fases que garantice la seguridad en la circulación y optimice la operación de la línea.
Solución de acuerdo a estándares CENELEC y probada en administraciones ferroviarias europeas y americanas.
Sistema de señalización adaptado a las necesidades del GAM basado en Bloqueo de Liberación Automática en Vía Única (BLAU).
Fase 1: solución básica que evite accidentes (certificada según normativa CENELEC SIL-4) Enclavamiento electrónico. Arquitectura descentralizada que ahorre costos en obra civil y cableado.
Puesto de operador ubicado en Estación Atlántico.
Bloqueo automático entre estaciones que evite la circulación de más de un tren al mismo tiempo.
Elementos de campo: Sistema de detección de tren basado en contadores de ejes Accionamientos de aguja electrohidráulico. Señales luminosas de tecnología LED
Fase 2: implementación de un Control de Tráfico Centralizado (CTC) Objetivo: mejora del rendimiento en la operación en cuanto a: Seguimiento de cumplimiento de horarios Formación automática de itinerarios (FAI) Gestor de rutas y prioridades (GRP)
La Seccional ANEP-Fuerza Pública hizo un fuerte llamado a la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar para que saque del recorte al presupuesto anunciado bajo la Directriz Nº 003-H, al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) ya que esto afectará drásticamente la seguridad ciudadana y beneficiará al hampa.
Así lo manifestó Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública quien indicó que el único beneficiado con los recortes a la seguridad es el crimen organizado.
“Limitar, recortar y congelarle el presupuesto al Ministerio de Seguridad Pública es darle ventaja al narcotráfico y al crimen organizado. Es dejar en indefensión a los habitantes de este país en momentos en que tenemos un incremento en homicidios y actividad delictiva; por lo que hacemos un llamado vehemente a la Ministra de Hacienda para que deje sin efecto cualquier recorte de presupuesto al MSP”, manifestó Anchía.
Según el representante sindical el recorte afectaría directamente la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública y su actividad operativa, reduciendo por ejemplo retenes en carretera, mantenimiento de unidades, adquisición de equipo para los oficiales, alquiler y mantenimiento de delegaciones, contratación de nuevos policías, entre otros aspectos.
“En materia de seguridad ciudadana esto es completamente contraproducente, parece que el equipo de la Ministra de Hacienda no lo tiene claro. Otro aspecto a tomar en cuenta es que para el 2019 el MSP tendrá un déficit entre 8 mil y 9 mil millones de colones”, indicó Anchía.
Ante esta situación la Seccional ANEP-Fuerza Pública no descarta realizar una manifestación de policías, similar a la del 2017, para que la Ministra de Hacienda de marcha atrás al recorte presupuestario al Ministerio de Seguridad Pública.
El Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración, Gerardo Mora se reunió con el Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto con el objetivo de mostarle las necesidades de la Policía Profesional de Migración.
Durante la reunión se trataron temas como faltante de personal, cursos policiales, inclusión en cursos de escalas jerarquicas del Estatuto Policial, así como apoyo al proyecto de ley que busca dotar de recursos a la Policía Profesional de Migración.
Durante la reunión el Ministro de Seguridad reconoció las necesidades de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, pero a la vez, indicó las carencias económicas existentes en el MSP para poder brindar el apoyo necesario y debido a es cuerpo policial.
Conversamos con Gerardo Mora sobre los alcances de la reunión sostenida en el despacho del Ministro de Seguridad Pública.
A continuación el desgloce de los puntos abordados en la reunión.
1) Solicitar apoyo al Proyecto de Ley Expediente N° 20323 que propone una modificación puntual al Artículo 11 de la Ley 9428, para que de los recursos recaudados por concepto del Impuesto a las Personas Jurídicas se destine un 5% a Dirección General de Migración y Extranjería, para que sean utilizados en el fortalecimiento de la Policía Profesional de Migración y Extranjería.
La Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), es una dependencia jurídica y presupuestaria del Ministerio de Gobernación y Policía y no del de Seguridad Pública, adolece de una grave falta de personal pese a que se ha incrementado de manera muy sensible la intervención de la misma por fenómenos sociales como los siguiente:
a) incremento en la visitación turística aeropuertos y puertos; b) problemas con el fenómeno de inmigrantes; c) Problema del narcotráfico con la presencia de extranjeros involucrados; d) la trata ilegal y el tráfico de personas; e) falsificación de documentos, fraude, falsedad ideológica y corrupción con participación de extranjeros que llegan al país a realizar este tipo de prácticas; f) el también creciente ingreso de ilegales como el conflicto que hubo y no se ha parado de inmigrantes de Africanos, g) el conflicto en Crucitas, h) la crisis en Nicaragua que está provocando el incremento de solicitudes de refugio, así como el aumento de ventas ambulantes, i) la falta de infraestructura.
El Expediente N° 20323 se encuentra en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico quienes mediante oficio No. AL-CPSN-OFI-0029-2018 de fecha 28 de junio de 2018, nos están consultando para que nos refiramos al texto base del mismo. Reforma del artículo 11 de la Ley de Impuestos a las personas jurídicas, del 22 de marzo de 2017 y sus reformas, para dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, para fortalecer la Dirección de la Policía Profesional”, en la sesión N° 4 del 21 de junio de 2018, se acordó consultar dicho texto base a nuestra organización.
2) Solicitar que la Escuela Nacional de Policía, dé los Cursos que la Policía Profesional de Migración requiere.
Actualmente hay aproximadamente 100 Oficiales de Alta sin el Curso Básico Policial y para este año aparentemente no se ha programado que la Escuela Nacional de Policía imparta el Curso de Alta, la ENP no ha enviado información a la Unidad de Capacitación de Migración para cuando está programado dicho curso.
Con el propósito de no afectar la operación policial, solicitamos con todo respeto que por la vía de convenio faciliten personal policial para que sustituyan a los Oficiales que asistirán a realizar el Curso Básico Policial de Alta, así como oficiales para reforzar las oficinas policiales regionales.
3) Solicitar que la Escuela Nacional de Policía incluya a la Policía Profesional de Migración en los Cursos de Escalas Jerárquicas del Estatuto Policial.
Escala Básica: a) Agente de Policía b) Inspector de Policía c) Sargento de Policía
Oficiales Ejecutivos: a) Sub intendente b) Intendente o Capitán
Oficiales Superiores a) Comandante b) Comisionado c) Comisario
4) Propuesta de Curso Introducción a los conocimientos Generales de la Función Policial Migratoria:
La Policía Profesional de Migración se encuentra en una transición, en donde sus oficinas policiales serán comandadas por funcionarios estrictamente con nombramientos policiales, en aras de cumplir con lo establecido en la Ley General de Migración y Extranjería N°8764, en su artículo 18 y el Reglamento de la Policía Profesional de Migración, así como la Ley General de Policía 7410 y su estatuto policial.
Los oficiales de la Policía Profesional de Migración, deberán de contar con la preparación debida para cumplir con las potestades emanadas por la ley citada, es por ello que nace la necesidad de que en la Dirección general de Migración y Extranjería (DGME), exista un Curso Básico de Conocimiento Generales de la Función Policial Migratoria, pero especializado en la materia, que sea capaz de profesionalizar y perfeccionar sus conocimientos en el área técnico policial y jurídico, para que surja un resultado acorde a las necesidades institucionales, que permita discernir y decidir situaciones diversas en el campo migratorio y elevar la calidad del servicio policial migratorio a nivel profesional. La propuesta de este Curso Básico, va enfocado a solventar en poco más de DOSMESES Y MEDIO, este tipo de necesidades, utilizando en todo momento los recursos en cuanto a instalaciones, personal y material didáctico de nuestra institución, y deberá de ser impartido por profesionales en las diferentes oficinas, ya que existe un material humano de mucho valor, experiencia y conocimiento.
El departamento de cobro judicial del Ministerio de Hacienda se encuentra en alerta roja por falta de personal, lo cual ha llenado de “frustración” y una excesiva carga de trabajo a los funcionarios que tratan de atrapar a los evasores.
La advertencia la hicieron Rosibel Lobo, coordinadora de la unidad legal y José Joaquín Porras, coordinador de la unidad administrativa, a través de una carta enviada a los jerarcas del Ministerio el 21 de junio anterior.
“Existe una situación, debemos recaudar, pero también dar prioridad a las solicitudes de prescripción; las cuales ingresan en masa y la escasez de recursos es demasiada y se está volviendo casi imposible realizar las dos funciones a la vez”, indica la carta.
La unidad de cobro judicial del Ministerio de Hacienda se encarga de los cobros y las notificaciones a los deudores y evasores, entre otras tareas.
Al 21 de junio había 287 embargos judiciales pendientes de presentar ante la banca nacional y privada; además de 174 comisiones tramitadas en todo el país y 122 avisos de cobro que debían ser presentados cuanto antes, con el objetivo de interrumpir el plazo de la prescripción.
En ese sentido, los funcionarios se quejan de que es “materialmente imposible” la notificación de los documentos si no se cuenta con el suficiente personal y destacan que la situación los está afectando “física y mentalmente” e incluso parte del personal se está enfermando.
Para resolver el problema, piden a Priscila Piedra, directora general de Hacienda, que se ejecute la ley para mejorar la lucha contra la evasión fiscal, la cual establece fiscales de cobro en todo el país en las cantidades necesarias para gestionar las deudas a su cargo, por lo que todos los casos no se estarían resolviendo en San José.
Sugieren que se dote de mayor personal en las áreas técnicas y de archivo, además de profesionales en derecho, que permitan resolver los casos más rápidamente.
“Consideramos nuestro derecho conocer el avance de la aplicación de la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, regionalizar el cobro judicial y atacar correcta y eficientemente el cobro (…) Así como valorar llevarse el cobro judicial a otra oficina el trámite de prescripción de tributos, por cuanto, nuestra razón de ser es “cobrar” no “dejar de cobrar”, agrega la misiva.
Mientras tanto, el gobierno sabe de los graves problemas en el departamento de cobro judicial y por ello ya toma acciones para reducir la carga laboral.
Entre las medidas tomadas se encuentra la asignación de más personal para atender los casos de cobro judicial y prescripción.
“Esta administración se encuentra comprometida con el fortalecimiento de la División de Adeudos Estatales, desde el 8 de mayo se han analizado opciones, dentro de las que se están concretando la asignación de tres jefaturas a funcionarios capacitados, el traslado temporal de dos plazas de profesionales en derecho para fortalecer el proceso de cobro y el traslado dentro de la misma institución, de tres plazas administrativas para apoyar la gestión diaria de los procesos. Asimismo, buscamos un convenio con Correos de Costa Rica para notificar los embargos”, dijo Piedra.
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda niega que la falta de personal para realizar los cobros judiciales socave las intenciones del gobierno de cobrar nuevos impuestos a través del IVA y varios cambios a la renta.
Eso es precisamente lo que está haciendo, al menos desde la óptica del sector sindical, quien reclama al gobierno una mejor recaudación fiscal, además de revisar las exoneraciones que hoy disfruta el sector productivo.
“Podemos señalar con absoluta certeza, que los problemas fiscales tienen su origen principalmente en los siguientes aspectos: Una altísima evasión tributaria (8,22% PIB), elusión y evasión comercio exterior (38,8% PIB), gasto tributario por exoneraciones y privilegios fiscales (5,34% del PIB) y costo de desgravaciones arancelarias vía los TLC (2,5% del PIB). Si se empieza por reformar esos aspectos, hay mucho espacio fiscal para resolver estructuralmente el asunto del déficit y dotar de recursos frescos al Estado”, dijo Albino Vargas, secretario de Patria Justa.
El problema El gobierno trata de luchar contra el déficit fiscal por medio de la aprobación de nuevos impuestos, sin embargo, si no recauda adecuadamente a lo que ya tiene derecho por ley, los actores sociales y políticos se negarían a validar nuevos tributos (cifras en porcentaje del PIB).
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
