Posiblemente esté de más recordar la apremiante situación en que se encuentra nuestro país, respecto a las frágiles y comprometidas finanzas públicas. Aunque el asunto es extremadamente complejo, nos podemos hacer una idea del estado de situación con una explicación muy sencilla: tenemos una deuda extremadamente alta y los ingresos no alcanzan para cubrir la operación estatal y el pago de la deuda (y aun así cierto sector quiere unirse a un club de países ricos ¡Que genios!).
El sector sindical ha dejado de lado sus discrepancias y los diferentes representantes gremiales se han estrechado de la mano, levantando la bandera de lucha, en pro de los ciudadanos quienes, aunque en su mayoría parecen no comprenderlo bien, se le están defendiendo sus intereses (excepto de aquellos que son dueños de la riqueza, que no se distribuye con justicia social).
A nivel social la situación es convulsa, las discusiones y ofensas abundan, los criterios pululan por doquier, las opiniones son muchísimas, los aportes reales para subsanar las cosas… ¡esos sí son escasos!
El accionar de la importante e histórica Unidad Sindical ha obtenido una innumerable cantidad de reacciones y, sin miedo a equivocarme, puedo apostar que los recientes y multitudinarios movimientos de trabajadores han provocado que el Gobierno busque mantener, “con vida”, la mesa de diálogo.
Con la buena fe en una remota esperanza de un diálogo fructífero, se ha extendido a los representantes gubernamentales un pliego de propuestas; interesantes alternativas que pueden, con su aplicación, generar réditos más abundantes y progresivos para salir del agujero financiero en que se encuentra el país, que las abusivas recomendaciones contenidas en el expediente 20580.
¿Por qué no atender, entonces, las propuestas? Lo difícil del escenario radica en que en las mismas se “vuelca la vista” a actividades que dominan sectores económicos, con enorme poder en nuestra nación (y fuera de ella), que posiblemente (léase dicha palabra con sarcasmo), tienen miles de compromisos y favores pendientes con la clase política; que a veces se le olvida a ésta que fue elegida para defender los intereses del pueblo, no de minorías adineradas que corroen la igualdad y la seguridad, tanto ciudadana como social.
Por otro lado, aunque Costa Rica atraviesa por la peor crisis en materia de seguridad en la historia, pues en 2017 se presentaron más de 57.000 delitos contra la propiedad y una deshonrosa cifra de 603 homicidios (según datos del Organismo de Investigación Judicial OIJ), lo económico sigue siendo la principal prioridad de la administración de turno.
El conocimiento de las máximas autoridades gubernamentales ubicadas en Zapote, en seguridad, es carente y decepcionante. La muestra más tangible es que hace unos días ANEP envió a Presidencia una propuesta para una política estatal de prevención y contención del delito; y, lo que hicieron con la misma fue remitirla al señor Ministro de Seguridad. Aunque es claro que el licenciado Michael Soto ostenta gran conocimiento y experiencia en el campo, también es claro que él solo no tiene las potestades para aplicar una política estatal interinstitucional; pero, en fin, eso es otro tema.
Ahora bien, se preguntarán cuál es la relación entre el déficit fiscal, las propuestas sindicales y las nulas políticas en seguridad del Estado. ¡Fácil! Cuando la economía es débil, la población no posee los medios para cubrir sus necesidades (básicas y de consumo). Esto incrementa los factores de riesgo que inciden en la conducta de las personas, que se ven más expuestas, vulnerables y propensas para la comisión de hechos delictivos, tanto de la delincuencia común, como las motivaciones para integrar grupos de crimen organizado, en todas sus modalidades.
Intrínseco a estas preocupaciones se encuentra la reacción institucional que debe dar el Estado, y es justo en este momento en el que recordamos que el Gobierno ha decidido que no incrementará el presupuesto a invertir (porque en seguridad no existen gastos, solo inversiones): nada de mejorar la infraestructura de las delegaciones aunque se tengan cientos de órdenes sanitarias; nada de adquisición de equipo tecnológico, aunque las narco-mafias tengan tecnología de punta; y, se congelan las aspiraciones de los policías por un mejor salario, como parte del Manual de Clases Policiales que en 4 años no terminó de concretarse. ¡Genial, les felicito! (De nuevo el sarcasmo). La guerra contra las drogas ya se perdió, hace tiempo, para esta generación. Si queremos que siga así para la siguiente y empeore el asunto, sólo debemos continuar por el mismo camino, debilitando la institución policial mientras los antisociales se fortalecen.
¡No!, no se me ha olvidado referirme a las propuestas de la Unidad Sindical presentadas en las mesas de diálogo, por la crisis fiscal. Sobre las mismas existen dos muy puntuales que llaman particularmente mi atención, en vista de la enorme utilidad que pueden traer, no solo en lo económico, sino también en lo que a seguridad compete.
En primer lugar, tenemos la implementación de escáneres, que evitan un registro intrusivo de la mercancía, sin abrir los contenedores, es decir, se facilita la operación. El Estado hace lo que debe hacer, se recolecta el respectivo dinero por el servicio, es como debe ser. Adicionalmente, este tipo de revisión garantiza la sencilla ubicación de mercadería ilícita, ¡sí!, como drogas, armas, e incluso personas, o partes de ellas. Hasta la saciedad se ha repetido, en algunas ocasiones como una excusa mediocre, que Costa Rica es parte de una región de paso (también de bodega y base de operaciones) del tráfico ilegal de psicotrópicos y otras sustancias no permitidas. Entonces, es necesario modernizarnos y adoptar todas las medidas para confrontar con seriedad esta situación.
Seguidamente, se propone imponer un impuesto a aquellos dineros que se mantienen en el sistema bancario por tiempos cortos, y que luego son removidos. Estos capitales especulativos, que no se invierten en el país, sólo usan el sistema bancario nacional y son transferidos a otro sitio, considerables sumas de dinero que no aportan nada. He de decir que estos famosos capitales golondrinas, como les dicen los más entendidos en la esfera económica, en muchas ocasiones provienen de actividades informales en las que se cobra de contado, negocios que inflan sus ganancias para introducir, en un trabajo hormiga, en la banca, exorbitantes cantidades de dinero, que luego es enviado a cuentas en el extranjero, con eso certifican su procedencia. ¿Les suena familiar? ¡Sí!, lavado de dinero, en su expresión más pura.
Grandes cantidades de dinero que se mueven constantemente entre entidades bancarias, resultan sumamente sospechosas para quienes dan seguimiento al accionar del crimen organizado, y conocen la forma en que los grandes narcos aprovechan las utilidades de su inmundo negocio.
Así las cosas, con esta opción tenemos una posibilidad de realizar un marcaje a estos movimientos bancarios, por medio del cobro de un pequeño aporte, esto puede ser de enorme utilidad en las investigaciones. Ahora bien, por supuesto, no se debe pensar que todos los capitales golondrina provienen de actividades ilícitas, eso es un enorme error; pero si es cierto que algunas organizaciones para blanquear sus capitales utilizan esa modalidad. Para quienes han ganado de forma honesta sus muchos millones, y necesitan estarlos moviendo por plazos cortos, la propuesta no representa ningún mal. “Quien nada debe nada teme”, dice el famoso dicho, y de paso se ayuda a contribuir en el desarrollo del país que le está dando las herramientas para administrar su fortuna.
Vistos estos puntos, se torna menester finalizar con el planteamiento de algunas incógnitas: ¿Si tenemos graves problemas en lo financiero, y en seguridad, y contamos con opciones que ataquen simultáneamente en ambos frentes, por qué no adoptar esas medidas? ¿Será porque viene de los sindicatos la propuesta? ¿O acaso, quienes se oponen a estas disposiciones temen ver afectado el negocio ilícito del que son parte? Mi humilde consejo, identifiquemos a quienes se resisten a estas dos propuestas abordadas, porque puede que, esa persona esté actuando en defensa de intereses ilegítimos.
¿Y usted, se opone?…
