La Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP logra dar marcha atrás a una sanción que se pretendía imponer a un dirigente sindical de nuestra organización, quien labora para el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) por utilizar su licencia sindical.
Según los hechos, el dirigente sindical de apellidos Cerdas Orozco utilizó su licencia sindical, otorgada por la Gerecia Geneneral del IMAS para el último viernes de cada mes, con el objetivo de asistir a una reunión de la Seccional ANEP-IMAS en Quepos el 29 de junio 2018. Esta situación abría deparado una sanción de tres días de suspensión sin goce salarial.
La orden de suspensión vino de parte de su jefatura directa, sin embargo para la abogada laboral de la ANEP, Karen Carvajal dicha Jefatura no tiene la potestad para tal sanción.
“Esta jefatura no tiene la potestad de establecer dicha sanción, ya que esta solo puede realizar llamadas de atención verbales o escritas, mientras que para la imposición de suspensiones o despedidos debe abrirse un proceso administrativo por el Departamento de Recurso Humanos, tal y como lo establece el artículo 128 del Reglamento Autónomo de Servicio del IMAS. Situación que nunca sucedió”, explicó la Licenciada.
Ante esta situación la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP presentó un Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio resultando a favor del dirigente sindical, ya que la jefatura revocó la sanción.
Luego de una lucha de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) y su homóloga en la parte administrativa, se concretó que la Dirección General reconociera al personal el pago de horas extra en giras.
Este reconocimiento es producto de la conciliación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social meses atrás, así como en la mesa de diálogo establecida por el Viceministro de Gobernación y Policía, Víctor Barrantes Marín; el asesor, Harold Villegas y el Subdirector de Migración, Daguer Hernández con las dos seccionales de ANEP en Migración y Extranjería.
Gerardo Mora, Presidente de la seccional ANEP-PPME indicó que se logró hacer justicia, al reconocer el pago de horas extras a los acompañantes que van a las giras dentro y fuera del país, así como a los funcionarios policiales y administrativos.
A continuación se detalla de que forma aplica reconocimiento de horas extra por giras
La Seccional ANEP-INCOFER denunció en conferencia de prensa la carencia de un sistema de control de trenes en el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), situación que podría provocar una colisión de trenes en cualquier momento, similar a la que se presentó el 8 de abril del 2016 en La Sabana, dejando más de cien heridos.
Javier Moreira, Presidente de la seccional ANEP-INCOFER explicó que la operación actual de la red ferroviaria nacional cuenta con una gran cantidad de trenes circulando en un espacio muy reducido de aproximadamente 40 kilómetros entre Cartago y Alajuela, por lo que se hace necesario contar con una herramienta tecnológica para poder controlar el movimiento de trenes y; así evitar colisiones.
“Es importante indicar que en los últimos tres años se han presentado tres choques de trenes que han dejado personas heridas, por lo que es necesario la implementación de este sistema. La preocupación es que después de los accidentes no se haya presentado una acción concreta para evitar esta situación, la cual se puede presentar en cualquier momento”, detalló Moreira.
Declaraciones de Javier Moreira, Presidente ANEP-INCOFER
La seccional ANEP-Incofer también denunció, que sólo en el último mes se han presentado tres choques frustrados. Uno de ellos en las inmediaciones de la Antigua Aduana y otro en el andén de la UACA, en este último incluso existe un video que circuló por redes sociales.
“Se conoce como choque frustrado cuando los trenes se encuentran en línea de colisión, sin embargo, por alguna razón los maquinistas divisan el otro tren y logran evitar un accidente ferroviario. Esta situación fue la que se presentó hace unos días en Curridabat y la Antigua Aduana, en esta última, incluso existió un pequeño roce entre las maquinas” manifestó Moreira.
Seccional desmiente versión Respecto al choque frustrado presentado en las inmediaciones de la UACA en Curridabat, el pasado 6 de julio, la Seccional desmiente la versión proporcionada por el Incofer donde manifestaron que se trató de una falla mecánica de una de las locomotoras y la otra llegó en su asistencia.
“Esa versión es falsa. Si bien es cierto uno de los trenes venía con problemas nunca se coordinó tal asistencia, eso fue un choque frustrado y contamos con las pruebas de audio e incluso mensaje de WhatsApp que así lo demuestran. ”, dijo el Presidente de la Seccional.
Audio de la comunicación que confirma el choque frustrado
Por estas y otros razones la Seccional ANEP-INCOFER manifestó su preocupación por el faltante de este sistema, incluso ya informó dela situación a la Presidencia Ejecutiva de INCOFER, así como a Casa Presidencial, sin embargo no ha recibido una respuesta.
Declaraciones de Jorge López, Seccional Anep-INCOFER se refiera al sistema que sedesea implementar, así como lo obsoleto de los actuales sistemas.
Datos de interés
Estado actual de la línea • Línea ferroviaria no equipada con sistemas de señalización que garanticen la seguridad. • Operación de la red basada en comunicación vía radio entre centro de despacho y maquinistas.
Características generales del GAM
Linea Alajuela – Basilica: 42 Km / 20 estaciones
Linea San Antonio de Belen – Ambos Mares: 14 Km / 11 estaciones
Líneas exclusivas de pasajeros
10 trenes diésel actualmente en servicio:
7 Apolo con 2 coches
3 trenes con locomotoras GE y 3 a 7 coches Incofer tiene autorizada la compra de 8 trenes más.
Propuesta a implementar Implementación de un sistema de señalización ferroviaria en fases que garantice la seguridad en la circulación y optimice la operación de la línea.
Solución de acuerdo a estándares CENELEC y probada en administraciones ferroviarias europeas y americanas.
Sistema de señalización adaptado a las necesidades del GAM basado en Bloqueo de Liberación Automática en Vía Única (BLAU).
Fase 1: solución básica que evite accidentes (certificada según normativa CENELEC SIL-4) Enclavamiento electrónico. Arquitectura descentralizada que ahorre costos en obra civil y cableado.
Puesto de operador ubicado en Estación Atlántico.
Bloqueo automático entre estaciones que evite la circulación de más de un tren al mismo tiempo.
Elementos de campo: Sistema de detección de tren basado en contadores de ejes Accionamientos de aguja electrohidráulico. Señales luminosas de tecnología LED
Fase 2: implementación de un Control de Tráfico Centralizado (CTC) Objetivo: mejora del rendimiento en la operación en cuanto a: Seguimiento de cumplimiento de horarios Formación automática de itinerarios (FAI) Gestor de rutas y prioridades (GRP)
La Seccional ANEP-Fuerza Pública hizo un fuerte llamado a la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar para que saque del recorte al presupuesto anunciado bajo la Directriz Nº 003-H, al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) ya que esto afectará drásticamente la seguridad ciudadana y beneficiará al hampa.
Así lo manifestó Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública quien indicó que el único beneficiado con los recortes a la seguridad es el crimen organizado.
“Limitar, recortar y congelarle el presupuesto al Ministerio de Seguridad Pública es darle ventaja al narcotráfico y al crimen organizado. Es dejar en indefensión a los habitantes de este país en momentos en que tenemos un incremento en homicidios y actividad delictiva; por lo que hacemos un llamado vehemente a la Ministra de Hacienda para que deje sin efecto cualquier recorte de presupuesto al MSP”, manifestó Anchía.
Según el representante sindical el recorte afectaría directamente la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública y su actividad operativa, reduciendo por ejemplo retenes en carretera, mantenimiento de unidades, adquisición de equipo para los oficiales, alquiler y mantenimiento de delegaciones, contratación de nuevos policías, entre otros aspectos.
“En materia de seguridad ciudadana esto es completamente contraproducente, parece que el equipo de la Ministra de Hacienda no lo tiene claro. Otro aspecto a tomar en cuenta es que para el 2019 el MSP tendrá un déficit entre 8 mil y 9 mil millones de colones”, indicó Anchía.
Ante esta situación la Seccional ANEP-Fuerza Pública no descarta realizar una manifestación de policías, similar a la del 2017, para que la Ministra de Hacienda de marcha atrás al recorte presupuestario al Ministerio de Seguridad Pública.
El Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración, Gerardo Mora se reunió con el Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto con el objetivo de mostarle las necesidades de la Policía Profesional de Migración.
Durante la reunión se trataron temas como faltante de personal, cursos policiales, inclusión en cursos de escalas jerarquicas del Estatuto Policial, así como apoyo al proyecto de ley que busca dotar de recursos a la Policía Profesional de Migración.
Durante la reunión el Ministro de Seguridad reconoció las necesidades de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, pero a la vez, indicó las carencias económicas existentes en el MSP para poder brindar el apoyo necesario y debido a es cuerpo policial.
Conversamos con Gerardo Mora sobre los alcances de la reunión sostenida en el despacho del Ministro de Seguridad Pública.
A continuación el desgloce de los puntos abordados en la reunión.
1) Solicitar apoyo al Proyecto de Ley Expediente N° 20323 que propone una modificación puntual al Artículo 11 de la Ley 9428, para que de los recursos recaudados por concepto del Impuesto a las Personas Jurídicas se destine un 5% a Dirección General de Migración y Extranjería, para que sean utilizados en el fortalecimiento de la Policía Profesional de Migración y Extranjería.
La Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), es una dependencia jurídica y presupuestaria del Ministerio de Gobernación y Policía y no del de Seguridad Pública, adolece de una grave falta de personal pese a que se ha incrementado de manera muy sensible la intervención de la misma por fenómenos sociales como los siguiente:
a) incremento en la visitación turística aeropuertos y puertos; b) problemas con el fenómeno de inmigrantes; c) Problema del narcotráfico con la presencia de extranjeros involucrados; d) la trata ilegal y el tráfico de personas; e) falsificación de documentos, fraude, falsedad ideológica y corrupción con participación de extranjeros que llegan al país a realizar este tipo de prácticas; f) el también creciente ingreso de ilegales como el conflicto que hubo y no se ha parado de inmigrantes de Africanos, g) el conflicto en Crucitas, h) la crisis en Nicaragua que está provocando el incremento de solicitudes de refugio, así como el aumento de ventas ambulantes, i) la falta de infraestructura.
El Expediente N° 20323 se encuentra en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico quienes mediante oficio No. AL-CPSN-OFI-0029-2018 de fecha 28 de junio de 2018, nos están consultando para que nos refiramos al texto base del mismo. Reforma del artículo 11 de la Ley de Impuestos a las personas jurídicas, del 22 de marzo de 2017 y sus reformas, para dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, para fortalecer la Dirección de la Policía Profesional”, en la sesión N° 4 del 21 de junio de 2018, se acordó consultar dicho texto base a nuestra organización.
2) Solicitar que la Escuela Nacional de Policía, dé los Cursos que la Policía Profesional de Migración requiere.
Actualmente hay aproximadamente 100 Oficiales de Alta sin el Curso Básico Policial y para este año aparentemente no se ha programado que la Escuela Nacional de Policía imparta el Curso de Alta, la ENP no ha enviado información a la Unidad de Capacitación de Migración para cuando está programado dicho curso.
Con el propósito de no afectar la operación policial, solicitamos con todo respeto que por la vía de convenio faciliten personal policial para que sustituyan a los Oficiales que asistirán a realizar el Curso Básico Policial de Alta, así como oficiales para reforzar las oficinas policiales regionales.
3) Solicitar que la Escuela Nacional de Policía incluya a la Policía Profesional de Migración en los Cursos de Escalas Jerárquicas del Estatuto Policial.
Escala Básica: a) Agente de Policía b) Inspector de Policía c) Sargento de Policía
Oficiales Ejecutivos: a) Sub intendente b) Intendente o Capitán
Oficiales Superiores a) Comandante b) Comisionado c) Comisario
4) Propuesta de Curso Introducción a los conocimientos Generales de la Función Policial Migratoria:
La Policía Profesional de Migración se encuentra en una transición, en donde sus oficinas policiales serán comandadas por funcionarios estrictamente con nombramientos policiales, en aras de cumplir con lo establecido en la Ley General de Migración y Extranjería N°8764, en su artículo 18 y el Reglamento de la Policía Profesional de Migración, así como la Ley General de Policía 7410 y su estatuto policial.
Los oficiales de la Policía Profesional de Migración, deberán de contar con la preparación debida para cumplir con las potestades emanadas por la ley citada, es por ello que nace la necesidad de que en la Dirección general de Migración y Extranjería (DGME), exista un Curso Básico de Conocimiento Generales de la Función Policial Migratoria, pero especializado en la materia, que sea capaz de profesionalizar y perfeccionar sus conocimientos en el área técnico policial y jurídico, para que surja un resultado acorde a las necesidades institucionales, que permita discernir y decidir situaciones diversas en el campo migratorio y elevar la calidad del servicio policial migratorio a nivel profesional. La propuesta de este Curso Básico, va enfocado a solventar en poco más de DOSMESES Y MEDIO, este tipo de necesidades, utilizando en todo momento los recursos en cuanto a instalaciones, personal y material didáctico de nuestra institución, y deberá de ser impartido por profesionales en las diferentes oficinas, ya que existe un material humano de mucho valor, experiencia y conocimiento.
El departamento de cobro judicial del Ministerio de Hacienda se encuentra en alerta roja por falta de personal, lo cual ha llenado de “frustración” y una excesiva carga de trabajo a los funcionarios que tratan de atrapar a los evasores.
La advertencia la hicieron Rosibel Lobo, coordinadora de la unidad legal y José Joaquín Porras, coordinador de la unidad administrativa, a través de una carta enviada a los jerarcas del Ministerio el 21 de junio anterior.
“Existe una situación, debemos recaudar, pero también dar prioridad a las solicitudes de prescripción; las cuales ingresan en masa y la escasez de recursos es demasiada y se está volviendo casi imposible realizar las dos funciones a la vez”, indica la carta.
La unidad de cobro judicial del Ministerio de Hacienda se encarga de los cobros y las notificaciones a los deudores y evasores, entre otras tareas.
Al 21 de junio había 287 embargos judiciales pendientes de presentar ante la banca nacional y privada; además de 174 comisiones tramitadas en todo el país y 122 avisos de cobro que debían ser presentados cuanto antes, con el objetivo de interrumpir el plazo de la prescripción.
En ese sentido, los funcionarios se quejan de que es “materialmente imposible” la notificación de los documentos si no se cuenta con el suficiente personal y destacan que la situación los está afectando “física y mentalmente” e incluso parte del personal se está enfermando.
Para resolver el problema, piden a Priscila Piedra, directora general de Hacienda, que se ejecute la ley para mejorar la lucha contra la evasión fiscal, la cual establece fiscales de cobro en todo el país en las cantidades necesarias para gestionar las deudas a su cargo, por lo que todos los casos no se estarían resolviendo en San José.
Sugieren que se dote de mayor personal en las áreas técnicas y de archivo, además de profesionales en derecho, que permitan resolver los casos más rápidamente.
“Consideramos nuestro derecho conocer el avance de la aplicación de la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, regionalizar el cobro judicial y atacar correcta y eficientemente el cobro (…) Así como valorar llevarse el cobro judicial a otra oficina el trámite de prescripción de tributos, por cuanto, nuestra razón de ser es “cobrar” no “dejar de cobrar”, agrega la misiva.
Mientras tanto, el gobierno sabe de los graves problemas en el departamento de cobro judicial y por ello ya toma acciones para reducir la carga laboral.
Entre las medidas tomadas se encuentra la asignación de más personal para atender los casos de cobro judicial y prescripción.
“Esta administración se encuentra comprometida con el fortalecimiento de la División de Adeudos Estatales, desde el 8 de mayo se han analizado opciones, dentro de las que se están concretando la asignación de tres jefaturas a funcionarios capacitados, el traslado temporal de dos plazas de profesionales en derecho para fortalecer el proceso de cobro y el traslado dentro de la misma institución, de tres plazas administrativas para apoyar la gestión diaria de los procesos. Asimismo, buscamos un convenio con Correos de Costa Rica para notificar los embargos”, dijo Piedra.
Por otra parte, el Ministerio de Hacienda niega que la falta de personal para realizar los cobros judiciales socave las intenciones del gobierno de cobrar nuevos impuestos a través del IVA y varios cambios a la renta.
Eso es precisamente lo que está haciendo, al menos desde la óptica del sector sindical, quien reclama al gobierno una mejor recaudación fiscal, además de revisar las exoneraciones que hoy disfruta el sector productivo.
“Podemos señalar con absoluta certeza, que los problemas fiscales tienen su origen principalmente en los siguientes aspectos: Una altísima evasión tributaria (8,22% PIB), elusión y evasión comercio exterior (38,8% PIB), gasto tributario por exoneraciones y privilegios fiscales (5,34% del PIB) y costo de desgravaciones arancelarias vía los TLC (2,5% del PIB). Si se empieza por reformar esos aspectos, hay mucho espacio fiscal para resolver estructuralmente el asunto del déficit y dotar de recursos frescos al Estado”, dijo Albino Vargas, secretario de Patria Justa.
El problema El gobierno trata de luchar contra el déficit fiscal por medio de la aprobación de nuevos impuestos, sin embargo, si no recauda adecuadamente a lo que ya tiene derecho por ley, los actores sociales y políticos se negarían a validar nuevos tributos (cifras en porcentaje del PIB).
Esta tarde, el Movimiento Sindical entregó a los representantes del gobierno, una propuesta fiscal progresiva y equitativa, que permitiría la recaudación de recursos financieros sin necesidad de imponer más impuestos al pueblo costarricense.
Algunas medidas de carácter inmediato entregadas este lunes, podría significar entre un 3% y 4% del producto interno bruto, recaudando recursos frescos para el Estado, en temas como impuesto sobre grandes utilidades, aduanas, impuesto a las transacciones financieras internacionales, entre otros.
Además, el Movimiento Sindical tiene diversas propuestas en materia tributaria que podríamos denominar de contingencia, que garantizan la entrada de nuevos recursos, propuestas estructurales orientadas a lograr mayor progresividad y equidad tributaria e iniciativas orientadas a corregir los mecanismos que estimulan el fraude fiscal. Las propuestas más destacadas son:
1-Impuesto sobre grandes utilidades
De un 30 a 36 % solamente para los grandes contribuyentes (empresas que tributan ¢250 millones de colones o más, o con renta bruta de ¢40 mil millones o más; o con activos de ¢40 mil millones de colones o más, que corresponde aproximadamente a las 400 empresas más grandes del país. Puede ser transitorio.
2-Ejecución eficaz de la valoración aduanera.
Creación del Registro de Ejecución Eficaz de la Valoración Aduanera, para que contenga una lista actualizada y detallada de las características de las operaciones comerciales de todos los sujetos que realizan importación de mercancías y así asegurar que a los importadores les sea imposible la no declaración del costo por canon y derecho de licencia.
3-Implementación de escaneo de contenedores para la inspección intrusiva
El escaneo de contenedores permite obtener información sin la necesidad de abrir o manipular la mercadería que se encuentra en su interior. Al proceso se le denomina como inspección no intrusiva (INI). La aspiración final es que el país cuente con equipos de escaneo de contenedores en los 7 puntos de ingreso y salida de contenedores y para los equipos de paquetería postal. La experiencia de otros países plantea que se puede duplicar la recaudación aduanera en un plazo de 3 años. Para el caso costarricense, los datos al 2015 expresaron unos 3 puntos PIB de recaudación aduanera sin contar con el sistema de escáneres. La pretensión es aumentar en un punto porcentual anual durante los próximos 3 años, duplicando la recaudación por escaneo para que llegue a 6 puntos PIB. De la operación del sistema de escaneo, debe encargarse una empresa pública estatal.
4- Impuesto a las transacciones financieras internacionales
Se propone la adición de un nuevo artículo 81 Bis a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR) para establecer recargos sobre los capitales provenientes del exterior cuya permanencia en el país sea menor a un año, y podrá discriminar en la tasa impuesta conforme al plazo de permanencia. Esto como una medida de carácter solidario para colaborar con el estado de las finanzas públicas, y como medida discrecional de política monetaria. Complementariamente, se puede establecer un peaje por cada transacción bancario-financiera superior a un determinado monto para no afectar operaciones típicas de ingresos medios. La negociación debe determinar las diferentes gradaciones de la norma a fin de lograr un 0.25 puntos PIB por esta vía.
5-Impuesto a las utilidades financieras del cobro usurero de tarjetas de crédito y otros
Los últimos estudios indican que, en promedio, los bancos privados tienen una tasa del 50-54%, mientras que los bancos públicos son del orden del 35%; y, que, el endeudamiento por este mecanismo está llegando a los 4 puntos PIB. El sector financiero, público y privado, debe aportar, solidariamente, para la crisis fiscal en función de sus exorbitantes ganancias. Conservadoras estimaciones indican que este negocio puede oscilar entre el 1.3 y el 1.4% del PIB. La iniciativa de ley al respecto debe incluir, al menos, dos grandes ámbitos: 1) Reducción-regulación de la tasa de interés para disminuir los costos para el tarjetahabiente y que éste pueda enfrentar, más holgadamente su deuda. 2) Imponer una tasa de contribución solidaria que equivalga a un 0.25 puntos PIB del monto de ganancia por intereses abusivos en crédito vía tarjetas de crédito. Se debe incluir otros intereses abusivos y el aporte solidario esperado.
6-Contribución solidaria del sistema de exenciones para zonas francas
Luego de 30 años de disfrutar de un sistema de exenciones-exoneraciones de alto calado, se propone una tasa-contribución solidaria para todas las zonas francas, distribuidas entre sí para un aporte conjunto equivalente a un cuarto de punto PIB.
7-Establecer los principios de Renta Global y Renta Mundial
Incorporar dichos principios tributarios para empezar a revertir la regresividad de la estructura tributaria costarricense.
Sin necesidad de nuevos impuestos para las mayorías populares, especialmente para el pueblo trabajador, se pueden incorporar recursos fiscales frescos, en el cortísimo plazo, con estas 7 medidas de propuesta sindical anteriormente señaladas.
Seguidamente, se requiere abrir el diálogo político-social para la discusión estructural del tema fiscal del país, para medidas de corto, de mediano y de largo plazo; que al menos considere los siguientes aspectos:
En tema del sistema licitatorio-compras del Estado, queremos llamar la atención en cuanto a lo que la Contraloría General de la República (CGR) indica en sus “Estadísticas sobre Compras con Fondos Públicos”. Revisando el “Informe Anual de la Actividad Contractual”, tenemos que para el pasado año 2017, ésta ascendió a 1.585.163.949.422 (un billón 585 mil 163 millones, 949 mil 222 colones), lo que equivale a 4.52 puntos PIB. Y, doblemente llama la atención el siguiente dato: Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), dispuso en compras públicas la cantidad de 260.854.045.372 millones de colones; y, por su parte, el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), 194.759.012.558 millones de colones. Ambas instituciones destinan en compras al sector privado, el 28,75 % de esos 4.52 puntos PIB.
Y, si seguimos analizando con más cuidado y puntillosidad, solamente dos empresas reciben solicitudes-órdenes de compra por el orden de los 421.860.378.115 millones de colones, lo que equivale 1.20 puntos PIB. Es decir, estas dos empresas se llevan el 26.61 % de los fondos públicos destinados al rubro de licitaciones-compras del Estado.
Como notarán, cualquier cantidad de interrogantes surgen al respecto si, de verdad, con real seriedad, este país quiere dar una discusión integral sobre el déficit fiscal.
Desde el movimiento sindical, tenemos propuestas diversas sobre los aspectos tributarios y fiscales que requiere el país y consideramos que, si existe voluntad política real, una verdadera mesa de diálogo en que se aborden dichas propuestas, partiendo de la premisa de la búsqueda de la justicia fiscal, es el mejor escenario para llegar a acuerdos sustentables, duraderos y que permitan garantizar el desarrollo, el crecimiento, la inclusión y la justicia social.
Las propuestas presentadas por el Movimiento Sindical representan un esfuerzo de análisis de diversos sectores sobre el escenario económico-social por el que atraviesa el país.
En forma atenta,
PORMOVIMIENTOSINDICALCOSTARRICENSE
A continuación el documento presentado al Gobierno
El presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería, Gerardo Mora Ordoñez se reunió con la diputada, Ivonne Acuña con el objetivo de detallarle las necesidades de la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), luego de que la legisladora cuestionara el control en la frontera sur de nuestro país.
En la reunión el Presidente de la Seccional entregó un documento a la diputada donde le detalla el funcionamiento de la PPME, así como el faltante de personal,así como del equipo e indumentaria; como por ejemplo la carencia del arma de reglamento.
Mora Ordoñez, también aprovecho la visita para solicitar el apoyo en el Proyecto de Ley Expediente N° 20323 que propone una modificación puntual al Artículo 11 de la Ley 9428, para que de los recursos recaudados por concepto del Impuesto a las Personas Jurídicas se destine un 5% a Dirección General de Migración y Extranjería, para que sean utilizados en el fortalecimiento de la Policía Profesional de Migración y Extranjería.
Gerardo Mora sobre reunión con Ivonne Acuña
Compartimos el documento presentado a la legisladora
Reciba un respetuoso saludo de la Seccional Anep Policía Profesional de Migración, con relación a sus manifestaciones en el plenario sobre su visita a Sixaola hacemos de su conocimiento lo siguiente:
La Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), es una dependencia jurídica y presupuestaria del Ministerio de Gobernación y Policía y no del de Seguridad Pública, adolece de una grave falta de personal pese a que se ha incrementado de manera muy sensible la intervención de la misma por fenómenos sociales como los siguiente: a) incremento en la visitación turística; b) problemas con el fenómeno de inmigrantes; c) su papel en el creciente problema del narcotráfico con la presencia de extranjeros involucrados; d) la trata ilegal y el tráfico de personas; d) falsificación de documentos, fraude, falsedad ideológica y corrupción con participación de extranjeros que llegan al país a realizar ese tipo de prácticas; e) el también creciente ingreso de ilegales como el conflicto que hubo y no se ha parado de inmigrantes de Africanos, f) el conflicto en Crucitas, g) la crisis en Nicaragua y h) la falta de infraestructura.
Mientras crece el número de turistas en el país, de manera inversamente proporcional no aumenta el número de Oficiales de Migración y esta situación se repite en todos los puestos fronterizos del país. Está prevista la ampliación del aeropuerto Internacional Daniel Oduber en la Ciudad de Liberia Guanacaste, además la Construcción de un Aeropuerto Internacional de Orotina, la Construcción de un Aeropuerto Internacional de Limón, por lo que el Gobierno debe de contratar esas necesidades a mediano y largo plazo.
Seguidamente le explico el sistema operativo de la Oficina Policial de Migración en Sixaola entre sus funciones operativas de acuerdo a la Ley General de Policía No. 7410 y Ley General de Migración y Extranjería No. 8764 las funciones son, el control migratorio de persona:, en dicha oficina hay seis funcionarios Policiales destacados con roles de seis días de trabajo y tres días libres (conocido como 6× 3) en horario de siete de la mañana a cinco de la tarde, de los cuales el día de su visita a Sixaola, uno estaba en un curso de capacitación, uno libre y otro en vacaciones, han despedido dos oficiales que no han repuesto sus plazas ,solo quedaban tres para atender el control migratorio de entradas y salidas en ventanillas.
El personal policial no puede realizar labores de campo o control migratorio en vía pública debido a los siguientes motivos que expongo a continuación:
1) El personal policial no porta el equipo policial que le corresponde (arma de reglamento), debido a las condiciones de infraestructura del lugar y seguridad, la oficina no cuenta con una caja fuerte para tener armas y los oficiales no pueden hacer labores de campo sin este equipo policial, por esta razón no pueden salir.
2) Debido al faltante de personal solo se realiza el control migratorio de entradas y salidas, permisos vecinales, permisos y autorizaciones a personas menores de edad, traslados a la fiscalía, atención de indocumentados, asistencia a otros cuerpos policiales en atención a extranjeros en condición irregular, entre otras funciones policiales.
Con todo respeto señora diputada y agradecemos su preocupación sería importante que usted visitara las instalaciones y conversara con los oficiales sobre sus inquietudes.
Sobre el movimiento de personas en la frontera (desplazamiento sin control migratorio) quiero informarle que existe un acuerdo binacional con Panamá en donde se acuerda una zona de tolerancia de 300 metros después del puente a cada lado, para fomentar el comercio entre costarricenses y panameños, este mismo aplica en Paso Canoas, donde pueden transitar sin pasaporte, solamente con la cédula de identidad.
El control de mercancías no nos corresponde a los oficiales de de la Policía profesional de Migración, sino a las Autoridades del Ministerio de Hacienda (Aduana y Control Fiscal).
Con relación a las condiciones de la Fuerza Pública, el Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública lo había denunciado ante el Ministerio de Seguridad Pública, así como ante el Ministerio de Salud, el plazo que le dio la Sala Constitucional al MSP, para reparar las delegaciones de Sixaola y otras delegaciones, vence en julio del 2018.
Es importante que se incremente el número de personal de Sixaola para la mejor atención a los usuarios, el Sindicato en reiteradas ocasiones ha realizado gestiones, recomendaciones y observaciones con respecto al tema, sobre las mismas preocupaciones que usted expreso en el Plenario de la República.
Con la apoyo de diecinueve Señores y Señoras Diputados de la Legislación anterior hemos presentado el Proyecto de Ley Expediente N° 20323 que propone una modificación puntual al Artículo 11 de la Ley 9428, para que de los recursos recaudados por concepto del Impuesto a las Personas Jurídicas se destine un 5% a Dirección General de Migración y Extranjería, para que sean utilizados en el fortalecimiento de la Policía Profesional de Migración y Extranjería.
El Expediente N° 20323 se encuentra en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico quienes mediante oficio No. AL-CPSN-OFI-0029-2018 de fecha 28 de junio de 2018, nos están consultando para que nos refiramos al texto base del mismo. Reforma del artículo 11 de la Ley de Impuestos a las personas jurídicas, del 22 de marzo de 2017 y sus reformas, para dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, para fortalecer la Dirección de la Policía Profesional”, en la sesión N° 4 del 21 de junio de 2018, se acordó consultar dicho texto base a nuestra organización.
Por lo anterior le solicitamos con todo respeto, su apoyo y el apoyo de su fracción a dicho proyecto de ley.
Agradecemos, el interés que su persona a puesto en este sector del país tan vulnerable y abandonado por el Estado, por lo manifestado en el Plenario de la República; le solicitamos muy respetuosamente que le de seguimiento y le exija a las autoridades competentes la intervención inmediata, para la protección de una de las Fronteras mas vulnerables de nuestro país, a efecto de que se cumpla con las mejoras de infraestructura, incremento de Recurso Humano, equipo policial, servicio a los usuarios, entre otras necesidades.
Gracias Señora Diputada, por su valiosa intervención y el apoyo que le pueda brindar a la Sociedad Costarricense.
Agradecemos su valiosa atención a la presente solicitud. Atentamente,
Gerardo Mora Ordóñez Directivo Nacional de ANEP Presidente Seccional ANEP-PPME
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
Se equivocan si creen que su agenda neoliberal y su estilo autoritario nos representan. ¡Las personas jóvenes NO votamos por el desmantelamiento del Estado Social de Derecho! Ustedes no solo rompen una mesa de negociación; están rompiendo el pacto social que permitía a la hija de una madre soltera, al joven de los territorios indígenas y al estudiante de escasos recursos soñar con una vida digna.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
