Luego de la polémica salida de Álvaro Montero Mejía y su espacio “Diagnóstico” en Canal 13, ahora se confirma el cierre del espacio “Contra El Muro” conducido y coproducido por la periodista Iris Zamora, quien fue notificada el pasado lunes que estaba fuera. Según la periodista le informaron que tenía que pagar ¢1,5 millones al mes cuando anteriormente no pagaba nada, pues tenía un contrato de coproducción con la gerencia del Sinart. “No pagaba pero no me pagaban”, expresó.
Criticó que su espacio contaba una línea de debate fuerte contra temas de actualidad nacional como el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.
“En Canal 13 no hubo nadie que abordara el tema más fuerte contra el TLC que nosotros”, expresó.
Precisamente, el pasado lunes 12 de marzo presentó su último espacio con Miguel Ángel Rodríguez. Un detalle es que su productor es su hermano el director de Eco News, Ricardo Zamora.
“Nuestro interés con el espacio nunca fue generar recursos”, dijo.
La Defensora de los Habitantes, Lisbeth Quesada, comunicó al diputado José Merino del Río que la Institución que encabeza solicitará directamente a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) un estudio sobre el impacto de las normas de propiedad intelectual incluidas en el TLC con los Estados Unidos, en el sistema nacional de salud pública y el derecho humano de acceso a los medicamentos.
De esa manera fructifica con éxito la gestión del parlamentario del Partido Frente Amplio, que antes había intentado que dicho estudio fuera pedido por la Comisión de Relaciones Internacionales y el Directorio de la Asamblea Legislativa, asunto que fue bloqueado sistemáticamente por la fracción oficialista y sus aliados.
Según el diputado Merino el estudio que la OPS efectuó en Colombia, sobre el impacto de fortalecer las medidas de propiedad intelectual en los TLC en el mercado de los medicamentos y en los sistemas de seguridad social, muestra hallazgos alarmantes; ya que establece que si ese país “acepta condiciones similares a las de los países centroamericanos para mantener el consumo de medicamentos tendría que incrementar el gasto en $940 millones hacia el año 2002, la industria colombiana sería desplazada del mercado por las transnacionales farmacéuticas, y los gastos de la seguridad social se incrementarían en $163 millones”.
Igualmente los resultados para Perú según el estudio de la OPS para ese país serían desastrosos, pues según Merino del Río,_ “se ha establecido que 10 años después de la eventual entrada en vigencia del TLC, tendría un gasto adicional en medicamentos de $200 millones, de los cuales $110 millones tendrían que ser cubiertos por las economías familiares”_.
La doctora Quesada indicó en su respuesta al legislador del Frente Amplio que este estudio técnico que solicitará “proveniente de una organización del prestigio de la OPS, tendiente a constatar la forma en la cual la eventual firma del Tratado de Libre Comercio pueda incidir sobre el derecho a la salud de los habitantes de la República y el sistema de seguro social costarricense, merece todo el interés y el respaldo por parte de esta Defensoría”.
Las amplias mayorías del pueblo costarricense ya están contra el TLC. La gigantesca labor de hormiga, casa por casa, comunidad por comunidad, centro de trabajo por centro de trabajo, organización por organización, lugar de estudio por lugar de estudio, iglesia por iglesia, etc.; ha dado el resultado esperado. Ha sido derrotada la multimillonaria, engañosa y agresiva propaganda a favor del TLC.
No solamente hay un rechazo creciente y generalizado, dada la solidez de los argumentos construidos contra el TLC; sino que, además, aumenta la desconfianza ciudadana en cuanto a la transparencia del proceso del TLC y sobre la ética de sus más acérrimos defensores, cada vez más vulnerables por los escandalosos conflictos de intereses que han empezado a quedar en evidencia; revelando los suculentos negocios en espera con el hasta ahora patrimonio público nacional, que el tratado convierte en vulgar mercancía para el lucro de unos cuantos.
Este elemento de la creciente desconfianza resultó vital para acumular fuerza ciudadana cuando se vivió, en el año 2000, los sucesos del Combo ICE que terminaron con la derrota del proyecto privatizador que había obtenido, incluso, una “lujosa” mayoría en primer debate.
La convicción de la gente en ese entonces fue que quienes defendían la privatización del ICE por medio de ese proyecto de ley, aspiraban a obtener jugosísimas ganancias para sí mismos, para sus negocios y empresas. En el caso del TLC, esta misma convicción ha cogido ya una fuerza incontenible.
Por eso no le damos la más mínima credibilidad a la encuesta sobre el TLC que la oligarquía neoliberal hace hoy de conocimiento público en su principal periódico. En medio de una creciente pérdida de credibilidad que lo ha convertido en un pasquín gobiernista, la mentira ha logrado institucionalizarse en ese medio, como lo demuestra la indignante pero risible cifra que citó en su primera plana, de asistencia civil a la marcha “Un día por la Patria”, del pasado 26 de febrero.
Como lo demostró esa marcha, la verdadera encuesta es la de la calle. El Referéndum de la Calle hizo sentir todo su potencial con más de 150 mil ciudadanos y ciudadanas dispuestos a multiplicarse varias veces para las fases siguientes de esta noble lucha. La derrota del TLC está cerca y se sellará a lo ancho y a lo largo del país, de frontera a frontera y de costa a costa, en una acción radicalmente superior, tanto cuantitativa como cualitativamente, a la del Combo ICE en el año 2000.
De la misma forma como la diputada del partido libertario tenía conflicto de intereses entre sus empresas de telecomunicaciones y su participación en la Comisión que estudia la Ley General que regularía esta materia, la diputada “Arista” María de los Ángeles Antillón, fue denunciada hoy porque su esposo tiene vinculaciones con empresas como la Pfizer y el TLC que se tramitó en una Comisión que ella presidió y que toca el tema de Propiedad Intelectual en donde los medicamentos de la Caja Costarricense de Seguro Social corren peligro.
Audio Diputado Merino
La denuncia la presentó el diputado José Merino y las organizaciones sindicales Unión de Empleados de la Caja (UNDECA), por medio de Luis Chavarría Vega, y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) por Albino Vargas Barrantes, por presunto conflicto de intereses entre la diputada “Arista” Antillón y los contenidos del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
El diputado Merino y los sindicatos solicitaron a la Procuraduría de la Ética que se pronuncie sobre las denuncias presentadas, tal y como lo hizo en el caso de la diputada de los_ “libertarios”_ Evita Arguedas.
La denuncia fué hecha pública en Conferencia de Prensa hoy a las 10:00 a.m.
Hechos relevantes
Luis Pal Hegedus es el esposo de la señora María de los Ángeles Antillón, diputada y jefa de fracción del partido de Oscar Arias en la Asamblea Legislativa.
A la vez Hegedus es socio del bufete CastroPal que se especializa en la atención de temas de propiedad intelectual y cuyo socio es Luis Diego castro Chavarría, ambos, junto a otras personas que laboran en el bufete, tienen poderes especiales para el trámite de inscripción de patentes de invención de múltiples empresas transnacionales vinculadas especialmente al sector farmacéutico.
Entre sus clientes se encuentran empresas como Pfizer Inc., Quill Medical Inc., Wyeth de E.U.A. y Warner-Lambert Company LLC de E.U.A., según datos de la página de mencionado bufete.
Según publicaciones de La Gaceta, Pal y Castro han tramitado inscripción de patentes de invención de esas empresas y otras del sector farmacéutico y del que uno de sus_ “mejores”_ clientes es la Pfizer Inc., que tiene a este bufete con poder limitado en el tema de propiedad intelectual y la defensa de sus intereses ya fuera en sede administrativa, registral o judicial.
Más cuestionamientos
Tanto el diputado Merino como los sindicatos ANEP y UNDECA dieron a conocer mayores elementos que reforzaron la denuncia contra Antillón y sus posibles beneficios familiares de aprobarse el TLC.
Audio Albino Vargas
Entre esos cuestionamientos se encuentra el hecho de que el propio gobierno de los Arias nombrara al señor Pal Hegedus como miembro propietario de la Junta Administradora del Registro Nacional, precisamente donde se tramitan las patentes.
El cónyuge de la diputada “Arista” no solo representa los intereses de las empresas farmaceúticas que se beneficiaran con miles de millones de dólares con el TLC, sino que además forma parte del órgano nacional que se encarga de su inscripción y que para efectos de decisiones que les afecten, tiene injerencia directa en la integración del órgano que deba resolver las apelaciones que se formulen en materia de patentes.
Audio Merino del Rio
Además, una vez que el Poder Ejecutivo de los Arias nombre a los tres miembros del Tribunal Registral Administrativo que le compete sugerir a la Junta Administrativa del Registro, será la Asamblea Legislativa la que los ratificará, de la cual forma parte la diputada “Arista” Antillón Guerrero.
Datos contundentes
Según datos del Registro de la Propiedad Intelectual de Costa Rica del 28 de setiembre de 2006, el gran incremento de solicitud de patentes de medicamentos fue sumamente agresivo en los últimos años, sobre todo desde la firma del TLC en el Gobierno de Abel Pacheco y que ahora Oscar Arias pretende ratificar.
El ejemplo de la empresa Pfizer, cuyo abogado tramitador es Luis Pal Hegedus, esposo de la diputada “Arista” Antillón, es contundente. Antes de 1995 había tramitado 39 patentes y desde ese año hasta el 2006 había tramitado 228, siendo los años de 1999 hasta el 2006 los años de mayor incremento.
Según datos de la propia página electrónica de la Pfizer, esta es la compañía número 1 en el mercado farmacéutico, su inversión en 150 países es de 5.2 millones de dólares y sus ganancias, en todos esos países, de 27.5 millones de dólares al año, lo que hace que el mercado centroamericano con el TLC multiplique sus ganancias ya que los genéricos pasarían a un segundo, tercer plano o simplemente llegarán a desaparecer, afectando la salud pública y las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social.
Y como vimos, Pfizer es solo una de las empresas farmacéuticas que este bufete representa en Costa Rica en materia de patentes y propiedad intelectual.
Sistemática negativa
El diputado Merino del Río, del Partido Frente Amplio, solicitó a la Comisión de Internacionales, de la cual es presidenta la diputada “Arista” Antillón, que se le pidiera a la Organización Panamericana de la Salud, OPS, que realizará un estudio similar al que hizo en Colombia sobre el “Impacto de los Medicamentos y el TLC”, sin embargo tanto Antillón como los libertarios y los de la Unidad Socialcristiana votaron en contra de la iniciativa que pretendía brindar elementos sobre el impacto que el tratado tendrá en la salud pública.
Audio Luis Chavarría, UNDECA
Ante esta situación el diputado Merino insistió ante el Plenario Legislativo, presidido por el diputado también “Arista” Francisco Antonio Pacheco, para tratar de que solicitara el estudio a la OPS, lo cual, también fue rechazado.
Sin embargo se abre la posibilidad de que la Defensoría de los Habitantes de La República sea quién haga la solicitud, ya que debe ser un ente público y no una persona quién lo solicite.
El juego con la salud y la vida
Si una persona necesita un medicamento no va a escatimar esfuerzos por comprarla, eso hace de este un gran “negocio”.
Recordemos que el mercado farmacéutico mueve alrededor de unos 200.000 millones de dólares al año en todo el mundo. Superior a las ganancias que generan las armas o las telecomunicaciones, obteniendo por cada dólar invertido en la fabricación de un medicamento mil dólares en el mercado.
Solo en el 2004 las siete principales transnacionales farmaceúticas estadounidenses (Pfizer Inc., Jonson & Jonson; Merck & Co., Abbottt Laboratorios; Bristol-Myers Squibb Company; Wyeth y Eli Lilly and Company) reportaron en conjunto ingresos que superaron los 193 billones de dólares ($193,079,000,000) de los cuales más de 34 billones de dólares ($34,351,000,000) fueron ganancias netas, para un promedio de 18% de utilidades sobre sus ingresos.
De todas estas empresas la que más ganancias obtuvo fue la Pfizer Inc. Con utilidades netas que superaron los once billones de dólares ($11,361,000,000) con un orcentaje de utilidad sobre sus ingresos totales del 22%, es decir por encima de la media de las restantes seis compañías.
Solo estos ejemplos dimensionan el negocio que representa la salud y la vida, visto precisamente como un “negocio” en el TLC.
Ante la Procuraduría General de la Ética Pública
A pesar de los notables beneficios económicos que este proyecto implica para la empresa represntada por su cónyuge, la diputada Antillón Guerrero concurrió con su voto favorable en el dictamen emitido el 12 de diciembre del año anterior, fecha límite exigida por los Arias, en sesión extraordinaria 88 de la Comisión de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior.
La diputada_ “Arista”_ Antillón Guerrero ostenta la condición de funcionaria pública, de acuerdo a la legislación vigente, lo que implica que está obligada al cumplimiento de deberes y obligaciones de carácter ético consagrados en el ordenamiento jurídico. Por ello la diputada Antillón Guerrero debe proteger y defender el interés público y el interés de la institución a la cual sirve, como representante del pueblo, por lo que está obligada a actuar con rectitud en todo momento.
La procuraduría General de la Etica Pública debe constatar si existe conflicto de interés por parte de la diputada Antillón Guerrero en la tramitación del proyecto de ley de aprobación del TLC.
Debe verificar si la diputada Antillón Guerrero actuó en contraposición con lo dispuesto en el Artículo 48 de la Ley contra Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, número 8422, al participar en la disposición y votación en la Comisión dictaminadora del proyecto de Ley indicado; y en contra de lo dispuesto en la Convención Interamericana contra La Corrupción y otras Convenciones internacionales ratificadas por Costa Rica.
Por último si la diputada debe abstenerse de participar de la votación en el Plenario Legislativo, debido a que tiene interés personal en su aprobación.
A corazón abierto
El 8 de marzo de 1991 el doctor Longino Soto realizó el primer trasplante de corazón a Juan Rueda, fue el primero que se realizaba en Centroamérica y el Caribe. Esa operación para una persona humilde como Juan Rueda y muchos otros y otras, sería imposible de pagar ya que tiene un costo de 50 millones de colones.
La Caja Costarricense de Seguro Social no solo cubrió los gastos para que Juan Rueda y más de 7 mil personas más pudieran ser operados. Los y las costarricenses aseguradas con su cuota, cubrieron los gastos de esas muchas otras operaciones gracias a la seguridad social universal y solidaria de un sistema de salud pública donde “el negocio” no es el dinero, sino la vida humana.
Hoy, con el TLC, pretenden variar esa fórmula de universalidad y solidaridad de la seguridad social para convertirla en un “negocio” del cual solo las empresas transnacionales y sus abogados obtendrán ganancias.
Operación a “corazón abierto” es lo que pretenden hacer con las instituciones públicas como el ICE, INS, AyA, y donde la CCSS también se va a ver condenadas al cierre. Es una apuesta por la vida o por el negocio (la muerte), por un Estado Social que hemos construido por más de 50 años o por un modelo de estado neoliberal donde el mercado y el dinero los son todo…pero solo para unos cuantos y las transnacionales que representan.
“Detallitos” del conflicto de interés
1.- La diputada María de los Angeles Antillón Guerrero es quién presidió y dictaminó a favor del TLC en la Comisión respectiva.
2.- El TLC contiene normativas con respecto a la propiedad intelectual que le significa un gran negocio a las empresas transnacionales farmacéuticas.
3.- El señor Luis Pal Hegedus, esposo de la diputada Antillón Guerrero, forma parte del bufete CastroPal, encargado del trámite de patentes de las empresas transnacionales farmacéuticas y especialistas en propiedad intelectual.
4.- Los Arias nombraron al señor Luis Pal Hegedus en la Junta Administradora del Registro Nacional, entidad encargada del trámite de patentes.
5.- El Poder Ejecutivo de “los Arias” nombra a los tres miembros del Tribunal Registral Administrativo que le compete sugerir a la Junta Administrativa del Registro, y será la Asamblea Legislativa la que los ratifica, la diputada “Arista” Antillón Guerrero forma parte de esa Asamblea Legislativa.
La democracia centenaria de Oscar Arias, es aquella que lo eligió con el 26% del padrón electoral, y con un del 80% de abstencionismo en las elecciones de los gobiernos locales; siendo así, poco democrática y poco representativa. Los partidos políticos, incluido el del Presidente, son simples cascarones electorales, sin estructuras participativas ni representaciones sectoriales. La credibilidad en los políticos y en los partidos está en bancarrota, a esto se suma la desconfianza en la Asamblea legislativa, el Poder Judicial y una disminución en la confianza en el Tribunal Supremo de Elecciones, según lo constatan las encuestas.
La participación sindical en Costa Rica es paupérrima, particularmente en el sector privado, donde la organización gremial es perseguida y proscrita. Podría aprender don Oscar algo de su amada Inglaterra, donde los sindicatos han sido y son parte esencial del juego de pesos y contrapesos de la democracia, o mirar a la nación del “gran Lincoln”, que es la de Bush también, donde todos los “trust” tienen poderosas uniones laborales; las tienen los fabricantes de automóviles, las petroleras y las aerolíneas entre otras muchas. Nada, ni remotamente parecido ocurre en nuestra democracia. El derecho constitucional de asociación se viola sistemáticamente en Costa Rica, o acaso alguien es tan ingenuo de creer que la carencia de sindicatos en el sector privado, es por la ausencia de conflictos laborales. No menos sombrío es el panorama en otros sectores sociales como el movimiento cooperativo (otrora estandarte liberacionista), las organizaciones comunales y juveniles. Sí, nuestra democracia participativa esta enferma ante la indiferencia, o quizá la complacencia de la clase gobernante.
En la democracia centenaria de Oscar Arias, no existen mecanismos legales de consulta popular sobre temas trascendentales para la sociedad, como el referéndum u otras formas de decisión ciudadana, tal y como ocurre en otros países de América Latina y Europa. Si existiera una verdadera vocación democrática, el Poder Ejecutivo estaría impulsando prioritariamente una iniciativa en tal sentido. El Señor Presidente gusta las “mayorías silenciosas” de nuestro pueblo, y se siente cómodo y seguro con las mayorías mecánicas en el Congreso.
La gran prensa nacional es aliada incondicional del Gobierno, al punto que Repretel se ha convertido en la voz oficial de Liberación Nacional. El necesario ejercicio de la crítica, consustancial a toda democracia, es pobre y omiso. Cualquier oposición, es vista con sospecha y colocada antidemocráticamente en el oblicuo lugar de los enemigos de la patria.
No se equivoque don Oscar, que los enemigos no son los que ejercen su derecho a la crítica y tienen la osadía de discrepar de su pensamiento. Los enemigos de la democracia son la falta de participación ciudadana en lo político y lo social, la carencia de mecanismos institucionales de consulta popular, la ausencia de un debate sobre asuntos nacionales, la poca credibilidad en la institucionalidad y la apatía, cuando no, el desinterés de los conciudadanos en los derroteros de la patria.
No estamos, don Óscar, para dar lecciones de democracia, la arrogancia es mala consejera, recuerde que la democracia se alimenta de la sana autocrítica, del reconocimiento sincero de sus falencias y no de la ciega soberbia.
Firmarán la consulta a la Procuraduría el Diputado José Merino del Río, del Partido Frente Amplio, junto a los sindicatos UNDECA y la ANEP. El contenido de la denuncia se dará a conocer en esta conferencia de prensa
Además, se informará sobre otros elementos de este conflicto de intereses, que agrava más la situación que cuestionamos.
Fecha de la conferencia: Mañana Martes 13 de marzo Lugar: Hotel Ambassador Hora: 10 de la mañana
Agradecemos anticipadamente la atención de los diferentes medios de prensa a esta convocatoria.
Diputado José Merino del Río Partido Frente Amplio
Por:COORD Y CONVERGENCIANACIONALMAYA WAQIB’ KEJ – Saturday, Mar. 10, 2007 at 3:35 PM
waqibkej@turbonett.com
1. Repudiamos la visita del señor George W. Bush a Guatemala. Su llegada aL suelo sagrado de Iximche y otras comunidades maya, es una ofensa e insulto al pueblo maya, por la implicación de este señor en las guerras y muertes en el mundo y su responsabilidad por el genocidio en Guatemala. NO Señor Bush, no esta en su rancho de Texas para pisotear y burlarse de la memoria de nuestros abuelos, Kaji’ Imox, B’eleje’ K’at y Oxi’ Kej, irrumpiendo la paz y armonía de nuestro sagrado Iximche.
2. Resulta incomprensible y muy contradictorio para el pueblo Maya, cómo el Presidente de un País que se asume ser democrático, invierte millardos de dólares en guerras que absurdamente persiguen crear condiciones para imponer principios democráticos que según occidente regulan armónicamente la convivencia humana.
Los millardos de dólares gastados en guerras durante los últimos años serian suficientes para erradicar la desnutrición infantil y una gama de enfermedades curables en Latinoamérica 3. Consideramos como una gran falta de ética, respeto y reciprocidad, que el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica firme un Tratado de Libre Comercio con Centro América y República Dominicana, pero por otro lado persigue, captura, humilla, deporta y mata a hermanos y hermanas connacionales en Estados Unidos. Las agresiones físicas, moral y emocionalmente que reciben hermanos connacionales en los Estados Unidos por El Kuklux Klan y su aparato de seguridad es la clara expresión de la Xenofobia y Racismo de su gobierno ante nuestros pueblos.
4. Usted ofrece libre mercado a nuestros países, sin embargo dicta leyes y normas para que su país se lleve todos nuestros recursos naturales y conocimientos de nuestros antepasados y nosotros gobiernos servilistas siguen pidiéndole ayuda y prestamos para nuestro desarrollo.
5. Nuestros gobiernos, atendiendo sus órdenes, emitiendo leyes de áreas protegidas para entregar en mano de las transnacionales de su país nuestras tierras y recursos naturales, mientras a nosotros, como pueblos indígenas nos desalojan y desplazan de nuestros territorios. Usted pretende concentrarnos en “reservaciones” como tiene a nuestros hermanos indígenas en Estados Unidos. No señor Bush, nosotros somos parte y herederos de este territorio y madre naturaleza.
4. Su política de “control de natalidad” que sigue impulsando en América Latina, no es otra cosa que la política de exterminio y dominación de nuestros pueblos.
5. Rechazamos la actitud servilista de funcionarios indígenas del gobierno al organizar actos folkloristas ante la visita del sr. Bush.
PORANTERIOR EXIGIMOS:
a. No necesitamos de su ayuda económica señor BUSH , EXIGIMOS la devolución del saqueo de nuestros recursos y el respeto de nuestra dignidad, que por derecho nos corresponden.
b. Exigimos el respeto a nuestros hermanos connacionales en los Estados Unidos, no más racismo ni xenofobia contra ellos y ellas.
c. El respeto de los hermanos y hermanas indígenas de los Estados Unidos, libertad a Leonard Peltier, preso político y condenado a cadena perpetua, para que pueda vivir libres y dignamente en sus territorios.
d. Cese su política guerrerista e intervencionista en el mundo, su retiro inmediato de sus y tropas y bases militares.
e. Anunciamos a los hermanos indígenas y pueblo en general de Guatemala y al mundo, que después del pisoteo del señor Bush en Iximchè, estaremos haciendo una limpia espiritual de Iximchè, ciudad sagrada, para restaurar la armonía y la paz del lugar y para garantizar la seguridad de visitantes y a los delegados y delegadas a la III Cumbre de los Pueblos Indígenas de ABYAYALA, que se realizara del 26 al 30 de marzo.
NUESTRACULTURA Y MADRE NATURALEZA…NO ESTAN EN VENTA
Ixim Ulew, B’eleje’ Keme’, 9 de marzo, 2007.
COORDINACION Y CONVERGENCIANACIONALMAYA WAQIB’ KEJ
Caminando hacia la Convergencia, la Unidad, Dignidad y Derechos del Pueblo Maya
Creo que a todas y todos ya nos ha llegado el adjunto*. Sin embargo, es importante que lo sigamos viendo y re-enviando para tener claridad en varias cosas:
– La Nacion y los medios tradicionales seguirán engañando a la gente. Hay que presionarlos para que digan verdad, o tomar las medidas necesarias para que no puedan más envenenar la mente del pueblo.
– La posición de la Sala IV no ha derrotado el Tratado. Solo lo ha atrasado. No podemos aflojar ni bajar la guardia.
– El enemigo está herido. Hay que darle el tiro de gracia antes de que se levante. Eso implica regionalizar e intensificar la lucha. Hay que hacerlo con inteligencia, sin perder el favor que nos ganamos el 26F, pero no es hora de bajar los brazos. El cierre del programa televisivo “Diagnóstico” es otra muestra de ello.
– A pesar del 26F, el régimen continúa arrogante y prepotente en su cabalgata satánica por imponer la consolidación del modelo de desarrollo excluyente. Al régimen debemos cobrarle, desde ya, para que así lo haga la historia, las consecuencias de la confrontación que se empeña en provocar.
De pie Costa Rica; NO al TLC
Que estén bien
Mariano Figueres Olsen
Nota de CR-Solidaria: “el adjunto” se refiere a una comparación de la foto de la marcha y la concentración de fuerza de Arias que incluso fue publicada en La Extra con el título ¡juzgue usted!
El legislador del Partido Frente Amplio recordó que la representación de la OPS en Costa Rica ha manifestado su disposición de efectuar una investigación similar a la efectuada en Colombia y Perú, sin embargo “de forma inexplicable las gestiones han recibido una respuesta negativa, tanto de parte del Directorio de la Asamblea Legislativa como de las autoridades de Gobierno que han guardado absoluto silencio”.
“Hay que esclarecer el probable impacto negativo del capítulo sobre la propiedad intelectual del TLC, sobre la producción nacional de medicinas genéricas, la capacidad de compra de medicamentos de la Caja Costarricense del Seguro Social y el derecho de la población a la salud”, manifestó el diputado Merino.
En el estudio efectuado en Colombia por la OPS se demostró que, de aceptar condiciones similares al TLC de Estados Unidos con los países centroamericanos, para mantener el consumo de medicamentos habría que incrementar el gasto en $940 millones hacia el año 2020, la industria colombiana sería desplazada del mercado, mientras los gastos de la seguridad social se incrementarían en $163 millones.
El Cardenal Pedro Rubiano afirmó ante el Congreso de Colombia que “El TLC constituye una amenaza seria para el derecho a la salud” y la Conferencia Episcopal de ese país advirtió que este tratado demora la oferta de medicamentos genéricos de buena calidad y bajo precio.
Mientras tanto en Perú se ha establecido que, 10 años después de la eventual entrada en vigencia del TLC, tendrá un gasto adicional en medicamentos de $200 millones, de los cuales 110 millones los tendrán que cubrir los hogares peruanos.
Esperamos que la Defensoría de los Habitantes, como entidad pública creada para defender los derechos de la población, solicite este estudio a la OPS para contar “con información seria, actualizada y de carácter técnico que permita tomar una decisión con fundamento y no únicamente por las presiones de transnacionales interesadas”, concluyó el diputado Merino.
Comunicado de Prensa, 9 de marzo de 2007
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Diputado José Merino del Río Partido Frente Amplio
Los chilenos creen que hay una gran injusticia social, según lo reveló la cuarta versión de la Encuesta International Social Justice Project (ISJP) de la Universidad de Humboldt (Alemania), que en Chile se efectuó entre noviembre y diciembre del año 2006 y estuvo a cargo de la Escuela de Sociología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, siendo la primera vez que un país latinoamericano es incluido en este estudio.
El estudio demuestra que el 94% de los chilenos cree que las diferencias en los ingresos son grandes o muy grandes, mientras que el 83% piensa que las empresas privadas deben ser controladas para proteger las necesidades de todas las personas.
La muestra indica, además, que el 78% piensa que a los que tienen recursos la justicia no los toca, y el 79% señala que los procedimientos policiales cambian de acuerdo al barrio en que actúan los agentes y al nivel socioeconómico de las personas investigadas.
Respecto a la superación de las inequidades, un 89% cree que el Gobierno es el que debe garantizar a las personas un nivel mínimo de vida, mientras que el 91% señala al Ministerio de Educación como responsable de asegurar a todos una educación pública de calidad.
En tanto, la mayor parte 64% considera responsabilidad del gobierno la redistribución del ingreso desde aquellos que tienen más hacia los que tienen menos.
La percepción es que existe una aguda injusticia en los planos social, político y económico, y ello es mayoritariamente compartido, independiente del sexo, edad o nivel social de los entrevistados.
En el área política, un 79% de los consultados opina que a los políticos no les importa mucho lo que las personas piensan, mientras sólo el 45% de los encuestados cree que en el país las cosas se pueden cambiar a través de elecciones.
Ficha técnica
La investigación cuenta con la colaboración de cientistas sociales de 12 países que buscan estudiar comparativamente las opiniones y actitudes de la población respecto a justicia social, política y economía
En Chile, el tamaño de la muestra alcanzó 1.224 entrevistas finales, de personas de 18 años o más, desde la Primera a la Décima regiones, incluida la Metropolitana. El margen de error alcanza al 3%.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
