Sindicatos acusan al Ejecutivo por violencia en manifestaciones

Karina Alpízar Corella
kalpizar@prensalibre.co.cr
Foto: Daniel Rodríguez

Edgar Morales, de la ANEP, insiste en que la manifestación será pacífica y que en caso de conflictos identificarían a los responsables.

El secretario adjunto de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Edgar Morales, dijo a LA PRENSA LIBRE que los jerarcas de Presidencia infiltrarían personas entre los manifestantes y, a su vez, podrían ocasionar hechos violentos para inculpar a los opositores del Tratado de Libre Comercio (TLC). El ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, consideró las afirmaciones como “ridículas y falsas”.

El secretario de la ANEP recalcó que la actitud de los participantes ante todo será pacífica en la marcha, por lo que se han preparado para identificar a los “infiltrados” que provoquen actos violentos el 26 de febrero.

Por tanto, Edgar Morales invitó al presidente Óscar Arias y al ministro Rodrigo Arias a desistir de esa estrategia, ya que si se trata de velar por el orden, están anuentes a compartir la caminata con oficiales debidamente identificados, pues no es su objetivo generar conflicto e irrumpir con la paz.

Ante las afirmaciones de la agrupación, Rodrigo Arias expresó a LA PRENSA LIBRE que no existe ningún interés en la violencia, ya que eso iría en contra de los principios de esta administración.

El Ministro de la Presidencia considera que la mayoría de los ciudadanos saben que este es un Gobierno respetuoso de la ley, que no acepta amenazas y que tiene muy claro que lo que está en juego no es un acuerdo comercial, sino la institucionalizad democrática y el progreso del país.

Arias agregó que todos pueden manifestarse, pero que no hay derecho de romper el orden constitucional, por tanto espera que los líderes sindicales cumplan la promesa de que todo será pacífico y que asumirían su responsabilidad y, además, que no se afecte el Estado de Derecho.

Sin embargo, el jerarca enfatizó que no dudará en actuar si llegan a producirse actos de violencia que busquen alterar el orden y la legalidad, como los bloqueos en las vías públicas.

Ante tal situación, Arias aseveró que actuarían como ha ocurrido anteriormente, siendo prudentes y respetuosos hasta donde sea posible, por medio de una policía que salió a la calle sin armas, como una garantía de que no existe interés alguno en agredir por parte de la Fuerza Pública.

Rodrigo Arias acotó que, en caso de ocurrir alguna actitud de violencia en contra de los oficiales, la policía tendría todo el derecho de actuar diferente.

Por otra parte, Edgar Morales afirmó que el día de la manifestación no será un evento de confrontación, más bien será visto como una fiesta pacífica para expresar como costarricenses el desacuerdo con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana.

Fuente: La Prensa Libre

Directorio acude a Fuerza Pública para poner orden en la Asamblea

Artículo de La Prensa Libre, 13 de febrero de 2007
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Esteban A. Mata Fonseca
emata@prensalibre.co.cr
Fotos: Luis Morales Castro

Manifestantes de diversos sectores contrarios al TLC llegaron con rótulos ofensivos a la barra de Público del Congreso, situación que provocó un zafarrancho.

Mudos que gritaban.

Así lucían al otro lado de la vidriera de la barra de público del Congreso. Gesticulaban y en sus caras se veía la rabia; una rabia ahogada a los lados de las pancartas con bromas, burlas e insultos para el Presidente de la República y los diputados. Al otro lado del vidrio, en el Plenario, los legisladores guardaban la compostura. Hacían como si nada pasara, y esto atizaba más a los asistentes de la barra.

Los ánimos se tensan, y en cámara lenta se ve a los manifestantes levantando los puños, amenazantes, de todo les gritan, aunque no les oyen, todo tipo de insultos traen los rótulos.

El directorio gira una directriz casi imperceptible al principio. Hay algún movimiento de parte de los encargados de la Seguridad de la Asamblea.

Los diputados se mueven inquietos en sus curules, mientras la tensión va tomando segundo a segundo el recinto parlamentario. Entra uno y dos y tres agentes, que se mueven con dificultad entre los manifestantes que siguen mudos en la barra de público. Un manoteo, un empujón, y la línea de dominós empieza a caer.

Los mudos gritan

Un guardia alto y corpulento como un ropero toma de golpe el rótulo donde hablan de un “Papá Pitufo”, otro intenta despegar el cartón que increpa a las bancadas como tiburones hambrientos. “No al TLC”, dice otro.

Hay forcejeo, alguien se tropieza o lo empujan. Es la Asamblea Legislativa, es la barra de público, aunque parece la barra de sol de algún estadio de cuyo nombre no me acuerdo. Todo se agita, la prensa corre, se acerca, los mudos dejan de ser mudos y gritan, y se oyen sus consignas, los insultos, alaridos.

El subjefe de seguridad, Carlos Herrero, pide calma, mientras el secretario de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, se debate en el tumulto. “Esto es Costa Rica”, dirá después el presidente del Congreso, Francisco Antonio Pacheco, mientras espera a que lleguen los refuerzos.

La barra de público recupera algo de calma. Los encargados de seguridad señalan que cumplían órdenes de retirar los rótulos que insultan al mandatario Arias, pero no, los empujaron, forcejearon, y ellos de acuerdo con el reglamento no pueden agredir a nadie, solo restaurar el orden.

“¡Que nos despeguen los rótulos, los volvemos a pegar. Aquí hay derecho de libre expresión!”, “¡No al TLC!”. De libre expresión…

Vargas y Xiomara Rojas se disputan el micrófono para gritar que se violentan sus derechos y que se usa al personal de seguridad para callar sus “verdades”.

“Tranquilos muchachos, ustedes son empleados, como nosotros”, vocifera Rojas, dirigiéndose a los encargados de seguridad de la Asamblea, para darles a entender que no es con ellos la discusión.

Un hombre enorme suda bajo su traje azul y mira de reojo a Rojas.

“No te atengás al cuerpo”, grita otro. “Si no le gustan a Papá Pitufo (los carteles) ¡que nos demande!”, grita Albino Vargas.

“No nos pueden quitar los rótulos, mandaron a los guardas a pelearse con nosotros”, señala Rojas.

Los micrófonos los apuntan, los lapiceros vuelan sobre el papel, los gritos se reanudan “¡No, No, No al TLC!, ¡No, No, No al TLC!, ¡No, No, No al TLC!”, el viejo piso de madera de la barra de público vibra, el eco golpea las paredes, no son tantos, si acaso 30, pero es como si fueran más.

Las consignas contra el Presidente del Congreso y los diputados salen disparadas de las bocas enardecidas. Los guardas miran a espaldas de los periodistas.

“Denunciamos tráfico de influencias. ¿Por qué se ocultó el escándalo del tráfico de visas de chinos? ¡Porque eran votos para el TLC!”

Las consignas se reanudan, los micrófonos y las cámaras vuelven al otro lado, a la barra de prensa, todo vuelve a la normalidad, no se quitan todos los rótulos. Hay uno grande, con las caras de varios diputados que dice: “Conozca a los traidores de la Patria”, esto aún no termina.

Huele a tensión, el aire es espeso y algo se mueve.

Interludio

En tanto, la sesión parlamentaria continúa. Se discute la aprobación de un convenio que pretende proteger a las especies migratorias, los diputados siguen su rutina de escuchar a los congresistas que hacen uso de la palabra. Sin embargo, la puerta principal del Congreso está cerrada, nadie sale y nadie entra por ahí.

Se rumora que viene la Fuerza Pública, refuerzos para quitar de una vez por todas los rótulos que tratan al presidente de la Asamblea de “pitufo” y al Presidente de la República de “diablo”. Francisco Antonio Pacheco ha salido del Plenario, camina por uno de los pasillos del Castillo Azul y se refiere a la situación con parsimonia.

“Yo pedí que quitaran los rótulos. A mí no me molesta que me digan pitufo, eso me deja fresco y tranquilo. Es más, me gusta”, dice el filósofo y presidente del PLN, quien señala que la directriz de que se muevan las pancartas obedece a una decisión discrecional que le confiere el Reglamento, y que busca que se respete la figura del Presidente de la República y de los legisladores.

Pacheco recalca que si la seguridad de la Asamblea no puede controlar la situación, habrá que “revalorar” el tipo de medidas por aplicar.

Defiende la actuación de la seguridad, y señala que más bien fueron empujados por los manifestantes que se han atrincherado en la barra de público y no quitan los rótulos con insultos. Luego camina, avanza y se pierde a la vuelta del pasillo. El viento de la tarde trae las consignas que se gritan en la barra, el Castillo Azul brilla con las últimas luces de una tarde de verano.

Ahí están

En doble fila bajan las gradas. Estos no son los policías que generalmente se apostan en las esquinas del Parque Central. Estos son altos, y los chalecos antibalas los hacen verse más cuadrados. Primero pasan 16, luego otros 20, por el otro lado, avanzan hacia la barra de público unos más, se decreta un receso y los diputados miran casi en silencio.

En un abrir y cerrar de ojos la Asamblea es tomada por cerca de medio centenar de policías. En las afueras del Congreso se apostan vehículos de la Fuerza Pública y un efímero alboroto se ve en la barra de público. Los carteles son removidos, lentamente se despeja la barra de público, que enmudece. Se reanuda la sesión.

A favor y en contra

Respecto a lo sucedido, las reacciones de los diputados fueron diversas, desde la censura al Directorio, hasta la desaprobación de ambas partes.

“Lamentable, por ambas partes, me parece lamentable en vista de que esto más bien exalta los ánimos”, dijo el diputado de Unión Nacional, José Manuel Echandi.

Por su parte, el subjefe de fracción del Movimiento Libertario, Luis Antonio Barrantes, señaló que aunque está de acuerdo “en la libre expresión, se les fue la mano (con los insultos). El Directorio debe velar por la seguridad del Parlamento.

En tanto, la diputada de Acción Ciudadana Andrea Morales recalcó que la actitud del Presidente del Directorio no fue la mejor. “Yo no entiendo por qué reaccionó de esta forma (Pacheco). Me preocupa que sean estrategias que buscan demostrar que el público de la barra es agresivo.”
Mientras tanto, la jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, Lorena Vásquez, señaló que si los sindicalistas y opositores al TLC quieren convencer a alguien de algo, la de ayer fue una forma “absurda. Me parece que hay sectores no todos, que buscan ir calentando el ambiente para provocar”.

¿AFECTARA El TLC LA SOBERANIA DE COSTA RICA?

Conozca las respuestas a estas y otras preguntas este lunes 12 de febrero en su programa Punto por Punto en Canal 15.

Soberanía es la potestad que tiene una República de tomar decisiones con libertad y, en ese sentido, numerosos expertos costarricenses han denunciado que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos afectaría la soberanía de Costa Rica Costa Rica en diversas áreas.

En este programa, el rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica y presidente del Frente de Apoyo a la Lucha contra el TLC, Eugenio Trejos, y la representante del sector ambientalista, Grace García, aclaran estas y otras preguntas en torno a este polémico tema.

Además, ambos invitados hacen una reflexión sobre la importancia de asistir a la Gran Marcha contra el TLC del próximo lunes 26 de febrero.

No se pierda Punto por Punto el próximo lunes 19 de febrero a las 7 p.m. en Canal 15 de la Universidad de Costa Rica (también en Cable por Canal 15- y Canal 65-), con repetición el viernes 23 de febrero a la misma hora.

Solidaridad Internacional con el pueblo costarricense

FEDERACION SINDICAL MUNDIAL
SECRETARIA AMERICA
FSM

WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS

SECRETARY AMERICA
WFTU

FEDERATION SYNDICALE MONDIAL

SECRÉTAIRE POUR L’AMÉRIQUE
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Ciudad de la Habana, 31 de Enero del 2007.

Sra. Karen Curtis
Jefa de la Sección de Libertad Sindical
Organización Internacional del Trabajo.

ASUNTO: Adhesión a queja presentada por UNDECA c/ el gobierno de la Republica de Costa Rica por violación a la libertad sindical y a su derecho de divulgar su opinión sobre el tratado de libre comercio.

LA FEDERACION SINDICAL MUNDIAL, Oficina Regional América, ha conocido de la queja presentada por la UNION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA CAJA Y LA SEGURIDAD SOCIAL (UNDECA), entidad sindical domiciliada en la ciudad de San José, Costa Rica, contra el Gobierno de la República de este país, por la violación de los derechos sindicales fijados en los Convenios 87, 98 y 135 y la Recomendación 143 de la OIT, ratificados por las autoridades gubernamentales.

UNDECA, afiliada a la Federación Sindical Mundial, es la agrupación sindical más grande de la Caja Costarricense del Seguro Social, que integra a más de seis mil trabajadores que laboran en esta institución. Esta organización sindical ha sido sujeto activo en la lucha que el pueblo y los trabajadores de Costa Rica vienen protagonizando contra la firma del TLC considerando las consecuencias negativas que este provocaría en las políticas de salud pública, en el abastecimiento de medicamentos, en los seguros sociales y en particular, en el empleo de los trabajadores de la Caja Costarricense del Seguro Social.

Esta lucha se ha manifestado a través de mítines, reuniones, informaciones, comunicaciones y propaganda, medios reconocidos como lícitos a través de los cuales los Sindicatos hacen efectivo los derechos inherentes a la libertad sindical expresando sus opiniones, divergencias y denuncias.

En un abierto desafío a las normas internacionales sobre libertad sindical que la OIT promueve, la Junta Directiva de la CCSS, presidida por el funcionario de gobierno identificado en la queja de UNDECA como Doryan Garrón, adoptó un acuerdo prohibiendo las manifestaciones y propaganda relacionadas con el TLC en sus instalaciones, limitando de esta forma la posibilidad real de que el Sindicato informe e ilustre a sus trabajadores o realice cualquier otra actividad o convocatoria relacionada.

Es evidente que con esta acción y a la luz de la propia recopilación de decisiones del Comité de Libertad Sindical, se ha quebrantado el principio de libertad de expresión que asiste a las organizaciones sindicales y a sus dirigentes para formular críticas acerca de la política económica y social del gobierno y se ha cometido un acto de injerencia en la actividad sindical.

Coincidimos con la afirmación contenida en la queja de UNDECA de que cualquier restricción a la libertad de opinión y expresión quebranta la libertad sindical y consecuentemente la letra y finalidad de los Convenios y Recomendaciones que le son inherentes.

La Secretaría América de la Federación Sindical Mundial manifiesta su solidaridad y apoyo a la denuncia formulada por los representantes legales de UNDECA, se adhiere a la misma, y solicita al CLS y al Consejo de Administración, la admisión y tramitación y solución favorable de este caso en correspondencia con la doctrina que la OIT ha sentado.

Ramón Cardona
Secretario
Región América
FEDERACION SINDICAL MUNDIAL.

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FEDERACION SINDICAL MUNDIAL
SECRETARIA AMERICA
FSM

WORLD FEDERATION OF TRADE UNIONS

SECRETARY AMERICA
WFTU

FEDERATION SYNDICALE MONDIAL

SECRÉTAIRE POUR L’AMÉRIQUE

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LLAMAMIENTO

A APOYAR A LOS COSTARRICENSES EN SU LUCHA CONTRA LA IMPOSICION DEL TLC

LA FEDERACION SINDICAL MUNDIAL, Oficina Regional América, convoca a los trabajadores y trabajadoras de América Latina y del Caribe a manifestar su respaldo y solidaridad con los trabajadores, movimientos sociales y pueblo de Costa Rica que enfrentan valerosamente la intención de aplicar el Tratado de Libre comercio (TLC) en esta nación centroamericana.

Este tratado, de consecuencias catastróficas para el progreso, la soberanía y justicia social en Costa Rica, esta siendo impuesto por la extorsión y la coacción que el gobierno de los EUA viene ejerciendo sobre el de ese país; un gobierno que ajeno a la voluntad de la mayoría de sus ciudadanos, ha cedido a las pretensiones imperiales traicionando su deber constitucional de velar y representar los intereses de SU nación y de su pueblo.

Ante la imposibilidad de concretar el ALCA, el gobierno de los Estados Unidos ha ideado y promueve la firma de estos TLC para alcanzar sus propósitos imperiales de defender, a cualquier precio, sus intereses y frenar las nuevas alternativas integracionistas que se vienen dando en la región como lo es la propuesta del ALBA.

Concientes de que sólo la movilización de las masas y la unidad de todos los sectores patrióticos podrían impedir la exigencia de servidumbre de este acuerdo, el movimiento sindical y social costarricense ha convocado a una acción nacional de protesta a celebrarse el próximo 26 de Febrero.

La Federación Sindical Mundial en las América, manifiesta su plena comprensión de las justas razones que animan a los que convocan a esta manifestación, apoya irrestrictamente sus demandas y junto con ellos reitera su rechazo y condena al ALCA, a los TLC y a los gobiernos que se subordinan a los intereses depredadores del gobierno imperial norteamericano.

Compañeros (as):

La batalla por derrotar el TLC en Costa Rica, única nación centroamericana en la que no ha podido imponerse, es también la lucha por los derechos y reivindicaciones de los trabajadores y por la autodeterminación, dignidad y preservación del futuro de los pueblos.

Es por ello que convocamos a todas las organizaciones sindicales y movimientos sociales en las América a iniciar una enérgica campaña de solidaridad previa a la acción nacional de protesta en Costa Rica el próximo 26 de Febrero.

¡Manifestemos nuestro apoyo a los compañeros que luchan en Costa Rica contra el TLC!

¡Los costarricenses que luchan contra el TLC no están solos!

Federación Sindical Mundial

Región América
10 de Febrero deL 2007.

¿ESTA EL TLC POR ENCIMA DE LA CONSTITUCION POLITICA?

En los últimos días se ha discutido a través de los medios de comunicación sobre si, en caso de aprobarse, el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos quedaría por encima o por debajo de la Constitución Política de Costa Rica.

¿Tendrían nuestras leyes valor por encima del TLC? ¿Podrían en el futuro los diputados emitir nuevas leyes que afecten el contenido del tratado? ¿Tendría el Estado costarricense la posibilidad de demandar a una empresa inversionista cuyas operaciones afecten los intereses del país?

Conozca más sobre este importante tema este lunes 12 de febrero en su programa Punto por Punto en Canal 15.

En este programa se realiza un debate entre el abogado constitucionalista y académico Wálter Antillón y el Director de la Escuela Judicial, Marvin Carvajal.

No se pierda Punto por Punto el próximo lunes 12 de febrero a las 7 p.m. en Canal 15 de la Universidad de Costa Rica (también en Cable Canal 15 y Canal 65-), con repetición el viernes 16 de febrero a la misma hora.

Rechazan comparecencias en Comisión para privatizar telecomunicaciones

A lo anterior hay que sumar la negativa a recibir a las personas representantes de la Federación para la Conservación del Ambiente Costarricense (FECON) y a los Consejos Universitarios de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR).

Igualmente se rechazó la comparecencia de las personas que integran la Comisión Especial de Telecomunicaciones de la Universidad de Costa Rica, presidida por el Dr. Manuel María Murillo, y a la que pertenecen también el Dr. Luis Baudrit, la Dra. Margarita Bolaños, el Ing. Víctor Hugo Chacón, el Lic. Rodrigo Madrigal Montealegre, el Ing. Ismael Mazón, el Dr. Jaime Ordóñez, el Dr. Jorge Rojas y el Lic. Juan Manuel Villasuso.

Se rechazó además la comparencia los presidentes de las organizaciones gremiales del ICE: José Joaquín Porras (ANTTEA), Jorge Muñoz (AJEICE) y Sergio Saborío (SITET).

El diputado Merino señaló que se trata de un tema sobre el que no ha habido acuerdo en la sociedad costarricense durante los últimos años y sobre el que pueden aportar no sólo los expertos en telecomunicaciones, sino también diversas organizaciones sociales y académicas, sin embargo “la búsqueda acelerada de la privatización de los mercados de las telecomunicaciones, conducen a la “mayoría mecánica” a un irracional calendario simplificado de comparecencias, que excluye sobre todo a las personas y sectores con visiones alternativas, tal el caso de la Comisión de la UCR que ha presentado a la consideración de la sociedad propuestas de ley para fortalecer el ICE y regular las telecomunicaciones; de expertos como los ingenieros Cob y Fumero y de las organizaciones sociales de los trabajadores y los ambientalistas que participaron en las comisiones mixtas formadas en periodos anteriores de la Asamblea Legislativa”.

Ciudadano denuncia a Oscar Arias ante Ministerio Público

Señores :
Ministerio Publico
Corte Suprema de Justicia
San José

Por este medio, Yo, Marco Antonio Sánchez Villalta, cedula 9-057-478, en calidad de Ciudadano , me presento ante este honorable Tribunal , con el objeto de denunciar al Presidente de La Republica, Doctor Oscar Arias Sánchez, por violación de la Constitución Política de la Republica de Costa Rica, en el articulo 149 , numeral 6 y la violación a la ley 8422 contra la Corrupción y el enriquecimiento ilícito en lo pertinente al articulo 48 : Legislación o administración en provecho propio


1-HECHOS

1.1 Que en el Diario Oficial La Gaceta numero 101 del viernes 26 de Mayo del año 2006, se publico el Acuerdo Presidencial numero 001-P , en el cual , entre otros, el Presidente de la Republica nombra a su Hermano Rodrigo Arias Sánchez , Cedula numero 4-091-058 , como Ministro de la Presidencia.

1.2 Que según la Constitución Política de La Republica de Costa Rica, en su articulo 149 , numeral 6) dice : El Presidente de la Republica y el Ministro de Gobierno que hubieran participado en los actos que en seguida se indican , serán también conjuntamente responsables:…….. 6) En todos los demás casos en que por acción u omisión viole el Poder Ejecutivo alguna ley expresa.

1.3 Que según ley numero 8422 publicada en el Diario Oficial La Gaceta numero 212 del 29 de Octubre del 2004 , en su articulo 48 : Legislación o Administración en provecho propio ´´ Será sancionado con prisión de uno a ocho años , el funcionario publico , que sancione , promulgue , autorice , suscriba o participe con su voto favorable , en las leyes , decretos , acuerdos , actos y contratos administrativos que otorguen , en forma directa , beneficios para si mismo , para su cónyuge , compañero , compañera , o conviviente , sus parientes incluso hasta el tercer grado de consaguinidad o afinidad ´´

1.4 Que el acuerdo Presidencial 001-P , violenta la Constitución Política de La Republica de Costa Rica en lo estipulado en el Articulo 149 , numeral 6) y violenta el articulo 48 de la ley 8422.

2- LEGITIMACIÓN

En mi condición de Ciudadano , mi legitimación se fundamenta en:

2.1 El Reglamento de la ley 8422 , del 29 de Octubre del 2004 , establece en el Capitulo II PARTICIPACIÓN CIUDADANA en los artículos : Art. 3 Participación Ciudadana , ´_´ El derecho a la participación Ciudadana en la lucha contra la corrupción , se fundamenta en el libre acceso a la información , en la educación , en la organización y en el poder Ciudadano de denuncia_ , Art. 4 Deber de Fomento,´_´ El Estado y demás ente y empresas Publicas deberán fomentar la Educación , la organización y el poder de denuncia Ciudadana en el combate y el control de la corrupción ._

2.2 El reglamento de la ley 8422 , del 29 de Octubre del 2004 , establece en el Capitulo III , PODER CIUDADANO DE DENUNCIA , en los artículos : ´´ Art. 8 Derecho de Denunciar. Los Ciudadanos tienen el derecho a denunciar los presuntos actos de corrupción .Esta denuncia podrá presentarse en forma escrita , verbal o por cualquier otro medio ante las autoridades contempladas por la ley y el presente reglamento ´´ , ´´ Art. 9 Deber de denunciar , Los Funcionarios Públicos tienen el deber de denunciar ante las autoridades competentes los actos presuntamente corruptos que se produzcan en la función Publica, de los que tengan conocimiento.´´

*3-PRUEBA *

3.1 Copia del acuerdo Presidencial numero 001-P , del 8 de Mayo del 2006.

4– DERECHO

4.1 Constitución Política de la Republica

4.2 Reglamento a la ley contra la Corrupción y el enriquecimiento ilícito

4.3 Ley 6422, ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito.

5– PETITORIA

5.1 que el Misterio Publico juzgue al Presidente de la Republica , por violación a la ley 8422, articulo 48. y anule el Nombramiento del Ministro de al Presidencia.

6 – NOTIFICACIONES

las mías las oiré al telefax numero 260-2223
Heredia, 21 de Enero del 2007

Marco A. Sánchez Villalta
9-057-478

Diputado Merino interpela al presidente del PUSC

“Son muy preocupantes y graves las declaraciones al Diario Extra el día de hoy, del presidente de la Unidad Social Cristiana, don Luis Fishman, al referirse a las actuaciones de la fracción parlamentaria de este partido en relación con el trámite del TLC y otros proyectos del gobierno”, dijo el diputado José Merino del Río.

“Dice don Luis que algunos diputados y diputadas del PUSC están entregados al gobierno, y califica a la fracción de allanada, deficitaria y complaciente, lo cual está a la vista de la ciudadanía, pero lo que no se conocía es que esto ocurre porque, según sus palabras, están ‘vendidos para proteger intereses privados y hasta familiares’ a cambio de sus votos a favor del TLC”, continuó diciendo el parlamentario del Frente Amplio.

“Siendo el presidente de la Unidad Social Cristiana una persona generalmente bien informada, y que ha ocupado puestos relevantes en la vida pública nacional, me siento en la obligación de interpelarlo y solicitarle de manera respetuosa a don Luis Fishman que dé a conocer esas negociaciones clandestinas que han llegado a sus oídos, que diga cuáles diputados de su partido son los que le van dar sus votos al TLC y no hacen control político para proteger determinados intereses particulares”, manifestó el diputado Merino.

Al mismo tiempo el legislador del Frente Amplio invitó a la dirección política y los adherentes de la Unidad Social Cristiana a analizar la conveniencia de participar en la marcha nacional convocada por los movimientos sociales para el próximo 26 de febrero, al igual que acudirán a este llamado los liberacionistas que se oponen al TLC, junto a los partidarios del Frente Amplio, el PAC, el PASE y otras agrupaciones políticas sin representación parlamentaria.

Resumen de la consulta preceptiva a la sala constitucional sobre reforma para “vía rápida” al TLC

Violación del Principio de Publicidad en el trámite de creación del procedimiento especial para conocer el expediente 16.521 (Artículo 117 de la Constitución Política).

-La propuesta no fue puesta en conocimiento de todos los señores y señoras diputadas con la debida antelación para que pudieran estudiarla. Ni siquiera se respetó el plazo de 24 horas previas con que, de acuerdo con el Reglamento, deben aparecer en el orden del día otros asuntos de similar carácter normativo para poderse tramitar. Aunado a lo anterior, no fue hasta escasos minutos posteriores a su lectura, que se facilitó una copia solamente a los Jefes de cada Fracción. Dicha omisión ocasionó que, en la práctica, esta amplia propuesta de reforma reglamentaria solo haya podido ser conocida con anterioridad por quienes participaron en su formulación y que las minorías parlamentarias excluidas resultaran totalmente sorprendidas; al punto de que ni siquiera tuvieran la oportunidad de estudiar la propuesta a fondo, plantear dudas sobre sus alcances y pedir explicaciones sobre su correcta interpretación. De hecho, el tiempo que transcurrió entre su presentación y su votación (alrededor de veinte minutos) no permite siquiera que un lector avezado en la materia pueda realizar una lectura pausada del complejo articulado planteado.

Violación del Derecho de Enmienda en relación con la propuesta la creación del procedimiento especial, aplicado al expediente 16.521 (artículos 1, 9, 105 y 121 inciso 1) de la Constitución Política).

-Si es aceptado que el derecho de enmienda es un derecho básico de los legisladores, derivado del principio democrático, resulta absolutamente contradictorio suponer que este derecho no existe en el trámite de reformas reglamentarias, que precisamente son las encargadas de regular el desempeño de los diputados en el Parlamento.

Rechazo automático de mociones de fondo por la presidencia de la comisión sin contar con competencia para ello. Violación del procedimiento especial aprobado por el Plenario Legislativo. Derecho de participación de las minorías.

-La presidencia de la comisión se extralimitó en sus facultades, ya que, de acuerdo con el procedimiento especial definido por el Plenario para tramitar el expediente 16.521, no tenía competencia para agrupar o declarar improcedentes las mociones de fondo presentadas por los diputados en el Plenario. Por el contrario, en esta etapa del procedimiento se trataba de una atribución exclusiva del Presidente del Directorio. El momento procesal oportuno para ello se dio cuando estas mociones fueron presentadas en el Plenario Legislativo, es decir durante la sesión extraordinaria N° 001 celebrada el 29 de enero de 2007. Sin embargo, tal y como consta en el acta respectiva en esta sesión el Presidente del Directorio anunció la presentación de dichas mociones de fondo y las admitió para su trámite en la Comisión, sin objetar ninguna. Una infracción que al mismo tiempo lesiona los derechos de participación y representación de los diputados que presentaron mociones de fondo, al impedir que la discusión sobre la admisibilidad de sus propuestas

se desarrollara en el Plenario, donde existen mayores garantías de publicidad y participación para defender sus derechos. Como se puede constatar en el acta de la sesión N° 6 de la comisión dictaminadora, varios diputados advirtieron oportunamente sobre esta violación a la presidencia, sin que sus solicitudes fueran atendidas.

Rechazo arbitrario e injustificado de mociones de fondo. Violación del derecho de enmienda. Principios de razonabilidad y proporcionalidad. Aplicación de criterios contradictorios.

-En el marco del trámite de mociones de fondo, el Plenario remitió sesenta y tres propuestas de enmienda presentadas por varios diputados a la comisión dictaminadora. De estas mociones, cuarenta iniciativas fueron rechazadas de forma automática por la presidencia de la comisión, es decir, prácticamente las dos terceras partes (63.5%) del total presentado. Dicha actuación lesiona de forma severa el derecho de enmienda de los representantes populares. Muchas de estas mociones fueron desechadas de forma abusiva y arbitraria, contrariando, incluso las reglas contenidas en el procedimiento especial aprobado por el Plenario Legislativo.

Principios de razonabilidad y proporcionalidad.

-En todo momento se ha afirmado que el trámite acelerado que se le imprimió al expediente 16.521 tenía como objetivo lograr la aprobación expedita de una reforma al artículo 41 bis del Reglamento para aplicarla a proyectos de ley de interés de las fracciones promotoras de la iniciativa. Sin embargo, para lograr este objetivo no era necesario limitar y “atropellar” el derecho de enmienda de las minorías de la forma en que se hizo durante el trámite en comisión. El procedimiento especial aprobado restringió de forma notable (a una tercera parte) el derecho al uso de la palabra de los diputados proponentes y de los que quieran hablar a favor o en contra. Además limitó considerablemente el derecho a presentar recursos de revisión. Tampoco puede sostenerse que las mociones presentadas por los diputados representaban un número inmanejable, o respondían a prácticas abusivas u “obstruccionistas” de sus proponentes. La gran mayoría se encontraba debidamente justificada y respondían a preocupaciones legítimas.

Falta de fundamentación de resolución de la Presidencia de la Comisión que rechazó sin discusión ni votación mociones de fondo.

Como agravante de los vicios de constitucionalidad que se someten a consulta de la Sala en los apartados de la resolución de la presidencia de la comisión que desechó automáticamente cuarenta mociones de fondo presentadas en el Plenario por varios diputados carece de motivación o fundamentación que explique –al menos de manera sucinta las razones por las cuales cada una de estas mociones fue desechada de plano. La necesaria motivación de las actuaciones de las autoridades públicas es uno de los principios generales del debido proceso que informa todo nuestro ordenamiento jurídico. En el ámbito del Derecho Parlamentario, quiénes ostentan la presidencia de órganos legislativos no están exentos de cumplir con esta exigencia, en especial cuando adoptan actos unilaterales que afectan el ejercicio de los derechos de los diputados

Denegación arbitraria del derecho de apelación a los diputados afectados por la resolución de la Presidencia de la Comisión que rechazó automáticamente mociones de fondo. Violación del Principio Democrático. Derecho de participación de las minorías parlamentarias.

-En la sesión del 29 de enero de 2007 los diputados Merino del Río y Madrigal Brenes presentaron recurso de apelación contra la resolución de la Presidencia de la Comisión que decidió tramitar en bloque las mociones de fondo presentadas por estos diputados en el Plenario y tener por desechadas sin votación la gran mayoría de ellas. Sin embargo, la Presidenta de la Comisión se negó a admitir la presentación de dichos recursos de apelación, impidiendo el ejercicio de este derecho por parte de los diputados afectados por su decisión relativa a las mociones de fondo.

-El derecho de apelar las resoluciones de la Presidencia cuando considere que presenten_ “ilegalidad o irregularidad”_ se encuentra plenamente reconocido en nuestro Derecho Parlamentario como un componente fundamental del derecho de enmienda y las garantías de participación y representación de los diputados, especialmente de las minorías. Está regulado en los artículos 5 inciso 6) y 156 del Reglamento Legislativo para el trámite en Comisión y en Plenario respectivamente. la presidencia negó el ejercicio de este derecho, violentando, además del derecho de enmienda, participación y defensa de los diputados afectados el mismo procedimiento especial que el Plenario había aprobado.

-No cabe duda que la decisión adoptada por la presidencia afectó de forma notable los derechos de los diputados que habían presentado mociones. No fue una decisión inocua. Implicó un rechazo automático de la mayor parte de las propuestas que estos diputados habían presentado ante el Plenario. En el caso del diputado Merino del Río, por ejemplo, catorce de sus mociones fueron reducidas a solo tres, impidiendo la discusión y votación de las once restantes. Así las cosas, si una decisión adoptada por la presidencia tiene este tipo de afectaciones sobre los derechos de los diputados no es admisible que se les niegue al menos la posibilidad de recurrir dicha decisión. Esto implica colocar al diputado en un estado de absoluta indefensión.

-En el caso del procedimiento especial creado para tramitar el expediente 16.521, nótese además que se definió que el recurso de apelación que se presente contra las decisiones de la presidencia de la comisión dictaminadora será votado por “la Asamblea”, es decir, por el Plenario Legislativo. Este recurso “en alzada” implica una garantía adicional para los diputados afectados por una resolución arbitraria de la presidencia, ante la posibilidad de que las implicaciones de una resolución de este tipo se agraven en el marco de un procedimiento tan acelerado como el de marras. No obstante, al impedir que los diputados afectados puedan apelar su decisión, la presidencia de la comisión negó de plano el ejercicio de esta garantía adicional.

-Aceptar que no procede el derecho de apelación contra decisiones de la presidencia de un órgano legislativo por el solo hecho de que quién adoptó tales decisiones afirme que se limitó a aplicar el reglamento, equivale, en la práctica, a la completa negación de este derecho a los diputados. Nunca sería procedente la presentación de recursos de apelación independientemente de los derechos que afecte una determinada decisión de la presidencia y la gravedad de esa afectación pues, parece poco probable que el autor de la resolución reconozca de previo que la misma no está apegada al reglamento.

Trasgresión de los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

-La Sala Constitucional en ejercicio de la potestad a ella conferida por el artículo 10 de la Constitución y los artículos 81 y 82 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ha emitido dos resoluciones con el fin de dar por admitidas varias acciones de inconstitucionalidad interpuestas en contra del trámite de aprobación del artículo 208 bis y su contenido; así como, contra el acto de conformación de la Comisión Especial de Reglamento de la Asamblea Legislativa. Por lo cual, es criterio de los consultantes que existe una imposibilidad de dictar una resolución final en el caso del Proyecto de Reforma Parcial del artículo 41 bis, por cuanto, la Comisión Especial de Reglamento fue quién realizó la labor de instrucción y el procedimiento seguido fue resultado de la aplicación del artículo 208 bis del Reglamento. Con lo cual, se concreta con el conocimiento de este proyecto, la indefensión causada por la forma desproporcionada en que se instaló esta comisión.

Violación del Principio de Gravedad del Procedimiento en materia de Legislación Internacional y del Principio Democrático.

-Al menos podemos citar tres casos concretos en donde el “Principio de Gravedad del Procedimiento en materia de Legislación Internacional” es claramente palpable y se manifiesta de parte de todos la necesidad de no aplicar un procedimiento excepcional y abreviado para la aprobación de un Tratado o Convenio Internacional.

-El primero es el artículo 124 de la Constitución Política y el Titulo II. Comisiones Legislativas Plenas del Reglamento de la Asamblea Legislativa; en donde, se excluye de forma tajante la posibilidad de delegar en una Comisión Plena la aprobación o el rechazo de cualquier tipo de Convenio o Tratado Internacional.

Segundo, en el actual texto del artículo 208 bis –utilizado para tramitar esta reforma exceptúa la posibilidad de crear un procedimiento especial para la aprobación o rechazo de un Convenio Internacional

-Por último, el mismo artículo 41 bis plantea desde su incorporación al Reglamento de la Asamblea Legislativa, la prohibición de aplicar ese procedimiento excepcional para los tratados regulados en el artículo 7 de la Constitución Política de Costa Rica; es decir, los Tratados Públicos, los Convenios Internacionales y los Concordatos.

Organizaciones dominicanas anuncian plan de protestas

Fidel Santana, vocero del Foro Social Alternativo, informó que el próximo 7 de marzo se realizará una jornada de movilización simultánea en varias ciudades del país, que será precedida de paros y huelgas en algunas provincias.

El dirigente indicó que el 20 de febrero está previsto un paro en la provincia de San Pedro de Macorís. Y que el 28 se realizará una protesta similar en la provincia de Bonao.

El Foro Social Alternativo acusó al Gobierno de Leonel Fernández de utilizar los recursos del país en proyectos no prioritarios, en lugar de emplearlos para mejorar la educación, la salud, la seguridad social ciudadana y fomentar empleos.

Asimismo, reclamó que el Gobierno debe cambiar el método que vienen desplegando para enfrentar la inseguridad ciudadana.

El Foro subrayó que no basta con represión policial y aseguró que es necesario invertir en los sectores más pobres para crear empleos, dar solución a los servicios básicos y hacer proyectos de construcción de viviendas para eliminar el hacinamiento y la promiscuidad.

Dirigentes populares que conforman el Foro coincidieron en la urgencia de articular un gran movimiento social alternativo para proponer al país soluciones concretas, al considerar ya desgastados a los partidos políticos tradicionales. (PULSAR)

FAP
05/02/2007