Categoría: Noticias

La circunstancia de que el 20% de los hogares más ricos concentren el 52.2% del ingreso nacional; de que una persona de clase alta gaste 17 veces más de lo que gasta alguien de clase baja; y de que el 20% más pobre de los y de las costarricenses debe repartirse el 4.6% del ingreso nacional; ponen al desnudo el fracaso de la poética económica neoliberal del PLUSC.

Particularmente, la clase trabajadora asalariada, tanto la del Sector Público como la del Privado, ha venido experimentando en carne propia, un angustiante y doloroso proceso de empobrecimiento, como consecuencia de las restricciones salariales, la alta inflación y la devaluación sistemática; elementos estos que han carcomido el poder de compra de las familias dependientes de un salario para vivir.

Los contundentes datos del INEC, importantes por el prestigio de tal entidad y la seriedad de su equipo profesional y técnico, certifican el fracaso de la política económica neoliberal seguida por los últimos gobiernos del alicaído PLUSC.

Hay que enseñar fuertemente el dedo acusador contra los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana porque, el uno al abjurar de su originaria filosofía socialdemócrata y el otro renegando del humanismo cristiano que dijo haber adoptado cuando su fundación; generaron las condiciones para una gigantesca transferencia de capital hacia cada vez más reducidos grupos económicos que hoy nadan en millones de dólares.

Bueno sería demandar cuentas individualizadas, por ejemplo, a los personajes rectores de esas políticas económicas concentradoras de riqueza; personajes que al servicio de los grupos acumuladores de riqueza, han venido controlando el Banco Central y el Ministerio de Hacienda.

Entre otros, los señores Eduardo Lizano Fait, Francisco de Paula Gutiérrez Rosabal, Alberto Dent Zeledón y Leonel Baruch Goldberg, no deberían permanecer impunes pues son sus decisiones, adoptadas en los gobiernos del PLUSC, los que hoy tienen a Costa Rica en la ruta de la centroamericanización (pobreza extendida vs. riqueza concentrada).

Para colmo de males, esos mismos grupos ganadores de las políticas económicas neoliberales que hoy tiene a tantos miles de hogares costarricenses sumidos en la pobreza ó a poca distancia de caer en la misma, nos quieren imponer un TLC que contundentemente hará irreversible la constatación de que en Costa Rica, los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.

No hay la menor duda. La lucha social deberá incrementarse en grado sumo.

San José, 31 de marzo de 2006.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Nuestra organización sindical, durante cinco años de denuncia sistemática, ha puntualizado las irregularidades que contiene el proceso de concesión de Puerto Caldera:

1- Inicio. El hoy cuestionado Expresidente de la República, Miguel Angel Rodríguez Echeverría, pactó con dos organizaciones sindicales la compra de conciencia de los trabajadores para que no se opusieran a la entrega del puerto a manos privadas y renunciaran a defender su derecho fundamental al trabajo.

2- La emisión del reglamento que regularía el proceso, casi un año después de haberse publicado las licitaciones y cuando ya se conocían las ofertas. ¿Un traje hecho a la medida?.

3- Más de 100 modificaciones sustanciales a los carteles de licitación por la vía contractual (incluyendo los dos adendum presentados a última hora).

4- Las presiones de 41 diputados y diputadas a la Subcontralora para que hiciera una aplicación “proactiva” del derecho; sea, para que refrendara los contratos. ¿Funcionó?.

5- Las manifestaciones públicas del Presidente Ejecutivo del INCOP, jactándose de negociaciones extraoficiales con los personeros de la Contraloría, que a lo postre pudieron terminar en dos adendum modificando cláusulas.

6- El incumplimiento por parte del concesionario, de requisitos legales previos, como el estudio de viabilidad ambiental y la aprobación de la estructura tarifaria.

7- El hecho de que el monto inicial pagado por los concesionarios sea insuficiente para cubrir la indemnización prometida a los trabajadores. Seremos los y las costarricenses quienes terminaremos pagando para que empresas privadas se hagan de un jugoso negocio.

Ante esas denuncias, la institucionalidad costarricense ha prestado oídos sordos.

El Presidente de la República ha procedido a acusar recibo y ha guardado un silencio cómplice, que ha permitido que las autoridades del INCOP y del MOPT continuaran con un proceso vergonzoso que culminará con el aumento de la exclusión y la pobreza en la provincia de Puntarenas.

La Asamblea Legislativa, con algunas distinguidas excepciones (como los diputados José Miguel Corrales Bolaños y Humberto Arce Salas, así como los y las de la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana), lejos de cumplir con su deber de control político y conociendo de un informe rendido por la Diputada Joyce Zurcher Blen, desnudando los vicios del proceso; le pide a la Subcontralora General de la República que apruebe el contrato, porque no hay otra opción a corto plazo para resolver el “colapso” en el que ha caído el puerto. Se “olvidó” que ese colapso, precisamente, ha sido provocado por los políticos-empresarios y empresarios políticos de los partidos que han controlado el PLUSC bajo el esquema ideológico neoliberal.

Por su parte, la Contraloría General de la República, mediante Resolución DCA-0733 del 27 de marzo de 2006, a través de la Subcontralora General, Marta Acosta Zúñiga y del señor Manuel Corrales Umaña, han otorgado refrendo a un contrato que mantiene, en lo sustancial, los vicios de las dos versiones anteriores que fueron rechazadas.

La única esperanza que nos queda para resguardar la alicaída y violada institucionalidad de este país, es el Ministerio Público. Confiamos en que la Fiscalía General de la República proceda conforme a derecho, con las denuncias penales que hemos presentado a raíz de las barbaridades que han ocurrido en este proceso.

No podemos dejar pasar por alto, el papel de alguna prensa nacional que responde a los intereses de aquellos que solo piensan en desmantelar y hacer negocio con las instituciones públicas.

Por ejemplo, el periódico La Nación, gran enemigo de las Convenciones Colectivas de Trabajo, anuncia con bombos y platillos, que los 1.000 empleados del INCOP recibirán indemnizaciones por el orden de los 30 millones de dólares (más de 15 mil millones de colones). Por lo visto tratándose, de proteger un negocio, la Convención Colectiva del INCOP es “buena”, cae al pelo y, por tanto, La Nación la ve como “amiga”.

CALDERA: Otro RITEVE y otra ALTERRA. Ante el refrendo al Contrato de Concesión de Gestión de Servicios Públicos de la Terminal de Puerto Caldera, nuestra organización sindical se pregunta ¿A dónde acudir en un país en donde los mecanismos institucionales resultan inútiles para hacer respetar el “Estado de Derecho y proteger el interés público” Impotencia, desilusión, frustración, indignación”. Tenemos razón para estar de luto.

Anhelamos, sinceramente, en lo más profundo de nuestro corazón, que el día de mañana a ninguno de esos políticos-empresarios, empresarios-políticos con gran influencia en la institucionalidad vigente; se les ocurra plantear que la Contraloría General de la República “colapsó” y que, por tanto, hay que “darla” en concesión.

Finalmente, muy pronto, muchas familias costarricenses, de esas que ya están en la dolorosa pobreza ó en gran riesgo de caer en ella (muchas encabezadas por mujeres solas); probablemente no entenderán la razón por la cual tendrán que pagar más caro el pan, las galletas y los macarrones (de los pocos artículos alimenticios que se pueden comprar con presupuestos familiares sensiblemente modestos). Seguramente ni se imaginarán que el negocio de la privatización de Caldera se los están cobrando a ellas por esta vía.

San José, 30 de marzo de 2006.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados – ANEP

Después de cinco años de oposición por parte de nuestra organización sindical (una oposición con gran solidez profesional y con un amplio criterio político), la Contraloría General de la República otorga el refrendo a uno de los negocios más leoninos de la historia de nuestro país: el Contrato de Concesión de Gestión de Servicios Públicos de Puerto Caldera.

Hoy denunciamos que el contrato refrendado por la Subcontralora General de la República, mediante oficio DCA-0733 del 27 de marzo de 2006, mantiene los mismos vicios que provocaron su rechazo las dos ocasiones anteriores.

Asimismo, expresamos el amargo sabor que nos causa el hecho de que una vez que ingresó el contrato para refrendo, la Administración del INCOP, que públicamente hizo alarde de que mantenía conversaciones extraoficiales con la Contraloría acerca del contrato, presentó dos adendum corrigiendo varias cláusulas.

En términos generales, el contrato mantiene las siguientes irregularidades:

INEXISTENCIA DE LEY MARCO: De acuerdo al Artículo 121 de la Constitución Política, los muelles son bienes que cuentan con una afectación especial y que requieren de una ley marco para ser otorgados en concesión.

En virtud de que la Ley de Concesión de Obra Pública prohíbe expresamente otorgar en concesión las instalaciones portuarias existentes, la Administración del INCOP, incurriendo a nuestro criterio en fraude de ley, optó por la figura de la concesión de gestión de servicios públicos de los artículos 74 y 75 de la Ley de Contratación Administrativa. Sin embargo, estos artículos delimitan en términos amplios los alcances de la concesión de servicios, es decir, constituyen un tipo abierto que debe ser definido reglamentariamente.

En este caso, el Reglamento para los Contratos de Concesión de Gestión de Servicios Públicos Portuarios fue publicado en la Gaceta No. 10 del 15 de enero de 2002, pese a que el proceso licitatorio había iniciado un año antes, con la publicación de los carteles de licitación, en La Gaceta No. 68 del 5 de abril de 2001.

A nuestro criterio, este es uno de los pecados originales de este proceso, y el hecho de que la Contraloría General de la República haya otorgado el visto bueno aplicando este Decreto, podría constituir delito de prevaricato.

MODIFICACIONES AL CARTEL: Este contrato se aparta del cartel en cuestiones esenciales, lo cual lesiona los principios constitucionales de contratación administrativa y otorga ventajas desproporcionadas al adjudicatario.

Se amplió los bienes de la concesión al incluir el edificio administrativo, se amplió el objeto de la concesión porque se contempla dentro de este todos los servicios relacionados con las escalas comerciales realizadas por todo tipo de embarcaciones que soliciten atraque en Puerto Caldera; se incluye la atención a la carga atunera y a los cruceros, cuyas licitaciones habían sido declaradas desiertas.

ASPECTOS DE ÍNDOLE TARIFARIO: Las lesiones a las competencias de la ARESEP que contiene el contrato, no se originaron en el mismo, sino que son vicios que arrastra desde el cartel de licitación. En razón de la anterior, pretender corregir esta situación a estas alturas del proceso, sería absolutamente ilegal, puesto que constituye una lesión a los principios constitucionales de contratación administrativa.

Por último consideramos oportuno indicar que nuestra organización sindical, ha presentado dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República: una por tráfico de influencias y otra por fraude de ley. Consideramos que la única esperanza que nos queda para resguardar la institucionalidad es el Ministerio Público.

ASPECTOS SOCIALES: Serán graves las consecuencias para el costo de la vida, sobre en los sectores populares, pues habrá un encarecimiento de costos de los servicios portuarios de Caldera, a partir de la lógica de lucro y de recuperación de la inversión que reclamará el concesionario; encareciéndose, por ejemplo, el costo del pan, de las galletas, de los macarrones y otras harinas, cuyo grano de elaboración básica entra por este muelle.

Finalmente, en ANEP interpretamos que esta decisión del órgano contralor, debe interpretarse como una especie de guiño que la Contraloría General de la República le hace al nuevo gobierno, en esta delicada y polémica materia de concesión privada de servicios públicos, de que el camino marcado en tal sentido, no será variado. Esto, por supuesto, lo decimos con el mayor respeto que nos merece el ente contralor del país.

San José, 29 de marzo de 2006.

Sobre esta necesidad, nuestro sindicato ya está haciendo circular un documento, cuyo objetivo es ponerlo a discusión entre los actores sociales involucrados en el tema, para luego hacer un diagnóstico que nos permita el análisis que, posteriormente, nos lleve a formular el reclamo correspondiente a las autoridades, sobre el ministerio que necesita nuestra sociedad en los actuales momentos que estamos viviendo y los por venir; que no parecen hada halagüeños para el común de la sociedad y la generalidad del pueblo costarricense.

Paralelamente, estamos analizando algunas otras dificultades que afectan la normalidad del desempeño de las labores, deteriorando la calidad y la eficiencia del servicio de salud que requiere nuestro pueblo; pretendiendo que antes que termine la presente administración queden, si no completamente resueltas, debidamente planteadas, en beneficio de todos y de todas. Veamos:

1- TRANSFORMACIÓN DEL VIÁTICO FIJO

2- RECONOCIMIENTO POR RECARGO DE FUNCIONES

3- RIESGO DE PELIGROSIDAD

4- VERTICALIDAD DEL PROGRAMA DE NUTRICIÓN

5- PRESUPUESTO PARA EL SECTOR SALUD

Pareciera que estos son los más inmediatos retos que debemos atender, antes que lleguen los nuevos inquilinos al Ministerio de Salud.

Si usted concuerda con nosotros y considera que los temas se deben tratar cuanto antes, anótese para que colabore en la estrategia a seguir y espere nuestro llamado. Antes de un mes le convocaremos para los primeros talleres de análisis discusión y de propuestas.

Inscríbase con nuestro promotor para que nos ayude a salvar el sector salud y dignificar, cada día más, nuestro trabajo Si no ha sido visitado por nuestro promotor y desea colaborar, solamente llámenos y solicite la inscripción, pronto le estaremos convocando.

01- Con suma complacencia hemos recibido la noticia de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, rechazó el paquete tributario aprobado recientemente por la Asamblea Legislativa, al detectar graves vicios en el procedimiento del trámite parlamentario.

02- Hablamos con complacencia toda vez que esta organización sindical, junto a otros sectores sociales y productivos, participó durante un año, de forma seria y responsable, en la Comisión Especial Mixta Legislativa del Pacto Fiscal que tramitó al principio un proyecto que fuera equilibrado en cuanto a equidad y a justicia tributaria.

03- Además, la representación de la ANEP en esa comisión renunció, desde la primera sesión, a recibir un solo centavo por pago de dietas; ejemplo éste que fue seguido por las otras entidades sociales y productivas que se integraron en la indicada comisión.

04- En el seno de esa comisión, ANEP dio importantes aportes con el objeto de cambiar en algo, la injusta estructura tributaria que impera en nuestro país. Lo logramos. Y de esa comisión salió un proyecto con dictamen de mayoría, que recogía nuestros objetivos de introducir importantes disposiciones de equidad y de justicia tributaria.

05- No obstante, los políticos tradicionales pertenecientes al grupo “PLUSC”, con la adhesión de los libertarios, no conformes con los contenidos de ese plan fiscal original (puesto que gravaba los intereses de los grandes ricos y además indicaba con toda claridad, cómo y dónde deberían invertirse esos recursos); se confabularon el 1º de mayo del 2003 y tomaron la decisión de expulsar a los sectores sociales y productivos del seno de la mencionada comisión.

06- A partir de ese momento y conforme al pacto de marras (pese a que el proyecto conservó aspectos fundamentales relacionados con el gasto público, la inversión social, la evaluación y rendición de cuentas); transformaron el plan fiscal en su parte tributaria, en un paquete de impuestos para los pobres, destinando los recursos que a éstos les sacarían por tal razón, para pagar la deuda del Banco Central; fortaleciendo así el ya de por sí lucrativo negocio de la deuda interna.

07- Eso llevó a que nuestra organización retirara el apoyo a dicho plan fiscal, pues los propósitos del mismo habían sido prostituidos por el pacto politiquero antes mencionado. Por eso y sobre todo, la resolución judicial que determina como inconstitucional su trámite, nos parece una oportunidad para retomar el cauce perdido.

08- Además consideramos que tal resolución le abre una puerta de fundamental importancia, al Presidente Electo, señor Oscar Arias Sánchez, para que cumpla con las promesas de campaña (recordemos que su apretado triunfo fue por los votos de los más pobres de las provincias marginadas de Limón, Puntarenas y Guanacaste, agobiadas por un mayor deterioro social), impulsando el mismo 8 de mayo, un paquete tributario de carácter progresivo, que lleve recursos sanos al Estado.

09- Este paquete tributario progresivo, que desde nuestra organización estaremos dispuestos a apoyar, deberá ser para obligar a los grandes ricos a tributar en cuanto tales; o sea, para que los políticos-empresarios y empresarios- políticos, que se han granjeado millonarias riquezas al amparo de las políticas neoliberales, paguen lo debido, sin escapatoria alguna.

10- No obstante, el Presidente Electo a quien adversamos fuertemente por su posición favorable al tipo de TLC que nos quieren imponer, tendrá el decidido apoyo de la ANEP si quiere promover un paquete tributario para gravar a los casinos, la banca offshore, el capital financiero, los grandes exportadores, las casas de apuestas, los vehículos de lujo y los megaproyectos turísticos, por ejemplo.

11- Será bueno para la democracia, por ejemplo, que el capital financiero, la banca privada, esa que obtuvo ganancias netas el pasado año 2005, por 57 mil millones de colones, ponga algo para la equidad y la justicia tributaria

12- También, el Sr. Presidente Electo puede poner a pagar a otro grupo que ha ganado inmensas fortunas con el modelo neoliberal, nos referimos al sector exportador. Según cifras oficiales, este sector tuvo ingresos por los 6,800 millones de dólares, unos tres billones de colones. No podemos aceptar, en tal sentido, el planteamiento del nuevo mandatario en cuanto a impulsar rebajas en el impuesto de la renta, con el pretexto de atraer inversiones, sin tener claridad de cuál será su repercusión para un desarrollo social incluyente.

13- En la misma línea, los empresarios-políticos y políticos-empresarios del negocio del turismo, deben tributar conforme a sus gigantescas rentas. Sabemos que en el año pasado los empresarios turísticos tuvieron ingresos por la suma de 1,800 millones de dólares; sea, más de 900 mil millones de colones.

14- Como es de notar, este país está nadando en dólares. El Sr. Presidente Electo, Oscar Arias Sánchez, tiene una oportunidad de oro para, no más entrando a ejercer el Gobierno de la República, aproveche esta oportunidad y elabore un paquete tributario profundamente progresivo, que grave a los pocos que nadan en dólares.

15- Finalmente, hacemos un reconocimiento a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por posibilitarle al país la oportunidad de reformar el injusto sistema tributario que tiene en la miseria a los pobres y a la clase media al borde del colapso financiero.

San José, 27 de marzo de 2006.

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA ANEP

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Afíliese a un buen sindicato
NOS OFRECEMOS PARA DEFENDERLE

Somos ANEP, una organización sindical que por su reconocido prestigio, genera mucha polémica; prestigio que, por cierto, es muy reconocido en los más diversos ámbitos de la sociedad costarricense, incluso en aquellos que nos adversan.

Contamos con un excelente equipo de profesionales en el trabajo de defensa de los derechos laborales y sociales y contra toda forma de discriminación laboral. Son compañeros y compañeras dirigentes con aquilatada experiencia. Además, tenemos
a su servicio, personas profesionales expertas en Derecho Laboral, graduados en la Universidad de Costa Rica.

Contamos con una considerable experiencia en el manejo de conflictos laborales, colectivos, sociopolíticos, de acoso laboral en sus diferentes formas. Hemos generado mucha jurisprudencia en tal sentido que, eventualmente, usted podría ocupar.

PREVÉNGASE. PROTÉJASE.

UNASE YA A LA GRAN FAMILIA ANEPISTA

Una reciente nota periodística indicó que “Concesionario de Puerto Caldera da ultimátum”, dando cuenta de la posición del grupo que conforma el consorcio que pretende quedarse con la explotación del muelle de Caldera, indicando que se desistiría de la obra, si la Contraloría General de la República no refrenda el contrato que ha sido sometido a su conocimiento por tercera vez.

Lamentamos mucho una publicación de este tipo, precisamente en momentos en que el órgano contralor estudia si, finalmente, después de dos intentos fallidos, otorga refrendo a un contrato que en lo sustancial, mantiene los vicios que provocaron su rechazo anteriormente.

Sobretodo porque este anuncio público de los concesionarios, se da después de que en diciembre pasado, cuarenta diputados y diputadas, le solicitaran por escrito a la Subcontralora General de la República, que no permitiera otro tropiezo de este proceso y que se avocara, personalmente, a realizar todos los esfuerzos que permitieran concluirlo en forma rápida y efectiva.

Pareciera que unos y otros buscan que el órgano fiscalizador, finalmente, otorgue el visto bueno a un negocio leonino que, junto al de ALTERRA y al de RITEVE, constituirán las mayores vergüenzas y afrentas al ordenamiento jurídico, al erario público y a la institucionalidad costarricense.

Quienes defienden la privatización del INCOP, ahora justifican e insisten en que se debe aprobar el contrato, porque el puerto ha colapsado y no hay otra opción viable a corto plazo para modernizarlo. Se olvidan que han sido ellos mismos, los que han sometido al muelle de Caldera a un injusto debilitamiento, precisamente para justificar su entrega gratuita a manos privadas.

Nuestra organización, reconoce la importancia estratégica del muelle de Caldera, que hace imperioso hacerlo más eficiente y eficaz. Por eso hemos propuesto, sin que ello haya tenido eco en la clase política tradicional, una intervención inmediata y un plan de contingencia, que rescate a esta importante institución del letargo en la que la han mantenido los políticos-empresarios del clan PLUSC, que la han administrado en los últimos veinte años.

Parece que, ¡por fin!, el actual Presidente Ejecutivo de INCOP entendió que la única forma de poner a derecho este proceso, es haciendo uno nuevo, que se apegue al marco de legalidad. Es necesario iniciar un proceso con participación de todos los actores involucrados: la administración, los usuarios, los consumidores, los trabajadores y las organizaciones de la sociedad civil de la provincia de Puntarenas, que nos permita impulsar un verdadero proceso de modernización de Caldera.

Recursos existen, tal y como lo reconoció él citado jerarca en la nota periodística a la que nos referimos. Lo que falta es voluntad política para echar atrás un proceso viciado de ilegalidad desde su origen, y empezar a trabajar en un proyecto serio, que busque el fortalecimiento de la institución en beneficio de la colectividad y no el favorecimiento de intereses privados. Una vez más, respetuosamente, instamos a la Contraloría para que resuelva apegada al ordenamiento jurídico y en resguardo del interés público.

Instamos a quienes tienen en sus manos el futuro de este proceso, a que no permitan que la amenaza y el chantaje de quienes están detrás de este lucrativo negocio, logren torcer y dejar nuevamente en entredicho, a una institución tan importante para que los y las costarricenses, confiemos en la transparencia y la decencia en la función pública.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Douglas Carrillo Azofeifa
Directivo Nacional ANEP-INCOP

San José, 9 de febrero de 2006.

S.G. 05-07-0392-06

Nuestra organización sindical ANEP se complace en informar a los y a las Auxiliares de Enfermería de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que recibirán un incremento salarial a la base, del 14.81% de manera retroactiva según se indica arriba; y que, sin duda, es consecuencia de la histórica huelga que durante 36 días libraron los trabajadores y las trabajadoras de A y A, misma que fue liderada por nuestra organización ANEP.

Debemos informar que en conversaciones sostenidas con el Ing. René Escalante González, Gerente de la División Administrativa de la institución, con el compañero Giovanni Ramírez Guerrero, Responsable de ANEP para el Sector CCSS, se ha confirmado que tal incremento salarial será cancelado a la totalidad de los y de las Auxiliares de Enfermería que actualmente laboran en la institución, aproximadamente unas 4700 personas.

En conclusión, el retroactivo será de 14.81% en el momento de su cancelación y aplica retroactivo según ya lo indicamos.

Sabemos que el aumento es más que justo, debido a que durante muchos años este grupo laboral no recibe reconocimiento económico de acuerdo a su importante labor; además de que otros grupos laborales de menor status jerárquico en la institución lograron, mediante ajustes técnicos, superar salarialmente a los Auxiliares de Enfermería. Este aumento sin duda restablecerá significativamente la brecha salarial existente.

Es nuestro deber plantear a todos los Auxiliares de Enfermería que no conviene asumir una posición conformista; debido a que en un futuro cercano debemos prepararnos para luchar y defender la Seguridad Social, bajo los históricos principios de solidaridad, equidad, universalidad y servicio que inspiran su existencia; en momentos en que la CCSS se encuentra amenazada debido a las intenciones que exhibe la clase política que impulsa el TLC en nuestra Patria.

Debemos prepararnos para defender nuestra institucionalidad, hoy seriamente amenazada por los intereses económicos de las transnacionales; las que vorazmente desean apropiarse de nuestras instituciones públicas, condenándolas a su desaparición y obligando a los costarricenses a tener que recurrir, totalmente, a servicios privados.

¡NO AL TLC!