Los señores Alvarado nada han dicho de sus eventuales jerarcas en política social

El inédito desfile de las pasarelas político-electoreras de las últimas semanas, luego de la primera ronda de las votaciones presidenciales del pasado domingo 4 de febrero, con esa abundante lista de aspirantes “busca-huesos”según hemos visto en el festival de adhesiones, ¡ha dejado muy satisfechos a los mercados!

Para tranquilidad de los mismos, y para la estabilidad política inmediata del neoliberalismo, los dos señores Alvarado han sido muy eficientes en indicar cuáles son las personas que gerenciarán los equipos económicos, en uno u otro caso; sin riesgo alguno para el entorno de negocios cualquiera que sea la alternativa ganadora, puesto que no habrá modificaciones estructurales, de fondo, que alteren la orientación concentradora dominante en cuanto a la distribución de los beneficios del crecimiento económico.

En la contracara de esta realidad, nada se sabe de cuáles son las personas seleccionadas, según las hemos visto en el festival de adhesiones, que podría integrar, en uno u en otro caso, el equipo social; mismo que estaría al frente de entidades a cargo de diversos programas de política social, los cuales podrían ser de gran impacto en la atenuación (al menos el intento de atenuar), del impacto negativo del crecimiento de la desigualdad producto de esa concentración de los beneficios del crecimiento económico.

A cuatro días de la segunda ronda electoral de este domingo 1 de abril, el pueblo trabajador desconoce quién podría ser la autoridad máxima en la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social; quién estará siendo colocado en la presidencia ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); y, quién, en la del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).

Igualmente, para la juventud desempleada y desesperanzada por no encontrar un empleo y un trabajo dignos, puede ser muy relevante saber, con anticipación, quién estará frente al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), así como quien en el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP).

Dado que el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) fue puesto en primer lugar por ambos aspirantes en sus prédicas electorales, ¿cuál es la razón de que no podamos saber quién tendrá la tarea de fortalecerlo, o quién la tarea detransformarlo?; según lo ha dicho don Carlos y don Fabricio, respectivamente.

Sin duda que, dentro de este equipo de política social, la persona que estará al frente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), será indicador claro de la ruta futura de esta importante entidad (tanto como las ya mencionadas), dentro del ese equipo social de la eventual administración de uno de los dos señores Alvarado.

¡Ni modo! En estos tiempos neoliberales, la política social es furgón de cola de la política económica… las personas están al servicio de la economía; no la economía al servicio de las personas. Esa fue la Costa Rica del ayer… 

San José, martes 28 de marzo de 2018.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

 

Ninguna reforma fiscal será suficiente si no se atiende el problema de la deuda pública

A una semana de la elección presidencial de segunda ronda, la del próximo domingo 1 de abril, clamamos porque los señores Alvarado hagan pública mención de si están conscientes de que dentro de la gravedad del problema del déficit fiscal que tiene el país en estos momentos, la mayor gravedad en torno al mismo es los recursos públicos que deben destinarse el pago de los intereses de la deuda pública.

3 mil millones 900 mil colones, diarios se deben destinar al pago de intereses de la deuda pública misma que, según entendidos, anda por alrededor de los 25 mil millones de dólares; unos 15 billones de colones, traduciéndose en una deuda, per cápita, de 3 millones de colones, al menos, por cada persona tica viva en estos momentos, sin importar su edad.

Ninguna reforma fiscal será positiva si esta aterradora situación del pago de intereses de la deuda pública no se pone en la mesa de la discusión nacional como punto prioritario.

Mucho menos, es viable desde el punto de vista de la justicia social, cobrarle más impuestos a quienes no tienen nada que ver con las responsabilidades de esa gigantesca deuda pública y su terrorífico pago de intereses al día: el pueblo trabajador.

Este dato de que, al día, cada 24 horas, se deben erogar prácticamente 4 mil millones de colones de las empobrecidas arcas públicas, para el pago de intereses de la deuda pública, pulveriza la malsana afirmación de los sectores económicamente poderosos de este país, políticamente hegemónicos y sus respectivas vocerías mediáticas, de que el principal disparador del gasto público son los pluses salariales de los empleados públicos.

¡Rotundamente falso! El principal disparador del gasto público es el pago de los intereses de la deuda que, repetimos, es la aterradora cifra de casi 4 mil millones de colones diarios.

Es tal la magnitud de este desastre fiscal que, para este año 2018, ese pago de intereses desplazó del primer lugar del presupuesto nacional de la República, el financiamiento de la Educación Pública; pasando éste a ser cerca del 30 % mientras que los intereses de la deuda van hacia el 35 %.

Esperamos que todas las conciencias laborales asalariadas del sector Público y sus respectivas organizaciones, en conjunto con la ciudadanía patriótica del país, nos conjuntemos para un fuerte ejercicio crítico-movilizador, a fin de que este tema se vuelva asunto de prioridad estratégica en la agenda del país, frente al injusto proyecto de ponerle más impuestos a la gente que actualmente tramita la saliente Asamblea Legislativa.

San José, domingo 25 de marzo de 2018.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Videos:Seccionales de la ANEP envían mensaje de alerta ante un convulso escenario político-social

Seccional ANEP-Municipalidad de Tibás

Municipalidad de Goicoechea

Municipalidad de Aserrí

Municipalidad de San José

Seccional ANEP AyA y Seccional ANEP-Plantas Potabilizadoras AyA

Unidad de Desarrollo Organizacional

Municipalidad de Coronado

Municipalidad de Santa Ana

Expediente legislativo 20.595: Puerta abierta a brutales recortes presupuestarios para política social

Avanza en la ya saliente Asamblea Legislativa la tramitación del expediente No. 20.595, denominado “Ley de Eficiencia en la Asignación del Gasto Público”, cuyo objetivo fundamental es, según sus proponentes, “disminuir la rigidez y reducir la presión de los destinos específicos en el presupuesto nacional”; abriendo así la puerta a brutales recortes presupuestarios, en el corto y en el mediano plazo, en sensibles programas de política social precisamente destinados a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, golpeados éstos por la indetenible desigualdad en crecimiento.

Se trata de una especie de autorización, a modo de cheque en blanco, para que la jerarquía tecnocrático-hacendaria de turno decida, según criterio político-ideológico, respetar o no, parcial o totalmente, asignaciones de ley en los siguientes casos, autorizándose para que se avance en:

• Eliminar el 20 % del impuesto general sobre las ventas para financiar a la Dirección General de Asignaciones Familiares (FODESAF).

• Eliminar los 350 millones de colones asignados para el financiamiento de los CEN-CINAI, provenientes del impuesto sobre el valor aduanero de las mercancías importadas.

• Elimina el Fondo Especial del Servicio Nacional de Guardacostas, previsto en la ley de creación del mismo.

• Elimina el financiamiento obligatorio para el Fondo Especial de Migración administrado por la Dirección General de Migración y Extranjería.

• Elimina el 3 % de los presupuestos nacionales que tramita el parlamento para financiar el Fondo de Subsidios para la Vivienda.

• Elimina el 5.25 del producto del impuesto sobre las ventas para el fondo de las Juntas de Educación.

• Elimina la asignación del 2 % del impuesto sobre la renta para financiar las asociaciones de desarrollo.

• Estamos de cara a un altísimo riesgo de erosión gigante de la inversión social, paradójicamente cuando ésta se vuelve absolutamente vital para miles de costarricenses excluidos de los beneficios del crecimiento económico, el cual sigue su impetuosa tendencia hacia mayores niveles de concentración en sectores sociales cada vez más reducidos.

Este proyecto de ley es una incorrecta decisión, amén de peligrosa, al seguir potenciando que se castigue a quienes menos responsabilidad tienen por el déficit fiscal: los sectores sociales, populares y laborales. Sin duda alguna, esta iniciativa, de obtener su aprobación definitiva, abonará el terreno para más desestabilización social.

ANEP formula una llamada vehemente de alerta a todas las personas y organizaciones, ligadas de manera directa y/o indirecta con la prestación, operación y recepción de cada uno de los servicios públicos derivados de estas asignaciones presupuestarias, para que se dispongan a tomar las medidas del caso que estos eventuales recortes se apliquen sin miramiento alguno, como lo tememos en ANEP, pese a que sus promotores diputadiles afirman que: “Hemos sido muy cuidadosos en respetar el financiamiento para las instituciones que tutelan nuestros derechos humanos. El proyecto define que la asignación presupuestaria no podrá ser inferior al presupuesto vigente en el momento de aprobación de la ley”.

En ANEP, sin embargo, creemos que el fundamentalismo fiscalista propiciador de recortes prespuestarios irreflexivos, irresponsables e irracionales, terminará imponiendo, lamentablemente.

San José, viernes 23 de marzo de 2018.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Coordinador, Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Manifiesto del movimiento sindical a las fracciones parlamentarias

CONSIDERANDO:

UNO. La clase trabajadora no es la responsable del déficit fiscal, ni del nivel de endeudamiento actual, además paga puntualmente sus impuestos.

DOS. La clase trabajadora siempre ha sido la víctima de un sistema tributario altamente injusto por su naturaleza regresiva: pagan más los que ganan menos; por el contrario, un gran sector político empresarial defrauda, evade, elude, subdeclara, y traslada a paraísos fiscales sus fortunas con tal de evadir el pago de impuestos

TRES. La clase trabajadora y los sindicatos, al amparo de la legalidad y la democracia, desde hace años ha entregado a los diferentes gobiernos propuestas alternativas para enfrentar el robo de impuestos, el déficit fiscal, el endeudamiento-país y la injusta regresividad tributaria.

CUATRO. La clase trabajadora, mediante sus legítimas organizaciones, los sindicatos, tiene total disposición para el diálogo social con otros actores sociales, como sectores sociales, productivos y políticos; a fin de construir soluciones para reducir la desigualdad, enfrentar la violencia, la exclusión, generar empleo y equidad redistributiva y salarial.

POR TANTO

El Movimiento Sindical y Social Costarricense anuncia al pueblo trabajador, a la opinión pública nacional, a la clase política de todo signo que:

A. Hemos resuelto constituir una alianza de lucha, vía unidad sindical en la acción, para hacerle frente a todas aquellas iniciativas de ley y de política pública que deterioran el salario, que pongan en peligro la estabilidad laboral y que impulsen nuevos proyectos de impuestos que perjudiquen el golpeado ingreso de la clase trabajadora

B. Demandamos al Gobierno de la República el retiro inmediato de la corriente legislativa del nocivo expediente legislativo No. 20.580 (y cualquier otro de similar contenido); y en aras de la paz social convoque, urgentemente, a una Mesa Nacional de diálogo que incluya al propio Gobierno, al movimiento sindical, a los movimientos políticos y sociales, para diseñar en conjunto las medidas de atención al problema fiscal del país con equidad.

C. Solicitamos la inmediata discusión y aprobación de una reforma a la Ley del Impuesto sobre la Renta que incorpore el tema de Renta Mundial y Renta Global. En el primero se pretende gravar las rentas provenientes del exterior a personas domiciliadas en el país, esto limita la posibilidad de eludir el impuesto de la renta, aduciendo que han sido obtenidas en el exterior, y en el segundo se deberán sumar todos los ingresos dentro de la renta imponible de las personas físicas o jurídicas.

E. Nos manifestamos contra la transformación del actual impuesto sobre las ventas (IV) en impuesto al valor agregado (IVA), el más injusto e inequitativo de todos los tributos; transformación que, aun quedándose en el 13 % aumentara la cobertura de los bienes y todos los servicios (Agua, Salud, Educación). Esto aumentara los precios, impactara el consumo de los hogares (que crece pero relativamente pesa menos en el consumo privado) y resultara en menor producción para el mercado interno (las exportaciones son exoneradas), aumentando finalmente el nivel de desempleo.

F. Proponemos se discuta el proyecto 20716 “Ley de Ejecución Eficaz de la Valoración Aduanera”, en donde se pretende eliminar la no declaración del costo por canon y derecho de licencia, que utilizan los importadores para reducir el valor aduanero de las mercancías y evadir una buena cantidad de impuestos. Mecanismo en el cual se provocan pérdidas por impuestos dejados de percibir de entre 50.000 millones de colones (0.16% del PIB, 5 veces empleo público) y los 160.000 millones de colones (0.50% del PIB, lo mismo que la regla fiscal) para la Hacienda Pública, incluyendo los intereses por lo impuestos adeudados.

D. En el movimiento sindical enfrentamos las perversas tesis de que el déficit fiscal se debe resolver sacrificando empleos, precarizando salarios y derogando derechos laborales y sociales conquistados a lo largo de décadas de lucha social. Lo cual en la práctica ha resultado una falacia, los proyectos de empleo público recaudan menos del 0.05% del PIB, lo que demuestra que no es por la vía de la reforma al empleo público que se soluciona el déficit fiscal. Exigimos se separe la discusión del empleo público de las propuestas para reducir el déficit fiscal, y se inicie un gran dialogo para crear un mecanismo de evaluación del desempeño que se ajuste a las cualidades específicas de cada sector laboral. Tampoco permitiremos que la anualidad se ligue a la evaluación del desempeño, ya que el pago de la anualidad ha sido un derecho conseguido por la clase trabajadora.

RESOLVEMOS

Hacemos un vehemente y urgente llamado a nuestras propias bases laborales, a toda la clase trabajadora, a las organizaciones sociales, populares, cívicas y patrióticas para prepararse en todos los ámbitos que sea necesario, por si este sensato planteamiento no merece ninguna consideración de parte de la clase gobernante saliente y entrante y de quienes desde las esferas del poder económico les están respaldando.

A partir de este momento nos declaramos en sesión permanente para la planificación estratégico-política y operativo-organizativa que se deriva de este manifiesto, ante el malintencionado impulso de rápidas vías parlamentarias carentes de transparencia, por parte de quienes, como reales culpables del déficit fiscal, ahora pretenden eludir sus responsabilidades, endosándoselas a la clase trabajadora que no tiene responsabilidad alguna.

San José, miércoles 21 de marzo de 2018.

Por Patria Justa Por BUSSCO Por Centrales Sindicales

Seccionales de Migración y Extranjería logran acuerdo con administración en pago de horas extra, viáticos y reglamentos

La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración (PPME) y su homóloga en Migración y Extranjería, lograron la mañana de este martes un importante acuerdo con la administración de Migración y Extranjería en materia de pago de horas extra, reglamentos y viáticos; en audiencia conciliatoria en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El primer tema abordado en la audiencia correspondió a la emisión del Reglamento para pago de tiempo extraordinario al personal de la Policía Profesional de Migración Y Extranjería, donde se acordó que representantes de cada una de las secciones se presente a sesión de fin mes de la Comisión que está revisando la reglamentación institucional, Además la parte sindical indicó la urgente necesidad de que se emita el reglamento para el pago de tiempo extraordinario.

El segundo tema correspondió a la emisión del Reglamento para el reconocimiento de vacaciones profilácticas a dicho personal, en este ámbito la parte patronal informó que ya está elaborada la reforma del reglamento para el reconocimiento de vacaciones profilácticas al personal y solo restan las firmas del procedimiento correspondiente.

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Con respecto al reconocimiento de pago de viáticos y horas extras a personal acompañante en giras de trabajo las partes acordaron que la Administración procederá a realizar la modificación correspondiente para honrar lo que en derecho corresponda en cuanto al pago de horas extra, Además aclaran que el pago de viáticos no tiene relación con este punto.

En el último punto sobre la mesa referente a la política de utilización de trabajadores en su tiempo libre para cubrir faltantes de personal en áreas estratégicas institucionales la parte patronal realizó la siguiente manifestación.

“La Administración está a la espera de que los Tribunales se pronuncien al respecto con relación al tema de la disponibilidad y pago de tiempo extraordinario y se instruye a la Comisión de Reforma de Reglamentos para que realice un análisis del tema planteado”

Atención
La Seccional ANEP-PPME hace un llamado nuevamente a los oficiales de la Policía Profesional de Migración que trabajan en su día libre en razón de disponibilidad o reforzamientos, que no dejen de reportar a la Gestión de Recursos Humanos las horas laboradas en tiempo libre, para tener documentos que respaldan la solicitud, así mismo cuando se realiza una gira y se pasan de las 12 horas laboradas, también reporten a Recursos Humanos las horas extras, aunque vayan de acompañantes.

Igualmente, los funcionarios administrativos que van de gira a realizar trabajos en las regionales, reporten las horas laboradas extraordinariamente aunque vayan de acompañantes.

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Déficit fiscal: la “catástrofe” es por el pago de intereses de la deuda pública

La clase trabajadora del país y toda la ciudadanía merecen que haya gran debate público sobre la espantosa realidad fiscal que representa la deuda pública y su pago de intereses: ¡aquí está la esencia del grave problema del déficit fiscal!

En este año 2018, los intereses que se deben pagar por concepto de deuda pública muestran esta “catastrófica” realidad:

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Estas cifras, ligeramente redondeadas para efectos de comprensión social, son extraídos del documento “Informe de presupuestos públicos 2018”, emitido por la Contraloría General de la República (CGR).

Datos conservadores nos hablan de que la deuda del Gobierno Central podría rondar la espantosa cantidad de 25 mil millones de dólares (25.000.000.000.oo); cifra que estaría cercana, hablando en colones (calculando tipo de cambio a 600 colones como ya se aproxima, a los ¡15 billones de colones! (15.000.000.000.000.oo).

Asumiendo que somos una población de 5 millones de costarricenses, cada persona viva en estos momentos estaría “debiendo”, al menos, unos 3 millones de colones.

El país, la clase política, los dos aspirantes presidenciales, los sectores sociales y sindicales, el empresariado, la academia; todos debemos sentarnos, como país, a hablar de este tema de, hasta hoy, completamente “invizibilizado” del debate fiscal.

La clase trabajadora no es la responsable de esta “catastrófica” realidad fiscal. No son los salarios del empleo público responsables de esta espantosa realidad que es el pago de intereses de la deuda.

El expediente legislativo No. 20.580 es totalmente improcedente, es sumamente injusto, traerá más pobreza y desigualdad… y no va a resolver la gravedad del problema fiscal actual, habida la magnitud espantosa que está representando el pago de intereses de la deuda pública, como lo acabamos de demostrar.

¿A quién se le debe? ¿En qué gobiernos se generó esta deuda? ¿Adónde ha ido a parar la plata que el país ha venido pidiendo prestado? ¿Cuál es la relación entre este gigantesco endeudamiento y la naturaleza del sistema tributario del país?… Etc., etc.

No hay duda de que, tal y como lo venimos planteando con mucha insistencia y desde hace bastante tiempo, urge una auditoría ciudadana de la deuda para determinar qué vamos hacer con lo que sí es un verdadero disparador del gasto ya fuera de control.

Albino Vargas Barrantes
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Colectivo Sindical PATRIA JUSTA