En riesgo pago de los salarios para el mes de diciembre de varios cientos de trabajadores de algunos ministerios y de la Asamblea Legislativa.

Pese a que el Gobierno de la República es conocedor del mal ambiente que tiene entre las señoras diputadas y los señores diputados esa iniciativa, denunciamos la maniobra de incluirla en la última modificación presupuestaria del año; en la cual se incluyen, también, partidas para completar faltantes presupuestarios en materia de salarios de empleados públicos de varios ministerios y entes adscritos a los mismos, así como de la propia Asamblea Legislativa.

Para la ANEP estamos frente a un intento de chantajear a los señores diputados y a las señoras diputadas, para que no puedan abstenerse de votar esta modificación presupuestaria; puesto que de su aprobación depende el pago de salarios para el mes de diciembre de varios cientos de empleados públicos; incluyendo, como indicamos, al propio personal al servicio del parlamento costarricense.

Respetuosamente, consideramos que los señores diputados y a las señoras diputadas, no deben prestarse a esta matráfula del Gobierno, a este chantaje.

Debe quedar claro que el propósito principal del Gobierno de la República con esta modificación presupuestaria, es obtener los recursos financieros que se necesitan para trasladar el negocio del INCOP a manos privadas, a compañías transnacionales colombianas.

Se suponía que tales empresas iban a desembolsar de su propio peculio, los millones de dólares con que se pretende pagar una “indemnización” a los trabajadores del INCOP, a cambio de que éstos nos se opusieran a la privatización de la institución.

Por tanto, demandamos e instamos, respetuosamente, a las honorables señoras diputadas y a los honorables señores diputados votar esta modificación presupuestaria en lo concerniente a salarios, pensiones y otros renglones ahí presupuestados; y desechar el rubro de los 3,400 millones de colones, que a cargo de la deuda pública, se le trasladan al INCOP con el propósito de cumplir con el negocio de la privatización de esta institución.

San José, 20 de noviembre del 2003.

Un paso más hacia la plena articulación estratégica de los sectores sociales frente al desafío del TLC

En esta segunda oportunidad (la primera tuvo lugar el pasado 20 de octubre), se manifestará un nuevo nivel de articulación intersectorial de la amplia diversidad de grupos sociales que están coaligándose, para oponerse a un tratado que, pese al secretismo y a la ausencia de transparencia del proceso negociador, se intuye generador de más prejuicios que beneficios para el país.

La actividad del próximo lunes 24, se inscribe dentro de lo que se espera sea una de cadena de manifestaciones de movilización ciudadana que irá en crecimiento, tanto en cantidad como calidad; extendiendo la cobertura y ampliando la intensidad de las acciones a desarrollar, que se espera sean multifacéticas, creativas y novedosas.

La actividad del próximo lunes 24 tendrá como puntos de partida la sede central del ICE en La Sabana, el Parque La Merced y las oficinas centrales de la Caja, en Avenida Segunda; facilitándose así el desplazamiento ciudadano según los distintos puntos de procedencia; luego, articuladamente, se dará la caminata hacia la Casa Presidencial, en Zapote.

La articulación de los sectores sociales ha tomado un fuerte impulso luego de la reunión para el desarrollo de su coordinación estratégica, ocurrida en la casa del Expresidente de la República, Lic. Rodrigo Carazo Odio, el pasado lunes 17; cuando poco más de un centenar de dirigentes calificados de tales sectores, acordaron conjuntar los esfuerzos de sus respectivas organizaciones.

Igualmente ha contribuido con tan fin, el evento de Diálogo Social ocurrido el día de ayer, martes 18, en el Auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. En esta última actividad, más de 50 entidades sociales expusieron sus respectivos puntos de vista sobre el TLC.

Además, recordemos que el pasado lunes las principales agrupaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sellaron una alianza estratégica entre sí para su defensa, conjuntándose con las entidades laborales del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Por otra parte, el anuncio del sindicato de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), SITRAPEQUIA, sin duda alguna que representa un fortalecimiento de esta gigantes alianza social en construcción.

San José, 19 de noviembre del 2003.

TLC: Cómo afectará a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

1.
Actualmente, la Caja destina unos 70 millones de dólares (casi 30 mil millones de colones), en comprar medicamentos para sus pacientes, tanto los de consulta interna (hospitalizados), como de consulta externa. Esta cifra representa cerca de un 10 % del presupuesto total anual, de la CCSS.

2.
Con ese presupuesto, la Caja compra y produce medicamentos y fármacos de carácter genérico, es decir, sin pagar patentes de marca; logrando así cubrir las necesidades de salud del 100 % de la población que demanda servicios de la Caja.

3.
Firmado el TLC, la Caja quedará obligada a comprar, únicamente, medicamentos y fármacos patentados, es decir, de marca; productos que costarán muchísimo más que ahora; lo cual elevaría el presupuesto para compras de los 70 millones de dólares actuales, a la enorme suma de 390 millones de dólares; es decir, la gigantesca cantidad de 161 mil millones de colones.

4.
Es decir, con el TLC, a la Caja le costará un 314 % más adquirir la misma cantidad de medicamentos y fármacos que actualmente compra para suplir las necesidades de la población. O sea, pasaría de un gasto de 30 mil millones de colones anuales, a uno de 161 mil millones de colones. Pregunta: ¿Aguantará la Caja este enorme incremento del gasto en medicamentos y fármacos?… Por supuesto que no.

5.
Con ese enorme incremento, según los expertos, la Caja reduciría, sustancialmente, su cobertura de población y se vaticina que tal cobertura quedará en apenas un 18 % de la población que actualmente se atiende. Es decir, la Caja tendría que dejar sin atención a un 82 % de las personas que hoy día ocupan sus servicios.

Los datos anteriores provienen de estudios realizados Por el Departamento de Farmacoterapia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

LOS Y LAS COSTARRICENSES DEBEMOS IMPEDIR LA DESTRUCCIÓN DE LA CAJA, LA OBRA SOCIAL MÁS IMPORTANTE DE NUESTRO PAÍS DESDE HACE 60 AÑOS.

SALGAMOS A LA CALLE
EL LUNES 24 DE NOVIEMBRE.

EXIJAMOS QUE SE NOS DIGA TODA LA VERDAD DEL TLC.
DEFENDAMOS A LA CAJA

13 de noviembre del 2003

TLC: Funcionarios de la Embajada de Estados Unidos Estarían en campaña promocional

Informes sumamente fidedignos indicaron a la ANEP que el pasado fin de semana, en el cantón central de la Provincia de Limón, diplomáticos estadounidenses habrían participado en reuniones con algunas fuerzas vivas limonenses, expresando posiciones de su país, favorables a dicho TLC.

Para la ANEP, de comprobarse tal situación, estaría ocurriendo una abierta intromisión del Gobierno de los Estados Unidos de América en los asuntos internos de Costa Rica; situación totalmente intolerable, considerando el clima de polarización social que se ha venido generando en el país en torno a tan delicado tema.

La ANEP le recuerda al canciller de la República que hace tan sólo unos meses, el Gobierno de la República armó un gran escándalo cuando se denunció que una ciudadana cubana y un ciudadano brasileño, habrían participado en las actividades sociales de la pasada huelga magisterial.

La ANEP estima que de confirmarse las informaciones en poder de la ANEP, altamente corroborables, el Gobierno de la República deberá actuar con contundencia, reclamando la lesión a la soberanía nacional que estaría ocurriendo.

San José, 12 de noviembre del 2003.

Alterra Partners impone su ley Aeropuerto Juan Santamaría: la legalidad costarricense por los suelos

Así consta en oficio No. AP-CO-200, fechado 22 de octubre de 2003, firmado por la licenciada Lee Virgilio, de la citada empresa privada, dirigido al jerarca de la mencionada entidad pública, señor Guillermo Alvarado. Lo más grave e indignante de este asunto, es la actitud dócil de este jerarca quien, en su oficio No. G-1771-2003, de 30 de octubre de 2003, le informa a la jerarca privada que se estarán “girando las instrucciones correspondientes para que se corrija esta situación”.

EL decomiso indicado pone en entredicho, seriamente, la responsabilidad legal del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), de promocionar, sin discriminación alguna, todas aquellas empresas que hayan recibido la declaración de interés turístico; empresas sobre las cuales debe recibir información todo turista que pasa por dicha terminal aérea.

La decisión de Alterra Partners genera una odiosa discriminación entre empresas turísticas, especialmente de alquiler de autos, pues los turistas solamente tendrán acceso a material propagandístico de aquellas empresas que “mantienen relación comercial con el aeropuerto”, pues han pagado un “derecho” a dicho consorcio empresarial.

Valga indicar que la oficina del ICT en el Aeropuerto Juan Santamaría había indicado a la Dirección de Promoción de esta entidad que, “los funcionarios de CANATUR tuvieron que desafiliar a todos los rent cars, porque sólo podían dar información de los que se encuentran dentro del edificio y que además le pagan a Alterra por su espacio” (Oficio OAJS-036-01, fechado 30 de octubre de 2003, del ICT-Aeropuerto).

Lo que está sucediendo en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría es indicador de lo que sucederá en el ámbito nacional, si la clase política gobernante consigue, por completo, su ansiado sueño de entregar Costa Rica al capital transnacional, a través del tratado de “libre” comercio con Estados Unidos, sin importarle la suerte de aquellas pequeñas y medianas empresas; que no serán comprendidas dentro de las reglas de negocios de las empresas multinacionales, las cuales, poco a poco, van adueñándose de importantes segmentos de los servicios públicos estratégicos del país.

Exigimos una acción firme de parte de las máximas autoridades del Gobierno de la República y del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), para que el consorcio Alterra Partners entienda que el sistema jurídico de nuestro país es más importante que un asunto de negocios privados. ¿Dónde quedó la libre competencia?

San José, 11 de noviembre del 2003.

Con 3.280 millones de colones de la deuda, Gobierno y varios diputados pretenden financiar privatización del INCOP

Con esa acción queda en evidencia la mentira de los neoliberales y la desfachatez del Ministro de Hacienda, Alberto Dent Zeledón. Los primeros, porque siempre se nos ha dicho que la venta de activos públicos tenía por objeto el pago de la deuda pública; y ahora, tenemos que la venta del INCOP, incrementará el tamaño de la deuda, puesto que se están trasladando recursos de la deuda para financiar la venta de esta institución.

La desfachatez de Alberto Dent, Ministro de Hacienda, peca de cinismo. Recientemente, le oímos vociferar contra los señores diputados y las señoras diputadas y contra la institución parlamentaria costarricense; al decir que él, en su condición de Ministro de Hacienda, congelaría los 31 mil millones de colones que los diputados y diputadas, han reorientado hacia el financiamiento de proyectos y programas sociales; aduciendo dicho jerarca que tales inversiones, se están financiando con fondos de la deuda, es decir, sin contenido presupuestario y que, por tanto, la decisión de los diputados y diputadas hará grave daño a la economía del país.

Nos preguntamos: ¿Congelará, bajo esos argumentos, el Ministro Dent esta partida presupuestaria a cargo de la deuda, para no “hacerle daño” a la economía nacional?. Apostamos a que no. Como se trata de financiar un negocio privado, de seguro que para este caso, el Ministro Dent no aplicará la lógica económica neoliberal y procederá, sin la menor vergüenza, a girar esos recursos.

La otra pregunta que, necesariamente, debemos hacernos es, si los honorables señores diputados y las honorables señoras diputadas, conscientes de lo que le costará al país y a Puntarenas la privatización del INCOP, irán a facilitar la realización de este negocio con un bien público, aprobándole al actual Gobierno los recursos que está pidiendo con tal fin.

Además, es importante cuestionarse si corresponde a la actual Asamblea Legislativa hacerse cargo de una responsabilidad política de tan alto calibre, cuando el verdadero “padre” de este negocio, fue la anterior Administración, del Expresidente Rodríguez Echeverría, pese a que a la presente, del Presidente Abel Pacheco de la Espriella, lo ha legitimado.

Lo anterior a pesar de que la realidad social puntarenense se ha deteriorado más, especialmente en materia de desempleo; desempleo que se agravará al sumársele unos 1.500 trabajadores y trabajadoras que serán obligados a abandonar su puesto de trabajo en el INCOP, por más dólares que, transitoriamente, les brindaría el espejismo de un bienestar fugaz.

San José, 11 de noviembre del 2003.

La verdad que a usted le ocultan sobre la famosa «APERTURA» del ICE



Lo que pasa es que a usted le niegan el acceso a la información verdadera,
sobre la realidad de la famosa “apertura” en otros países latinoamericanos.
Solamente compare y juzgue usted si la “apertura” que nos proponen es
buena. Veamos:

Telefonía Fija: Precios con cargo fijo con 150
minutos

País
Tarifa en dólares
Tarifa en colones*
Diferencia porcentual
Argentina
16.75
6.914.73
364.92 % más cara
Chile
16.38
6.761.99
356.86 % más cara
México
17.15
7.079.86 3
73.64 % más cara
Costa Rica
4.59
1.894.84
Argentina, Chile y México, tienen
“apertura”.

Tipo de cambio al 3 de noviembre: 412.82 colones por dólar.

Hay más datos. La tarifa básica mensual en celulares, calculada en dólares,
comparativamente hablando, es más baja en Costa Rica que en países latinoamericanos
como los siguientes:

Tarifa celular básica en Costa Rica, sin TLC;

Comparada con países latinoamericanos con apertura

País
Tarifa básica

Dólares Colones

Minuto adicional

Dólares Colones

Costa Rica
7.00
2.889.74
0.08
33.03
Colombia
13.18
5.440.96
0.31
127.97
Chile
15.72
6.489.53
0.26
107.33
Panamá
19.95
8.235.75
0.35
144.48
Brasil
20.27
8.367.86
0.20
82.56
Nicaragua
20.99
8.665.09
0.38
156.87
Venezuela
24.62
10.163.62
0.32
132.10
Argentina
25.31
10.448.47
0.45
185.76
Ecuador
26.00
10.733.32
0.40
165.12
Perú
29.99
12.380.47
0.40
165.12

Tipo de cambio al 3 de noviembre: 412.82 colones
por dólar.

América Central: Precio de energía eléctrica
pagado por una familia

que consume 154 kwh/mes (datos del primer semestre del 2002).

País
Tarifa en dólares
Tarifa en colones
Diferencia porcentual
Costa Rica
10.28
4.243.78
Honduras
10.58
4.367.63
2.91 % más cara
Guatemala
13.71
5.659.76
33.36 % más cara
Nicaragua
17.93
7.401.86
74.41 % más cara
Panamá
17.59
7.261.50
71.10 % más cara
El Salvador
20.15
8.318.32
96.01 % más cara
ESTE ES EL SIGNIFICADO DE LA “APERTURA” QUE NOS QUIEREN IMPONER:
ES LA POSIBILIDAD DE HACER GIGANTESCOS NEGOCIOS PARA BENEFICIO DE LOS
MISMOS DE SIEMPRE.

USTED LOS CONOCE. SOLAMENTENGASE A PENSAR EN QUIENES NOS VIENEN DICIENDO
LO MISMO, EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS.

SALGAMOS A LA CALLE

LUNES 24 DE NOVIEMBRE:

UN DÍA POR COSTA RICA.

Noviembre del 2003

El documento que el Gobierno no quiso recibir

El documento original está firmado por las siguientes agrupaciones

FRENTE INTERNO DE TRABAJADORES Y DE TRABAJADORAS
DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (FIT-ICE)
ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS
Y PRIVADOS (ANEP)
ASOCIACION NACIONAL DE EDUCADORES (ANDE) FEDERACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS
PUBLICOS (FENTSEP)
ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROFESIONALES EN ENFERMERIA
(ANPE)
CONFEDERACION DE TRABAJADORES RERUM NOVARUN (CTRN)
FEDERACION NACIONAL CAMPESINA (FENAC) SINDICATO DE TRABAJADORAS AGRICOLAS Y DE PLANTACIONES
(SITRAP)
FORO DE ACCION POLITICA ASOCIACION DE CAMPESINOS AGRICULTORES DE BAMBUZAL
SINDICATO DE TRABAJADORES DEL HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS (SITHOSAJUDI)
JUVENTUD OBRERA CRISTIANA
CONSEJO CAMPESINO JUSTICIA Y DESARROLLO ASOCIACION DE ESTUDIANTES DE SOCIOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD
DE COSTA RICA
UNION NACIONAL DE TRABAJADORES DE OBRAS PUBLICAS Y
TRANSPORTES (UNATROPYT)
LIGA CIVICA DE PEREZ ZELEDON

San José, 25 de noviembre del 2003.

AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
AL GOBIERNO DE COSTA RICA
AL PUEBLO COSTARRICENSE

Costa Rica está viviendo y vivirá momentos de enorme trascendencia histórica. Las decisiones políticas que se tomen en las actuales circunstancias, en los próximos meses, de cara a la eventual firma de un tratado de “libre” comercio, con los Estados Unidos de América, marcarán las condiciones de vida, no solamente de la generación actual, sino más grave aún, de las generaciones futuras.

Cada día crece más el conjunto de organizaciones sociales y productivas de la más distinta naturaleza, así como el número de ciudadanos y de ciudadanas costarricenses, que estamos conjuntando esfuerzos para enfrentar el desafío de un “libre” comercio, que tal como se ha venido planteando en otros países hermanos, perjudicará a las grandes mayorías populares, sociales y productivas de nuestro país; y solamente beneficiará los negocios particulares de reducidos grupos de poder económico con enorme influencia política; los cuales han visto en las empresas e instituciones públicas rentables que pertenecen a todo el pueblo costarricense, una fuente para acrecentar su ya de por sí abultadas fortunas.

Hoy, de cara al pueblo costarricense, dejamos constancia de que servicios públicos estratégicos que hasta la fecha han sido brindados por el Estado, como la atención en Salud, Seguridad Social, Educación, Energía, Telecomunicaciones, Seguros, Agua, entre otros; han sido pilares fundamentales de una institucionalidad democrática que ha permitido el acceso universal a tales servicios, prestados en condiciones de gran solidaridad social; marcando un gran punto de diferencia en las condiciones de vida de los y de las costarricenses (e incluso de la población migrante desde otros países hacia el nuestro); sin las comparamos con las de las otras naciones hermanas de Centroamérica, involucradas en el proceso del tratado de “libre” comercio con Estados Unidos.

Igualmente, los y las costarricenses estamos orgullosos de nuestros agricultores, sector social que ha sido bastión de nuestra democracia y cuya producción, ventajosa ha sido de enorme beneficio para Costa Rica, pese a que ha estado carente de políticas públicas de apoyo estatal en los últimos años.

No menos importante es la enorme preocupación nacional por la preservación de nuestro entorno ambiental, dado que poseemos el 5 % de la biodiversidad del planeta Tierra; situación que obliga a estrategias productivas que preserven este patrimonio ecológico, amenazado por ese “libre”, comercio que ya ha devastado otras zonas del planeta.

Es importante dejar también suficientemente explícito que con ese “libre” comercio, la micro, la pequeña y la mediana empresa nacional (cerca del 95 % del actual parque productivo de Costa Rica), no tendrán condiciones de “competitividad”, pues serán engullidas por la lógica de negocios del “más fuerte”, a juzgar por las pretensiones estadounidenses de insertarse, plenamente, en nuestro mercado.

Dada la ausencia de transparencia en el proceso negociador del TLC, manejado con exagerado secreto y con base en una visión unilateral, excluyente y sectaria de lo que debe ser el desarrollo necesario para nuestra querida Costa Rica; hoy venimos, pacíficamente y haciendo honor a los mejores valores de la idiosincrasia costarricense, a demandar del Gobierno de la República y, especialmente, del propio Presidente de la República lo siguiente:

Que se rechace un tratado comercial con los Estados Unidos, que no esté basado en los principios de un comercio justo; que preserve la herencia histórica del Estado Social de Derecho que en Costa Rica se construyó a lo largo de muchas décadas; y que tome en cuenta las gigantes disparidades económicas, políticas y socioculturales entre dicha potencia y nuestra pequeña nación.

Que no se firme ese tratado a pesar de que termine el proceso negociador, sin hacer públicos, abiertamente, la totalidad de los textos pactados, para posibilitar el desarrollo de un intenso debate nacional al respecto, con el fin de tomar una decisión de país al respecto.

Que se instruya a los negociadores de Costa Rica que estarán en la última ronda negociadora, que no deben aceptar la imposición estadounidense en cuanto a la mal llamada apertura de las telecomunicaciones, servicio que brinda el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Que tampoco se debe aceptar las pretensiones de dicha potencia en materia de propiedad intelectual (medicamentos genéricos y agroquímicos), porque ello acabaría con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y socavaría, irreparablemente, la producción nacional agropecuaria.

Que el agua y el ambiente no son mercancías susceptibles de ser tratadas bajo los criterios arbitrarios de ese “libre” comercio, que se le está imponiendo al país.

Que se debe proteger nuestra producción agropecuaria, que no puede “competir” con los gigantescos subsidios que brinda Estados Unidos a la suya; de la misma forma que no podemos arriesgar el futuro de las micro, pequeñas y medianas empresas ante una lógica mercantil salvaje.

Que le exigimos al Presidente de la República, honrar su palabra y honrar su firma, estampada de su puño y letra ante innumerables sectores sociales, de que durante un Gobierno suyo no habría ningún tipo de privatización, llámese como se llame, incluido la mal llamada apertura.

Finalmente, dejamos constancia de que haremos todos los esfuerzos necesarios, por todas las vías a nuestro alcance, para que Costa Rica preserve todo lo bueno y rentable que todavía no le ha sido arrebatado; por la lógica política codiciosa y voraz de una camarilla económica que está inmersa en un peligroso proceso concentrador de riqueza, a costa del empobrecimiento de las grandes mayorías nacionales.

San José, 24 de noviembre del 2003.

Firmas:

Se gesta El «Supercombo»
TLC: Estados Unidos ¡Lo quiere todo!

Uno de los líderes empresariales más connotados de Costa Rica, el Ing. Marco Vinicio Ruiz Vargas, así lo confirmó según declaraciones periodísticas aparecidas hoy.

Realmente es alarmante y aterrador cómo pretenden que al amparo de un tratado de “libre” comercio, Costa Rica destruya su legendario Sistema de Seguridad Social, construido con el invaluable aporte de hombres y mujeres, de las generaciones anteriores, procedentes de las más diversas corrientes ideológicas y políticas.

No hay salida: Habrá que apelar a la movilización general popular. Los movimientos sociales costarricenses no se quedarán cruzados de brazos. Organizaciones campesinas, ecologistas, de mujeres, sindicales, cooperativistas, eclesiales, académicas, cívicas, etc.; se vienen conjuntando para actuar en una única dirección. Esta es una realidad que algunos, desde el poder, quieren negar y que menospreciar lo que está ocurriendo puede salirles muy caro.

Auguramos jornadas de lucha cívica superiores a las del combo, en el año 2000 y a las de los años cuarenta del Siglo XX, cuando se conquistaron las garantías sociales, entre ellas, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), hoy bajo la amenaza más grave de toda su historia.

La democracia de la calle es la única garantía para que Costa Rica no sea arrasada por un “libre” comercio que nos estrangulará completamente, generando, entre otras consecuencias, el certificado de defunción de la clase media, de nuestros agricultores, de nuestro sistema de sociedad inclusiva, que tanta admiración y fama generó en el mundo.

Tenemos la certeza de que vamos hacia una revuelta popular insospechada. Se está gestando un verdadero “Supercombo”.

San José, 24 de octubre del 2003.

Alberto Dent, Ministro de Hacienda, da mortal zarpazo a la institucionalidad democrática costarricense, al anunciar que congelará recursos económicos para programas sociales, pese a la soberana decisión legislativa en contrario.

Con estas letales afirmaciones, el Ministro Dent deja al Primer Poder de la República, la Asamblea Legislativa, a las señoras diputadas y a los señores diputados, pintados en la pared, y de un porrazo, sepulta la institucionalidad democrática.

¿Para qué, entonces, elegir diputados y diputadas, si a fin de cuentas importa un bledo lo que este poder de la República legisle en materia presupuestaria, en materia de políticas de Estado para el fortalecimiento de la inversión social y de políticas productivas?

¿Para qué votar o elegir representes a los órganos del poder público?; ¿para qué tanta alharaca electoral y gasto en campañas, si ahora los neoliberales, definen las políticas públicas que debe seguir el país desde un escritorio en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda?; haciendo mofa, ridiculizando y descalificando las potestades que conforme a la Constitución y la ley, son en competerle al Congreso de la República.

¿Para qué Presidente de la República, para qué diputados y diputadas, si en todo caso, quien tiene la última palabra, si quién define como y en que se invierten los recursos públicos, es un simple Ministro de Hacienda; que hubiese sido de remoción inmediata por parte de cualquier Gobierno con un mínimo de respeto por la institucionalidad parlamentaria.

Pero, ¡mucho cuidado!, alertamos a la ciudadanía y, muy en especial a los señores diputados y a las señoras diputadas. Consideramos que estas declaraciones humillantes y de absoluto desprecio, de Alberto Dent, para con el Primer Poder de la República y para con los señores diputados y las señoras diputadas, no son aisladas u antojadizas. (pasa…)

Estas declaraciones responden a una posición política definida, premeditada e impulsada por los sectores económicos y políticos que defienden las políticas neoliberales y se oponen a la participación de la ciudadanía y de la institucionalidad democrática en la toma de decisiones.

Si el dios mercado, el libre mercado lo resuelve todo, según las tesis neoliberales que estos grupos defienden, para qué institucionalidad democrática, para qué Estado, para qué Gobierno, para qué Asamblea Legislativa; si las leyes del mercado, el verdadero dios de los neoliberales, lo resuelven todo.

De estos postulados políticos que enseña el dogma neoliberal, parte el desprecio manifestado por el Ministro Alberto Dent, contra el Primer Poder de la República. Lo que se busca, lo que realmente se pretende con esas declaraciones, es desconocer la acción legislativa como vehículo de discusión política y de instancia suprema, para consolidar y armonizar, mediante el procedimiento de la ley, los intereses políticos y económicos y sociales que se tejen en toda sociedad.

Desconocer la acción parlamentaria es apostar, ni más ni menos, que a la confrontación social y al establecimiento de gobiernos de facto, violentando la soberanía popular expresada constitucionalmente para la consecución del bien común. Sobre todo cuando el señor Dent lo que nos está diciendo es que no está de acuerdo en que haya recursos para la salud, para las personas más pobres de este país, para fortalecer la seguridad y la educación.

Creemos que el Sr. Dent ha dicho semejantes barbaridades con la venia del Presidente de la República, quien ya decidió abandonar la lucha contra la pobreza y las políticas sociales, tal y como quedó evidenciado con la salida y las denuncias planteadas por la Licda. Silvia Lara.

De mantenerse la posición del Gobierno de la República, manifestada en las declaraciones de su Ministro de Hacienda Alberto Dent, de hacer caso omiso a los mandatos legislativos; a la ciudadanía, como ya ha pasado en otros países latinoamericanos (por ejemplo Argentina y, recientemente, Bolivia), no nos quedará más que salir, pacíficamente, a las calles a defender y restaurar la institucionalidad democrática.

San José, 22 de octubre de 2003.