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Tal anuncio no nos toma por sorpresa, sino que confirma lo expresado por el Ministro de Hacienda, señor Alberto Dent Zeledón, quien había adelantado, desde octubre pasado, que su Ministerio había presupuestado un 3.5% de ajuste salarial para el primer semestre del año 2004.

Las organizaciones sindicales firmantes hemos recibido este anuncio, como una clara provocación de parte del Gobierno Pacheco de la Espriella, no solamente porque reniega del diálogo y la negociación; sino porque, además, este ajuste resulta ridículo, miserable y humillante para toda la gente que labora en el Sector Público ya que el porcentaje no cubre siquiera la inflación acumulada de los últimos seis meses del año 2003 que está por concluir.

Por lo visto, Alberto Dent, Ministro de Hacienda, el que manda y el Presidente Abel Pacheco el que pone la cara, con este nuevo decreto salarial están provocando y midiendo la capacidad de respuesta de los sindicatos y trabajadores del Sector Público, ante la inminente centroamericanización de las condiciones de trabajo y de salarios que conlleva para nuestro país la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

En las nuevas reglas de “competencia” que, supuestamente, implica la firma del TLC, no debe haber salarios mínimos, ni obstáculos en la contratación del trabajo. Estos asuntos deben quedar al libre juego de la oferta y la demanda y, por tanto, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no debe inmiscuirse en estos asuntos.

Jamás compartiremos esta idea, dado que en la época actual, más que nunca, la clase trabajadora ocupa un MTSS fortalecido, con capacidad de decisión política y con perfil propio; no con el desteñido papel que hoy juega, contando, incluso con la pasividad y la complicidad de sus propios jerarcas.

Este decreto anunciado no hace más comprobar esta posición, ya el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, no juega en materia de políticas de empleo y de salario; únicamente es el mandadero del Ministro de Hacienda.

Para detener la precarización del empleo, el estrepitoso empobrecimiento de la gente del trabajo, la centroamericanización de los trabajadores y trabajadoras costarricenses, llamamos desde ya a toda la gente que labora en el Sector Público, a prepararse para que en los primeros días de enero, salgamos a las calles a reclamarle al que manda, Alberto Dent, Ministro de Hacienda, abrir la negociación salarial.

Esta nueva provocación no quedará impune. Los trabajadores y trabajadoras, saldremos, nuevamente, a las calles a reclamar justicia y una equitativa distribución de la riqueza. Ya es hora de que quienes contribuimos al crecimiento de la riqueza, recibamos una paga justa por nuestro trabajo.

San José, 19 de diciembre del 2003.

Asociación Nacional de Educadores (ANDE)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Asociación Sindical de Empleados del ICE (ASDEICE)
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN)
Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos (FENTSEP)
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del ICE (FIT-ICE)
Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (UNDECA)

A partir de ahí, han ocurrido muchos acontecimientos relevantes que mejoraron la condición del servidor de la Fuerza Pública; logros que para hacer justicia se han obtenido con el diálogo y la apertura que al respecto han venido mostrando las máximas autoridades del Ministerio de Seguridad Pública, empezando por el Sr. Ministro, el Lic. Rogelio Ramos. Así se han resuelto muchos problemas en beneficio de este importante sector laboral de la Administración Pública de nuestro país.

En tal dirección podemos señalar factores positivos como la promulgación de una nueva Ley General de Policía, que mejoró sustancialmente la condición del servidor y de la servidora policial. Hasta el derecho de usar bigote, para los varones que lo prefieren para afianzar su personalidad. Igualmente, la abolición de los despidos políticos y arbitrarios que se practicaban, masivamente, al inicio de cada nueva administración.

No obstante, nuestra organización no está satisfecha con estos logros, toda vez que la propuesta de ANEP para los servidores y para las servidoras de la Fuerza Pública, es mucho más ambiciosa e integral. La promesa que le hemos hecho a este valioso personal del Estado costarricense, tiene que ver con el respeto absoluto a su persona, como autoridad y como ser humano.

Estamos hablando de un salario de calidad de vida digna, del derecho a la vida en familia, a las condiciones de salud ocupacional e higiene laboral mínimas, que establece el Código de Trabajo; estamos hablando de roles coherentes con la función y no con la disposición antojadiza de una jefatura o jerarca de turno; de horarios apegados a la ley; de un trato decente por parte de los superiores para con los subalternos y de un equipo logístico que le permita al funcionario, ejercer su labor con eficiencia y seguridad.

Esta es la esencia de las condiciones laborales que exigimos y serían los principales puntos a negociar, en una eventual carta de intenciones, que urge poner en manos del señor Ministro de Seguridad Pública, para que se respete al servidor; porque esos puntos señalados arriba, como añoranzas de los y las policías de nuestro país, se cumplen la Fuerza Pública, con la necesaria eficacia, firmeza y plenitud.

¿Cuál es la realidad?

* Comandos, comisarías, comandancias y demás dependencias del país, con dormitorios que no son eso, sino cuchitriles, donde no se duerme porque hay carencia de colchones y camas; porque el hacinamiento es tal, que se tienen que turnar unos con otros, para recostarse en el lecho caliente que deja el compañero que recibe.

* Insuficiencia de servicios sanitarios para el personal de guardia; policías que tienen que trasladarse en vehículos que son un verdadero peligro para la vida del servidor de la Fuerza Pública, destapados llevando sol y agua sin importar el clima ni la hora, la mayoría rodando en “pellejos” en vez de llantas, conseguidos en cualquier lugar donde salgan más baratos (preferiblemente regalados).

* Policías que hacen guardia llevando sol y agua, porque el policía debe “formarse así”; con uniformes raídos y desteñidos por el sol, porque a veces se pasa uno o dos años sin recibir un pantalón o una camisa y ni que decir del calzado; indumentaria especial que deben mantener siempre limpios, aunque permanezcan en zonas pantanosas, de lo contrario reportes van y reportes vienen, con las excepciones del caso, donde el policía tiene la dicha de contar con una jefatura que lo respeta y considera.

* Existen jefaturas que se creen dueños de almas y personas, estos son los que tienen atemorizados a los humildes policías, en su feudo, donde el que habla o trata de reclamar sus derechos es un 55 (“comunista”); entonces es trasladado a los lugares más recónditos, mientras los acólitos del comandante no salen del comando, si no es con su superior para hacer las diligencias más importantes, y ganar los ascensos por méritos incuestionables.

* Por otro lado, policías de zonas alejadas de la capital, cada quince días tiene que viajar sin un centavo en la bolsa, para cubrir puestos de alta peligrosidad en San José. Allí llegan y no encuentran donde dormir, con suerte hallan algo que comer (dependiendo de la hora en que reciben o entregan); y, luego, para regresar a su zona deben esperar todo el día hasta que entregue el último compañero, así pierden el “franco” (jornada libre), por que nadie les reconoce el sacrificio.

¡Insólito!. Esto no lo debe conocer a plenitud el señor Ministro de Seguridad Pública, a juzgar por su actitud y sus palabras, cuando asegura que se han entregado uniformes a la Fuerza Pública, que se mejora la alimentación y sobre todo cuando permite que se rebaje el presupuesto de su ministerio.

Invitamos al señor Ministro Ramos, para que, de sorpresa, visitemos algunas comisarías o comandos, allí se enterará de esta realidad.

Por último, nos han solicitado una gran cantidad de policías, que manifestemos, que aún así, ellos están orgullosos de servirle a la Patria y que desean continuar en el servicio, pero que temen ser despedidos porque no reúnen los requisitos que exige la nueva Ley General de Policía: el tercer año de Enseñanza Secundaria aprobado. Es necesario, en consecuencia, que se plantee cuanto antes y se tramite con urgencia, una reforma a ley, para que diga que aquellos servidores que han demostrado idoneidad en el trabajo, sean incluidos en el régimen para que haya justicia laboral.

Necesariamente, la ANEP ha considerado plantear, públicamente, todas estas reflexiones, porque la ciudadanía debe conocer que muchos de sus servidores en la ingrata y difícil tarea de la Seguridad Ciudadana, le sirven en condiciones deterioradas y esto puede hacer la diferencia entre valorar con justicia lo que el humilde personal de la Fuerza Pública de Costa Rica, hace por el bien de todos.

San José, 18 de diciembre del 2003.

Por el contrario, para hacerse acreedores al honor nacional y para disipar la especie que ya empieza a crecer, de que podríamos estar al frente de una acción manipuladora de la sensibilidad nacional en este asunto del TLC; se hace necesario, imprescindible y fundamental, ahora con mucha más razón, que el Gobierno de la República y, particularmente, el COMEX, procedan a:

1. Entregar, con toda transparencia y sin restricciones, los textos de lo que hasta ahora se ha negociado;

2. Indicar, sin eufemismos ni rodeos, sin dobles lenguajes, qué fue lo que pidió Estados Unidos, como para que se diera la negativa de una firma por parte de Costa Rica, en lo que se creía era la finalización del proceso de negociación. Paralelamente, es de obligada ética política que se expliqué la posición asumida por Costa Rica ante cada una de esas exigencias estadounidenses, como para que se hayan “rechazado”.

3. Ya que se dio tal acto “heroico” de no firmar ahora, tampoco firmar nada en enero, sin antes permitirle a la gente conocer cómo, finalmente, quedaría este asunto del TLC; de forma tal que se dé el más amplio debate ciudadano, considerando que lo que se decida impactará a la generación presente y a las futuras, del pueblo costarricense.

Actuar en contrario significaría alimentar la sensación de que podríamos estar al frente de una pérfida maniobra de manipulación, para que cuando en enero próximo se decidan, definitivamente, los asuntos pendientes del TLC; darnos como premio de consolación que se hizo la resistencia debida, pero que dado el poder de la contraparte, hubo que cederle en todo lo que ésta pidió y exigió.

Finalmente queda comprobado: Costa Rica tiene mucho más que perder en este asunto del TLC, que los otros cuatro países centroamericanos, prácticamente anexados ya a los Estados Unidos de América.

San José, 17 de diciembre del 2003.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), convocará a declararse en huelga, a todos aquellos empleados públicos y a todas aquellas empleadas públicas que, en varios ministerios y otras entidades, se quedarían sin salario a partir de la primera quincena del presente mes de diciembre; a raíz de los problemas legales que tendría el último presupuesto extraordinario que conoce, actualmente, la Asamblea Legislativa, al incluirse en el mismo el tema del INCOP.

Efectivamente, por medio de una burda maniobra del actual Gobierno de la República, que la ANEP condena enérgicamente; el pago del soborno para que los empleados del INCOP no lucharan contra la privatización de esta institución (3.280 millones de colones), fue incluido en ese último presupuesto extraordinario; lo que obligó a que un importante número de legisladores y de legisladoras elevara una nueva consulta de constitucionalidad sobre el tema ante la Sala IV.

Jugando con el hambre de cientos de empleados públicos y de empleadas públicas, el Gobierno Pacheco de la Espriella, chantajeó a la Asamblea Legislativa, obligándole a aprobar ese presupuesto extraordinario, que incluye la vulgaridad de lo del INCOP; pues de lo contrario no habría pago salarial en diciembre para un importante número de servidores del Estado.

Lo que no midió el Gobierno es que, aunque logre la aprobación de dicho presupuesto en las próximas horas, la consulta de constitucionalidad sobre lo del INCOP, haría imposible su ejecución total; afectándose así a ese considerable número de empleados públicos y de empleadas públicas de los ministerios de Salud, de Trabajo y Seguridad Social, de Educación Pública, Seguridad Pública y de otras instituciones; así como de varios grupos de pensionados con cargo al Presupuesto Nacional.

La ANEP convocaría a declararse en huelga, inmediatamente, a los potenciales afectados y a las eventuales perjudicadas. Como el Gobierno amenaza con rebajar salario a quienes se sumen a movimientos sociales; hoy debemos decirle al Gobierno que sin paga salarial no se puede trabajar.

La ANEP, nuevamente, condena el burdo chantaje del Gobierno de la República para con la Asamblea Legislativa, conminándola a aprobar ese presupuesto extraordinario con la inclusión del soborno del INCOP; jugando para ello con el hambre y con las necesidades familiares de cientos de servidores públicos y de servidoras públicas, quienes no recibirían su salario en este mes de diciembre.

San José, 10 de diciembre del 2003.

Así, se han ido a los tribunales constitucionales, para pedir la abolición de varias Convenciones Colectivas de Trabajo, vigentes en la Administración Pública al amparo de preceptos legales estipulados en nuestro Cogido de Trabajo, en la Constitución Política de Costa Rica y en el ordenamiento jurídico internacional, como el de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la cual nuestro país es un Estado miembro.

Los libertinos, obnubilados por tanta baraja de naipe que manipulan, tantos dados que lanzan en los casinos y tantas tragamonedas que atosigan sus gargantas; hacen gala de una doble moral insigne en este asunto de las Convenciones Colectivas de Trabajo.

Como abanderados que son de la eliminación a mansalva del Derecho Laboral, de la privatización irracional y extremista y de la abolición total del papel social del Estado en nuestra vida democrática-institucional; nada les importan sus “principios” libertinos, cuando de negocios se trata.

Efectivamente, en el caso de la vergonzosa privatización del INCOP y del subsecuente pago de conciencias laborales a través de un soborno colectivo de 3.280 millones de colones; se les “olvidó” que la Administración Rodríguez Echeverría le dio barniz jurídico a tal vulgaridad, por medio de una cláusula adicionada a la actual Convención Colectiva de Trabajo del INCOP.

El Gobierno actual del Presidente Pacheco de la Espriella, cohonestó tal adefesio jurídico, presupuestando ese asalto a las finanzas públicas, tal y como le gusta llamar a los libertinos, el “costo” de las convenciones colectivas de trabajo.

He aquí la doble moral “libertina”. Si las convenciones colectivas sirven para privatizar, ¡bienvenidas!, pues a fin de cuentas, son los negocios de los amigos y compadres libertinos lo que importa. Aquí jamás podría cuestionarse su legalidad constitucional.

En la noche del martes 9 de diciembre de 2003, en la sesión de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, la alianza del desprestigiado bipartidismo neoliberal y privatizador, con los libertinos de doble moral, quedó consumada.

Por el contrario, se rechazó una digna moción, de alto contenido ético y moral, que pretendía evitar que los y las costarricenses, a través de la deuda pública, tuviéramos que financiar de nuestros bolsillos, el pago del soborno de las conciencias laborales del INCOP.

Los libertinos han quedado completamente desnudados. Como furgón de cola del bipartidismo privatizador, han asumido las orientaciones de éste, comportándose como sus matones ideológicos, promoviendo la confrontación a mansalva entre costarricenses y “renunciando” a sus “principios”, en aras de los buenos negocios.

San José, 10 de diciembre del 2003.

Profunda indignación y repulsión nos causa la segunda traición del actual Presidente de la República, Dr. Abel Pacheco de la Espriella, aceptando entregar el mercado de los seguros a cargo del Instituto Nacional de Seguros (INS), a la “competencia” generada por las poderosas transnacionales estadounidenses; en el marco de las “negociaciones” para la eventual suscripción, más bien imposición, de un tratado de “libre” comercio, entre los poderosos Estados Unidos y nuestro pequeño país.

Decimos segunda traición, por cuanto tanto en el primer caso (telecomunicaciones del ICE), como en este del INS, la ANEP tiene un documento, firmado de puño y letra del actual Presidente Pacheco, en el cual se comprometió ante innumerables dirigencias de Sectores Sociales, a que durante su Gobierno no habría ningún tipo de privatización, incluida la que consiste en vía “apertura”.

Ese compromiso ético del entonces candidato presidencial Pacheco de la Espriella, se suscribió en marzo del 2002, en el Auditorio del Poder Judicial, cuando el hoy mandatario, junto a su contendor de la segunda ronda electoral, Ing. Rolando Araya Monge, comparecieron para dar a conocer sus respectivas propuestas de políticas públicas.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deja constancia para la historia de nuestra oposición rotunda a la entrega, para su destrucción, del legendario Instituto Nacional de Seguros (INS), símbolo de una clase gobernante, hoy lamentablemente extinguida, que supo, en ese momento histórico, 1924, a través del entonces Presidente de la República, Lic. Ricardo Jiménez Oreamuno, visionar para las generaciones venideras una patria solidaria.

Tenemos entendido que el Presidente Pacheco de la Espriella, tiene en su despacho una foto de ese ilustre exmandatario costarricense, alegando que es para él una permanente fuente de inspiración.

Hoy le decimos a don Abel Pacheco que descuelgue ese retrato de su despacho y que lo arroje al cajón de la basura, tal y como lo hará con la trayectoria y el significado histórico del Instituto Nacional de Seguros (INS), que será devorado por las voraces transnacionales estadounidenses y sus eventuales socios nacionales.

La ANEP renueva su compromiso de lucha en defensa de la institucionalidad costarricense y, específicamente, en el caso del INS, pese a la traición de un grupo de connacionales que, desde posiciones de poder político y económico, pretenden destruir toda la institucionalidad democrática heredada de nuestro Estado Social de Derecho, por unos cuantos dólares más generado por un “libre” comercio que acabará con nuestro perfil de nación.

San José, 5 de diciembre del 2003.

El Código de Conducta Internacional (CCI) del Flower Label Programme, promovido por la Organización Internacional de Derechos Humanos de Alemania Food First Information & Actino Network (FIAN), promueve la certificación de un sello de calidad para la producción social y ambientalmente responsable en el sector de Flores y Helechos. Actualmente el sello se implementa en países como Kenia, Simbawe, Sudáfrica y países de América Latina como Ecuador y Colombia.

La implementación de este Código le da al productor una ventaja competitiva al lograr alcanzar estándares internacionales en su producción, que le permiten ingresar a nuevos mercados en Europa.

En Costa Rica un diagnóstico sobre el sector muestra la necesidad de mejorar los estándares sociolaborales y ambientales. Se encontraron que el 34% de las empresas no pagan el Seguro Social, el 80% de los trabajadores no reciben ningún tipo de capacitación sobre los riesgos del uso de agroquímicos. El 81% de las empresas no tienen planta de tratamiento de aguas contaminadas.

En nuestro país se formó la Red Nacional de Coordinación conformada por la Pastoral Social de Limón, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Consejo de Defensa de la Institucionalidad de Alajuela (CDI-A), con el fin de apoyar la implementación del Código de Conducta Internacional en el país.

Para mayor información pueden comunicarse con Xinia Castillo al 440-2358 o a la dirección electrónico:xinia_castillo@yahoo.es y/o con Zulia Velásquez al 768-7444.

San José, 4 de diciembre del 2003.

Pese a que el Gobierno de la República es conocedor del mal ambiente que tiene entre las señoras diputadas y los señores diputados esa iniciativa, denunciamos la maniobra de incluirla en la última modificación presupuestaria del año; en la cual se incluyen, también, partidas para completar faltantes presupuestarios en materia de salarios de empleados públicos de varios ministerios y entes adscritos a los mismos, así como de la propia Asamblea Legislativa.

Para la ANEP estamos frente a un intento de chantajear a los señores diputados y a las señoras diputadas, para que no puedan abstenerse de votar esta modificación presupuestaria; puesto que de su aprobación depende el pago de salarios para el mes de diciembre de varios cientos de empleados públicos; incluyendo, como indicamos, al propio personal al servicio del parlamento costarricense.

Respetuosamente, consideramos que los señores diputados y a las señoras diputadas, no deben prestarse a esta matráfula del Gobierno, a este chantaje.

Debe quedar claro que el propósito principal del Gobierno de la República con esta modificación presupuestaria, es obtener los recursos financieros que se necesitan para trasladar el negocio del INCOP a manos privadas, a compañías transnacionales colombianas.

Se suponía que tales empresas iban a desembolsar de su propio peculio, los millones de dólares con que se pretende pagar una “indemnización” a los trabajadores del INCOP, a cambio de que éstos nos se opusieran a la privatización de la institución.

Por tanto, demandamos e instamos, respetuosamente, a las honorables señoras diputadas y a los honorables señores diputados votar esta modificación presupuestaria en lo concerniente a salarios, pensiones y otros renglones ahí presupuestados; y desechar el rubro de los 3,400 millones de colones, que a cargo de la deuda pública, se le trasladan al INCOP con el propósito de cumplir con el negocio de la privatización de esta institución.

San José, 20 de noviembre del 2003.

En esta segunda oportunidad (la primera tuvo lugar el pasado 20 de octubre), se manifestará un nuevo nivel de articulación intersectorial de la amplia diversidad de grupos sociales que están coaligándose, para oponerse a un tratado que, pese al secretismo y a la ausencia de transparencia del proceso negociador, se intuye generador de más prejuicios que beneficios para el país.

La actividad del próximo lunes 24, se inscribe dentro de lo que se espera sea una de cadena de manifestaciones de movilización ciudadana que irá en crecimiento, tanto en cantidad como calidad; extendiendo la cobertura y ampliando la intensidad de las acciones a desarrollar, que se espera sean multifacéticas, creativas y novedosas.

La actividad del próximo lunes 24 tendrá como puntos de partida la sede central del ICE en La Sabana, el Parque La Merced y las oficinas centrales de la Caja, en Avenida Segunda; facilitándose así el desplazamiento ciudadano según los distintos puntos de procedencia; luego, articuladamente, se dará la caminata hacia la Casa Presidencial, en Zapote.

La articulación de los sectores sociales ha tomado un fuerte impulso luego de la reunión para el desarrollo de su coordinación estratégica, ocurrida en la casa del Expresidente de la República, Lic. Rodrigo Carazo Odio, el pasado lunes 17; cuando poco más de un centenar de dirigentes calificados de tales sectores, acordaron conjuntar los esfuerzos de sus respectivas organizaciones.

Igualmente ha contribuido con tan fin, el evento de Diálogo Social ocurrido el día de ayer, martes 18, en el Auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica. En esta última actividad, más de 50 entidades sociales expusieron sus respectivos puntos de vista sobre el TLC.

Además, recordemos que el pasado lunes las principales agrupaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sellaron una alianza estratégica entre sí para su defensa, conjuntándose con las entidades laborales del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Por otra parte, el anuncio del sindicato de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), SITRAPEQUIA, sin duda alguna que representa un fortalecimiento de esta gigantes alianza social en construcción.

San José, 19 de noviembre del 2003.

1.
Actualmente, la Caja destina unos 70 millones de dólares (casi 30 mil millones de colones), en comprar medicamentos para sus pacientes, tanto los de consulta interna (hospitalizados), como de consulta externa. Esta cifra representa cerca de un 10 % del presupuesto total anual, de la CCSS.

2.
Con ese presupuesto, la Caja compra y produce medicamentos y fármacos de carácter genérico, es decir, sin pagar patentes de marca; logrando así cubrir las necesidades de salud del 100 % de la población que demanda servicios de la Caja.

3.
Firmado el TLC, la Caja quedará obligada a comprar, únicamente, medicamentos y fármacos patentados, es decir, de marca; productos que costarán muchísimo más que ahora; lo cual elevaría el presupuesto para compras de los 70 millones de dólares actuales, a la enorme suma de 390 millones de dólares; es decir, la gigantesca cantidad de 161 mil millones de colones.

4.
Es decir, con el TLC, a la Caja le costará un 314 % más adquirir la misma cantidad de medicamentos y fármacos que actualmente compra para suplir las necesidades de la población. O sea, pasaría de un gasto de 30 mil millones de colones anuales, a uno de 161 mil millones de colones. Pregunta: ¿Aguantará la Caja este enorme incremento del gasto en medicamentos y fármacos?… Por supuesto que no.

5.
Con ese enorme incremento, según los expertos, la Caja reduciría, sustancialmente, su cobertura de población y se vaticina que tal cobertura quedará en apenas un 18 % de la población que actualmente se atiende. Es decir, la Caja tendría que dejar sin atención a un 82 % de las personas que hoy día ocupan sus servicios.

Los datos anteriores provienen de estudios realizados Por el Departamento de Farmacoterapia de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

LOS Y LAS COSTARRICENSES DEBEMOS IMPEDIR LA DESTRUCCIÓN DE LA CAJA, LA OBRA SOCIAL MÁS IMPORTANTE DE NUESTRO PAÍS DESDE HACE 60 AÑOS.

SALGAMOS A LA CALLE
EL LUNES 24 DE NOVIEMBRE.

EXIJAMOS QUE SE NOS DIGA TODA LA VERDAD DEL TLC.
DEFENDAMOS A LA CAJA

13 de noviembre del 2003