Derecho Internacional hecho añicos

Bush, cuya elección mostró al mundo que en Estados Unidos ni todos los votos cuentan ni todos los votos son contados, ha pisoteado el Derecho Internacional y ha descalificado, casi que para siempre, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Condenamos la posición de “banana republic” asumida por Gobierno del Presidente Pacheco de la Espriella, en torno a esta agresión militar. El mensaje que al respecto ha transmitido el mandatario compromete la tradición civilista y pacifista del pueblo costarricense; a la vez, implícitamente, avala el atropello al Derecho Internacional. Creemos que demuestra así un irrespeto absoluto a los Derechos Humanos del sufrido pueblo iraquí, pueblo sometido a un doble y terrible dolor: el del tirano y el del jefe de las petroleras.

Tristemente, el gobierno costarricense se puso del lado del agresor y contra la solución pacífica, la cual es avalada por importantísimos Estados y por millones y millones de personas a lo largo y a lo ancho de este planeta; agobiado por el irracional ejercicio de la fuerza y el poderío militar estadounidenses; así como por las políticas dictatoriales de los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, políticas que tienen a millones y millones de seres humanos en el hambre y la miseria absolutas.

Es evidente que jamás se puede aceptar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con un país que desprecia las leyes internacionales; con un país agresor; con un país que se niega a aceptar convenios tan trascendentales para la vida en la Tierra, como el Protocolo de Kioto, como el Tribunal Penal Internacional, como la normativa laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y ahora, que desconoce al máximo organismo que se suponía garante de la paz y del derecho internacional, Naciones Unidas.

Esta es una hora triste para la humanidad. Y más indigna todavía comprobar que esta agresión militar, mal llamada guerra, es un asunto de negocios, al darse a conocer ya los primeros “contratos” que se asignarán a empresas estadounidenses, para la supuesta “reconstrucción” del Irak sometido al poder imperial dominante.

San José, 20 de marzo del 2003.

PLAN CARCELARIO DEL GOBIERNO LO CONFIRMA:

Mientras que la cárcel privada de Pococí nos costaría casi 10 mil millones de colones, ¡al año!; con tan sólo 1.383 millones, el Patronato de Construcciones del Ministerio de Justicia y Gracia, financiará la construcción de esos 1.200 nuevos campos; precisamente, la misma cantidad de espacios de reclusión que tendría el penal privado que tanto cuestionamiento público ha generado.

El plan de desarrollo carcelario de Adaptación Social para el período 2003-2004, que dio a conocer la titular de dicha cartera ministerial, Lic. Patricia Vega Herrera, confirma que al Sistema Penitenciario Nacional tiene la capacidad para la contención de los diversos tipos de privados de libertad, aún los más peligrosos.

Sería un crimen para el país destinar los multimillonarios recursos para el negocio privado de la cárcel, a sabiendas de que tales dineros serían aprovechados de mejor manera, en sacar a gran cantidad de programas sociales de la deplorable condición financiera en que muchos de ellas se encuentran.

Esta situación cobra mucha mayor razón ahora que el propio Gobierno de la República, por intermedio del anuncio de la Ministra de Justicia y Gracia, reconoce, tácitamente, que no es necesario que los y las costarricenses, hagamos ricos a un consorcio extranjero con el negocio carcelario.

La honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, instancia que tiene en sus manos la decisión final sobre el cuestionado proceso licitatorio de la cárcel privada de Pococí, debe considerar este nuevo elemento: la institucionalidad pública tiene suficiente capacidad aumentar la infraestructura carcelaria y a muchísimo menor costo para las ya de por sí deterioradas finanzas públicas.

San José, 11 de marzo del 2003.

TLC: LA RAPIDEZ DEL PROCESO NEGOCIADOR ES SUICIDA PARA COSTA RICA

Si el TLC de los Estados Unidos con Chile duró cerca de seis años y casi la misma cantidad de tiempo el de la América del Norte, no entendemos la premura y la irresponsabilidad que se le está imprimiendo al proceso negociador en el que Costa Rica está involucrada. En los dos casos citados, a pesar del largo tiempo empleado en las respectivas negociaciones, ya ha saltado a la luz pública los graves errores que se cometieron y el impacto socioeconómico negativo en amplias capas de la población mexicana y canadiense.

La ANEP considera como irresponsable y suicida seguir el ritmo que a este proceso le impone el Gobierno de los Estados Unidos de América pues, a final de cuentas, el país saldrá altamente perjudicado; máxime que la potencia del norte está ya relevando sus verdaderas intenciones: apertura en telecomunicaciones (por ejemplo); así como mostrando sus intenciones para fortalecer la protección a sus propios productores agrícolas, de textiles, fármacos y agroquímicos.

La gravedad de los temas de propiedad intelectual y de los medicamentos genéricos representa un riesgo sin precedentes para la estabilidad institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La negociación en desarrollo representa la más seria amenaza a la existencia de esta vital entidad pública, en toda su historia.

Por otra parte, esta desaceleración del proceso negociador es vital para Costa Rica, cuyo desarrollo económico y social es radicalmente distinto, a los otros países centroamericanos involucrados en semejante aventura.

El actual proceso negociador lleva a nuestro país hacia una homologación “hacia abajo” en cuanto a sus condiciones laborales y ambientales, por ejemplo; dada la fuerte tradición histórica de las oligarquías centroamericanas contra los preceptos de los Derechos Humanos, que tienen mucho mayor vigencia en Costa Rica.

Además, Costa Rica necesita introducir cambios radicales, de forma y de fondo, en cuanto a cómo se ha venido promoviendo la consulta y la participación de los actores productivos, laborales, ambientales y sociales en el proceso negociador. Este proceso, hasta el momento, ha sido muy superficial, burocrático y con suministro de información insuficiente y hasta insustancial.

Nuestro Gobierno debe entender que, en aras de la necesaria paz social del país, hay que pasar hacia una participación de tales actores radicalmente distinta, que nos conduzca a una especie de negociación estructural interna; de forma tal que los negociadores costarricenses lleven la posición del país y no la de la tecnocracia de los manuales del mal llamado libre comercio.

Es necesario indicar que algunas de las personas integrantes del equipo negociador costarricense no están generando la suficiente confianza entre los sectores sociales ante eventuales conflictos de intereses que pudieran surgir en el camino.

La ANEP hará un llamado al amplio y diverso conjunto de las organizaciones civiles y sociales involucradas en este proceso, para que contribuyan con su valioso aporte en tal sentido, es decir, pronunciándose por la desaceleración del actual proceso negociador, altamente suicida para Costa Rica.

San José, 4 de marzo del 2003.

La agresión militar de Estados Unidos a Irak: LA PAZ ES POSIBLE. NOS MANIFESTAMOS CONTRA LA GUERRA

De los 24 millones de habitantes de Irak, 10 millones necesitarían ayuda después del ataque militar estadounidense; habrá miles y miles de muertos y heridos. La niñez y la adolescencia iraquí serán, dolorosamente, quienes más sufrirán (el 48 % de la población iraquí tiene menos de 14 años). Hasta un millón de personas tendrán que abandonar sus hogares, convirtiéndose en refugiadas de guerra.

Si bien Irak está gobernado por un hombre con poderes dictatoriales y que ha atropellado los Derechos Humanos de poblaciones étnicas distintas a las de su propio origen (como la población kurda); esta no es causa suficiente para la descomunal agresión militar estadounidense que se avecina. Estamos de acuerdo en que el régimen político iraquí debe ser despojado de cualquier arma de destrucción masiva, pero jamás la vía de la agresión militar debe legitimarse para ello. Es más, creemos que ningún país del planeta debe tener armas de semejante impacto destructivo, por más poderoso que sea.

Las razones de un eventual ataque de los Estados Unidos contra Irak son otras. Por ejemplo, la necesidad de tener control directo sobre los 112 mil millones de barriles de petróleo que tiene Irak en su subsuelo (las segundas reservas más grandes del planeta, después de las de Arabia Saudita), es una de las verdaderas razones para semejante agresión.

Otra razón no menos poderosa es la necesidad de la reactivación que necesita, con urgencia, la economía estadounidense, cuya industria de guerra es vital en tal sentido. El gasto militar estadounidense, público y privado, está detenido, por la acumulación en bodega de enormes cantidades de material bélico que ya se está volviendo obsoleto; así como la imperiosa necesidad de probar los nuevos inventos para la guerra, como la bomba eléctrica.

A pesar de la inminencia de esta agresión militar, que jamás puede conceptuarse como una verdadera guerra, en ANEP creemos que la paz es posible y desde ya, condenamos, de manera enérgica la acción bélica estadounidense contra el pueblo iraquí. En su momento, con la misma energía y vehemencia, condenamos los viles ataques terroristas del 11 de setiembre del 2001, que tanto dolor provocaron en la gran nación del norte de América y en todo el mundo.

Sabemos que el pueblo trabajador de ese gran país, que es los Estados Unidos de América, no comparte la acción de su gobierno. Sabemos que las grandes transnacionales que controlan la comunicación mundial, manipulan la información en torno a Irak. Todavía queda mucha gente confundida y/o engañada; pero, aún así, pese a la engañosa estratagema desinformativa, millones y millones son ya plenamente conscientes de las verdaderas intenciones del Presidente Bush y de sus socios de las compañías petroleras y de la industria militar.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), expresa su condena enérgica a las acciones militares estadounidenses contra el pueblo iraquí. Nos unimos al amplio, diverso y creciente clamor mundial a favor de una solución pacífica en el caso de Irak. Hacemos un llamado para que todos y todas nos pronunciemos por la paz.

San José, Costa Rica,
25 de febrero del 2003

ANEP PIDE INVESTIGACION A LA CONTRALORIA

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ha solicitado una investigación a la Contraloría General de la República, en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), encabezado por la Licda. Vilma Villalobos; para determinar la procedencia del dinero con que se pagan los salarios de varias personas que están clasificadas como “personal de confianza” de dicho despacho ministerial; según se desprende del Acuerdo Ejecutivo No. 26-MEIC, fechado 3 de setiembre del 2002 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, No. 183, del martes 24 del mismo mes y año.

Tenemos la presunción de que esas personas no están pagadas por el presupuesto oficial del MEIC, determinado en la Ley General de Presupuesto de la República; sino que los dineros que financian esos salarios proceden de una entidad denominada “Fundación CRUSA”, creyendo entender que “CRUSA”, son las siglas que definen las expresiones geográficas y políticas “Costa Rica” y “United States Of America”.

Estamos hablando de las siguientes personas:
Leonardo Campos Castillo
Mabel Castro Valverde
Melissa Molina López
Andrea Gallegos Rodríguez
Melanie Bacherer Arends
Ricardo Madrigal Jiménez
Camilo Monterrosa de León
Patricia del Bo
Isabel Cristina Araya
Erick Borbón
Ileana Cruz
Flor Soto
Laura Castro
Maríaminta Quirce
Karla Plá
Edwin Fallas

La carta que la ANEP envió al Lic. Luis Fernando Vargas Benavides, Contralor General de la República, solicita que la investigación a desarrollar tenga aspectos como los siguientes:

1- Determinar qué es la denominada Fundación CRUSA en toda su dimensión: registro, directiva, misión, fuentes de financiamiento, etc.
2- Si efectivamente todas esas personas realizan o realizaron laborales para el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), luego de la llegada al poder de la actual administración del país.
3- Cuál es el nombre del puesto y el salario correspondiente para cada una de ellas.
4- Establecer las fuentes de financiación de tales puestos y si se confirma que esos dineros provienen de la denominada Fundación CRUSA.
5- Qué tipo de labor realiza cada una de esas personas en esos puestos.
6- Qué tipo de vínculo podría haber en cada una de esas labores, con relación al proceso que vive el país para establecer negociaciones comerciales; particularmente, el proceso del Tratado de Libre Comercio entre los países centroamericanos (incluida Costa Rica) y los Estados Unidos de América.
7- Cuál es el grado de legitimidad jurídica que les asiste para trabajar, ordenar, tener personal subalterno, usar la infraestructura institucional (planta física, servicios de oficina, equipos, teléfonos, luz, agua, etc.); en una institución de servicio público, cuyo presupuesto lo aprueba la Asamblea Legislativa.
8- Si se confirma que sus salarios provienen de la denominada Fundación CRUSA, cómo gira ésta tales dineros a cada una de esas personas, ¿directamente?, ¿a través de una sociedad?, ¿cómo?
9- Se debe determinar si pagan impuesto sobre la renta esos salarios y si, tal y como técnica y sistemáticamente se les rebaja en el Sector Público a los trabajadores y a las trabajadoras objeto de tal tributo, así se aplica a los salarios que se estarían pagando por la modalidad indicada.
10- Adicionalmente, solicitamos que el ente contralor bajo su digna dirección proceda, también, a investigar si la mencionada “Fundación CRUSA” estaría financiando pago de personal en los ministerios de Hacienda y de Comercio Exterior.

Considerando que el proceso que el país ya está viviendo en torno a la eventual suscripción de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América, es más que urgente establecer la veracidad de nuestra denuncia, considerando el importante papel que el MEIC tiene en este proceso.

San José, 14 de febrero del 2003.

ICE: HORA DE DEFINICIONES

La perversa estrategia del equipo económico neoliberal del Gobierno del Presidente Pacheco de la Espriella, está en su apogeo: el estrangulamiento financiero de la institucionalidad pública de este país, particularmente la del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

Su destrucción ha sido la máxima aspiración de los poderosísimos grupos económico-financieros que han logrado influenciar las principales acciones políticas de las administraciones Monge Alvarez, Arias Sánchez, Calderón Fournier, Figueres Olsen, Rodríguez Echeverría, y ahora, Pacheco de la Espriella.

Tal influencia, sobredimensionada por el manejo manipulador de la opinión pública a través de los negocios periodísticos de esos grupos, llegó a ser tan contundente como para mandar al cementerio político los ideales socialdemócratas y socialcristianos en los cuales, cínicamente, decían inspirarse esos gobiernos.

Afortunadamente, el pueblo se dio cuenta de tal embuste y pasó la factura: quiebre del bipartidismo histórico, alto abstencionismo electoral, descrédito de la acción político-partidista; y, lamentablemente, el deterioro de la institucionalidad democrática. Y, como era de esperarse, todos hicieron el “mea culpa”, se rasgaron las vestiduras y pidieron perdón por la traición a los principios filosóficos, políticos y sociales de una Costa Rica solidaria, de capas medias, con integración y movilidad social y cierta equidad distributiva; valores que nos dieron una identidad particular como nación, que nos ganó la admiración mundial.

La abusiva directriz para un absurdo recorte del gasto público, por el orden de los 120 mil millones de colones para este año 2003, tiene en el ICE el primer conflicto institucional evidente. Pero hay más conflictos y es nuestro deber apoyar para una articulación de resistencia en la que ya estamos trabajando.

En estos momentos cruciales, conviene preguntar, públicamente y a viva voz; con todo respeto pero con gran vehemencia:

A la fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN):

1. ¿Qué fue del otrora glorioso Partido Liberación Nacional, arquitecto de la sociedad de capas medias que nos dio paz y honra ante el mundo?;
2. ¿Es real que pretenden reconstruirse como alternativa política y recuperar su papel ante la ciudadanía, la cual les cobró carísimo su traición al ideal socialdemócrata?;
3. ¿Qué harán ahora para demostrar que, esta vez, sí defenderán (como no lo hicieron en el 2000), la institución emblema de la obra de don Pepe Figueres?

A la fracción parlamentaria del Partido Acción Ciudadana (PAC):

1. ¿Qué podemos esperar de la fracción del PAC, cuyas curules son producto de la enorme ola de descontento ciudadano generada a partir de los movimientos sociales del combo del ICE en el año 2000?;
2. ¿Honrarán, de verdad, la confianza de los grandes sectores de capas medias que les votaron en el 2002; esas capas medias que tienen en el ICE el símbolo de un modelo de desarrollo que nos dio equidad y paz social?;
3. ¿Asumirá, toda la fracción en bloque, el enorme compromiso histórico del rescate de nuestra institucionalidad lesionada o continuarán algunos de sus integrantes comportándose como furgón de cola del tren neoliberal del Gobierno actual; tal y como es percibido (a lo mejor, injustamente), en el ambiente de los sectores sociales.

A la fracción parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC):

1. ¿Cómo actuarán aquellos legisladores y aquellas legisladoras quienes, a pesar de ser integrantes de la fracción parlamentaria oficialista, han nutrido sus carreras políticas con los mejores aportes del pensamiento progresista mundial y, particularmente, de la filosofía de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, profundamente humanista?;
2. ¿Dejarán que las erráticas, fanáticas, fundamentalistas y antisociales políticas del equipo económico oficialista, nos arrastren a una serie de confrontaciones sociales de mayor intensidad a las que hubo en el año 2000?
3. ¿Serán capaces de desmarcarse de la gestión oficialista neoliberal del equipo económico que arrastra a su partido al enfrentamiento abierto con la sociedad civil?

Miles y miles de trabajadores y de trabajadoras esperarán respuestas al gran desafío aquí planteado. Cientos de organizaciones sociales de la más diversa naturaleza, articulándose ya para los graves momentos de lucha cívica que se avecina, esperan claras definiciones.

San José, 13 de febrero del 2003.

Don Ronulfo Jiménez debe irse

Las decisiones políticas y las actitudes para con la sociedad, que ha venido adoptando el equipo económico del Presidente Pacheco de la Espriella, conducen, en línea directa, hacia la confrontación social.

El país está siendo sometido a una elevada tensión, producto de visiones y decisiones económicas profundamente ideologizadas, que están minando, seriamente, el mejor activo que el presente Gobierno ha venido exhibiendo hasta ahora: la credibilidad del actual mandatario. Sobran razones para cambios radicales en la orientación económica que se ha impuesto al país. Veamos:

Insisten en forzar a la sociedad a aceptar la escandalosa decisión de una privatización carcelaria, a través de una concesión que de concretarse, implicará casi 10 mil millones de colones anuales. La oportuna intervención de la Defensoría de los Habitantes de la República y la acción laboral del Sistema Penitenciario Nacional, le han dado al país un respiro con el cuestionamiento constitucional de esa abusiva concesión.

No se sabe a ciencia cierta cuál es la realidad del déficit fiscal, pues se han manipulado las cifras, con objetivos poco claros. En determinado momento aterrorizaron a la sociedad, diciendo que el déficit se acercaba al 6 % del Producto Interno Bruto (PIB); luego, al finalizar el año 2002, se informó que era de 3.9 %.

Fijan, unilateralmente, el monto del reajuste salarial para el Sector Público, despreciando los esfuerzos de negociación, sin haber agotado todas las posibilidades para lograr un acuerdo; relegando, además, a un segundo plano el papel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Establecen una directriz de reducción del gasto público sumamente drástica (120 mil millones de colones), provocando una severa crisis en diversos programas institucionales, muchos de ellos de corte social. Esto producirá numerosos conflictos sectoriales a lo largo de las semanas venideras. El caso del ICE es tan sólo el primero en hacerse evidente.

Burlándose de la mayoritaria voluntad ciudadana contraria a las privatizaciones, diseñan una estrategia para el estrangulamiento económico de la institución emblemática del modelo costarricense de convivencia civilizada: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Pretenden así crear las condiciones para entregarle su mercado a las transnacionales estadounidenses, en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC). Ante la resistencia civil a estas maniobras, ahora pretenden chantajear al pueblo, diciéndole que debe pagar más por la luz y el teléfono, para que el ICE pueda hacer inversión.

Se entromenten en las decisiones técnicas para designar un nuevo gerente para el Banco de Costa Rica, la entidad financiera más rentable de todo el Sistema Bancario Nacional, incluida la banca privada. Atropellan su autonomía buscando posicionar figuras que impulsen y profundicen la desaparición de la banca pública.

Sobran las razones para cambios drásticos en el equipo económico del Presidente Pacheco de la Espriella. Al menos, el señor Ronulfo Jiménez debe salir del Gobierno para que éste pueda tener acceso a otras visiones, menos fundamentalistas y dogmáticas, del desarrollo económico del país, con equidad y sin extremismos. Esos fundamentalismos son contrarios al humanismo cristiano que defiende el Presidente de la República.

Si se dan esos cambios, se abrirán nuevos espacios de confianza y de transparencia hacia la búsqueda de grandes consensos nacionales en esta hora crucial del país. El Presidente Pacheco está obligado a darse una nueva oportunidad y propiciar esos cambios que demandamos.

San José, 6 de febrero del 2003.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Carta Abierta: Asunto: ANEP apoya lucha contra «Biombos».

San José, 5 de febrero de 2003.
Doctor S.G. 0062-03
Doctor
Eliseo Vargas García
Presidente Ejecutivo
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)
Su Despacho

Estimado señor:

Vergonzoso, inadmisible, increíble, antiético, fuera de contexto. Así califica nuestra organización sindical la noticia sobre nuevos cobros por servicios de salud en las instalaciones públicas de la CCSS (“biombos”). La verdad es que se trata de un problema viejo que no ha sido atacado, adecuadamente, por quienes tienen la opción de erradicar la corrupción y el lucro con la Salud Pública.

Pensamos que sólo se han asumido medidas paliativas, esporádicas y un tanto simplistas. Consideramos se requiere una contundente acción preventiva que anticipe al acto de quien tenga éstas malsanas intenciones, las que muchas veces se concretan y quedan en el anonimato; y, lo que es peor, en el olvido y, consecuentemente, en la impunidad.

Por otra parte, reiteramos a su autoridad nuestra demanda para que se cierren las pensiones privadas que operan en la Caja; asimismo, para que se derogue el reglamento que fuera aprobado en la administración anterior, el cual habilitó la opción de brindar servicios privados dentro de la institución, utilizando el recurso material y humano propio de la CCSS, que pagamos todos los contribuyentes sin obtener ningún beneficio particular que sí reciben algunos profesionales médicos.

La corrupción debe atacarse en su raíz. Los “biombos” no son un síntoma; son la manifestación más clara de la descomposición social de nuestro país, como una enfermedad que avanza a pasos agigantados y que urge detener.

Mientras esto sucede en nuestra Costa Rica, en El Salvador son, precisamente, los médicos quienes defienden el sistema de Salud Pública, en un movimiento que alcanza casi ciento veinte días. ¡Qué ironía!

Cierren las pensiones y deroguen el reglamento y así empezará a eliminarse las puertas por donde entra la corrupción a la Caja. Mientras eso no se haga, el problema tendrá un “tufillo” de legalidad y servirá para que algunos inescrupulosos hagan sus negocios personales con la salud de este pueblo.

Cuente con el apoyo de nuestra organización en las acciones que concreten la eliminación de estas prácticas en forma definitiva en la institución.

Atenta y respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Geovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional
Responsable ANEP-Sector Salud

—-

  • Trabajadores y Trabajadoras de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
  • Dr. Horacio Solano, Gerente Médico CCSS.
  • Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica.
  • Medios de Comunicación Colectiva.
  • Sindicatos de la CCSS.
  • Junta Directiva Nacional ANEP.
  • Archivo.

ANEP APOYA CAUSA COSTARRICENSE

La carta de la ANEP, entregada en las embajadas del Reino Unido, de Francia, de Italia, de Alemania, de España, de Bélgica y de Holanda, expresa que si se concreta dicha pretensión, habrá implicaciones devastadoras para los más de 45.000 trabajadores que laboran en forma directa en esas producciones agrícolas; exponiéndose, además, la desaparición de unos 100 mil empleos indirectos.

Destaca la exhortación de la ANEP a los embajadores de países de la UE acreditados en Costa Rica, que una proporción importante de esos empleos son de mujeres; de las cuales, cerca de un 26 % son jefas de hogar, ubicadas en zonas geográficas en las cuales el porcentaje de pobreza supera el 25 %.

La ANEP resalta en su misiva que la Unión Europea tiene una política beligerante en cuanto al impulso de estándares laborales dignos y propicia un sistema de producción limpia; razón por la cual sería un contrasentido excluir a Costa Rica de sus ventajas arancelarias, para comprarle productos agrícolas a países que no se esfuerzan como el nuestro, en la promoción de trato digno para su clase trabajadora y para con la protección del entorno.

La ANEP pide a cada uno de los embajadores de los países citados, que intercedan ante sus respectivos gobiernos para que mediten sobre las implicaciones que tendría Costa Rica si se concreta la pretensión de dejar al país fuera del sistema europeo de preferencias arancelarias; solicitándoles mantener las mismas.

San José, 24 de enero del 2003.

EQUIPO ECONÓMICO MANIPULA A LA CIUDADANÍA

La información revelada en esta fecha, concerniente a que la cifra de déficit fiscal para el año 2002, en realidad es de un 3.95%, deja al desnudo la estrategia manipuladora y engañosa del equipo económico neoliberal del Presidente Pacheco; pues a los largo de varias semanas y en diferentes foros, así como ante la prensa nacional, han venido planteando cifras que, incluso, se acercaban al 6%.

Esta perniciosa estrategia, de aterrorizar a la ciudadanía con la presunta existencia de un déficit fiscal catastrófico, merece nuestra más enérgica condena. Se han burlado de los señores diputados y de las señoras diputadas de la Comisión Mixta Legislativa para el Pacto Fiscal.

También, se han burlado, a la vez, de las representaciones sociales en la misma, las que, con responsabilidad y buena fe, han estado brindando su aporte constructivo para buscar una salida al problema fiscal y tributario que, supuestamente, enfrentan el país.

Mal hace el Presidente Pacheco en tolerar que el manejo de la política económica de su Gobierno, sea con base en manipulaciones de las cifras fiscales (esto suponiendo que él no estaba siendo, también engañado), lo cual le generará perder credibilidad y legitimidad ante la ciudadanía.

De ahora en adelante quedamos notificados de que las cifras macroeconómicas oficiales son manejadas manipuladamente, según las circunstancias e intereses políticos de los jerarcas del equipo económico neoliberal del Presidente Pacheco.

San José, 23 de enero del 2003.