Categoría: Noticias

La Imprenta Nacional brindó al citado legislador el mismo trato que se le da a cualquier solicitud de impresión de trabajos proveniente de las entidades públicas. En este caso, con mucha atención considerándose que la petición provenía en papel oficial de la propia Asamblea Legislativa, considerado el Primer Poder de la República.

La institución toma nota de que podría haber alguna irregularidad cuando al cancelarse el trabajo ordenado, se notó que la fuente de pago era una entidad privada. Nunca nadie advirtió a la Imprenta Nacional que la cancelación del tiraje del ya famoso calendario se haría de tal forma. Si así hubiese sido, si tal prevención hubiese sido conocida por los responsables administrativos, el trabajo se habría rechazado.

Por tanto ningún trabajador o trabajadora de la Imprenta Nacional puede ser sancionado, aunque se hayan abierto procesos para determinar “responsabilidades” mismas que no cabrían por cuanto nada ilegal se hizo.

Por el contrario, el personal de esta entidad pública pide, con contundente vehemencia, que no se le inmiscuya en el pleito de politiquería barata que se ha originado en torno al citado comentario; rechazando, de manera enfática, las pretensiones de los diputados del Movimiento Libertario para que sean ellos, los trabajadores, quienes paguen los platos rotos.

La clase trabajadora costarricense ya sabe muy bien que los denominados “libertarios” son los grandes defensores de los patronos y es lógico esperar de ellos ataques a los trabajadores.

San José, 27 de mayo del 2003.

Hace algunos meses, un ex subgerente de telecomunicaciones del ICE publicó en un medio escrito un artículo titulado “República independiente del ICE”, en el cual criticaba duramente el proyecto de ley de modernización y fortalecimiento de esa institución.

No pretendo en este espacio caer en un maniqueísmo de signo contrario, sino contribuir a la reflexión sobre un tema nacional de tanta envergadura que ha terminado enfrentando a dos de las instituciones más importantes del Estado costarricense: el Banco Central y el Instituto Costarricense de Electricidad.

A. AUTONOMIA. Llama la atención que los mismos personajes que claman por una autonomía e independencia a ultranza del Banco Central (políticos y empresarios conservadores, economistas liberales y neoliberales), sean quienes cuestionan la pretendida “independencia del ICE”.

Es una muestra del signo de los tiempos que todavía nos envuelve. Se exige autonomía para la institución que ciertamente tiene la mayor responsabilidad de velar por la estabilidad macroeconómica del país, pero se niega esa autonomía para la empresa pública que tiene el mayor impacto real y potencial en el curso del crecimiento económico del país, lo mismo que en la tan mentada competitividad.

B. INDEPENDENCIA POLITICA. Es claro que ninguna institución pública puede pretender independencia de las políticas estatales globales, menos aun si éstas son democráticamente consultadas y evaluadas (lo que por lo general no es el caso). Con respecto a la independencia del Banco Central, la misma no puede desatenderse ni ignorar los impactos de las políticas monetaria y cambiaria más allá de variables como la inflación y las tasas de interés. Por ello, una estricta coordinación del conjunto de las políticas públicas es una tarea irrenunciable.

Pero además, esta independencia (o el margen de autonomía necesaria), no debe verse sólo con respecto a los otros poderes públicos, sino también, y éste es hoy en día el verdadero meollo del asunto, independencia con respecto a los poderosos intereses privados. En particular, nunca se ha demostrado que el interés del sector financiero de la economía coincida armónicamente con el interés general de la sociedad.

Un aspecto particular de esta problemática se refiere a la idoneidad académica, a la ética profesional y a la contradicción de intereses entre los negocios particulares de los jerarcas de las instituciones y los objetivos institucionales y nacionales. Sin duda, la politización de las juntas directivas de las instituciones autónomas (Ley 4-3, Ley de presidencias ejecutivas) ha minado considerablemente esta independencia necesaria.

C. DÉFICIT FISCAL. El ICE no es parte del problema fiscal de Costa Rica, aunque si puede ser parte de la solución. El déficit financiero del sector público se explica en su totalidad por los déficit del Gobierno central y del Banco Central. El primero resulta de una insuficiencia de ingresos dada la regresiva estructura tributaria del país, así como por un serio problema de “calidad del gasto” gubernamental, resultado del marasmo institucional que se ha venido acrecentando.

Por su parte, el déficit del Banco Central se explica fundamentalmente por el alto costo de una política monetaria (énfasis excesivo en colocación de bonos) y cambiaria (minidevaluaciones), que ha favorecido claramente al sector financiero y al sector exportador, sin exigir a cambio compromisos que refuercen el Bien común. Y decimos que el ICE sí puede ser parte de la solución del problema fiscal, porque el proyecto de ley que se discute en la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa contempla el pago de un canon de la institución al Gobierno por el uso del espectro radioeléctrico y las concesiones de agua para propósitos de desarrollo hidroeléctrico.

D. CONTABILIDAD FISCAL. Es sencillamente absurdo imponer a una empresa pública como el ICE una contabilidad fiscal similar a la de un ministerio o cualquiera otra institución que se financie con impuestos o con transferencias del Gobierno central. Como empresa publica, el ICE debe responder a una triple lógica: a) la de entidad empresarial, b) la de instrumento de política gubernamental y, c) la de institución sujeta a evaluación pública.

La lógica de entidad empresarial exige, entre otros puntos, una contabilidad propia de empresa privada. La lógica de instrumento de política estatal exige una adecuada planificación y coordinación de sus acciones. La lógica de institución pública exige una rigurosa evaluación y rendición de cuentas. La insistencia del Ministerio de Hacienda en aplicar al ICE una contabilidad fiscal absurda, tiene un claro sesgo anti-empresa pública, ya que limita su nivel de inversiones y sobredimensiona sus eventuales déficit.

E. COSMÉTICA FISCAL. Aunque es usual sumar algebraicamente los déficit del Gobierno con los superávit de las instituciones autónomas para obtener un resultado global más favorable (a los ojos del FMI y de Standard & Poor´s), en gran parte este procedimiento es pura cosmética fiscal y, peor aun, un autoengaño. En el caso concreto del ICE, éste no se financia con impuestos ni recibe transferencias del Gobierno. Un “déficit” del ICE no es una carga para el Gobierno central, y no lo llegará a ser a menos que esta institución sea destruida por políticas insensatas de sus autoridades.

Desde el punto de vista financiero, un déficit del ICE (tres veces en los últimos doce años), es más bien similar a uno de cualquiera empresa privada. Pero a diferencia de una empresa privada, y como vimos en el punto anterior, el ICE ciertamente debe responder por su carácter de ente estatal y de institución pública.

F. EMISIÓN DE BONOS. Argumentando una sujeción casi absoluta al programa monetario para el 2003, el Banco Central se ha negado a que el ICE haga una colocación de bonos en el mercado nacional, a pesar de que es evidente que lo que falta en el mercado son “papeles” y no compradores, lo que contrarresta cualquier impacto en las tasas de interés. Esta colocación (38 000 millones), representa apenas cerca del 0,5% del PIB y sería una legítima y provechosa operación de intermediación financiera: retirar liquidez de agentes privados superavitarios y trasladarla a fines productivos, sin mayor impacto inflacionario.

Si esta misma operación la hace una empresa privada, todos en el Consejo Económico se felicitarían, pero como la hace una empresa pública, todos los espectros son convocados: el déficit, la inflación, las tasas de interés, la balanza de pagos. El único impacto negativo de esta colocación de bonos en el mercado interno podría darse sobre el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, pero ¿acaso no dispone el Banco Central de reservas suficientes? Y a la larga, ¿renunciar a las inversiones requeridas no implicaría quizás un problema mayor, si se llegase a la necesidad de importar electricidad de Panamá o de aumentar la dependencia de la generación térmica?

Si se demuestra la necesidad del financiamiento solicitado por el ICE, que es la primera duda por resolver (y no la convocatoria a los espectros), la estrategia del Banco Central y del Gobierno debió haber sido muy diferente: negociar entre todas las partes el plazo de la emisión, negociar la periodicidad de los cupones, negociar la moneda y negociar la tasa de interés. Esto, como debe ser, en un ambiente de cooperación y entendimiento. Pero al parecer se ha optado por otro camino: el enfrentamiento.

Equivocados o no, los sindicatos del ICE se han involucrado también en esta confrontación, pero recordemos que el no rotundo provino inicialmente (sin argumentos técnicos y con considerable retraso), del Banco Central. Aun así, el ICE ha flexibilizado su posición inicial al aceptar una emisión en dólares, no obstante el riesgo cambiario que ello le representa.

G. DEMAGOGIA POLÍTICA. Es frecuente escuchar, al mismo señor Presidente Pacheco, que los recursos que obtiene el ICE para financiar sus obras, son recursos que no llegan a otras instituciones, que con los recursos que pide el ICE por medio de la emisión de bonos, se podrían construir tantas escuelas o clínicas, o levantar tantos kilómetros de carreteras, o contratar tantos policías. ¿Puede haber una demagogia mayor? Los ingresos que obtiene el ICE no le restan un céntimo al PANI, al IMAS, al INVU o al MOPT.

Los préstamos que están en proceso de negociación son asumidos enteramente por la institución, sin más participación del Estado que su aval, una emisión de bonos como la propuesta implica un financiamiento con recursos de inversionistas privados, los ingresos corrientes que devenga el ICE provienen del suministro de servicios a los usuarios a precio de costo, tal como lo exige la Constitución. Si esta demagogia no es parte de una estrategia de estrangulamiento del ICE, como advierten los sindicatos, entonces es producto de la simple y llana ignorancia.

H. IMPACTO MACROECONÓMICO. Nadie niega la importancia del ICE en la economía del país. Su aporte al valor agregado es del 3% del PIB, y su impacto en la cuenta corriente de la balanza de pagos es necesariamente deficitario. Su mercado es el mercado interno, a la vez que requiere de cuantiosas importaciones en equipo y tecnología.

Lo sorprendente es que en sus análisis el Banco Central no parece tener en cuenta aspectos esenciales del papel del ICE en la economía nacional: lo extremadamente necesario de sus inversiones para la competitividad de las empresas, su aporte a la sustitución de hidrocarburos importados, su impacto en el empleo directo e indirecto, sus múltiples y profundos encadenamientos productivos, su significativo aporte fiscal en la recaudación de impuestos indirectos.

¿Cómo puede un presidente ejecutivo del Banco Central afirmar que su valoración del gasto del ICE sólo debe ser de naturaleza cuantitativa-financiera, qué la calidad del gasto no es de su incumbencia? ¿Acaso da lo mismo que el ICE invierta productivamente sus recursos para bien del país o que los despilfarre en “piñatas”, término que tanto gusta al señor Presidente Pacheco?

“Sirvan las anteriores reflexiones para hacer un llamado al debate serio y responsable. Y no olvidemos que lo que está en juego es mucho más que una simple emisión de bonos, lo que está realmente en juego es el “proyecto-país” que todos los costarricenses tenemos el derecho y el deber de construir. “

27 de mayo del 2003

Henry Mora Jiménez
Escuela de Economía, UNA
Reproducido por ANEP

Verdaderas razones para la
estrategia de estrangulamiento financiero
del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE);
por parte del equipo económico neoliberal,
de la Administración Pacheco de la Espriella.
(frase de ANEP)

Hace algunos meses, un ex subgerente de telecomunicaciones del ICE publicó en un medio escrito un artículo titulado “República independiente del ICE”, en el cual criticaba duramente el proyecto de ley de modernización y fortalecimiento de esa institución.

No pretendo en este espacio caer en un maniqueísmo de signo contrario, sino contribuir a la reflexión sobre un tema nacional de tanta envergadura que ha terminado enfrentando a dos de las instituciones más importantes del Estado costarricense: el Banco Central y el Instituto Costarricense de Electricidad.

A. AUTONOMIA. Llama la atención que los mismos personajes que claman por una autonomía e independencia a ultranza del Banco Central (políticos y empresarios conservadores, economistas liberales y neoliberales), sean quienes cuestionan la pretendida “independencia del ICE”.

Es una muestra del signo de los tiempos que todavía nos envuelve. Se exige autonomía para la institución que ciertamente tiene la mayor responsabilidad de velar por la estabilidad macroeconómica del país, pero se niega esa autonomía para la empresa pública que tiene el mayor impacto real y potencial en el curso del crecimiento económico del país, lo mismo que en la tan mentada competitividad.

B. INDEPENDENCIA POLITICA. Es claro que ninguna institución pública puede pretender independencia de las políticas estatales globales, menos aun si éstas son democráticamente consultadas y evaluadas (lo que por lo general no es el caso). Con respecto a la independencia del Banco Central, la misma no puede desatenderse ni ignorar los impactos de las políticas monetaria y cambiaria más allá de variables como la inflación y las tasas de interés. Por ello, una estricta coordinación del conjunto de las políticas públicas es una tarea irrenunciable.

Pero además, esta independencia (o el margen de autonomía necesaria), no debe verse sólo con respecto a los otros poderes públicos, sino también, y éste es hoy en día el verdadero meollo del asunto, independencia con respecto a los poderosos intereses privados. En particular, nunca se ha demostrado que el interés del sector financiero de la economía coincida armónicamente con el interés general de la sociedad.

Un aspecto particular de esta problemática se refiere a la idoneidad académica, a la ética profesional y a la contradicción de intereses entre los negocios particulares de los jerarcas de las instituciones y los objetivos institucionales y nacionales. Sin duda, la politización de las juntas directivas de las instituciones autónomas (Ley 4-3, Ley de presidencias ejecutivas) ha minado considerablemente esta independencia necesaria.

C. DÉFICIT FISCAL. El ICE no es parte del problema fiscal de Costa Rica, aunque si puede ser parte de la solución. El déficit financiero del sector público se explica en su totalidad por los déficit del Gobierno central y del Banco Central. El primero resulta de una insuficiencia de ingresos dada la regresiva estructura tributaria del país, así como por un serio problema de “calidad del gasto” gubernamental, resultado del marasmo institucional que se ha venido acrecentando.

Por su parte, el déficit del Banco Central se explica fundamentalmente por el alto costo de una política monetaria (énfasis excesivo en colocación de bonos) y cambiaria (minidevaluaciones), que ha favorecido claramente al sector financiero y al sector exportador, sin exigir a cambio compromisos que refuercen el Bien común. Y decimos que el ICE sí puede ser parte de la solución del problema fiscal, porque el proyecto de ley que se discute en la Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa contempla el pago de un canon de la institución al Gobierno por el uso del espectro radioeléctrico y las concesiones de agua para propósitos de desarrollo hidroeléctrico.

D. CONTABILIDAD FISCAL. Es sencillamente absurdo imponer a una empresa pública como el ICE una contabilidad fiscal similar a la de un ministerio o cualquiera otra institución que se financie con impuestos o con transferencias del Gobierno central. Como empresa publica, el ICE debe responder a una triple lógica: a) la de entidad empresarial, b) la de instrumento de política gubernamental y, c) la de institución sujeta a evaluación pública.

La lógica de entidad empresarial exige, entre otros puntos, una contabilidad propia de empresa privada. La lógica de instrumento de política estatal exige una adecuada planificación y coordinación de sus acciones. La lógica de institución pública exige una rigurosa evaluación y rendición de cuentas. La insistencia del Ministerio de Hacienda en aplicar al ICE una contabilidad fiscal absurda, tiene un claro sesgo anti-empresa pública, ya que limita su nivel de inversiones y sobredimensiona sus eventuales déficit.

E. COSMÉTICA FISCAL. Aunque es usual sumar algebraicamente los déficit del Gobierno con los superávit de las instituciones autónomas para obtener un resultado global más favorable (a los ojos del FMI y de Standard & Poor´s), en gran parte este procedimiento es pura cosmética fiscal y, peor aun, un autoengaño. En el caso concreto del ICE, éste no se financia con impuestos ni recibe transferencias del Gobierno. Un “déficit” del ICE no es una carga para el Gobierno central, y no lo llegará a ser a menos que esta institución sea destruida por políticas insensatas de sus autoridades.

Desde el punto de vista financiero, un déficit del ICE (tres veces en los últimos doce años), es más bien similar a uno de cualquiera empresa privada. Pero a diferencia de una empresa privada, y como vimos en el punto anterior, el ICE ciertamente debe responder por su carácter de ente estatal y de institución pública.

F. EMISIÓN DE BONOS. Argumentando una sujeción casi absoluta al programa monetario para el 2003, el Banco Central se ha negado a que el ICE haga una colocación de bonos en el mercado nacional, a pesar de que es evidente que lo que falta en el mercado son “papeles” y no compradores, lo que contrarresta cualquier impacto en las tasas de interés. Esta colocación (38 000 millones), representa apenas cerca del 0,5% del PIB y sería una legítima y provechosa operación de intermediación financiera: retirar liquidez de agentes privados superavitarios y trasladarla a fines productivos, sin mayor impacto inflacionario.

Si esta misma operación la hace una empresa privada, todos en el Consejo Económico se felicitarían, pero como la hace una empresa pública, todos los espectros son convocados: el déficit, la inflación, las tasas de interés, la balanza de pagos. El único impacto negativo de esta colocación de bonos en el mercado interno podría darse sobre el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, pero ¿acaso no dispone el Banco Central de reservas suficientes? Y a la larga, ¿renunciar a las inversiones requeridas no implicaría quizás un problema mayor, si se llegase a la necesidad de importar electricidad de Panamá o de aumentar la dependencia de la generación térmica?

Si se demuestra la necesidad del financiamiento solicitado por el ICE, que es la primera duda por resolver (y no la convocatoria a los espectros), la estrategia del Banco Central y del Gobierno debió haber sido muy diferente: negociar entre todas las partes el plazo de la emisión, negociar la periodicidad de los cupones, negociar la moneda y negociar la tasa de interés. Esto, como debe ser, en un ambiente de cooperación y entendimiento. Pero al parecer se ha optado por otro camino: el enfrentamiento.

Equivocados o no, los sindicatos del ICE se han involucrado también en esta confrontación, pero recordemos que el no rotundo provino inicialmente (sin argumentos técnicos y con considerable retraso), del Banco Central. Aun así, el ICE ha flexibilizado su posición inicial al aceptar una emisión en dólares, no obstante el riesgo cambiario que ello le representa.

G. DEMAGOGIA POLÍTICA. Es frecuente escuchar, al mismo señor Presidente Pacheco, que los recursos que obtiene el ICE para financiar sus obras, son recursos que no llegan a otras instituciones, que con los recursos que pide el ICE por medio de la emisión de bonos, se podrían construir tantas escuelas o clínicas, o levantar tantos kilómetros de carreteras, o contratar tantos policías. ¿Puede haber una demagogia mayor? Los ingresos que obtiene el ICE no le restan un céntimo al PANI, al IMAS, al INVU o al MOPT.

Los préstamos que están en proceso de negociación son asumidos enteramente por la institución, sin más participación del Estado que su aval, una emisión de bonos como la propuesta implica un financiamiento con recursos de inversionistas privados, los ingresos corrientes que devenga el ICE provienen del suministro de servicios a los usuarios a precio de costo, tal como lo exige la Constitución. Si esta demagogia no es parte de una estrategia de estrangulamiento del ICE, como advierten los sindicatos, entonces es producto de la simple y llana ignorancia.

H. IMPACTO MACROECONÓMICO. Nadie niega la importancia del ICE en la economía del país. Su aporte al valor agregado es del 3% del PIB, y su impacto en la cuenta corriente de la balanza de pagos es necesariamente deficitario. Su mercado es el mercado interno, a la vez que requiere de cuantiosas importaciones en equipo y tecnología.

Lo sorprendente es que en sus análisis el Banco Central no parece tener en cuenta aspectos esenciales del papel del ICE en la economía nacional: lo extremadamente necesario de sus inversiones para la competitividad de las empresas, su aporte a la sustitución de hidrocarburos importados, su impacto en el empleo directo e indirecto, sus múltiples y profundos encadenamientos productivos, su significativo aporte fiscal en la recaudación de impuestos indirectos.

¿Cómo puede un presidente ejecutivo del Banco Central afirmar que su valoración del gasto del ICE sólo debe ser de naturaleza cuantitativa-financiera, qué la calidad del gasto no es de su incumbencia? ¿Acaso da lo mismo que el ICE invierta productivamente sus recursos para bien del país o que los despilfarre en “piñatas”, término que tanto gusta al señor Presidente Pacheco?

“Sirvan las anteriores reflexiones para hacer un llamado al debate serio y responsable. Y no olvidemos que lo que está en juego es mucho más que una simple emisión de bonos, lo que está realmente en juego es el “proyecto-país” que todos los costarricenses tenemos el derecho y el deber de construir. “

27 de mayo del 2003

Considerando:

1.
Que la abrumadora mayoría del pueblo costarricense ha expresado en distintos momentos y en variadas circunstancias y por múltiples formas, su rechazo rotundo a la filosofía neoliberal como sistema de desarrollo para nuestro querido país.

2.
Que el Gobierno del Presidente Pacheco de la Espriella se ha entregado, completamente, a dicha filosofía, dándole el manejo de la economía a esa única visión, impregnada de fundamentalismo fiscalista y obsesividad macroeconómica con abusivas restricciones del gasto y de la inversión publicas. Esto está desatando peligrosos conflictos sociales de grave riesgo para la paz social y la institucionalidad democrática de Costa Rica; además, ha venido deteriorando seriamente su credibilidad, por su constante actitud de deshonrar la firma puesta en compromisos que, precisamente, debían apuntar a la consolidación de la estabilidad social del país (ICE, Magisterio Nacional, Provincia de Limón, convenios con OIT, entre otros). Que en el caso del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), lo que está en juego es mucho más que una simple emisión de bonos; pues en realidad, lo que se está jugando es el “proyecto-país” que todos los costarricenses tenemos el derecho y el deber de construir.

3.
Que el equipo económico neoliberal del Presidente Pacheco de la Espriella, en realidad, busca crear las condiciones necesarias para la entrega total del patrimonio nacional con ocasión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC), con los Estados Unidos de América; promoviendo el ingreso de las gigantescas transnacionales de energía, telecomunicaciones, seguro, banca, salud, agricultura, entre otras.

4.
Que dicho equipo económico responde a intereses sectoriales que si bien ostentan un desmedido y gigantesco poderío económico y financiero, son minoritarios; propiciando así una abusiva concentración de la riqueza y extendiendo la pobreza abarcando a los sectores medios, mayoritarios en la sociedad costarricense.

5.
Que el sector más antidemocrático y totalitario de la cúpula empresarial costarricense se ha lanzado en una multimillonaria campaña publicitaria de ataque visceral y manipulador contra las fuerzas sociales, especialmente las del ICE, atizando la hoguera de la confrontación social.

Por tanto:

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), hace pública su decisión para una convocatoria a Huelga General Nacional, lanzando esta iniciativa para la consideración de las otras fuerzas del Movimiento Sindical Costarricense; así como a los diferentes sectores sociales de mujeres, de estudiantes, ecologistas, pastorales, campesinos, académicos, comunales y otros; de manera que, conjuntamente, definamos la fecha de arranque con la urgencia que amerita la gravedad de la situación social que enfrentamos.

La ANEP propone la unificación de agendas sectoriales en un pliego único de forma tal que en un solo frente social podamos demandar soluciones claras, contundentes, precisas y oportunas a:

1.
La situación del ICE.

2.
La normalización plena del pago salarial al Magisterio Nacional.

3.
La atención a las justas demandas de la comunidad limonense.

4.
La apertura a las negociaciones salariales de los sectores Privado y Público.

5.
Las obligaciones pendientes con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

6.
La apertura de un real espacio de discusión y participación plena en el proceso del TLC.

7.
La reversión del reglamento que flexibilizó las obligaciones tributarias para con el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), “regalando” miles de millones de colones a firmas privadas de bebidas de distinto tipo.

8.
El fortalecimiento urgente de la Administración Tributaria cumpliendo ya, sin más dilación y con pleno respeto al espíritu del legislador, de lo que ordenó la Ley de Contingencia Fiscal.

9.
Reversión profunda del proceso licitatorio que pretende entregar el INCOP a las transnacionales.

10.
Renuncia a la privatización de la cárcel de Pococí.

11.
Fortalecimiento presupuestario inmediato de los sistemas de preservación de las áreas protegidas del patrimonio ecológico nacional.

12.
Profunda rendición de cuentas por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), con relación a sus obligaciones para el fortalecimiento del Régimen de Pensiones I.V.M, según se lo ordenó la Ley de Protección al Trabajador.

13.
Amplia revisión al sistema de concesión de obra pública con su respectiva rendición de cuentas.

14.
Una profunda auscultación e indagación sobre la composición de la deuda interna para determinar el grado de concentración de la misma; y por ende, el gigantesco negocio que representa, el proceso de concentración de la misma en reducidos grupos financieros del Sector Privado.

15.
Freno total a la abusiva contratación de consultorías en las entidades públicas, pasando a emplear, como corresponde, el calificado recurso humano, profesional y técnico, que existe en la Administración Pública; personal que a la fecha ha sido relegado, excluido, descalificado, discriminado y desmotivado.

Demandamos:

1.
Cambio drástico de la integración del equipo económico gubernamental.

2.
La conformación de un nuevo equipo con la inclusión de prestigiosos economistas comprometidos con los ideales de solidaridad, de justicia social, de equidad distributiva, de profundo contenido humanista y cristiano.

3.
La renuncia de la Ministra de la Presidencia, de Educación Pública y del Ministro de Hacienda, señora Rina Contreras, señora Astrid Fischel y señor Jorge Wálter Bolaños, respectivamente. En su lugar, deben designarse personas ajenas a los sectores económico-financieros de orientación neoliberal; personas que tenga mayor capacidad de entender el desafío nacional por una sociedad sin exclusiones, orientada al bien común.

4.
La apertura de una Mesa Nacional para la Solidaridad y por una Sociedad Inclusiva, con participación de las fuerzas sociales y productivas más representativas, pero que estén dispuestas a la construcción de una sociedad de paz, de equidad distributiva y de justicia social.

5.
Descartar todo tipo de acciones represivas, administrativas, legales y políticas contra los trabajadores y contra las trabajadoras en huelga, así como contra quienes se habrán de adherir a los nuevos movimientos por venir.

San José, 27 de mayo del 2003.

En cincuenta años de vigencia del Código de Trabajo, y a pesar de encontrarse declarado constitucionalmente el Derecho a la Huelga, existen sólo dos excepciones de muy antigua data, que fueron declaradas huelgas legales por los tribunales de justicia. Todas las demás son y han sido declaradas ilegales, fundamentalmente por las desproporcionadas exigencias que establece la ley.

Por una parte se exige un porcentaje de declaración de apoyo a la huelga que, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es excesivo y desproporcionado (60 %); lo que impide el ejercicio del derecho de huelga. Adicionalmente, nuestra legislación exige que, de previo a ir a la huelga, se debe agotar un procedimiento judicial cuya duración promedio es de tres años.

En tercer lugar, se exige que no se trate de un servicio público. Sin embargo, la definición de servicio público que tiene nuestra legislación fue declarada inconstitucional desde 1998. Desgraciadamente, hasta el día de hoy, la definición sustituta no ha sido dada a conocer por la Sala Constitucional ya que aún no se ha hecho pública la sentencia que contiene la nueva definición.

Todo esto hace que en Costa Rica no se respete el Derecho Humano a la Huelga. Ante tal situación, ya desde el 1º de julio de 1999, se interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de los desproporcionados requisitos establecidos en el Código de Trabajo para la huelga legal.

Es decir, a la fecha de hoy, los requisitos para determinar si una huelga es legal o ilegal están cuestionados ante la Sala Cuarta, por lo que, conforme lo establece la Ley de Jurisdicción Constitucional, ningún Juzgado de Trabajo podría dictar una sentencia, declarando legal o ilegal un determinado movimiento de huelga; si antes nuestro máximo tribunal constitucional no resuelve la acción de inconstitucionalidad pendiente y, además, hace pública la sentencia que debe definir cómo debe entenderse el servicio público en nuestro país.

Pero además, una acción precipitada por parte del Gobierno de La República, ya no sólo pasaría por encima de la competencia de la Sala Constitucional, sino que engrosará su ya gran expediente negativo que deberá enfrentar en los próximos meses ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como país violador de la Libertad Sindical, la Negociación Colectiva y el Derecho Humano a la Huelga.

Así las cosas, afirmamos de manera contundente, la actual huelga del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la eventual huelga del Magisterio Nacional o cualesquiera otra, no puede ser declarada ilegal pues ningún juez de trabajo tiene atribuciones legales para que en este momento dicte una sentencia de declaratoria de ilegalidad de huelga.

San José, 19 de mayo del 2003.

Lo anterior consta en el Oficio SD-069-2003, fechado 21 de abril de 2003, firmado por el Lic. José Luis Araya Alpízar, Subdirector General de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda; el cual, “con instrucciones superiores”, así se lo comunica a la entidad contralora.

Recordemos que bajo las falsas argumentaciones de “cierre técnico” primero y “modernización”, después, el Gobierno pretendió transferir la suma de 3.280 millones de colones de fondos del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), para destinarlos a pagar indemnizaciones adicionales a los trabajadores del INCOP; como “premio” para que no se opusieran a la privatización de tan importante entidad portuaria, la principal fuente de empleo en la Provincia de Puntarenas.

Así se ha caído la maniobra gubernamental, básicamente promovida por el Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Lic. Javier Chaves Bolaños, quien intentó, en todo momento, obviar el necesario debate nacional sobre el futuro del INCOP.

El Gobierno reconoce, en consecuencia, que tendrá que ser por medio de ley de la república, aprobada por la Asamblea Legislativa, la forma correcta para “deshacerse” del INCOP. Esto permitirá un gran debate político, con la participación de las fuerzas vivas puntarenenses, acerca de la oportunidad de privatizar una institución portuaria tan vital en el desarrollo del pacífico costarricense. Desde ya anunciamos una gran ofensiva cívica para preservar al INCOP como parte del patrimonio público del pueblo costarricense.

San José, 15 de mayo del 2003.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ha solicitado a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), declarar “Estado de Emergencia” la situación que vive el Servicio de Nutrición del Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”; en virtud de que se ha agudizado el problema del abastecimiento de alimentos tales como arroz, carne, frijoles, jugos, leche, SIMILAC, avena, galletas, margarina, helados, queso, pescado. Por otra parte, un aparato denominado “autoclase”, que sirve para esterilizar los chupones está malo; además, no hay máquinas de lavado, por lo que todo el proceso se debe realizar a mano.

Esta crítica situación en dicho servicio hospitalario, coloca en serio riesgo la salud de los niños y de las niñas que se enfrentan al dolor y la enfermedad, debiéndose hospitalizarles en dicho centro médico. Tan grave es la situación que hoy, miércoles 14 de mayo, a las 6:00 de la mañana, venció el plazo que los trabajadores del Departamento de Nutrición dieron a las autoridades de la institución para resolver este grave problema,

La gravedad del problema exige medidas de suma urgencia. Si éstas no se toman, la ANEP ha comunicado ya a la Presidencia Ejecutiva y a la Gerencia Administrativa de la CCSS, que en las próximas horas se incrementarán las medidas de presión para que la ciudadanía y, especialmente, los padres y las madres de familia de la población infantil internada en el Hospital Nacional de Niños, apoyen la acción de lucha responsable que ha asumido el personal del Departamento de Nutrición de tan noble institución de salud. La situación es alarmante y no puede esperar. Urge una solución institucional ya.

San José, 14 de mayo del 2003.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), respalda, de manera rotunda, el movimiento de paro de labores que este lunes 12 de mayo, efectuarán los trabajadores y las trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); contra la nueva ofensiva de los neoliberales del Gobierno del Presidente Pacheco, por acabar con este estratégico patrimonio nacional, vía el estrangulamiento financiero.

La estratagema del trío neoliberal (el verdadero poder dentro del actual Gobierno), compuesto por Ronulfo Jiménez, Francisco de Paula Gutiérrez y Jorge Walter Bolaños; es clara: ahogar financieramente al ICE, debilitarlo al máximo, paralizar sus proyectos y restarle apoyo ciudadano, y así allanar el camino para introducir en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC), con los Estados Unidos, la apertura del mercado de telecomunicaciones.

La ANEP respaldará esta nueva fase de la lucha por la defensa del ICE, y desde ya está girando instrucciones a sus bases y estructuras multisectoriales e interinstitucionales, para que estén listas a entrar en acción.

San José, 10 de mayo del 2003.

250 mil colones pagará cada costarricense ¡Mil Millones de colones cuesta el Proceso del TLC! El Ministro de Hacienda, Jorge Wálter Bolaños Rojas, solicitó a la cartera de MIDEPLAN (Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica), una transferencia por la cantidad de C. 1.000.000.000.oo (MIL MILLONES DE COLONES), “…para ayudar al proceso que está llevando a cabo el Ministro de Comercio Exterior, señor Alberto Trejos, relativo al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos”. Así consta en el Oficio DM-292, fechado 17 de febrero de 2003, enviado por el citado jerarca al Lic. Jorge Polinaris Vargas, Viceministro de MIDEPLAN, documento puesto en conocimiento de la ANEP. Los dineros serían tomados de los fondos de preinversión, constituidos por un Contrato de Préstamo, No. 569/OC-CR, del Gobierno de Costa Rica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); préstamo que fuera aprobado por la Asamblea Legislativa, según Ley de la República No. 7376, del 23 de febrero de 1994, por un total de 6 millones de dólares. MIL MILLONES DE COLONES significa que, en una población de 4 millones de personas, a cada costarricense (hombre, mujer, niño, niña), el proceso del TLC le costará 250 mil colones; pues esa escandalosa cantidad de dinero debe pagarse a la entidad bancaria que la presta. Resulta imperioso que el Ministro de Comercio Exterior, don Alberto Trejos, explique las razones de que el proceso del TLC alcance MIL MILLONES DE COLONES, suma escandalosa si la analizamos a la luz de los lamentos cotidianos del actual Gobierno por el asunto fiscal del país. Debe rendirse cuentas plenas del porqué tan escandalosa erogación, si el Ministerio de Comercio Exterior cuenta con un equipo numeroso de negociadores comerciales, de alta experticia, a quienes se les paga salarios significativos con cargo al Presupuesto Nacional. Téngase presente que para el presente año 2003, la planilla del COMEX está cercana a los 500 millones de colones. Tal rendición de cuentas debe indicar, por ejemplo, si de esa suma tan grande se pagan consultorías, por ejemplo, por qué razones y a qué entidades, empresas y/o personas. Es fin, la ciudadanía debe saber a qué manos llegará tanta plata por el TLC. Por otra parte, para los entendidos en la materia, estaríamos al frente de un destino irregular de los fondos provenientes de dicho empréstito, pues se emplean para fines distintos de los que dictaminó la Asamblea Legislativa al aprobar dicho empréstito. Otra situación grave es que esa transferencia de MIL MILLONES DE COLONES no será reembolsable al fondo de preinversión correspondiente, lo cual afectaría proyectos que sí tendrían respaldo financiero con esos dineros. Por ejemplo, estaríamos hablando de que podrían verse entorpecido el financiamiento de los estudios de catastro y de planes reguladores en los gobiernos locales. Finalmente, ANEP se encuentra preparando la debida documentación en su poder, para trasladar esta denuncia a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes de la República. Igualmente, emplazaremos a la Asamblea Legislativa para que ésta se pronuncie. Deseamos determinar no solamente la legalidad de tal transferencia de fondos, sino la propiedad y la racionalidad del destino que se ha indicado, cual es, “ayudar al proceso que está llevando a cabo el Ministro de Comercio Exterior, señor Alberto Trejos, relativo al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos”.

San José, 7 de mayo del 2003.

Así consta en el Oficio DM-292, fechado 17 de febrero de 2003, enviado por el citado jerarca al Lic. Jorge Polinaris Vargas, Viceministro de MIDEPLAN, documento puesto en conocimiento de la ANEP.

Los dineros serían tomados de los fondos de preinversión, constituidos por un Contrato de Préstamo, No. 569/OC-CR, del Gobierno de Costa Rica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); préstamo que fuera aprobado por la Asamblea Legislativa, según Ley de la República No. 7376, del 23 de febrero de 1994, por un total de 6 millones de dólares.

MIL MILLONES DE COLONES significa que, en una población de 4 millones de personas, a cada costarricense (hombre, mujer, niño, niña), el proceso del TLC le costará 250 colones; pues esa escandalosa cantidad de dinero debe pagarse a la entidad bancaria que la presta.

Resulta imperioso que el Ministro de Comercio Exterior, don Alberto Trejos, explique las razones de que el proceso del TLC alcance MIL MILLONES DE COLONES, suma escandalosa si la analizamos a la luz de los lamentos cotidianos del actual Gobierno por el asunto fiscal del país.

Debe rendirse cuentas plenas del porqué tan escandalosa erogación, si el Ministerio de Comercio Exterior cuenta con un equipo numeroso de negociadores comerciales, de alta experticia, a quienes se les paga salarios significativos con cargo al Presupuesto Nacional. Téngase presente que para el presente año 2003, la planilla del COMEX está cercana a los 500 millones de colones.

Tal rendición de cuentas debe indicar, por ejemplo, si de esa suma tan grande se pagan consultorías, por ejemplo, por qué razones y a qué entidades, empresas y/o personas. Es fin, la ciudadanía debe saber a qué manos llegará tanta plata por el TLC.

Por otra parte, para los entendidos en la materia, estaríamos al frente de un destino irregular de los fondos provenientes de dicho empréstito, pues se emplean para fines distintos de los que dictaminó la Asamblea Legislativa al aprobar dicho empréstito.

Otra situación grave es que esa transferencia de MIL MILLONES DE COLONES no será reembolsable al fondo de preinversión correspondiente, lo cual afectaría proyectos que sí tendrían respaldo financiero con esos dineros. Por ejemplo, estaríamos hablando de que podrían verse entorpecido el financiamiento de los estudios de catastro y de planes reguladores en los gobiernos locales.

Finalmente, ANEP se encuentra preparando la debida documentación en su poder, para trasladar esta denuncia a la Contraloría General de la República y a la Defensoría de los Habitantes de la República. Igualmente, emplazaremos a la Asamblea Legislativa para que ésta se pronuncie. Deseamos determinar no solamente la legalidad de tal transferencia de fondos, sino la propiedad y la racionalidad del destino que se ha indicado, cual es, “ayudar al proceso que está llevando a cabo el Ministro de Comercio Exterior, señor Alberto Trejos, relativo al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos”.

San José, 7 de mayo del 2003.

1 – Los sectores neoliberales del gran poder económico y financiero de nuestro país, representados en las cúpulas de los partidos Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, no descansan en su intención de profundizar el modelo de desarrollo excluyente y concentrador de riqueza que le han venido imponiendo al país.

2 – A partir del rudo golpe que recibieran con los procesos electorales del año 2002, pretenden desarrollar una nueva ofensiva hacia la privatización, ahora que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia les dio el “regalo” de la reelección presidencial.

3 – Se sienten fortalecidos luego de haber logrado el golpe de Estado técnico del Poder Judicial contra el Poder Legislativo, con la instauración inducida de la reelección presidencial; en medio de la más descarada campaña periodística y publicitaria al respecto, promovida por el Grupo Nación y otros círculos de la derecha neoliberal.

4 – Como es bien sabido, este proceso ha estado dirigido al relanzamiento electoral del Dr. Oscar Arias Sánchez, figura sobre la que se está dando la recomposición de la derecha política del país.

5 – Como indicamos, ésta había quedado muy golpeada luego de los históricos acontecimientos del combo ICE y de los resultados de los procesos electorales del año 2002; procesos que determinaron, de alguna manera, el quiebre bipartidista y la fragmentación parlamentaria, necesitándose una segunda vuelta electoral presidencial y generándose un alto abstencionismo (sobre todo muy impresionante en las elecciones municipales).

6 – La pretensión para remozar el desprestigiado sistema bipartidista tiene como uno de sus elementos centrales, el apoyo de los hermanos Arias Sánchez al Gobierno de don Abel Pacheco y de la Unidad Social Cristiana. Se perfila una especie de cogobierno para darle nuevos aires al errático rumbo neoliberal del país.

7 – Sin embargo, se ocupa algo más que darle oxígeno al Poder Ejecutivo, en momentos en los cuales empieza a ser evidente la pérdida de popularidad y de credibilidad del actual gobernante; pese a la asesoría y al respaldo político que le han venido dando los hermanos Arias Sánchez.

8 – Hay quienes pensaron que el Partido Liberación Nacional (PLN), se recompondría a partir de la recuperación de sus valores originarios, relanzando una propuesta socialdemócrata renovada pero respetuosa de la herencia de equidad y de solidaridad que le caracterizó hasta que se pasó al neoliberalismo.

9 – Sin embargo, parece que está reafirmando su compromiso con la filosofía neoliberal y su próximo candidato presidencial será el de esos poderosos grupos económicos de la derecha neoliberal costarricense.

10 – Vistas así las cosas y ante el cogobierno que ya parece realidad, para tales grupos se hace necesario e imprescindible, en consecuencia, la retoma del control bipartidista de la Asamblea Legislativa; que, por cierto, el marasmo y la pasividad exhibida frente a su anulación política en el caso de la reelección presidencial, nos ha dejado perplejos.

11 – Es en este nuevo marco de circunstancias que se pretende modificar el reglamento legislativo. Desde los sectores sociales no podemos tener otra perspectiva más que ésta: Está en desarrollo una nueva ofensiva neoliberal para garantizar los votos necesarios de las más acariciadas tesis de privatización, reformas financieras y libre comercio.

12 – Esto sería mucho mejor si todo puede salir de un solo tiro, a propósito del tratado de “libre comercio” entre Costa Rica, los otros países centroamericanos y los Estados Unidos de América, ahora que los deseos hegemónicos de esta potencia por el control imperialista del mundo, son más que evidentes; de lo cual, por ejemplo, dan fe los niños iraquíes, masacrados y mutilados, con el aval del propio Presidente Pacheco de la Espriella.

13 – A la vez y en este nuevo marco de condiciones, es de esperar que la revolución tributaria que ocupa Costa Rica, para lograr que el gran capital pague lo que debe, no tenga “ambiente”; dados los grandes intereses económicos y financieros potencialmente afectados y que se han conjuntado en torno a la cuestión de la reelección.

14 – De la misma forma, pueden esperarse enormes dificultades y fuertes obstáculos para dar paso a la ley de fortalecimiento del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Producto de maniobras políticas oscuras se introdujo en la Comisión Mixta que tendrá que analizar la legislación para fortalecerlo, representaciones espúreas, verdaderas infiltraciones de los intereses neoliberales privatizadores, aliados estratégicos del bipartidismo que hoy pretende remozarse.

15 – Argumentar que por culpa del reglamento legislativo el parlamento costarricense no funciona, es una tesis inexacta y falaz; además de que conlleva un sesgo autoritario que puede conducir a situaciones sociales explosivas que en nada benefician al país.

16 – Las representaciones parlamentarias minoritarias, así como el amplio abanico de organizaciones de la sociedad civil, corren el riesgo de ser marginadas, excluidas, burladas; es decir, quedar en total estado de indefensión. No es posible, por tanto, pretender reformas al reglamento legislativo como acuerdo cuasisecreto de cúpulas parlamentarias, a espaldas de la ciudadanía.

17 – En consecuencia, para los sectores sociales, las propuestas de reforma al reglamento legislativo forman parte de la nueva estrategia neoliberal, a partir de lo que empieza a visualizarse como el cogobierno del Presidente Pacheco y los neoliberales hermanos Arias Sánchez, con el aval de las cúpulas del tradicional bipartidismo.

18 – Estas han encontrado en la reelección presidencial una oportunidad para remozarse, retomando el control político de las grandes decisiones nacionales, dándole la espalda a las demandas de cambios de forma y de fondo sobre cómo decidir las grandes cuestiones del país.

19 – Para los sectores sociales costarricenses, lo que le está pasando a la actual Asamblea Legislativa resulta alarmante. La aplanadora neoliberal, atascada por la férrea resistencia cívica de un pueblo que se niega a perder su particular identidad y su sistema social de bienestar, ha sido aceitada por la Sala IV con la reelección presidencial y el cogobierno PLN-PUSC que se avecina.

20 – No estamos dispuestos a permitir un parlamento como entidad tramitadora de legitimidad formal para los proyectos más anhelados de la derecha neoliberal: privatizaciones, reformas financieras, “libre comercio”.

21 – Otra vez queda certificada la validez de la movilización social para frenar la nueva intentona en desarrollo. Afortunadamente, la articulación organizativa del poderoso abanico de sociedad civil contraria a la neoliberalización total del país, está ya en movimiento para entrar en acción.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

Jorge Arguedas Mora
Coordinador General FIT-ICE

Rafael Mora Solano
Coordinador Nacional Federación

30 de abril del 2003.